Un grupo de colectivos ciudadanos y el partido Unión del Pueblo Leonés han denunciado por supuesta prevaricación administrativa y abandono de servicios públicos al presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, y al alcalde de Vigo, Abel Caballero (PSOE), por la supresión de frecuencias en la comarca zamorana de Sanabria del AVE Madrid-Galicia, según informa EFE.

Al alcalde de Vigo se le considera "instigador" de ese recorte de frecuencias, por el que también se ha incluido como denunciados al secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, y al presidente de Adif, Pedro Luis Marco, según ha informado la letrada que ha presentado este viernes la denuncia en los juzgados de Zamora, Pilar Calvo.

La denuncia, suscrita por los colectivos Terra Sostenible, Viriatos Zamora, Agricultores y Ganaderos Libres de Zamora y UPL, se justifica en los perjuicios que causará a los zamoranos este cambio en las frecuencias a partir del 9 de junio, y especialmente a los vecinos de Sanabria.

En el escrito de denuncia se solicita que, de forma cautelar, se paralice el recorte de paradas previsto a partir del lunes, al considerar que puede suponer un delito de prevaricación administrativa por adoptar presuntamente un funcionario una resolución arbitraria a sabiendas de su injusticia.

Los denunciantes han considerado igualmente que esa supresión de paradas podría constituir el "abandono colectivo" de un servicio público, castigado con multas de ocho a doce meses cuando cause "grave perjuicio" a la comunidad, según apunta la denuncia.

Se acabó admirar por televisión el encendido del árbol de Navidad del Rockefeller Center en Nueva York. Los centros de las ciudades españolas se han convertido en un espectáculo que no tiene nada que envidiar a Estados Unidos. Luces de todas formas y colores. Y los alcaldes con una puesta en escena nunca vista hasta ahora: inauguraciones multitudinarias, actuaciones a todo trapo y mucha publicidad propia en todas las redes a base de vídeos y fotos en Instagram. Hasta fuegos artificiales. De norte a sur, de este a oeste. 

Y, como reconocen muchos políticos en privado, no se trata sólo de celebrar las primeras Navidades normales tras la pandemia, sino que este esfuerzo y despliegue se debe principalmente a que hay elecciones municipales a la vuelta de la esquina. Menos sedición y más iluminación. Ahí están los votos para esa cita a la que se enfrentan los más de 8.131 municipios españoles.

Pero, además, este fervor por las estroboscópicas luces de Navidad se produce en un contexto que, al revés, tendría que disiparlas. El precio de la luz ha sido un quebradero de cabeza para toda Europa desde hace más de un año (con España intentando controlarlo algo gracias a la excepción ibérica) y con la guerra de Ucrania, que ha supuesto una crisis energética sin precedentes en el continente y ha obligado a los países miembros de la UE a tomar medidas. Los edificios públicos sin iluminación, pero las bombillas echan humo al son de los villancicos.

Además, desde hace unos años se libra una feroz competición, especialmente, por tres ciudades para llevarse el título de mejor iluminación. Vigo, Málaga y Madrid han hecho de esto una palanca para su promoción turística y emblema de cara al resto del país. Con su cara y su cruz. Y sin malester entre la ciudadanía por este derroche.

La capital del país es el epicentro de este puente, con una masiva afluencia desde todos los puntos de España para ver la decoración y hacer compras de cara a Papá Noel y los Reyes Magos. Y la ciudad y la Comunidad llevan tiempo convertidas en un fortín político contra las medidas de Pedro Sánchez, intentando frenar el plan de ahorro con la excusa de la actividad económica.

De las tres grandes ciudades competidoras por las luces más espectaculares, es la única que no ha reducido su tiempo. El periodo en el que va a estar encendido el alumbrado navideño “va a ser similar al de estos últimos años, en los que se ha comenzado en el black friday o el jueves anterior, como es el caso de este año”. La iluminación permanece hasta el 6 de enero, subrayan fuentes de Cibeles.

Indican que, “tras los contactos mantenidos con los sectores involucrados en la campaña navideña (comerciantes, hosteleros, restauradores…), el Ayuntamiento decidió mantener el horario de las luces del año pasado”. El gasto de consumo, argumentan, de una hora de iluminación navideña es de unos 180 euros, lo que supone menos de 1 euro al día por emplazamiento iluminado (230 emplazamientos en toda la ciudad).

Sobre el contexto actual, comentan que el consistorio “es consciente de la situación energética en la que vivimos y precisamente desde hace años instala una iluminación navideña que es 100% led”. “Se está poniendo el foco en la iluminación navideña, que ya es 100% led, pero el ahorro energético va mucho más allá. De hecho, este Ayuntamiento viene trabajando en este sentido con la sustitución progresiva del alumbrado de la ciudad por otro de tipo led. Sin ir más lejos, sólo durante este 2022 hemos invertido 8,1 millones en mejorar la eficiencia energética del alumbrado público de la urbe. A ello hay que añadir que en las remodelaciones que realizamos en el espacio público, también sustituimos el alumbrado por otro tipo led”, apostillan desde el Palacio de Cibeles.

En cambio, en Málaga, gobernada por Francisco de la Torre (Partido Popular), sí han reducido dos horas al día este alumbrado. Esto supondrá ahorrar unos 7.000 euros, según el ayuntamiento, y cuatro toneladas de CO2. Pero su intención en todo momento es también luchar por ser la ciudad que atraiga más turistas por esta luces, con cerca de medio millar de calles, plazas y glorietas con alumbrado, además de espectáculos de luz y sonido. Y se ha estrenado una nueva decoración luminosa en la calle Larios (su gran emblema) diseñada exclusivamente para la localidad.

Como gran ejemplo de la competición está Vigo y su plan, ideado por Abel Caballero, para convertirse en un referente mundial, como suele repetir. El plan de este año, no obstante, se ha concebido para ahorrar un 14,6% de energía (el doble de lo que pide a los estados la Unión Europea). Pero las cifras son de vértigo: once millones de luces led y 400 calles adornadas (frente a las 360 del año anterior). Este año como gran novedad se une una montaña rusa.

Si antes los alcaldes de toda España se enfocaban más en las cabalgatas de reyes o en las campanadas, en esta ocasión, como reconocen cargos territoriales, se ha hecho un gran esfuerzo por profesionalizar y protagonizar estos encendidos antes de que lleguen las vacaciones. En Almería, la alcaldesa, Mar Vázquez, tiró hasta fuegos artificiales o en A Coruña la regidora, Inés Plaza, apretó el botón al estilo americano junto a cinco niñas elegidas al azar. En Barcelona se reunieron hasta cinco mil personas, con la asistencia de Ada Colau, para el inicio del alumbrado, que costará 2,3 millones de euros. La ciudad condal ha perseguido reducir un 31% el consumo energético, con una hora menos al día.

De esta manera queda inaugurada oficiosamente la larga precampaña que debe preceder a las elecciones municipales del próximo 28 de mayo. España es un país con un arraigado corte local, siendo los alcaldes muchas veces los políticos mejor valorados. Además, es la cita con las urnas más transversal, porque muchas veces se vota más a la persona que el partido. A pesar de los tintes nacionales que se quiere dar en la interpretación en los partidos, los propios dirigentes reconocen que, al final, se valorará más la gestión y aspectos como el estado de la ciudad, la limpieza o el tráfico.

Y el nivel de aprecio a los alcaldes entre los españoles resiste después de una muy difícil legislatura marcada por la pandemia. Según la última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) sobre tendencias municipales, el 52,6% cree que su alcalde ha realizado una labor buena o muy buena, en tanto que un 9,2% la califica de regular y un 33,9% de mala o muy mala. Y cuando se pregunta por cuáles son las elecciones más importantes, la mayoría señala que las generales, pero las locales están por encima de las autonómicas.

De los servicios municipales, tiene especial importancia para los españoles la recogida de basuras, citado como el principal. Después se sitúan la recogida selectiva de residuos, la limpieza de las calles y la promoción de alumbrado público. También aparecen entre lo más alto el alumbrado público, la conservación y asfaltado de las calles y la eliminación de las barreras arquitectónicas. La media de satisfacción de los españoles con los servicios municipales se sitúa en 6,2 puntos sobre diez. Y los ciudadanos confiesan que su principal motivación para el voto el próximo 28 de mayo serán los temas propios de su municipio. Con el 53,3% de los ciudadanos asegurando que será más determinante el candidato que el partido político con el que concurran.

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha encendido este sábado las luces de Navidad de la ciudad y "de todo el planeta" en un acto multitudinario lleno de música y nieve artificial llevado a cabo en la Porta do Sol de la urbe olívica, según informa Europa Press. Miles de personas se han dado cita esta tarde en Vigo para poder ver de primera mano el encendido de las luces de Navidad más esperado, en un evento que dio comienzo minutos antes de las 19.00 horas, a pesar de que sobre las 13.00 horas comenzaron a llegar los primeros asistentes a la plaza.

El regidor, acompañado de los 19 concejales socialistas del Ayuntamiento de Vigo, subió a la escalinata del árbol gigante de luces en el momento en el que la lluvia cesó, tras horas de precipitaciones en la ciudad. Allí, dio las gracias a los asistentes y a todas las personas que seguían a través de la retransmisión en directo el encendido de las luces de Navidad de Vigo. Caballero ha alabado el trabajo que día a día realizan los vigueses, que todos juntos "trazan una senda de economía" desde sectores como la automoción, la pesca o la investigación. "Somos una ciudad que quiere vivir y que vive en el mundo. Y todo se debe a los vigueses y a las viguesas. Por eso, os quiero, os quiero y os quiero", ha reivindicado en su discurso previo al encendido.

El alcalde ha bromeado con que tras el encendido de Vigo, "todo el planeta" podrá comenzar la Navidad, incluso ciudades como Nueva York. Además, también ha asegurado que la lluvia dio una tregua porque así lo decretó él mismo.

Abel Caballero ha tenido unas palabras de recuerdo para todas aquellas víctimas de la pandemia que este año ya no han podido estar en un día tan importante para la ciudad.

A partir de ahí, comenzó a realizar la cuenta atrás, bajando del 10 al 0 en tres idiomas diferentes: inglés, castellano y gallego. Cuando pulsó el botón dorado, todas las luces de la ciudad se iluminaron, entre aplausos del público. Además, confeti y nieve artificial comenzaron a volar en una fiesta que durará hasta mediados del mes de enero.

En el año de la urgencia por el ahorro energético, y a pesar de las críticas, la ciudad cuenta con la misma cantidad de luces, pero se encenderán una hora menos que en anteriores ocasiones. Con más de 11 millones de luces LED y 400 calles adornadas, Vigo cuenta este año con multitud de elementos lumínimos como el árbol gigante, ubicado en la Porta do Sol y el gran regalo de Gran Vía, además de un muñeco de nieve gigante y una bola de Navidad. Asimismo, añade nuevos adornos como un castillo o una estrella fugaz de luces, que se suman a la noria de más de 60 metros de altura desde la que se puede disfrutar de las mejores vistas de la ciudad iluminada.

Entre otras novedades, este año el icónico árbol de Navidad de Vigo contará con dos nuevas canciones que sonarán al ritmo de sus luces. Además de las cuatro músicas del año pasado (Happy Christmas, de John Lennon; la banda sonora de Piratas del Caribe y de El último Mohicano, y All i want for Christmas is you, de Mariah Carey), también estarán presentes English man in New York, de Sting y el Vals número 2, de Shostakovich.

Todo este espectáculo navideño permitirá a la ciudad un retorno económico de unos 750 millones de euros, pese a que la inversión ronda el millón, según ha subrayado el propio Abel Caballero.

Precisamente, el sector hotelero de la ciudad ha destacado la importancia de la temporada navideña para la industria. Precisamente este sábado, los establecimientos de la urbe olívica han colgado el cartel de "completos", con un 100% de ocupación, según a indicado el presidente de la Asociación de Hoteles de Vigo (Ahosvi), Jaime Pereira, a Europa Press. Misma situación se vive en varios alojamientos de la ciudad para los días festivos de diciembre y los fin de semana previos a la Navidad, aunque "todavía hay hueco" en Vigo para algún turista más que no ha hecho su reserva, ha bromeado Pereira.

Mi primera publicación en infoLibre fue un artículo sobre la plusvalía municipal. Tuve un motivo para estudiar a fondo el recorrido de la plusvalía (Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Inmuebles de Naturaleza Urbana) al fallecer mi padre hace nueve años, que dejó a sus cuatro hijos en herencia su vivienda habitual y un local comercial con el que mantuvo a la familia. Al estudiar la plusvalía municipal, me referí, y ahora también lo haré, al Ayuntamiento de Madrid, como ejemplo singular, pero no único, sobre los vaivenes de este impuesto que los Ayuntamientos tienen como imprescindible, cuando no fue ni es así.

Sin referirse nunca a la causa los alcaldes, el “responsable” fue el boom inmobiliario boompor el que los Ayuntamientos comenzaron a revisar los valores catastrales y amparados en esa revisión al alza, comenzaron a incrementarse de forma significativa los dos impuestos que tienen como referencia esos valores: el IBI y la plusvalía. Durante este periodo de enormes recursos que los Ayuntamientos creían infinitos y duraderos, gastaron con alegría y con frecuencia derrocharon esos recursos que ingresaban por el tráfico mercantil de la plusvalía de las compraventas y por las liquidaciones de la plusvalía de las herencias a las que muchos Ayuntamientos (no todos) aplicaron este impuesto.

En esta ola de boom inmobiliario, se aprobó el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo de las Haciendas Locales (en el gobierno de Aznar) que introdujo la fórmula de cálculo “objetiva” de las plusvalías que tenía como perspectiva la de que los inmuebles urbanos se revalorizarían permanentemente. No hay en matemáticas una fórmula más sencilla como la aprobada para este impuesto y que se ofreció a los Ayuntamientos para recaudar la plusvalía y que han venido utilizando hasta hoy sin vacilación, cuando llevamos 12 años de crisis inmobiliaria y el Tribunal Constitucional ha dado tres avisos anteriores, hacendistas y economistas de reconocido prestigio y la Comisión de expertos sobre la revisión del modelo de financiación local creada por Rajoy han dicho por activa y pasiva que por lo injusto de este impuesto, su carácter pluriimpositivo, y también potestativo, debía desaparecer. Así, el Colegio General de Economistas (CGE) en un informe de hace años, “Por un sistema fiscal transparente”, asegura que este tributo potestativo para los Ayuntamientos “debía desaparecer” por ser un impuesto que grava el incremento del valor del suelo que ya tributa como ganancial patrimonial en del IRPF y con mayor perfección, procedería, si acaso, un recargo nada más”.

Con todos estos avisos, recomendaciones y advertencias, los Ayuntamientos han seguido liquidando la plusvalía, como si no fuera con ellos, no han atendido las reclamaciones y los miles de recursos que les han planteado los ciudadanos y vecinos, han dilatado resoluciones que han resuelto los Tribunales a su favor (fue famosa la sentencia 85/2012 del TSJ de Castilla la Mancha) hasta que el Tribunal Supremo dio por zanjado el asunto a favor de la permanencia de la fórmula de cálculo que ahora definitivamente anula el TC.

Pero sigamos haciendo un poco de historia por si el Tribunal Constitucional en su sentencia, que será extensa, recoge algunos de los puntos que expongo, lo que reforzaría mi criterio. De todas formas, el Constitucional ha levantado la liebre, sin que haya redactado la sentencia y en dos días hay informaciones muy contradictorias y haciendo lobby, por lo que su sentencia definitiva puede variar y tantos recurrentes pendientes de resoluciones pueden quedarse decepcionados.

Lo primero, un dato inmediato por vivido; al fallecer nuestro padre en septiembre de 2012, por la vivienda habitual del Ayuntamiento de Madrid se nos hizo una liquidación de 26.000 euros por la vivienda habitual y de 31.000 por el local. Mi padre falleció en septiembre de 2012 pero, si hubiera fallecido en 2011, hubiéramos pagado al Ayuntamiento de Madrid, 6.000 euros por la vivienda y 7.500 por el local, todas las cifras en números redondos.

¿Qué ocurrió entonces? Varias cosas. Una, que Alberto Ruiz Gallardón, alcalde de Madrid (como la mayoría de los Ayuntamientos antes o después) revisó los valores catastrales al alza (en plena crisis financiera) de los inmuebles madrileños en 2011, con efectos desde el 1 de enero de 2012. Con esta revisión se incrementaron los impuestos tanto del IBI como de la plusvalía, como he dicho. Dos, que el Gobierno de Rajoy recién constituido, después de las elecciones de 2011, y como ministro de justicia, Alberto Ruiz Gallardón, aprobó el Real Decreto-Ley 12/2012 de 30 de marzo que introdujo unas modificaciones sustanciales en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que ya he referido, cuyo Real Decreto, si no fue un decreto ad hoc para el Ayuntamiento de Madrid, lo parece.

Ruiz Gallardón había dejado el Ayuntamiento tres meses antes con una deuda de cerca de 7.000 millones (en números redondos) y para rebajarla liberalizó las trabas que se imponían a los Ayuntamientos para no incrementar excesivamente y no fueran gravosos para los vecinos estos impuestos, cuando se revisaban los valores catastrales. Tres, fue Ana Botella, ya alcaldesa, la que con gran diligencia modificó, en el mes de mayo de 2012, la Ordenanza Fiscal reguladora de la plusvalía y elimina la reducción del 40% que se aplicaba en ese momento y otras bonificaciones lo que explica la experiencia que he dicho que viví. De ahí que Luis Caramés, catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Santiago, recientemente fallecido, dijera, “desaparecidas las bonificaciones y aplicando tipos máximos, han convertido a este impuesto en injusto por exagerado”. Cuán exagerado sería el incremento de la plusvalía “mortis causa” que ante las quejas de la CEIM, pues el Ayuntamiento cobraba la plusvalía a los inmuebles cuando fallecía el titular y seguía el hijo o la hija regentándolo, que Ana Botella modificó el Plan de ajuste que había aprobado para el periodo 2012-2022, el 25 de septiembre de 2013, en estos términos: “Con el objetivo de gravar en menor medida las transmisiones mortis causa, en un periodo de crisis económica a la que se ha añadido la actualización de los valores catastrales tras la nueva ponencia, resulta aconsejable establecer los beneficios fiscales aplicables a éste. Con esa revisión se suprimió la plusvalía a los negocios que continuaba el heredero directo y el requisito de la convivencia, pero los herederos de 2012, 13 y 14 fueron discriminados. Cuatro, es importantísimo conocer (y los alcaldes lo ocultan) que el impuesto de plusvalía no era (hablo ya en pasado) un impuesto obligatorio, sino, potestativo, o sea, voluntario y de hecho más de la mitad de los 8.131 Municipios no lo cobran, y, además, por el mismo se paga más que por el IVA. Un ejemplo: por una vivienda que tenga un valor catastral de 150.000, cuyo propietario la haya habitado durante veinte años, lo más habitual, la venda, o unos hijos la hereden, el Ayuntamiento de Madrid liquida la plusvalía por el 60% de ese valor catastral a un porcentaje del 29%, es decir, 90.000 euros X 29%: 26.100 de cuota. Fórmula matemática simple, pero injusta. Si esa misma vivienda se vende a precio de mercado por 300.000 euros ( el valor catastral se estima en el 50%), por el IVA, al 6%, se paga solo 18.000. Y quinto, el impuesto de plusvalía era un impuesto real, ya cobrado, pluriimpositivo, de gravamen no periódico y anual, como el IRPF y, por tanto, desconocido para los contribuyentes, en los casos de mortis causa, momento en el que se llevaban el gran disgusto, unido a la pérdida familiar.

Mariano Rajoy creó en 2017 una comisión de expertos sobre la revisión de la financiación local y en su informe dice: "El peso relativo de los impuestos en su financiación de los Ayuntamientos supone el 52,9% de sus ingresos frente al 38,1% de la media europea" y sigue: "Durante esta época de crisis, mientras los ingresos han aumentado a un ritmo muy elevado en comparación con los países europeos se ha producido un fuerte descenso del gasto local (-7,7%)". Y continúa: " Los recursos tributarios locales representativos(impuestos tradicionales tasas, y otros recursos tributarios) han crecido en el periodo 2004-2015 un 64,6% y destaca la evolución del IBI que aumenta en este periodo un 136,1% pasando de recaudar 5.425 millones en 2004 a 12.807 millones en 2015. En cuanto al impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana( la plusvalia) al liquidarse por los valores catastrales, dice el informe, ha aumentado un 125,4%, principalmente en las grandes ciudades en este mismo periodo". Por eso los Alcaldes de las mayores ciudades se rebelan y acuden al Estado en su ayuda.

Recordarán los lectores la zapatiesta que se montó en el Ayuntamiento de Madrid por la regla de gasto que estableció Montoro a los Ayuntamientos y que Manuela Carmena aceptó sin rechistar, con lo que entre otras cosas, se dedicó a disminuir la deuda que tenía el Ayuntamiento de lo que se vanaglorió, mientras los barrios más deficitarios no tuvieron los recursos que necesitaban. Y recordarán que los alcaldes torcieron el brazo de María Jesús Montero para que pudieran gastar los 5.000 millones de superávit y mayor autonomía (los remanentes de tesorería) que tenían los Ayuntamientos, superávit detraído de los impuestos que se comentan a los ciudadanos

Me gusta recordar una anécdota muy curiosa que pocos conocen; el 14 de febrero de 2015 se reunían por separado, por una parte, los alcaldes de Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga, Zaragoza y Valladolid y por otra, los magistrados del Tribunal Constitucional; mientras los primeros pedían al Gobierno que pudieran gastar esos 5.000 millones de superávit, los magistrados deliberaban sobre la supresión del impuesto de plusvalía, en la primera sentencia.

La propuesta más novedosa de la comisión de expertos es la necesaria creación de un tributo al turismo. Dice el informe: “Se propone la creación de un nuevo tributo ligado a las estancias turísticas”, que yo propongo que sea tributo o tasa al viajero y que los alcaldes han rechazado sistemáticamente. En otro tiempo fue una fuente de recursos, hoy en día, con la crisis pandémica, no soluciona mucho a los Ayuntamientos, pero pronto tendrá su importancia. Es un tributo personal y no real y ayudará a financiar parte del transporte y a reparar las malas huellas que dejen en el medio ambiente. La curiosidad o curiosité, que dijo Custeau es lo que impulsa a descubrir el mundo, como para él, los fueron los mares.

La revisión de la financiación local está por hacerse y no fijarlo todo a los catastrazos y a la plusvalía que no tiene arreglo. Este impuesto estaba herido de muerte hace muchos años y el Tribunal Constitucional le ha dado con acierto la puntilla a la tercera. Lo que hace falta es que la sentencia no decepcione.

José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid; Abel Caballero, alcalde de Vigo y presidente de la Federación de Municipios y Provincias; Ada Colau, alcaldesa de Barcelona y otros alcaldes y algún portavoz del PP están urgiendo al Ministerio de Hacienda a que solucione rápidamente la disminución de ingresos. El alcalde de Madrid, un alcalde bisoño, debía aprender de lo que hicieron sus antecesores, de lo que hizo Aznar y Rajoy y aplicarse el cuento: “medicus cura te ipsum” y no reclamar menos impuestos al Gobierno, cuando ellos los subieron sin control, actuar como alcalde de Madrid sirviendo a sus vecinos y no como portavoz del PP; Abel Caballero debe necesitar los ingresos de la plusvalía para hacer de la ciudad de Vigo la ciudad más y mejor iluminada en estas Navidades, envidia de New York; Ada Colau tiene que pensar lo que dice y María Jesús Montero se apresta a dar satisfacción a los alcaldes. Son malos tiempos para la lírica.

Felipe Domingo Casas es socio de infoLibre

El PP presentará mociones en todos los ayuntamientos para denunciar la "expropiación" del Gobierno a los ahorros municipales y con la que buscará también que los alcaldes y concejales socialistas se "levanten contra este atropello", según han anunciado a Europa Press fuentes del partido. Además, solicitará la reprobación del presidente de la Federación Española de Municipios (FEMP), Abel Caballero, por "traicionar al municipalismo" al no defender los "intereses de las entidades locales" y permitir que se rompa un "consenso histórico" en la institución.

El Partido Popular ya anunció el martes que presentará un recurso ante el Tribunal Constitucional por "invasión de la autonomía local" tras ese acuerdo impulsado por el Gobierno para la liberación de los remanentes y el uso del superávit de los ayuntamientos, que solo contó con el voto a favor del PSOE.

El PP ha criticado duramente que, a pesar de que esa propuesta no contó con apoyo en la FEMP –solo voto a favor el PSOE y salió adelante gracias al voto de calidad de su presidente–, el Consejo de Ministros la aprobara vía real decreto el pasado 4 de agosto, manteniendo "los aspectos más lesivos del acuerdo" rechazado por la mayoría de los miembros que integran la FEMP.

Un "chantaje inaceptable"

En el texto de la moción, a la que ha tenido acceso Europa Press, el PP recalca que la propuesta que ha impulsado el Ejecutivo "esconde un chantaje inaceptable" que podría vulnerar los artículos 137 y 142 de la Constitución, que consagran "los principios de autonomía y suficiencia financiera como base de la gestión de las entidades locales".

El PP quiere que los ayuntamientos, diputaciones y cabildos expresen su "profundo rechazo" al procedimiento negociador que el Gobierno de Pedro Sánchez ha mantenido con la FEMP para lograr un acuerdo que diera una "apariencia" de apoyo unánime de las entidades locales al decreto ley aprobado el 4 de agosto. Además, el texto de la moción recoge el apoyo al recurso de inconstitucionalidad que el Grupo Popular en el Congreso presentará contra ese decreto.

La moción incluye solicitar a los órganos competentes de la FEMP la reprobación de su presidente por "no transmitir con la debida diligencia ni transparencia información adecuada sobre las negociaciones con el Ministerio de Hacienda al resto de miembros de los órganos de gobierno de la institución; no defender los intereses de las entidades locales como está obligado a hacer por razón de su cargo; y provocar con esta actitud que, por primera vez en la historia de la FEMP, se rompa" un "consenso histórico".

Compromiso con la estabilidad presupuestaria 

El PP recoge además en su iniciativa un "compromiso" de los ayuntamientos con la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera como "herramienta que garantiza el correcto funcionamiento de las finanzas locales que ha permitido a muchos ayuntamientos de España generar los ahorros que ahora reclama el gobierno de la Nación".

Además, el PP quiere que los ayuntamientos expresen su "profundo rechazo" a cualquier medida del Gobierno de España "tendente a apropiarse de los ahorros acumulados por los vecinos de los municipios españoles, tanto de forma directa como vía suscripción de préstamos de las entidades locales al Estado a devolver a largo plazo".

El PP emplaza además al Ejecutivo a "respetar y garantizar la autonomía que la Constitución Española y las leyes otorgan a las entidades locales para la gestión de sus recursos, para la gestión del dinero público que es de todos y cada uno de los españoles, no de un gobierno en concreto".

Fuentes de la dirección nacional del PP han indicado a Europa Press que el objetivo de su partido con estas mociones es "defender los intereses" de los ciudadanos "ante la expropiación de más de 15.000 millones realizada por el PSOE contra los Ayuntamientos".

El PP justifica su petición de reprobación a Caballero por "traicionar al municipalismo" con su acuerdo con Sánchez, ya que el Gobierno "no puede confiscar el dinero ahorrado por los ayuntamientos para financiar proyectos de Sánchez".

Aparte de anunciar un recurso al TC, el Grupo Popular ha solicitado la comparecencia de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero y con esta moción hace además ahora un llamamiento a los ayuntamientos de toda España, incluidos los socialistas, "para levantarse contra este atropello porque esta batalla no va de colores políticos sino en defensa de los ciudadanos", han agregado las mismas fuentes consultadas.

La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) dio luz verde este lunes a la propuesta del Ministerio de Hacienda que permite que los consistorios gasten su superávit. La iniciativa ha sido votada en una Junta de Gobierno extraordinaria convocada a las 9.00. Y el anuncio fue hecho un par de horas después en rueda de prensa telemática por el presidente de la organización municipalista, el alcalde de Vigo, Abel Caballero (PSOE).

El fondo está dotado de 5.000 millones de euros "que no serán devueltos", destacó el dirigente socialista.

La iniciativa, que será aprobada por el Consejo de Ministros de este martes, contó con los votos a favor del Partido Socialista (12). Los representantes de Partido Popular (10), Ciudadanos (1) y PdeCat (1) votaron a favor. IU-Unidas Podemos se abstuvo. Este empate se resolvió con el voto de calidad de Caballero.

En reglamento interno de la FEMP en su artículo 29 señala que en votaciones con resultado de empate decide el voto de calidad del presidente.

Los detalles

El acuerdo prevé un ingreso no financiero de 5.000 millones de euros de forma proporcional para los gobiernos locales que, con carácter voluntario, hayan puesto sus remanentes de tesorería a disposición de la Administración General del Estado. Los remanentes se devolverán en su integridad en un plazo de diez años.

"Prevé igualmente mecanismos de apoyo a municipios con problemas de liquidez o en riesgo financiero, exención de la regla de gasto en 2020, uso del superávit de 2019 para financiar gastos de 2020, prórroga de la exención de la regla de gasto y de la ejecución de las inversiones financieramente sostenibles, entregas a cuenta de 2019 y liquidación de 2018", informan desde la FEMP.

Los remanentes en forma de transferencias con carácter finalista sólo podrán ir destinados a tres áreas: "Agenda Urbana Española y Movilidad Sostenible, Cuidados de Proximidad y Cultura", según constaba ya en el primero de los documentos intercambiados entre Hacienda y la FEMP. Entre los usos posibles está el refuerzo de los centros de día, el aumento de la vivienda de alquiler a precios asequibles, la rehabilitación de inmuebles, la peatonalización de calles o de carriles bici, la lucha contra la violencia de género o la promoción cultural.

Caballero defendió el texto del acuerdo como algo "horizontal" que beneficia a ayuntamientos de todo signo político. Y destacó que la FEMP había estado negociando con el Ministerio de Hacienda hasta la mediodía del domingo.

"Favorece a la inmensa mayoría de los ayuntamientos", dijo. "Ni un solo ayuntamiento sale perjudicado. Todos salen beneficiados", destacó al tiempo que lamentó que desde 2012 no hubiese llegado "ni un céntimo" desde el Gobierno de España a los consistorios.

Adicionalmente, la iniciativa contiene un fondo de 275 millones para compensar el déficit extraordinario de los servicios de transporte de competencia municipal producido durante el periodo del estado de alarma, así como el que se produzca hasta final de 2020 por reducción de los ingresos por tarifa y costes extraordinarios ocurridos por el covid-19. Este fondo podrá ampliarse a 400 millones siempre que se justifique y acredite la insuficiencia de la dotación inicial.

Además, se estudiará la forma en la que los consistorios puedan participar como beneficiarios de los fondos recibidos por la UE.

Un "ataque histórico" para el PP

Por su parte, el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, anunció que su formación solicitará la comparecencia urgente de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el Congreso de los Diputados. Y es que según argumentó, lo pactado es un "ataque histórico" a los ayuntamientos, diputaciones, cabildos y consells insulares.

Montesinos acusó al PSOE de "dinamitar el consenso municipalista" en la FEMP, incidiendo en que se trata de un "ataque histórico", de ahí que vayan a solicitar la comparecencia urgente de Montero. Montesinos trasladó a todos los ayuntamientos que "van a tener en el PP a un aliado": "No les vamos a dejar solos, vamos a dar la batalla con ellos en defensa de sus ahorros y vamos a llegar hasta el final. Esto no va de intereses partidistas sino del interés general".

Así, emplazó a los ayuntamientos, también a los socialistas, a situarse del lado del PP: "Esto no va de colores políticos sino de defender el interés de todos los ciudadanos. Esta batalla tiene que ser conjunta y debemos parar los pies al Gobierno de España y por eso solicitamos esa comparecencia urgente".

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha afirmado que "todas" las mascarillas distribuidas por la Xunta fueron adquiridas por el Ejecutivo central, tras lo que, según ha asegurado, la Administración autonómica "les quitó la etiqueta del Gobierno y las entregó".

Así se ha pronunciado durante una comparecencia realizada este jueves de modo telemático en la que ha vuelto a denunciar que el Ejecutivo que preside Alberto Núñez Feijóo "entregó 15.000 mascarillas caducadas desde 2014", en referencia al primer envío destinado a la ciudad. Precisamente, el Gobierno gallego ha defendido en varias ocasiones que este material de protección contaba con las garantías exigidas por el Ministerio de Sanidad para su distribución.

Tras explicar que el gobierno local repartirá 30.000 mascarillas "de modo inmediato" a las que el próximo lunes se añadirán otras 20.000 "compradas por el Ayuntamiento y que vienen del Gobierno", ha lamentado que "sigue esperando por las de la Xunta".

Asimismo, el Ejecutivo que preside Alberto Núñez Feijóo ha asegurado que las acusaciones del regidor olívico sobre el etiquetado de las mascarillas entregadas son "falsas". En esta línea, ha recordado que, pese a que el Gobierno Central aseguró que asumiría la compra de material de protección, centralizándolo, "9 de cada 10 unidades utilizadas por el Gobierno gallego" fueron adquiridas por la Administración autonómica.

Del mismo modo, ha señalado que, hasta este momento, han sido enviadas a los catorce municipios del área olívica 195.821 unidades de material de protección. En concreto, ha detallado que se han entregado 114.580 guantes, 77.640 mascarillas y 2.684 trajes antisalpicaduras y batas, además de otros productos desinfectantes.

A ese respecto, ha precisado que 114.548 de estas unidades se destinaron a servicios municipales del Ayuntamiento olívico, por lo que ha señalado que "la manifestación del alcalde vigués en ese sentido es igualmente falsa". En esta línea, ha instado a Abel Caballero a "mantener la lealtad institucional que se requiere", así como a que "eche una mano" y "deje de torpedear" el trabajo de las administraciones que "están a la altura de las circunstancias".

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha bromeado este sábado con el regidor de Vigo, Abel Caballero, sobre que la capital tendrá una mejor iluminación navideña que la de la ciudad gallega, según recoge Europa Press.

Antes de la inauguración del XII Pleno de la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) ambos regidores han mantenido una conversación distendida, en la que Almeida le ha dicho que arrebataría a Vigo el liderazgo en el número de bombillas que adornan las calles durante la Navidad. A esto, Caballero le ha contestado que es "imposible" que les derroten en la iluminación navideña y ha recordado que Nueva York ya "lo intentó" y "perdió".

El regidor madrileño ha asegurado que desde la ciudad gallega van a ver las luces de Madrid. Y el socialista, por su parte, le ha respondido que contra Vigo es "imposible competir". Asimismo, ha invitado a Almeida a asistir al encendido de su ciudad.

En una intervención ante centenares de alcaldes, concejales y representantes municipales del PSOE congregados en el Palacio El Greco, Sánchez ha cargado sobre la formación de Pablo Iglesias toda la responsabilidad de evitar la repetición de los comiciosPablo Iglesias. "Tenemos los votos, porque los españoles votaron socialista y progresista el 28 de abril y el 26 de mayo, tenemos los escaños y tenemos el programa común progresista y lo único que necesitamos, e invito a Podemos, es a que desbloquee, que dé el paso al frente para que tengamos una investidura y tengamos un gobierno progresista y una legislatura progresista", ha reclamado.

"Ahora que se dice que existe riesgo que el 10 de noviembre haya elecciones, le digo a Unidas Podemos que ese 10 de noviembre los españoles nos vean trabajando", ha asegurado Sánchez. Asimismo, el líder socialista ha explicado que "los partidos políticos no han asumido su responsabilidad, el único que la ha asumido es el PSOE" que ha trabajado en agosto "con la sociedad civil para construir un programa común progresista·.

Sánchez no solo busca que Podemos le permita superar la investidura, sino que se comprometa a garantizar la estabilidad de su gobierno, de ahí que le haya ofrecido acordar un programa común con 370 medidasle haya ofrecido acordar un programa común con 370 medidas que, dicen los socialistas, están dispuestos a pactar, pese a que se lo han dado ya muy definido. Antes que conformar un Ejecutivo inestable que se vea abocado a convocar elecciones en seis meses o un año, la cúpula del PSOE traslada que es preferible repetir las elecciones ahora.

El también presidente del Gobierno ha calificado como "positivos" los 12 meses de colaboración con Unidas Podemos antes de las elecciones de abril: "Si con 151 escaños fuimos capaces de hacer lo que hicimos, ¿qué no podremos hacer los próximos cuatro años?, ¿qué justifica que estemos bloqueados?". Sánchez también ha remarcado que de la derecha "no espero nada" porque solo se mueve en función de "sus intereses electorales".

Page avisa que el PSOE "siempre está preparado" para ir a las urnas

Esta convicción de la nueva convocatoria electoral, extendida en el seno del partido y que por tanto trasciende al entorno más próximo a Sánchez, se encargó de verbalizarla el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que ha agradecido a Sánchez no estar pensando en "mañana", sino en "pasado mañana". "La gente hoy valora que no quieras ser presidente de cualquier manera y a cualquier precio", ha subrayado García-Page, que asegura que los socialistas no quieren repetir unas elecciones que ya ganaron ni dar "segundas oportunidades para la extrema derecha". "Lo que queremos es normalidad institucional y una agenda progresista" que el PSOE, ha dicho, está dispuesto a pactar con otros partidos.

Ahora bien, García-Page también ha dejado claro que el PSOE, aunque no quiera elecciones, "siempre está preparado si hay que pedir de nuevo la confianza de la gente". "Deseamos que mantengas esta seguridad. No investidura a cualquier precio", ha reiterado a Sánchez.

Abel Caballero repetirá como presidente de los alcaldes de España

Durante este mitin en Toledo, Sánchez también ha aprovechado para anunciar que el alcalde de Vigo, el socialista Abel Caballero, repetirá mandato como presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) hasta 2023. "Será un honor volver a contar contigo para presidir la FEMP", ha asegurado el líder del PSOE en su intervención ante el Consejo de Política Municipal.

Tras el anuncio del presidente del Gobierno, Caballero se ha mostrado "muy agradecido" en lo personal tanto a la dirección del partido como al propio Pedro Sánchez por haber pensado en él para continuar como responsable de la FEMP y ha apuntado que, con independencia de que él esperase o no esa noticia, "lo importante es que lo decidieron", algo que agradece "muchísimo". En lo político, el alcalde de Vigo ha manifestado a los medios de comunicación que va a seguir trabajando por el municipalismo, algo en lo que cree porque lleva tantos años en el PSOE que aprendió a creer en él.

Caballero ya había confirmado públicamente días antes que le gustaría repetir en el cargo, pero que la decisión competía a su partido, al que le toca presidir la institución. La decisión se formalizará el próximo 21 de septiembre en Madrid, en el XII Pleno de FEMP, que servirá para elegir a su presidente y votar las candidaturas de los equipos que liderarán la institución durante el próximo mandato 2019-2023, que se adaptarán a los resultados de las elecciones municipales del pasado 26 de mayo.

Los alcaldes y presidentes de las Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares de toda España asociados a la FEMP, asistirán al Palacio Municipal de Congresos de IFEMA para hacer balance del mandato concluido, presidido por Caballero, aprobar las pautas de trabajo para el nuevo periodo y elegir a los equipos que liderarán los órganos de gobierno para el próximo cuatrienio. El PSOE, como ganador de las pasadas elecciones municipales de mayo, tiene la potestad de designar al nuevo presidente y seguirá apostando por el vigués Abel Caballero, que en los comicios mejoró la mayoría absoluta con la que gobierna el consistorio.

El alcalde de Vilanova de Arousa, Gonzalo Durán (PP), se ratifica en sus declaraciones sobre la presidenta socialista de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva, a la que llamó "chacha para todo" del "anciano" regidor de Vigo, Abel Caballero. Asimismo, el regidor de este municipio pontevedrés ha asegurado sobre las peticiones de dimisión por parte de la oposición que él "dimitir ni de coña".

"O sea, que el jefe de Carmela Silva, el dictador ese, su jefecito (en referencia a Abel Caballero), casi mata a 400 personas en Vigo y no dimite, ¿y voy a dimitir yo por decir la verdad?", ha manifestado Durán en declaraciones realizadas este domingo a Europa Press. "A ver si ponemos las cosas en su sitio, quien tiene que dimitir es Carmela Silva, por no hacer su trabajo en la Diputación de Pontevedra, que se lo hace su jefe, que no es ni diputado", ha aseverado el alcalde conservador de Vilanova, y ha añadido que "eso es lo que digo, así de claro, me ratifico en lo dicho, la Diputación no tiene presidenta, manda Abel Caballero".

Además, Durán ha asegurado que no entiende por qué se extraña la gente de sus declaraciones si "todo el mundo sabe que es así, hasta la prensa sabe que es así, que ella hace siempre lo que le mande él, sino no estaría ahí, que la puso él". "¿Y por decir quién manda voy a dimitir yo? Vamos, es que ni de coña", ha sentenciado entre risas Gonzalo Durán.

Asimismo, ha tildado a Abel Caballero y a Carmela Silva de "dúo de la gasolina". "Vaya por dios, nunca la Diputación de Pontevedra cayó tan bajo", ha lamentado el alcalde de Vilanova.

Finalmente, ha demandado que los juzgados den aclaración al caso de O Marisquiño, porque "parece que estas cortinas de humo tratan de ocultar la verdad". Y ha explicado que esta polémica empezó cuando "nos robaron 1,8 millones de euros de la carretera para arreglar la grada del Bernabéu, dinero que era para los ayuntamientos pequeños, para reparar las vías" (en referencia a las obras en el Estadio de Balaídos).

En Marea exige su dimisión por su "machismo más rancio"

Previamente, el portavoz de En Marea, Luís Villares, ha exigido la "inmediata dimisión" de Durán al entender que estas declaraciones son "inaceptables" y constituyen un ejemplo del "machismo más rancio". "Tal y como hizo la compañera de Gañemos Vilanova, exigimos inmediatamente su dimisión, pensamos que en política no puede haber sitio para este tipo de comportamientos, para este tipo de declaraciones, y no puede haber un margen de tolerancia por parte de los partidos políticos cuando los representantes tienen actitudes machistas", ha asegurado Villares.

En caso de que el regidor no dimita, el líder de En Marea le exige al presidente del PP, Albero Núñez Feijóo, que lo desautorice, le retire su confianza y "pida su cese", porque en caso contrario, En Marea responsabilizará al Partido Popular "de ser cómplice, de ser colaborador necesario en la existencia de prácticas machistas en el ámbito de la administración local en Galicia".

En este punto, Villares ha reprochado que no se trata de una situación "nueva" en el PPdeG, y ha apuntado a otros casos, "como el del alcalde de Noia o el de Palas de Reis, que sigue en el poder por el apoyo que el PP le brinda pese a ser condenado por acoso a una secretaria del Ayuntamiento".

Carmela Silva anunciará  las medidas contra el alcalde de Vilanova este lunes

Por su parte, Carmela Silva ya aseguró este sábado que se tomaría el fin de semana como "una época de reflexión" para "analizar qué se va a hacer", "qué acciones se van a tomar" contra el alcalde de Vilanova de Arousa "en defensa de los derechos de todas las mujeres", acciones que serán anunciadas el lunes.

La vicesecretaria general del PSOE y portavoz en el Congreso, Adriana Lastra, también ha pedido al presidente del PP, Pablo Casado, y a su secretario general, Teodoro García, que ordenen el cese del alcalde de Vilanova de Arousa. En la Fiesta de la Rosa del PSOE de Gran Canaria, Lastra ha afirmado que no se pueden consentir este tipo de "descalificaciones" y "ataques misóginos" contra las mujeres socialistas.

Además, los regidores socialistas de la provincia y varios tenientes de alcalde y ediles remitieron un escrito dirigido a Feijóo y al presidente del PP de Pontevedra, Alfonso Rueda, en el que censuran las "continuas faltas de respeto y actitudes machistas" del PP.

Sea por esta u otras razones, el caso es que la implantación de una tasa turística ha vuelto a la escena política. La ha revivido el actual delegado de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, al presentar al Pleno del Ayuntamiento los presupuestos para 2018 –ya redactado este artículo he leído una entrevista a dicho delegado, JorgeGarcía Castaño–. No está mal que lo haya hecho, aunque la mención llegue tarde, no suficientemente razonada, y su implantación, un imposible en esta legislatura. Podría haberse implantado ya hace dos años, si la alcaldesa de Madrid hubiere comprendido su necesidad y ventajas y hubiere insistido en ella aun a sabiendas de que la competencia correspondía al Gobierno central y a la Comunidad de Madrid.

La manifestación y puesta en escena de la tasa en dicho Pleno ha supuesto la oposición en manada de todos los portavoces, partidos políticos y de los representantes de los organismos que tienen negocios en el sector turístico con los argumentos puramente económicos negativos que su implantación supondría y que si tuvieran memoria no repetirían. Olvidan o desconocen otros criterios más razonables, lógicos y ambientales que de su implantación se derivarían.

Jaime de los Santos, consejero de Cultura, Turismo y Deportes de la Comunidad de Madrid, ha declarado que "el turismo supone el 7% del PIB de la región y da trabajo a 383.000 personas, industria muy importante y cualquier impuesto desincentiva el interés de los inversores y de los turistas", tachando de "ocurrencia" el anuncio del Ayuntamiento de Madrid: "El PP se presentó en 2015 con un programa claro de que no subiría ningún impuesto".

¿Y antes? El Ayuntamiento de Madrid, a raíz de la nueva ponencia de valores catastrales aprobada por Ruiz-Gallardón en 2011, con entrada en vigor en enero de 2012, y con la liberalización del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) realizada por el Gobierno de Rajoy en el Decreto-Ley 12/20012 de 30 de marzo –a cuya liberalización se acogió de inmediato el Ayuntamiento–. Ana Botella incrementó entre un 60 y un 90% el IBI, así como el impuesto de plusvalía "mortis causa" –herencias–, también derivado de la revisión catastral de cuyas subidas se ha aprovechado –todo hay que decirlo– el actual equipo de Gobierno –menos una mínima bajada del IBI–.

Desde esos brutales incrementos de ambos impuestos comenzó ya Ana Botella a ir reduciendo el defícit de 7.000 millones que dejó Ruiz-Gallardón siendo alcalde de Madrid y que ha continuado Manuela Carmena presumiendo de ello, así como del superávit de estos últimos años, pero sin que nos diga abiertamente cuánto de ambos –déficit y superávit– se debe al mantenimiento de los impuestos del PP, a la reducción de inversiones, por la obligación de cumplir con la estabilidad presupuestaria de Montoro –que le costó el puesto a Sánchez Mato– o a su buena gestión, de la que también presume.

García Castaño, en esa entrevista, se viene arriba y dice que Madrid podría asumir competencias que otras administraciones rechazan. ¡Ay, si yo le contara de la poca eficacia de la Concejalía de Chamberí, de la que él fue concejal, en un asunto nimio! Achaca la no disponibilidad de 400 millones el pasado año, "porque si hubieran ejecutado más hubieran incumplido mucho más –Montoro mediante–". Pero la no ejecución de ese dinero le ha venido de perlas al Ayuntamiento para amortizar deuda.

"Madrid tiene mucha capacidad financiera", repite constantemente; la cual, unida a la autonomía fiscal que reclama –en la que estoy de acuerdo– podría el Ayuntamiento de Madrid asumir "muchas competencias que otras Administraciones tienen pero no ejercen". "Nosotros estamos dispuestos a quedarnos con todas ellas, porque tenemos la capacidad administrativa". ¿Podría decirnos, Sr. García Castaño, ¿cuántos expedientes de madrileños que reclaman la devolución del impuesto de plusvalía por las herencias tienen acumulados, paralizados y sin resolver? ¿Y por qué?

Este impuesto gravoso está herido de muerte, primero, por las sentencias del Tribunal Constitucional, y segundo, porque es un impuesto pluriimpositivo, del que la Comisión de expertos para la financiación local se planteó como primera propuesta y decisión su eliminación y terminó por acordar la necesidad de una profunda revisión del mismo. ¿Por qué el Ayuntamiento lo sigue liquidando de la misma manera, a pesar de las sentencias del TC? ¿En qué punto colocamos "la capacidad política e ideas para gestionar las competencias" que quiere atribuirse?

El portavoz adjunto del PP en el Ayuntamiento, Iñigo Henríquez de Luna, ha declarado: "La izquierda siempre soluciona todo subiendo las tasas y los impuestos". Desde que gobierna Ahora Madrid, los impuestos y las tasas no han hecho más que subir, mientras los servicios públicos cada vez son peores". El PSOE también se ha desmarcado de la tasa turística y cree que es "un globo sonda"; nada extraño, porque el PSOE tiene dos almas –una de reserva, que iría al cielo, por si la otra muere con el cuerpo–, ya que en Valencia apoya la implantación de la tasa turística y está en contra de ella en Alicante.

La Asociación Empresarial Hotelera de Madrid reaccionó también al anuncio para manifestarse contra la creación e implantación de una tasa turística en la capital "ya que de esta forma se perjudicaría directamente al sector". "La medida afectaría negativamente a la industria turística en general y a los hoteles en particular" y "frenaría el desarrollo económico de Madrid".

Juan Pablo Lázaro, presidente de la CEIM, se muestra también contrario a la tasa y apuesta por recibir a los turistas "con los brazos abiertos". "No afecta en positivo al turismo y es como poner un cartel que le dice a los turistas que como vienen a molestar tienen que pagar". Pero de las molestias positivas y negativas, ya hablaremos. Declaraciones de representantes de fondos buitres que alquilan los pisos turísticos no he oído, tal vez porque ellos hacen, no dicen.

En su informe, la misma Comisión de expertos sale al paso del impacto negativo que aducen los empresarios, negociantes y representantes políticos por la implantación de la tasa turística y manifiesta "que ya existen estudios empíricos que apuntan a un muy escaso impacto negativo de este tipo de tributo sobre la entrada de turistas". Hagamos un poco de memoria.

¿Se acuerdan los lectores de la marimorena que se armó cuando la entonces ministra de Sanidad, Elena Salgado, modificó en el año 2011 la Ley Antitabaco aprobada en 2006 para prohibir su consumo en bares, restaurantes y hoteles? Vendrían las siete plagas, se perderían miles de puestos de trabajo, muchos bares –la mayoría familiares– cerrarían, el sector empresarial dedicado a estos servicios con una implantación –como sabemos– desconocida en Europa se arruinaría... ¿qué ocurrió? Nada de nada.

La prohibición de fumar en todos los lugares públicos invadió las cafeterías, al contrario de lo que ocurría cuando el humo del tabaco frenaba a muchas personas y menores para entrar en los bares y cafeterías cuando se retransmitía un acontecimiento deportivo no abierto, al poder vivir momentos más felices y respirar un aire más limpio. Ya hay estadísticas de la incidencia positiva en la reducción de cánceres pulmonares entre los camareros y fumadores pasivos. Y los dueños de los establecimientos lo notaron de inmediato en la recaudación de la caja registradora y hoy nadie discute la medida, salvo algún club de fumadores irredento. Muchos de los mismos de siempre no aprenden y olvidan que la experiencia es la madre de la ciencia.

La Comisión de expertos para la financiación local creada por el anterior gobierno en su informe entregado el julio del año pasado recomendaba la implantación de este tributo al turismo que el que suscribe apoyaba en un artículo publicado en este diario titulado "El tributo al turismo". Allí se decía que podría haberse recomendado como "el tributo a los turistas, viajeros y los viajantes", ya que se trata de un impuesto personal y no real, como el IBI.

Nombro a los viajantes como homenaje, porque los mayores recordarán que en la España de la décadas de los años 20 al 60 del siglo pasado, los viajantes eran los únicos que se movían por el territorio nacional, unos en coche ya y otros con medios más modestos, para ofrecer las mercancías de los entonces grandes almacenes de Barcelona y Valladolid a los tenderos asentados en los pueblos y ciudades de las Castillas, Extremadura y Andalucía.

Con las rudas mantas de Palencia y las zamoranas –las mantas, no las mozas– se calentaban las camas de nuestras viejas y frías viviendas con los textiles y los paños, palabra hoy casi olvidada –"para esa falda, necesitarás tres paños, para ese traje, por lo menos, seis paños"; para algunos, el lujo era el paño inglés–. En Cataluña y Valladolid se hacían los trajes para las fiestas por entonces muchas septembriles porque la recogida de la cosecha de la España, mayoritariamente rural y agricultora, con los escasos medios disponibles –los trillos de Cantalejo– duraba todo el verano. Un anuncio de una marca de pana con la fotografía de los dos usuarios vestidos con ella y su edad decía "muchacho de 18 años que ahora tiene 70 y todavía le dura la pana". Hasta las velas y cirios que calentaban las iglesias y con las que los curas hacían sus responsos –hoy es el cestillo, que la iglesia no se cansa de pedir– procedían de esos lugares. Los mieleros de la alcarria eran también viajantes en las décadas 40-50, aunque a pié, porque eran su borricos los que transportaban la mercancía en los serones por las poblaciones de las Castillas, voceando: "El mielero, ha llegado el mielero, a la rica miel de la alcarria".

Hecho este breve recorrido por nuestra España de entonces, decía que la comisión de expertos recomendaba la implantación del tributo al turismo y lo apoyaba en tres motivos: La estancia en hoteles o establecimientos de alojamiento análogos es un inequívoco signo de capacidad económica; porque es muy razonable que los turistas contribuyan a la financiación de los servicios públicos; y porque cabría justificar igualmente la exigencia de este impuesto desde el punto de vista del impacto medioambiental que el turismo causa en nuestro país. ¿Han oído hablar a los operadores turísticos de estos argumentos? ¿De plegar sus intereses particulares a una perspectiva social más amplia? ¿Acaso sólo el consumo que se hace del agua –por 80 millones de turistas en una España seca–, un bien tan escaso, no es suficiente para imponer esta tasa? ¿O el reciclaje de los miles de botellas de agua que consumen y dejan en papeleras y contenedores?

El 1 de agosto se ha celebrado el Día Mundial de la Deuda Ecológica y leo en el HuffPost que a esta fecha ya hemos consumido todos los recursos que la Tierra tenía disponibles para 2018. "La deforestación generalizada, la escasez de agua dulce, el colapso de la pesca y la dramática pérdida de biodiversidad muestran algunas de las formas en que se nota el uso excesivo de recursos que tiene la Tierra". Aguas Lanjarón está haciendo propaganda en televisión de sus aguas porque celebra sus 200 años como empresa, el año pasado aumentó sus facturación un 10%. "Tenemos un sistema que se come los recursos y fabrica productos para que la gente los tire. Por ejemplo, el agua embotellada", dice Tess Riley, en Huffpost US. "Si el mundo viviese como vivimos en España se necesitarían 2,3 planetas para abastecernos".

Estamos en deuda con la Tierra. ¿Acaso no debe revertir en las arcas públicas algo del gasto que hacemos los viajeros en el puente laico-religioso –caso único en el mundo, del 1 al 10 de diciembre–, cuando los hoteles y establecimientos análogos –los pisos turísticos– incrementan sus precios hasta el doble y sin que ofrezcan mejores servicios, al contrario? A mayor demanda, peor oferta, con lo que puede ocurrir que a las cinco de la tarde no tengas la habitación arreglada y limpia porque no se aumenta la plantilla de Las Kellys, que trabajan el doble y se les paga lo mismo. Si hay un sector donde existe explotación laboral es en el sector turístico, por mucho que lo niegue José Luis Zoreda, vicepresidente del lobby turístico Exceltur.

Dice mi amigo Felicísimo, que se va dos o tres veces al año –porque su condición de jubilata se lo exige y la económica se lo permite– a un hotel del Puerto de la Cruz a "centrifugarse" –atribuyendo esa palabra a Ortega– "porque es una maravilla de hotel... menos en estas fechas. ¡Qué llenazo y qué agobio a la hora de las comidas! ¡Demasiado agobio!". Precisamente la escasez de agua es notoria en las Islas Canarias.

Planteada la cuestión, ¿el que suscribe es partidario de la subida de impuestos? De ninguna manera. Ni mucho menos. Solo de su reordenación. De la eliminación de algunos, ya dichos, y de la incorporación de otros, como la tasa turística, porque también sería un impuesto a plazos –repercutido suavemente en los tres, cuatro o cinco viajes anuales que hagamos–. Y partidario de que paguen todos aquellos que no pagan algunos de esos impuestos.

Los Ayuntamientos tienen que cumplir con su función constitucional y ofrecer los servicios que los ciudadanos reclamen y disponer de mayor autonomía para ello. En eso está Abel Caballero, Presidente de la Federación de Municipios y Provincias, que reclama mayor autonomía al Gobierno para gastar los 7.000 millones de superávit, que, muy ufano, proclama que han conseguido los Ayuntamientos en este último tiempo, pero volvemos a lo ya dicho. ¿De dónde procede ese superávit? No nos lo dicen con claridad y transparencia. Si el IBI se incrementó alarmantemente en época de la crisis, lo mismo ocurrió con la plusvalía derivada de las herencias.

El Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) recaudaba en 2004, 5.425 millones y en 2015 ha llegado hasta los 12.807 millones, un 136,1% más. El último Consejo de Ministros –diciembre de 2017– del anterior Gobierno aprobó un decreto-ley por el que revisó los valores catastrales de los inmuebles de 1830 Ayuntamientos, la mayoría al alza, por lo que los impuestos de plusvalía de las herencias y del IBI que se rigen por esos valores subirán a millones de españoles. Ha sido otro "catastrazo" más.

Y sin embargo, siguen exentas de su pago muchas instituciones. El Ayuntamiento de Zaragoza deja de ingresar 9,4 millones al año por las exenciones legales del IBI de 1316 inmuebles, según el Periódico de Aragón. Mi amigo Juan José –que, como clérigo, barre para casa– me dice que sólo hablo de los inmuebles de la Iglesia católica exentos de pago y no de otras instituciones, también exentas, como los locales sindicales, los de fundaciones, los de cooperativas, etc. Pero es que a la Iglesia católica hay que castigarla, por pedigüeña. Todos tienen que pagar.

En la campaña para la celebración de las elecciones municipales de 2015, los partidos hablaron de su compromiso para su implantación en estos casos, pero ni Pedro Sánchez lo mencionó ni ningún portavoz se lo recordó en el reciente debate en el que presentó su programa de Gobierno. Los ayuntamientos pierden por aquí recursos que debieran condicionar las subidas continuas del IBI. "El Ayuntamiento de Zaragoza deja de ingresar 9,4 millones al año por las exenciones legales del IBI de 1316 inmuebles con un valor catastral de 1500 millones", según El Periódico de Aragón. Con la eliminación de las exenciones y con un incremento del IBI a las viviendas vacías, de la que habla el Ayuntamiento de Madrid, se pueden compensar los presupuestos municipales sin subir impuestos e, incluso, reduciéndolos a otros inmuebles. Los "catastrazos" no son inevitables.

Úsese la capacidad financiera de la que se precia y repite García Castaño que tiene el Ayuntamiento de Madrid para usarla con cabeza y si es verdad que Madrid-capital, como Barcelona, se pueden equiparar a una Comunidad Autónoma, dudo, permítamelo, de la suficiente capacidad política y de las suficientes ideas para gestionar las competencias que reclama, como la dependencia, educación o vivienda –y eso que la gestión de ellas por la Comunidad es muy deficiente–. En vivienda, Madrid se está convirtiendo en una ciudad residencial y de servicios. La Comunidad tiene menos porcentaje de industria que Andalucía, la vivienda se encarece otra vez a marchas forzadas, los alquileres suben a ritmos incontrolados, incluso, en barrios impensables, como el ensanche de Vallecas, la vivienda pública es escasa y el plan Castellana-Norte agudizará esa característica de Madrid como ciudad residencial y cara.

No es seguro que este año se cumplan las previsiones optimistas de otros años sobre el incremento del turismo y rebasemos los 80 millones. Según Exceltur, Egipto ha incrementado su turismo un 40%; Turquía, un 30%; y Túnez, un 20%. Existe un aspecto al que el sector no da importancia, incluso que lo desprecia –cuando debía ser su principal preocupación–: los menús, tapas, fritos y, en general, la comida que se ofrece a los turistas, que vienen ávidos de probar nuestras paellas y lo que se les ofrece es un arroz incomible, sin sustancia y con ingredientes de baja calidad. Los fritos, como calamares, chopitos y otros: grasientos; y las tapas, claro está –menos en el norte–: sin imaginación. Por no hablar del jamón en el que se da el gato por liebre con frecuencia y se extiende su escasa calidad.

Llevamos años en los que ha entrado en el mercado con fuerza el alquiler de pisos turísticos que ha sembrado de desasosiego e intranquilidad a los vecinos de barrios enteros del centro de algunas ciudades y que se está extendiendo como una plaga, al calor de su falta de regulación y de los lobos y buitres que en muchos casos alimentan este alojamiento turístico, que se mueve entre una oferta low cost y otra, por la presión a los dueños de las plataformas dedicadas al alquiler de estas viviendas, incrementando el precio del alquiler duradero, de larga temporada y anual a muchos inquilinos cuando tienen que renovar el contrato, lo que les obliga a dejarlo.

La mezcla y convivencia de turistas y propietarios de viviendas en un mismo edificio se lleva mal. Muy mal. Son incompatibles. Las viviendas que se quieran alquilar en los edificios de vecinos tienen que hacerse por alquileres duraderos, por años. Conceder licencia de actividad turística a una vivienda por ley en un edificio residencial sería un error gravísimo. "Los pisos turísticos vacían el centro: solo 14 vecinos resisten en la plaza se Santa Ana (...) en el entorno de Sol y las Letras ocho de cada diez portales tienen, al menos, una vivienda turística y más de 40 edificios están copados en su totalidad", menciona el diario Abc.

"Tres sofás-cama para un total de seis personas y un trasiego fulgurante de inquilinos en una buhardilla de 50 metros cuadrados que ha puesto de patas a nuestra Comunidad de vecinos. Ruido de muebles, gritos, vómitos, orines, etc", dice Silvia. Escucho que en Málaga los vecinos de algunos barrios están en pie de guerra. También leo que "el Ayuntamiento de Madrid ordena el cese de actividad de 147 pisos turísticos" –señala El País–, orden en la que coincido por el motivo explicado. Es conocido que en los archipiélagos –Ibiza, Lanzarote, Fuerteventura– los médicos, maestros y funcionarios desplazados no encuentran pisos de alquiler para su estancia y los que encuentran son carísimos, ocupados por el turismo.

Cuando oigo todo esto, me acuerdo de las vacaciones tranquilas y sosegadas de mis amigos. De Juan, que tiene su casa familiar en un pueblecito de León, a cuatro kilómetros de Astorga, y disfruta todavía del piar y el vuelo meteórico de los gorriones a los que no les faltará de comer en esas tierras –¡por favor, alimenten a los gorriones, que han desaparecido ocho millones en estos últimos años!–. Por cierto, a muy escasa distancia se construyó un palacete Lucio Angel Vallejo Balda, ecónomo de Astorga, llamado luego al Vaticano. ¿Pagará el IBI o le tendrá adscrito como casa parroquial? Otros amigos, todos castellanos, descansan por tierras burgalesas, alcarreñas, sorianas, o también leonesas, como Isidro, que dedica su tiempo libre al banco de alimentos, tierras despobladas y que sí necesitan un turismo mayor. ___________Felipe Domingo es socio de

infoLibre

En el año 1992 el Ayuntamiento de Vigo, la Zona Franca de la ciudad y la Autoridad Portuaria firmaban el convenio Abrir Vigo al Mar, un proyecto de transformación urbanística que tenía como objetivo lo evidente: hacer del puerto un lugar accesible para la ciudadanía. En 1993 el arquitecto Guillermo Vázquez Consuegra gana el Concurso Nacional de Ideas para la Ordenación del Frente Marítimo de Vigo y entre 1997 y 1998 se lleva a cabo la construcción. Este domingo, dos décadas después, la obra se ha convertido en protagonista involuntaria de todas las portadas, al derribarse su estructura durante el festival de cultura urbana O Marisquiño, dejando a más de 400 heridos.

Tanto el Ayuntamiento de Vigo, liderado por el socialista Abel Caballero, como la Autoridad Portuaria, dirigida por algunos miembros designados por el Partido Popular, han señalado a la estructura de hormigón que sostiene el paseo como raíz del problema. "Nuestro encargo fue el de colocar un pavimento de madera sobre ese pantalán", explica en conversación con infoLibre el arquitecto Vázquez Consuegra. Esa base sobre la que se asentó la obra se trataba en origen de "una infraestructura portuaria destinada al aparcamiento de los vehículos de los propietarios de los yates" y el encargo de Abrir Vigo al Mar consistía en "dotarlo de un pavimento acorde con el paseo marítimo". El trabajo, por tanto, se basó en "colocar una tarima de madera flotante sobre esa estructura ya existente, que era una solera de hormigón".

Aquella estructura previa, según ha señalado el propio alcalde de la ciudad, contaba hasta el día de su declive con más de 35 años de antigüedad. "Las estructuras de hormigón no son para siempre", observa el arquitecto, quien insiste en que "hay que cuidarlas, protegerlas, sobre todo cuando están sometidas a ambientes tan agresivos como el borde marítimo". En este sentido, "una estructura de hormigón visto necesita un mantenimiento continuado, mucho más en este caso que es estructura de pilotis que se clavan en el agua". Una estructura de pilotis está formada por pilares de hormigón que sostienen un plano horizontal, como es el caso del paseo. 

Si bien el arquitecto expresa cautela a la hora de dirimir las posibles causas del derrumbe, e insiste en esperar a la determinación de los peritos, subraya que "efectivamente es necesario mantenimiento sostenido, continuado y exhaustivo". Aunque Vázquez Consuegra incide en que desconoce si hubo o no mantenimiento, opina que "probablemente las deficiencias podían venir de la falta de mantenimiento de esa estructura de hormigón".

A cuestiones de mantenimiento apunta también el ingeniero Rafael Magro, vicedecano de la demarcación de Madrid del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, quien en declaraciones a infoLibre explica que "sin duda, los ambientes agresivos y el ambiente marino, no sólo el mar, aceleran el deterioro". Lo aconsejable, dice, es realizar "revisiones periódicas y cuando se vea, por ejemplo, que el recubrimiento de las armaduras de una estructura no es el idóneo, repararlo de inmediato". 

El ingeniero coincide asimismo en que las obras marítimas "tienen una vida útil muy larga" pero siempre y cuando estén sujetas, matiza, a dichas revisiones. "Si el programa de revisiones y las pertinentes reparaciones es el correcto, la vida útil de la infraestructura se alarga de forma notable", asevera y recuerda que "un buen mantenimiento evita desgracias como lo que acaba de ocurrir en Vigo".

Magro no elude, por otro lado, la llamada resonancia como posible factor a la hora de explicar el derrumbe. "Todas las estructuras vibran al menos con una frecuencia natural, si sobre ellas actúa una fuerza periódica, puede ocurrir que la estructura entre en lo que se denomina resonancia", explica el experto. Se trata de "un caso no habitual pero muy documentado a lo largo de los años en la ingeniería civil". Para que esto hubiera ocurrido, añade, el público debería haber saltado al unísono durante un periodo de tiempo "suficiente para que la estructura entrara en resonancia con la frecuencia de los saltos". Aunque "no es imposible", el ingeniero admite que resulta "poco probable".

¿Estructura en buen estado?

Las instituciones viguesas han coincidido en señalar que el problema proviene de la gran estructura ya existente durante el inicio de Abrir Vigo al Mar. Cabe preguntarse entonces si, en el momento de materializar el proyecto, sus responsables tuvieron en cuenta el estado de aquella estructura. "Este tipo de obra es competencia de los ingenieros de caminos, pero en cualquier caso, antes de construir sobre una obra ya realizada con anterioridad, es preciso comprobar el estado de la misma", sostiene el Rafael Magro.

A la pregunta sobre si en su momento se detectó que la estructura podía ser problemática, Vázquez Consuegra responde a infoLibre con un no rotundo. "Esa estructura ya existía, serían responsables los calculistas que la hicieron, pero era realmente una plataforma de aparcamientos, por lo tanto en principio era aceptable que pudiera incorporarse la zona peatonal", señala el arquitecto.

Las empresas responsables de construir el pavimento, dentro del proyecto de transformación urbana, fueron Sacyr, S.A. y Arias Hermanos, S.A. bajo la Unión Temporal de Empresas Vigomar. La primera de las constructoras no ha contestado a las preguntas formuladas por este periódico, mientras que la segunda ha confirmado que "efectivamente Arias Hermanos ejecutó esa obra hace 25 años con Sacyr en una U.T.E, obra licitada y dirigida por Zona Franca de Vigo". No obstante, ha señalado un portavoz autorizado de la empresa, Arias Hermanos "ha cambiado de propietarios en estos 25 años en dos ocasiones", la última de ellas hace tan sólo dos meses cuando se incorporan los actuales dueños. "Nos encantaría poder responder a todas vuestras preguntas pero no nos parece responsable hablar de algo que no pertenece a la gestión ni ejecución por parte de la actual compañía, ya que ninguno de los propietarios ni directivos actuales participó en la misma, por lo cual no podemos disponer de esa información", indicó el portavoz. 

Los detalles en torno al origen y el estado de la base de hormigón previa a Abrir Vigo al Mar no están claros. El Consorcio de la Zona Franca de Vigo se intenta desligar de aquella obra. El Ayuntamiento, por su parte, sugiere que sus datos se encuentran en los archivos históricos del Puerto, mientras que la Autoridad Portuaria admite estar investigando esta cuestión pero señala que aquella estructura fue responsabilidad del Real Club Náutico de Vigo.

Desde esta última entidad señalan no saber "qué pasó hace 35 años" y reconocen no tener "históricos informatizados". En todo caso, apuntan, "ese paseo se hizo con motivo de Abrir Vigo al Mar en 1992 y ahí hubo una constructora que hizo obra". El club destaca, asimismo, tener únicamente "concesión de la lámina de agua, pero nada en tierra".

Responsabilidad, mantenimiento y seguridad

A falta de determinar si la raíz del problema parte de un defecto de construcción en las losas de hormigón o de carencias en su mantenimiento, las diferentes autoridades miran hacia otro lado a la hora de asumir responsabilidades. Autoridad Portuaria señala, con el fin de consolidar su versión, a la Ley 10/2017 de espectáculos públicos y actividades recreativas de Galicia, concretamente a su quinto artículo, que fija dentro de las competencias municipales "otorgar las licencias que correspondan en relación con los espectáculos públicos y las actividades recreativas que se desarrollen dentro del término municipal", además de adoptar medidas para "el desarrollo ordenado de los espectáculos públicos", ejercer las funciones "de inspección y control" y realizar las "actuaciones precisas" para su adecuado transcurso.

Por otro lado, el Puerto vigués también se refiere al convenio de colaboración Abrir Vigo al Mar, donde queda establecido que, por un periodo de 50 años, "el Ayuntamiento se compromete al mantenimiento de toda la actuación en perfecto estado de conservación, bien con sus propios medios o bien con la oportuna contratación de obras y servicios".

Abel Caballero, no obstante, recordó este martes que "lo que se hundió es un muelle competencia exclusiva del Puerto" y añadió que "esto no es opinable". Según subrayó, el Boletín Oficial del Estado (BOE) señala en una orden publicada en abril de 2015 que "aquello es una instalación portuaria náutica-deportiva". El alcalde garantizó asimismo que "se sabrá por quién" fue construida la estructura, "se sabrá cuándo y se sabrá que no formó parte de Abrir Vigo al Mar". Además, el regidor recordó que el mantenimiento del que habla el convenio atañe únicamente al pavimento, pero en ningún caso a la estructura que se hundió.

Como colofón de la polémica, la Xunta de Galicia puso en tela de juicio la regularidad del evento. El Gobierno autonómico aseguró este martes que no existe constancia de la inscripción en el registro electrónico oficial de plan alguno de seguridad de autoprotección por parte de la organización del festival. Por el contrario, fuentes pertenecientes a O Marisquiño señalaron el lunes a infoLibre que sí habían realizado un plan de seguridad, mientras que el propio Abel Caballero confirmó en reiteradas ocasiones que el evento presentó un plan de autoprotección en regla. "En el plan de autoprotección vienen todas las circunstancias de seguridad y eso es lo que el ayuntamiento aprueba, que es a lo que le obliga la ley", indicó al respecto este martes.

El festival de cultura urbana y deportes O Marisquiño, que congrega cada año a más de 100.000 personas según la organización, celebraba este verano su 18 cumpleaños con la ciudad de Vigo como anfitriona. Pasada la medianoche del domingo, sin embargo, un inesperado accidente marcó el último de los tres días en los que se desarrolla el evento. Un muelle de hormigón ubicado en el puerto cedía durante uno de los conciertos, dejando a más de 300 heridos y poniendo en un brete al Ayuntamiento, dirigido por el PSOE, y a la Autoridad Portuaria, aún liderada por personas nombradas por el PP.

"Hay un fallo estructural entero de un gran muelle de hormigón", explicó la mañana del lunes el alcalde de la ciudad, el socialista Abel Caballero. "Debajo de las maderas del paseo había una estructura de hormigón de entre 30 y 50 centímetros de grosor dividido en placas de 10 por 10", agregó. Pasada la medianoche del domingo, "las grandes planchas de hormigón caen y se apoyan contra el fondo de la dársena náutica-deportiva", consecuencia de un "peso descomunal" que provocó el derrumbamiento de la estructura. "Veremos cuáles fueron las razones", alegaba el regidor, quien además insistió en que el Ministerio de Fomento y Puertos del Estado han iniciado ya una investigación.

A falta de determinar las causas exactas, lo cierto es que el estado de la zona donde el domingo se celebró el concierto venía siendo objeto de polémica por parte de diferentes autoridades. En mayo, con el PP aún al frente del Ministerio de Fomento, los conservadores vigueses alertaron de una "situación de peligro" debido al mal estado del Paseo de las Avenidas. "Cualquiera que pasee por aquí puede observar las losetas destrozadas, maderas rotas y puntas al aire que, en muchos casos, derivan en accidentes", decía entonces Miguel Fidalgo, concejal del PP de Vigo. También advirtieron los conservadores del mal estado de la zona apenas unos días antes de la celebración de O Marisquiño. "Maderas rotas, puntas al aire… el Paseo de las Avenidas presenta una situación peligrosa. Esperemos por el bien de todos que no pase nada durante ni después del evento", señalaba a través de su cuenta de Twitter la presidenta del PP de Vigo y portavoz del grupo municipal, Elena Muñoz.

Pero el alcalde socialista tampoco era ajeno a esta situación. El propio Abel Caballero propuso este mismo fin de semana reparar la zona repartiendo los gastos con la Autoridad Portuaria. "Es una obra que tiene que hacer el Puerto porque es su competencia y su obligación y está completamente rota", decía el regidor en declaraciones a la Cadena Ser. "Ya vemos que el Puerto no lo va a hacer y voy a proponer que hagan la reparación de todas las avenidas entre el Puerto y la ciudad de forma conjunta", aseguraba. Por su parte, el presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, el conservador Enrique César López Veiga, respondía a la propuesta diciendo que "en materia de inversiones" el Puerto se encuentra sujeto "a una disciplina presupuestaria y tiene que estar incluida en los planes de empresa. Eso no lo tenemos incluido, pero hablaremos y el diálogo siempre es bueno". La iniciativa no llegó a cristalizar.

Las partes que sí reconocen el desgaste superficial del paseo lo rechazan, sin embargo, como causa plausible del accidente. Tanto el alcalde Abel Caballero como López Veiga creen más adecuado hablar de motivos estructurales. "Lo que colapsó no fue un paseo de madera, la madera era un adorno, lo que colapsó fue una inmensa estructura", señaló el regidor ante los medios. En el mismo sentido se expresó también el lunes el presidente de la Autoridad Portuaria, quien habló de "fallo estructural" como posible causa del desplome. "Lo primero que hay que ver es lo que está pasando, pero la impresión apunta a algún tipo de fallo estructural", afirmó. En cuanto a un posible exceso de peso, la organización de O Marisquiño ha asegurado a infoLibre que el aforo cumplía las condiciones legales.

Responsabilidad compartida

Pese a la condena y el lamento unánimes, las diferentes autoridades miran hacia otro lado a la hora de asumir responsabilidades. Tal y como señalan fuentes de O Marisquiño, la cesión del espacio emana directamente de la Autoridad Portuaria, dueña de la zona. Se trata de un "recinto portuario y todos los años cede su espacio, pero el Ayuntamiento tiene que autorizarlo", explica un portavoz del evento. Fuentes de Autoridad Portuaria, por su parte, confirman que su misión es "ceder el espacio, nada más". "Nos envían una solicitud y autorizamos esa cesión, el resto de permisos no es cosa nuestra porque aunque el espacio es nuestro, está abierto al público", aseveran.

O Marisquiño elabora, por otro lado, un plan de seguridad que debe ser avalado por el Ayuntamiento. Precisamente Abel Caballero confirmó este mismo lunes que "el Puerto es quien tiene que dar autorización porque es el dueño del lugar" y, paralelamente, "el evento tiene que presentar el plan de autoprotección, que lo ha presentado y estaba bien". El alcalde socialista asegura que su cometido consistía únicamente en "pedir el plan, confirmado por los ingenieros, y revisarlo".

Ante este conjunto de tareas compartidas, la incógnita respecto a la responsabilidad sigue sin resolverse. Autoridad Portuaria señala, con el fin de consolidar su versión, a la Ley 10/2017 de espectáculos públicos y actividades recreativas de Galicia, concretamente a su quinto artículo, que fija dentro de las competencias municipales "otorgar las licencias que correspondan en relación con los espectáculos públicos y las actividades recreativas que se desarrollen dentro del término municipal", además de adoptar medidas para "el desarrollo ordenado de los espectáculos públicos", ejercer las funciones "de inspección y control" y realizar las "actuaciones precisas" para su adecuado transcurso.

Por otro lado, el Puerto vigués se refiere al proyecto de transformación urbana popularmente conocido comoAbrir Vigo al Mar, un convenio de colaboración suscrito en 1992 por el Ayuntamiento, el Consorcio de la Zona Franca y el Puerto, donde queda establecido que, por un periodo de 50 años, "el Ayuntamiento se compromete al mantenimiento de toda la actuación en perfecto estado de conservación, bien con sus propios medios o bien con la oportuna contratación de obras y servicios".

Abel Caballero, no obstante, apela a la orden por la que se aprueba la delimitación de espacios y usos portuarios del puerto vigués y dice que la zona afectada es náutica-deportiva. Se asigna, dice el documento publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en abril del 2015, el uso portuario náutico-deportivo "a la mayor parte de las instalaciones actuales del puerto deportivo, actualmente otorgadas en concesión al Real Club Náutico de Vigo". En todo caso, señaló el alcalde ante los medios de comunicación, la zona accidentada es "un muelle anterior a Abrir Vigo al Mar y las ciudades no mantienen muelles". Finalmente, y aunque aseguró no querer "asignar responsabilidad a nadie", el socialista recalcó que su "competencia acaba donde empieza la del Puerto".

La odisea de los festivales

Quienes se dedican a observar de cerca el funcionamiento y desarrollo de este tipo de eventos admiten cierta sensación de tragedia anunciada. No sólo en el caso concreto de O Marisquiño, sino ante la sucesión de problemas, lagunas y errores que se vienen produciendo en los grandes festivales. David García Aristegui, portavoz de la Sección de Música en CNT Gráficas, Comunicación y Espectáculos, denuncia en conversación con infoLibre una ausencia de seguridad que suele ser tendencia en los festivales. El motivo, dice, el ahorro en gastos. "Hay la percepción de que los festivales son una oportunidad para hacer dinero rápido", explica. Para muestra de ello, añade, la compra del Sónar por parte del fondo de inversión Providence y del Primavera Sound por parte de The Yucapia Companies. "La falta de regulación y de fiscalización por parte de las instituciones propician desastres como el de O Marisquiño", lamenta.

El del festival celebrado en la ciudad gallega no es el único ejemplo que deja entrever una gestión cuanto menos problemática. En 2017, recuerda García Aristegui, fallecía el bailarín Pedro Aunión "al precipitarse desde casi 30 metros de altura en una performance acrobática dentro del festival madrileño Mad Cool". Poco tiempo después un operario que instalaba las gradas para el ciclo Conciertos de Viveros, en València, se precipitó al vacío, quedó en coma cerebral y "dio la impresión de que se hizo todo lo posible por tapar el accidente", que terminó con su muerte el 4 de julio del pasado año. "Además estuvo el incendio del Tomorrowland y las avalanchas de gente en el Arenal, algo similar al Mad Cool de este año. Y ahora O Marisquiño. Que cada cual saque sus propias conclusiones", invita el sindicalista.

Pero no sólo los déficits de seguridad suponen un quebradero de cabeza para los sindicatos, sino que las condiciones laborales de quienes participan en estos festivales son además foco de preocupación constante. "Los festivales se niegan a algo tan elemental como aclarar qué convenios utilizan", detalla García Aristegui. Por ello, dice, "urge a nivel laboral clarificar cuál es el convenio de referencia, exigir su cumplimiento y sancionar en caso de que no se aplique". Además, "no se respetan las jornadas, no se aplican los convenios correctos, no hay formación en materia de salud laboral y seguridad, hay un entramado de subcontratas con condiciones muy precarias, se paga a las y los trabajadores con retraso... Los festivales, hoy por hoy y salvo contadas excepciones, son una pesadilla a nivel laboral".

Ante este escenario, el sindicalista llama a un inmediato cambio de modelo. "Los festivales afectan al circuito de salas, tienen impacto ecológico, no sirven de lanzadera para las bandas locales y sólo apuestan por lo seguro, por los artistas que saben que van a atraer gente", mientras que otros "festivales muy masificados no son más que otra forma de turismo low-cost". El portavoz sindical, miembro también de la Unión Estatal de Sindicatos de Músicos, Intérpretes y Compositoras, asegura que las propuestas para mejorar el sector están sobre la mesa y no pueden esperar a una nueva tragedia. "Si se nos ignora, empezarán las movilizaciones y acciones de denuncia", zanja.

Dentro de dos meses, exactamente el 21 de mayo, se cumplirá el primer aniversario de la contundente victoria de Pedro Sánchez sobre Susana Díaz en las primarias del PSOE. Un triunfo construido entre otras ideas sobre un discurso de izquierdas, que anticipaba una dura oposición al PP, y una propuesta territorial que pasaba necesariamente por una ambiciosa reforma de la Constitución.

En este tiempo, a Pedro Sánchez y a su equipo se le empiezan a acumular los problemas: la división interna sigue prácticamente tan viva como el primer día, el discurso territorial se ha ido diluyendo hasta casi desaparecer y la construcción de una identidad política nítidamente distanciada del PP se ha desdibujado por el apoyo cerrado que el PSOE ha prestado a la decisión de Mariano Rajoy de intervenir la autonomía catalana. infoLibre examina a continuación las principales dificultades a las que se enfrenta el proyecto de Sánchez (las citas que encabezan cada apartado están entresacadas del documento Por una nueva socialdemocracia, el programa con el que Pedro Sánchez ganó las primarias de 2017).

  1. La unidad que no llega

La profunda grieta que se abrió entre el PSOE que promovió la caída de Sánchez, la abstención en la investidura de Mariano Rajoy y la candidatura de Susana Díaz a la Secretaría General y el PSOE que ganó las primarias con un respaldo incontestable de los militantes sigue abierta, es profunda y no tiene visos de cerrarse.

Durante sus primeros meses de vuelta a la sede de la madrileña calle Ferraz, Sánchez y los suyos se han aplicado, en el terreno orgánico, a la tarea de asegurar el máximo control posible del aparato del partido y han tejido, sin resistencia activa por parte de los perdedores, un reglamento interno que desactiva los resortes tradicionales con los que los barones habían condicionado hasta ahora las decisiones internas del PSOE durante los últimos cuarenta años.

Tras los congresos territoriales que siguieron al federal, el nuevo mapa de poder orgánico en el PSOE dividió el partido en dos mitades claramente desiguales. De un lado, tres barones situados en el sector crítico: Lambán (Aragón), Page (Castilla-La Mancha) y sobre todo Susana Díaz (Andalucía). Del otro, al menos doce federaciones afines a Sánchez (Cataluña, Madrid, Illes Balears, Castilla y León, Galicia, Navarra, Euskadi, Murcia, Asturias, Canarias, Cantabria y La Rioja). A las que hay que sumar, con matices, otras dos: Comunitat Valenciana y Extremadura, porque no son pocas las voces que sitúan sus dos secretarios generales, Ximo Puig y Guillermo Fernández Vara, a medio camino entre las dos facciones.

Pedro Sánchez y Susana Díaz se saludan en Alcalá de Henares (Madrid) durante una reunión del Comité Federal del PSOE.

Durante los meses transcurridos desde las primarias, que se celebraron en mayo de 2017, los críticos han dejado hacer, casi siempre en silencio, conscientes de la dureza de la derrota que les infligieron los militantes socialistas. Han mantenido las formas, a pesar de la ofensiva orgánica planteada por el sanchismo y de las discrepancias que aún mantienen con algunas de las posiciones que está manteniendo el partido —no en relación con el cierre de filas sobre Cataluña, que han compartido con entusiasmo, pero sí en temas como la financiación autonómica, el cupo vasco o más recientemente la prisión permanente revisable—.

El reglamento de primarias, al que los críticos no han plantado cara convencidos de la imposibilidad de parar el modelo de partido que Sánchez se ha propuesto construir con el aval de los militantes, y sobre todo el caso Elena Valenciano, abierto después de que la dirección decidiese no respaldar el deseo de la ex número dos de Alfredo Pérez Rubalcaba de optar a la Presidencia del grupo socialista en el Parlamento Europeo, fueron suficientes para colmar la paciencia de los críticos. Sus principales representantes, Rubalcaba desde la reserva y Díaz desde el poder institucional, encabezaron un plantón que dejó en evidencia el intento de Sánchez de escenificar la unidad y su fracaso a la hora de coser el partido.

  Son muy pocos los partidarios de Díaz que han recompuesto la relación con Sánchez

Del sector del PSOE que dio la espalda a Sánchez en 2016 son muy pocos los que han recompuesto, o están en trance de recomponer, la relación con el secretario general. La lista es muy corta: la encabezan Patxi López, adversario en las primarias y hoy responsable de Política Territorial de la Ejecutiva, y el barón extremeño, Guillermo Fernández Vara. Y la completan el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y quien fuera su mano derecha en el partido, José Blanco. Algunos suman también a esta breve nómina al alcalde de Vigo y presidente de la FEMP, Abel Caballero, aunque en este caso es común la creencia de que se trata de un acercamiento más institucional que político.

Con todo, y a pesar de la visibilidad que el partido regaló a la disidencia al darle la oportunidad de dejar sus sillas vacías en la reciente Escuela de Buen Gobierno, que el propio Sánchez había anunciado como el el escenario de la reconciliación, los críticos están lejos de ser una fuerza organizada. Hablan entre ellos, comparten análisis, pero evitan que sus opiniones fragüen en iniciativas concretas.

Pedro Sánchez se dirige a los asistentes a la reunión del Comité Federal del PSOE celebrada en Aranjuez (Madrid).

Son conscientes, según uno de sus integrantes, de que es imposible remover de su silla a Pedro Sánchez. Los críticas se han resignado a esperar el desastre electoral que a estas alturas consideran inevitable. Escocidos todavía por el fracaso de Susana Díaz, han asumido que sólo una nueva derrota en las urnas del secretario general y un fracaso en el tercer intento de asaltar la Moncloa pueden poner en marcha la combinación de fuerzas que calculan necesaria para disputar a Sánchez la Secretaria General.

Lo que exige, además, la aparición de un nuevo liderazgo. Nadie da nombres; falta aún demasiado tiempo, pero los más nostálgicos imaginan un regreso triunfal de Eduardo Madina, un político joven, de absoluta confianza de Rubalcaba, que como diputado perdió las primarias a las que acudió Sánchez por primer vez en en 2014 y que terminó abandonando el Congreso tras la segunda victoria del actual secretario general para dar más nitidez a su desmarque del equipo actual.

Es verdad que la oposición interna a Sánchez no “pasa de un runrún”, no hay actividad organizada contra la dirección, reconocen los críticos. Otra cosa es que el malestar aflore en situaciones como la provocada por la Escuela del Buen Gobierno, “porque lo que no puede ser es que te marginen y encima te inviten a hacerte una foto de unidad”.

Ambas partes, sanchistas y críticos, se echan la culpa de que las cosas estén muy lejos de normalizarse y se reprochan mutuamente no haber dado los pasos que hacían falta para cerrar las heridas. La dirección acusa a sus adversarios internos de no haber sabido aceptar el resultado de las primarias; los críticos siguen echando en falta diálogo sincero y una auténtica voluntad de integración.

  2. El modelo territorial encalla

El modelo territorial de Pedro Sánchez fue una de sus señas de identidad durante la larga, larguísima campaña de las primarias. Y se convirtió en un objetivo oficial del partido: reconocimiento del carácter plurinacional de España, incluyendo el estatus de nación para, al menos, las comunidades históricas, y una reforma federal de la Constitución que sirviese de paso para resolver el contencioso con Cataluña, que ya entonces se dirigía a la crisis política sin precedentes que acabó estallando en otoño.

Sánchez y su equipo diseñaron toda una estrategia destinada a llevar ese debate al Congreso. Idearon una comisión de evaluación del Estado Autonómico y negociaron la participación en ella de PNV, PDeCAT, Unidos Podemos, PP y hasta Ciudadanos. A través de esa comisión pretendían abrir en seis meses la reforma de la Constituciónseis meses para, entre otras cosas, adaptar el encaje de Cataluña en España a los deseos de la mayoría de los catalanes.

Esa estrategia descarriló con el procés. La actitud del Gobierno con los independentistas, especialmente la represión policial el 1 de octubre, dejó al PSOE como único compañero de viaje del PP y Cs no sólo en la defensa del marco constitucional y de la aplicación del artículo 155 sino en la comisión territorial del Congreso, de la que se dieron de baja el resto de los partidos.

  Sánchez ha enterrado su discurso en materia territorial

Ya cuando se estaba aplicando el articulo 155 y en plena campaña para las elecciones catalanas del 21D, Sánchez acabó enterrando su discurso en favor del reconocimiento de la España plurinacional. Una decisión que motivó incluso el malestar de una parte del sanchismo, que veía cómo una de las tesis política clave de la nueva dirección se estaba viendo hipotecada por el corsé de la alianza con el PP y Ciudadanos.

Tal fue el giro del PSOE que en enero el profesor universitario José Antonio Pérez Tapias, exportavoz de la corriente interna de Izquierda Socialista y exmiembro del Comité Federal, al que en 2014 apoyó el 14% de los militantes para que se convirtiera en secretario general y que había sido uno de los pocos dirigentes que defendió a Sánchez cuando la vieja guardia forzó su dimisión, acabó rompiendo su carnet del partido. En noviembre había pedido a la dirección en España y en Cataluña que hicieran “autocrítica” de su papel en la crisis independentista y pasasen a defender la celebración de un referéndum legal pactado como la única solución posible del problema. Una demanda que tenia el apoyo del 80% de los catalanes pero que la dirección federal prefirió no hacer suya.

El líder del PSC, Miquel Iceta, y el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez.

El resultado de las elecciones catalanas, en las que el PSC quedó lejos de sus expectativas, disipó aún más al discurso territorial de los socialistas. Pedro Sánchez desterró definitivamente este asunto de su agenda y pasó a centrar todas sus intervenciones en las propuestas sociales, desde las pensiones a la igualdad.

Paradójicamente, el golpe de gracia a la estrategia territorial del PSOE se la ha dado hace apenas unos días Ciudadanos al abandonar con un portazo la comisión de evaluación del Estado Autonómico, en la que ahora los socialistas sólo cuentan con la presencia del PP. La ausencia de otros interlocutores acaba con cualquier posibilidad de que la comisión pueda convertirse, como pretendía la actual dirección socialista, en la llave que abriese la reforma constitucional sobre la que Sánchez había construido su solución para el conflicto catalán.

Para colmo, ni siquiera la unidad de acción entre la dirección federal y el PSC parece estar a salvo de la crisis de discurso en la que ha entrado el socialismo en esta materia. Desde el 21D y hasta ahora PSOE y socialistas catalanes defendían lo mismo (corresponde a los partidos independentistas, que tienen mayoría absoluta en el Parlament, resolver la situación y deben hacerlo con un candidato que cumpla la ley), pero este sábadoMiquel Iceta se salió del guión. El PSC ha pasado a defender un gobierno de concertación con la participación de todos como fórmula para hacer frente a la excepcional crisis institucional y política que vive Cataluña, especialmente agudizada tras los procesamientos dictados por el Supremo y por la detención en Alemania del expresidente Carles Puigdemont. Una idea que rechazan en Ferraz.

  3. La distancia con el PP

Fue uno de los mensajes que más ayudaron a Sánchez a conseguir el apoyo mayoritario de los militantes y regresar a la Secretaría General del PSOE bajo el lema “no es no”, después de que sus adversarios, agrupados en torno a Susana Díaz, hubiesen avalado la decisión de facilitar la investidura de Mariano Rajoy. Desde el primer momento, Sánchez se aplicó a su objetivo de apuntalar la identidad de izquierdas del partido para frenar el trasvase de voto a Podemos y sentar las bases de una alternativa de izquierdas a Mariano Rajoy que tuviera a los socialistas en el centro de gravedad.

Para conseguirlo, la dirección socialista no sólo definió sus prioridades en materia social, dispuesta a dar la batalla desde el primer momento en asuntos tales como las pensiones, la reforma laboral, la dependencia, la educación o las políticas de igualdad, sino en materias tan espinosas como la actualización del modelo territorial diseñado en la Constitución de 1978.

La crisis catalana, sin embargo, dio muy pronto al traste con los planes de Sánchez. A pesar de su resistencia inicial —en un primer momento tanto él como Miquel Iceta reclamaban una solución política negociada—, el PSOE acabó sumándose a la estrategia de Mariano Rajoy para hacer frente al desafío secesionista exclusivamente con medios judiciales, policiales y, cuando el Parlament proclamó la independencia de la república catalana, con la intervención de la autonomía mediante la aplicación del articulo 155 de la Constitución. La posición del PSOE apareció, a partir de ese momento, indisolublemente ligada a la de Rajoy. De hecho, los contactos entre ambos líderes, inexistentes hasta esa fecha, se volvieron frecuentes.

Mariano Rajoy saluda a Pedro Sánchez en la puerta del Palacio de La Moncloa durante uno de sus encuentros para abordar la situación en Cataluña.

Superada la cita electoral catalana, con tan magros resultados para el PSC —lo que muchos analistas relacionan con las dificultades de los socialistas para marcar un discurso propio que les distanciase del PP—, Sánchez se apoya en la agenda social del partido para tratar de dibujar un perfil propio. Desoye desde entonces los cantos de sirena que periódicamente le llegan desde Moncloa, bien para pactar la política del agua, bien para hablar de financiación autonómica bien para que apoyen el proyecto de Presupuestos, que no podrán salir adelante sólo con la ayuda de Ciudadanos. Pero la agenda política no siempre le ayuda: hace pocos días votó con la derecha a favor de mantener el delito de injurias al rey que los tribunales europeos han invalidado y acabó retratándose con el PP para mantener en toda su vigencia la ley preconstitucional de amnistía de 1977, que todavía hoy garantiza la impunidad de los crímenes cometidos por la Dictadura franquista.

  4. Un grupo poco cohesionado

Pedro Sánchez regresó al liderazgo del PSOE pero no a su escaño en el Congreso de los Diputados, al que renunció en octubre de 2016 para no verse obligado a facilitar la investidura de Mariano Rajoy. Aquel golpe de efecto privó al renacido líder socialista de una presencia en la Cámara que muchos consideran esencial para construir una alternativa política, porque es en el hemiciclo donde los líderes de la oposición confrontan con el presidente del Gobierno.

La solución elegida por Sánchez fue poner al frente del grupo a su fichaje estrella de las elecciones de 2016, la magistrada del Tribunal Suremo en excedencia Margarita Robles, que ni siquiera milita en el el partido. Y su papel como portavoz del PSOE, especialmente cuando le tocan los cara a cara con Rajoy, un especialista en los toma y daca parlamentarios, no está siendo del agrado de casi nadie, ni siquiera de quienes simpatizan honestamente con ella dentro el grupo parlamentario. Los críticos, mucho menos dispuestos a los paños calientes, la consideran directamente el epítome de cómo no conectar con los ciudadanos.

De lo que ocurre en el grupo socialista del Congreso trascienden periódicamente los críticas que algunos de sus miembros dejan caer a través de la prensa y que evidencian la existencia de malestar entre los diputados menos afines a Sánchez por su supuesta marginación en las tareas parlamentarias. Y no sólo por la organización del trabajo, sino por las prioridades que se fijan cada semana y que dependen de la Ejecutiva Federal. Algunos diputados creen que el partido está perdiendo la batalla por la iniciativa política frente a Unidos Podemos, que se adelanta en la tramitación de propuestas sobre las pensiones o sobre igualdad. Y critican otras iniciativas, como la que defendió que el crecimiento de los sueldos de los políticos se iguale al de las pensiones, enviando el “mensaje equivocado” de que el problema de la Seguridad Social son los salarios de los representantes públicos.

La portavoz parlamentaria del PSOE, Margarita Robles, interviene en la sesión del control del Congreso.

Otros parlamentarios se quejan de que, en debates como el de la derogación de la prisión permanente revisable, el partido no haya tenido cintura suficiente como para aparcar la cuestión a la espera de lo que diga el Tribunal Constitucional en un momento en el que la opinión pública, espoleada por la derecha y una parte de los medios de comunicación al calor del asesinato de un niño en Almería, exige su mantenimiento. La decisión de levantarse de la mesa de negociación del pacto educativo o la demanda a Rajoy de una moción de confianza si no presentaba los Presupuestos también han suscitado críticas internas.

La consecuencia de este estado de cosas es que en el seno de los grupos parlamentarios del Congreso y del Senado, quienes no se identifican con Pedro Sánchez y su equipo se mueven entre la “resignación” y la “desesperanza”.

“En primera línea están los de tercera”, sostiene uno de ellos. Los políticos de primera, razona la misma fuente, son “los que sintonizan con rapidez con los ciudadanos”. Pero “aquí el problema es que no se conecta con la gente, los ciudadanos no saben qué decimos”.

  “Los ciudadanos no saben qué decimos”, lamentan los críticos

Los críticos no creen que el problema sea la ausencia de Sánchez del Congreso: “Sobran mil plataformas desde las que transmitir el mensaje; el problema es de falta de conexión, no tener capacidad de transmitir, de tener un discurso”. Construir una agenda política basada en las pensiones, los derechos sociales o la igualdad no sirve de mucho si Sánchez y su equipo no son capaces de “colocar sus mensajes en la ciudadanía”, lamentan.

Un día tras otro, con multitud de actos, ruedas de prensa en la sede federal o comparecencias en el Congreso, la dirección del PSOE se esfuerza por fijar un mensaje propio, generalmente vinculado a la agenda social. Pero los discursos “no calan” y los titulares de prensa acaban dirigiendo la atención a territorios más incomodos para los socialistas: la división interna, la crisis catalana o el apoyo a la ley de amnistía de 1977, por citar tres ejemplos recientes.

  5. La remontada que no llega

Los socialistas registraron su peor expectativa de intención de voto en el otoño de 2016, justo cuando Pedro Sánchez fue forzado por la vieja guardia del partido y la plana mayor de los barones territoriales a abandonar la secretaría general para facilitar la investidura de Mariano Rajoy y evitar una tercera convocatoria de elecciones generales.

En aquellos momentos el CIS pronosticaba al PSOE un raquítico 17% de intención de voto, la mitad que al PP y casi cinco puntos porcentuales menos que a Unidos Podemos. En abril, cuando la cruenta batalla entre Pedro Sánchez y Susana Díaz aún no se había resuelto, ese porcentaje había subido al 19,9%, según las estimaciones del CIS, prácticamente a la par que la formación de Pablo Iglesias y todavía a más de once puntos porcentuales del PP.

Esta tendencia cambió, de golpe, con el resultado de las primarias. El efecto Sánchezdisparó las esperanzas del partido al situar la intención de voto en un 24,9% en el barómetro del CIS del mes de julio. El PP caía, quedaba a tiro de piedra de los socialistas (menos de cuatro puntos porcentuales) y su suma con Ciudadanos (14,5%) mantenía el espacio político conservador por detrás de una hipotética alianza entre el PSOE y Unidos Podemos.

Sin embargo, lo que en verano parecía una tendencia muy prometedora, con el tiempo se ha ido convirtiendo en un espejismo. En octubre, ya en plena crisis política catalana, el CIS dio a los socialistas un 24,2%, muy ligeramente por debajo de la cifra de julio. En enero ese porcentaje había caído a un 23,1 y en marzo, hace apenas unas semanas, algunas encuestas subrayaban una tendencia a la baja que dejaría al PSOE en un 21,4%.

A pesar de la evidencia de las cifras, que corroboran otras encuestas, la dirección del PSOE insiste en no darles credibilidad. La tesis oficial, pese a los estudios cualitativos que revelan lo contrario, es que el auge de Ciudadanos perjudica exclusivamente al PP.

No obstante, la esperanza de Pedro Sánchez de que el descenso del partido de Mariano Rajoy acabe por situar al PSOE en el primer puesto en las preferencias de los electores no se está viendo confirmada por los estudios de intención de voto, en muchos de los cuales el crecimiento de Ciudadanos es tan sostenido que el partido de Albert Rivera no sólo habría superado a los socialistas sino que estaría incluso por delante del PP.

En los ocho meses que han transcurrido desde la celebración del 39º Congreso, ya a la espera del barómetro del CIS de abril, el PSOE ha perdido, otra vez, casi dos puntos de intención de voto. De mantenerse la tendencia, para el mes de mayo —primer aniversario de ls primarias— el efecto Sánchez se habrá evaporado y los socialistas se adentrarán en la primavera con las mismas expectativas electorales de hace un año, con el agravante de que la suma de la derecha sigue al alza gracias al extraordinario auge de Ciudadanos y ya roza el 50% —casi siete puntos porcentuales más que el pasado verano, antes del estallido de la crisis catalana—.

Donde la dirección sanchista ve encuestas interesadas, que buscan marcar tendencias artificiales, los críticos detectan un fenómeno tan insólito como preocupante: “Es incomprensible que la caída de PP y Unidos Podemos sólo se traslade a Ciudadanos y no al Partido Socialista”, sostiene un antiguo dirigente con escaño. Lo que ha pasado es que “se han roto los vasos comunicantes” y “votantes del PSOE que se habían pasado a Podemos están yendo ahora a Ciudadanos sin pasar por el Partido Socialista. Ahora dependemos de que los demás pierdan, no de ganar nosotros”, se lamentan.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha desenterrado la idea de conceder una quita de la deuda contraída por las comunidades autónomas, aunque sin llegar siquiera a nombrarla. La reacción no ha sido tan airada como la que sufrió el secretario general del PSC, Miguel Iceta, desde sus propias filas cuando incluyó la propuesta en el programa socialista para las últimas elecciones catalanas. Entre otras razones porque, en principio, el ministro se ha limitado a pedir sugerencias para ver “qué se hace” con la deuda autonómica y, “particularmente, con la que las comunidades tienen contraída con el Estado”.

Pero Montoro también invitó a estudiar “qué parte de esa deuda corresponde a insuficiencias del sistema de financiación actual”. “[El ministro] está reconociendo implícitamente que existe una insuficiencia de financiación de algunas comunidades autónomas”, apunta el catedrático de la Universitat de València Francisco Pérez García, uno de los expertos de la comisión que el pasado julio elaboró un informe sobre el sistema a petición del ministerio. Un primer paso en el camino hacia la quita.

Así han debido de entenderlo también los dirigentes de Extremadura, Canarias, Castilla y León y La Rioja, que se han pronunciado inmediata y radicalmente en contra de una condonación, sobre todo si no es para todas. “Las deudas hay que pagarlas”, zanjó la vicepresidenta extremeña, Pilar Blanco-Morales, quien no obstante apoya una “reestructuración” a interés cero. “La Rioja ha tenido mejor comportamiento durante la crisis económica y un mayor compromiso con los objetivos de consolidación fiscal”, replicó el consejero de Hacienda, Alfonso Domínguez, “y eso no puede ser penalizado”. Si hay quita, añadió, debe ser igual para todas las comunidades autónomas e incluir una compensación adicional a las menos endeudadas.

En el mismo sentido se pronunció la portavoz de la Junta de Castilla y León, Milagros Marcos, quien pide “iguales condiciones para todos” y que se tenga en cuenta a las comunidades que, como la suya, “han cumplido con el objetivo de déficit y han tenido capacidad para financiarse en los mercados ordinarios”.

La consejera de Hacienda de Canarias, Rosa Dávila, ha desdeñado por “inoportuna” la propuesta de Cristóbal Montoro, que tacha de “globo sonda”. A su juicio, “si hay una quita o una reestructuración, tiene que ser equitativa para todas las comunidades autónomas”. También reprochó al ministro que pretenda “arreglar la crisis de Cataluña” perdonando la deuda y “dejando atrás a las comunidades que han tenido un buen comportamiento”.

El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y alcalde de Vigo, Abel Caballero, no ha dudado en sumarse al carro de las críticas pidiendo que primero se reestructure la deuda de los ayuntamientos y entidades locales, en lugar de premiar a las administraciones “ineficientes”.

Sólo el presidente valenciano, Ximo Puig, ha saludado las palabras del ministro. “Son un avance”, elogió. La Comunidad Valenciana, la segunda con mayor volumen de deuda y la más perjudicada por los sistemas de compensación del sistema de financiación autonómica, necesita “una compensación respecto al pasado”, reclamó Puig.

Una deuda de 284.407 millones de euros

Durante la crisis económica y fruto del aumento de los déficit presupuestarios de las administraciones, la deuda pública se disparó del 35,6% del PIB en 2007 hasta superar el 100% en 2014. En el tercer trimestre de 2017 se situaba en el 98,7% del PIB. Sólo la deuda de las comunidades autónomas creció del 5,7% del PIB en 2007 hasta el 24,7% en el tercer trimestre del año pasado, según los últimos datos publicados por el Banco de España. Así, suma 284.407 millones de euros. De esa cifra, el 56% corresponde a la deuda de las comunidades con el Estado.

Cataluña es la más endeudada, con 76.831 millones de euros, seguida de la Comunidad Valenciana, con 44.435 millones, y de Andalucía, con 33.631 millones. Madrid debe 32.517 millones de euros. Las menos endeudadas son La Rioja –1.528 millones– y Cantabria –2.996–. Pero si se relaciona con su PIB, la deuda valenciana representa el 41,3%; la catalana, el 34,9%; la de Castilla-La Mancha, el 36,1%; la de Baleares, el 30,7% y la de Murcia, el 28,7%. La menos endeudada del régimen común –excluidos, por tanto, el País Vasco y Navarra– es Canarias, con un 16,7% de su PIB.

Soluciones diferentes para deudas distintas

La comisión de expertos reunida por Hacienda el año pasado reconoció que las causas del endeudamiento de cada comunidad autónoma son distintas: se parte de distintos niveles iniciales de deuda en el momento en que se homogeneizaron las competencias, en 2002; desde entonces los recursos con que han contado las comunidades han sido diferentes y, finalmente, también han sido dispares los niveles de gasto por habitante. Por consiguiente, coincidieron los economistas, la solución no puede ser la misma para todas. En cambio, no pudieron ponerse de acuerdo en cómo ha de “metabolizarse” la deuda.

La mayoría de los 21 expertos se pronunciaron a favor de una “restructuración transparente, supervisada por el Banco de España y la AIReF [Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal]”, que se traduciría en una ampliación “razonable” de los plazos, nuevos periodos de carencia y tipos de interés favorables. Pero siempre condicionada al cumplimento de unos objetivos de consolidación fiscal y presupuestarios.

Otra parte de la comisión apoyaba una quita en dos tramos. El primero debería cubrir un porcentaje común para todas las comunidades autónomas por la insuficiencia de recursos padecida entre 2009 y 2016. El segundo atendería la infrafinanciación sufrida por algunas comunidades que han recortado sus gastos por habitante por debajo de la media nacional. También en este caso la condonación estaría condicionada a los objetivos para eliminar el déficit.

Reestructuración inevitable, pero con equidad

Francisco Pérez García fue uno de los expertos a favor de la quita. Según sus cálculos, ésta podría cifrarse entre 65.867 millones de euros, el mínimo para conseguir que las comunidades vuelvan a financiarse en los mercados –para ello tendrían que alcanzar una ratio de deuda respecto de sus ingresos del 180%, ahora algunas superan el 250%–, y un máximo de 191.498 millones, el importe de los recursos gastados en prestar los servicios públicos fundamentales entre 2009 y 2016.

Según explica, no se puede hablar de comunidades “descuidadas” en su gestión sin analizar primero las causas del endeudamiento. “Hay que ver cuánto tenía al principio y cuánto me he gastado después”, resume. La Comunidad Valenciana, a la que representó como experto, es una de las más endeudadas “no porque haya gastado más, sino a pesar de que gastó menos”. Sus ingresos, calcula, han sido ocho puntos inferiores a la media, como también sus gastos. En todas las comunidades autónomas, el gasto real por habitante se ha reducido un 15% de media, lo que no ha impedido el endeudamiento, destaca, debido a la caída de los ingresos. Tras ese recorte está la crisis, pero también el modelo de financiación, argumenta Pérez García.

Santiago Lago-Peñas, profesor de la Universidad de Vigo y representante de Galicia en la comisión de expertos, se pronunció en contra de la quita, pero considera “inevitable” la reestructuración. A su juicio, el problema de la condonación está “muy concentrado” en Cataluña y la Comunidad Valenciana, que suman un tercio de la población. En cualquier caso, reclama una mejora del sistema –“es cierto que algunas comunidades están infrafinanciadas y tienen que ganar en recursos”, admite– y ayuda para hacer sostenible la deuda, ampliando plazos y con tipos de interés bajos. Porque, con una quita insuficiente a la Comunidad Valenciana “no se soluciona el problema si no se reforma el sistema de financiación”. Y advierte de que si los tipos de interés regresan a valores normales –del 3% al 5%–, la deuda valenciana o catalana es “una bomba de relojería que puede estallar en dos o tres años”.

“Hay poca diferencia entre reestructuración y deuda”, tercia Alain Cuenca, profesor de la Universidad de Zaragoza que participó en la comisión a propuesta de Aragón. Se trata, apunta, de una mera cuestión de “intensidad”. Cuenca pone el foco en que lo fundamental es que la medida se aplique con “equidad”, sin beneficiar a las comunidades que “peor han gestionado”. Tanto Madrid como la Comunidad Valenciana están infrafinanciadas, pero sus deudas son “distintas”, resalta. Lo mismo ocurre con Castilla-La Mancha y Andalucía. Y la diferencia estriba en el “gasto excesivo”. Esa equidad, por tanto, debería evitar que se “deje en la estacada” a las autonomías que han sido “prudentes”, como Aragón, Galicia o Castilla y León, por ejemplo.

Para Alain Cuenca, el objetivo debe ser que todas las comunidades autónomas vuelvan a financiarse en los mercados –en lugar de con el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) como ahora– en un plazo de dos o tres años, porque, su juicio, introducirán “cierta disciplina”.

Hasta dónde quiere llegar el ministro Montoro con la deuda, si se quedará en la reestructuración o llegará hasta la quita, es aún una incógnita. Cuenca no descarta el perdón de la deuda, teniendo en cuenta que “las comunidades le piden [al ministro] un aumento de la financiación de hasta 17.000 millones de euros”. Tanto Lago Peñas como Pérez García insisten en que una quita sin reforma del sistema no soluciona nada. Lo fundamental, apuntan, es mejorar el modelo. “No tiene sentido una quita sin reformar el sistema”, recalca el catedrático valenciano, “porque si las comunidades siguen infrafinanciándose, el alivio [de una quita] no durará mucho tiempo”.

El alcalde socialista de Vigo, Abel Caballero, ha dicho este viernes que la posible entrada de Podemos en el Gobierno socialista de Castilla-La Mancha a cambio de respaldar los presupuestos regionales es "razonable" y no le "disgusta", y ha asegurado que existe una "pesoización" de la formación morada.

En una entrevista en RNE recogida por Europa Press, el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP)FEMP, Abel Caballero, ha expresado su apoyo hacia Emiliano García-PageEmiliano García-Page respecto al pacto con Podemos en Castilla-La Mancha: "La cuestión es que tengas un proyecto definido y autónomo (...). Emiliano lo tiene", ha afirmado, y ha añadido que lo es "tanto" que le "pisó los talones" al PP en las pasadas elecciones autonómicas. "La vez siguiente va a ser primera fuerza política", ha aseverado.

En ese sentido, sobre el acercamiento que se dio entre los secretarios generales de PSOE y Podemos, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, respectivamente, durante las negociaciones para una investidura del líder socialista, el alcalde de Vigo ha negado que él lo criticara: "Yo la apoyé, a mí me parecía bien", ha afirmado.

Asimismo, ha matizado que estas negociaciones y las de Castilla-La Mancha "son casos completamente distintos": "Hay que buscar aliados porque si no, no se podría gobernar (...) pero las alianzas tienen que ser en contextos de aproximación política coherente", ha explicado. Y ha añadido que los "gobiernos de coalición" son "mandatos democráticos": "Gobernar de acuerdo con lo que decidieron los ciudadanos (...) es democracia", ha zanjado, insistiendo en que un acuerdo con 'los populares' no es lo que "entienden" que responde al "mandato".

Preguntado por si la aproximación entre PSOE y Podemos responde a una 'podemización' del partido, Abel Caballero ha aclarado que, a su juicio, responde a una "pesoización" de la formación morada y ha concluido con que "no es bueno" definir a un partido "en función de otros": "Hablo de teoría política (...), hay que definirlo en función de su proyecto político hacia los ciudadanos", ha subrayado.

El alcalde de Vigo, el socialista Abel Caballero, ha dicho este lunes que el PSOE debe aprender del socialismo francés, después de que su candidato, Benoît Hamon, terminase como quinta fuerza política, con un 6,3% de los votos, en la primera vuelta de las presidenciales de este domingo. "Meternos en la izquierda antisistema es un error", ha avisado.

En declaraciones a laSexta, recogida por Europa Press, Caballero ha defendido que los resultados de los comicios, en los que la primera posición fue para el centrista Emmanuel Macron, "tienen que ser una llamada de atención muy importante para el PSOE".

Así, ha dicho que los socialistas en Francia "se equivocaron muy fuertemente hasta en el momento de elegir el candidato en una crisis política", cuando eligieron un candidato "hacia la izquierda absoluta, radicalizando el mensaje".

"Eso es paralelo a lo que Pedro Sánchez propone en España. Que alguien pretenda situar el espectro político de España en ese ámbito del choque con Podemos y dejando todo el resto del espacio político va a conducir a una situación al PSOE como en Francia", ha espetado.

A su juicio, lo ocurrido en el Partido Socialista Francés "es el ejemplo de lo que no hay que hacer", y ha apostado por buscar el espacio de la izquierda hacia el centro. "Si nosotros acertamos, seremos la primera fuerza, y eso es Susana, que es lo que le ha llevado a ser primera", ha opinado.

Así, ha opinado que Sánchez "no estuvo afortunado" cuando dijo que en las primarias el PSOE se juega volver a ser primera fuerza o ser tercera y ha recordado que, con él, el PSOE fue "casi tercera fuerza" en elecciones, en Galicia tercero y en el País Vasco la cuarta. "En este partido hay alguien ganador es Susana y si a alguien le fue mal es a Pedro", ha insistido.

El alcalde de Vigo también ha dejado claro que el PSOE no comparte la noción de "nación de naciones" adoptada por Pedro Sánchez, y cree que es "una deriva nueva en un sector del PSOE mucho más interesado en obtener simpatías en el ámbito de las primarias en Cataluña" más que una convicción de Sánchez, porque éste "lleva en política años y lleva diciendo esto hace unos poquitos meses".

Caballero ha defendido que Cataluña es "una nacionalidad como la define la Constitución" y un "territorio con una profunda identificación como nacionalidad". Así, ha recordado que el PSOE está a favor de una reforma de la Constitución, pero "la solución no esta en la nación de naciones".

El alcalde de Vigo y presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, ha anunciado este viernes la convocatoria de una junta de gobierno extraordinaria, para el próximo 6 de abril, con el objetivo de que este organismo "se posicione" ante la sospecha de que el Gobierno de España no permitirá a las entidades locales reinvertir su superávit.

En una rueda de prensa, el regidor de Vigo ha recordado que, en 2016, los ayuntamientos, diputaciones y demás entidades locales tuvieron un superávit de algo más de 7.000 millones de euros, y que gracias a la eficiencia de estas entidades, España pudo cumplir los requerimientos europeos de déficit.

"Pero demandamos que esos 7.000 millones sean gastados por las corporaciones locales en cada una de las ciudades en las que se generó el ahorro", ha incidido, y ha apuntado que lo que conoce de la redacción de la ley de presupuestos no va en ese camino.

"Lo que conozco me tiene infinitamente preocupado. Con lo que yo conozco de la redacción no va a ser posible ejecutar el superávit en 2017 y los ayuntamientos dejaremos de usar el ahorro de nuestros ciudadanos. Otras administraciones utilizarán los 7.000 millones", ha denunciado, y ha añadido que "el Estado está empezando a marcar una línea altamente preocupante", porque "habla de condonar deuda a las Comunidades Autónomas incumplidoras".

Según Caballero, el Gobierno "empieza a premiar a incumplidores y a castigar a cumplidores", por lo que ha anunciado una reunión urgente en la FEMP y ha advertido de que no descarta "tomar decisiones al respecto" si se confirman sus sospechas.

"Esto no es lo que se nos dijo, ni está en la lógica de la eficiencia. Nos dijeron que podíamos usar el ahorro en favor de los ciudadanos, y se prima a las Comunidades Autónomas incumplidoras", ha sentenciado.

El exconsejero de Sanidad del Principado de Asturias, Faustino Blanco, ha acusado este miércoles al alcalde de Vigo, Abel Caballero, de "estar instalado en idiocia", tras las declaraciones del regidor gallego en una entrevista en La Sexta en las que señalaba que el PSOE "es la socialdemocracia, no la izquierda", a la vez que manifestaba que "la política de 'queremos ser muy rojos' es una simpleza".

Según la Real Academia Española de la Lengua, Idiocia "es un trastorno caracterizado por una deficiencia muy profunda de las facultades mentales, congénita o adquirida en las primeras edades de la vida". Informa Europa Press.

Faustino Blanco, en su cuenta de Twitter, ha mostrado su opinión sobre las ideas del alcalde de Vigo: "Es un tipo que está instalado en la idiocia". El exconsejero desde que abandonó el Gobierno regional es muy activo en las redes sociales y se ha postulado a favor de exsecretario general del PSOE, Pedro Sánchez y muy crítico con la gestora dirigida por Javier Fernández.

Blanco, doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad de Oviedo, especialista en Medicina de Familia y Comunitaria vía MIR, fue consejero de Sanidad en el primer ejecutivo de Javier Fernández del 2012 al 2015, cuando se convocaron nuevas elecciones locales y autonómicas.

El alcalde socialista de Vigo, Abel Caballero, ha criticado este lunes a la presidenta de la gestora del PSdeG, Pilar Cancela, a quien ha hecho responsable, junto con el portavoz parlamentario -y candidato en las autonómicas-, Xoaquín Fernández Leiceaga, de haber "regalado" la mayoría absoluta al PP de Núñez Feijóo.

Según recoge Europa Press, a preguntas de los periodistas sobre las declaraciones de Cancela -en las que advertía de que no se hace "ningún favor" a la normativa del partido cuestionando de forma permanente a Leiceaga-, el alcalde de Vigo ha proclamado que "lo que fue nocivo para el PSdeG fue el resultado de las autonómicas, y haberle regalado la mayoría absoluta a Feijóo". "La mayoría absoluta a Feijóo se la regalaron Cancela y Leiceaga, una como presidenta de la gestora y otro como candidato. Éso fue lo que le hizo daño a este partido y a Galicia, porque ahora tenemos que soportar una mayoría absoluta de Feijóo que va a producir un enorme dolor a mucha gente", ha incidido Caballero.

En esa línea, el alcalde de Vigo ha acusado a la presidenta de la gestora y al portavoz parlamentario, "apoyados por Pedro Sánchez y Cesar Luena", de haber roto "el proceso de unidad" que él mismo había puesto en marcha en el socialismo gallego. "Era muy bueno, en toda Galicia se veía con enorme simpatía ese proyecto de unidad, y fue reventado por Cancela y Leiceaga, entre otros, en una conocida reunión en Madrid", ha subrayado.

Según ha reiterado Abel Caballero, "eso fue lo le hizo daño al PSdeG y a Galicia". "Y ahora algunos tenemos que gobernar soportando una mayoría absoluta del PP que obstaculiza la acción en nuestras ciudades de forma continua; y de eso responden Cancela y Leiceaga", ha sentenciado.

Finalmente, y con respecto a la propuesta de Patxi López de que sean los militantes socialistas los que destituyan a su secretario general, el alcalde ha señalado que no conoce "como Dios manda" dicha propuesta. En todo caso, ha expresado su deseo de que los miembros del partido elijan "al mejor dirigente" y que se haga "un proyecto ganador", porque "los proyectos que acaban con el 11,7 % de votos no son adecuados para el PSOE". "Pregunten a Patxi López si le gusta el proyecto de Vigo, yo le ofrezco el modelo de Vigo para extenderlo a toda España, porque es un proyecto de mayorías del 52 %, y de amplia participación social", ha proclamado.