La lista de países de la UE que, a poco más de un mes de que venza el plazo europeo para trasponer la directiva europea que busca blindar a los medios de las demandas infundadas que tratan de silenciarlos —conocidas como SLAPP—, es larga. No han iniciado debates parlamentarios, no han presentado proyectos de ley, no han hecho ningún movimiento visible. España está en ese grupo.

Una SLAPP —del inglés Strategic Lawsuit Against Public Participation, o demanda estratégica contra la participación pública— es una acción judicial interpuesta no con el propósito de ganar en los tribunales, sino de agotar al demandado fuera de ellos. Quien la presenta —habitualmente una empresa poderosa, un político o una institución con recursos económicos muy superiores a los de su víctima— no busca obtener justicia ni reparar un daño real, sino obligar al periodista, al activista o a la organización demandada a dedicar tiempo, dinero y energía a defenderse, hasta que decida que no merece la pena seguir investigando, publicando o denunciando.

La Directiva (UE) 2024/1069, conocida informalmente como la Ley Daphne, vincula a los 27 Estados miembros de la Unión Europea. Son ellos quienes tienen hasta el 7 de mayo de 2026 para incorporarla a sus ordenamientos jurídicos y quienes se exponen a procedimientos de infracción y sanciones del Tribunal de Justicia de la UE si no lo hacen. Junto a España están Dinamarca, Finlandia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Portugal, Eslovaquia, Hungría e Italia.

Pero hay otra lista negra de países, ajenos a la UE, que también están ignorando el problema. Son los miembros del Consejo de Europa sujetos a la Recomendación CM/Rec(2024)2 del Comité de Ministros de este organismo: Albania, Andorra, Armenia, Azerbaiyán, Bosnia-Herzegovina, Georgia, Islandia, Kosovo, Liechtenstein, Moldavia, Mónaco, Montenegro, Macedonia del Norte, Noruega, San Marino, Serbia, Suiza, Turquía, Ucrania y el Reino Unido.

Los datos proceden del informe anual de CASE, la Coalición contra las SLAPP en Europa, publicado en enero de 2026 y elaborado por la Fundación Daphne Caruana Galizia. El estudio, que ya va por su cuarta edición, radiografía el estado de las demandas estratégicas contra la participación pública en el continente y hace un diagnóstico negativo de cómo los gobiernos están respondiendo a sus respectivas obligaciones.

Desde 2010, CASE ha documentado 1.303 casos de SLAPP en Europa. Solo en 2024 se iniciaron 167 nuevos procedimientos, una cifra que supera ligeramente la de 2023 y que consolida una tendencia de crecimiento sostenido desde 2017. El problema se ha extendido también geográficamente: el informe añade Montenegro y Andorra al mapa, elevando a 43 los países europeos donde se han observado este tipo de demandas.

¿Qué países registran más casos? En 2024, Italia encabezaba el ranking con 21 procedimientos, seguida de Alemania (20), Serbia (13), Hungría (12), Turquía (10) y Ucrania (10). En el periodo completo 2010-2024, Polonia acumula el mayor número total (140), seguida de Malta (91), Francia (91), Bulgaria (70), Serbia (73) y Eslovaquia (64).

España suma 29 casos documentados en todo el periodo, una cifra que los autores del informe reconocen que probablemente subestima la realidad: la metodología captura solo los casos que llegan a conocimiento de la red, y muchas víctimas prefieren no dar publicidad a los procedimientos por miedo a nuevas represalias.

El perfil del demandante es consistente. En 2024, las empresas y empresarios concentraron el 40,9% de las demandas, mientras que los políticos y funcionarios públicos sumaron el 29,3%. La base legal más frecuente es la difamación —924 casos de los 1.303 registrados—, pero el informe advierte de una tendencia nueva: el uso creciente del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), la normativa europea que regula cómo las organizaciones pueden recopilar, almacenar y usar los datos personales de los ciudadanos, en vigor desde 2018 y directamente aplicable en todos los Estados miembros de la UE sin necesidad de trasposición.

Hay 15 casos en los que el reglamento europeo de protección de datos aparece como base legal explícita, y otros 44 invocan la vulneración de la privacidad. La lógica es perversa: en lugar de discutir si una información es veraz y de interés público, el demandante exige su eliminación por la vía de la protección de datos, eludiendo cualquier debate sobre el fondo.

Para seguir el proceso de trasposición, CASE y el Centro Europeo de Libertad de Prensa y Medios (ECPMF) pusieron en marcha en septiembre de 2025 el Monitor Europeo Anti-SLAPP, una plataforma pública que clasifica a cada país según su grado de avance. Las categorías son: sin información, no iniciado, iniciado, retrasado, parcialmente implementado e implementado. El balance a diciembre de 2025 es desolador.

De los 27 Estados miembros, ninguno ha alcanzado la implementación completa. Solo Malta ha logrado la implementación parcial, y con matices que merecen atención: la legislación maltesa transpone la directiva pero cubre únicamente los casos transfronterizos, dejando sin protección los procedimientos domésticos. Es la paradoja de una ley llamada Daphne que, en su versión más restrictiva, no habría protegido a Daphne Caruana Galizia: ella era maltesa, sus demandantes eran malteses y los tribunales eran malteses. Caruana acabó siendo asesinada en las inmediaciones de su domicilio.

Con todo, hay un grupo más amplio de Estados miembros de la UE que ha iniciado el proceso de trasposición en distinto grado: Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Chipre, República Checa, Estonia, Francia, Alemania, Grecia, Irlanda, Países Bajos, Polonia, Rumania, Eslovenia y Suecia. Son dieciséis países que al menos han arrancado, aunque con velocidades y profundidades muy distintas, y con la preocupación añadida de que los primeros indicios apuntan a que varios de ellos optarán por quedarse en el umbral mínimo que exige la directiva.

Luego están los que no han iniciado el proceso en absoluto. Dentro de la UE, ese grupo incluye a Hungría e Italia —dos de los países con mayor número de casos documentados, lo que no es una coincidencia, y en los que además gobierna la ultraderecha—, así como Luxemburgo, cuya ausencia resulta llamativa dado que alberga instituciones europeas clave.

Y finalmente está el grupo más inquietante desde el punto de vista de la rendición de cuentas: los Estados miembros para los que el Monitor no ha podido identificar ninguna información disponible. España figura aquí, junto con Dinamarca, Finlandia, Letonia, Lituania, Portugal y Eslovaquia. No es que vayan lentos; es que no hay rastro público de que estén haciendo algo. En el caso español, la constatación del Monitor coincide con lo que infoLibre ha podido verificar directamente: no existe proyecto de ley en el Congreso, no hay texto articulado presentado, y el Ministerio de Presidencia no responde a las preguntas de este periódico sobre el estado de la trasposición.

Para los países europeos no integrados en la UE, el marco de referencia es la Recomendación CM/Rec(2024)2 del Consejo de Europa, aprobada también en 2024. No tiene fuerza vinculante —no hay sanciones por incumplirla—, pero establece un estándar político y moral claro sobre lo que los Estados deberían hacer para proteger a periodistas, activistas y defensores de derechos humanos frente al acoso judicial.

El panorama en este grupo es igualmente sombrío. Albania, Armenia, Bosnia-Herzegovina, Georgia, Montenegro y Serbia no han iniciado ningún proceso de implementación. El Reino Unido, que abandonó la UE pero sigue siendo miembro del Consejo de Europa, tampoco ha dado pasos en esta dirección, a pesar de contar con una tradición de uso del llamado libel tourism —el turismo de la difamación— que en parte motivó reformas anteriores en su propio derecho.

Para otro conjunto de países del Consejo de Europa no hay información disponible: Andorra, Azerbaiyán, Islandia, Kosovo, Liechtenstein, Moldavia, Mónaco, Noruega, San Marino, Suiza y Turquía. Ucrania, que sí está en proceso de implementación de la directiva como parte de su camino de adhesión a la UE, representa la excepción positiva más notable en este grupo.

El informe de CASE señala un límite estructural de la propia directiva que resulta especialmente relevante. La norma europea solo obliga a proteger los casos transfronterizos: aquellos en que demandante y demandado están domiciliados en países distintos. Pero los datos del propio CASE muestran que el 91,5% de las SLAPP documentadas son puramente domésticas.

Un político español que demanda a un periodista español ante un tribunal español está completamente fuera del ámbito obligatorio de la directiva, a menos que los Estados vayan más allá del mínimo exigido. Y los primeros indicios de la trasposición en los países que han avanzado sugieren que la mayoría no tiene intención de hacerlo.

Hay otro elemento que el informe señala con insistencia: los 1.303 casos documentados son, en sus propias palabras, "la punta del iceberg". La censura más efectiva se produce antes de que haya demanda: a través de cartas de advertencia, requerimientos de cese y desistimiento, y amenazas que nunca llegan a los juzgados pero que consiguen su objetivo —la retirada de una información, el abandono de una investigación— sin dejar rastro.

El Gobierno de Pedro Sánchez incluyó la trasposición de la directiva en su Plan de Acción por la Democracia en septiembre de 2024, como medida 2.2.2. Un año después, menos de la mitad de las 31 propuestas del plan habían comenzado su tramitación. Con el plazo del 7 de mayo a poco más de un mes de distancia, no hay proyecto de ley, no hay texto articulado, no hay señales de movimiento.

Las consecuencias de incumplir el plazo no son solo políticas o reputacionales. La Comisión Europea puede iniciar un procedimiento de infracción que acabe en el Tribunal de Justicia de la UE, con multas a tanto alzado de varios millones de euros más sanciones coercitivas diarias hasta que se complete la trasposición. El coste recaería sobre el conjunto de los ciudadanos. Y mientras tanto, cada semana de retraso es una semana más en la que un periodista que publica una investigación sobre corrupción, o una organización que denuncia prácticas empresariales dudosas, puede recibir una demanda millonaria sin que exista un mecanismo ágil para desestimar, para invertir la carga de la prueba, para sancionar al demandante.

La trasposición de la directiva no resolverá esos casos de golpe ni supone una panacea. Pero añadiría herramientas procesales concretas que hoy no existen: la posibilidad de que un juez archive una demanda manifiestamente abusiva antes de que el coste de defensa haya hecho ya el daño; la obligación del demandante de justificar que su acción no es un instrumento de acoso; o la amenaza de costas y sanciones si la demanda es declarada abusiva.

RTVE ha respondido este lunes con un comunicado institucional a la propuesta del Partido Popular de crear una comisión de investigación en el Senado sobre la corporación pública. La respuesta es jurídicamente muy relevante porque abre un frente inédito en España: el texto invoca por primera vez el artículo 4.2 del Reglamento Europeo 2024/1083 sobre libertad de los medios de comunicación (EMFA, por sus siglas en inglés), en vigor desde agosto de 2025, que prohíbe expresamente a los Estados miembros —incluidas sus autoridades y organismos reguladores— interferir en las políticas y decisiones editoriales de los prestadores de servicios de comunicación.

RTVE sostiene que la iniciativa del PP viola ese marco normativo, “se asemeja a un intento de tutela hacia los profesionales de la Corporación y puede generar un efecto disuasorio sobre el ejercicio del periodismo”, por lo que, avisa, hará valer sus derechos “ante las instancias oportunas”, lo que significa que está dispuesta a pedir el amparo de las instituciones comunitarias.

El argumento central de la corporación no es la ilegitimidad formal del Senado como institución —el comunicado reconoce “total respeto institucional hacia la Cámara Alta”— sino la orientación concreta de la comisión. Según RTVE, el problema no es que el parlamento fiscalice, sino que la comisión propuesta apunta directamente a “cuestionar la actual línea informativa” de la radiotelevisión pública.

Eso, a juicio de la corporación, cruza una línea: transforma el control institucional en lo que el comunicado llama, sin rodeos, “juicio político”. “Este tipo de comisiones pueden acabar convirtiéndose en un ‘tribunal de medios’, en el que se evalúen decisiones editoriales bajo criterios ajenos a los principios profesionales", subraya el comunicado.

El reglamento citado por RTVE —conocido como European Media Freedom Act— fue aprobado por el Parlamento Europeo en 2024 y es de obligado cumplimiento en España desde el verano de 2025. Su artículo 4.2 constituye uno de los pilares garantistas del texto: establece que ningún poder público —lo que incluye al Senado— puede presionar o condicionar las decisiones editoriales de los medios, incluidos los públicos. La intención del legislador europeo era precisamente blindar a las redacciones frente a los gobiernos, pero la norma opera en todas las direcciones: también frente a la oposición cuando actúa desde instituciones del Estado.

RTVE convierte ese precepto en el eje de su defensa. La tesis implícita del comunicado es que una comisión parlamentaria orientada a interrogar la línea editorial de un medio público no es fiscalización presupuestaria ni control de gestión: es injerencia. Y que la injerencia, en el marco comunitario vigente, no es un asunto opinable sino una infracción normativa.

Es un movimiento inédito desde el punto de vista estratégico. En lugar de entrar en el debate político sobre si la cobertura de RTVE es o no sesgada —terreno en el que el PP lleva años intentando instalar la discusión—, la corporación eleva el conflicto a un plano jurídico donde la pregunta que se plantea es distinta: ¿puede una cámara legislativa investigar las decisiones editoriales de un medio público sin vulnerar el derecho europeo?

El comunicado incluye un reproche que va más allá del caso concreto. RTVE señala que el sistema español ya cuenta con mecanismos de control específicos para la radiotelevisión pública: la Comisión de Control Mixta del Congreso y el Senado, y la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia. Lo que el texto no dice de forma explícita pero deja en el aire es que esos instrumentos existen precisamente para evitar lo que ahora se propone: que el control ordinario derive en control político extraordinario.

La referencia a la Comisión Mixta tiene, además, una carga adicional. El comunicado menciona que ese órgano está siendo dejado ahora “sin competencias”. Si el PP propone una comisión de investigación al mismo tiempo que se vacía de contenido el órgano ordinario de supervisión, el resultado es la sustitución de un mecanismo técnico por uno político. RTVE no lo llama así literalmente, pero la secuencia que describe apunta en esa dirección.

El comunicado no es solo una respuesta jurídica. Es también un mapa del contexto. RTVE recuerda que esta iniciativa llega “pocos días después de que la patronal de las televisiones privadas —UTECA— intentara bloquear la comercialización del Mundial de fútbol 2026”. La mención no es accidental: sitúa la propuesta del PP en una secuencia de presiones que la corporación interpreta como coordinadas, aunque no lo diga con esas palabras.

Al vincular esa disputa económica con la iniciativa parlamentaria del PP, el comunicado construye una narrativa de hostigamiento coordinado: intereses privados del sector audiovisual e intereses políticos de la oposición coincidiendo en el mismo momento y con el mismo objeto, que sería debilitar o deslegitimar a la corporación pública. RTVE lo formula con contención pero con claridad: está ”desarrollando su actividad en un contexto en el que se mezclan intereses partidistas y económicos”.

Frente a ese contexto, la corporación contrapone datos. RTVE alega que La 1 ha alcanzado un 12,2% de cuota de pantalla en enero de 2026 y un 12,3% en febrero, sus mejores cifras de audiencia en 14 años. Las últimas cuentas anuales reflejan una reducción del 7,6% en los gastos de explotación, un recorte del 18,7% en el gasto en programas y un beneficio neto de 55,6 millones de euros, sin ninguna salvedad contable. El comunicado subraya que esas cuentas no han sido recurridas judicialmente ni por el PP ni por sus consejeros.

El PP ha incluido en su propuesta varios asuntos concretos: la devolución de fondos europeos, la investigación sobre Loterías y el endeudamiento derivado de un conflicto con la Agencia Tributaria por el IVA. RTVE desmonta cada uno de ellos.

Los fondos fueron devueltos en 2024 y redistribuidos por las autoridades competentes. El asunto de Loterías no supuso pérdida de dinero público, sino un "trasvase entre dos sociedades estatales que benefició a ambas". El conflicto del IVA se inició en 2015, es ajeno a la operativa actual de la corporación y resulta incompatible con un balance auditado sin salvedades. La conclusión del comunicado sobre estos tres casos es la siguiente: "Se demuestra así el objetivo de rescatar expedientes cerrados para generar confusión".

La parte más llamativa del comunicado es, paradójicamente, la más genérica. En el último tramo, RTVE advierte de que en el debate político actual hay "posiciones que, bien directamente o por tolerancia, cuestionan la propia existencia de RTVE". Y añade que se trata de "expresiones y planteamientos inéditos en nuestra democracia".

La corporación no cita a nadie. No atribuye esas posiciones al PP como partido ni a ningún dirigente concreto. No dice que el PP quiera cerrarla. Dice que en el entorno político en el que se mueve hoy hay voces que lo plantean. Y que eso, como mínimo, merece ser nombrado.

El comunicado cierra con una apelación a los principios constitucionales y a la función democrática de los medios públicos. Y se pregunta abiertamente si la iniciativa del PP responde "realmente a un interés por mejorar el servicio público o si se aplican criterios distintos en otros territorios donde también existen radiotelevisiones públicas y donde sus profesionales denuncian situaciones de grave deterioro del servicio público", en alusión al férreo control que el PP ejerce sobre televisiones y radios allí donde gobierna.

Cuando el Gobierno presentó el anteproyecto de ley orgánica de protección del honor, la intimidad y la propia imagen —el texto que pretende derogar y actualizar la norma de 1982 para adaptarla a la era de los deepfakes, las plataformas digitales y la inteligencia artificial—, el pasado mes de enero, el foco informativo se centró, con razón, en las personas físicas: cómo proteger a ciudadanos de la difusión de imágenes manipuladas, cómo limitar el uso comercial de voces sintéticas, cómo blindar a los menores frente a contenidos generados sin su consentimiento.

Pero la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el organismo regulador creado originalmente para velar por el buen funcionamiento de los mercados españoles, ha aprovechado que está obligado a pronunciarse sobre el anteproyecto para colarse en el debate con una recomendación que abre un melón jurídico y político de considerable tamaño: que la futura ley incluya una referencia expresa a la protección del honor de las personas jurídicas de derecho privado, es decir, de las empresas y otras entidades privadas.

La propuesta no es disparatada. Al contrario, cuenta con un respaldo jurisprudencial sólido. Pero plantea una paradoja: si se aprueba, una eléctrica podrá defender su honor ante los tribunales con el paraguas de una ley orgánica. El Ministerio para la Transición Ecológica que la regula, no. Un hospital privado, sí. Uno público, no. Antena 3, sí. RTVE, no.

Lo primero que llama la atención tiene que ver con el uso de las palabras. Las empresas no hablan de honor. Hablan de reputación, de imagen corporativa, de marca, de brand equity. Los departamentos de comunicación de las grandes compañías tienen manuales de gestión de crisis reputacional. Ninguno lleva por título: Cómo defender nuestro honor.

Y sin embargo, el derecho —que a menudo camina a ritmo distinto que el lenguaje cotidiano— lleva décadas reconociendo que detrás de esa diferencia semántica hay, en realidad, una misma necesidad de protección jurídica. El honor, en su sentido técnico-jurídico, no es solo el sentimiento íntimo de dignidad propia: es también la consideración que los demás tienen de una persona o entidad, su reputación externa, el crédito del que goza en la comunidad.

Desde esa perspectiva, la CNMC argumenta que el buen nombre de una empresa —su reputación comercial, su credibilidad ante clientes, proveedores e inversores— cumple exactamente la misma función social que el honor de un individuo. Y que cuando alguien difunde afirmaciones falsas o que desprestigian a una sociedad mercantil, el daño causado es análogo, aunque el afectado no tenga sentimientos ni dignidad en sentido estricto.

Lo que dice la jurisprudencia

La CNMC no inventa esta doctrina. Se apoya en una línea jurisprudencial consolidada que arranca en España del Tribunal Constitucional y que hunde sus raíces, en el plano europeo, en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

La sentencia clave en el ordenamiento español es la STC 139/1995. El Tribunal Constitucional estableció en ella que las personas jurídicas de derecho privado —sociedades mercantiles, asociaciones, fundaciones— pueden ser titulares del derecho fundamental al honor reconocido en el artículo 18.1 de la Constitución. La razón es que, aunque el honor sea un valor vinculado a la dignidad humana, las entidades privadas pueden ver dañada su reputación de una manera funcionalmente equivalente a como les ocurre a las personas físicas, con consecuencias económicas y sociales igualmente reales.

El Tribunal Supremo ha seguido y desarrollado esa doctrina. Hay sentencias que reconocen el derecho al honor a sindicatos, partidos políticos, asociaciones de vecinos y, por supuesto, a todo tipo de sociedades mercantiles. La lógica es uniforme: lo que el ordenamiento protege no es una capacidad emocional —que las empresas no tienen— sino una posición social, un crédito, una consideración pública que puede ser atacada mediante afirmaciones falsas o vejatorias.

El informe de la CNMC detecta un problema concreto: el anteproyecto del Gobierno no menciona expresamente a las personas jurídicas entre los sujetos protegidos por la futura ley. Técnicamente, esa omisión no impide que los tribunales les apliquen la norma —la jurisprudencia ya lo avala—, pero genera inseguridad jurídica. La CNMC considera que, dado que el reconocimiento jurisprudencial existe, el texto legal debería recogerlo de forma explícita.

Pero la CNMC añade un argumento que es específicamente suyo, propio de un organismo regulador de la competencia: la protección del honor empresarial no es solo una cuestión de justicia privada. Tiene, dice, un efecto general positivo sobre la competencia. Si las empresas no pueden defenderse eficazmente de informaciones falsas o que afectan a su prestigio —especialmente en el entorno digital, donde un bulo puede viralizarse en horas—, el mercado funciona peor. Los consumidores toman decisiones sobre la base de información distorsionada. El prestigio, que es un activo económico real, puede ser destruido por un actor malicioso sin coste ni sanción adecuados. La transparencia y la sana competencia requieren, en suma, según el criterio del regulador, que la reputación empresarial esté jurídicamente blindada.

Es un argumento pragmático y coherente con el mandato de un organismo como la CNMC. Pero abre la puerta a algo que el propio informe no explicita: si se consagra legalmente que las empresas tienen honor, ¿cómo se pondera ese honor frente a la libertad de expresión, la crítica legítima, el periodismo de investigación o la denuncia de consumidores?

Aquí es donde la propuesta se complica. La tutela civil del honor implica que quien se siente agraviado puede acudir a los tribunales y exigir el cese de la difusión del contenido lesivo, la publicación de una rectificación y una indemnización por daño moral. Los criterios que introduce el anteproyecto para cuantificar esa indemnización son amplios: difusión del contenido, repercusión social, duración, reincidencia del infractor. Y la norma prohíbe expresamente las indemnizaciones meramente simbólicas.

Extender ese régimen a las grandes corporaciones genera una tensión evidente. Una empresa con recursos puede usar la amenaza de una demanda por vulneración del honor como herramienta de presión frente a periodistas, activistas, consumidores o competidores. El fenómeno se conoce internacionalmente como SLAPP (Strategic Lawsuit Against Public Participation): demandas cuyo objetivo real no es ganar en los tribunales, sino disuadir a la parte contraria mediante el coste, el tiempo y el estrés del litigio.

La Unión Europea ha empezado a legislar contra las SLAPP —en una iniciativa que también se conoce como Ley Daphne, en memoria de la periodista maltesa Daphne Caruana, asesinada en 2017 y que fue víctima de este tipo de acciones judiciales— precisamente porque su efecto sobre la libertad de expresión y el periodismo de interés público es devastador. Pero España no lo ha hecho, a pesar de que el plazo límite acaba el próximo 7 de mayo.

El anteproyecto sobre el que se ha pronunciado la CNMC no aborda este riesgo de forma específica. Y su recomendación tampoco lo menciona. Que la ley acabe incluyendo a las empresas entre sus titulares protegidos sin introducir al mismo tiempo salvaguardas reforzadas para la crítica de interés público, el periodismo de investigación o la denuncia de prácticas empresariales irregulares es una posibilidad que amenaza de forma muy concreta el derecho a la información.

La propuesta de la CNMC tiene, además, otra consecuencia. Consagra legalmente una asimetría que ya existe en la jurisprudencia pero que, al positivizarse en una ley orgánica, adquiere una visibilidad y una rigidez nuevas.

La línea que traza el derecho español —con respaldo del Tribunal Constitucional y doctrina explícita del Tribunal Supremo— es la siguiente: las personas jurídicas de derecho privado pueden ser titulares del derecho fundamental al honor. Las personas jurídicas de derecho público —ministerios, organismos autónomos, agencias estatales, entes públicos— no.

La razón esgrimida por la jurisprudencia española tiene que ver con la propia arquitectura de los derechos fundamentales. El artículo 18.1 de la Constitución protege el honor como un derecho de los individuos —y, por extensión, de las entidades privadas—. Los derechos fundamentales nacen históricamente como instrumentos de defensa de los ciudadanos frente al poder público y resultaría contradictorio, de acuerdo con la interpretación del Constitucional y del Supremo, que el propio poder público pudiera invocar ese derecho como escudo frente a la crítica de los ciudadanos.

El Tribunal Supremo lo ha dicho con toda claridad: las personas jurídicas de derecho público no son titulares del derecho al honor del artículo 18.1 CE. Para ellas, lo procedente es hablar de prestigio institucional, autoridad moral o dignidad de la función, conceptos que pueden protegerse por otras vías —responsabilidad civil, tipos penales específicos— pero no a través de la invocación directa del derecho fundamental al honor.

Las consecuencias prácticas de esta distinción son llamativas. Telefónica, que fue empresa pública y hoy es una sociedad anónima cotizada, podría acogerse a la futura ley de protección del honor. Correos, que sigue siendo una sociedad anónima estatal con capital íntegramente público, también podría acogerse, porque su forma jurídica es la de una sociedad mercantil de derecho privado, aunque su capital pertenezca al Estado. RTVE, en cambio, es un ente público sometido al derecho público, y por tanto quedaría fuera. Un hospital concertado gestionado por una empresa privada, dentro. Un hospital universitario de gestión directa, fuera. Iberdrola, dentro. El Ministerio para la Transición Ecológica que toma decisiones sobre los precios que puede cobrar Iberdrola, fuera.

La paradoja tiene una lógica jurídica interna coherente, pero su efecto político es difícil de ignorar. En la práctica, quienes más poder tienen en la economía —las grandes corporaciones— adquirirían un nuevo instrumento jurídico para proteger su imagen pública. Quienes representan el interés general —las instituciones democráticas— seguirán excluidos de ese instrumento.

Es una ecuación complicada: cómo proteger el honor de las empresas sin crear un arma legal contra quienes las critican, investigan o denuncian; cómo consagrar ese derecho sin cerrar la brecha que lo separa de la reputación institucional del Estado; y cómo evitar que una ley pensada para proteger a las personas acabe siendo, sobre todo, útil para las corporaciones.

El melón está abierto. Ahora le toca al legislador decidir qué hace con él.

El 16 de octubre de 2017, una bomba colocada bajo el asiento del conductor de un Peugeot 108 mató a Daphne Caruana Galizia muy cerca de su casa en Bidnija, en el norte de Malta. Tenía 53 años. Era la periodista de investigación más leída de su país, una mujer que había dedicado su vida a desenterrar la corrupción que empapaba las instituciones maltesas: los negocios turbios de políticos, los tentáculos de la criminalidad organizada, los secretos que el poder prefería que permanecieran ocultos.

La bomba solo fue el colofón. En el momento en que estalló, Daphne Caruana Galizia tenía pendientes 48 demandas judiciales en su contra. Cuarenta y tres civiles y cinco penales. Todas por supuesta difamación. Ninguna tenía visos de prosperar jurídicamente, pero eso era lo de menos. El objetivo no era ganar en los tribunales; el objetivo era que ella perdiera fuera de ellos: tiempo, dinero, energía, salud, y sobre todo, la capacidad de seguir investigando.

A ese tipo de acoso judicial se le llama hoy SLAPP, por sus siglas en inglés: Strategic Lawsuits Against Public Participation, demandas estratégicas contra la participación pública. Para acabar con ellas, o al menos ponerles freno, la Unión Europea aprobó en 2024 la Directiva 2024/1069, conocida informalmente como la Ley Daphne. España tiene hasta el 7 de mayo de 2026 para incorporarla a su ordenamiento jurídico. Faltan poco más de cuatro semanas. Y el Gobierno sigue sin dar señales de que vaya a cumplir el plazo. Las preguntas que infoLibre ha trasladado en los últimos días al Ministerio de Presidencia, que dirige Félix Bolaños, no han obtenido respuesta.

Para comprender por qué esta directiva importa, hay que entender primero qué es exactamente una demanda SLAPP y por qué resulta tan efectiva como mecanismo de silenciamiento.

La clave está en una paradoja perversa: el proceso judicial, diseñado para resolver conflictos y reparar daños, puede convertirse en un castigo en sí mismo. Un periodista, un activista medioambiental o una organización de derechos humanos que recibe una demanda —aunque sea completamente infundada— se ve obligado a contratar abogados, a dedicar meses o años de su vida a recopilar documentación, a comparecer ante tribunales, a soportar una presión psicológica sostenida. Todo ello mientras quien le demanda —una gran empresa, un político poderoso, un gobierno extranjero— dispone de recursos casi ilimitados para alargar el proceso indefinidamente.

No hace falta ganar el juicio. Basta con que el demandado se agote. Con que decida que no merece la pena. Con que, la próxima vez que esté a punto de publicar una investigación comprometedora, recuerde lo que le costó la anterior y opte por el silencio. Es lo que los especialistas denominan chilling effect: el efecto paralizador que produce el miedo a ser demandado.

Las demandas SLAPP tienen una serie de características comunes que permiten identificarlas. Suelen ser manifiestamente desproporcionadas respecto al supuesto daño alegado. Se presentan en jurisdicciones con procedimientos largos y costosos. Se multiplican sobre un mismo objetivo para maximizar el agotamiento. Y, muy frecuentemente, las interponen actores con capacidad económica muy superior a la de sus víctimas: corporaciones, Estados o individuos con acceso a estructuras legales sofisticadas.

La Directiva Daphne, que aprobó la Unión Europea y que España sigue sin trasladar a su ordenamiento jurídico a pesar del tiempo transcurrido y de que el Gobierno de Pedro Sánchez la incluyó como parte de su flamante Plan de Acción por la Democracia en septiembre de 2024, propone tres líneas de defensa fundamentales contra estas tácticas.

Primero, la desestimación temprana: que los jueces puedan archivar con rapidez una demanda manifiestamente abusiva antes de que el coste de defensa haya hecho ya el daño. Segundo, la inversión de la carga de la prueba: quien demanda debe demostrar que su acción no es un instrumento de acoso. Y tercero, las costas y sanciones disuasorias: si la demanda es declarada abusiva, quien la interpuso paga todos los gastos de defensa del demandado y puede enfrentar además multas específicas.

Son herramientas concretas, procesales, que no pretenden limitar el acceso a la justicia de nadie, sino evitar que ese acceso se convierta en un arma para silenciar voces incómodas.

Que esta directiva es necesaria en España no es una suposición abstracta. Hay casos documentados que ilustran con precisión el tipo de acoso que la norma europea pretende frenar. Le pasó a elconfidencial.com con Iberdrola en 2022, cuando la eléctrica interpuso una demanda contra este medio reclamando 17,6 millones de euros en concepto de daños por su cobertura del llamado *caso Villarejo*, la trama que involucra al excomisario de policía y sus trabajos para diversas empresas.

La cifra era tan desproporcionada que, por sí sola, ponía en cuestión la supervivencia económica del periódico. En 2023, el tribunal desestimó la demanda y reconoció la veracidad de las informaciones publicadas y la diligencia profesional de los periodistas. Iberdrola perdió el juicio. Pero el proceso ya había durado meses, había generado costes considerables y había obligado a la redacción a distraer energías y recursos de su labor informativa.

El periodista Ignacio Cembrero, especializado en el Magreb y en las relaciones entre España y Marruecos, lleva años soportando lo que él mismo ha descrito como un calvario procesal promovido desde las autoridades marroquíes. Uno de los episodios más kafkianos involucra la utilización de la “acción de jactancia”, una figura jurídica medieval —literalmente, del siglo XIII— que sobrevive en el ordenamiento español y que fue empleada para demandarle por haber afirmado públicamente que había sido espiado con el software Pegasus. Cembrero ha ganado todos y cada uno de los juicios. Pero el hostigamiento continúa, y cada nueva acción judicial supone volver a empezar: nuevos abogados, nuevos plazos, nueva presión.

En el ámbito del activismo ambiental, organizaciones como Greenpeace España han denunciado estrategias judiciales orientadas no a obtener una reparación legítima, sino a generar tal presión financiera y procesal sobre la organización que esta se vea obligada a limitar su actividad. La criminalización de la protesta ecologista a través de procedimientos civiles y penales es un fenómeno que va más allá de la anécdota.

Es una situación que enfrenta ahora mismo elDiario.es, al que el cantante Julio Iglesias quiere demandar por injurias y calumnias después de que el periódico publicara el testimonio de dos de sus extrabajadoras que acusan al cantante de agresiones sexuales.

infoLibre tampoco está libre de este tipo de prácticas. Le pasó con la demanda por revelación de secretos que le presentaron Teodoro García Egea, entonces secretario general del Partido Popular, y Fernando López Miras, presidente de la Región de Murcia, después de que este medio revelara que el segundo había mediado para que se gestionara la atención a un familiar del primero en la sanidad pública. O con Francisco Serrano, exjuez y dos veces candidato de Vox en Andalucía, además de parlamentario, que trató de someter a infoLibre en los tribunales después de que este periódico hiciese público que el ultraderechista obtuvo una ayuda pública tras declarar que era dueño de una maquinaria industrial que nunca tuvo.

Estos casos no son excepciones. Son síntomas de un problema sistémico que afecta a la calidad de la democracia española. Una democracia en la que los tribunales pueden ser utilizados como instrumentos de acoso, y en la que quienes deberían estar protegidos por la libertad de expresión y el derecho a la información se ven obligados a dedicar sus recursos a defenderse de demandas diseñadas para agotar, no para obtener justicia.

El Gobierno de España no desconoce el problema. En septiembre de 2024, presentó el denominado Plan de Acción por la Democracia, un documento que incluía 31 medidas concretas orientadas a fortalecer el Estado de derecho, la independencia de los medios y los mecanismos de participación ciudadana. Entre esas medidas, la número 2.2.2 prometía la transposición de la Ley Daphne —la Directiva anti-SLAPP—.

Al cumplirse el primer año de la presentación del plan, el balance era decepcionante: menos de la mitad de las 31 medidas habían comenzado su tramitación. La transposición de la Directiva Daphne sigue en un limbo. Hoy, con el plazo del 7 de mayo de 2026 a poco más de un mes de distancia, no hay proyecto de ley en el Congreso, no hay texto articulado presentado, no hay señales de que el proceso vaya a completarse a tiempo.

Y la situación tiene consecuencias que van más allá del incumplimiento simbólico. España tiene un problema serio y documentado con la transposición de directivas europeas. A finales de 2025, el déficit de transposición del país alcanzaba el 3,19%, uno de los más elevados de la Unión Europea, con más de 90 infracciones abiertas por la Comisión Europea. No es un mal dato puntual: es un patrón de comportamiento que convierte a España en un alumno poco cumplidor en la adaptación del derecho comunitario.

Las consecuencias de incumplir el plazo del 7 de mayo no son solo políticas o reputacionales. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea puede imponer multas a tanto alzado que habitualmente ascienden a varios millones de euros, más sanciones coercitivas diarias que se acumulan hasta que se completa la transposición. El coste económico para las arcas públicas puede ser considerable, y recae sobre el conjunto de los ciudadanos.

Pero hay un coste que no aparece en ninguna contabilidad presupuestaria: el coste para periodistas, medios, activistas y organizaciones sociales que siguen trabajando sin la protección que la directiva les garantizaría. Cada semana de retraso es una semana más en la que una demanda abusiva puede presentarse sin que exista un mecanismo ágil para desestimar, para invertir la carga de la prueba, para sancionar al demandante.

Daphne Caruana Galizia fue asesinada antes de poder ver el final de ninguno de los 48 procedimientos judiciales que la asfixiaban. Aquel crimen puso de manifiesto lo que muchos ya sabían pero pocos querían decir en voz alta: que la libertad de prensa en Europa no es un valor abstracto perfectamente garantizado, sino un espacio que se conquista y se defiende día a día, también frente a los tribunales.

Estados Unidos registró en 2025 un "deterioro significativo" de la libertad de prensa durante el comienzo del segundo mandato de Donald Trump, según el Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y de Prensa divulgado este martes por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que documenta 170 agresiones contra periodistas en el país.

El informe señala que la nación descendió de la categoría de 'Baja restricción' a la de naciones 'En restricción', al caer de la cuarta a la undécima posición del ránking regional.

Estados Unidos obtuvo 45,87 puntos de un máximo de 100, su nivel más bajo desde la creación del índice, lo que representa una pérdida de 22,65 puntos respecto a la medición anterior.

La peor calificación del país se registró en cuanto 'Ciudadanía informada y libre de expresarse', donde alcanzó 12 puntos de 30 posibles.

Según el reporte, los jueces identificaron una respuesta deficiente del Estado frente a la desinformación, así como acciones gubernamentales orientadas a limitar la libre expresión y el acceso a la información.

Sobre la 'Actuación del estado contra la violencia contra medios y periodistas', el país obtuvo 17,54 puntos de 40, mientras que en 'Control de medios y periodismo' registró 16,33 puntos de 30, siendo esta la única categoría en la que superó el nivel medio.

El informe destaca que, aunque el ejercicio del periodismo continúa protegido por la Constitución y las leyes, durante el último año se registraron medidas que redujeron algunas protecciones a la prensa, como la revocación de la 'Regla Garland', que prohibía el uso de medidas legales para obligar a periodistas a revelar información relacionada con filtraciones.

También se reportaron agresiones contra periodistas durante coberturas de operativos migratorios, lo que ha generado críticas sobre las garantías periodísticas.

El documento también señala estigmatización contra espacios de periodismo crítico por parte del presidente Trump y voceros de su administración, así como decisiones gubernamentales que incluyeron el fin del financiamiento de espacios en medios de servicio público y el cierre de oficinas destinadas a promover la diversidad.

Entre los hechos destacados figura además el despido de más de 500 empleados de Voice of America, resultado de una orden ejecutiva emitida en marzo de 2025, situación que según el informe generó riesgos de deportación para algunos de los periodistas afectados.

Hay una cifra que resume décadas de promiscuidad entre el poder y la prensa en España: el porcentaje de ingresos que algunos medios obtienen de las administraciones públicas. No es un dato fácil de conocer, porque nunca nadie ha estado obligado a publicarla.

La nueva Ley de Publicidad del Sector Público, cuyo anteproyecto está a punto de llegar al Consejo de Ministros y al que ha tenido acceso infoLibre, cambia eso. Y va más allá: fija un techo del 35% de la facturación anual por encima del cual ningún medio podrá recibir publicidad de la Administración central. Quien supere ese umbral, quedará fuera del circuito.

Es, si sale adelante en estos términos, la reforma más ambiciosa en este ámbito desde que José Luis Rodríguez Zapatero aprobó la Ley 29/2005, una norma que el tiempo convirtió en papel mojado con mayor rapidez de lo que sus impulsores están dispuestos a admitir.

El anteproyecto no ha llegado de la nada. Es una pieza del Plan de Acción para la Democracia que el Gobierno aprobó en septiembre de 2024 y, sobre todo, es la traducción al ordenamiento español del Reglamento (UE) 2024/1083, conocido como Reglamento Europeo de Libertad de Medios o EMFA, por sus siglas en inglés.

Bruselas lleva años alertando de que la publicidad institucional se ha convertido en uno de los instrumentos más eficaces para doblegar la independencia editorial sin necesidad de teléfonos, ni presiones directas, ni grandes escándalos. Basta con repartir el dinero con inteligencia: más para los amigos, menos para los críticos, nada para los incómodos. El mercado hace el resto.

El texto que está previsto que llegue al Consejo de Ministros deroga la ley de 2005 y construye sobre sus ruinas un régimen nuevo, más amplio y con mayor vocación de eficacia. El primer cambio es semántico, pero no menor: se abandona el término "publicidad institucional" y se adopta el más comprensivo de "publicidad del sector público".

La diferencia no es retórica. La vieja categoría solo cubría las campañas de imagen y comunicación de la Administración. La nueva abraza también la publicidad industrial, comercial o mercantil promovida por el sector público estatal: los anuncios de empresas públicas, las promociones de marcas bajo tutela estatal, los patrocinios vinculados a campañas. Todo entra en el mismo saco regulatorio. Todo queda sujeto a los mismos criterios de transparencia y a los mismos límites de dependencia.

No obstante, la medida que tiene potencialmente más posibilidades de cambiar el ecosistema mediático, si se aplica con rigor, es ese tope del 35%. El anteproyecto dice que "no podrán recibir publicidad del sector público estatal los medios de comunicación y las plataformas en línea cuyos ingresos por publicidad procedente del conjunto del sector público superen" ese porcentaje "del importe neto de su cifra de negocio".

Es decir: un medio cuyos ingresos dependan del sector público (lo que incluye a la Administración local y autonómica) por encima del 35% no podrá recibir más publicidad del Estado. Lo cual no impide, tal y como ha sido redactada la ley, que pueda seguir superando ese porcentaje si el dinero llega de comunidades, ayuntamientos o diputaciones. E incluso llegar al 100%.

La justificación declarada es impecable: se trata de evitar la existencia de medios privados esencialmente impulsados por o dependientes de administraciones públicas. En otras palabras, el Estado no quiere pagar para que un medio le deba la vida.

El problema es que, aparentemente, no cierra la puerta a esa dependencia por parte de otras administraciones públicas. Algunas de ellas, como es público y notorio, están en el centro del problema porque son las que financian y sostienen a buena parte del ecosistema informativo que difunde desinformación y garantiza el funcionamiento eficaz del ciclo del bulo.

No es esta la única vía de escape al control. El borrador del anteproyecto de ley establece otra excepción que importa tanto como la regla. Quedan exentos del límite del 35% los medios con facturación anual inferior a dos millones de euros y con audiencia concentrada en una, dos o tres comunidades autónomas limítrofes. Quienes cumplan simultáneamente estas dos condiciones podrán financiarse sin límites del dinero público, también del que maneja la Administración central.

El anteproyecto, a partir de las obligaciones que impone la EMFA, construye además toda una arquitectura de transparencia destinada a hacer visible, por primera vez de forma sistemática, el flujo completo del dinero público hacia los medios.

Para empezar, los medios que quieran publicidad estatal deberán estar inscritos en el registro estatal o autonómico de medios previsto en el reglamento europeo y que, en España, todavía no se ha creado. Esa inscripción no es un mero trámite burocrático: implica haber publicado quiénes son los propietarios del medio, cuál es la estructura de control y cuánta financiación pública recibe. Sin esa transparencia previa, el grifo de la publicidad estatal permanecerá cerrado.

Hay más capas. Los medios deberán facilitar a la Comisión de Publicidad y Comunicación sus tarifas de mercado para los formatos y espacios susceptibles de ser contratados en el marco del plan anual de publicidad y comunicación institucional, y esas tarifas funcionarán como precios máximos en la contratación pública. No habrá descuentos opacos, ni contraprestaciones en especie, ni bonificaciones cruzadas entre los medios y las agencias que gestionan fondos públicos. Se trata de iluminar un circuito que durante años ha funcionado en penumbra, donde el valor real de los contratos publicitarios era casi imposible de conocer desde fuera.

El engranaje de control se completará, siempre que la ley supere el largo camino que tiene por delante, con dos piezas institucionales que el anteproyecto remodela en profundidad. Por un lado, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) asumirá la función de seguimiento del gasto en publicidad del sector público estatal a medios y plataformas, recopilará información de los reguladores autonómicos y elaborará los informes anuales que exige Bruselas. En las comunidades que no cuenten con una autoridad independiente, no podrán escapar: la CNMC recabará los datos directamente de las administraciones autonómicas y locales.

Por otro lado, la antigua Comisión de Publicidad y Comunicación Institucional se transforma en una Comisión de Publicidad y Comunicación de mayor alcance, con competencias ampliadas al terreno industrial y mercantil y con apoyo técnico de la Secretaría de Estado de Comunicación.

El texto presta también atención, por primera vez, a la eficacia de la inversión publicitaria pública, no solo a su control. Las entidades del sector público estatal deberán exigir a los medios y plataformas que participen en sus campañas el uso de sistemas de medición de audiencia conformes con la EMFA, con acceso a su metodología y a sus resultados. Y se establece que la publicidad estatal se difundirá preferentemente a través de medios de carácter informativo, un criterio que no es neutral en un ecosistema donde proliferan los soportes que se presentan como medios sin tener la función informativa como núcleo de su actividad.

La principal limitación estructural del anteproyecto, que ninguna redacción cuidadosa puede ocultar, es que el límite del 35% se aplica exclusivamente a la publicidad del sector público estatal. El dinero que reparten comunidades autónomas, diputaciones y ayuntamientos queda fuera, pendiente de que decidan autolimitarse o seguir como hasta ahora.

Y es precisamente ahí, en ese territorio autonómico, provincial y local, donde se concentra la mayor parte del problema. Las relaciones de dependencia más estrechas entre medios y poder político en España se tejen en las capitales autonómicas, en las ciudades medias, en los municipios con presupuesto suficiente para comprar cobertura favorable o castigar la crítica con el silencio publicitario.

El anteproyecto lo sabe, y por eso establece que los principios de objetividad, proporcionalidad, transparencia y no discriminación en la asignación de fondos se convierten en normativa básica aplicable a todas las administraciones, no solo a la estatal.

Eso significa que comunidades autónomas y entidades locales quedan obligadas a respetar ese marco general de criterios, tal y como, por otra parte, ordena la EMFA. Pero el límite cuantitativo, el techo del 35%, no es básico: cada comunidad podrá decidir si lo replica en su propia legislación o si prefiere no ponerse ese tipo de corsé.

Con todo, veinte años de experiencia con la ley de 2005 enseñan que las normas sobre publicidad institucional tienen una tendencia particular a perder eficacia entre su aprobación y su aplicación. Los criterios objetivos se vuelven subjetivos cuando quien los aplica tiene intereses en el resultado. Los registros de transparencia se llenan de información que nadie cruza o que no se contrasta. Los informes anuales se publican con retraso y se leen poco. La CNMC puede hacer mucho, pero solo si tiene recursos, voluntad política y capacidad para actuar sin que cada expediente desemboque en un largo contencioso.

El periódico estadounidense Washington Post informó este miércoles a su ​personal que iniciaba un amplio ‌proceso de centenares de despidos que llevaría a recortar puestos en las áreas de deportes y a reducir considerablemente la de internacional, eliminando corresponsalías y enviados especiales en todo el mundo después de años de pérdidas de suscriptores e ingresos.

El editor ejecutivo del periódico, Matt Murray, anunció los recortes a primera hora de la mañana de este miércoles a través de una videoconferencia con el personal, a quien se pidió que se conectaran y que permanecieran en casa para la reunión. Aunque no se anunció el número total de despidos, algunas fuentes apuntan a que podría alcanzar a un tercio de la plantilla, Murray reconoció que serían “significativos”.

En concreto, el ejecutivo anunció el cierre de la sección de Deportes, aunque algunos de sus periodistas se reubicarán en la sección de reportajes que mantendrá la información sobre la cultura deportiva, y también se suprimirá el área dedicada a los libros.

Los recortes en el periódico, ahora propiedad de Jeff Bezos, se esperaban desde hace semanas. Todo se disparó con el rumor de que se iba a desmantelar el área de deportes tras conocerse que el Post habría informado a los periodistas que debían cubrir los Juegos Olímpicos de Invierno en Italia que no lo harían.

El medio fue adquirido por el multimillonario, uno de los grandes apoyos de Donald Trump, y los cambios en la línea editorial se han traducido incluso en renuncias por parte de periodistas como el jefe de Opinión David Shipley. Lo hizo después de que Bezos decidiera inmiscuirse en el área de opinión del periódico para priorizar artículos de "libertades personales y libre mercado".

En enero, la dibujante Ann Telnaes dimitió tras la censura de uno de sus dibujos, en los que criticaba satíricamente a los multimillonarios de las big tech, entre ellos Bezos. También una de sus columnistas más veteranas, Karen Attiah, fue despedida por dar su opinión en redes sociales sobre el doble rasero racista en el tratamiento mediático de los asesinatos que se convierten en debate público.

El plan estratégico de la compañía consiste en reforzar la información política y nacional y los contenidos de negocios y salud. El anuncio supone, tal y como reconoció el propio Murray, un duro golpe para el rotativo, emblema de periodismo independiente y grandes exclusivas, como el Watergate o los Papeles del Pentágono. 

La extrema derecha tiene un problema con los medios de comunicación, al menos con aquellos cuya misión es informar al público en nombre del interés general. No es nada nuevo, forma parte de su programa ideológico antidemocrático.

Sus esfuerzos por “normalizarse” solo ciegan a quienes quieren que así sea. Por eso, cuando resurgen sus abyectos métodos, no nos sorprende.

A Jordan Bardella, presidente de la Agrupación Nacional (RN), no le sentó bien que una de nuestras periodistas le hiciera preguntas el 12 de enero, durante su mal llamada "ruego a la prensa". Podría haber dado muestras de transparencia respondiendo a sus preguntas sobre las candidaturas problemáticas de su partido a las elecciones municipales: hemos identificado una docena de ellas señaladas por comentarios racistas, antisemitas u homófobos, o por su proximidad a grupúsculos radicales.

Pero ha preferido atacar a nuestro periódico, que en 2013 reveló el caso de los asistentes parlamentarios del Frente Nacional (FN) en el Parlamento Europeo, que en la actualidad hace que Marine Le Pen se juegue su futuro político ante los tribunales.

“¿Por qué contrataron al Sr. Meurice, que actuaba en La Main d'Or, el teatro de Dieudonné? ¿Y al Sr. Plenel, que apoya el terrorismo?”, espetó. El humorista, colaborador de Mediapart durante un año, ya explicó que actuó en algunas ocasiones en ese teatro sin conocer personalmente a Dieudonné (famoso humorista de extrema derecha y negacionista, ndt) y que asistió "como todo el mundo a su deriva antisemita”. En cuanto a nuestro cofundador (Edwy Plenel, ndt), que ya no dirige el periódico desde marzo de 2024, contrariamente a lo que insinúa Jordan Bardella, ha tenido ocasión de refutar firmemente el texto que se le reprocha, un artículo sobre los atentados de Múnich de 1972, publicado treinta y seis años antes de la creación de Mediapart.

Esta estrategia de distracción, ya utilizada el verano pasado para pasar por alto nuestras revelaciones sobre los escritos racistas, antisemitas y homófobos de la diputada RN Caroline Parmentier –gran artífice de la estrategia de “desdemonización” del partido–, funciona a pleno rendimiento: sus seguidores en redes sociales, en lugar de pedirle cuentas sobre las “ovejas negras”, transforman el ataque verbal de un hombre en un acoso masivo con insultos de todo tipo, entre los que se incluyen insultos discriminatorios contra nuestra periodista Samia Dechir.

Pero eso no es todo. Conocedor de Antonio Gramsci, pensador y militante comunista al que la extrema derecha ha plagiado descaradamente, el presidente del partido decide, unos días más tarde, relanzar la “batalla cultural”. Su obsesión antidemocrática le traiciona: el 18 de enero, publica un vídeo en el que asocia una imagen totalmente falsa de Edwy Plenel con su idea del terrorismo (un hombre haciendo muecas y con kufiya). Para que su estratagema resulte creíble, difunde un deepfake, es decir, un falso vídeo.

En democracia, las críticas, reguladas por la ley de libertad de prensa de 1881, son libres, y nos alegramos por ello cada día, tanto por los ciudadanos como por nosotros mismos. Pero la manipulación y la falsificación, mediante la inteligencia artificial (IA), por parte de un personaje público que aspira a los más altos cargos del Estado, para convertir a un periodista y, por extensión, a un medio de comunicación, en enemigo público, es intolerable.

No nos engañemos: sabemos que estos ataques desleales, que condenamos firmemente, son pretextos para denigrar a Mediapart, un periódico independiente de todos los poderes que asume su papel de incomodar al orden establecido haciendo su trabajo de investigación para que los poderosos rindan cuentas. Cada vez que se nos persigue judicialmente, respondemos por nuestros escritos ante los tribunales. El FN y luego la RN han pinchado en hueso con nosotros y, en los últimos años, han preferido las invectivas a la justicia.

Nuestra misión de interés general es buscar la verdad de los hechos: lamentamos que un político elija deliberadamente la mentira, haciéndose eco de los métodos indecentes de la prensa de extrema derecha de los años 30.

”La libertad de opinión es una farsa si no se garantiza la información sobre los hechos y si no son los hechos mismos los que se debaten”, escribe Hannah Arendt en "Verdad y política", publicado en The New Yorker en 1967. “Cuando ya no tenemos una prensa libre, puede pasar cualquier cosa. Lo que permite que haya una dictadura totalitaria o cualquier otra dictadura es que la gente no esté informada; ¿cómo puedes tener una opinión si no estás informado? Cuando todo el mundo te miente constantemente, el resultado no es que creas esas mentiras, sino que ya nadie cree en nada […]. Y un pueblo que ya no puede creer en nada […] se ve privado no solo de su capacidad de actuar, sino también de su capacidad de pensar y juzgar. Y con un pueblo así se puede hacer lo que se quiera”, continúa en una entrevista publicada por la New York Review of Books en 1978.

Gracias a sus suscriptores, Mediapart no teme a las intimidaciones: somos capaces de hacerles frente. Nuestra independencia es precisamente lo que nos permite criticar las noticias falsas, vengan de donde vengan. Pero, como ciudadanos, nos alarma la deriva trumpista de Jordan Bardella contra la prensa. A un año de las elecciones presidenciales, y cuando comienza la campaña para las elecciones municipales, abren el camino a una nueva era, la de todas las falsificaciones contra el derecho a saber. El enemigo ya no es la prensa, como sigue haciendo creer el presidente estadounidense, sino el pueblo, el que vota y el que se hace, a través de los periodistas, preguntas legítimas. Al menos en un régimen democrático.

[El equipo de infoLibre y TintaLibre se solidariza con Edwy Plenel y con la Redacción de Mediapart en la defensa de un periodismo independiente, con principios transparentes y ajeno a intereses partidistas o empresariales de ningún tipo].

Traducción de Miguel López

“Problemas del primer mundo” es una expresión capciosa para definir los dramitas de quien tiene resuelto albedrío, techo y tres comidas diarias cuando trata de ungirse ante los demás de la empatía del afligido merced a cualquier obstáculo a su felicidad y preponderancia. Esta expresión es una forma de lanzar la alerta ante un uso frívolo e impropio de expresiones graves para referir molestias leves o irrelevantes, una advertencia que, para el oficio, resulta indispensable para poner perspectiva geográfica e histórica ante el uso banal de términos como “represión” o “censura”. Por poner un caso extremo, en tiempo y zona de guerra, cuando el periodista español Pablo González fue detenido en Ucrania, acusado de espionaje prorruso, la diplomacia española se esforzó en que fuera trasladado de inmediato a Polonia, es decir, que fuera llevado dentro de territorio UE. Y aunque allí fuera violentado el habeas corpus, que lo fue, y se prolongase su detención de forma ilegal muchísimos meses sin que se formularan los cargos (violando el derecho comunitario), lo que no pasó es que Pablo González desapareciera sin dejar rastro. Por más que muchos crean que es lo mismo estar de este lado de la frontera de los derechos humanos que del otro, si hubiera sido al revés —detenido como sospechoso de espionaje prooccidental en Rusia— y hubiera estado preso del otro lado de la valla, la posibilidad de que se cayera accidentalmente desde un séptimo piso o muriese en prisión por motivos ignotos se habría disparado. Hay sitios donde, aún hoy, una voz crítica puede desaparecer sin más, morir envenenada o ser descuartizada. Pero esos sitios no son Europa Occidental. 

Cuando se come y duerme caliente, la tentación de confundir obstáculos con tremendas violaciones de derechos puede ser inevitable, pero quienes ejercemos la comunicación pública deberíamos ser más prudentes y tener respeto por las María Rezza y los Yamal Jashogi que ponen el cuerpo contra el autoritarismo. La periodista bajo cuya égida The New York Times logró ocho premios Pulitzer, Jill Abramson, daba una conferencia en Madrid hace diez años en la que señalaba que “la censura” era uno de los principales enemigos del periodismo occidental en el siglo XXI, una afirmación de una frivolidad pasmosa sabiendo que ninguna época como esta ha dispuesto de herramientas tan eficaces para difundir información, al punto de que hoy, en un entorno digital occidental, ejercer censura es un ejercicio contraproducente, como señala el llamado efecto Streisand, que certifica que los intentos por silenciar una determinada información disparan su distribución. La rectificación de Disney con el humorista y presentador Jimmy Kimmel, tras anunciar la supresión de su programa, da la medida de las dificultades que, incluso en el autocrático Estados Unidos del trumpismo, enfrentan los censores. No ha habido portada de El jueves más vista que la que un juez ordenó retirar de circulación ni artículo de Gregorio Morán más leído que el que él mismo filtró a terceros cuando el diario La Vanguardia decidió no publicarlo. Hacía muchos años que Fernando Savater no era tan leído como cuando escribió airado contra la “censura” que decía padecer en El País por parte de lo que él consideraba una suerte de ominoso matriarcado. Del mismo modo, nunca el planeta ha estado expuesto a más caricaturas de Mahoma que tras los asesinatos en Charlie Hebdo y ninguna crítica de Ignacio Echevarría fue más leída que la que escribió contra una novela de Bernardo Atxaga y El País decidió no publicar. 

El psicólogo y lingüista Steven Pinker formuló esa obviedad con la elegancia de una proposición científica: “El hecho de que debatamos públicamente sobre la censura es prueba elocuente de sus limitaciones”. Que el polemista Juan Soto Ivars haga ahora una gira nacional para vender su libro sobre el supuesto silenciamiento de ese residuo estadístico llamado “denuncias falsas” [de violencia machista], que además promociona desde sus múltiples tribunas escritas y televisadas, demuestra no solo que no cabe la censura en Occidente sino que victimizarse y llorar en prime time es un adorno aristocrático que se monetiza. Y pese a la obscenidad de tal actitud, en cada ocasión en que un medio prescinde de una firma de opinión, una decisión editorial legítima y mundana, se repite el mismo ritual: el columnista despedido (lo acabamos de ver con Elisa Beni) se declara víctima de “censura” —e incluso algo más grosero: mártir de su honestidad intelectual— y es saludado en redes sociales como un paladín de la libertad de expresión. 

La censura real la definieron con precisión quirúrgica los humoristas argentinos Les Luthiers, en su pieza El acto de Banania, en la que caricaturizaron los regímenes dictatoriales que desangraron el cono sur latinoamericano bajo los auspicios de Henry Kissinger: “Una de las obras que conocemos de esta etapa de Mastropiero es la canción infantil El conejito inocente —contaba el narrador, Marcos Mundstock—; en realidad, lo que se conserva es la versión censurada de la misma, cuyo texto dice: “Había una vez... y comieron perdices”. Mastropiero también compuso, sobre versos del mismo autor, una canción que no llegó a estrenarse, titulada Viva la Libertad. Lamentablemente no se ha conservado el nombre del poeta. Ni el poeta”. 

Este equívoco revela algo más grave, una excrecencia del extremo narcisismo de la pasada era neoliberal: que entendamos la libertad de prensa como un privilegio del comunicador con púlpito, cuando en realidad su enunciación protegía un derecho empresarial a difundir ideas y un derecho ciudadano a recibirlas. La libertad de imprenta blinda el derecho activo de un actor a comunicar, pero nace también para salvaguardar el derecho pasivo del público a saber. En tal sentido, si hubiera censura real en la desaparición de una firma en un medio, el mayor perjudicado no sería el autor implorante sino sus lectores. Pero quienes denuncian “censura” se encarnan a sí mismos en víctimas, apropiándose de un dolo que, de haberse producido, no les pertenece, pues el mal político mayor sería el derecho colectivo a ser informados. 

Ese contexto de frivolidad autoindulgente es el que permitió la aparición de la fantasmática “cultura de la cancelación”, invocada como si existiera un aparato represivo encargado de silenciar lo incorrecto y lo rancio. Lo que se ha dado en llamar “cancelación” no suprime voces, solo cuestiona impunidades y sanciona reputaciones. No evita hablar sino que impide que ciertos discursos sigan siendo prestigiosos sin contestación pública. Es una reprobación social, no una prohibición, porque la corrección política no es sino la forma en la que una sociedad liberal regula lo digno en cada época sin el concurso del legislador. Es decir, es una forma de democracia cruda. Lo que muchos llaman cancelación es solo una pérdida de estatus y, por tanto, de oportunidades profesionales, como explicó el escritor Gonzalo Torné en el ensayo La cancelación y sus enemigos. Y claro, no duele dejar de hablar, lo que duele es dejar de ser escuchado con reverencia cobrando mucho.

Pascal Bruckner aportó una clave decisiva cuando señaló que “la sed de persecución es un deseo perverso de ser distinguido”. Cuando la censura real deja de ser una amenaza cotidiana, algunos buscan simular martirio en pos de relevancia moral, un nuevo narcisismo basado en una biografía engalanada por heridas fingidas. En la célebre novela estadounidense El rojo emblema del valor (1895), Stephen Crane narra la historia del soldado desertor Henry Fleming quien, tras huir de una batalla en la Guerra de Secesión, deja que la sangre seca de su accidentaba peripecia lejos de la lucha sea interpretada por sus compañeros y superiores como el distintivo de su heroico coraje. Tal es el propósito de nuestros nuevos penitentes, que presumen en público de sus vicisitudes profesionales con el propósito de convertirlas en insignias y méritos para obtener devoción y, sobre todo, rentabilizarlos.

Hay un dato revelador que nunca se menciona: esos supuestos censurados rara vez son periodistas, casi nunca son la infantería de las ruedas de prensa, las noticias del día o las investigaciones de meses, no son reporteros que indagan hechos incómodos o cronistas que trasladan lo que ocurre, sino que son opinadores, comentaristas —escritores, intelectuales, profesores, periodistas retirados…, vanidades con firma— que han colonizado el espacio público desplazando al periodista activo del protagonismo en la comunicación. Cuando un reportero choca con un poder político o corporativo puede ser silenciado, apartado, despedido, acosado o amenazado, pero rara vez convierte su biografía en espectáculo público, pues este oficio de impostores obliga a hablar del mundo, no de uno. Cuando un columnista pierde su tribuna, en cambio, lo que se le arrebata no es una función cívica, sino un púlpito, y en su beatificación como víctima no defiende el derecho a saber del lector o el suyo a aportar conocimiento, sino su privilegio de disponer de megafonía para comentar lo que el periodismo genuino revela. 

La censura real es siempre un daño contra la sociedad —porque priva de conocimiento a todos—, no solo contra una firma. Siguiendo a Les Luthiers, mal está que perdamos al poeta, que es una tragedia personal, pero peor es que perdamos los poemas, que es un quebranto a la ciudadanía y a la historia. La censura imaginaria, por el contrario, otorga santidad a quien la reclama, elevando un problema contractual a categoría mística y convirtiendo la vulgaridad de las vicisitudes laborales en las estaciones de un martirio de corchopán. 

Y, sin embargo, cada cese se enuncia como una herida moral, cada traslado de página, como un atentado contra la libertad. En contra de la impresión de Jill Abramson, tal vez el signo de estos tiempos no sea la censura, sino su prestigio. Allí donde la palabra circula sin esfuerzo, no se busca hablar sino consagrarse. Los predicadores anhelan mordaza. Así se levanta un precario mausoleo, no el de quienes descubrieron algo que incomoda al poder, no el de los que plantan cara a la mentira institucional —como nuestros héroes locales, que desnudaron en sede judicial las pretensiones mendaces del Tribunal Supremo sin hallar premio ni tributo—, sino el de quienes aspiran a ser homenajeados por buscar mejor asiento para seguir defendiendo poderes castizos. Levantan así los fariseos su templo a los perseguidos sin persecución, a los de los silenciados con newsletter, a los mártires con podcast, a los cancelados con tribuna televisiva; un panteón de santos falsos sin reliquia ni milagro, donde la única verdad es un ego doliente y tartufo.

La libertad de informar es un principio fundamental vinculado a los derechos humanos. No solo en Francia, sino en todo el mundo. La misión de los periodistas es estar al servicio del derecho a la información y la libertad de expresión, velando por la veracidad de los hechos, el respeto de las fuentes y el derecho de réplica.

El derecho de toda persona a tener acceso a la información y a las ideas se recoge en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU). Al adherirse a esta organización supranacional tras su independencia en 1962, Argelia suscribió de facto esta resolución de 1948.

El miércoles 3 de diciembre, tras la vista de apelación, el tribunal de justicia de Tizi Ouzou, en Argelia, condenó al periodista francés Christophe Gleizes, de 36 años, a siete años de prisión. Nuestro colega, colaborador de So foot y Society, fue detenido el 28 de mayo de 2024 y puesto bajo control judicial, en particular por “entrar en el país con un visado turístico” y por “apología del terrorismo”.

En el estrado, pidió “clemencia” a los jueces y reconoció haber cometido “muchos errores periodísticos a pesar de sus buenas intenciones”, según un periodista de la AFP presente en la vista. Christophe Gleizes admitió pues que debería haber solicitado un visado de periodista y no de turista antes de viajar para realizar un reportaje.

Eso no impidió que la fiscalía solicitara que se aumentara a diez años su primera condena. “El acusado no vino a Argelia para realizar un trabajo periodístico, sino [para cometer] un acto hostil”, afirmó su representante. El tribunal le preguntó si sabía que el Movimiento por la Autodeterminación de Cabilia (MAC) había sido clasificado en mayo de 2021 como terrorista por las autoridades argelinas cuando se reunió con su presidente, Ferhat Mehenni, en París, en octubre del mismo año.

Sea cual sea la respuesta —en este caso, Christophe Gleizes afirmó que no lo sabía—, es necesario recordar que los periodistas no deben identificarse ni con las personas a las que potencialmente implican, ni con los testigos, ni siquiera con sus fuentes. No son defensores de unos ni de otros. Son otra voz, la de los ciudadanos y ciudadanas que quieren saber. Producen hechos de interés general, una vez que estos han sido contrastados, verificados y documentados.

Entrevistar, investigar e informar no es un delito. “El periodismo consiste en recabar información, incluso de personas u organizaciones controvertidas”, señalan las numerosas organizaciones de medios de comunicación francesas que piden la liberación del periodista. “Calificar esta actuación de ‘apología del terrorismo’ equivale a negar la propia naturaleza de la profesión y a amenazar la libertad de información, garantizada por los convenios internacionales. Un periodista que entrevista a un responsable deportivo no es cómplice de sus posiciones: está haciendo su trabajo”.

Tras el fallo, Thibaut Bruttin, director general de Reporteros sin Fronteras (RSF), expresó su estupefacción: “RSF condena con la mayor firmeza la aberrante decisión del tribunal de apelación de Tizi Ouzou, que ha optado por mantener en prisión a un periodista que no ha hecho más que su trabajo.” “Hay que explicar a los magistrados de apelación que un periodista no hace política”, “no es un ideólogo”, “no es un activista”, afirmaba el abogado del periodista, Emmanuel Daoud, antes de la vista.

El abogado intentó, con razón, evitar que el destino de su cliente se viera envuelto en la agitación de las relaciones franco-argelinas, tras el indulto y la liberación por parte de Argel del escritor franco-argelino Boualem Sansal el 12 de noviembre. Así, rechazó la expresión de “rehén”, precisando que Christophe Gleizes había podido recibir visitas y tener acceso a su expediente penal y a sus abogados.

No obstante, al dictar sentencia de prisión para un periodista —sea cual sea su nacionalidad, pues también vale para los periodistas argelinos injustamente encarcelados—, el tribunal viola el derecho de los ciudadanos, independientemente de su nacionalidad, a disponer de información que les permita posicionarse con total autonomía y libertad.

La Carta Mundial de Ética Periodística, ratificada en Túnez en 2019, que recoge los principios de la Carta de Múnich de 1971, así lo establece: “La responsabilidad del periodista ante el público prima sobre cualquier otra responsabilidad, en particular ante sus empleadores y los poderes públicos”.

Lo único que cuenta es el interés general de los lectores y lectoras, más allá de las fronteras. Christophe Gleizes debe ser liberado. Según el procedimiento judicial argelino, solo queda una salida, el indulto que podría concederle el presidente argelino, Abdelmadjid Tebboune (que solo podría intervenir tras la condena en firme del reportero, que aún puede recurrir en casación).

Esto supone que, junto a los profesionales de la información, los ciudadanos se movilicen para defender su derecho: el de estar informados, directamente por quienes dan testimonio e investigan.

Traducción de Miguel López

La estrategia de fondo es cada vez más clara. La extrema derecha, a través de Vox, de los sectores más radicales del PP —que lidera la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, pero de los que forman parte algunos de los más estrechos colaboradores de Alberto Núñez Feijóo—, de sus medios afines y de sus principales agitadores en redes sociales, incrementa desde hace meses la presión contra medios y periodistas progresistas que desde hace años denuncian sus bulos, sus mensajes xenófobos y la amenaza que representan para la democracia.

La sensación de que se trata de una pauta se extiende cada vez más entre los afectados, empleados en diferentes medios de comunicación —digitales, radios o televisiones— pero con un nexo común: todos aparecen con frecuencia comentando la actualidad en los espacios que han convertido en un éxito de audiencia la nueva parrilla de La 1 de RTVE.

El ápice de esta estrategia se hizo muy visible la semana pasada cuando diferentes actores del universo ultra coordinaron la difusión de acusaciones falsas contra los hijos de cuatro de ellos: el presentador de La Noche en 24 Horas, Xabier Fortes; la subdirectora de elDiario.es, Esther Palomera; el periodista de la Cadena SER, Isaías Lafuente, y el director editorial de infoLibre, Jesús Maraña. Incapaces de dañar su credibilidad o su rigor profesional, los difusores de estos bulos trataron de alentar la tesis de que están plegados al poder del Gobierno porque, sin prueba alguna que lo respalde, afirman que sus hijos se han beneficiado de tratos de favor.

El acoso y, en algún caso, las agresiones a los periodistas de izquierdas son la norma habitual, aunque no falta algún ejemplo del lado contrario, como la paliza sufrida por un redactor de El Español cuando intentaba cubrir la movilización abertzale contra la presencia del agitador ultra Vito Quiles en el campus de la Universidad de Navarra. La excepción a la regla.

La forma en la que los extremistas han diseñado su persecución se extiende a todos los ámbitos a su alcance. Lo pudo ver todo el mundo en la impunidad con la que la extrema derecha actuó en los sucesos de Torre-Pacheco (Murcia), donde se sucedieron los intentos de amedrentar a los periodistas que intentaban arrojar luz sobre lo que estaba pasando en la localidad y que poco o nada tenía que ver con un disturbio provocado por migrantes, como los ultras trataban de hacer creer. Es frecuente en manifestaciones “en defensa de la España constitucional”, como han sufrido profesionales de RTVE, o contra las sedes del PSOE en la calle Ferraz, donde han padecido idéntica hostilidad periodistas de La Sexta, Antena 3, À Punt o Europa Press.

Lo sufrieron también muchos periodistas, en particular de los de medios progresistas, como la periodista de infoLibre Marta Monforte, cuando los agitadores trataron de reventar su trabajo en el Congreso de los Diputados y de poner las ruedas de prensa de los partidos al servicio de sus vídeos virales en redes sociales. Hechos que motivaron una reforma del reglamento para tratar de poner fin a este tipo de comportamientos, al menos dentro de las instalaciones de la Cámara baja.

El acoso, sin embargo, sigue vivo en la calle, donde, con frecuencia, los ultras esperan a estos periodistas para insultarles y provocar en ellos una reacción que después puedan explotar en Internet. Lo han sufrido muchos de ellos, desde Ignacio Escolar (eldiario.es) a Ana Pardo de Vera (Público), pasando por Antonio Maestre o Cristina Fallarás.

A veces, la situación ha derivado en agresión. Es lo que le pasó a Román Cuesta, periodista de Canal Red especializado en extrema derecha. El pasado mes de agosto, al bajar del coche en las inmediaciones de su domicilio, fue abordado por tres hombres, uno de los cuales lo roció con gas pimienta en la cara para cegarlo mientras intentaban golpearle. Todo mientras le grababan con el móvil, presumiblemente para difundir el vídeo luego en redes.

El acoso dentro y fuera del Congreso, por la calle, en redes sociales y ahora contra sus familiares, muestra una escalada en la agresividad de quienes quieren silenciar a los periodistas críticos, que coincide en el tiempo con su presencia habitual en programas de éxito en La 1, donde todos ellos son comentaristas de la actualidad. Una circunstancia que ha situado a RTVE en el centro de los ataques de los ultras y a los presentadores de estos espacios (Silvia Intxaurrondo, Javier Ruiz, Jesús Cintora o Marta Flich) como las dianas favoritas del extremismo conservador.

Mientras la situación empeora, Vox y el PP no hacen nada para contenerlo. No solo mantienen intactas la financiación pública de los pseudomedios que pagan los sueldos de muchos de estos agitadores —Feijóo y Ayuso regaron con 680.000 euros de dinero público el canal que catapultó a Vito Quiles, según El Salto—, sino que han protegido su labor dentro del Congreso y jamás han condenado la persecución a la que someten a los periodistas de izquierdas.

La descalificación en las últimas semanas se ha extendido incluso a los profesionales que, en el juicio al fiscal general, y en cumplimiento de su obligación profesional, testificaron para acreditar que estaban en posesión de la información sobre la situación fiscal del novio de Ayuso antes de que llegase a oídos del acusado.

Las amenazas y las acusaciones contra los periodistas que trabajan en estos programas se suceden. “Se quiere deslegitimar nuestro trabajo ahora que crecemos en espectadores, lideramos franjas de emisión y recibimos premios”, se quejó el presidente de la corporación, José Pablo López, en su comparecencia en la comisión de control en las Cortes el pasado jueves. “Molesta cuando somos competitivos, que es el problema de fondo”, denunció.

Esta misma semana se ha referido a este asunto el presentador de Mañaneros360, Javier Ruiz, en una entrevista concedida al canal de Rubén Sánchez, portavoz de Facua, en YouTube. “Aquí lo que tenemos es un montón de canales, pero dos propietarios. Y eso no es competencia. Eso se llama oligopolio” y “lo estamos pagando en términos de libertad de expresión”. En similares términos se expresó el periodista en conversación con infoLibre hace unas semanas. En particular quienes, como él, están “rompiendo ese oligopolio, porque se nos está señalando y se nos está intentando arrastrar por el lodo precisamente porque nos estamos cargando un modelo de negocio”.

El rol de los medios tradicionales se ha visto diluido ante el auge de los pseudomedios, algunos de ellos correas de transmisión de determinados intereses políticos, que imitan la apariencia de los medios pero ignoran los principios básicos del rigor periodístico. La urgente necesidad de identificar mecanismos de autorregulación eficaces y preservar la calidad e independencia informativa es cada vez más acuciante, especialmente ante la expansión de la inteligencia artificial y su capacidad para manipular la opinión pública.

Esta situación ha incrementado la importancia otorgada hasta ahora a los Consejos de Medios en la mayor parte de Europa. Los Consejos de Medios, también conocidos como Consejos de Prensa, son organismos independientes creados para promover los principios éticos y deontológicos del periodismo y garantizar la calidad de la información que reciben los ciudadanos. Suelen estar compuestos por periodistas, editores y, en algunos casos, representantes del público.

Su función es actuar como mecanismos de autorregulación del sector mediático. Por eso, entre sus funciones están recibir y tramitar quejas o reclamaciones sobre posibles vulneraciones del código ético periodístico por parte de los medios; emitir resoluciones, recomendaciones y dictámenes sobre la calidad y veracidad de los contenidos publicados; fomentar el debate sobre buenas prácticas profesionales y adaptarse a los nuevos retos de la comunicación digital; defender la libertad de información en su doble vertiente, la que garantiza a los periodistas poder informar y el derecho de la ciudadanía a recibir información veraz y plural; y servir como punto de referencia en la definición de los límites éticos del periodismo —especialmente frente a fenómenos como la desinformación, los pseudomedios y los discursos de odio—.

En España, sin embargo, las demandas históricas de las organizaciones de periodistas para convencer a los Gobiernos de turno —tanto del PP como del PSOE— de la necesidad de contar con un organismo equivalente siempre han encontrado la oposición de los grandes partidos, de los medios más influyentes —que desconfían de cualquier régimen de supervisión— y de una parte de la profesión, que mantiene la creencia de que la mejor regulación de la prensa es la que no existe.

La excepción siempre ha sido Cataluña. Impulsado por el Col·legi de Periodistes, y con el respaldo de la mayoría de los medios y de las fuerzas políticas, desde 1997 existe un Consell de la Informació de Catalunya, que sus creadores, con apoyo sindical y profesional, quieren ahora que goce de refrendo institucional mediante una ley autonómica. Desde entonces funciona como consejo de autorregulación.

En el resto de España, en cambio, los diferentes Gobiernos han preferido mirar para otro lado para no incomodar a los grandes medios que tradicionalmente han controlado el mercado de la información en televisión, prensa y radio. Y cuando no han tenido más remedio que nombrar un supervisor, obligados por la Unión Europea, como es el caso de lo previsto en el Reglamento Europeo de Libertad de Medios (EMFA, por sus siglas en inglés), han decidido dejar el asunto en manos de la Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia (CNMC), un organismo todoterreno que lo mismo se pronuncia sobre el mercado eléctrico que sobre el servicio de correos o la competencia ferroviaria, por citar solo tres de la extensa lista de áreas sobre las que tiene competencia.

En cambio, el consenso en Europa es muy elevado, especialmente ante la transformación digital, el auge de la desinformación y la aparición de nuevos actores (como influencers y creadores de contenido). Existen diferencias nacionales muy acusadas, pero, en general, los consejos se consideran esenciales para la defensa de la ética periodística y la confianza pública.

La independencia de los Consejos de Medios frente al poder político constituye un elemento central en su credibilidad y eficacia como mecanismos de autorregulación. Según un estudio reciente publicado por Raad voor de Journalistiek (Consejo Neerlandés para el Periodismo), aunque la existencia de una base legal o un reconocimiento institucional puede considerarse positiva, el funcionamiento autónomo exige garantizar la ausencia de interferencias gubernamentales sustantivas. En este contexto, la financiación y el grado de dependencia normativa aparecen como indicadores clave para medir la capacidad real de estos organismos para operar sin presiones políticas.

Los consejos más independientes suelen caracterizarse por la ausencia de financiación estatal directa y por modelos organizativos no sustentados en estructuras legales rígidas. La combinación de voluntariedad, tradición y autofinanciación reduce su exposición a los ciclos políticos y limita la posibilidad de presión a través de presupuestos o reformas legislativas. Entre los casos más representativos figuran el Raad voor de Journalistiek de Países Bajos, el Press Council of Ireland —cuya propia constitución restringe cualquier financiación externa ajena a sus miembros—, el consejo eslovaco Tlačovo-digitálna rada Slovenskej republiky, el Pressinõukogu estonio y el modelo sueco articulado en torno al Medieombudsman y el Mediernas Etiknämnd.

En un nivel intermedio se sitúan los consejos con independencia moderada, cuya vulnerabilidad deriva bien de una financiación estatal parcial, bien de una estructura definida por ley. Esta situación los hace más sensibles a la turbulencia política o a posibles modificaciones legislativas. Es el caso del Deutscher Presserat alemán, que recibe una subvención gubernamental específica para el Comité de Quejas; del Julkisen Sanan Neuvosto finlandés, parcialmente financiado por el Ministerio de Justicia; y del Österreichischer Presserat austríaco, que también cuenta con apoyo estatal.

Bélgica presenta un modelo mixto en el que los consejos RVDJ y CDJ obtienen financiación gubernamental indirecta a través de asociaciones profesionales. En Dinamarca, el Pressenævnet no recibe fondos estatales, pero sí opera bajo una estructura fijada por la ley de responsabilidad de los medios. En España, el Consell de la Informació de Catalunya accede a financiación pública para proyectos concretos, tras una etapa en la que el apoyo al consejo era un requisito para optar a fondos públicos.

El grupo de organismos más expuestos a interferencias políticas lo encabeza Luxemburgo, cuyo Conseil de Presse depende íntegramente de la financiación estatal. Su papel adquiere un peso adicional porque la emisión de carnés de prensa —su principal función— determina el cálculo de las subvenciones públicas a los editores, vinculadas al número de periodistas acreditados.

El debate sobre la eficacia de los consejos de medios suele girar en torno a su limitada capacidad para imponer sanciones. Con frecuencia se les reprocha ser “tigres sin dientes”, ya que la mayoría carece de mecanismos coercitivos y basa su actuación en la fuerza moral de sus resoluciones. La sanción más habitual consiste en exigir al medio implicado la publicación de la decisión, un gesto que no conlleva consecuencias legales o financieras pero que sí tiene un peso reputacional dentro del sector.

Algunos consejos, sin embargo, disponen de instrumentos con efectos reales y vinculantes. Estos mecanismos pueden implicar sanciones económicas, responsabilidades legales o incluso la exclusión de organizaciones profesionales. En Suecia, los medios que incumplen deben pagar una multa administrativa que contribuye a financiar al propio consejo, y la reincidencia puede derivar en la expulsión de la organización que gestiona la ética mediática.

El modelo danés es aún más estricto: desobedecer una orden de publicación puede acarrear una multa o incluso penas de prisión de hasta cuatro meses. Lituania introduce un componente financiero significativo, ya que los medios infractores pueden ver restringida su capacidad para optar a fondos o contratos públicos y perder durante un año la tarifa preferencial del IVA. En Bulgaria, el consejo puede remitir los casos al regulador estatal, que está facultado para imponer multas que oscilan entre 2.000 y 5.000 levas búlgaras (BGN).

La mayoría de los consejos, no obstante, se apoyan en sanciones de carácter fundamentalmente moral. En estos modelos se privilegia la publicación obligatoria de la resolución como instrumento de autorregulación. En Irlanda, los miembros están obligados a difundir las decisiones siguiendo pautas específicas de colocación y formato. Alemania recurre a la figura de la “reprimenda”, cuya publicación los editores se comprometen a garantizar. Finlandia opera de manera similar, con la obligación de publicitar sin demora cualquier reprimenda por malas prácticas periodísticas. Países Bajos mantiene un enfoque más flexible: no existe una obligación vinculante, pero se espera que las redacciones atiendan las solicitudes del consejo. En Bélgica, en el ámbito de Wallonia-Brussels, el medio debe colocar durante 48 horas en un lugar destacado el resumen de la decisión y mantener una referencia permanente en el artículo cuestionado.

Aunque estas sanciones se perciban como débiles, su impacto suele ser mayor de lo que se reconoce. La presentación de una queja provoca debates intensos dentro de las redacciones, y la falta de publicación de las resoluciones erosiona el funcionamiento del sistema de autorregulación, cuyo prestigio descansa precisamente en la responsabilidad asumida por los propios medios.

Los cuerpos ejecutivos y de quejas son responsables de gestionar denuncias y emitir resoluciones, y su composición busca combinar experiencia periodística con sensibilidad hacia el interés público. El liderazgo —en manos de presidentes u ombudsman— es decisivo para la autoridad del consejo. Se exige que sus miembros sean figuras reconocibles, con independencia y solvencia profesional. En numerosos sistemas, la presidencia de los comités de quejas recae en juristas, a menudo con trayectoria judicial, lo que se interpreta como una contribución determinante a la credibilidad del organismo. 

Suecia, por ejemplo, nombra a su Ombudsman de Medios mediante un comité especial en el que participan el Defensor del Pueblo Parlamentario, el presidente de la Asociación Sueca de Abogados y el presidente del Club Nacional de Prensa. En Luxemburgo estos comités están encabezados por un exjuez, mientras que en Irlanda el modelo de autorregulación se anticipó a la intención gubernamental de crear un ombudsman estatutario.

La presencia de periodistas en estos órganos se considera natural y necesaria. Los representantes del sector deben incluir a profesionales en activo y reflejar la diversidad del ecosistema mediático, evitando que solo participen actores tradicionales. La selección aspira a combinar conocimiento y experiencia, y algunos países establecen mecanismos formales: en los Países Bajos, por ejemplo, los periodistas son propuestos por la Asociación de Periodistas y por la Asociación de Editores en Jefe, según recogen los estatutos del consejo.

La incorporación de miembros públicos o externos es ampliamente respaldada porque contribuye a que el organismo no sea percibido como una instancia corporativa. La presencia de académicos, especialistas en derecho de los medios o representantes de organizaciones de derechos humanos refuerza la legitimación social de las decisiones. Otros sistemas abogan por reflejar a la sociedad civil en su conjunto. Sin embargo, no todos los países siguen este modelo. Alemania no incluye miembros del público, y en Austria y Luxemburgo su participación es muy limitada: solo los presidentes de los comités de quejas proceden de fuera del sector periodístico. Entre los argumentos para esta restricción figuran la posible falta de conocimiento en ética periodística o la preocupación por conflictos de intereses en países pequeños.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió este martes al príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salmán, frente a las acusaciones de la CIA que lo señalan como responsable del asesinato en 2018 de Jamal Jashogi, columnista de The Washington Post, informa EFE. "Él no sabía nada al respecto y podemos dejarlo así", respondió Trump a la prensa al iniciar una reunión en el Despacho Oval con Bin Salmán.

Sin embargo, llegó un momento en el que incluso el presidente de EEUU fue más allá: "Mencionas a alguien que fue extremadamente polémico. A mucha gente no le caía bien ese señor del que hablas; te cayera bien o mal, las cosas pasan", añadió Trump sobre Jashogi, quien fue descuartizado en el consulado saudí de Estambul el 2 de octubre de 2018.

Por su parte, el príncipe heredero calificó de "gran error" el asesinato del periodista, si bien dijo que su país lo investigó adecuadamente y que algo así no volverá a ocurrir. "Es doloroso, es un gran error, y estamos haciendo todo lo posible para que no vuelva a ocurrir", dijo. Por ello, defendió que su país tomó "todas las medidas adecuadas de investigación". "Hemos mejorado nuestro sistema para asegurarnos de que no vuelva a ocurrir nada parecido", subrayó.

Minutos antes, Trump aseguró que Bin Salmán y él están muy orgullosos el uno del otro por la labor que realizan en materia de derechos humanos. "Tenemos a un hombre muy respetado en el Despacho Oval hoy, amigo mío desde hace mucho tiempo, muy buen amigo mío. Estamos muy orgullosos el uno del otro en lo que respecta a los derechos humanos y todo lo demás", dijo.

Numerosas organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional han denunciado que la situación se ha deteriorado en Arabia Saudí, con un aumento de ejecuciones y de represión a la libertad de expresión.

Bin Salmán fue recibido en la Casa Blanca por Trump con los máximos honores reservados a las visitas de Estado, siete años después del asesinato de Jashogi. La CIA determinó que el líder saudí aprobó el asesinato dada su omnipotencia sobre todos los aparatos de seguridad del reino, pero el príncipe ha negado desde el principio su implicación.

El periodista y disidente saudí Jamal Jashogi, columnista del Washington Post, fue asesinado y descuartizado el 2 de octubre de 2018 en el consulado de su país en Estambul, al que había acudido para obtener la documentación necesaria para casarse con su prometida.

Tras el crimen, Trump minimizó la responsabilidad de Arabia Saudí, priorizando la alianza estratégica con Riad, mientras que su sucesor, Joe Biden, prometió tratar a Bin Salmán como un "paria", aunque cambió de postura y se reunió con el príncipe en Arabia Saudí en 2023.

El 13 de agosto pasado, un gran grupo de periodistas se concentró en la plaza de Sant Jaume de Barcelona para exigir el fin del bloqueo informativo impuesto por Israel en la Franja de Gaza y denunciar el asesinato de seis profesionales palestinos en un solo día. Hasta el momento, la cifra de periodistas asesinados desde octubre de 2023, supera los dos centenares. Algunas fuentes incluso hablan de alrededor de 250 informadores muertos a manos del ejército israelí.

A raíz de ese encuentro, un grupo de periodistas ha decidido unirse y buscar adhesiones para reclamar a las instituciones españoles y a la Unión Europea que dejen ser “cómplices” y utilicen “todas las herramientas a su alcance” para frenar el “genocidio” en Gaza.

Por ello, el Colectivo Periodismo Contra el Genocidio en Palestina exige que se abra inmediatamente el acceso a la prensa internacional a la Franja, un bloqueo que constituye una violación frontal de la libertad de información y un mecanismo que “alimenta la impunidad de los crímenes de guerra”.

Los organizadores de esta iniciativa tienen muy presente el mensaje del periodista de Al Jazeera, Anas Al-Sharif, que dejó escrito un mensaje póstumo antes de ser asesinado, consciente de que se había convertido en objetivo militar: “No olvidéis Gaza”. Para los impulsores de esta acción, su muerte personifica la intención de “matar al mensajero” que atribuyen al Gobierno de Benjamin Netanyahu.

Este colectivo subraya cómo, a pesar del alto el fuego firmado el pasado 10 de octubre, “los asesinatos continúan”, lo que demuestra, a su juicio, la fragilidad del acuerdo y la ausencia de una paz real. Insistieron también en que la violencia que sufren tanto la población civil como los informadores constituye “una persecución sistemática” amparada por la impunidad.

Por ello, los periodistas y profesionales de la información exigen que se garantice la seguridad y los derechos laborales de quienes informan desde Gaza y Cisjordania, y que se permita sin restricciones ni riesgos el acceso de la prensa internacional a la Franja. Además, piden a la UE y a los Gobiernos del mundo que defiendan el derecho a la información y la libertad de prensa, y reclamen que los asesinos de periodistas sean procesados por el Tribunal Penal Internacional.

El colectivo también pone el foco en los medios de comunicación para que condenen el asesinato sistemático de periodistas en Palestina, algo que representa un ataque contra la democracia y la libertad de prensa que pone en peligro a todos los profesionales de la información. 

Por último, con esta iniciativa también reclaman mecanismos para que el Gobierno de Netanyahu repare los daños causados a las familias de los periodistas asesinados, así como a los medios y profesionales afectados por la destrucción de sus instalaciones y equipos.

Le ha tocado presidir el Media Board, el órgano que reúne a los supervisores de medios de los 27 miembros de la Unión Europea, cuando el que él mismo representa, la Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia (CNMC), todavía no ha podido asumir esas funciones porque la ley que debe encomendárselas aún no se ha tramitado en el Congreso. Carlos Aguilar (Barcelona, 1972), doctor en Comunicación Audiovisual y profesor de Economía Aplicada a los Medios, es, en todo caso, la cabeza visible de una supervisión mediática que, a duras penas, se abre camino en España a través del Reglamento Europeo de Libertad de Medios (EMFA, por sus siglas en inglés).

La EMFA está en vigor, pero nadie se da por aludido. El desarrollo de la norma, que incluye la designación de la CNMC como supervisor, acumula polvo en un Congreso sin mayorías. ¿Qué calendario cree que le espera?

Estamos en stand-by. Hemos hecho el trabajo preparatorio, pero hasta que no se apruebe la norma y se nos atribuyan las competencias, no hay más que podamos hacer. Somos muy activos a nivel europeo: estamos en la presidencia del Media Board, participamos en todos los grupos de trabajo… Tenemos un papel todo lo activo que se puede tener, sin traspasar las competencias que tenemos atribuidas. Somos como el que está en la línea de salida esperando que le den la bandera verde.

Si la ley se retrasa, ¿habrá consecuencias?

Para mí hay dos niveles. Uno es la conciencia de los grupos parlamentarios de que esto es importante, que es algo más allá del capricho partidista, que tiene que ver con la protección de las fuentes, con la transparencia, con una cultura general de lo que deben ser los medios de comunicación. Y otro tiene que ver con la obligación de cumplimiento de las directivas europeas. El segundo tiene un camino largo, pero es verdad que a la larga fuerza a los Estados a actuar. Pero, para mí, lo ideal sería el primero: que los grupos parlamentarios y la sociedad civil entendieran, con una lectura objetiva de la EMFA, lo que realmente pretende. Me consta que la Comisión Europea está haciendo seguimiento y que, a partir de esa información, se inician los procedimientos de infracción.

Como presidente del Media Board, lo sabrá bien: ¿en qué puesto estamos? ¿Somos los últimos de la clase?

Hay países que ya tenían cosas parecidas y están por delante. Y hay países que no están haciendo absolutamente nada. Nosotros estamos en la parte media-baja de la cola. Cuanto más tiempo pase, más abajo nos quedaremos.

¿La CNMC va a poder establecer criterios o indicadores que permitan evaluar la independencia real de los medios públicos, más allá del reparto por cuotas políticas en los consejos, que es a lo que estamos acostumbrados?

Lo que debería pasar es que sea la legislación de los Estados miembros la que especifique estos criterios, y el regulador independiente el que los supervise. Nosotros podremos opinar. La función real del supervisor no es marcar la pauta de qué está bien o mal; eso es potestad de los legisladores. Y desde mi punto de vista —y aquí te doy mi opinión personal— está clarísimo que esto afecta al escalón autonómico y a las corporaciones públicas autonómicas, tanto para garantizar los mismos derechos del artículo 5 como para que exista una supervisión efectiva e independiente.

Lo que es muy relevante es que se apliquen las salvaguardas del artículo 5 de la EMFA: debe haber un sistema claro y transparente de designación de los directivos. Tiene que ser aprobado, evidentemente, por la mayoría del legislativo y luego debe haber un cumplimiento. ¿Qué evitaría eso? Cambios sucesivos con legislación ad hoc, que es lo que nos ha estado pasando últimamente. Y eso daría la garantía que el servicio público necesita para poder desarrollar su trabajo con la tranquilidad necesaria.

¿Harán falta herramientas como consejos de informativos independientes y estatutos que protejan a los periodistas que trabajan en los medios públicos?

Si la pregunta es si serían convenientes, es un hipotético, por lo tanto, si respondo que sí, no hay ningún problema, porque es un hipotético. Pero déjame que vaya un poco a la realidad. Al final, si repasas la normativa europea, la EMFA o incluso la Ley General de Comunicación Audiovisual, es algo que se da por supuesto de manera implícita: debe haber independencia respecto a la propiedad y respecto a la actuación política. Lo que tú planteas, de alguna manera, es que sean estos consejos informativos los encargados de garantizarlo. Es una de las soluciones posibles para hacerlo.

Lo que está claro es que debe haber algún mecanismo dentro de los medios públicos que lo garantice, que esté articulado y que funcione, y que, por lo tanto, exista. Pero la solución por la que se opte puede ser diversa, porque también va a depender del país. No se tomará la misma decisión en España que en Suecia.

¿Deberían reformarse las leyes que regulan los medios públicos en España para adaptarlas a lo que prevé la EMFA?

Yo creo que deberían actualizarse. “Reformar”, a lo mejor, es una palabra demasiado fuerte, pero lo que parece evidente es que es una oportunidad para volver a empezar. No de cero, pero sí para limpiar y reestructurar el cuerpo legislativo que rige los medios públicos, que con los años se ha ido complicando. Sería el momento de sentarse a recolocar las piezas. Pero esto también es una opinión absolutamente personal. Lo digo porque, en este caso, no hablo en nombre de la Comisión.

¿Es una anomalía que la supervisión independiente que deben ejercer las comunidades —en materia audiovisual ahora y en el futuro en relación con los medios— se lleve a cabo directamente desde sus gobiernos?

En términos formales es difícil decir que sea una anomalía, porque la ley permite esta posibilidad. Pero, de una manera natural, la EMFA parece decir que deberían crearse autoridades supervisoras audiovisuales independientes al estilo de los consejos audiovisuales de Cataluña, Andalucía o la Comunitat Valenciana. Esto sí que es un cambio que se tendrá que dar. Dicho esto, que es la opinión formal, parece lógico que la mejor manera de funcionar sea la de crear un regulador independiente. Pero, de nuevo, estamos ante una decisión de los legislativos autonómicos.

Es un poco extraño que la supervisión la ejerzan los gobiernos autonómicos, que son los que tienen que ser supervisados, por ejemplo, en lo que afecta al reparto de la publicidad institucional.

El reglamento es clarísimo en ese punto: quien realiza estas funciones tiene que ser un órgano independiente.

Pero es chocante que ninguna comunidad haya dado el paso para adoptar esa medida.

Estoy contigo, y lo comparto a nivel personal y como académico. Creo, además, que estos pasos se tendrán que dar porque es un reglamento y, si no se hace, entraremos en infracción.

¿Tiene sentido que en España sea el Gobierno quien concede las licencias de TDT —e hipotéticamente tenga la capacidad de revocarlas— en vez de un organismo independiente?

Como CNMC, la respuesta institucional es que no nos pareció contrario a lo que se puede hacer. Pero es verdad que, en este punto, yo hice un voto particular personal al primer anteproyecto de ley del año 2022: debería ser el regulador independiente y no el Gobierno. Pero es solo mi opinión, no tiene nada que ver con la de la institución. Al no entrar en contradicción con el texto de la EMFA, acaba siendo una decisión del legislador.

La EMFA ha generado grandes expectativas sobre la transparencia de la propiedad de los medios. Pero, aunque este punto concreto está en vigor desde febrero, casi nadie lo está cumpliendo. ¿Cómo se va a hacer cumplir esta obligación?

Va a ser posible en el momento en que se atribuyan competencias al supervisor y conlleve sanciones a quien no cumpla. El anteproyecto de ley ya va en esa dirección, y creo que es un paso positivo. Pero para mí hay una segunda cosa muy importante: esto debería ser un elemento distintivo de los medios respecto a los ciudadanos y para quienes ponen publicidad. Esa es la cultura que la EMFA quiere transmitir: si quiero publicitarme en un determinado medio, para mí debería ser un prerrequisito que ese medio cumpla una normativa de transparencia respecto a los ciudadanos. Es una cuestión casi cultural: un elemento que me garantiza que, sea cual sea su orientación, un medio está siendo con la información tan transparente como lo es con su propiedad.

Hay quien ha planteado que el acceso a la publicidad institucional esté vinculado a cumplir estrictamente la exigencia de transparencia en la propiedad.

De nuevo no te puedo dar la opinión institucional, pero desde mi punto de vista creo que con lo que te he dicho antes queda absolutamente claro.

Para repartir la publicidad institucional y también para detectar la concentración, es esencial contar con mecanismos fiables de medición de audiencias. El Gobierno ha renunciado a legislar sobre este asunto, así que, ¿cómo salimos de esta? ¿Cuál sería la receta óptima?

Es una pregunta demasiado difícil. Lo que hemos hecho primero es ver cuál es el panorama, hablando con los medidores de audiencia, con los anunciantes y con los medios. Es una primera visión de cuál es el mapa y el estado de situación para acompañar a la Comisión en la elaboración de unas guías. Lo importante es que, sea cual sea el sistema, debemos garantizar que sea transparente, replicable y que recoja las singularidades de un mercado determinado. No solo me parece lo más complicado, sino también lo más sensible, porque de ahí deriva la supervivencia de muchos. Debería alcanzarse por consenso de todos.

Y, en paralelo, lo que sí está ya en funcionamiento es la obligación de que los sistemas de audiencia pasen por una auditoría anual y externa. Esa auditoría es con la que debemos nutrir a las autoridades audiovisuales para empezar a plantear soluciones. Porque ahora tenemos un conocimiento muy limitado.

La obligación de repartir con transparencia y criterios objetivos la publicidad institucional también está en vigor, pero ninguna administración lo está cumpliendo. Si la ley se aprueba, ¿la CNMC podrá obligar al Estado, a las autonomías o a los ayuntamientos a cumplir?

La EMFA dice que, con el fin de evaluar la exhaustividad de la información sobre la publicidad estatal, los organismos reguladores podrán solicitar a las entidades públicas información más pormenorizada.

Tendrá, entonces, el poder de reclamar a las administraciones...

Eso es. Esto es un consenso por el bien de los ciudadanos y de la democracia, y de lo que los medios suponen para la democracia. No aceptarlo no es ir contra la EMFA, es ir contra una idea de lo que es Europa y de lo que supone la democracia.

La CNMC supervisa desde hace relativamente poco tiempo a los influencers con más seguidores e ingresos más elevados. ¿Cómo sabe la CNMC que alguien tiene esos ingresos?

Porque los pedimos. Tenemos la capacidad de supervisión, y eso nos da la capacidad de saber. En caso de que no respondan, pasa lo mismo que cuando imponemos una multa: podemos mirar en el Registro Mercantil. No tenemos un convenio con Hacienda a día de hoy, pero digamos que tenemos maneras de llegar a saber lo que alguien declara, porque además es información pública. Indagamos hasta donde es necesario para ver si alguien está o no sujeto a la ley.

Cuando el Gobierno aprobó hace un mes el borrador de la futura Ley Orgánica de medidas en materia de violencia vicaria, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, la presentó como una norma “pionera que viene a dar respuesta a todas las víctimas y sus familiares, tipificando la violencia vicaria con penas específicas y con medidas civiles reforzadas”.

Su vocación es visibilizar, reconocer, prevenir, sancionar y erradicar la violencia vicaria reformando la Ley Orgánica de medidas de protección integral contra la violencia de género, el Código Penal, el Código Civil, la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor y la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Desde entonces, aunque nadie cuestiona la necesidad de reforzar el combate contra la violencia vicaria —la que busca “causar dolor o sufrimiento a la mujer a través de personas instrumentales o interpuestas”—, una de las medidas previstas en el anteproyecto sí ha abierto un debate sobre si la posibilidad de no dar voz a los condenados por estos delitos puede limitar el ejercicio de la profesión periodística y el derecho a la información de los ciudadanos.

Se trata de la incorporación al Código Penal de una nueva pena que consiste en prohibir a los condenados publicar o difundir mensajes, textos, imágenes u otros contenidos que tengan relación directa con el delito cometido. Una medida declaradamente deudora de lo ocurrido, hace apenas unos meses, con El odio, la obra en la que el escritor Luisgé Martín explora la personalidad del parricida José Bretón basándose, al menos en parte, en el testimonio del asesino. Un texto para el que el autor no contactó con Ruth Ortiz, expareja del asesino y madre de los dos niños asesinados a la que tampoco avisaron de la publicación del libro.

La presión social —que no judicial— acabó forzando la renuncia de la editorial Anagrama a la distribución del libro. El autor, según sus propias declaraciones, busca desde entonces nuevo editor.

“Lo hemos visto con el caso Bretón: la sociedad acompañó a la víctima ante la publicación del libro”, declaró el 30 de septiembre la ministra de Igualdad, Ana Redondo, en la presentación del anteproyecto de ley. “Ahora queremos que la ley acompañe a la sociedad en ese reproche”.

Si la norma sale adelante —para lo que aún debe ser aprobada definitivamente por el Gobierno y superar, por mayoría absoluta, los trámites del Congreso y el Senado—, los condenados por violencia vicaria no podrán compartir con nadie nada que tenga que ver con su crimen. Una limitación que algunas organizaciones de periodistas temen que se esté extendiendo también a ellos, imponiendo de hecho una prohibición a la obtención directa de una información que hasta ahora sí era posible conseguir también de los autores de los crímenes.

La cuestión parece sencilla, pero no lo es. Que la prensa pueda entrevistar a un asesino no significa que el testimonio obtenido vaya a ser usado contra las víctimas, algo que la futura ley parece dar por supuesto al prohibir, de entrada, que los condenados puedan hablar de sus crímenes.

Para corregirlo, tanto el Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia (CPXG) como el Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía (CPPA) han presentado alegaciones al anteproyecto aprovechando el período de información pública, que terminó la semana pasada.

Con argumentos complementarios, los dos colegios —entre los más representativos de España— manifiestan su temor a que la norma pueda “derivar en un efecto inhibidor sobre la libertad de información y en una interferencia indirecta sobre el trabajo periodístico, al criminalizar el acceso a fuentes o la difusión legítima de contenidos de interés general”.

Desde su punto de vista, “proteger a las víctimas no debe implicar silenciar la información ni limitar la función social del periodismo. Más aún teniendo en cuenta que al ejercicio periodístico se le encomienda la función de formar a la ciudadanía en actitudes que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres, erradicar estereotipos que perpetúan la desigualdad y la violencia hacia las mujeres, así como concienciar a la sociedad de que la violencia sexual es un problema que afecta al conjunto de la sociedad”.

Entre otras enmiendas al anteproyecto de ley, los colegios proponen dejar claro que “no incurrirán en responsabilidad penal por infracción de esta prohibición los profesionales de la información que, en ejercicio legítimo de su labor periodística y con observancia del deber de diligencia, recaben o difundan información sin vulnerar derechos fundamentales de las víctimas, aun cuando para obtenerla hayan contado con el testimonio directo de los condenados por el delito”.

Y proponen añadir un párrafo diciendo que “la aplicación de la pena de prohibición de difundir o publicar información no podrá interpretarse ni aplicarse de modo que limite o impida el ejercicio legítimo de la libertad de información y de comunicación reconocida en el artículo 20 de la Constitución Española. En ningún caso esta medida podrá suponer restricción o censura previa sobre el trabajo de los profesionales de la información o de los medios de comunicación”.

¿De verdad hace falta introducir estos cambios en la futura ley? ¿Está amenazado el derecho a la información por la prohibición a los condenados de hablar sobre sus crímenes?

Isabel Serrano, profesora de Derecho Constitucional y experta en Derecho de la Información de la Universidad Complutense, cree que “las medidas previstas en la ley en relación con la prohibición de los condenados a comunicarse afectan directa y gravemente al derecho a la información”.

“No soy ajena al dolor que genera la violencia vicaria, y no se me ocurre crimen más terrible”, precisa. “Pero creo que la libertad de prensa debe estar por encima de las emociones y sentimientos de los sujetos. No creo que sea correcto limitar una libertad tan importante por motivos emocionales”.

Esto no significa, añade, “que haya barra libre para publicar, sino que debe haber libertad de publicación siempre que lo que se cuente sea de interés público”. En su opinión, “los límites están claros desde siempre (honor, intimidad, etc.)”. Otra cosa “es que se prohíba que el condenado obtenga un beneficio económico o de notoriedad”, como ya se hizo con la reforma aprobada en 2010 de la Ley de 1982 de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.

En ella se introdujo un apartado al artículo 7 que condena “la utilización del delito por el condenado en sentencia penal firme para conseguir notoriedad pública u obtener provecho económico, o la divulgación de datos falsos sobre los hechos delictivos, cuando ello suponga el menoscabo de la dignidad de las víctimas”. Pero en este caso, “no se impide dar la información, que es lo que aquí nos preocupa, sino mentir o beneficiarse de ello”.

Por otro lado, y partiendo de la base de que es favorable a medidas que no limiten la libertad de información, Serrano pregunta a quienes sí son favorables a estas medidas “si no creen que sufre igual una madre cuyo hijo o hija ha sido asesinado por un tercero, o violado y asesinado por un pederasta. O si creen que el dolor desaparece a los cinco o seis años. Con esto quiero decir que me parece una medida más populista que ajustada a Derecho”.

La catedrática de la UCM lo tiene claro: “Debemos huir de la legislación hecha desde el sentimiento y renegar de las medidas que limitan las libertades informativas más allá de las estrictamente necesarias. Sé que, en la actualidad, esta no es una opinión fácil ni popular, pero creo que somos muy permisivos con las leyes que censuran y limitan excesiva e injustamente la libertad de prensa”, concluye.

Ana Azurmendi, también catedrática de Derecho Constitucional y profesora de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra, se remite asimismo a la ley de protección civil del derecho al honor para subrayar que se parece “mucho a lo que ahora se pretende introducir en el Código Penal”. “Yo no soy partidaria de que las cuestiones de libertad de expresión se diriman en el Código Penal”, subraya.

Esta experta en la Carta Magna cree que, en circunstancias como la del libro de Luisgé Martín, hubiese sido suficiente con dejar las cosas en manos de los jueces mediante el establecimiento de medidas cautelares “para asegurar que los contenidos que se van a publicar se ajustan a la ley y no dañan a las víctimas”. “A lo mejor una medida de suspensión cautelar ordenada por un juez era suficiente. Es lo que se llama secuestro judicial, que suena fatal —reconoce—, pero que es constitucional”.

No falta, sin embargo, quien defiende abiertamente la reforma en todos sus términos. Cristina Ventura Alameda, vocal de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, la respalda porque la prohibición de hablar se establece para el penado y “a un periodista no se le va a perseguir por hablar con un condenado”.

No obstante, advierte: “Cuestión distinta es que el periodista publique datos relativos al delito cometido facilitados directamente por el condenado. Nos hablan de libertad de prensa, pero esto puede colisionar con la protección de la víctima, que es a quien se trata de proteger”. Para Ventura, la referencia sigue siendo lo ocurrido con el libro de Luisgé Martín.

Alba Taladrid, presidenta del colectivo feminista Xornalistas Galegas, que agrupa a profesionales de la información de Galicia, evita “entrar en el debate jurídico”, pero recuerda “que esta medida es fruto de la espectacularización de la información en un tema tan sensible como la violencia contra las mujeres. La práctica periodística posee, de forma intrínseca, una responsabilidad social que la hace incompatible con aumentar el daño de las víctimas”.

La magistrada catalana Glòria Poyatos, presidenta de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (Las Palmas) y una de las fundadoras de la Asociación de Mujeres Juezas de España (AMJE), sostiene que la propuesta del Gobierno cobra sentido si se tienen en cuenta precedentes como el “caso del tour de La Manada”, la publicación de una web que anunciaba un recorrido mensual por los puntos “de la noche más famosa de San Fermín”, donde “un grupo de jóvenes con peinados a la última moda” asaltaron a una joven, en referencia a la violación grupal cometida durante las fiestas de 2016 en Pamplona.

En aquella ocasión, el Supremo confirmó la condena a los autores de la web por dañar la integridad moral de la víctima de aquella salvaje agresión, pero el Constitucional acabó anulándola al entender que la actuación estaba amparada por la libertad de expresión y de creación artística.

Según esta magistrada, experta además en administración de justicia con perspectiva de género, lo que hace el anteproyecto del Gobierno es legislar “para evitar que situaciones como esta se puedan producir”.

El caso de Luisgé Martín, que es el que motiva este punto de la reforma, “es complejo”, reconoce. “Porque nos estamos moviendo en el plano del impacto social que este tipo de sucesos tienen en la población”, a los efectos “de prevenir futuras situaciones de violencia contra las mujeres”.

“Si queremos atajar la violencia de género, tenemos que ir, sobre todo, desde la educación en las escuelas y la educación social. Y eso quiere decir que hay situaciones que ya no se pueden tolerar”, cosas en las que “poco a poco vamos avanzando”.

Pasó, recuerda, con la prohibición de fumar, que rápidamente viró de imposible o inaceptable a asumida por la inmensa mayoría. “Con la violencia de género es igual. Hay que empezar a dar pasos para que situaciones que hasta ahora se han tolerado de forma natural dejen de tolerarse. Porque eso significa educar a la población para que respete a las mujeres”.

En relación con un posible conflicto entre el derecho a la información y el de las víctimas a no ser revictimizadas, Poyatos recuerda que “estamos en una fase previa. Va a haber enmiendas y se puede mejorar el texto”.

En todo caso, señala que el hecho de que la prohibición de hablar a los condenados se vincule en el anteproyecto con “evitar el menoscabo de la dignidad de la víctima” ya marca el camino a los jueces a la hora de establecer estas limitaciones. “Los que juzgamos no somos máquinas; no podemos aplicar la ley literalmente, sino con cierta flexibilidad”. Si esto es así, “no es que haya una prohibición absoluta”.

El periodismo, también por razones preventivas, debe dar visibilidad a estos crímenes “para que la sociedad sepa que esto no podemos tolerarlo. Pero no de cualquier manera”, advierte.

A juicio de esta magistrada, si se hace bien, “los medios ayudan a prevenir también la violencia de género”. Con normas como esta, lo que se está intentando es que también los medios, “a los que no se les prohíbe hacer su trabajo”, tengan “cuidado a la hora de enviar los mensajes que tienen vinculación con esta materia tan sensible. Y hacerlo de una forma que no vulnere la dignidad de la víctima, revictimizándola”. Sería tanto como añadir “otro tipo de violencia”. Por asociación, una suerte de “violencia refleja; esta sería la palabra que se me ocurre”.

Los medios, en su opinión, “tienen que ser educados para respetar a las mujeres y ayudar a prevenir la violencia haciendo un periodismo distinto, un periodismo que no descienda a lo banal, a lo que hace sangre. Un periodismo que ponga por delante los derechos de la víctima y no del victimario”.

Google Discover, la nueva cara con la que el gigante tecnológico de las búsquedas quiere defender su posición como principal intermediario entre los usuarios de Internet y la totalidad del mundo digital, ya es una de las principales preocupaciones entre los medios de comunicación cuya supervivencia sigue dependiendo en gran parte de la publicidad digital vinculada a las visitas.

La incorporación del botón “Seguir” en Google Discover supone una evolución hacia dinámicas propias de las redes sociales, donde los usuarios pueden seguir no solo a medios, sino también a periodistas como figuras públicas. Y a influencers. Y a políticos. El principal intermediario de las audiencias se convierte en un agregador de redes sociales, y eso va a tener consecuencias para los medios que dependen de las búsquedas para ser rentables.

Porque la última vuelta de tuerca de Google Discover se sitúa a medio camino entre una red social y un buscador clásico: es un feed personalizado de noticias, artículos y contenido que usa un algoritmo opaco que impedirá a los medios controlar cuándo ni cómo aparecen sus artículos en Discover.

A diferencia de la búsqueda tradicional de Google, que daba a los medios algunas herramientas para posicionarse mejor en los resultados, aquí no basta con utilizar palabras clave: cuentan factores como la autoridad percibida de la marca, la interacción previa del usuario y señales de calidad (velocidad, diseño adaptado a los móviles). También influye lo que Alphabet, la empresa propietaria de Google, considera prioritario: las experiencias narradas en primera persona fruto de una vivencia directa, tener conocimientos especializados, ser una fuente reconocida y respetada, y la presencia de elementos de credibilidad, como el uso de datos contrastados, que las fuentes sean claras y que no haya intención de engañar. Todo convenientemente mascado por un algoritmo que nadie conoce.

El resultado de estos criterios son picos de tráfico imprevisibles sin que el medio sepa exactamente por qué. O, en el lado contrario, la condena a la invisibilidad, también sin causa aparente. Con todo lo que eso supone en materia de ingresos para un sector que todavía no ha logrado asentarse en el mundo digital.

Discover, según algunas fuentes, puede representar entre un 20 y un 60% del tráfico de ciertos medios digitales en España. Pero las cifras pueden caer de un día para otro. Es el riesgo de que la economía de los medios se base en el “efecto plataforma”: el medio no posee a su audiencia, sino que depende del filtro de un tercero.

La nueva interfaz es, para muchos, un estímulo para el clickbait y lo visual, porque el feed se basa en la atención rápida y en la imagen de portada. Los titulares llamativos, imágenes potentes, temas de alta actualidad o interés emocional tienen más posibilidades de ser mostrados. Y muchos temen que esto empuje a los medios a priorizar la estética y la viralidad frente a la profundidad o la relevancia social.

Al mismo tiempo, al competir por entrar en Discover, los medios corren el riesgo de repetir temáticas “que funcionan”. La consecuencia es que la agenda informativa se estreche: menos reportajes, menos periodismo local, más temas “universales” fáciles de recomendar.

En la práctica, hay un riesgo democrático. Discover es un filtro invisible de acceso a la información (un algoritmo privado de Google decide qué noticias ve un ciudadano en su móvil). No hay transparencia sobre criterios editoriales ni equilibrio de pluralidad. El riesgo es que la ciudadanía confunda el feed con “toda la actualidad”, cuando en realidad es solo una porción sesgada por una empresa que, en la práctica, se ha convertido en el embudo por el que tienen que pasar los medios para alcanzar a las audiencias.

Discover es, para muchos analistas, la confirmación de que los medios tienen que buscar fórmulas de supervivencia que no los conviertan en simples rehenes de los algoritmos. Fórmulas que pasan, en todos los casos, por recuperar la relación directa con el lector: utilizando newsletters, aplicaciones, notificaciones y comunidades (se trata de cultivar a la audiencia en vez de alquilársela a Google o a Meta), ampliando las suscripciones y organizando eventos y experiencias.

Muchos medios han desarrollado campañas para pedir a los usuarios que los sigan en Discover, en un intento de reducir los efectos negativos del nuevo modelo. Es verdad que hacerlo aportará mayor visibilidad y, en consecuencia, puede reducir la volatilidad del tráfico. Pero es una solución muy limitada, porque se mantiene la dependencia de Google.

Estos cambios “replican modelos ya consolidados en plataformas como X, donde los periodistas no solo difunden información, sino que también son actores clave en la configuración de la agenda pública y en la creación de opinión”, explica a infoLibre Ramón Salaverría, catedrático de Periodismo en la Universidad de Navarra, experto en desinformación y uno de los académicos que más sabe de periodismo digital en España.

Ahora, Google Discover facilita que los usuarios “personalicen su dieta informativa en torno a determinadas voces, lo que encaja con una lógica algorítmica cercana al consumo en redes sociales”. El riesgo, señala, es que esta tendencia favorezca “dinámicas de tribalismo digital: los usuarios tienden a seguir a quienes refuerzan su visión del mundo y a ignorar o confrontar las voces divergentes. En ese sentido, aunque la medida pueda parecer neutra, podría contribuir a reforzar la preocupante polarización”.

La tensión entre la marca institucional del medio y la marca personal del periodista no es nueva, explica Salaverría. La novedad de Discover revive esa pugna porque ofrece a los periodistas “una ventana para consolidar su identidad profesional”, pero, al mismo tiempo, “puede diluir el peso de la cabecera mediática frente a las figuras individuales”. Y eso, “en un ecosistema mediático fragmentado, puede agravar la dispersión de audiencias y restar fuerza al periodismo como intérprete confiable de la actualidad”.

Si Google se convierte en una especie de “red social de agregadores”, el principal riesgo, apunta, “es la opacidad”. Cuando el acceso a la información se produce a través de algoritmos cuyo funcionamiento desconocemos, “el lector pierde de vista los criterios editoriales que sí están presentes en un medio tradicional y que deberían ser transparentes y verificables”.

La jerarquización de contenidos “pasa a depender de una caja negra que responde a intereses comerciales y estratégicos de las grandes plataformas”. En la práctica, esto “erosiona” el papel de los medios como garantes de una selección editorial consciente y pública: el medio ordena las noticias según su criterio editorial, pero “es Google quien decide, al final, qué noticias se presentan ante los ojos del lector”.

La ventaja de esta iniciativa de Google podría estar en la visibilidad adicional para los periodistas y en la posibilidad de diversificar el acceso a contenidos de calidad, señala el catedrático de la Universidad de Navarra. “Sin embargo”, añade, “la balanza se inclina hacia el riesgo, porque se sustituye un criterio editorial explícito por un criterio algorítmico opaco”. Mientras la jerarquización “permanezca bajo el control exclusivo de la plataforma y sin criterios transparentes, el problema de fondo —qué información se amplifica y cuál se oculta— seguirá intacto”.

Ana González Neira, profesora del Departamento de Sociología y Ciencias de la Comunicación de la Universidade da Coruña, no cree que, en la práctica, suponga un gran cambio, porque la coexistencia del periodismo con los influencers ya se estaba dando en las redes sociales. “Se van a reproducir las mismas relaciones. El mismo sistema que ya había en otras redes sociales”.

Pero, ¿puede esto fragmentar más a las audiencias y diluir la marca de los medios frente a las figuras individuales? Esta experta en periodismo, dispositivos móviles y nuevas audiencias defiende que las marcas tienen una oportunidad para “enganchar a una audiencia que es muy, muy, muy volátil”. Sobre todo cuando lo que domina es un consumo informativo “que denominamos snack. Es decir, breve, muy breve, conciso, e incluso muchas veces vinculado al clickbait y a la desinformación”.

En el fondo, se trata de la consolidación de una tendencia cada vez más presente, sobre todo en las generaciones más jóvenes: “el News Find Me. Es decir, yo no busco informarme, sino que la información me encuentra a mí. Yo cojo el móvil y lo primero que me aparece son noticias. Pero no me meto en la página del diario X o de la radio o de lo que sea, sino que es la información la que me salta a mí, la que me busca a mí”.

Google, “nos guste o no, actúa como mediador en un porcentaje muy alto de nuestra vida digital”. “Y no estoy hablando solo de información. Estoy hablando de todo. El algoritmo, ahora mismo, domina casi toda nuestra vida diaria. Y nos tiene bastante controlados. Por lo tanto, su penetración en nuestra vida privada es casi total, por lo que creo que simplemente se ha dado un paso más”. Hasta ahora, recuerda, “ya era un mediador en el proceso informativo, ya era un filtro: el algoritmo te puede hundir o te puede poner en la cresta de la ola. Entonces, para las marcas, mantenerse es una carrera hacia adelante que hay que seguir, porque quedarse al margen o no hacer nada solo se lo pueden permitir muy poquitas marcas de información”.

David González, periodista, experto en audiencias y la voz detrás de RedDePeriodistas, es mucho más radical en sus predicciones. Según él, “el impacto de la llegada del botón 'Seguir' en Discover será devastador”.

“La prensa se prepara para el Gran Naufragio cuando Google Discover deje de enviarles tráfico”, advierte. "La mayoría de responsables de audiencias han empezado a darse cuenta en agosto del cambio estructural que se les venía encima, con el recuerdo del fin del periodismo de algoritmo de la era Facebook todavía en la boca del estómago”.

El cuarto poder, la prensa, tiene como función criticar y controlar a los otros tres poderes, como señala Umberto Eco en sus Escritos Morales. Si trabajar contra uno ya se demostró complejo y casi imposible, sobre todo cuando el personaje de turno detentaba todo el poder del Estado, hacerlo contra tres hace imaginar lo difícil que es la labor de los medios de comunicación, de la prensa. Cada uno de ellos se considera el garante casi exclusivo de la democracia, a la vez que los tres olvidan que “la soberanía nacional reside en el pueblo español del que emanan los poderes del Estado” (Art. 1.2 de la Constitución).

Por si fuera poco, de vez en cuando resurgen ideas estrechas partidarias de un nacionalismo rancio que se apoyan en jingoístas como Trump y similares, caracterizados por la falta de fundamentos, cuyo único objetivo es exportar mediocridad e ideas reaccionarias, y desestabilizar la convivencia. Tiempos convulsos.

La democracia, la ciudadanía, tienen ardua tarea, acabará triunfando debido al esfuerzo de la gente, del pueblo, pero está en peligro. Es duro y trabajoso, así que, como dijo el otro, “el que pueda hacer que haga”, y en esas está la mayoría de la ciudadanía. En esa línea, la Fundación Diario Madrid homenajeó a Andrés Rábago, conocido como El Roto, humorista gráfico y pintor.

Si usted mira y recupera los acontecimientos de 1968, observará que fue un año estelar para la humanidad por los acontecimientos acaecidos en todo el mundo.  Casualidades de la vida, en ese año empezó El Roto su actividad. Desde entonces hemos disfrutado de su sabiduría y como dijera alguien en el homenaje, “después del café de la mañana mi otro revulsivo es la viñeta de El Roto”. El dibujo de una simple línea a tinta china se convierte en todo un editorial, una llamada a la razón, una denuncia, una alerta. 

Son importantes los homenajes y reconocimientos en vida para que sean lección cada día. Un orador defendió la libertad de pensamiento y la libertad de expresión; no refirió algo fundamental, el respeto al otro, pero esa idea sobrevolaba el acto cuando se puso el acento en que nunca el autor del homenaje, Andrés Rábago, había personalizado su acción en nadie. Podemos concluir que cada uno de sus trabajos eran una lección de ética, útil a todos, que a nadie daña. Una ética decente, comprometida y muy saludable para la democracia.

Que no se rompa el viñetista y pintor. Que no calle el cantor. Que el periodista siga informando libremente y con rigor. No olvidemos que la muerte de cualquier medio de comunicación mutila la democracia.

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Mariano de la Puente Mayenco es socio de infoLibre.

Medio centenar de universidades, agrupadas en la Asociación Española de Universidades con Titulaciones de Información y Comunicación (ATIC), han solicitado al Gobierno que la futura definición legal de periodista incluya la exigencia de una titulación oficial en la materia. Así lo reclaman en sus alegaciones al anteproyecto de Ley Orgánica reguladora del derecho al secreto profesional de los periodistas, que el Gobierno se propone enviar al Congreso.

Las universidades que imparten los grados de Periodismo, Comunicación Audiovisual y Publicidad y Relaciones Públicas se muestran de acuerdo en la necesidad de un marco legal que garantice la confidencialidad de las fuentes y la protección del secreto profesional. Pero, en una asamblea extraordinaria celebrada el 22 de septiembre, decidieron enviar al Ejecutivo un documento advirtiendo que dicha regulación debe asegurar también la integridad del sistema profesional de los medios. Para ello reclaman que el ejercicio profesional amparado por el secreto requiera formación universitaria específica y sujeción a códigos deontológicos, como garantías de veracidad, contraste y responsabilidad pública.

La cuestión es una derivada de la regulación del secreto profesional de los periodistas, reconocido por la Constitución de 1978, y una exigencia del Reglamento Europeo de Libertad de Medios (EMFA, por sus siglas en inglés), que la inmensa mayoría de los medios y el Ejecutivo están incumpliendo desde su entrada en vigor, el pasado agosto. InfoLibre es la excepción.

En el anteproyecto, el Gobierno no ha tenido más remedio que definir quién es periodista y, por tanto, quién puede invocar el derecho al secreto profesional. Y eso ha abierto una caja de Pandora que interpela directamente a los colegios profesionales de periodistas (una decena, que cubren amplias zonas de España, como Cataluña, Andalucía y Galicia, pero no Madrid) y a las facultades de comunicación, porque el borrador no exige ninguna titulación para ser considerado periodista.

De acuerdo con el anteproyecto, será reconocida como periodista “toda persona física o jurídica que se dedique profesionalmente a la búsqueda, tratamiento y difusión de información veraz de interés público, a través de cualquier medio de comunicación, con la finalidad de hacer efectivo el derecho a la información”.

En este artículo del borrador legal, las universidades apoyan de manera íntegra las alegaciones presentadas por los Colegios Oficiales de Periodistas, destacando la necesidad de precisar el sujeto profesional del derecho, evitar el intrusismo y preservar así la calidad informativa.

¿Y qué pasa con los profesionales en activo que no son titulados? La asociación de facultades, como los colegios, rechazan la normalización legal del ejercicio sin formación de la profesión periodística y proponen una solución transitoria que les reconozca la condición de periodistas, si tienen una trayectoria acreditada, que las universidades quieren que sea de al menos diez años.

Además, urgen al Gobierno a que, en un plazo máximo de doce meses, presente un Estatuto profesional del periodismo que ordene las categorías, funciones y estándares de cualificación y ejercicio, así como que evalúe la protección de derechos de autor sobre trabajos periodísticos en el contexto de la inteligencia artificial y la minería de datos.

Las universidades proponen una definición legal de “profesional de la información” como la persona que, contando con titulación universitaria específica en Periodismo o Comunicación o equivalente (o amparada por disposición transitoria), investiga, contrasta, elabora y difunde información veraz de interés público mediante técnicas periodísticas, y se rige por códigos deontológicos y regímenes de colegiación aplicables.

Entre las alegaciones presentadas, las universidades reclaman también la sustitución en el texto legal del término “protección del secreto profesional” por “derecho al secreto profesional”, ampliando su finalidad no solo a proteger a las fuentes, sino también a facilitar la participación informada de la ciudadanía en los asuntos públicos.

En paralelo, recomiendan definir los “medios de comunicación social” como soportes impresos, audiovisuales o digitales, con responsabilidad editorial identificable, cuya actividad sea ofrecer contenidos informativos de interés público elaborados por profesionales cualificados. Se excluiría así a agregadores, cuentas personales y productores de contenido sin responsabilidad editorial, para limitar el amparo del secreto profesional únicamente a los medios formalmente reconocidos.

Las Facultades de Comunicación exigen también reforzar las garantías procesales, asegurando que cualquier medida limitativa del secreto profesional requiera informe preceptivo del Colegio Profesional territorial o del futuro Consejo General, que, aunque no sea vinculante, debería ser considerado obligatoriamente en la motivación judicial.

Abogan asimismo por mecanismos claros de autorregulación canalizados a través de los Colegios y su futuro órgano nacional, así como por la participación consultiva de ATIC y las facultades en las materias formativas y deontológicas.

Los colegios profesionales de periodistas han manifestado, desde distintos ámbitos, su preocupación por la falta de precisión normativa del anteproyecto. Consideran imprescindible que la protección legal alcance únicamente a quienes cuentan con formación universitaria específica y que la norma no legitime el intrusismo profesional, defendiendo así la calidad informativa y el derecho de la ciudadanía a recibir información veraz.

Destacan también que el anteproyecto ignora o no reconoce las leyes autonómicas de creación y funcionamiento de los colegios, que son los verdaderos representantes profesionales en cada territorio y los encargados de la vigilancia y garantía del secreto profesional. Además, reclaman que se precise qué debe entenderse por “medio de comunicación” y que la calidad informativa sea protegida por el sistema de colegiación y autorregulación profesional.

Universidades y colegios profesionales coinciden en advertir que la conjunción de formación universitaria, códigos deontológicos y autorregulación colegial representa el sistema más eficiente para proteger las fuentes, a los profesionales y al propio derecho de la ciudadanía a una información rigurosa.

Con una definición de periodista como figura en el anteproyecto, basada en la “difusión de información veraz de interés público con la finalidad de hacer efectivo el derecho a la información”, el peso de quién es periodista o no estará en manos de quienes aprueben y supervisen el cumplimiento del código deontológico y la buena praxis profesional. Ese es exactamente el papel que reclaman para sí los colegios profesionales, los únicos representantes legales de los periodistas en España, en cumplimiento de la EMFA, que exige designar autoridades encargadas de auxiliar a los profesionales cuando necesiten protección de su derecho al secreto profesional.

Lo que se juzgará en el Tribunal Supremo cuando se siente en el banquillo el fiscal general del Estado será una filtración. Una información transmitida a periodistas que, según el instructor del caso, Ángel Hurtado, salió del máximo responsable de la Fiscalía. Se trata de una afirmación de la que, hasta el momento, no hay una sola prueba que la sustente y que Álvaro García Ortiz niega cada vez que tiene ocasión. Alberto González Amador, el novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, sostiene que la publicación de su confesión de dos delitos fiscales que el juez del Supremo achaca al jefe del Ministerio Público afectó a su presunción de inocencia y a su derecho de defensa. Uno de los siete magistrados encargados de juzgar a García Ortiz ha defendido públicamente determinadas filtraciones para proteger la libertad de prensa y el derecho de la sociedad a estar bien informada, esenciales en una democracia. Aunque la ley establezca que las investigaciones judiciales son secretas.

Se trata de Antonio del Moral, de 66 años, miembro de la Sala de lo Penal del Alto Tribunal a la que llegó hace 13 años desde la Fiscalía. Del Moral, muy apreciado entre sus compañeros por su buen carácter y su calidad técnica, forma parte de la conservadora y mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y está vinculado al Opus Dei. Tras su ingreso en el Ministerio Público, se convirtió en 1985 en el último fiscal de prensa de la institución, cargo creado por la dictadura en el que sustituyó al exfiscal general del Estado Eduardo Torres Dulce. Desde entonces se convirtió en un gran defensor de la libertad de prensa y del derecho a la información que considera esenciales para un sistema democrático. Su experiencia en este campo le ha llevado en los últimos años a participar en múltiples conferencias y debates sobre el trabajo de los periodistas y la información de tribunales, lo que conduce necesariamente a las filtraciones.

Una de estas últimas intervenciones del magistrado del Supremo se produjo el 13 de noviembre de 2024, cuando la Sala de lo Penal, con su voto favorable, ya había admitido a trámite la exposición razonada contra el fiscal general enviada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Nada más abrir el caso, el Supremo cambió su objeto. Mientras que en el tribunal madrileño solo se investigó la nota de prensa con la que la fiscalía desmintió el bulo lanzado desde el entorno de Ayuso de que había sido la Fiscalía la que había ofrecido un pacto para reconocer los delitos a González Amador y había retirado la oferta "por órdenes de arriba" (en realidad fue el novio de Ayuso el que propuso el pacto para evitar la cárcel y así lo aclaró ese comunicado), el Supremo decidió centrar la instrucción en una filtración ocurrida horas antes de la difusión de esa nota que achacó a García Ortiz.

Ese día, Del Moral participó en un debate-comida titulado "Juicios paralelos (información y presunción de inocencia)", organizado por la Asociación para el Fomento del Diálogo. "La libertad de información es un tema esencial en una sociedad democrática", sostuvo en ese foro. "Sin libertad de información no hay democracia. Puede haber Estado de derecho, pueden subsistir todas las instituciones, controles y contrapesos; pero sin libertad de información plural, libre, que fluya sin controles, sin censuras; sin eso, no hay democracia", añadió para luego advertir que "tiene algunos costes". "Hay víctimas inocentes", prosiguió con su explicación. "Pero no queda más remedio que convivir con esas injusticias porque el beneficio de la libertad de prensa es muy superior".

Lo que, según el instructor del caso contra el fiscal general, se pretende preservar con ese proceso es el derecho de defensa y la presunción de inocencia del novio de Ayuso pese a que su abogado confesara que había cometido dos delitos fiscales. Sin embargo, en el coloquio, Del Moral defendió que es más importante el derecho de la sociedad a estar bien informada que la presunción de inocencia, un derecho este último, que, en su opinión, solo debe tenerse en cuenta en los tribunales y salas de justicia, pero no en la prensa, la política u otros ámbitos de la vida social. "Yo he dicho y lo he llegado a decir en una sentencia un poquito escondido, que estoy entusiastamente a favor de los juicios paralelos, que para mí, los juicios paralelos son una bendición", llegó a afirmar. Para Del Moral, los juicios jurídicos y mediáticos tienen finalidades distintas: "Uno [es] para administrar justicia, el otro para formar opinión pública libre, para formar ciudadanos informados, para que voten en las elecciones", añadió.

Tanto el desmentido público que García Ortiz ordenó sacar en nota de prensa, como la filtración previa que el Supremo, sin pruebas, le achaca, tenían precisamente la finalidad de "formar ciudadanos informados", desmintiendo un bulo sobre los delitos de González Amador difundido por Miguel Ángel Rodríguez, el jefe de gabinete de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. Las noticias que se publicaron tras el desmentido y la filtración investigada trasladaron a la ciudadanía la información real: que había sido el novio de Ayuso el que había ofrecido un pacto para confesar dos delitos fiscales a cambio de evitar la cárcel y no al revés.

Con la instrucción abierta contra el fiscal general ya en marcha, Del Moral abordó también el tema de las filtraciones. Lo hizo tras una pregunta de uno de los asistentes, un abogado que afirmó que los juicios paralelos "están basados en filtraciones de los juzgados" y que, a su parecer, eso suponía "un delito de revelación de secretos", como el que se imputa ahora al fiscal general. Tras asegurar que, al leer los periódicos, se encuentra cada día "una media de tres o cuatro violaciones del secreto del sumario", Del Moral afirmó que "al decir que todo tiene que ser reservado, lo que consigues es que nada sea reservado". "Si dijésemos todas las diligencias sumariales tienen que ser reservadas, que es lo que dice la ley, estaríamos angostando la libertad de prensa", prosiguió el magistrado. "Eso no puede ser, eso no lo consiente una sociedad democrática, una sociedad pluralista", añadió. "Hay que adecuar la legislación a eso y dar unos instrumentos que permitan preservar el secreto de sumario en los casos en los que es necesario por unos fines constitucionales", concluyó.

Uno de los juicios recientes más importantes en los que ha participado Del Moral es el celebrado por su Sala contra los líderes independentistas del proceso soberanista catalán en 2019. En ese caso, tres días antes de que el Supremo notificara la sentencia a los condenados, su contenido fue filtrado a varios de los periódicos de mayor tirada del país. Pocos días después, el 16 de octubre de 2019, el presidente de la Sala, Manuel Marchena, fue entrevistado en el Consejo General del Poder Judicial como único candidato para renovar como presidente de su Sala por cinco años más. En la comparecencia, el entonces máximo responsable del órgano de gobierno de los jueces, Carlos Lesmes, le reprochó esa fuga de información.

"La palabra filtración yo creo que es equívoca", respondió Marchena durante la entrevista (a partir del minuto 52:30 de este vídeo). "La sentencia nunca ha sido filtrada como tal [...]. Ha habido pronósticos sobre el fallo que luego se han confirmado pero que en realidad fueron pronósticos... Luego ha habido informaciones más correctas, más exactas, que yo creo entender que es el tratamiento de unos datos que se obtienen a través de comunicaciones informales [...]. Hace mucho daño [...] Creo que esto es un mal al que hay que hacer frente [...]. Esa sentencia estaba siendo trabajada por muchos [...]. Lamento mucho que en la difusión no se hayan seguido los canales ejemplares [...]. Lo lamento de corazón y voy a hacer todo lo posible para que eso no pueda suceder". Tres días después, el Consejo renovó a Marchena como presidente. La filtración del contenido de una de las sentencias más importantes de la historia de España, salida del Supremo, el tribunal que va a juzgar al fiscal general por una fuga de información similar, jamás se investigó.