“Papel mojado”. Así definió este martes Alberto Núñez Feijóo el acuerdo programático suscrito por el PSOE y Sumar como base del Gobierno de coalición que ambas formaciones se proponen formar en cuanto Pedro Sánchez consiga ser reelegido presidente. Un documento irrelevante, señaló, porque todavía no tiene el visto bueno de Junts y de su líder, el eurodiputado Carles Puigdemont.

Esa es la excusa que ha puesto el PP para evitar entrar en el fondo de programa suscrito por Sánchez y Yolanda Díaz en el Centro de Arte Reina Sofía.

¿Qué opina en realidad el partido de Feijóo de las principales propuestas que quieren desarrollar PSOE y Sumar a lo largo de los próximos cuatro años?

El PP sostiene que la reducción de la jornada semanal debe ser pactada por los agentes sociales, empresarios y trabajadores, no impuesta por el Gobierno. Y pone en duda que se pueda llevar a cabo sin reducción de salarios. No tiene una propuesta al respecto más allá de prometer que, si gobierna, potenciará “la flexibilidad del horario laboral” y lo que llama “un banco de horas” para que “las empresas ofrezcan más flexibilidad a los trabajadores sin afectar ni a las horas trabajadas ni al salario”. O, lo que es lo mismo: trabajar lo mismo y por el mismo dinero, pero, mediante acuerdo entre sindicatos y patronal, acumulando más horas un día para acabar antes en otra jornada.

En esta materia, el PP prometió en su programa electoral promover el “fortalecimiento de la formación y el empleo juvenil en el ámbito del trabajo autónomo” y el desarrollo de “un modelo de formación profesional específico para el trabajo autónomo que se adapte a sus necesidades, elimine trabas administrativas y permita el acceso a la formación bonificada a través de las cotizaciones sociales”. Más allá de eso, en el programa electoral no nada para luchar, de manera específica, contra el desempleo juvenil, una tarea que entra de lleno entre las competencias de las comunidades autónomas.

Feijóo sí ha defendido en varias ocasiones la necesidad de ajustar la educación a las necesidades de las empresas. Cuando presidía la Xunta, una comunidad con una tasa de paro juvenil ligeramente por debajo de la media de España, proponía que “el tejido empresarial” orientase “los itinerarios formativos a las demandas de los nuevos perfiles” con el objetivo de poner en marcha lo que llamaba una “formación a la carta, ajustada a las necesidades de las empresas”.

Feijóo prometió lo mismo en su investidura fallida, pero mediante acuerdo con sindicatos y empresarios: aprobar “en el seno del diálogo social, en el primer año de legislatura, un calendario de subida del salario mínimo interprofesional (SMI), con criterios objetivos, para alcanzar el 60% del sueldo medio, tal y como nos hemos comprometido a la Unión Europea”.

El PP defiende la llamada mochila austríaca, ideada para facilitar el despido, aunque no la llama así. Lo dejó por escrito en su programa: “Introduciremos cuentas individuales para los trabajadores, portables, que puedan usar ante diversas contingencias de su vida laboral para ganar en equidad, eficiencia y productividad. Estas cuentas acompañarán al trabajador durante su vida laboral, y se nutrirán a través de aportaciones mensuales de las empresas, con una parte de las cotizaciones sociales que ya abonan. Este mecanismo mejorará la protección de los trabajadores y eliminará barreras a los cambios de empleo voluntarios de los trabajadores con mayor antigüedad”.

En esta materia, el PP sostiene que se trata de una competencia de las comunidades autónomas y que sólo un pacto de Estado puede implementar políticas desde el Gobierno de España. En su programa electoral Feijóo no concretó medidas. Apenas un compromiso para “estudiar todo lo que se ha visto afectado” por la pandemia, “en términos de funcionamiento del sistema y atención sanitaria, para corregirlo con mejor gestión, más innovación, mejor política, más previsión y, sobre todo, un mayor acuerdo y consenso con toda la comunidad sanitaria española, los pacientes y las administraciones autonómicas”. Ni una palabra de más inversión, pero sí la promesa de aprobar una nueva ley de Sanidad en la que quiere insertar la ley de pandemias que reclamó sin éxito desde la Xunta.

Feijóo, eso sí, ha ofrecido repetidamente a Pedro Sánchez un pacto de Estado en esta materia para garantizar la “viabilidad del Sistema Nacional de Salud”, sin precisar su contenido.

En este asunto, el PP quiere derogar la Ley de Vivienda, que sus comunidades ya boicotean activamente haciendo imposible su aplicación. Y propone un pacto con las comunidades y los ayuntamientos para “garantizar un uso racional del suelo, construir viviendas a precios más asequibles, movilizar viviendas en régimen de alquiler y profundizar en la rehabilitación del parque existente”. 

El PP también quiere poner en marcha sí avales para que los jóvenes puedan hipotecarse y, sobre todo, sacar al mercado suelo público “destinado a redes públicas de vivienda, tanto patrimonial como demanial, con destino a fórmulas de promoción de vivienda en alquiler asequible”. Así como desarrollar promociones de vivienda social “con objetivos coherentes y realistas, como elemento fundamental para hacer frente al problema de la vivienda en España”.

En realidad, cuando era presidente de la Xunta, Feijóo apenas promovió la construcción de unas 300 viviendas entre 2013 y 2022.

En esta materia, Feijóo defiende exactamente lo contrario: una revisión a la baja para que las empresas y la economía no se vean perjudicadas por la necesaria adaptación de su producción a las fuentes de energía limpias. El líder del PP afirma que la “transición ecológica” se está haciendo “de espaldas a la sociedad” y al “tejido productivo” y defiende que debe acompasarse “al esfuerzo” de ciudadanos y empresas. Lo resumió con nitidez en su investidura fallida: “Transición ecológica, sí. Dictadura activista, en ningún caso”.

El pasado lunes, en una conferencia ante empresarios, defendió que “un país con todas las capacidades eólicas y solares es un país que puede ir superando el déficit de la ausencia de recursos fósiles y pasar a una nueva era”, pero se quejó de que el Gobierno utilice “mucho más la ideología que la tecnología para mejorar nuestra capacidad energética”. De hecho, Feijóo defiende la continuidad de las nucleares y acusa a PSOE y Sumar de oponerse a esta energía motivos ideológicos.

En este punto, el PP defiende ampliar, pero en el marco del diálogo social, “los permisos de paternidad y maternidad de las familias monoparentales en la parte voluntaria”, así como abordar “el permiso de cuatro meses para los padres con hijos de hasta ocho años”, complementándolos con “nuevos permisos parentales para la atención de familiares y por causas de fuerza mayor a través de la transposición de la Directiva relativa a la conciliación de la vida laboral y familiar”.

También apoyan, de acuerdo con su programa electoral, la conciliación de los autónomos mediante una bonificación específica a la cuota empresarial en caso de que contraten a un trabajador por cuenta ajena “durante el descanso del trabajador autónomo por nacimiento de hijo o situaciones análogas”. 

En este punto, los de Feijóo también proponen educación universal y gratuita de 0 a 3 años, “cofinanciada por el Estado y las comunidades autónomas al 50%, como palanca para la lucha contra las desigualdades en el punto de partida, así como para facilitar la conciliación”. Con el mismo objetivo, el PP quiere promover “programas para el uso de centros educativos más allá del horario escolar con el fin de facilitar conciliación”.

Rebajar impuestos es el eje de toda la política económica del PP. Su programa está plagado de referencias a incentivos fiscales, bonificaciones y ayudas dirigidas a estimular diferentes actividades. A corto plazo quieren deflactar el IRPF para ajustarlo a la inflación y reducir el IVA a la carne, pescados y conservas con carácter temporal. Más allá de eso, proponen “una reforma integral del sistema fiscal” para “proteger el ahorro, la inversión y fomentar la creación de empleo” que incluya eliminar el impuesto a las grandes fortunas y una “simplificación” del IRPF y del Impuesto sobre Sociedades para las pymes, “con especial atención a las empresas con pérdidas y aquellas que incrementen el promedio de su plantilla de trabajadores con contratos indefinidos”.

Las herencias son la primera puerta abierta que está cerrada para muchos. Una puerta que de salir adelante una propuesta planteada en la precampaña del 23J puede estar abierta para todos. Para algunos jóvenes, la herencia universal que propone Sumar les permitirá independizarse a corto plazo. Para otros, "no es viable" o es “utópica”. InfoLibre ha preguntado a diez chicas y chicos a qué destinarían ellos esa herencia. Los beneficiarios de la ayuda de 20.000 euros que pretende facilitar Yolanda Díaz a los mayores de edad de hasta 23 años cuentan cómo ven esta medida de cara al 23J.

La ayuda permitiría a los que cumplen la mayoría de edad, por ejemplo, poder independizarse. Carlos (19 años), de Jaén, reconoce que la propuesta “suena fuerte” y que a él le quitaría el peso de la carga económica de sus estudios y su vivienda fuera de su casa que ahora acarrean sus padres. Él dejó su ciudad natal para irse a estudiar Ingeniería Química. Él lo tiene claro. Dedicaría los 20.000 euros a su carrera. El jienense pide a Sumar, sin embargo, que explique en profundidad su propuesta porque cree que se ha hecho “a lo loco”. Quiere saber, por ejemplo, cómo se tendrá que justificar el “ticket” con los gastos a cargo de la herencia.

María (18) estudia diseño de moda y celebra que la propuesta permitiría a los jóvenes quedarse en el país y no tener que emigrar para tener un sueldo más elevado con el que pagarse unos estudios. Además apunta que el resto de países de la UE deberían copiar la medida. Jacinto (18) también ve bien la propuesta pero defiende no darla “de golpe”. Señala que le parece una buena cantidad y que la dedicaría a estudiar pero teme que algunos puedan malgastar el dinero y dedicarlo a fines menos defendibles. Yolanda Díaz respondió a interrogantes como este en redes sociales y apuntó que pondrán a disposición de los beneficiarios de la una oficina de asesoramiento, con un periodo de acompañamiento administrativo de hasta cinco años.

A Noelia (18), catalana, también le preocupa que se pueda malgastar el dinero y que Sumar lo que pretende es, sencillamente, “buscar el voto joven” pero dice que es una buena inversión para apoyar el talento porque “el futuro somos los jóvenes”. Lamenta que este tipo de propuestas vengan todas ahora que vienen elecciones, como los descuentos en el transporte o el bono cultural. Ella dedicaría el dinero a una carrera de Ciencias "para investigar sobre el Universo". Lucía García (18) también dedicaría su herencia a las ciencias, en concreto a su carrera de Ciencias Biomédicas, y señala que potenciar la vía Erasmus se le hace más viable que apostar por la herencia universal. 

Helena (18) cree que existen causas que merecen más atención que esa hipotetica inversión estatal y que beneficiarían a más gente. Ella no tiene claro a qué estudios destinaría la cuantía pero señala que no la dedicaría a emprender porque, como María (23), opina que “para montar un negocio no da ni para empezar”. Gadea (18) estudia Administración de Empresas en Madrid y tampoco se plantea montar un negocio. Preferiría dedicar esa ayuda a su carrera. Se pregunta acerca de la financiación de la propuesta porque duda de su “sostenibilidad”. En este sentido, el portavoz de campaña de Sumar, Ernest Urtasun, explicó que el coste estimado es de 10.000 millones de euros, un 0,8% del PIB, y que se sufragaría con un impuesto a las grandes fortunas.

María es estudiante y dedicaría la herencia a un máster. Considera que la medida "esta muy bien" pero le resulta “utópica” y se pregunta cómo la llevarían a cabo. Comenta, por ejemplo, que sería mejor destinar ese dinero a ayudas para el alquiler. Algunos jóvenes más también apuntan en esta dirección: Clara (18) prefiere que desde el Gobierno dediquen mayores esfuerzos a políticas de defensa de la salud mental y reconoce que en este momento no sabría qué hacer con la herencia. Óscar (18), de Barcelona, está en la misma situación que Clara, el programa de Sumar le ha sorprendido y no sabría a qué destinarlo. 

Después de la propuesta de universidades gratis, una cuenta de ahorros sin tributar o el transporte público gratuito que ha propuesto Pedro Sánchez, no hay duda de que ellos, los jóvenes, están en el centro de la campaña al 23J.

Una puesta en escena sobria, que recordaba vagamente una sala del prensa del Gobierno. Dos banderas, una de España y otra de Europa, igual que en las comparecencias oficiales de un presidente. Un atril sin logo de partido ni lema de campaña. Y una enorme fotografía de La Moncloa como telón de fondo. El mismo planteamiento, salvando las distancias que van de 2009 a 2023, utilizado para la presentación de los compromisos de Feijóo con Galicia en su primera campaña autonómica. Aunque entonces la bandera española era la gallega y en vez de una foto de La Moncloa se podía ver Montepío en el horizonte, la residencia oficial del presidente de la Xunta en la que el líder del PP acabó viviendo durante trece años.

Ese escenario fue el que el equipo de campaña del PP, muy aficionado a los talismanes políticos, eligió para que su candidato, Alberto Núñez Feijóo, presentase oficialmente el que hasta ahora era uno de los secretos mejor guardados en Génova: el programa electoral que los conservadores se proponen desarrollar a lo largo de los próximos cuatro años si el 23J los ciudadanos les dan escaños suficientes para gobernar.

Claro que para cumplir las 365 propuestas que han incluido a los largo de 108 páginas, el PP va a necesitar de verdad una mayoría absoluta. De otro modo, una parte muy significativa de sus promesas quedará a expensas de lo que negocie con Vox, porque contradicen algunas de las líneas rojas de la extrema derecha.

La mayoría de esos compromisos están en las antípodas, además, de los acuerdos que el PP ha firmado con Vox en cuatro comunidades autónomas (Castilla y León, Comunitat Valenciana, Extremadura e Illes Balears). Como los que hacen referencia a la violencia machista, al cambio climático, a la Agenda 2030, a las política europea en materia de migraciones, a la reforma de la ley trans o a la utilización de las lenguas cooficiales en la enseñanza.

Para “erradicar la violencia machista”, una realidad que según el PP no se puede “negar”, el PP propone dar cumplimiento íntegro al pacto firmado en 2017, ampliar los recursos para luchar contra ella, aprobar una ley contra la explotación sexual de las mujeres y castigar a los proxenetas, reforzar los medios de auxilio a las mujeres o mejorar los controles telemáticos de los maltratadores. En los pactos autonómicos con Vox, en cambio, no hay una sola referencia a la violencia machista, todo lo más a los “discurso machistas”. En ellos el PP ha asumido el discurso de la extrema derecha, que pasa por invisibilizar la violencia que sufren las mujeres por el mero hecho de serlo diluyéndola en el concepto mucho más amplio de la “violencia intrafamiliar”. La justificación de Feijóo fue, en ese caso, que era un tema “obvio”, lo que no ha impedido, en cambio, su inclusión en el programa para las elecciones generales.

El PP asume en su programa la existencia del cambio climático (“un desafío que debemos afrontar”, dice textualmente) y propone medidas para luchar contra él. Y mantiene como propia la Agenda 2030 (un proyecto internacional que plantea 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible destinados a poner fin a la pobreza, proteger el planeta y mejorar las vidas y las perspectivas de las personas en todo el mundo en el horizonte de los próximos siete años). 

Son dos asuntos contra los que Vox mantiene una batalla frontal desde su fundación. La mayoría de los dirigentes de la extrema derecha niegan la existencia de una crisis climática y, por tanto, rechazan tomar medidas contra ella. En paralelo, consideran que la Agenda 2030 es en realidad una conspiración secreta para imponer un nuevo orden mundial en el que los “grandes poderes” que la han promovido determinarán cómo hay que vivir. ”Es una imposición de forma de vida que busca acabar con la actual”, reza uno de sus documentos ideológicos. No sólo lo creen, sino que han conseguido trasladar esa filosofía a sus acuerdos con el PP, sobre todo, en Extremadura, donde plantean revisar y cancelar medidas y políticas de protección ambiental con el argumento de que perjudican el desarrollo económico.

El programa de Feijóo para la próxima legislatura incluye mantener algunas leyes clave de la etapa de Pedro Sánchez (contra las que la extrema derecha mantiene una batalla frontal) y sólo se compromete a reformarlas. Es el caso de la Ley de Eutanasia, de la Ley del Aborto o de la ley trans, que los pactos autonómicos plantean borrar del Boletín Oficial del Estado y que son una línea roja declarada de la extrema derechas en caso de un acuerdo de investidura de Feijóo.

Y plantea aprobar otras, como una Ley de Pandemias, de la que Vox desconfía desde que en 2021 Feijóo la planteó desde Galicia incluyendo en ella la posibilidad de llevar a cabo vacunaciones obligatorias (destacados dirigentes de la extrema derecha militaron activamente en contra de la campaña de vacunación de la covid 19). 

El PP tampoco ha incluido en su programas electoral para el 23J medida alguna que permita a los padres decidir los contenidos de la educación que reciben sus hijos en función de sus creencias o de su ideología, lo que Vox ha bautizado como el pin parental. Pero sí ha hecho suya esta idea en los pactos autonómicos con la excusa de sacar la ideología y el adoctrinamiento de los colegios proponiendo incluso que la inspección educativa someta a vigilancia a los profesores. 

En contra de lo pactado con Vox en Illes Balears y la Comunitat Valenciana, donde el PP ha aceptado facilitar itinerarios educativos exclusivamente en español para alumnos cuyos padres así lo soliciten, en su programa electoral Feijóo opta por la solución que aplicó en Galicia y promete poner al mismo nivel las lenguas cooficiales de cada comunidad. “En las comunidades con más de una lengua oficial, ambas tendrán la consideración de vehiculares en la enseñanza”, establece el documento presentado este martes. El pacto valenciano, por ejemplo dice exactamente lo contrario, que es lo que defienden Vox y la derecha mediática: “Garantizaremos la libre elección de la lengua de enseñanza entre las dos oficiales en todas las etapas educativas”.

En su discurso de presentación del programa, Feijóo mencionó otro compromiso que choca frontalmente con los objetivos de Vox: garantizar la universalidad de la educación y de la atención sanitaria, dos derechos que los que la extrema derecha quiere expulsar a los migrantes irregulares que viven en España.

No es la única contradicción en la que incurre el PP en materia de migraciones. Mientras sus pactos autonómicos defienden políticas claramente xenófobas, alientan la delación y promueven la persecución y expulsión de las personas que han llegado a España de manera irregular, en muchos casos huyendo de la pobreza pero también de países en los que su vida corre peligro, el programa de Feijóo para las generales defiende que la Unión Europea tenga una política común en esta materia. 

Ese es un objetivo al que se opone firmemente Vox, alineado con los partidos ultras que gobiernan Polonia y Hungría, los dos países que están bloqueando precisamente el pacto migratorio que la presidencia española tiene que sacar adelante en los próximos meses.

No es casualidad que la extrema derecha española defienda una reforma de la UE que devuelva soberanía a España y haga retroceder el proceso de construcción de la unidad europea que, al menos formalmente, sigue defendiendo el PP español. Feijóo, en su discurso, hizo una alusión muy clara a esta circunstancia que parecía señalar a Vox y a un hipotético gobierno de coalición con el PP: “Que nadie cuente conmigo para nombrar en ningún sitio a españoles contrarios a la Unión Europea”.

Feijóo no tiene suerte con los números. Este lunes, en el acto que su partido organizó en Barcelona para, con cierta solemnidad, avanzar algunos objetivos y medidas del programa económico que se propone poner en marcha y cuyo contenido detallado y autoría intelectual siguen siendo un misterio, sumió en el desconcierto a su audiencia en el momento en el que prometió alcanzar la cifra de 22 millones de afiliados a la Seguridad Social a lo largo de la próxima legislatura. Denominó este objetivo “la regla del 2”. Y dijo lo siguiente: “Esta regla del 2, pues bueno, en vez de 2 es 22, pero es 2, y es 2 por 10, y por tanto la cuestión es [que] si somos o estamos dentro de las tres economías que más crezcan en Europa, entonces todo cambiará”.

El compromiso más destacado que adquirió el candidato del PP en su intervención fue precisamente ese: conducir España de la cifra récord de 20.709.078 personas a la que ha llegado con el Gobierno de Pedro Sánchez a 22 millones en el verano de 2027, justo cuando esté a a punto de terminar la legislatura durante la cual se propone ocupar la Moncloa. Si lo consigue serían 1.290.922 más que ahora, a un ritmo medio de 322.730 al año.

Lo que Feijóo no dijo es que esa promesa apenas resiste la comparación con el balance del Gobierno de coalición. Es bastante más modesta que la hoja de servicios de Pedro Sánchez. Cuando el líder del PSOE llegó a la presidencia, en el verano de 2018, había en España 19.042.810 afiliados a la Seguridad Social y cinco años después esa cifra se ha incrementado en 1.666.268 personas a un ritmo anual que supera en 10.500 empleos lo prometido por Feijóo. Con la diferencia de que el balance del Gobierno de coalición son cifras reales, no promesas.

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, no se resistió a rebatir rápidamente a Feijóo. Lo hizo a través de una anotación en Twitter en la que ironizó sobre el compromiso del candidato del PP. “Extraordinariamente ambicioso”, escribió. “Su objetivo de crecimiento del empleo supondría un 1,3% medio anual en 4 años. En 5 años, desde junio 2018, el crecimiento medio ha sido casi del doble (2%) gestionado además los efectos económicos de la pandemia y la guerra en Ucrania”.

¿Y cómo va a favorecer Feijóo la creación de empleo, aunque sea por debajo del ritmo actual? En su intervención en Barcelona, el candidato del PP volvió a la receta habitual del liberalismo: rebajas de impuestos para atraer talento e inversión, recuperar la seguridad jurídica que según él España ha perdido durante el mandato de Sánchez y una política energética que, entre otras cosas, mantenga en funcionamiento las obsoletas centrales nucleares españolas.

Pero no sólo eso. También propuso entregar un “cheque de formación” a los parados para que elijan entre diferentes empresas las habilidades laborales que prefieran aprender e implantar en España la llamada mochila austríaca. Feijóo evitó llamarla así, pero lo que describió encaja con ese modelo, el preferido por los empresarios y con pocos partidarios entre los sindicatos. Si gobierna, prometió, instaurará “herramientas de flexibilidad” en materia laboral con “cuentas individuales para los trabajadores, portables, que puedan usar ante diversas contingencias de su vida laboral”.

La mochila austriaca es un fondo de capitalización ideado en 2003 en el país que le da el nombre y que se nutre básicamente de las aportaciones por parte del empresario de una parte del salario bruto de cada empleado. En el caso de que el trabajador sea despedido no percibe una indemnización, sino que se lleva esa “mochila” consigo y tiene la opción de sacar el dinero o mantenerlo en el fondo.

La cifra de creación de empleo no fue la única promesa que hizo Feijóo en esta su primera intervención para revelar detalles de su programa económico. Su segundo objetivo es que España deje de estar en la “cola” del ranking de crecimiento económico de la Unión Europea y suba hasta el “top tres”. Porque el líder del PP sigue negando las cifras de crecimiento de España —el PIB acaba de elevar 1,1 puntos su crecimiento, desde el 3,1% al 4,2%, tasa cuatro décimas superior a la estimada inicialmente que cuadruplica además la media europea— y sostiene que la economía de nuestro está “estancada”. “Esto no va bien”, aseguró. “Tenemos graves problemas acumulados”. “Somos un país cada vez más irrelevante” y pronto nos superarán, predijo, países como ““Polonia, Hungría o Croacia”, dos de los cuales tienen al frente gobiernos de extrema derecha.

Cuando alcancemos los 22 millones de empleos y estemos entre los tres países de mayor crecimiento, prometió Feijóo sin dar más detalles, “todo cambiará y empezará a encajar”.

¿Cuáles son los planes de Feijóo para hacer que España crezca? El líder del PP cree que “somos un país bien posicionado en la energía limpia” y a la hora de ofrecer un lugar en el que desarrollar proyectos de inteligencia artificial. “Podemos ser una potencia mundial en energías limpias y solventar” así, añadió, “el problema de la escasez de agua en nuestro país. Con energía barata podemos ser una potencia en desalinización, saneamiento y reutilización del agua“. 

También elogió a la banca y la situación financiera de empresas y familias, a pesar de que acababa de remarcar lo mucho que Sánchez ha empobrecido a los ciudadanos.

En su lista de promesas, Feijóo volvió a hablar de bajar el IRPF a las rentas de menos de 40.000 euros, se comprometió a ampliar el aeropuerto de El Prat, en Barcelona, y a reestructurar los fondos europeos para distribuirlos en forma de incentivos fiscales.

Faltan seis semanas para las elecciones generales y el programa económico del candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, sigue siendo un misterio. Igual que la identidad del que sería el encargado de darle forma en sustitución de la actual titular del ministerio, Nadia Calviño, a la que el PSOE está dando un creciente protagonismo durante la precampaña a pesar de que no va en las listas. "El PSOE tiene a Nadie y ellos no tienen a nadie", recalca Pedro Sánchez, que cree haber encontrado ahí una debilidad de su adversario. El ministro será “alguien que sepa de Economía, no tenga usted ninguna duda, no voy a improvisar”, respondió esta semana Feijóo en una entrevista en Onda Cero el líder del PP cuando le preguntaron por la figura clave de su hipotético gobierno. Feijóo evitó dar detalles, pero sugirió que aún no lo ha decidido. No todos los nombres en los que ha pensado están disponibles, confesó, “porque tienen otros compromisos”.

De momento, todo lo que se sabe de lo que Feijóo está planeando en el ámbito económico tiene que ver con bajar impuestos —aún no se sabe a ciencia cierta cuáles, cuánto ni cuándo—, flexibilizar el mercado laboral y dar toda clase de facilidades a las empresas, incluso aunque eso suponga –como en el caso de la automoción o la generación de energía– anteponer las cuentas de resultados a la defensa del medio ambiente. Y, por supuesto, en cuadrar ingresos y gastos, aunque no diga qué recortes se plantea hacer, en línea con la vocación de administrador que Feijóo siempre ha tenido y que le llevan a entender la política, sobre todo, como mera gestión contable.

Los nombres de quienes han inspirado las posiciones que Feijóo ha defendido durante el último año en asuntos tales como la “excepción ibérica” o los impuestos a la banca y las energéticas no se conocen. Entre ellos, según el propio Feijóo, hay responsables de grandes corporaciones de los sectores afectados por estas medidas cuya identidad el PP no ha querido revelar.

En el organigrama del partido, al frente del área económica está un funcionario de la Agencia Tributaria que en los últimos cuatro años desempeñó el cargo de consejero de Hacienda en el primer mandato de Juanma Moreno al frente del Gobierno de Andalucía: Juan Bravo. 

De él depende un grupo de dirigentes, como él mismo, muy vinculados a la gestión autonómica. Es el caso de las madrileñas Paloma Martín y Concepción Dancausa, consejeras de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura; y de Familia, Juventud y Política Social, respectivamente; del murciano Luis Alberto Marín, hasta ahora consejero de Economía en el Gobierno de Fernando López Miras, o de Luis Corgos, conselleiro de Facenda en la Xunta de Galicia. Corgos se ocupa del área de impuestos, eficiencia y modernización del sector público y financiación europea.

En este grupo también está el senador palentino Jorge Martínez Antolín, encargado de gestionar las propuestas del PP sobre agricultura, pesca y desarrollo rural, y dos ex directores generales de Empleo en gobiernos de Mariano Rajoy: el ibicenco José Vicente Marí, al que Feijóo ha puesto en la secretaría de Industria, Comercio y Turismo, y Javier Thibault, encargado de las propuestas de empleo, pensiones y diálogo social. Este último es un hombre muy cercado a la exministra Fátima Báñez, madre de la reforma laboral que el PP impuso en 2012 y hoy a sueldo de la CEOE.

Báñez no está en el organigrama oficial del PP, pero todos en el partido dan por supuesta su influencia en el programa económico que Génova está acabando de cocinar —más aprisa de lo que le hubiera gustado por culpa del adelanto de las elecciones—. No es la única voz que se mueve más o menos en la sombra y que Feijóo ha convocado a su proyecto, muchas veces a través de la fundación del PP, rebautizada con el nombre de Reformismo21. La propia entidad está dirigida por Pablo Vázquez, un economista gallego que desempeñó cargos clave, pero de segundo nivel, en gobiernos tanto de Aznar como de Rajoy.

Ahí el líder del PP ha hecho hueco a otros dos exministros: Ramón Escolano, titular de Economía de Rajoy durante sus últimos tres meses de mandato (sustituyó a Luis de Guindos cuando este se incorporó al Banco Central Europeo en marzo de 2018), y al recientemente fallecido Josep Piqué, cuatro veces ministro durante los dos mandatos de José María Aznar. 

En el consejo asesor de la fundación figuran además destacadas personalidades de diferentes empresas: la directora de Alestis Aerospace, María Eugenia Clemente; la directora de ASTI Mobile Rotics, Verónica Pascual; Alicia Richart, directora general para España y Portugal de la empresa de inteligencia artificial Afiniti; Elena Pisonero, presidenta ejecutiva de Taldig, y José María Abad, profesor de ICADE y consultor.

En una zona difusa, sin un puesto conocido, todo el mundo en el PP sitúa o da por segura la llegada de otros ex altos cargos de la época de Rajoy como el exministro Álvaro Nadal, muy vinculado al sorayismo que salió derrotado del congreso de 2018 en el que Pablo Casado, en alianza con María Dolores de Cospedal, se hizo con el control del partido.

El último en sumarse al proyecto económico de Feijóo ha sido Luis Garicano, un economista liberal de largo y prestigioso recorrido académico que hasta 2022 representaba a Ciudadanos en el Parlamento Europeo pero que abandonó el barco de los naranjas para volver a la enseñanza superior como profesor de la Universidad de Columbia (Nueva York).

Si alguno de estos nombres está en la lista de Feijóo para tomar las riendas de la política económica en España para el caso de que llegue a Moncloa, con seguridad no lo sabe ni él. El secretismo del líder del PP a la hora de considerar y decidir la composición de sus sucesivos gobiernos en Galicia es casi legendario. 

Los medios llevan meses especulando con la debilidad de Feijóo por Luis de Guindos, subgobernador del Banco Central Europeo, o incluso por el actual gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos. Pero nadie ha podido arrancar al líder del PP una señal que lo confirme. El primero tiene mandato hasta junio de 2026; el segundo hasta el mismo mes de 2024. Claro que nada impide a ninguno de los dos renunciar a sus puestos para aceptar un ministerio en el Gobierno de España. Algo que sería particularmente llamativo en el caso de De Guindos, que estaba en el ministerio y decidió dejarlo para ir al BCE. 

Si nos atenemos al organigrama del partido, la contraparte de la ministra de Economía, Nadia Calviño, sería Juan Bravo, aunque nadie en Génova cree realmente en esa equivalencia ni en las posibilidades del exconsejero andaluz para tomar las riendas de la economía española. Aplicando la misma lógica, el exdirector general de Empleo Javier Thibault, sería el reflejo de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. 

A partir de ahí, las equivalencias no son fáciles. Feijóo no sólo no ha organizado un gobierno en la sombra dentro del PP siguiendo el reparto de responsabilidades del Ejecutivo de coalición sino que, apremiado por las circunstancias, ha tenido que componer su equipo tomando prestado lo que los barones de Madrid, Andalucía, Murcia y Castilla y León le fueron ofreciendo, además de los propios peones que movilizó desde Galicia.

¿Es Ana Vázquez, la diputada trumpista ourensana y policía nacional en excedencia, la persona que va a definir la política del PP en materia de seguridad en España? ¿Está decidiendo la también gallega Ana Pastor, exministra de Sanidad con Aznar y de Fomento con Rajoy, las propuestas de Feijóo sobre salud pública? Son sólo dos ejemplos de dirigentes con cargos ejecutivos en el PP encargadas de dar la réplica a a los ministros de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de Sanidad, José Miñones. 

De todas las incógnitas que el PP tiene pendientes de despejar antes de las elecciones, la identidad de un equipo económico reconocible es probablemente una de las más relevantes. Para los electores, pero sobre todo para los mercados, siempre sensibles al perfil de los nombres que los partidos eligen para cubrir los puestos que deciden en materia regulatoria e impositiva.

Claro que, en este caso, según todas las encuestas, si llega a la Moncloa Feijóo tendrá que conciliar sus propuestas en materia económica con las de Vox, cuyo programa en esta materia tiene origen en las ideas de Rubén Manso, un inspector ultraliberal del Banco de España en excedencia bien conocido por su rechazo a la tributación progresiva y a la “discriminación” fiscal de los ricos.

Falta un año largo hasta las elecciones generales en las que los españoles tienen que decidir si mantiene al frente del timón a Pedro Sánchez y a la coalición de izquierdas que gobierna España desde enero de 2020 o si, por el contrario, entregan las llaves de la Moncloa a Alberto Núñez Feijóo y a una probable alianza de la derecha del PP y la ultraderecha de Vox. 

En Génova saben que eso es mucho tiempo y, con la mayoría de las encuestas soplando a favor, la prioridad en la nave conservadora es reducir los errores al mínimo. Los discursos de Feijóo, sus intervenciones diarias en actos organizados por empresarios o medios de comunicación afines y sus palabras en eventos diseñados por el PP están plagados de ambigüedades, lugares comunes e ideas generales cuya único objetivo es evitar una posición pública que pueda acabar volviéndose en contra del líder del partido.

Algunas de ellas han empezado a ser motivo de burla entre sus adversarios externos y otras de preocupación por parte de sus compañeros de filas, inquietos porque el efecto Feijóo se esté desinflando. Un buen ejemplo de lo segundo es la frecuencia con la que el presidente del PP defiende sus propuestas con el argumento de que no son “de izquierdas ni de derechas” y hace alarde de un programa político desprovisto, dice él, de “ideología”.

He aquí algunos ejemplos. En un acto en la isla de A Toxa (Pontevedra), Feijóo proclamó que “bajar impuestos, en una situación determinada, como la actual, no es de derechas ni de izquierdas, es de sentido común”. A muchos de los presentes esa expresión, “sentido común”, les recordó enseguida al expresidente Mariano Rajoy, uno de los invitados al evento. Son la médula del marianismo, la filosofía política de quien se jactaba de dejar pudrir los problemas que no sabía resolver, de no tener ningún plan y de limitarse a dejar que las cosas fluyesen sin intervenir demasiado. “A veces la mejor decisión es no tomar ninguna decisión, y esa es también una decisión”, llegó a argumentar Rajoy en 2013 en relación on sus medidas para atajar la crisis financiera.

El sábado, en un acto en Barcelona convocado para denunciar las ocupaciones ilegales de viviendas, un delito que las estadísticas y los jueces consideran marginal, pero que la derecha trata de presentar como un fenómeno creciente y unas amenaza a la propiedad privada de todos los ciudadanos, Feijóo usó la misma expresión. “La okupación no es de derechas ni de izquierdas, es un delito”, remarcó.

En las páginas de la revista Esquire, este lunes ha repetido fórmula. “La cultura es una expresión de libertad. Desde ese punto de vista, la cultura no es patrimonio de nadie más que de la expresión libre de cada creador. Ni de derechas ni de izquierdas”, zanjó en una entrevista.

Con el mismo objetivo, limar aristas para atraer votantes, Feijóo trata constantemente de desmarcar al PP, un partido conservador y ultraliberal, de la ideología. Hay que “adaptar la ideología a la realidad”. “Sólo el político soberbio la niega y la disfraza mediante triquiñuelas, pero este esfuerzo por maquillarla resulta inútil y lo estamos viendo en España”, acusó en Mallorca en una conferencia organizado por el Cercle d’Economia. El Gobierno antepone “la ideología a la economía del país”, repitió en septiembre en la Cámara de Comercio de EEUU en Madrid. Hay que “disminuir la ideología y aumentar la tecnología”, declaró el pasado jueves en relación on la energía nuclear. Ejemplos semejantes se pueden encontrar en casi todas sus intervenciones desde que se hizo cargo de la presidencia del PP. 

La preocupación de Génova tiene su fundamento. Las pocas veces que Feijóo se ha visto expuesto a las preguntas de los periodistas en foros no controlados o enfrentado a Pedro Sánchez en el cuerpo a cuerpo del Senado, ha acabado cometiendo errores que están laminando su fachada de supuesta buen gestor. Él mismo ya ha concedido que es mucho peor parlamentario que su antecesor, Pablo Casado. Y el ala derecha del partido, que encabezan Isabel Díaz Ayuso y en cuyas filas destaca la influyente diputada por Barcelona Cayetana Álvarez de Toledo, está cada vez más preocupada porque la moderación con la que trata de atraer a votantes del PSOE descontentos acabe traduciéndose en una política menos combativa con el independentismo catalán y vasco.

Feijóo ha acabado metiendo al PP en un lío en asuntos clave como la excepción ibérica y la estrategia para contener los precios del gas, la aprobación de un impuesto para gravar los beneficios extraordinarios de las eléctricas o las rebajas generalizadas de impuestos, que defendía hasta que el fiasco de Liz Truss en el Reino Unido ha hecho impopular la propuesta. El núcleo duro de la iniciativa política del líder de la oposición descansa sobre este último asunto, que él mismo acaba de reducir a un mero compromiso de no aumentar la fiscalidad y bajar únicamente lo que pagan las rentas bajas y medias. 

Sus errores e imprecisiones en materia económica, desde confundir prima de riesgo con tipos de interés a responsabilizar al Gobierno de una deuda pública que en su mayor parte heredó de Rajoy o acusarle de un desempleo juvenil en máximos que en realidad está por debajo del que existía con el último Gobierno del PP, están minando su credibilidad como aspirante a la Presidencia incluso entre los suyos. 

En lo formal, Génova busca nuevas fórmulas para actualizar a su líder. En sus últimas intervenciones de partido ha abandonado el atril y el tono mitinero para moverse libremente por el escenario al estilo de las presentaciones de producto que hizo popular hace décadas Steve Jobs en Apple y que hoy son habituales en el mundo de la empresa. Este lunes, además, sorprendieron con un cambio de vestuario inhabitual en Feijóo y muy poco frecuente en política en España: americana, polo y vaqueros de color azul para dirigirse a un público integrado en su mayor parte por militantes de las Nuevas Generaciones del PP.

A numerosos dirigentes del partido Feijóo les recuerda cada vez más a Rajoy. A sus lugares comunes, sus afirmaciones tópicas y sus circunloquios sin sentido. En plena campaña electoral andaluza, se hizo popular este razonamiento, que nadie entendió: “Las cosas que duran mucho tiempo son las cosas que merecen la verdad. La verdad y la mentira es aquello en lo que merece la pena dedicar una vida. ¿Para qué? Para que la verdad venza a la mentira y no la mentira venza a la verdad. Eso creo, queridos amigos, que forma parte de nuestro compromiso con los intereses generales”.

En julio, en Cataluña, se sacó de la manga lo siguiente: “Los españoles que somos catalanes con independencia de dónde vivamos, igual que los catalanes son gallegos y andaluces vivan donde vivan. ¡Somos el partido de la unión!”. 

El 5 de octubre, en una feria de frutas y hortalizas en Madrid, confundió a los periodistas con una respuesta del mismo estilo: “Aunque la moderación no está de moda, la moda del futuro es la moderación y, aunque a veces puede ser aburrida, es mucho más aburrida la falta de moderación”.

Hace dos días, en un acto de partido en Lleida, volvió a hacerlo: “Para estar en Cataluña, hay que venir a Cataluña. Y para estar en Cataluña, hay que escuchar los problemas prioritarios de los catalanes y buscar soluciones concretas a los catalanes”.

Hubo un tiempo, hace apenas un año, en el que el Partido Popular dio por prácticamente terminado el programa electoral con el que iba a batir a Pedro Sánchez en las elecciones generales. Su líder de entonces, Pablo Casado, movilizó a todo el partido durante meses para preparar propuestas, escuchar a la sociedad y abrir la organización a ideas nuevas en un largo proceso que culminó en un mitin multitudinario en la plaza de toros de València, un escenario que los conservadores siempre han considerado un talismán.

De aquella cita salió Casado proclamando que el PP estaba preparado. “Los españoles pueden confiar en nosotros. Sabemos dónde vamos. Tenemos un plan para España. Estaremos a la altura de los tiempos y no defraudaremos a nadie”, decía. Él y su equipo aseguraban haber avanzado tanto en el programa electoral que hasta habían puesto por escrito, artículo por artículo, las primeras leyes que iban a llevar al Consejo de Ministros.

Un año después, el PP está de nuevo en la casilla de salida. Casado ya no está, expulsado de la dirección por sus compañeros en el transcurso de una revuelta interna aprovechada por Alberto Núñez Feijóo para hacerse con las riendas del partido. Enterrado el programa de la plaza de toros de València y como si de un déjà vu se tratase, Feijóo y su equipo se disponen a iniciar el enésimo proceso de apertura a la sociedad concebido para debatir propuestas que incorporar al programa electoral de las elecciones generales. 

La dirección de Génova no ha explicado cuántos actos celebrará, sobre qué temas o en qué localidades, dejando así abierta la puerta a ir adaptando el guion a las exigencias de la actualidad. Lo que sí se sabe es que empezarán por uno de lo asuntos preferidos por la extrema derecha: la okupación de viviendas. 

Ya han convocado un acto en Barcelona, el próximo viernes, al que acudirá el propio Feijóo y en el que quieren dar voz a personas que han sufrido la ocupación de su vivienda. Siguiendo este formato el PP se propone abordar lo que considera “los principales problemas de los españoles”, a pesar de que el que han elegido para empezar está lejos de formar parte de esa categoría: según el último CIS, publicado este lunes, apenas el 0,4% de los españoles está preocupados por “la ocupación de viviendas”. Los encuestados sitúan este asunto en la posición 36º de sus preocupaciones en estos momentos.

La okupación, sin embargo, sí es uno de los asuntos centrales del discurso de la extrema derecha, la política y la mediática. Las dos llevan años exagerando su gravedad. Vox denuncia con frecuencia la indefensión que, según ellos, sufren los españoles y el PP no quiere ser menos: se trata de “un grave problema” que sufren “miles de familias que se encuentran en una situación de total desamparo”, subrayó este lunes Elías Bendodo, el número tres de Feijóo en el organigrama del partido. 

Un problema, añadió, particularmente grave en Cataluña y en Barcelona por culpa del “efecto llamada” provocado al limón por la Generalitat y el ayuntamiento. “Prácticamente la mitad de las ocupaciones de vivienda de forma ilegal que se producen en España se producen en Cataluña. Cada día se ocupan ilegalmente 21 viviendas en Cataluña y esto evidentemente no se puede consentir”, remarcó.

El PP quiere así marcar perfil en Cataluña con un asunto en el que Vox se ha hecho fuerte y que, de paso, les permite evitar el debate identitario y lingüístico, del que Feijóo, a diferencia de sus antecesores, pretende distanciarse. 

El delito, la ocupación ilegal de viviendas, en realidad es residual en España y apenas tiene presencia en los juzgados. Los datos del Ministerio del Interior revelan un incremento en la última década —los casos han pasado de 10.619 en el año 2010 a 17.274 a lo largo de 2021— pero también un reciente cambio de tendencia: entre los meses de enero y abril de 2021 y el mismo periodo de 2022, los hechos conocidos se han reducido un 4,38%. Concretamente, han pasado de 6.203 el año pasado a 5.931 el actual. Las asociaciones judiciales, de todas las tendencias, confirman además que en España no existe impunidad en materia de ocupación.

A pesar de ello, el PP asegura que “el Gobierno debería lanzar un mensaje de seguridad jurídica al conjunto de los españoles, porque parece que ahora si te ocupan tu casa no se puede hacer nada” y el Ejecutivo, la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona “miran hacia otro lado”.

El PP se apunta así al altavoz mediático que amplifica este problema y que sigue habitualmente el mismo patrón: el propietario de un piso recurre a los medios de comunicación, habitualmente la pequeña pantalla, para denunciar que los okupas han tomado su casa. Y que la justicia es lenta, o no responde. O peor todavía: está de parte de los delincuentes. Ocurre de manera más o menos cíclica durante los meses estivales y todavía con más intensidad en contextos de crisis económica. Los presentadores y contertulios de los programas que deciden dar pábulo a lo que consideran una injusticia, asienten indignados y lanzan una advertencia: cualquiera es susceptible de sufrir la amenaza de la okupación.

En esa línea, los de Feijóo, anunció Bendodo, se disponen a dar voz a propietarios de viviendas que sufren el problema y debatirán cambios normativos“ para que el desalojo de los okupas sea lo más rápido posible”. “El objetivo con estas convenciones es doble: en primer lugar acceder de primera mano a las preocupaciones de los españoles y seguir transformándolas en ‘políticas de sentido común’ y, en segundo lugar, que el PP potencie la voz de la sociedad civil”, de ahí la decisión de convocar a “personas afectadas, protagonistas de esta realidad, jóvenes ciudadanos afectados por la ocupación que evidentemente van a plantear sus experiencias”. 

“Lo que queremos ser es altavoz de la sociedad” y partir de sus propuestas redactar “el futuro programa de Gobierno de Alberto Núñez Feijóo para las próximas elecciones generales. Vamos a construir nuestras propuestas de abajo a arriba”, remarcó Bendodo. “Van a ser los españoles con los temas de actualidad los que van a hacer las propuestas de gobierno”.

La crisis por la pandemia del coronavirus arrasa con casi todo. Derriba fronteras, pone en evidencia las fragilidades de la economía, golpea a sectores que parecían inexpugnables, exhibe la fragilidad de otros sectores durante años abandonados por los poderes públicos y hace que se tambaleen planteamientos ideológicos o apuestas políticas que parecían inamovibles para sus promotores.

En el caso del Partido Popular, el principal partido de la oposición se enfrenta estos días a las contradicciones en una serie de principios que, sobre el papel, pretendían ser parte de la columna vertebral de su ideario y que, en la práctica y más en una situación tan compleja como la actual, se quedan en modo de espera.

Los conservadores están comprobando estos días la complejidad de la asunción de las competencias de las comunidades por parte del Estado. No es ningún secreto, porque los presidentes autonómicos del Partido Popular no están ocultando los roces que están teniendo con el Gobierno central. La Comunidad de Madrid de Isabel Díaz Ayuso y Murcia son los máximos exponentes. También se enfrentan a contradicciones en el modelo de gestión sanitaria puesto en práctica en sus territorios, el de las privatizaciones, y en su defensa de los valores liberales.

Las elecciones del 28A

En el primer programa electoral con el que Pablo Casado concurrió a las elecciones como líder de los conservadores, el de los comicios del 28 de abril de 2019, una de las cuestiones fundamentales fue la apuesta por la recentralización de competencias.

El documento dejaba por escrito el compromiso de reforzar la presencia del Estado en todas las comunidades autónomas. Con esto pretendían "garantizar el pleno ejercicio de las competencias que tiene constitucionalmente atribuidas".

Creen los conservadores, y así lo sostenían en el preámbulo de este programa, titulado Nuestro contrato con los españoles,Nuestro contrato con los españoles que "si en 1978 la modernización del país pasaba por la descentralización, hoy, en 2019, el principal reto que tenemos es el de fortalecer la capacidad vertebradora del Estado para garantizar la libertad y la igualdad de todos los españoles".

Si lograba ganar las elecciones, Casado se comprometía a aprobar "una moratoria" que paralizaría "la cesión de nuevas transferencias a las comunidades autónomas"cesión de nuevas transferencias a las comunidades . Y, además, establecería "los cauces necesarios" para que aquellas comunidades autónomas que así lo quisieran encomendasen a la Administración del Estado el ejercicio de aquellas competencias que pudiesen ser administradas "de manera más eficaz desde el Gobierno de la Nación".

La centralización afectaba también a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado: "Reformaremos la Ley 2/86 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para reforzar la necesaria coordinación de la Policía Nacional y la Guardia Civil con las policías autonómicas", defendían los conservadores en este programa que aglutinaba la oferta del partido para las generales, autonómicas y municipales.

El grueso de estas propuestas había que entenderlas en el contexto de la crisis territorial con Cataluña. El PP competía con Ciudadanos y Vox en dureza y en la exigencia a Pedro Sánchez de la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña.

Barones territoriales que marcan discurso propio... con el apoyo del líder

Ahora, el contexto es totalmente diferente y los barones conservadores tiran de su poder territorial para plantar cara al Ejecutivo. El propio Casado avaló este lunes que dirigentes de su formación plantearan, en un estado de alarma en el que la última palabra la tiene el Ejecutivo central, el cierre total de las comunidades autónomas. El más contundente en este sentido ha sido el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras.

Según comentó el líder del PP en una rueda de prensa tras reunirse con alcaldes de localidades gobernadas por su partido, con una pandemia de estas características, él prefiere que se "peque por exceso" a la hora de tomar medidasporque "es mejor prevenir que tener que curar". Así, vio "positiva" cualquier propuesta de las comunidades y consistorios que vaya en la línea de la "protección de sus vecinos".

En todo caso, mantuvo que tiene que ser el "mando único" el que "armonice" esas medidas. Otras regiones gobernadas por el PP como Andalucía y Castilla y León —ambas en coalición con Cs— también ven con buenos ojos lo planteado por López Miras.

De momento, el Gobierno no comparte la misma opinión que los conservadores, aunque se trata de un asunto que genera cierto debate interno puertas adentro de la Moncloa. En rueda de prensa, la vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, defendió la continuidad de las actividades esenciales en la economía española para que pueda continuar funcionando el sistema sanitario y para asegurar "cuanto antes" la recuperación económica tras la crisis sanitaria.

El PP se define como un partido liberal. Y la insistencia de Casado en estos días en que el Ejecutivo se queda corto en sus actuaciones en el campo económico para hacer frente a la pandemia hace también que se encuentren discrepancias respecto a sus posiciones originales o planteamientos de cabecera.

El líder del principal partido de la oposición ha intentado justificar su postura. "Es compatible tomar medidas de choque urgentes—como ellos demandan—: líneas de crédito, retardo en el cobro de impuestos, ayudas directas para los más vulnerables, el tema hipotecario, etc. Y, al mismo tiempo, decir que no se puede hacer rígida ni se puede poner palos en la rueda en una recuperación económica, si no que hay que bajar impuestos, reducir trabas burocráticas, reducir los costes laborales... para que en cuanto combatamos y derrotemos al virus la gente pueda volver a su trabajo", defendió en su comparecencia ante la prensa.

Un modelo sanitario en cuestión

El Partido Popular también se enfrenta estos días en los que faltan medios, personal y camas en los hospitales a críticas sobre su modelo de gestión de la Sanidad pública, con la Comunidad de Madrid como principal foco de estos reproches. También por los recortes en servicios sociales cuando Mariano Rajoy llegó a la Moncloa tras las generales de 2011.

Pero Casado, en la misma rueda de prensa, vendió un panorama diferente. Dijo que su partido estuvo a la altura en los peores años de la crisis. Y pidió "lealtad bidireccional" al Gobierno de Sánchez a la hora de criticar la gestión de los gobiernos del PP.

El PP siempre ha defendido que su modelo de gestión de los hospitales puesto en marcha durante los gobiernos de Esperanza Aguirre nunca afectó a la calidad del servicio prestado, pese a las denuncias de la oposición y de las asociaciones en defensa de la sanidad pública.

"El incremento del gasto sanitario es común en todas las comunidades autónomas y especialmente en las del Partido Popular. Lo tengo que decir, especialmente en la Comunidad de Madrid. Porque no hay otra autonomía que haya abierto 12 hospitales en diez años, no hay otra autonomía que haya incrementado el 10% del gasto en plantilla...", dijo Casado.

Si hay un colectivo que suele quedar olvidado en las campañas electorales, ese es el LGTBI. Los debates no suelen poner la mirada en ellos y los programas tampoco suelen incluir apartados concretos. Su espacio en la política lo tienen, casi de manera única, el 28 de junio, el Día Internacional del Orgullo y la jornada en que se convocan sus marchas reivindicativas se convierte, últimamente, en un escenario de confrontación política.

Ocurrió así este año. Varios representantes de Ciudadanos fueron expulsados de la marcha por los propios asistentes, un hecho muy criticado desde la formación pero que los organizadores de la manifestación explicaron más tarde. La FELGTB y Cogam argumentaron que el rechazo a los de Albert Rivera se basaba, fundamentalmente, en los acuerdos a los que el partido había llegado con la extrema derecha de Vox que, abiertamente, les discrimina. Ciudadanos "tiene que hacer autocrítica y analizar por qué las personas a las que supuestamente dice defender con sus políticas les impiden avanzar en una manifestación convocada para reivindicar sus derechos", explicaron. Sin embargo, esa no era la primera vez que la formación naranja participaba en una marcha del Orgullo. Es más, los dos años anteriores habían ido con su propia carroza, desde la que defendieron su medida estrella para el colectivo: autorizar la gestación subrogada. 

Pero Ciudadanos no ha sido el único partido que ha levantado polémica entre el colectivo LGTBI —o al menos entre una parte de él—. El PP ha estado históricamente vetado de estas marchas, aunque en 2018 estuvo presente con algunos de sus líderes a título personal. Vox, por su parte, ni se plantea acudir ni el colectivo se lo permitiría. Los partidos de izquierdas, en cambio, sí han tenido presencia. Y sin polémicas. Líderes del PSOE y de Unidas Podemos acudieron este año, al igual que los anteriores, a la marcha. 

La presencia —y el tipo de presencia— de los distintos partidos no responde a la casualidad. Son reflejo, a su vez, de la presencia del colectivo en sus programas electorales. Mientras el PP y Vox no aluden a él en ningún momento en sus documentos de cara a las elecciones del 10N, Unidas Podemos y Más País recogen varias medidas destinadas a "alcanzar la igualdad", el mismo objetivo que afirma perseguir el PSOE. Ciudadanos, por su parte, aunque sí alude al colectivo, lo hace con medidas más polémicas como la defensa de la gestación subrogada, que no responde a una demanda general del colectivo. 

infoLibre repasa las propuestas electorales que cada partido dirige al colectivo LGBTI de cara al 10N:

  PSOE: Igualdad de trato y no discriminación

Fue un gobierno socialista el responsable de la aprobación de la ley de matrimonio homosexual, uno de los avances más importantes que ha conseguido el colectivo LGTBI en España. Sin embargo, los socialistas admiten que homosexuales, transexuales, bisexuales e intersexuales todavía no han alcanzado la igualdad real en la sociedad. Y por eso proponen, en el documento con el que concurrirán a las urnas el próximo domingo 10 de noviembre, poner en marcha una ley para la igualdad de trato y no discriminación, una ley contra la discriminación de las personas LGTBI y una reforma de la ley de identidad de género. No plantean, no obstante, en qué términos llevar a cabo estas medidas. 

La formación liderada por Pedro Sánchez también se muestra como la defensora de la diversidad frente a, especifican en el documento, las tres derechas de PP, Ciudadanos y Vox. Y por ello abogan por garantizar "los tratamientos de reproducción asistida a todas las mujeres, independientemente de su orientación sexual y estado civil, una vez restablecido este derecho en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud". 

El presidente del Gobierno en funciones, además, puede presumir de haber sido el primer líder de un Ejecutivo que ha recibido a los integrantes de este colectivo en la Moncloa. Lo hizo el pasado mes de julio, con motivo de la celebración de la semana del Orgullo Gay, y lo que transmitió fue toda una declaración de intenciones: "Ni un paso atrás". "El conjunto de la sociedad ya no entiende de discriminación por orientación sexual. Somos un país LGTBI", aseguró. Y se comprometió a contribuir al avance de los derechos del colectivo con la puesta en marcha de políticas que se quedaron pendientes por la convocatoria anticipada de elecciones generales del pasado 28 de abril que, con la repetición electoral, continúan a la espera. 

  Ciudadanos: Defensa de la gestación subrogada

Ciudadanos siempre ha defendido su medida estrella para el colectivo: garantizar el derecho a la gestión subrogada. Es, de hecho, una de las primeras medidas que recogen en su programa electoral. Aparece en el primer apartado, en el que la formación naranja incide en una de sus consignas principales: la defensa de las familias. Concretamente, lo que los de Albert Rivera proponen es impulsar "una Ley de Gestación Subrogada altruista y garantista para que las mujeres que no pueden concebir y las familias LGTBI puedan cumplir su sueño de formar una familia". "Nuestro modelo altruista de gestación por sustitución, similar al de Canadá y Reino Unido, garantizará los derechos de todas las personas intervinientes en el proceso, en especial los de las mujeres gestantes y los de los menores nacidos mediante esta técnica de reproducción asistida", detallan. Una propuesta que ha generado diferencias entre las personas que forman parte del colectivo y críticas del feminismo. 

Ciudadanos también propone una ley de diversidad sexual y de género "que promueva una igualdad real para todas las personas LGTBI y acabe con cualquier discriminación que puedan sufrir". A través de ella, detallan en el programa, pretenden facilitar "el acceso a un alojamiento transitorio a las personas LGTBI, especialmente los jóvenes que se ven forzados a irse de su casa por el rechazo familiar a su orientación sexual", atender "las necesidades específicas de las personas mayores LGTBI" y revisar "la rectificación registral del género para cumplir las sentencias del Tribunal Constitucional". Precisamente, el pasado mes de julio, la institución aseguró en una sentencia que cualquier persona transexual que no pueda cambiar el género en el Registro Civil sobrelleva un "lastre" que afectará al desarrollo de su personalidad. Además, precisó que impedir hacerlo a menores de edad "incide en su dignidad".

En la misma línea del objetivo de garantizar la diversidad, el partido incluye la LGTBIfobia como una de las conductas de odio cuyo castigo hay que endurecer. Por último, además, se muestran partidarios de "blindar" el matrimonio entre personas del mismo sexo. 

  Unidas Podemos: un "horizonte" sin discriminación

La formación liderada por Pablo Iglesias siempre ha intentado mostrarse como la gran defensora de los derechos del colectivo LGTBI. Lo hizo con la presentación de la ley de igualdad elaborada por la FELGTB y ha intentado volver a hacerlo en el documento con el que se presentan a las próximas elecciones. "Todas las personas tenemos derecho a no ser objeto de violencias sexuales, así como a no sufrir discriminación por nuestra orientación sexual o por nuestra identidad sexual, identidad de género o expresión de género. Para garantizar este derecho, se pondrá un énfasis especial en la educación afectivo-sexual dentro del sistema educativo", dicen en su programa. 

El partido morado se muestra partidario de impulsar "los programas de personas defensoras de derechos humanos, poniendo especial atención en las personas medioambientalistas, sindicalistas y defensoras de los derechos de las mujeres y de las personas LGTBI". En este mismo sentido, los de Iglesias también abogan por poner "especial atención a la garantía del derecho de asilo del colectivo LGTBI" y por integrar una perspectiva que les tenga más en cuenta a la hora de abordar medidas para paliar el problema de la falta de vivienda. 

Conscientes de que la condición de pertenecer al colectivo muchas veces supone un peligro, abogan por establecer "protocolos obligatorios" contra la violencia LGTBIfóbica en las Administraciones Públicas y en los centros de trabajo de más de 50 trabajadores. En esta misma línea, los de Iglesias consideran "necesario construir un horizonte en el que ninguna persona pueda ser discriminada ni por su orientación sexual ni por su identidad sexual, identidad de género o expresión de género". ¿Y cómo hacerlo? Aprobando dos leyes: "una contra la discriminación por motivos de identidad de género y orientación sexual de las personas lesbianas, gais, trans, bisexuales e intersexuales", y otra que sea una norma "integral sobre la protección jurídica de las personas trans y el derecho a la libre determinación de la identidad sexual, identidad de género o expresión de género". 

Y todos aquellos que sí sufrieron esa discriminación tendrán que ser reparados haciendo "justicia a la memoria democrática".

  Más País: "Un país de igualdad real"

El recién formado partido del exdiputado de Podemos íñigo Errejón, Más País, presentó su programa LGTBI el viernes de la semana pasada. Y el comienzo ya dejaba clara su postura en este ámbito: "Durante muchos años, España ha sido vanguardia en la lucha por los derechos de las personas LGTBI+. [...] Pero nuestro camino se ha llenado de baches. Han vuelto corrientes políticas para imponer lo que es o no normativo o lo que tiene que ser una familia. Tenemos que decir basta. Hay que volver a coser España y al colectivo porque necesitamos una política útil por nuestros derechos. Es por eso que Más País-Equo va a impulsar un refuerzo y ampliación de derechos para las personas LGTBI+. Volveremos a ser vanguardia, algo que nunca debimos dejar de ser", dicen. Y para ello, proponen un listado de 46 medidas en las que siempre se refieren al colectivo incluyendo a todas aquellas personas que no aparecen reflejadas en las siglas, por lo que pasan a denominarlas LGTBI+.

En primer lugar, las relativas a conseguir la "plena igualdad" y luchar contra la LGTBIfobia, para lo que plantean aprobar una ley de igualdad y un protocolo de actuación para los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en delitos de odio. Del mismo modo, pretenden que RTVE lleve a cabo campañas de apoyo, visibilización y no discriminación de la diversidad afectivo-sexual y de género y que se cree un observatorio estatal contra este tipo de violencias, así como incluir la violencia intragénero en la legislación contra la LGTBIfobia como un problema específico. 

Por otro lado, quieren prestar especial atención al colectivo trans. ¿Cómo? Impulsando una ley "que reconozca la autodeterminación de género a nivel institucional, incluyendo el género neutro e identidades no binarias, de acuerdo con la identidad sentida y manifestada", eliminando el requisito de un informe psiquiátrico-psicológico con diagnóstico de disforia de género para acceder a la cirugía y al tratamiento hormonal de reasignación de género e impulsando políticas activas de empleo para luchar contra la exclusión sociolaboral de estas personas. 

Además, también inciden en la variedad de familias que existen y, por ello, se proponen que todas sean iguales. Y quieren hacerlo, por ejemplo, simplificando los procesos de adopción. Del mismo, abogan por mejorar la atención sanitaria a estas personas prohibiendo las "terapias" de conversión o aversión de la sexualidad, impulsando la detección precoz de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), creando y fomentando la figura del enfermería especialista LGTBI+ y proporcionando acceso a métodos de reproducción asistida. 

Tener un buen resultado en Cataluña es crucial para el PSOE. De los socialistas catalanes ha dependido históricamente la capacidad del partido de ganar las elecciones y asegurar mayorías parlamentarias lo suficientemente amplias como para poder gobernar. De ahí la rapidez con la que la dirección federal ha atendido la petición del PSC de incluir en el programa electoral del 10N, apenas 24 horas antes del inicio oficial de la campaña, las propuestas federalistas y de profundización en el autogobierno que sí formaron parte de él en las elecciones de abril y que, según fuentes de Ferraz, no habían sido incluidas en el borrador inicial porque sus redactores habían optado por un formato más sintético.

Lo cierto es que la alarma en las filas del PSC hizo que su primer secretario, Miquel Iceta, se pusiese en contacto con la presidenta del partido, Cristina Narbona, para pedir la incorporación expresa de las propuestas en materia de autogobierno, en especial una referencia a las declaraciones de Granada y de Barcelona que dieron forma a las propuestas del PSOE en materia territorial y, sobre todo, cerraron el debate abierto entre el PSC y las federaciones territoriales del resto de España después de que el Constitucional invalidase una parte sustancial del Estatut.

En la rapidez con la que el PSOE ha rectificado ha tenido mucho que ver la buena sintonía que siempre han tenido Iceta y el presidente en funciones, Pedro Sánchez. El líder del PSOE ordenó el cambio a pesar de que suponía un alteración sustancial de la hoja de ruta a través de la cual había afrontado hasta ahora la campaña en plenas movilizaciones independentistas tras la sentencia del procés. Una estrategia que pasaba, en síntesis, por obviar las recetas de profundización del autogobierno que el PSOE lleva años poniendo encima de la mesa para buscar una solución para Cataluña a medio camino entre las demandas secesionistas y los llamamientos a la recentralización de la derecha.

El propio Sánchez asumió la rectificación a primera hora de la mañana en una entrevista en Antena 3. “Claro que vamos a incorporar la Declaración de Granada y la de Barcelona en el texto programático”, zanjó.

La vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo, también contribuyó a despejar dudas. Según ella, el PSOE no se ha movido “nunca, ni lo hará” respecto a sus pretensiones de avanzar hacia un Estado federal y el respeto hacia las identidades diferenciadas que se recogen en la Declaración de Granada de 2013. El PSOE es “un partido de principios, histórico, que evoluciona y mantiene posiciones y límites que son conocidos por todo el mundo”, y en este punto ha señalado que mientras que otros partidos “oscilan entre el blanco y el negro”, los socialistas ocupan "ese espacio de equilibrio constante de la política española” y que según ella pasa por considerar “tan importante la autonomía de los territorios del país como mantener la unidad del Estado”.

En el fondo del asunto está precisamente eso: la necesidad que tiene el PSOE de mantener un equilibrio entre los mensajes de firmeza frente al independentismo que quieren trasladar a los votantes de fuera de Cataluña y el objetivo de atender la demandas de los socialistas catalanes y de sus electores, radicalmente contrarios a la independencia pero deseosos de una mejora en el autogobierno que pasa necesariamente por una reforma federal de la Constitución.

El PSC es capital para el PSOE. Los socialistas catalanes hicieron una aportación decisiva a la mayoría del PSOE en el Congreso en las dos elecciones generales que ganó José Luis Rodríguez Zapatero, especialmente las segundas. Casi el 13% del Grupo Parlamentario Socialista de 2004 era catalán (21 de 164 diputados) y prácticamente un 15% del de 2008, cuando el PSC aportó nada menos que 25 de los 169 escaños que hicieron posible la segunda legislatura de Zapatero.

El declive

En aquella ocasión el buen resultado se produjo al hilo de la aprobación del nuevo Estatut, sancionado en referéndum dos años antes pero modificado posteriormente por el Constitucional en 2019 a instancias del Partido Popular. Precisamente aquella sentencia está en el origen del crecimiento exponencial del independentismo en Cataluña, que coincide en el tiempo con el declive electoral del PSC.

Los socialistas catalanes aguantaron el tipo en 2011 (en ese momento de fuerte retroceso electoral para el PSOE aportaron casi el 13% de los diputados del Grupo Socialista en el Congreso, 14 de 110) pero no en las elecciones de 2015 y en 2016, con ocho y siete diputados respectivamente (un 8,8 y un 8,2% de los escaños socialista en la Cámara Baja).

El retroceso se invirtió, no obstante, en las elecciones de 28 de abril, ya con Pedro Sánchez en la Moncloa, cuando el PSC sumó 12 de los 123 diputados (casi un 10%). Y en Ferraz saben que la “victoria rotunda” que buscan el 10N no será posible sin una aportación sustancial de los socialistas catalanes.

De ahí la rápida rectificación de Sánchez, que precisamente este miércoles tenía un mitin importante en Viladecans (Barcelona), codo a codo con Miquel Iceta. Un acto en el que ambos dirigentes volvieron a hacer gala de su sintonía y en el que los dos asumieron la defensa de la labor de las fuerzas de seguridad —catalanas y españolas— en los disturbios de las últimas semanas. Un agradecimiento a los agentes que Iceta hizo extensivo incluso al conseller de Interior, Miquel Buch (JuntsxCat), asediado estos días por el independentismo, que le considera responsable de una supuesta actuación desproporcionada por parte de los mossos.

Sánchez y él mismo, subrayó Iceta, comparten “ideas claras y principios”, como que la solución para Cataluña debe llegar desde la ley y desde el diálogo, pero “por ese orden”. “Los independentistas se equivocaron al vulnerar la ley” y ahora no puede hacer responsables a quienes se lo advirtieron. “Pero también tenemos un recado para la derecha”, avisó: “Vamos a defender el autogobierno, no vamos a dejar que nadie nos lo arrebate”.

En un ambiente de entusiasmo electoral, salpicado de llamamientos a la movilización, Sánchez aprovechó su turno de palabra para defender que “el Gobierno está haciendo lo que debe”, aunque “desgraciadamente lo está haciendo solo”, lamentó, sin el apoyo de los partidos de la oposición.

El presidente en funciones pidió a sus seguidores que no olviden que el independentismo “ha cometido un error muy importante: subestimar la fortaleza de la democracia española”. “Yo os garantizo en este momento tan oscuro”, prometió, “que no vamos a cejar, no vamos a perder la esperanza. Y que vamos a hacer que se supere esta crisis de convivencia en Cataluña, por todos vosotros, por vuestros hijos y por los hijos de vuestros hijos”, proclamó en medio de una gran ovación de la concurrencia.

Versión definitiva del programa

A mediodía, horas antes del mitin en Viladecans, el PSOE ya había difundido la versión oficial del programa electoral con una apartado territorial que sí hace referencia a las declaraciones de Granada (2013) y Barcelona (2018) y que promete abordar “el conflicto de convivencia en Cataluña impulsando el diálogo entre catalanes y también entre el Gobierno de España y la Generalitat de Cataluña, siempre dentro de la Constitución y del Estatuto de Autonomía”.

El objetivo, reza el programa es, avanzar “hacia un modelo de Estado integrador, en el que la diversidad, la igualdad y la solidaridad sean valores compatibles” pero en el que “no tiene cabida un referéndum de autodeterminación, que el Tribunal Constitucional ha considerado contrario a la Constitución y que, desde una perspectiva política, provoca la quiebra de la sociedad”.

El programa recupera la promesa de potenciar órganos como la Conferencia de Presidentes, las Conferencias Sectoriales, los convenios de colaboración de las comunidades autónomas con el Estado y de éstas entre sí, además de la transformación del Senado. Y la voluntad de impulsar una “clarificación del reparto competencial”, así como de promover “la participación de las comunidades autónomas en las actuaciones y decisiones del Estado y del Estado en las actuaciones autonómicas, cuando afecte al interés general, además del intercambio de información para favorecer una auténtica integración”. También el desarrollo de “reglas y principios del sistema de financiación de las comunidades autónomas, con participación de los territorios”.

Y añade una nueva promesa, tomada de campañas anteriores: el impulso de “la descentralización institucional del Estado, trasladando total o parcialmente las sedes de diversas instituciones y organismos a distintas ciudades” fuera de Madrid. Una alusión a un hipotético traslado del Senado a Barcelona que en el pasado ha estado sobre la mesa de las propuestas socialistas.

La nueva redacción de este apartado satisface las pretensiones del PSC, pero no recoge todos los puntos del programa de abril, mucho más detallado y extenso. En él se criticaba tanto “el derecho de autodeterminación” de los secesionistas como “el estado de excepción territorial con carácter permanente a través del artículo 155” que defiende la derecha. Y se apelaba a un “un modelo de Estado cada vez más capaz de integrar la pluralidad”, un término que ha desaparecido del nuevo programa.

En las últimas elecciones, el PSOE fue mucho más concreto en sus propuestas, en las que pedía una reforma constitucional al reclamar “el reconocimiento expreso en la legislación y, en su caso, en la Constitución, de instrumentos y procedimientos de colaboración, que favorezcan las relaciones de las comunidades autónomas con el Gobierno de España y de éstas entre sí".

Del nuevo programa ha desaparecido también un párrafo esencial, que sin embargo está en las declaraciones de Granada y Barcelona: “El reconocimiento de las singularidades de los distintos territorios en sus propios Estatutos de Autonomía. Se aspira a una definición más precisa de los aspectos identitarios, históricos, culturales, políticos y lingüísticos, así como a una organización institucional y territorial adaptada a las peculiaridades de cada comunidad en cuanto no afecte al funcionamiento de otros territorios”. Y falta también una referencia a la “Comisión Parlamentaria para la evaluación y movilización del Estado Autonómico” que el PSOE impulsó en el Congreso “como hito previo a una reflexión de mayor alcance sobre una futura reforma de la Constitución”.

Los impuestos son siempre uno de los factores clave de cualquier batalla electoral. Ocupan su propio espacio en los debates que enfrentan cara a cara a los principales candidatos a la Presidencia del Gobierno y, en paralelo, tienen un capítulo estelar en los programas de las formaciones a las que representan. Es en esas páginas en las que se comprueba nítidamente la distancia ideológica entre partidos de izquierdas y de derechas. Para los primeros, las políticas fiscales son consideradas una herramienta de "justicia"; para los segundos, una manera de enfrentarse a las medidas recaudatorias y redistributivas de la izquierda. Así, mientras el PSOE, Unidas Podemos y Más País optan por subir algunos impuestos y crear otros nuevos, PP, Ciudadanos y Vox proponen bajar unos y suprimir otros. 

Quedan apenas dos semanas para las elecciones, pero no todos los partidos han presentado su programa electoral. Los únicos que lo han hecho han sido Vox, que ha presentado otro documento con 100 medidas urgentes para España similar al de las elecciones del 28 de abril, y Unidas Podemos, que revalidó el programa del pasado 28A argumentando en el título que "las razones siguen intactas". El PSOE, por su parte, presentó el pasado 7 de octubre su documento de 35 compromisos sociales, un folleto-resumen de las propuestas electorales de la formación que, por el momento, no ha sido ampliado. Más País siguió esta misma técnica: el 11 de octubre publicó la parte ecológica del programa, y doce días después la económica. PP y Ciudadanos no han presentado tampoco sus programas de cara a la cita con las urnas el 10N. Por ahora, las únicas referencias electorales de las dos formaciones son los programas que ya sometieron al dictamen de las urnas el pasado mes de abril y algunos documentos parciales o promesas de carácter fiscal lanzadas por sus líderes en mítines y entrevistas. 

La recaudación de impuestos se destina al pago de las pensiones, a la sanidad, a la educación y a los servicios sociales. Por ello, el PSOE y Unidas Podemos hablan de "justicia". "No puede haber justicia social si no hay justicia fiscal", indican los socialistas en su programa. "Para que la ciudadanía perciba como propias las políticas públicas desarrolladas por el Estado y les conceda plena legitimidad, es imprescindible que se cumpla un principio básico de justicia: que contribuya más quien más tiene", añade Unidas Podemos. La misma idea defiende Más País: "Es preciso recuperar una base de ingresos fiscales suficiente, bajo los principios de solidaridad, progresividad y justicia fiscal". Son principios, por otra parte,  reflejados en la propia Constitución.

La derecha, en cambio, cuestiona la necesidad de recaudar más vía impuestos. A la idea de los conservadores se ha unido el partido de extrema derecha Vox, que afirma que "hay que pagar impuestos, pero sólo los necesarios para garantizar unos servicios públicos de calidad". "Nuestros cálculos muestran que los españoles podrían pagar 30.000 millones de euros menos anuales si se acomete la debida reducción del gasto público superfluo", aseguran, sin concretar lo que consideran "superfluo". La formación presidida por Albert Rivera, por su parte, centra su política fiscal en el cumplimiento de los objetivos marcados por la Unión Europea y en su ajuste a "la realidad". "Cumpliremos con nuestros compromisos europeos y España culminará su consolidación fiscal, para cumplir con nuestros socios europeos y con los españoles, que se merecen unas finanzas públicas saneadas", aseguran. 

La oficina estadística de la Unión Europea (Eurostat) demuestra que la presión fiscal en España, medida como los impuestos y contribuciones sociales pagados en relación con el PIB, es del 34,5%, por debajo de la media de la eurozona, el 41,4%, y de la UE, el 40,2%. España se sitúa así como el octavo país de la zona euro y el décimo de la UE con menor presión fiscal. Tanto es así, que la propia OCDE, que agrupa a los 35 países más ricos del planeta, ha admitido la necesidad de reformar los impuestos en España para recaudar más y redistribuir la riqueza. 

infoLibre repasa las medidas fiscales de izquierda y derecha de cara a las elecciones del 10 de noviembre:

  PSOE, Unidas Podemos y Más País: impuestos como "justicia"

PSOE: Alzas a las mayores rentas y lucha contra el fraude

En el documento que presentaron de cara a los nuevos comicios, los socialistas se comprometen a desarrollar "una fiscalidad justa" basada en "la progresividad". Además, se muestran decididos a combatir "el fraude y la elusión fiscal" y a diseñar "la política fiscal con sensibilidad a los objetivos medioambientales para que contribuya a la transición ecológica de la economía". Una idea que se repite en Unidas Podemos y Más País. El PSOE no ha especificado más por el momento. Donde sí lo hizo fue en el programa con el que concurrieron a las urnas el pasado 28A, cuando aseguraron que apuestan "por una reforma fiscal profunda" que ya habían adelantado parcialmente en los Presupuestos nonatos para este año pactados entre el PSOE y Unidas Podemos. 

Así, los de Sánchez pretenden implementar una ley de medidas para la prevención y lucha contra el fraude fiscal que amplíe el listado de deudores y prohíba nuevas amnistías fiscales, luchando así contra los paraísos. Además, apuestan por una mayor progresividad del sistema fiscal, es decir, por incrementar "la aportación de las grandes empresas, de los contribuyentes de ingresos más altos y con mayores patrimonios". No concreta cifras, pero en el Presupuesto que no llegó a aprobarse se incluyó un tipo mínimo efectivo del 15% para las grandes empresas en el impuesto sobre sociedades –18% para banca y petroleras–, así como un alza en el IRPF de dos puntos para quienes ingresen más de 130.000 euros anuales, de cuatro puntos a partir de los 300.000 euros y otros cuatro puntos a las rentas del capital superiores a 140.000 euros.

Por otro lado, también abogan por equiparar "la fiscalidad de las rentas del capital y del trabajo" y reducir la carga que soportan las pymes. En los PGE que no llegaron a aprobarse se acordó un recorte del 25% al 23% para aquellas empresas que facturen menos de un millón de euros. 

En cuanto a la creación de nuevos tipos impositivos, los socialistas mencionaron en su programa electoral promover impuestos sobre determinados servicios digitales, un impuesto sobre transacciones financieras e impulsar la fiscalidad medioambiental que consiga avanzar en "el proceso de descarbonización de la economía" y favorezca, de este modo, la transición ecológica. No obstante, no especifican de qué manera concreta llevarlo a cabo. 

Por último, el PSOE también pretende dar un impulso al I+D+i potenciando los incentivos fiscales por la inversión en este ámbito en el Impuesto de Sociedades. 

Unidas Podemos: Modificación del IVA y progresividad

La coalición liderada por Pablo Iglesias propone numerosas medidas en materia de impuestos. Además, deja clara su intención anunciando que pretenden "impulsar un conjunto de propuestas para acabar con los privilegios". Porque, según especifican en el documento presentado el pasado 13 de octubre de cara al 10N, ha aumentado el número de superricos, "un 1% que, en 2016, ya acaparaba una cuarta parte de la riqueza del país mientras el 20% más pobre" sólo poseía el "0,1% de la riqueza". Por eso apuestan por derogar el artículo 135 de la Constitución y la Ley de Estabilidad Presupuestaria, "las normas mediante las que el PP y el PSOE han institucionalizado la austeridad y la década perdida en España".

Con esa misma idea, Unidas Podemos propone crear un impuesto a las grandes fortunas "con el fin de recaudar un 1% del PIB de patrimonios superiores a un millón de euros, y de forma progresiva":  gravará con un 2% los patrimonios de más de un millón de euros, con un 2,5% los patrimonios de más de 10 millones de euros, con un 3% los patrimonios superiores a los 50 millones y con un 3,5% los patrimonios de más de 100 millones de euros. En paralelo, proponen "establecer un IRPF más justo" bajando los impuestos a los sueldos más bajos y subiéndolos a los más altos. Así, el partido reclama un tipo del 47% en el IRPF para quienes ingresen por encima de los 100.000 euros anuales y del 55% para quienes superen los 300.000. Las rentas del capital, plantea, deberían tributar tanto como las del trabajo, no menos. 

También en la misma línea de conseguir que paguen más quienes más tienen, desde la formación morada apuestan por eliminar los privilegios fiscales de las grandes empresas en el Impuesto sobre Sociedades y bajárselo a las pymes. Y aquí recogen lo acordado en los PGE que no llegaron a aprobarse: reducirlo del 25% actual al 23%. Además, proponen bajar el IVA del 4% a más alimentos y bebidas no alcohólicas y al 10% a todos los suministros básicos "de los consumidores vulnerables" y establecer un plus del 4% a los artículos de lujo. 

Su programa electoral incluye, además, una reforma del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, que el PSOE no menciona. Pretenden que también sea "más progresivo" y que, de este modo, las personas herederas con menor patrimonio preexistente y mayor grado de consanguineidad tengan cuotas reducidas. Proponen también que las personas hipotecadas recuperen los impuestos "que no debieron pagar" y que la exención del pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles (IBI) de la Iglesia quede eliminada. 

La formación de Iglesias no renuncia tampoco a la creación de un impuesto a la banca que el PSOE no aceptó al elaborar los PGE para 2019. Con él, pretenden que se recupere el rescate bancario de 60.000 millones de euros. También quieren fijar un impuesto de transacciones financieras especulativas, fijar un impuesto para las operaciones de economía digital e "implementar medidas fiscales para avanzar hacia un horizonte verde". Así, quieren reducir el impuesto de matriculación y circulación a los coches híbridos y eléctricos y reformar el IRPF para establecer desgravaciones por el uso de abonos de transporte público y por la adquisición de electricidad 100% renovable.

Más País: La fiscalidad 'verde'

Precisamente, el programa electoral económico que ha presentado Más País gira en torno a esa idea: los impuestos deben contribuir a la protección del medio ambiente. En este sentido, proponen la adopción de dos incentivos fiscales que promuevan "la rehabilitación energética sostenible del parque de viviendas". Por un lado, abogan por la creación de una bonificación en el IBI de hasta el 50% y otra del 90% en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. Además, también pretenden crear una tasa que grave el uso de envases de plástico y que castigue a las grandes industrias contaminantes. En paralelo, anuncian que impulsarán ventajas fiscales a la instalación de energías renovables y que reducirán el IVA al término fijo de la energía eléctrica.

Por otro lado, la formación liderada por Íñigo Errejón aboga por equiparar el tratamiento fiscal del diésel al de gasolina. Porque, recuerda el partido, "las evidencias científicas relativas al negativo impacto que tiene el diésel tanto sobre el medio ambiente como sobre la salud aconsejan la desaparición de este trato fiscal privilegiado". También relacionado con los vehículos, y en una línea similar a la adoptada por Unidas Podemos, los de Errejón quieren eximir de tributación a los vehículos de pocas emisiones. 

Pero no toda la política fiscal de Más País está destinada a la protección del medio ambiente. Al igual que el PSOE y Unidas Podemos, la formación pretende también que las políticas fiscales alcancen la justicia social. De este modo, quieren introducir un Impuesto a los ricos y a los ultrarricos y revisar el Impuesto el Patrimonio para que se convierta en "una figura fiscal capaz de contribuir a lograr los recursos necesarios para financiar la transición ecológica justa y las políticas sociales imprescindibles para la reducción de insoportables niveles de desigualdad y pobreza". Los afectados, especifican, serán los que posean una fortuna mayor a los 2,5 millones de euros. 

También quieren alcanzar "un IVA más justo". ¿Cómo? Por ejemplo, reduciendo el tipo en los productos de higiene femenina y en los pañales, aplicando el IVA superreducido a los productos básicos alimenticios sin gluten, suprimiendo el tipo reducido a importaciones de objetos de colección y a las corridas de toros y elevando el IVA al transporte aéreo y a bebidas alcohólicas. 

Además, aunque sin especificar, Más País anuncia la intención de establecer nuevos tramos en el IRPF a las rentas más altas, de equiparar las rentas de capital y trabajo y de imponer un impuesto a las transacciones financieras y otro a las empresas tecnológicas transnacionales. 

Abogan, por último, por reformar el Impuesto de Sociedades. "A finales de 2018 recauda 20.000 millones de euros menos que hace una década", critica la formación en su programa. "Para corregir esta impresentable situación", dicen, establecerán un tipo mínimo del 15% sobre el beneficio de los grupos empresariales y disminuirán el tipo nominal para las pequeñas empresas. La rebaja, en este caso, es la misma que la que proponen PSOE y Unidas Podemos: del 25% al 23%. 

  PP, Ciudadanos y Vox: eliminar y reducir impuestos

PP: Eliminar el Impuesto sobre Patrimonio y el de Sucesiones y Donaciones

En los párrafos con los que inician su programa, los conservadores ya realizan toda una declaración de intenciones: "Defendemos que para crear empleo, la primera preocupación de los ciudadanos, hay que bajar impuestos, no subirlos como ha querido hacer la izquierda. Que a quien pretende crear empleo hay que darle facilidades y no complicaciones, porque la mejor manera de garantizar una sanidad, una dependencia y unos servicios públicos de la máxima calidad es que haya más españoles trabajando". "Queremos más sociedad y menos impuestos", añaden. 

Los de Pablo Casado abogan por reducir la carga fiscal. De hecho, proponen suprimir algunos impuestos como, por ejemplo, el de Patrimonio y el de Sucesiones y Donaciones para las transmisiones entre padres e hijos y al resto de la línea descendiente, así como entre cónyuges. No explican, no obstante, de qué manera podrían afectar estas propuestas a la recaudación. Además, también recogen la necesidad de eliminar el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, un tipo impositivo que originó dos decisiones contradictorias del Tribunal Supremo y que acabó provocando que Sánchez aprobara un decreto para que el tributo empezara a correr a cargo de los bancos y no de los hipotecados. También proponen eliminar las tasas que gravan específicamente al turismo, aunque no dan más detalles. 

En cuanto a la rebaja de impuestos, los conservadores abogan por que los parados de larga duración que inicien un negocio no paguen impuestos por los beneficios obtenidos durante los dos primeros años y por reducir la carga fiscal que soportan las familias, especialmente las numerosas. Pretenden, también, rebajar el IRPF a todos los contribuyentes. "El tipo máximo se situará por debajo del 40%", anuncian. Además, los conservadores proponen deducciones autonómicas en el IRPF para los menores de 35 años y para familias con al menos un hijo. Igualmente, quieren exenciones en el IRPF para los jubilados que sigan trabajando sin cobrar su pensión y beneficios fiscales para los planes de ahorro y vivienda destinados a la jubilación. En cuanto a la fiscalidad de las empresas, el PP anunció en su reciente Convención Económica, celebrada en Córdoba, que se propone "rebajar el Impuesto de Sociedades por debajo del 20%" (desde el 25% actual).

Por último, el programa de los conservadores recoge también la necesidad de impulsar el cambio de fiscalidad en la adquisición de nuevos vehículos. "Reformaremos el Impuesto de Circulación para los nuevos vehículos matriculados que se fijará en función de las emisiones y el consumo energético", dicen. 

Ciudadanos: Mejoras a las familias

Ciudadanos pretende alcanzar "un alivio fiscal para la clase media trabajadora". Con esta premisa, una de sus grandes propuestas es bajar el Impuesto sobre la Renta a las familias. Concretamente, el partido de Albert Rivera especifica que las familias con dos hijos y las monoparentales con un hijo podrán beneficiarse de una reducción del IRPF de 1.200 euros al año, una cantidad que ascenderá hasta los 2.400 en los casos en los que haya más descendientes. Además, apuestan por bonificar al 100% el Impuesto de Sucesiones y Donaciones entre parientes directos. Para el resto, además, se reducirá. "Nadie tendrá que renunciar nunca más a una herencia por no poder pagar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones", aseguran. 

Por otro lado, la formación naranja también propone reformar el Impuesto de Sociedades "para cerrar agujeros y eliminar trampas que facilitan la 'ingeniería fiscal". No especifican de qué manera, pero sí aseguran que harán el tributo "más justo y eficiente para que las pymes no paguen tipos efectivos superiores al de las grandes empresas". 

Además, los de Rivera pretenden que las startups innovadoras no paguen impuestos durante los dos primeros años startupsy aseguran que mejorarán los incentivos fiscales para los particulares y las entidades dedicadas al arrendamiento de vivienda en régimen protegido. 

Por último, aunque no proponen la creación de nuevos impuestos, sí abogan por la aprobación de una Ley de Lucha contra el Fraude y la Evasión Fiscal. Con ella, dicen, pretenden, entre otras cosas, reforzar el Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales y endurecer las multas a las entidades financieras que cooperen en el blanqueo o en el fraude de sus clientes. Además, gracias a esta norma también prohibirán los programas informáticos de "doble uso" que permiten la manipulación de la contabilidad y luchar contra los paraísos fiscales "revisando la lista para volver a incluir aquellos estados que no cooperan con España, exigiendo a las entidades financieras que informen sobre las operaciones de sus clientes en sus filiales en paraísos fiscales". 

En este punto coinciden con las pretensiones de PSOE, Unidas Podemos y Más País, que también incluyen en sus programas electorales medidas específicas para luchar contra los paraísos fiscales. Los conservadores, por su parte, mencionan este aspecto destacando que reforzarán las políticas de lucha contra el fraude fiscal "potenciando el uso de los medios humanos y tecnológicos". 

Vox: Reducción del IRPF y del IVA

Vox, al igual que Unidas Podemos, ha presentado ya un documento de cara a las próximas generales. Y también al igual que la formación liderada por Iglesias, se trata de una reedición del programa con el que concurrieron a las elecciones del pasado 28 de abril. Se llama 100 medidas urgentes para España y, en él, se mencionan algunas de las políticas fiscales que propone el partido de extrema derecha. No obstante, la formación presidida por Santiago Abascal también ha publicado un programa económico en el que se detallan más pormenorizadamente esas medidas. En esencia, reflejan la misma idea que el PP y Ciudadanos: hay que reducir los impuestos. Y tampoco detallan con qué recortes compensarían una caída de la recaudación. 

En este sentido y con este objetivo, desde Vox proponen una reducción de los tramos del IRPF hasta dos: uno hasta los 60.000 euros y otro a partir de esa cantidad. Y lo que pretenden es aprobar una rebaja progresiva de los tipos marginales de los tramos: uno al 20% y otro al 30%. En paralelo, abogan por un aumento progresivo del mínimo personal y familiar exento. Fijan la cantidad en 12.000 euros, pero pretenden que la cifra aumente hasta los 16.000, "en función de las circunstancias familiares y personales". 

También defienden reformar el IVA. Por un lado, pretenden eliminarlo para la adquisición de la primera vivienda y reducirlo en los productos farmacéuticos de pediatría y geriatría. Por otro lado, proponen recuperar el tributo que soportan las asociaciones y las organizaciones sin ánimo de lucro y eliminar la doble imposición en aquellos artículos ya gravados con impuestos especiales. No obstante, no especifican de qué manera acometer estas reformas. 

Por otro lado, y al igual que el PP y Ciudadanos, proponen la eliminación del Impuesto sobre el Patrimonio y del de Sucesiones y Donaciones. El primero porque, argumentan, "grava doblemente la renta no consumida, dificultando el ahorro" y el segundo porque "ataca los patrimonios familiares". También, al igual que los conservadores y la formación naranja, pretenden reformar el Impuesto de Sociedades. ¿Cómo? Rebajando el tipo general al 21%, eliminando las deducciones, las bonificaciones y la simplificación del mismo, reduciendo los plazos mínimos de amortización fiscal y calculando el ingreso en función de los beneficios del trimestre anterior y no al cierre del ejercicio contable previo. 

Por último, los de Abascal también proponen una reducción progresiva de impuestos que pesan sobre los suministros del hogar familiar y, especialmente, sobre las familias numerosas como, por ejemplo, la electricidad, el agua y el gas y eliminar todo impuesto cuya recaudación no sea al menos cinco veces superior al coste que supone la gestión de su recaudación. 

Podemos propone para las elecciones generales del 10 de noviembre un programa similar al que presentó el 28 de abril y en el que harán hincapié en medidas frente a una posible recesión económica, como crear un nuevo impuesto para las grandes fortunas con el objetivo de recaudar hasta un 1% del PIB de patrimonios superiores al millón de euros, informa Europa Press.

El documento [que puedes consultar aquí], que quiere hacer frente a la posible crisis económica "con garantías", incluyen también un impuesto sobre los beneficios de las grandes empresas por contaminar, el impuesto a la banca que aumente 10 puntos el tipo impositivo de las entidades financieras o eliminar privilegios fiscales de grandes corporaciones con un tipo mínimo efectivo del 15%.

En el documento resumen de las medidas más relevantes, al que ha tenido acceso Europa Press, señalan que pretenden rehabilitar al menos 500.000 viviendas al año para que afronten la transición energética, y fuentes apuntan que podrían llegar hasta el millón de viviendas al año. Además, al igual que en abril, desde Podemos prevén derogar las reformas laborales de José Luis Rodríguez Zapatero de 2010 y la de Mariano Rajoy de 2012. Quieren un ingreso básico garantizado de al menos 600 euros al mes, alcanzar en la legislatura un salario mínimo interprofesional de 1.200 euros y que la jornada laboral sea de 34 horas semanales.

Este domingo en la presentación de este programa denominado Las razones siguen intactas, el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias ha señalado que puesto que los indicadores económicos prevén una nueva crisis, y dado que tanto PSOE como PP quieren responder a esa situación "gobernando juntos", la garantía para que la preferencia de "los poderes oligárquicos" no se dé es que Unidas Podemos "esté fuerte en las elecciones". También ha recordado que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha indicado en una entrevista en El Español que no ve mal la reforma laboral vigente, del PP, para abordar la posible recesión. Frente a los recortes que, dice, propondrán PP, PSOE y Ciudadanos, y que suponen degradación en los servicios públicos, está la opción de Podemos, para que los recortes "los afronten los de arriba".

Además, Iglesias ha calificado de "vergonzoso" que solo vaya a darse un debate entre candidatos durante la campaña, y ha propuesto que haya un debate entre los responsables económicos de los diferentes partidos para hablar de cómo afrontarían la crisis, dado que será un problema central. "Porque la gente no es idiota y quiere escuchar propuestas de cada formación en materia económica. Muchos querrán hablar solo del 155, pero la sociedad se merece ese debate", ha apuntado.

Durante su discurso ante aproximadamente 400 personas −se ha quedado gente fuera por haber llegado al aforo máximo−, Iglesias ha repasado artículos de la Constitución que sirven para proteger los derechos sociales. El líder morado, al igual que hiciera en el encuentro con la gente del pasado domingo, ha salido a la calle para dedicarles unas palabras antes de comenzar el mitin a los que no pudieron entrar.

"Seguiré luchando por esta causa hasta que me muera, esté en política o no. Sería lamentable no poder defenderla en el Congreso. Si no es así volveremos a las calles. Como dijo mi gran amigo Juan Carlos Quer [padre de Diana Quer]: 'Tu protección es nuestra lucha'". Este es el mensaje que Juan José Cortés, padre de la niña Mariluz, asesinada en 2008, dejaba escrito en su muro de la red social Facebook el 7 de octubre a las 14.58. Su "causa" es la defensa de la Prisión Permanente Revisable, una de las banderas electorales del Partido Popular. Y lo que lamenta es no poder defenderla en la Cámara Baja porque ya intuía que la dirección nacional de su partido iba a desplazarle en la lista electoral: del uno de la candidatura por Huelva al Congreso al uno por la misma circunscripción al Senado.

Más allá de la crítica al partido político que le fichó para la campaña del 28A –después llegó a cargar contra el presidente del PP andaluz y fue obligado a pedir perdón por la dirección nacional de la formación– en las declaraciones de Juan José Cortés descansa una concepción del Senado como institución menor, de segunda categoría, que se ha construido año a año con la forma en la que los principales partidos políticos han tratado a esta Cámara.

La reforma del Senado para que cumpla su misión de verdadera Cámara de representación territorial es la eterna asignatura pendiente de los partidos. Pero luego, en la práctica, nada se ha hecho. Ni siquiera en las legislaturas de mayoría absoluta.

infoLibre repasa con cinco ejemplos la forma en que los partidos han tratado al Senado.

  1. Un refugio para expresidentes, críticos...

Octubre de 2015. Tras reunirse en la Cámara Alta con los cuatro senadores de Podemos, Pablo Iglesias cargó contra los "privilegios" de los que gozan los senadores poniendo énfasis en que esta institución tenía que dejar de ser "un cementerio de elefantes" al que políticos veteranos "van a descansar" cobrando un salario. No era la primera vez que se aludía al Senado como "cementerio de elefantes". Porque los dos grandes partidos tradicionales, Partido Popular y Partido Socialista, llevan años echándose en cara mutuamente recurrir al Senado como refugio de expresidentes o dirigentes apartados de la primera línea de la política. 

Juan José Cortés tiene primero que conseguir que los ciudadanos de Huelva le voten. Pero si le votan, pasará a formar parte de una Cámara en la que han tenido asiento, bien por haber obtenido escaño, o bien por haber sido designados por los respectivos parlamentos autonómicos, dirigentes del PP como Francisco Granados, exconsejero de los Gobiernos de Esperanza Aguirre; Rita Barberá, exalcaldesa de Valencia, o José Ramón Bauzá, expresidente de las Islas Baleares. Y podrá coincidir con dos expresidentes autonómicos del PP: Luisa Fernanda Rudi (Aragón) y Alberto Fabra (Comunitat Valenciana).

Los partidos políticos siempre defienden que el hecho de enviar a expresidentes autonómicos a la Cámara Baja es una forma de que aporten la experiencia adquirida en las regiones en la que se supone que es la Cámara de representación territorial. Esto dice cuando les toca justificarlo. Pero cuando les toca criticar al partido de enfrente llegan las acusaciones de que lo emplean como refugio para los perdedores.

En el PP hay ejemplos más recientes todavía. Cuando Pablo Casado tuvo que hacer las listas para el 28A, se rodeó de fieles borrando prácticamente todo rastro del marianismo en la candidatura al Congreso de los Diputados. Y quienes fueron hombres clave de la etapa anterior fueron trasladados al Senado. Es el caso de Carlos Floriano, Fernando Martínez-Maillo o Rafael Hernando. Todos ellos encabezaron las listas de Cáceres, Zamora y Almería, respectivamente.

Pero el caso más polémico nada tuvo con el reparto en los puestos del 28A, sino con el reparto posterior de senadores por representación autonómica. Afectó al ex responsable de Organización de Casado, el alavés Javier Maroto. Número uno por Álava el 28A, el dirigente conservador no obtuvo asiento en el Congreso y Génova decidió que pasase al Senado en representación de Castilla y León. En esta comunidad autónoma no es necesario que quienes van a la Cámara Alta en nombre de las Cortes hayan concurrido previamente a las autonómicas. Para que fuese posible, Maroto se empadronó en el pueblo segoviano de Sotosalvosse empadronó en el pueblo segoviano de Sotosalvos.

El Senado también ha sido refugio de figuras destacadas del socialismo: Francesc Antic (Baleares), José Montilla (Catalunya), Joan Lerma (Comunidad Valenciana), Marcelino Iglesias (Aragón) o José Antonio Griñán (Andalucía). También tuvo su escaño en esta Cámara el exlíder de los socialistas madrileños, Tomás Gómez.

  2. Sin conferencia de presidentes

El Senado, junto al Congreso, integra las Cortes Generales. Y su misión es ejercer la potestad legislativa del Estado, dar luz verde a los Presupuestos Generales y controlar la acción del Ejecutivo. Pero en estas funciones tiene más amplias competencias la Cámara Baja y es por eso por lo que se habla de "bicameralismo imperfecto".

El carácter de Cámara territorial es la principal seña de distinción del Senado. En base a esto no sólo se sientan en sus escaños los parlamentarios que obtienen sus actas en las elecciones generales. También lo hacen políticos designados por las comunidades de acuerdo con los resultados de las elecciones autonómicas.

Con esta concepción del Senado como Cámara de representación autonómica, hay dos órganos clave en los que juega un papel fundamental. Y que no funcionan con la periodicidad pretendida.

La Conferencia de Presidentes es el órgano de máximo nivel político de cooperación entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Fue creado en 2004. Está integrado por el presidente del Gobierno, que ejerce también de presidente de la conferencia, los presidentes de las 17 comunidades autónomas y los de Ceuta y Melilla, y su objetivo es debatir y adoptar acuerdos sobre los asuntos que afectan al sistema autonómico. El Senado es la institución que la acoge.

Desde su creación se ha reunido en 2004, 2005, 2007, 2009, 2012 y 2017. En los siete años de Gobierno de Rajoy, este órgano sólo se convocó en dos ocasiones. En la última cita, celebrada en enero de 2017, participaron todos presidentes autonómicos, excepto los de Cataluña y País Vasco.

A partir de la V Conferencia de Presidentes, celebrada el 14 de diciembre de 2009, el Gobierno aprobó un reglamento que establecía que las conferencias pasarían a celebrarse con periodicidad anual. Pero a día de hoy sigue siendo una asignatura pendiente. Con Pedro Sánchez no ha habido una sola convocatoria.

  3. Sin debate sobre el estado de las autonomías

También pasaron los siete años del Partido Popular de Mariano Rajoy en la Moncloa y la breve legislatura del socialista Pedro Sánchez sin la convocatoria de un debate sobre el estado de las autonomías. Según el reglamento de la Cámara Alta debería haberse celebrado una vez al año. El artículo 56 bis 8 establece lo siguiente: "El Senado celebrará anualmente una sesión plenaria cuyo orden del día se dedicará íntegramente a analizar el estado de las autonomías". Estos debates se concibieron en 1994 y desde ese año se han celebrado dos más, en 1997 y en 2005.

En uno de los últimos debates de la última legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero en el Senado, Pío García Escudero, portavoz del PP en la Cámara Alta por entonces, echó en cara al líder del Ejecutivo no haber acometido en casi ocho años la reforma de la Cámara de representación territorial, haber celebrado solo un debate sobre el estado de las autonomías y no haber conseguido la "eficacia y la regularidad" necesarias para la Conferencia de Presidentes. Era septiembre de 2011. Nadase ha avanzado desde entonces. Ni en los siete años de Ejecutivos de Rajoy, ni desde que en junio de 2018 llegó Sánchez a Moncloa.

El mayor protagonismo de esta institución en los años de Gobierno de Rajoy se concentró en los últimos meses, cuando, tal y como marca la Constitución, se convirtió en la sede del debate para la aplicación del artículo 155 en Cataluña, que permite la intervención de una autonomía. Muchos partidos miran ahora de nuevo a la Cámara Alta, también en el contexto de la aplicación del artículo 155 de la Carta Magna ante la inminente publicación de la sentencia del procés. Con el Senado disuelto por la llamada a las urnas para el 10N, tendría que ser la Diputación Permanente, el órgano que ejerce las funciones del Pleno en los periodos no ordinarios de sesiones, quien diese los primeros pasos del procedimiento.

  4. ...y sin reformas

La reforma del Senado con el objetivo de convertirlo en una verdadera Cámara de representación territorial es una promesa incumplida de los dos partidos que han gobernado en España. Los primeros debates al respecto se produjeron en la III Legislatura, concretamente en el año 1987.

Después llegarían nuevos intentos en 1989, 1996, 2000. Pero nunca los grupos llegaron a ponerse de acuerdo.

En febrero de 2012 todos los grupos del Senado aprobaron la creación de una ponencia para su reforma. Por aquellas fechas, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría (Partido Popular), anunciaba que Rajoy quería devolver al Senado "la importancia y el respeto" que se merecía y que una de las fórmulas estudiadas para ello era que el veto de esta Cámara tuviese el mismo valor que los del Congreso.

Excepto en la Ley de Estabilidad Presupuestaria, los vetos del Senado pueden ser levantados con la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados y con mayoría simple transcurridos dos meses de la decisión de la Cámara Alta.

La X Legislatura (13 de diciembre de 2011 al 13 de enero de 2016) culminó sin ningún tipo de avance en esta materia. Sus señorías se fueron de vacaciones en el verano de 2015 con un borrador más o menos consensuado. Pero a la vuelta del descanso estival, el texto no fue elevado a Pleno.

En septiembre de 2018, con el PSOE en el Gobierno tras la moción de censura y el PP con mayoría absoluta en la Cámara Alta, los socialistas registraron una propuesta para modificar de urgencia la Ley de Estabilidad Presupuestaria y esquivar el veto del Senado a la senda del déficit. Con el objetivo de evitar el bloqueo por parte de PP y Ciudadanos, los socialistas recurrieron a una enmienda a una norma de violencia de género. Un atajo legal en el que la ley en la que se pretendía enmendar nada tenía que ver con la Ley de Estabilidad. Se pretendía eliminar obstáculos para la aprobación de unos Presupuestos Generales del Estado que nunca llegaron.

  5. ¿Y qué pasa en los programas electorales?

Cuando las Cortes no están disueltas, la reforma del Senado no ha sido una prioridad para los partidos. Pero esto no es obstáculo para que sí figure como prioridad en algunos programas electorales.

En el avance de su programa para las generales del 10N, el PSOE no incluye ninguna mención al Senado. Esto no implica que no pueda recuperar alguna iniciativa en los próximos días.

No obstante, en la oferta que presentó a sus electores para las generales del 28A, los socialistas abogaban por que el Senado debía convertirse "en un lugar de encuentro de las comunidades autónomas con el Gobierno de España y de éstas entre sí". "Para que contribuya de manera más eficaz al funcionamiento integrado del modelo territorial", añadía.

Por su parte, en su programa para el 28A, el PP optaba por una redacción genérica, poco concreta, en la que además incluía a la Cámara Baja: "Reformaremos el Reglamento del Congreso y del Senado para fortalecer la función de control al Gobierno, la actividad de diputados y senadores, y la calidad del procedimiento legislativo".

Ciudadanos, por su parte, sigue sin descartar poner sobre la mesa el cierre de esta institución. "Reformar el Senado como Cámara de representación territorial y, si el bipartidismo se niega a darle

utilidad, plantearemos su cierre", podía leerse en su último programa electoral.

"Transformar el Senado en una verdadera Cámara de representación territorial, con mayor representación de las comunidades autónomas, participación en las leyes y las partidas presupuestarias, en los nombramientos de miembros del Tribunal Constitucional, y como pieza clave de las relaciones verticales y horizontales entre Administraciones". Es una de las apuestas con las que Unidas Podemos concurrió a las últimas elecciones generales.

Más País, la candidatura que encabeza Íñigo Errejón, presentó este viernes un avance de su apuesta para el 10N. En ella, no hay mención a la Cámara Alta.

35 compromisos sociales. Así se llama el folleto-resumen de las propuestas electorales del PSOE para el 190 de noviembre, un compendio muy sintético —apenas unos enunciados— de la oferta con la que los socialistas se proponen conquistar el apoyo de los ciudadanos. Tanto que, a la espera de conocer el texto completo del programa, para lo que todavía no hay fecha, llama más la atención lo que no figura en el documento, como por ejemplo la oferta de profundización en el autogobierno con el que el PSOE —de la mano del PSC— ha intentado hasta ahora seducir a los catalanes.

El folleto presentado este lunes no dice nada al respecto y se limita a abrazar el compromiso del PSOE “con la Constitución y los Estatutos de Autonomía” y “con Europa” y proclamar su apuesta por “por un Estado de las Autonomías fuerte y cohesionado”.

La única propuesta en esta materia es muy escueta: “Mejoraremos la colaboración institucional con todas las comunidades autónomas y abordaremos el conflicto de convivencia en Cataluña impulsando el diálogo entre catalanes y también entre el Gobierno de España y la Generalitat de Cataluña, siempre dentro de la Constitución”. Punto.

Ni una palabra sobre el respeto a la identidad de los territorios, a su lengua y a sus símbolos, que sí formaba parte del programa de abril. Todo muy en línea con el endurecimiento del tono hacia los independentistas con el que Pedro Sánchez ha cimentado los primeros días de la precampaña desde el mismo momento en que se disolvieron las Cortes. Y en una semana clave para Cataluña: a a misma hora en que Sánchez presentaba el folleto electoral de su partido se debatía una moción de censura en el Parlament y a sólo unos pocos días de que el Tribunal Supremo haga pública la sentencia del juicio del procés.

Los demás partidos, subrayó Pedro Sánchez en la presentación de las 35 medidas más destacadas del programa socialista, se presentan a las elecciones, pero ninguno de ellos tiene un programa de Gobierno.“Es así porque unos dicen que quieren condicionar al PSOE, otros que nos levantan el castigo, y otros que nos quieren vigilar. Ninguno tiene proyecto de país y ninguna tiene proyecto para España”, reprochó, sin citarlos, a PP, Ciudadanos y Unidas Podemos.

“No tenemos nada que objetar al multipartidismo, pero ¿de qué sirven ocho, cincuenta o cien partidos si no tenemos al frente un Gobierno con la estabilidad necesaria para abordar los problemas y y las urgencias sociales?”, se preguntó.

“Moderación hacia el progreso”

De ahí que, según el candidato socialista, el próximo 10 de noviembre los españoles deban pensar “en los años que tenemos por delante, en los desafíos que nos aguardan” y “mediten quién puede guiar nuestro país con moderación hacia el progreso, quien tiene los equipos, y quién tiene el programa”.

Más allá de las propuestas en materia territorial, el documento presentado este lunes renueva el compromiso del PSOE de actualizar en diciembre las pensiones del ejercicio 2020 de acuerdo con el IPC real, así como continuar incrementando el próximo año el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), hasta el 60% del salario medio a final de legislatura (unos 1.200 euros), así como a derogar “los aspectos más lesivos” de la reforma laboral.

Entre las 25 medidas que dibujan las prioridades del futuro Gobierno el PSOE ha hallado hueco para recoge el compromiso de “un ingreso mínimo como base de la libertad y los derechos de todas las personas”, para lo que se propone mejorar las prestaciones por hijo a cargo para los hogares en situación de pobreza y el desarrollo de un mecanismo de garantía de ingresos para hogares altamente vulnerables. También figura impulsar la “gradual equiparación”  de los derechos de los autónomos con los de los trabajadores por cuenta ajena, estableciendo una cotización acorde con sus ingresos reales y mejorando la protección social en caso de desempleo, enfermedad o jubilación.

Los socialistas vuelven a renovar la promesa de llevar el derecho a la vivienda “del plano a la realidad” impulsando una oferta de vivienda de alquiler “seguro y estable” a “precios asequibles” movilizando las viviendas vacías y a los grandes tenedores de vivienda y frenando las subidas abusivas de precios.

En materia fiscal,  el folleto presentado este lunes ni siquiera menciona la mayoría de los impuestos prometidos en abril, entre ellos la revisión al alza del impuesto de sociedades y la creación de dos gravámenes nuevos sobre las operaciones financiera y determinados servicios digitales. Sí hay una referencia genérica a al la creación de impuestos medioambientales —ni una palabra sobre el diésel— y la promesa d impulsar en Europa la creación de un impuesto al “CO en frontera”, dirigido combatir el “dumping de terceros países que no aplican las exigencias del Acuerdo de París”.

El avance electoral del PSOE incluye además una ley de racionalización de horarios, normas para luchas contra la prostitución —penalizando a sus usuarios además de las personas que, sin ejercerla, se beneficien económicamente de ella, una ley anticorrupción o la prohibición de la venta de vehículos de combustión a partir del año 2040.

Más allá de la enemistad que ambos líderes políticos han desarrollado —Rivera ni siquiera llamó a Sánchez para felicitarle tras su victoria del domingo y no mantienen ningún contacto personal desde que hace meses el máximo responsable de Cs puso en duda en el Congreso que el presidente sea el verdadero autor de su tesis doctoral— las estrategias de ambos partidos son absolutamente divergentes.

La preferencia del PSOE es un Gobierno monocolor apoyado en Unidas Podemos y en los nacionalistas. Su prioridad es gobernar como lo ha hecho desde la moción de censura a Rajoy, en solitario, pero en la calle Ferraz no descartan ningún escenario: un pacto de legislatura a cuatro años, un simple pacto de investidura o incluso la entrada de Pablo Iglesias y los suyos en el Ejecutivo. Todo va a depender de lo que pase el 26M y de la necesidad que los socialistas vayan a tener de Unidas Podemos —y viceversa— para gobernar en comunidades y ayuntamientos.

¿Por qué los socialistas no descartan formalmente un pacto con Cs si, como aseguran sus dirigentes, su preferencia es mantener la orientación progresista de los últimos diez meses? La respuesta está en el contexto electoral: el 26M los españoles volveremos a votar —hay que renovar las corporaciones locales, la mayoría de las asambleas autonómicas y la representación española en el Parlamento Europeo— y los estrategas del PSOE están convencidos de que cuanto más insista Rivera en mantener el cordón sanitario impuesto a los socialistas más margen tienen los socialistas para crecer en el espacio de centro. La dirección del PSOE es muy consciente de las preferencias de sus electores —“¡Con Rivera no!”, el grito de militantes socialistas en la noche electoral se ha convertido en una consigna compartida por pensionistas y sectores progresistas de toda España que amenaza con repetirse a diario durante la campaña que se avecina— pero en estos momentos da prioridad a los mensajes que le permitan captar a los electores centristas descontentos con la derechización de Rivera.

Y si el pacto no cuadra en la estrategia del PSOE, mucho menos cabe en la de Ciudadanos. Rivera cree que el resultado de las elecciones generales, que les han dejado a una distancia relativamente corta del PP en votos y escaños, y la crisis interna a la que previsiblemente se verá abocado el partido de Pablo Casado en los próximos meses, le ofrecen una oportunidad única de hacerse con el liderazgo del centroderecha. Y quiere aprovecharla. Ese es el objetivo de Cs en estos momentos y nada lo puede poner más en peligro que un pacto con Sánchez.

Por si eso fuese poco, los programas electorales del PSOE y de Ciudadanos contienen un buen número de compromisos incompatibles entre sí que dejan poco o ningún espacio para el acuerdo. Son, además, propuestas que forman parte del núcleo del discurso tanto de Sánchez como de Rivera y renunciar a ellas implica un cambio de posición difícilmente asumible para sus respectivas formaciones.

Cataluña: solución negociada o artículo 155

Las visiones territoriales del PSOE y Ciudadanos son radicalmente opuestas. “La España de las Autonomías debe seguir avanzando hacia un modelo de Estado cada vez más capaz de integrar la pluralidad” y para eso hace falta, según el compromiso electoral socialista, una reforma constitucional que incorpore a la Carta Magna “los principios que deben regir el sistema de financiación” autonómica y “el procedimiento para establecerlo con participación de los territorios” para que “los gobiernos autonómicos sean responsables de sus propios presupuestos ante el electorado”.

Los socialistas defienden también reconocer “las singularidades de los distintos territorios en sus propios Estatutos” en busca de “una definición más precisa de los aspectos identitarios, históricos, culturales, políticos y lingüísticos, así como una organización institucional y territorial adaptada a las peculiaridades de cada comunidad en cuanto no afecte al funcionamiento de otros territorios”. El PSOE quiere relanzar la comisión parlamentaria para la evaluación del Estado autonómico cerrada en el Congreso en la pasada legislatura —y boicoteada por el resto de los grupos— para que sirva de punto de partida a “una reflexión de mayor alcance sobre una futura reforma de la Constitución, que sólo cabe abordar desde el mayor consenso social y político posible”.

Los socialistas se han comprometido por escrito a rechazar un referéndum de autodeterminación, pero también se oponen frontalmente a un “Estado de excepción territorial con carácter permanente a través del artículo 155”. “Aspiramos a un funcionamiento más integrado del modelo, de forma que la mayoría de la población de todos los territorios se sienta partícipe”.

El PSOE apuesta por mejorar el autogobierno como fórmula para resolver el conflicto político en Cataluña y por mantener abiertas todas las vías de diálogo para conseguir ese objetivo. Y propone además incrementar la participación de las comunidades en las actuaciones y decisiones del Gobierno de España. En concreto, “la participación en el ejercicio de competencias del Estado por su carácter supraterritorial o por ser de interés general pero que inciden en el territorio de una determinada comunidad; la participación en la designación de los integrantes de instituciones del Estado o distintos organismos económicos y/o reguladores pues su actuación tiene incidencia sobre las comunidades; la participación en los asuntos europeos en cuanto las decisiones comunitarias afectan al ejercicio de las facultades competenciales de las comunidades, o la participación en la elaboración de planes y estrategias nacionales, para que todos aporten su visión del Estado”.

Ninguna de esas propuestas es compatible con el programa de Ciudadanos. La única solución que plantea Rivera para resolver el conflicto catalán es aplicar el artículo 155 en unos términos que implican la suspensión indefinida del autogobierno en Cataluña.

El programa territorial de la formación naranja incluye además propuestas contra la supuesta persecución del castellano en las comunidades con lenguas cooficiales que el PSOE rechaza, especialmente las que tienen que ver con la enseñanza y con el derecho de los ciudadanos de esos territorios a ser atendidos en su lengua. Y una amplísima agenda recentralizadora que pasa por rescatar competencias en materia de educación y dependencia o por privar al Gobierno vasco de su capacidad de negociar con la administración central el cupo, el sistema de financiación que se aplica en Euskadi y que siempre ha tenido el respaldo de todos los partidos, incluido el PP.

Ciudadanos quiere retirar a las comunidades las competencias que tienen en la actualidad que afecten al funcionamiento de las empresas, así como su capacidad de poner en marcha organismos en asuntos de su competencia. En su programa figuran numerosas iniciativas recentralizadoras que afectan a una gama muy variada de asuntos: desde la gestión de las adopciones a la igualación de la cartera de servicios que ofrece la sanidad en cada territorio, pasando por las competencias hidrológicas o la igualación de las rentas mínimas de inserción social, todas ellas contrarias a las previsiones de la Constitución y los estatutos de autonomía.

Política Fiscal: del blanco al negro

El segundo elemento nuclear que más difícil resultaría resolver en una hipotética negociación entre Sánchez y Rivera para gobernar afecta a la política fiscal. El programa socialdemócrata del PSOE propone revertir los recortes sociales puestos en marcha por los gobiernos del PP sin incumplir los compromisos de reducción de déficit y deuda pública que España tiene con la Unión Europea. Para conseguirlo, los socialistas pretenden, como ya intentaron en los últimos meses, reformar el impuesto de sociedades para que las grandes empresas no puedan burlar su contribución al erario público, gravar las transacciones financieras que afecten a las corporaciones del Íbex 35 y poner en marcha un impuesto sobre la actividad de las tecnológicas que comercian con los datos de los usuarios. También pretenden incrementar el IRPF a las grandes fortunas y revertir —en este caso por razones medioambientales— las ventajas fiscales de las que ahora goza el diésel.

Ciudadanos defiende todo lo contrario. Su programa económico, de inspiración neoliberal, descansa sobre una reducción y supresión generalizada de impuestos que, según la formación naranja, estimulará la economía y se traducirá en una mayor recaudación del Estado.

En concreto quieren bajar el IRPF “a las familias” creando deducciones fiscales para las que tengan dos o más hijos y las monoparentales con uno o más hijos y limitar el gravamen a las grandes fortunas a un máximo del 44%. Pretenden también suprimir el impuesto de sucesiones y donaciones y reformar el de sociedades. Y bajar impuestos en una amplia gama de actividades, desde la creación de startups innovadoras a la factura de la luz, pasando por las viviendas de alquiler y por el simple hecho de vivir en áreas despobladas, que Cs quiere compensar con una reducción del 60% en el IRPF.

La lista de asuntos irreconciliables es larga. Entre los más llamativos están el modelo de elección del Consejo General del Poder Judicial, que el PSOE quiere mantener en su formulación actual pero Ciudadanos propone cambiar para que sea una responsabilidad exclusiva de los jueces, la legalización de los llamados vientres de alquiler —una propuesta que el partido de Rivera defiende en solitario en España y a la que los socialistas se oponen frontalmente, en línea con la inmensa mayoría del movimiento feminista— o el futuro de las diputaciones provinciales —Cs las quiere suprimir y el PSOE es partidario de mantenerlas—.

Pedro Sánchez y Albert Rivera tienen poco margen para el acuerdo en muchos otros asuntos. Entre ellos la regulación de los VTC —Ciudadanos quiere derogar inmediatamente la normativa impulsada por el Gobierno socialista para favorecer la actividad de los vehículos que amenazan la supervivencia del sector del taxi— o la prisión permanente revisable, que Cs desea ampliar.

Las discrepancias se extienden a la reforma de la ley electoral, que los de Rivera quieren cambiar hacia un modelo que deje de favorecer a los partidos más votados ampliando sus representantes en el Congreso o para poner en marcha sistemas de listas abiertas. O a las televisiones autonómicas, que Ciudadanos pretende cerrar y que el PSOE no cuestiona.

A las 00.00 horas de este viernes, los partidos políticos dieron el pistoletazo de salida a la campaña electoral de las elecciones generales del 28 de abril. Dos semanas en las que los partidos echarán el resto para intentar conquistar al más del 41% de los electores que, según el último sondeo del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), no han decidido todavía por qué papeleta van a apostar. Será una campaña atípica porque pillará a gran parte de los españoles desconectados de su rutina por el breve parón vacacional de Semana Santa. En este contexto habrá que entender cómo los partidos, más allá de los mítines, multiplican su presencia en las redes sociales e intensifican los mensajes que trasladan en canales de whatsApp creados específicamente para mantener informados a sus militantes y simpatizantes. Nuevos métodos en los que los partidos más jóvenes se mueven con mucha soltura para nuevos tiempos.

Pero lo que no ha cambiado todavía son las normas de financiación para las campañas ni el hecho de que los partidos reflejen en un documento su programa electoral: las propuestas con las que quieren diferenciarse de sus rivales y el modelo de país que prometen poner en práctica en el supuesto de llegar a La Moncloa. 

La recta final hacia el 28A arranca con sólo dos partidos que han concretado su oferta completa a los españoles: el Partido Popular y Unidas Podemos. PSOE y Ciudadanos tienen previsto hacerlo próximamente. 

En lo económico, el límite de presupuesto para quienes concurren en todas las circunscripciones es de 13,6 millones de euros. Sólo el PSOE y el partido de Pablo Iglesias han hecho pública su previsión de gastos. PSOEEl partido liderado por Albert Rivera tiene previsto que ese dato sea público en "breve". Y el Partido Popular, por su parte, no lo tiene todavía "cerrado".

A continuación, infoLibre repasa las principales ideas de los partidos del cara al 28A y, en los casos en los que el dato es público, un análisis del dinero que se pretenden gastar y las principales partidas en las que invertirán. 

  El Presupuesto

El Estado subvencionará con 21.167,64 euros cada escaño del Congreso y del Senado que los partidos políticos obtengan es estos comicios. La cifra fue publicada el sábado 9 de marzo en el Boletín Oficial del Estado (BOE). La misma cantidad fue destinada en los comicios de junio de 2016.

Por otra parte, se subvencionará con 0,81 euros cada uno de los votos obtenidos por cada candidatura a la Cámara Baja, con la condición de que, al menos, uno de sus miembros obtenga acta de diputado. En el caso de la Cámara Alta las condiciones son las mismas. Y la cantidad a percibir será de 0,32 euros.

El límite de los gastos electorales para cada partido que concurra a las generales del 28A será el resultante de multiplicar por 0,37 euros el número de habitantes correspondiente a las poblaciones de derecho de las circunscripciones donde presente sus candidaturas. El Instituto Nacional de Estadística (INE) fijó en 36.893.976 los ciudadanos con derecho a votar. De estos, 34.799.999 tienen su residencia en España y 2.093.977 viven en el extranjero. Esto implica que los partidos que presentan candidaturas en todo el territorio nacional pueden gastar, como tope, 13,6 millones de euros en estas generales.

Además, el Estado abonará a los partidos 0,21 euros por elector en cada una de las circunscripciones en las que, habiendo presentado lista al Congreso y Senado, haya obtenido los votos necesarios para conformar grupo parlamentario. Esta cantidad es en concepto de los gastos del envío de sobres y papeletas o propaganda electoral.

¿Qué presupuestos manejan los partidos para este 28M? Este diario se ha puesto en contacto con PP, PSOE, Unidas Podemos, Ciudadanos y Vox.

A pocas horas del arranque de campaña, sólo PSOE y Unidas Podemos facilitaron estos datos. Desde el partido liderado por Pablo Casado informaron de que el presupuesto no estaba cerrado todavía, desde Ciudadanos aseguraron que los datos iban a hacerse públicos en las próximas horas. Y desde la formación liderada por Santiago Abascal la respuesta fue la siguiente: "No mantenemos ningún contacto ni colaboración con infoLibre".

Las cifras del PSOE

En el caso del Partido Socialista, el Comité Federal ha aprobado los techos de gastos financiables de las elecciones del 28 de abril y también de las del 26 de mayo. El total del gasto para las generales es de 9 millones de euros.

Según la información que ofrece el partido liderado por Pedro Sánchez en su página web, la partida que más dinero consume es la de actos públicos: 2.075.000 euros. Le siguen la inversión en "radio y prensa" (1.600.000 euros) y la misma cantidad para "vallas, carteles y banderolas". Para "producción de publicidad e impresión" se destinan 1.200.000 euros, según este techo de gasto no financiable.

La partida más pequeña, 25.000 euros, es la destinada a seguros.

Desde el partido del Gobierno no se ha aclarado a este diario si han solicitado préstamos a los bancos, qué cantidades y qué entidades. El diario El País informó de que los socialistas iban a solicitar 30 millones de euros a los bancos para afrontar este ciclo electoral, que incluye además las elecciones autonómicas y municipales del 26 de mayo.

Los socialistas han recurrido a los microcréditos para financiar esta campaña. "Participa y nos ayudarás a ampliar el alcance de nuestra campaña electoral dándole más fuerza a nuestro mensaje, llevándolo más lejos", explican en la web.

"No son donaciones, pues las cantidades te serán reembolsadas en unos meses y con los intereses generados hasta ese momento", explican. "Cuando cobremos la subvención electoral te devolveremos la cantidad que nos prestaste más los intereses generados hasta ese momento aplicando un 2% de interés anual", informan a sus posibles subvencionadores.

Las cantidades de los microcréditos que se pueden prestar al partido oscilan desde un mínimo de 200 euros hasta el máximo de 10.000 euros. En su campaña a las primarias del PSOE en 2017, Sánchez abrió una plataforma de crowfunding al margen del partido a través de la que recaudó casi 100.000 euros en donaciones, la mayoría de ellas de menos de 50 euros, informa Europa Press.

Los datos de Unidas Podemos

Desde Unidas Podemos informan de que el presupuesto de campaña es de 4,5 millones de euros. 

El partido liderado por Pablo Iglesias subraya que no han pedido dinero a los bancos y que las principales partidas serán "mailing, actos y publicidad".

¿De dónde salen estos 4,5 millones para la campaña? Son cuatro las fuentes de ingresos. Tesorería del partido –los ahorros de Podemos–, la aportación de IU y de Equo –ninguna de estas formaciones pide dinero a bancos, tal y como exige el acuerdo de coalición– y el anticipo de subvenciones.

En el partido liderado por Iglesias precisan que las formaciones políticas pueden pedir un adelanto del 30% del dinero que obtuvieron por la representación alcanzada en las últimas elecciones. Un anticipo que después se devuelve.

Podemos ha superado los 1,4 millones de euros en recaudación a través de microcréditos para financiar su campaña electoral de las generales. "Mediante los microcréditos ofrecemos a la ciudadanía la posibilidad de hacer un préstamo civil al Partido Político Podemos con vistas a sufragar los gastos electorales. Con tu ayuda queremos financiar esta campaña electoral. Puedes aportar entre 50 y 10 mil euros que te devolveremos cuando recibamos la subvención electoral correspondiente a los resultados electorales", informa el partido morado en su web.

  El programa electoral

Sólo Partido Popular y Unidas Podemos han presentado ya sus programas electorales al completo. El partido de Albert Rivera tiene la intención, según han informado a este diario desde su equipo, de presentar a lo largo del primer fin de semana de campaña un documento en el que pretenden desglosar los ejes de su oferta para los ciudadanos de cara al 28A. El programa completo llegará después.

El Partido Socialista, por su parte, no concreta cuándo van a presentar su programa íntegro. De momento, lo único que se conocen son los "110 compromisos" que Pedro Sánchez presentó arropado por sus ministros y rodeado de banderas de España y de la Unión Europea. La idea de los socialistas es que la versión ampliada de este documento vaya acompañada de una memoria económica.

Casado: nacionalismo español y recentralización 

El programa electoral para las elecciones generales, autonómicas y municipales del PP ocupa 102 páginas. Y está estructurado en 10 capítulos que contienen un total de 500 medidas.

Arranca con una foto de Casado, que se estrena como candidato en unas elecciones generales, con su lema de campaña, Valor Seguro, y con cinco principios que el PP considera "irrenunciables". A saber: "España es una Nación de ciudadanos libres e iguales", "Defendemos la libertad individual", "Creemos en la economía de libre mercado", "El Estado de Derecho es la garantía de todos los ciudadanos" y "Una nación segura y con vocación de liderazgo internacional".

A las propuestas clásicas del principal partido de la derecha, como las bajadas de impuestos, el PP de Pablo Casado suma una defensa cerrada de la bandera, los símbolos y el castellano y apuesta por paralizar la cesión de transferencias a las comunidades autónomas, un asunto que no comparten todos los barones territoriales del Partido Popular. 

También apuestan en su programa por actividades en los colegios en torno a la fiesta del 12 de octubre y la defensa de las corridas de toros. 

Tras varios patinazos, el PP ha optado por evitar fijar posición sobre el aborto en sur programa electoral. Y no menciona ni una sola vez en el documento la palabra "corrupción".

Los conservadores aprovechan el programa electoral para mostrar su compromiso con la prisión permanente revisable, figura que quieren ampliar con algunos supuestos, la defensa de la polémica ley mordaza, y la derogación de la Ley de Memoria Histórica. Esta iniciativa legislativa, de gobernar el PP, sería sustituida por una ley de concordia.

Podemos: un programa "para un nuevo país"

Junto al PP, el único partido que sí ha concretado su oferta completa para el 28A es Unidas Podemos. Incluye 264 medidas [aquí, en PDF] en 105 páginas. "En las elecciones del 28 de abril hay tres opciones: cualquiera de los tres partidos de Aznar (PP, Ciudadanos y VOX, que son básicamente lo mismo), el PSOE o Unidas Podemos", aseguran su programa.

"La tercera opción el 28 de abril es Unidas Podemos, que, frente al miedo que produce el 'trío de Colón', pone encima de la mesa la esperanza de los pensionistas, del 8M y de los jóvenes que alertan sobre el cambio climático y la convierte en la ambición de construir un país mejor", puede leerse.

En el documento, el partido de Iglesias plantea, entre otras cuestiones, la jornada laboral de 34 horas, la regulación de precios del alquiler, el salario mínimo a 1.200 euros o la reforma electoral.

En materia impositiva, aboga por la creación de un impuesto a las grandes fortunas con la idea de que sustituya al impuesto de patrimonio. "Tendrá un mínimo exento por primera vivienda de 400.000 euros y gravará con un 2% los patrimonios de más de un millón de euros, con un 2,5% los patrimonios de más de 10 millones de euros, con un 3% los patrimonios superiores a los 50 millones y con un 3,5% los patrimonios de más de 100 millones de euros, de forma que la mayor parte del impuesto recaiga sobre los mil patrimonios más altos del país", concreta el programa.

También apuesta por subir el IRPF a las rentas superiores a 100.000 euros hasta el 47%, crear un nuevo tramo para quienes ganen más de 300.000 euros anuales gravado al 55%, y rebajar el primer tramo no exento del 24% actual al 18%.

En 2016, el partido morado ya se contemplaba un impuesto a la banca, pero no su detalle. Ahora quiere que la banca devuelva los 60.000 millones de euros del rescate a través de un recargo temporal de diez puntos en el impuesto de sociedades que tienen que pagar las entidades, lo que elevaría el tipo mínimo para ellas a un 30%.

También quiere prohibir que los partidos políticos se financien a través de créditos bancarios. Aseguran en el programa que "quien paga manda, y los bancos no pueden mandar en los partidos". Y prohibir que los bancos estén en el accionariado de los medios. "Según la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), solo la banca ya tiene acciones por valor de más de 600 millones de euros en medios de comunicación y, en muchos casos, controla más del 50 % de su capital. La salud de la democracia española exige que quienes tienen un enorme poder financiero no puedan aprovecharlo para controlar también la comunicación y la formación de opinión pública en nuestro país", sostiene Podemos.

PSOE: 110 compromisos

No se trata del programa completo. Pero Sánchez ya presentó hace días un documento con las que serán las líneas maestras de su programa electoral. "11o compromisos con la España que quieres", se titula. Ocupa 48 páginas y está estructurado en siete bloques: la España del conocimiento, España competitiva y de las oportunidades, la España del bienestar, la España feminista, la España de la transición ecológica, la España de los nuevos derechos y libertades y una España europea y abierta al mundo.

En el citado documento, el PSOE se compromete a aprobar un ingreso mínimo vital para luchar contra la pobreza infantil, incluye mejorar las retribuciones de los militares, equiparar las de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y aprobar una Ley de Familia.

La aprobación inmediata de los Presupuestos Generales del Estado para 2019, la actualización de las pensiones en función del IPC real y el aumento en mayor medida las pensiones mínimas y no contributivas, son parte de la oferta de Sánchez para las generales.

En materia de empleo, el PSOE evita hablar de derogar la reforma laboral. Se limita a proponer la eliminación de sus "aspectos más lesivos" mediante la reforma del Estatuto de los Trabajadores. También se compromete a seguir aumentando de manera gradual el salario mínimo, hasta alcanzar el 60% del salario medio, y a reordenar los contratos para dejarlos en tres modalidades: indefinido, temporal y formativo. Tampoco incluye el impuesto a la banca.

Ciudadanos: propuestas a cuentagotas

La estrategia de Ciudadanos consiste en no desvelar el programa y que sus dirigentes vayan desgranando a diario algunas de sus principales propuestas. De momento, ni siquiera han presentado un documento resumen de sus principales compromisos, como ha hecho el PSOE.

Entre las iniciativas adelantadas en actos de partido durante las últimas semanas, destacan medidas como la promesa de rebajar el tipo máximo de IRPF al 44% si gana los comicios o suprimir el Impuesto de Sucesiones en los primeros 100 días de Gobierno. Cs también asegura que creará ayudas fiscales a las familias.

Otras propuetas de Rivera son crear una Selectividad única en toda España e introducir en los colegios de todo el país una una asignatura dedicada al estudio de la Constitución española.

Vox: sólo el programa económico

De momento, el partido liderado por Santiago Abascal sólo ha hecho público un programa económico. 

Tiene dos partes "Bienestar para todos. Propuesta de Vox de reducción de gasto superfluo para recuperar la clase media trabajadora y apoyar a las familias" y "Por una política fiscal justa, simple y eficiente. Propuesta tributaria de Vox para recuperar a la clase media trabajadora". El primer documento cuenta con 76 páginas y el segundo con 52.

El partido de ultraderecha propone recortar el gasto público en 24.236 millones, principalmente en el Estado, organismos autónomos y Seguridad Social. Aboga por una sola indemnización por despido de 20 días hasta un máximo de 12 meses. También defiende la bajada de los impuestos directos.

Hace meses, la formación presentó las 100 medidas urgentes de VOX para España "atendiendo a los problemas que más preocupan a los españoles: la unidad de España, la destrucción de clase media, los elevados impuestos, la seguridad de nuestras fronteras y el recorte de las libertades".

El líder del Partido Popular, Pablo Casado, presentó este lunes en Barcelona el programa electoral con el que concurrirá a las elecciones del próximo 28 de abril. El grueso de las ideas que integran este documento de 101 páginas estructuradas en 500 propuestas ya habían sido avanzadas por el jefe de los conservadores en los últimos meses, desde que se presentó al congreso extraordinario de sucesión de Mariano Rajoy.

Recuperando las declaraciones de Casado de la convención del PP del pasado febrero, el prograna electoral del "PP verdadero" contiene una amplia agenda recentralizadora, la aplicación del 155 de la Constitución en Cataluña y la defensa de las corridas de toros. Tras varios patinazos, el PP ha optado por evitar fijar posición sobre el aborto.

Igual que ocurrió en la etapa de Rajoy, el PP de Casado aboga por planes de apoyo a la maternidad y por incentivar a quienes siguen trabajando más allá de la edad de jubilación.

infoLibre repasa las principales novedades el primer programa electoral de Pablo Casado al frente de las filas conservadoras y algunas diferencias con el contrato que su antecesor planteó a los españoles para las generales de junio de 2016. En esa ocasión, Rajoy logró 134 escaños. Está por ver hasta dónde se reduce ahora el Grupo Parlamentario Popular. El único termómetro para medir lo que puede pasar el 28-A son las encuestas. En todas ellas el PP se ubica por debajo de los 100 escaños.

La coordinación del programa ha recaído en Andrea Levy, vicesecretaria de Estudios y Programas. La presentación del documento ha sido eclipsada por unas duras declaraciones de Casado contra el presidente del Gobierno. "Prefiere las manos manchadas de sangre a las manos manchadas de blanco. Manos pintadas de amarillo que manos abiertas a todos los españoles", dijo sobre Pedro Sánchez en alusión al apoyo de Bildu a los decretos del Gobierno aprobados la semana pasada por la diputación permanente del Congreso.

Si hay un par de hilos conductores de la apuesta del PP para los comicios estos son la agenda recentralizadora y la defensa cerrada del castellano.

  Nuevas medidas

Agenda recentralizadora

El segundo punto del programa deja por escrito el compromiso de reforzar la presencia del Estado en todas las comunidades autónomas. Lo hacen, argumentan, "para garantizar el pleno ejercicio de las competencias que tiene constitucionalmente atribuidas".

Creen los conservadores, y así lo sostienen en el preámbulo de este programa, titulado Nuestro contrato con los españoles, que "si en 1978 la modernización del país pasaba por la descentralización, hoy, en 2019, el principal reto que tenemos es el de fortalecer la capacidad vertebradora del Estado para garantizar la libertad y la igualdad de todos los españoles".La centralización afecta también a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado: "Reformaremos la Ley 2/86 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para reforzar la necesaria coordinación de la Policía Nacional y la Guardia Civil con las policías autonómicas". Si el PP gobierna aprobará "una moratoria que paralizará la cesión de nuevas transferencias a las comunidades autónomas". Y establecerá "los cauces necesarios para que aquellas comunidades autónomas que así lo deseen encomienden a la Administración del Estado el ejercicio de aquellas competencias que puedan ser administradas de manera más eficaz desde el Gobierno de la Nación".El castellano por encima de todo...Casado se compromete a desarrollar el artículo 3 de la Constitución a través de una Ley Orgánica de uso del castellano como lengua oficial del Estado. "Garantizaremos su utilización en todas las comunicaciones públicas realizadas en cualquier parte del territorio nacional, sin perjuicio del empleo de las lenguas cooficiales allí donde existan. Solo tendrán carácter oficial aquellos actos administrativos que se realicen, al menos, en castellano. Nadie podrá ser sancionado si no se le ha comunicado en castellano la infracción. Las señales, paneles y placas, urbanas e interurbanas, utilizarán siempre, al menos, el castellano. Nadie podrá ser multado o sancionado por utilizar el castellano", puede leerse.En materia de educación, la "lengua vehicular ordinaria de la enseñanza" en todo el territorio español será el castellano. En el acceso a oposiciones, "la única lengua cuyo conocimiento será un requisito indispensable para el acceso a un empleo público como el sanitario será el castellano". Aplicación del 155 para CataluñaEl punto cuatro del programa lo ocupa una de las principales banderas electorales de Pablo Casado en unas elecciones que PP, Ciudadanos y Vox ven muy en clave catalana."Con el objetivo de recuperar la legalidad constitucional, y para proteger el correcto ejercicio de la autonomía en Cataluña, de acuerdo con el procedimiento previsto en el artículo 155 de la Constitución española aplicaremos, por el tiempo que resulte inexcusable, cuantas medidas sean necesarias", dejan por escrito.¿Qué áreas son las más sensibles para los conservadores? "Velaremos con especial atención por un adecuado ejercicio de las competencias en educación, régimen penitenciario, medios públicos de comunicación y hacienda pública", señalan.Una sóla fórmula para acatar la ConstituciónEl PP quiere acabar con el habitual juramento "por imperativo legal" de los políticos nacionalistas e independentistas. "Aprobaremos una iniciativa legislativa para garantizar el correcto cumplimiento del requisito de prestación de juramento o promesa de la Constitución por parte de todos los cargos electos y autoridades públicas, prohibiendo cualquier variación o añadido que desnaturalice o vacíe de contenido dicho acto de acatamiento".Ley de símbolosEn el programa de 2016 de Rajoy se abogaba por incorporar a la "ley que regula el uso de la bandera y otros símbolos las previsiones y mecanismos jurídicos que garanticen su estricto cumplimiento". Casado va más allá. En el bloque destinado a las medidas de "fortalecimiento de la nación" aboga por dar luz verde a "una ley de símbolos nacionales que defienda la convivencia y la neutralidad institucional".La iniciativa contemplaría el agravamiento de las sanciones "para las autoridades que incumplan el deber de exhibir la bandera nacional en todos los edificios oficiales o la obligación de que el retrato del Jefe del Estado presida los salones de Plenos municipales".Promoción de la Fiesta Nacional"Promoveremos la Fiesta Nacional del 12 de octubre en el conjunto de la sociedad española e impulsaremos actividades en torno a ella en todos los centros escolares españoles", contemplan en el mismo capítulo de "fortalecimiento de la nación".Toreros en las listas... y defensa de las tradiciones taurinas en el programaCasado, en clara competición con Vox, ha incluido a toreros en su candidatura al Congreso de los Diputados. Pero no se ha quedado ahí. Ha querido dejar su compromiso con la tauromaquia por escrito."Reforzaremos el Plan Nacional de Tauromaquia (Pentauro) para que extienda el conocimiento y difusión del arte taurino y potencie el conjunto de actividades alrededor de esta importante tradición", abogan los conservadores."Desarrollaremos planes autonómicos en defensa y promoción de las tradiciones taurinas", añaden.Reforma de la ley del indultoTambién en clave catalana, en pleno jucio del procés, el PP aboga por reformar el Código Penal "para volver a tipificar como delito la convocatoria de referéndum ilegal". También, la Ley del Indulto "para prohibirlo en los casos de delitos de rebelión y sedición".Sin regular la eutanasiaLos conservadores no son partidarios de regular la eutanasia. Abogan por impulsar "la utilización del testamento vital como fórmula de manifestación de la voluntad de los pacientes ante una situación terminal". Y por extender los cuidados paliativos en el Sistema Nacional de Salud "garantizando la equidad en el acceso, la atención paliativa domiciliaria y los servicios de cuidados paliativos pediátricos".Adiós a la Ley de Memoria HistóricaAl PP no le gusta la Ley de Memoria Histórica. Si durante los años de Gobierno de Rajoy se ninguneó a esta iniciativa en los Presupuestos, Casado se propone directamente derogarla. Fue su anuncio estrella en la apertura del curso político en Ávila el pasado septiembre. Y fue el primer encargo que hizo a Adolfo Suárez Illana.En el programa queda reflejada la aprobación de una Ley de Concordia que derogará la Ley de Memoria Histórica "para que nunca más, por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia, vuelva el odio y la violencia entre españoles".Compromiso con la ´ley mordaza'Los partidos de izquierda quieren derogarla; Casado aprovecha el programa electoral para recalcar el compromiso del PP con esta iniciativa."Seguiremos aplicando la Ley de Seguridad Ciudadana que garantiza el derecho de los españoles a una convivencia pacífica y respalda la actuación legítima de las FCSE [Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado] en defensa de las libertades", subrayan.¿Respuesta a la crisis taxi-VTC?El PP quiere una nueva regulación en esta materia que ponga "al ciudadano y su libertad de elección como eje". Para ello, derogarán "el decreto Ábalos en los sectores del taxi y de los VTC, garantizando la libertad de elección del usuario y que incremente las oportunidades del taxi para adaptarse a las nuevas formas de movilidad"."Blindaje" del archivo de SalamancaEl pasado marzo, Europa Press informó de que los líderes nacionales del PP, Ciudadanos y Vox, Pablo Casado, Albert Rivera y Santago Abascal, respectivamente, habían rubricado el manifiesto de la asociación Salvar el Archivo de Salamanca en defensa de "la unidad del Centro Documental de la Memoria Histórica". Ahora, el PP en su programa propone lo siguiente: "Impulsaremos el blindaje del Archivo de Salamanca, impidiendo nuevas entregas de documentos fomentando que se puedan recuperar todos aquellos que están siendo retenidos ilegítimamente o ilegalmente".Seguros de arrendamientoEn plena burbuja del alquiler, el PP aboga por favorecer el desarrollo de seguros de arrendamiento "que cubran el impago de los alquileres y los daños que pueda causar el inquilino, especialmente para facilitar el alquiler de los jóvenes".Protección para los venezolanosEl PP de Pablo Casado aboga por la "creación de un Estatuto de protección temporal para venezolanos"."El Estatuto les concederá, entre otras cuestiones, un permiso de residencia temporal, desplazamiento libre por el territorio y un permiso de trabajo", detallan en un programa con varias alusiones la situación en Venezuela."Promoveremos la democracia en Venezuela en sintonía con los países del conocido como Grupo de Lima. Solo se reconocerá como legítimo al Gobierno de Juan Guaidó y a los representantes que él designe", dicen sobre la situación actual.En defensa de los animales de compañíaEl PP se compromete a promover reformas legales que luchen contra el abandono y maltrato de las mascotas."Pondremos en marcha iniciativas contra el incivismo de los propietarios de animales que afectan a la convivencia, la seguridad y la salubridad del espacio público", avanzan.El CIS, bajo lupaTras unos meses en los que las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) han escocido en el grueso de los partidos de la oposición, el PP se propone garantizar "la profesionalización del CIS". "Sus encuestas estarán guiadas por métodos científicos y no por intereses partidistas como ha ocurrido en los últimos meses", añaden sobre este organismo presidido por el militante socialista José Félix Tezanos.Medios de comunicación públicos"Los medios de comunicación públicos estarán guiados por criterios de profesionalidad, transparencia, pluralidad y racionalidad económica", definen los conservadores. La última etapa del PP en el Gobierno (2012 a 2018) provocó múltiples protestas de los representantes de los periodistas de RTVE por la "manipulación" de las informaciones.Casado pretende terminar "con el modelo de "administrador único de la corporación de RTVE" e impulsar "un Gobierno corporativo guiado por los principios de profesionalidad, mérito y capacidad".RegeneraciónEl PP de Pablo Casado intenta pasar página de la corrupción de los años de Mariano Rajoy al frente del partido. Si en el programa electoral de 2016 la palabra corrupción aparecía 30 veces, en el programa de ahora no aparece ninguna.Sí hay un apartado dedicado a la transparencia y regeneración en el que, entre otros asuntos se prevé una reforma del Reglamento del Congreso y del Senado "para fortalecer la función de control al Gobierno, la actividad de diputados y senadores, y la calidad del procedimiento legislativo". También quieren restringir "el uso del decreto ley en época previa a las elecciones", una herramienta legislativa de la que han abusado todos los gobiernos.  Las coincidenciasBajada de impuestos"Rebajaremos la carga fiscal de los ciudadanos, asegurando que los beneficios de la recuperación económica llegan a todos los hogares", prometía el PP en 2016. Ahora, Casado aboga, por ejemplo, por rebajar el Impuesto de Sociedades, situando el tipo máximo por debajo del 20%, suprimir el Impuesto sobre el Patrimonio y eliminar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones para las transmisiones entre padres e hijos y al resto de la línea descendiente, así como entre cónyuges. El PP de Casado no aclara cómo van a cuadrar las cuentas.Plan de apoyo a la maternidadTras comprobar que es un tema que divide de manera muy importante a sectores de su partido y su electorado, Casado ha optado por no fijar posición en el programa electoral en materia de interrupción voluntaria del embarazo. La vuelta a la ley de supuestos de 1985 ha quedado como la visión personal del líder, pero no extrapolable, de momento, a los programas del partido. A día de hoy la postura de la dirección nacional del PP es que debe esperarse a que el Tribunal Constitucional decida sobre el recurso que plantearon a la ley de plazos. Así las cosas, el PP de Casado aboga por dar luz verde a una ley de apoyo a la maternidad "que contemple un conjunto de medidas para poner en valor la maternidad, ampliar las medidas de conciliación y corresponsabilidad, impulse medidas fiscales en favor de las familias, la promoción de la orientación familiar, etc.". Es algo similar a lo recogido en 2016 por el equipo de Rajoy, un Plan de Apoyo a la Maternidad.Prisión permanente revisableRajoy aprobó la iniciativa y en su programa de 2016 hizo bandera de ella: "La prisión permanente revisable y el aumento de las sanciones para los delitos más graves han logrado reforzar la garantía de nuestra seguridad ante los peores delincuentes". Ahora, Casado intenta llenar de contenido esta polémica ley proponiendo reformar el Código Penal para ampliar los supuestos de prisión permanente revisable, añadiendo a los ya contemplados los siguientes: asesinatos en los que el autor impida u obstruya la recuperación del cuerpo de la víctima, asesinato tras secuestro del rehén, muertes causadas por incendios, estragos (destrucción de grandes infraestructuras) o mediante la liberación de productos químicos, biológicos, energía nuclear o elementos radiactivos, asesinato en el que concurran algunos supuestos de violencia de género acreditada y violadores reincidentes.Incentivos para quienes superan la edad de jubilaciónLos conservadores siguen ofreciendo incentivos a quienes prolonguen su vida laboral de forma voluntaria. "En particular estableceremos, entre otras medidas, un régimen por el cual los trabajadores que alcancen la edad legal de jubilación puedan aplicar una exención en el pago del IRPF cuando se continúe la actividad profesional sin cobrar la pensión de jubilación", dice el programa de Casado.En 2016, el PP se proponía revisar los incentivos "para fomentar la permanencia de los trabajadores en activo". "Y promoveremos una mayor compatibilidad entre percepción de la pensión y percepción del salario por actividad laboral", reflejaba el programa.Mix energéticoLa apuesta por un "mix energético" figura en ambos programas, si bien en el de 2019 no se cita expresamente a las centrales nucleares. "Defendemos un mix energético que permita cumplir los objetivos de seguridad del suministro, cambio climático y precio de la energía. Esto exige aprovechar al máximo las opciones renovables que ya son competitivas, pero sin renunciar a otras tecnologías que aún son útiles a nuestro país. Para ello, promoveremos la aprobación de un Pacto de Estado para establecer un mix energético estable a 40 años que de certidumbre al sector y al consumidor", subraya el programa coordinado por Andrea Levy.Pacto Nacional sobre el aguaLa idea del Pacto Nacional sobre el agua figura en los dos documentos. Casado pretente que sea consensuado con las Comunidades Autónomas, regantes, y todos los sectores afectados. "Con él daremos cumplimiento a los objetivos medioambientales, respuesta a los déficits hídricos y garantizaremos la disponibilidad de agua en el futuro, desde la solidaridad y la cohesión territorial", consideran en el PP.En defensa de la "España rural"Ambos programas contemplan planes o leyes de desarrollo de la España rural. Casado considera que estas iniciativas servirán para fomentar "la actividad económica, la diversificación, la creación de empleo y el emprendimiento en las zonas con escasa población o en vías de despoblación".Inclusión de la población gitanaSi en 2016 el PP se comprometía a impulsar el desarrollo de la "Estrategia Nacional para la Inclusión Social de la Población Gitana en España 2012-2020", ahora se proponen renovar esa estrategia. Lo harán, aseguran, a través de "planes operativos en colaboración estrecha con las comunidades autónomas, la FEMP y las entidades sociales del movimiento asociativo gitano, principalmente las que integran el Consejo Estatal del Pueblo Gitano".,capacidad vertebradora del Estado

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado:

"una moratoria que paralizará la cesión de nuevas transferencias a las comunidades autónomas"

Nadie podrá ser sancionado si no se le ha comunicado en castellano la infracción

acceso a un empleo público como el sanitario será el castellano"

Pablo Casado

cuantas medidas sean necesarias",

¿Qué áreas son las más sensibles para los conservadores?

"por imperativo legal" que desnaturalice o vacíe de contenido dicho acto de acatamiento"

que el retrato del Jefe del Estado presida los salones de Plenos municipales".

"fortalecimiento de la nación".

. Ha querido dejar su compromiso con la tauromaquia por escrito.

Plan Nacional de Tauromaquia (Pentauro) (Pentauro)

promoción de las tradiciones taurinas"

procés "para volver a tipificar como delito la convocatoria de referéndum ilegal

"la utilización del testamento vital

Ley de Memoria HistóricaAdolfo Suárez Illana

"para que nunca más, por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia

Los partidos de izquierda quieren derogarla;

el derecho de los españoles a una convivencia pacífica

decreto Ábalossectores del taxi y de los VTC

"la unidad del Centro Documental de la Memoria Histórica"están siendo retenidos ilegítimamente o ilegalmente".

facilitar el alquiler de los jóvenes".

Pablo Casado

un programa con varias alusiones la situación en Venezuela.

democracia en Venezuela se reconocerá como legítimo al Gobierno de Juan Guaidó y a los representantes que él designe"

iniciativas contra el incivismo de los propietarios de animales que afectan a la convivencia

Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS)"la profesionalización del CIS".

José Félix Tezanos

profesionalidad, transparencia, pluralidad "manipulación"

RTVE"un Gobierno corporativo guiado por los principios de profesionalidad, mérito y capacidad"

aparecía 30 veces

Senadouna herramienta legislativa de la que han abusado todos los gobiernos.

Impuesto sobre el Patrimonio

no aclara cómo van a cuadrar las cuentas

divide de manera muy importanteTribunal Constitucional

Plan de Apoyo a la Maternidad.

han logrado reforzar la garantía de nuestra seguridad ante los peores delincuentes".

violadores reincidentes

"para fomentar la permanencia de los trabajadores en activo".

"mix energético"

con escasa población o en vías de despoblación".

Inclusión Social de la Población Gitana en España

El programa de Podemos, hecho público el pasado viernes, incluye 264 medidas [puedes consultarlo aquí en PDF] con las que la formación morada quiere presentarse como la tercera vía entre el "trío de Colón" formado por PP, Ciudadanos y Vox y un PSOE que "representa la reacción más conservadora" frente a "los tres de Aznar" para "defender lo que hay" y "no avanzar como país". Pero Podemos ha diseñado un documento de lectura más fácil y solo con las propuestas más señeras con dos objetivos: fomentar su difusión y reivindicar los artículos de la Constitución que consagran los derechos sociales y que, a su juicio, son ninguneados por el resto de los partidos.

La presentación del programa y de esta versión en formato de pequeña Constitución tuvo lugar este lunes por la mañana, y contó con la presencia del secretario general de Podemos, Pablo Iglesias; el secretario de Organización, Pablo Echenique; la secretaria de Feminismos, Sofía Castañón; la portavoz adjunta, Ione Belarra; y el secretario de Economía, Nacho Álvarez.

"La Constitución española se ha convertido en los últimos tiempos en una suerte de arma arrojadiza", y frente a ello Podemos quiere reivindicar los "artículos pensados y concebidos para proteger a la gente", señaló Iglesias, que puso varios ejemplos de ello. El dirigente se refirió expresamente a artículos como el 31.1 -el que establece la progresividad del sistema fiscal-, que Podemos utiliza para presentar sus propuestas en materia de impuestos, o el 128, que regula que toda la riqueza está subordinada al interés general y al que Podemos enlaza medidas como el aprovechamiento de Bankia como banco público.

"Por eso hemos querido diseñar nuestro programa de gobierno como un programa de estricta aplicación de los artículos de la Constitución que protegen a la gente", afirmó el secretario general de Podemos. Un programa que, según sostuvo Echenique, han aprobado entre el viernes y el domingo "más del triple" de las personas que lo hicieron en 2015. Entonces fueron un total de 15.264 los militantes que participaron en la ratificación del documento.

Podemos presentó este viernes su programa para las próximas elecciones generales del 28 de abril, un documento con 264 medidas [puedes consultarlo aquí en PDF] con las que la formación morada quiere presentarse como la tercera vía entre el "trío de Colón" formado por PP, Ciudadanos y Vox y un PSOE que "representa la reacción más conservadora" frente a "los tres de Aznar" para "defender lo que hay" y "no avanzar como país". Muchas de las propuestas ya estaban recogidas en el programa con el que Unidos Podemos concurrió a las elecciones de 2016, pero el partido morado ha incluido también varias de las iniciativas que ha defendido con más ahínco durante la última legislatura.

  nuevas medidas

1. Jornada laboral de 34 horas

En 2016, Unidos Podemos planteaba "la progresiva implantación de una jornada laboral máxima de 35 horas semanales". En su nuevo programa, la propuesta del partido se ve ligeramente modificada, ya que ahora Podemos apuesta por una jornada laboral de 34 horas a la semana, "de 7 horas de lunes a jueves y de 6 horas los viernes sin reducción de salario".

2. El problema de los falsos autónomos

En su programa, Podemos asegura que "son ya 225 000 personas las obligadas a trabajar para una empresa, pero pagándose sus cuotas". Y, para remediar su situación, la formación propone que esos trabajadores se consideren automáticamente indefinidos y se les respeten los derechos que hubieran generado si se demuestra que tienen "una única vía de ingresos relevante". "Además, iniciaremos una intensa campaña de inspecciones de trabajo, organizada a partir de las denuncias recibidas, con un régimen sancionador a la altura del fraude", indica.

3. Salario mínimo de 1.200 euros mensuales

En su anterior programa, Unidos Podemos planteaba que la legislatura debía acabar con un salario mínimo situado "en un mínimo de 950 euros al mes". No se ha alcanzado ese techo, pero la cifra ha quedado en 900 euros mensuales, y ahora Podemos propone "alcanzar un salario mínimo interprofesional de 1.200 euros en la próxima legislatura", con una subida "inmediata" a 1.000 euros mensuales el próximo año.

4. Protección del sector del taxi

Esta ha sido una de las banderas de Podemos en la última legislatura, y el partido morado va a llevar a su programa una medida para proteger el transporte regulado frente al sector VTC. "El Estado y las comunidades autónomas cooperarán para que se establezcan requisitos temporales (como las dos horas de precontratación), espaciales (distancia mínima con el pasajero o estacionamiento en aeropuertos, estaciones y otras paradas autorizadas) y de geoposicionamiento (obligación de mostrar la posición a la Administración y de deambular sin pasajeros u hoja de ruta)" para las VTC, señala Podemos, que además plantea recuperar "autorizaciones administrativas" con el objetivo de que haya una licencia VTC por cada 30 de taxi.

5. Equiparación salarial de Policía y Guardia Civil

Podemos plantea culminar una medida que ya ha comenzado a ponerse en marcha: la igualación de los sueldos de la Policía Nacional y la Guardia Civil a la de los cuerpos policiales autonómicos.

6. Aumento de la prestación por desempleo

"Incrementaremos la prestación al 70 % de la base reguladora desde el primer día y hasta el final, sin recortes, y elevaremos las cuantías máximas y mínimas", señala Podemos en su programa para el 28A, que además plantea que los menores de 30 años necesiten solo la mitad del periodo de cotización normal para tener derecho a la prestación.

7. Participación de los empleados en la propiedad de sus empresas

Podemos plantea medidas como la entrada de los trabajadores "en la dirección y el accionariado de las empresas, como ya ocurre en Alemania y Francia". Y "apoyaremos a las empresas de la economía social, en las que es la misma parte que aporta su trabajo y su creatividad en el día a día la que dirige la empresa", señala la formación morada.

8. Regulación de los precios del alquiler

La formación morada lleva también a su programa una de las medidas que pactó con el Gobierno en su acuerdo de Presupuestos: la limitación de precios en los arrendamientos. "Se habilitará a los Ayuntamientos con el fin de que puedan regular los precios en barrios y zonas con precios especialmente tensionados, con el objetivo de que ninguna familia pague más del 30 % de su renta en concepto de alquiler", propone Podemos.

9. Contratos de arrendamiento indefinidos

Recientemente, el Gobierno aprobó aumentar de tres a cinco años el tiempo mínimo de duración de un contrato de alquiler. Pero Podemos propone en su programa que estos acuerdos sean de carácter "indefinido", y que se establezcan en ellos "causas claras de rescisión justificada". "En los casos en que el arrendatario sea especialmente vulnerable y el arrendador sea un gran propietario de viviendas (sociedades inmobiliarias y fondos buitre), el contrato de alquiler se prorrogará de manera automática", apunta.

10. 50.000 viviendas públicas al año

En 2016, Unidos Podemos propuso convertir la Sareb "en un instrumento de gestión de un parque público de vivienda en alquiler", que saldría precisamente de los inmuebles adquiridos por esa entidad. En su programa para el 28A, Podemos concreta ahora que ese parque público de vivienda en alquiler debería nutrirse con "50.000 viviendas al año", procedentes de la "cesión obligatoria de las viviendas vacías de los grandes tenedores de vivienda", fundamentalmente los bancos.

11. La reforma de la factura de la luz

Podemos plantea reformar la factura de la luz con el fin de rebajar el precio de la electricidad. El partido morado quiere limitar el precio del término fijo –la cuota que se paga aunque no se consuma nada– al 25% de la factura, "y, respecto a lo que se paga en función de la energía consumida, los primeros kWh (que son imprescindibles para llevar una vida digna) tendrán un precio muy bajo, que aumentará en los siguientes hasta penalizar el derroche".

12. Creación de una empresa pública de energía

"Esta empresa desempeñará un rol activo en la instalación de energías renovables" y "empujará hacia la transformación del mercado eléctrico", señala Podemos, que plantea que, "dada la importancia de estos fines, también se ocupará de implementar una factura de la luz más baja y de garantizar que nadie sufra pobreza energética".

13. Plan contra la violencia machista

La formación morada plantea financiar con 600 millones de euros anules un "Plan Estatal de Lucha contra las Violencias Machistas". "Tomaremos como una cuestión de Estado la libertad y la reparación de las mujeres que sufren violencias machistas, lo cual implica la garantía de que los procesos de denuncia y judiciales tengan perspectiva de género y de que el conjunto de profesionales que intervienen en ellos tengan la formación necesaria", señala Podemos.

14. Una tasa mínima del 15% para el impuesto de sociedades

Unidos Podemos ya proponía en 2016 una reforma en profundidad del impuesto de sociedades, pero ahora establece un tipo mínimo que tendrían que abonar todas las empresas, una vez ya descontadas todas las exenciones y deducciones: un 15%, que se ampliaría hasta el 20% "para las entidades financieras y empresas de hidrocarburos". Además, para las pymes, se rebajaría el tipo nominal (el máximo) del 25% al 23%.

15. Creación de un impuesto a las grandes fortunas

La idea de Podemos es que esta tasa sustituya al impuesto de patrimonio, y para evitar que ocurra lo que pasa ahora en algunos territorios, no podría bonificarse. "Tendrá un mínimo exento por primera vivienda de 400.000 euros y gravará con un 2% los patrimonios de más de un millón de euros, con un 2,5% los patrimonios de más de 10 millones de euros, con un 3% los patrimonios superiores a los 50 millones y con un 3,5% los patrimonios de más de 100 millones de euros, de forma que la mayor parte del impuesto recaiga sobre los mil patrimonios más altos del país", concreta el programa.

16. Subida del IRPF a las rentas altas

En 2016, Unidos Podemos planteaba elevar el IRPF a todas las rentas por encima de los 60.000 euros anuales. La propuesta que hace Podemos en 2019 es ligeramente diferente: subir el impuesto a las rentas superiores a 100.000 euros hasta el 47%, crear un nuevo tramo para quienes ganen más de 300.000 euros anuales gravado al 55%, y rebajar el primer tramo no exento del IRPF del 24% actual al 18%.

17. Impuesto a la banca

En 2016 ya se contemplaba esta medida, pero no su concreción. Podemos busca que la banca devuelva los 60.000 millones de euros del rescate a través de un recargo temporal de diez puntos en el impuesto de sociedades que tienen que pagar las entidades, lo que elevaría el tipo mínimo para ellas a un 30%.

18. Plan Horizonte Verde

Una de las medidas estrella en el nuevo programa de Podemos es, en realidad, un paquete de propuestas con las que el partido quiere que España consuma toda su energía procedente de fuentes renovables en el año 2040. Para ello, la formación morada plantea medidas como cerrar las centrales de carbón antes de 2025 y las nucleares antes de 2024, así como "recuperar automáticamente la gestión pública de las centrales hidroeléctricas cuyas concesiones para la explotación privada" caduquen y "rehabilitar al menos 500 000 viviendas al año para promover la eficiencia energética".

19. Financiación de las campañas electorales de los partidos

La formación morada quiere llevar una de sus máximas a la ley: la prohibición de que los partidos políticos se financien a través de créditos bancarios. Así lo recoge el programa electoral, que asegura que "quien paga manda, y los bancos no pueden mandar en los partidos". En 2016, se planteaba la posibilidad de "prohibir" o tan solo "limitar severamente" el "endeudamiento bancario" de los partidos.

20. Prohibir que los bancos estén en el accionariado de los medios

"Según la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), solo la banca ya tiene acciones por valor de más de 600 millones de euros en medios de comunicación y, en muchos casos, controla más del 50 % de su capital. La salud de la democracia española exige que quienes tienen un enorme poder financiero no puedan aprovecharlo para controlar también la comunicación y la formación de opinión pública en nuestro país", sostiene Podemos.

  medidas que repiten

1. Derogación de las reformas laborales

"Un 40 % de los contratos indefinidos se extinguen antes de un año. No basta con llamarlos "indefinidos", hay que hacerlos estables", plantea en su nuevo programa Podemos, que explica que "para eso, proponemos distintas medidas, que se resumen en la derogación del conjunto de las dos reformas laborales, de Zapatero y de Rajoy, que precarizaron el contrato fijo".

2. Permisos de paternidad y maternidad iguales e intransferibles

Otra de las banderas de Podemos que vuelve a su programa. "Propondremos la equiparación inmediata a 16 semanas para ambos progenitores o progenitoras y un aumento de 2 semanas al año hasta alcanzar las 24 semanas (medio año) para cada progenitor o progenitora", detalla el partido.

3. Prohibición de los desahucios sin alternativa y dación en pago

La formación morada plantea prohibir los desalojos de familias en situación de vulnerabilidad "sin que la Administración competente garantice un realojo en condiciones dignas, ya sea en casos de impago de alquileres o por ocupación en precario motivada por la falta de vivienda asequible". Además, la deuda estará limitada al valor del bien hipotecado, es decir, se plantea aprobar la dación en pago.

4. Suministros básicos garantizados

Otra de las medidas de Podemos con respecto al mercado de la energía es la prohibición de que las compañías de electricidad, agua y gas puedan cortar el suministro en las primeras residencias "cuando el impago se deba a motivos ajenos a su voluntad, como la pobreza sobrevenida". Esta protección se activaría "de manera automática cuando exista situación de vulnerabilidad", y tendrían una duración de un año, prorrogable durante el tiempo que duren las dificultades de la familia.

5. Ayuda a las familias con bajos ingresos

Podemos también vuelve a proponer que el Estado se haga cargo de las familias con ingresos que las sitúan en riesgo de pobreza, con independencia de que tengan o no trabajo. "Se trata de una prestación de suficiencia de ingresos que tendrá una cuantía inicial garantizada por adulto de 600 euros al mes, que se incrementará en función del número de miembros del hogar hasta los 1.200 euros" y que no se perderá si la persona encuentra empleo, sino que servirá para complementarlo hasta que el beneficiario pueda tener un nivel de ingresos suficiente por sí mismo.

6. Educación gratuita de 0 a 3 años

"Configuraremos un sistema de educación infantil (de 0 a 3 años) que ofrezca una cobertura universal y gratuita a todas las criaturas al terminar los permisos parentales remunerados de sus progenitores y progenitoras", afirma Podemos, que cifra en 100.000 los puestos de trabajo "directos" que se crearían con la medida.

7. Mantener Bankia en el sector público

Podemos ha abogado desde su nacimiento por que el Estado aproveche que Bankia ya está nacionalizada para que comience a ejercer funciones de banco público. "Podemos aprovechar ahora para introducir competencia en el sector, asegurar que tengan acceso al crédito los elementos más productivos y dinámicos de nuestro sistema [...], introducir parámetros de justicia en el mercado de las hipotecas y atender las funciones sociales de la banca que otras entidades descuidan", propone el partido morado. La novedad sobre este asunto es que Podemos propone que el Congreso elija por mayoría de tres quintos un nuevo presidente que sustituya a José Ignacio Goirigolzarri.

8. Reforma de la Constitución

La formación liderada por Pablo Iglesias sigue abogando por una reforma constitucional que aborde, entre otros asuntos, dos muy señalados. El primero de ellos es la derogación del artículo 135 de la Constitución para evitar que el pago de la deuda pública tenga prioridad sobre cualquier otro gasto. El segundo es la supresión de los aforamientos –una medida que ya propuso el Gobierno hace unos meses pero que se ha quedado en un cajón– y la eliminación de la cláusula por la cual el rey es irresponsable ante la ley.

9. Referéndum de autodeterminación en Cataluña

Podemos sigue insistiendo en su propuesta de poner en marcha una consulta vinculante en Cataluña sobre la independencia, como primer paso de un "proceso de reconciliación". En este referéndum, tal y como explicó hace unos días Pablo Iglesias, "las opciones no tienen por qué ser necesariamente dos", y Podemos defendería la permanencia de la comunidad en España "en unas condiciones diferentes" a las actuales.

10. Reforma de la ley electoral

El planteamiento de Podemos es el mismo que ya propuso detalladamente a principios de 2018: modificar la ley electoral sin tener que cambiar la Constitución para ello. El partido morado quiere cambiar el sistema de reparto D'Hondt por el Sainte-Laguë, de corte más proporcional y que ayudaría a mitigar los efectos mayoritarios de la actual norma, que prima la concentración del voto, especialmente en las provincias más pequeñas y rurales.