“Y en Navidad… ¡que no falte el guiñote! Y, como siempre, gana mi madre”. Es 25 de diciembre en La Zaida, un pueblo en la provincia de Zaragoza que apenas supera los 400 habitantes. Pilar Alegría, con el pelo amarrado en una cola y con pantalones vaqueros, pasa el día junto a la chimenea en la casa familiar de toda la vida. Comparte el momento con todos sus seguidores en Instagram. Hay una distancia abismal con su imagen de portavoz del Gobierno durante años. 

Alegría encara estos días el reto más importante de su carrera política: las elecciones de Aragón del 8 de febrero. Y lo hace con una campaña totalmente diferente, lejos de grandes actos y fotos de estudio. Patea varios municipios cada día, se reúne con pequeños grupos de ciudadanos, va puerta a puerta. Frente a la imagen deshumanizada que ha construido la derecha sobre los miembros de la izquierda, ella reivindica pisar la calle. Y hay una sensación compartida en el partido de que ese es el camino a seguir durante este ciclo electoral.

La campaña no ha sido diseñada desde grandes agencias de publicidad en Madrid, sino que ha sido elaborada por la propia Alegría y el equipo que la acompaña desde hace años. “Es que Pilar es así. Es la vida que ha hecho siempre. Está escuchando a la gente, está contando también lo que quiere hacer. La gente se está implicando, nos están mandando también muchas propuestas a través del canal de WhatsApp”, explican desde el entorno de la líder de los socialistas aragoneses.

“Pilar está haciendo la campaña enseñando también cómo gobernaría”, trasladan en su equipo, donde ponen en valor que se está desmontando el mito que ha creado la derecha de que los socialistas no pueden salir a la calle. “Al contrario, la gente se acerca, le agradece que los escuche”, comentan fuentes cercanas a la candidata del PSOE que recalcan que también está mostrando la realidad del Aragón que no sale en la televisión. Y mira especialmente a colectivos como las mujeres rurales.

Sólo habrá algunos mítines de formato clásico ya en la recta final, en los que estará acompañada Alegría por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Pero su intención es seguir viajando por toda la comunidad, parándose en las cafeterías, escuchando a asociaciones de vecinos, compartiendo conversaciones en librerías. La campaña ha descolocado a buena parte de la derecha política y mediática, que la acusan ahora hasta de fingir su acento maño. “Pero es que es la Pilar de siempre, la que conoce cómo es la vida en los pueblos”, indican los suyos.

Lejos de las encorsetadas ruedas de prensa de todos los martes en el Palacio de La Moncloa, Alegría muestra con una sonrisa su casa de toda la vida, baila en TikTok y comparte el café que toma entre viaje y viaje. Y, además, incorpora también algunos elementos como los vídeos rotulados al estilo de Zohran Mamdani, el flamante nuevo alcalde de Nueva York.

Alegría quiere mostrar el día a día de Aragón frente a la visión de club de après ski de Formigal de Jorge Azcón, como lo definen los socialistas. Por eso, se para a tomar la mejor tortilla de patata de Huesca, recomienda la novela Comerás flores, de Lucía Solla Sobral, se reúne con ganaderos en Campo de Belchite y escucha a Pilar Febas, veterinaria y quesera que da alma a una quesería artesanal en Fonz (Huesca), además de pasar una mañana con apicultoras en Talamantes. 

Esto también rompe los esquemas de unas derechas que han tratado de adueñarse de todo el voto rural, como se ha visto en Extremadura, frente a la imagen de una izquierda elitista y urbana alejada de los problemas del interior. Una estrategia electoral que está dando muchos réditos a nivel internacional a la ultraderecha como se ha visto con Donald Trump en EEUU.

Ana Salazar, presidenta de la Asociación de Comunicación Política (ACOP), se adentra así en el análisis del plan de Alegría: “El nuevo ciclo político que se abre tras el resultado del PSOE en Extremadura, con pérdida de poder territorial, desmovilización progresista y necesidad de redefinir liderazgos, exige más que una revisión de estrategias: necesita repensar la forma en que se comunica la política. Y en ese terreno, el estilo de Pilar Alegría ofrece claves interesantes”.

“Su forma de comunicar destaca por la cercanía, el tono amable y la capacidad de integrar lo político en lo cotidiano. Alegría no se limita a comparecer ante los medios o a lanzar mensajes en clave institucional: aparece rodeada de gente, en contextos reales, acompañanda sin protagonizar. Ya sea con profesorado y alumnado cuando fue ministra, sentada en las gradas en un campo de baloncesto como una más o en actos donde se mimetiza con la comunidad, proyecta una imagen accesible y reconocible. No interpreta un papel: habita su rol compartiendo con sus seguidores quién es Pilar Alegría”, detalla Salazar.

A lo que añade: “Esa autenticidad es precisamente lo que marca la diferencia. En un entorno político saturado de ruido, dramatización y discursos binarios, la normalidad se convierte en valor diferencial. Y la clave no está solo en el tono o los gestos, sino en haber construido una estrategia que adapta la comunicación a la persona, no al revés. Cuando el formato encaja con quien comunica, el mensaje fluye con credibilidad. Cuando se impone un molde, el resultado es encorsetado, artificial y desconectado”.

Salazar pone sobre la mesa esta reflexión: “Por eso, más que replicar su estilo, la lección que deja Pilar Alegría es metodológica. Cada candidato o candidata debe encontrar su propio lenguaje, su ritmo, su forma de estar. Copiar formatos no asegura conexión. Diseñar entornos donde cada perfil político pueda brillar sí es una estrategia sostenible”.

Y baja al detalle así: “En el terreno digital, Alegría no arrasa en visualizaciones ni busca el impacto inmediato. Pero construye comunidad. Sus vídeos no superan con frecuencia las 100.000 visitas, pero generan una base fiel, que confía en ella y se siente representada. Esa es la diferencia entre el alcance y la influencia”.

Para la politóloga, brinda entonces otra clave: “No todo pasa por el algoritmo. Una comunicación coherente, sostenida en el tiempo y pensada desde lo humano puede no viralizarse, pero sí sedimentar. Y eso, en términos políticos, se puede traducir en votos”.

“Porque las elecciones no se ganan solo con campañas brillantes. Se ganan con liderazgo, con oferta política clara, con una marca saneada… y también, a veces, porque el adversario se debilita. Pero lo que no cambia es que, sin confianza, no hay victoria posible”, remacha la presidenta de ACOP, que apostilla: “El estilo de Pilar Alegría demuestra que es posible comunicar sin estridencias, sin barro, y aun así dejar huella. Apostar por ese tipo de comunicación honesta, trabajada y centrada en las personas puede no ser suficiente. Pero sí es necesario”.

También hace su análisis el consultor político Aner Ansorena, que primero hace la fotografía de unas “elecciones muy divididas por la enorme oferta electoral”: “Y hablamos de una comunidad que tiene la cuarta ciudad de España pero en el resto hay mucha despoblación. Por eso es muy importante entender la realidad de las circunscripciones. Es muy importante trabajar toda la parte territorial”.

“La clave de la campaña de Alegría es la cercanía. Es una vecina más. Las Navidades le han permitido mostrar todas esas fotografías tan cercanas. Todo el mundo conoce a todo el mundo en esas circunscripciones. Por eso es tan importante el sentimiento de comunidad”, reflexiona al hilo Ansorena.

Para poner énfasis en la campaña de esta manera: “Vemos a una candidata que llama a la gente por su nombre. Es una persona preocupada por Aragón. Esto le puede funcionar muy bien porque el aragonés vota mucho en esa clave. Javier Lambán tenía una estrategia también de cercanía, de territorio, entendía perfectamente eso”.

A juicio de Ansorena, el PSOE “necesita liderazgos”. “Que un ministro sea conocido en Madrid no significa que vaya a sacar un buen resultado. Por eso necesitan también simpatía. Además, está utilizando TikTok y haciendo cosas diferentes. Eso va a conseguir humanizarla y llegar a la gente con ese sentimiento de pertenencia”, reflexiona.

En su opinión, este tipo de campaña le puede llevar a atraer votantes de Teruel Existe, de la CHA, de Podemos y de Sumar, además de algunos del Partido Popular “que no se sienten referenciados en un proyecto con Santiago Abascal”. “También puede llegar al público del PAR y competir en el voto rural con Vox, poniendo en valor las zonas rurales y la forma de vida tradicional. Aunque lo tiene difícil, Alegría está jugando a ser un partido atrapalotodo porque Aragón no mira demasiado a Madrid”. Pero advierte: “En unas elecciones generales, en cambio, es muy difícil hacer una campaña así”.

Javier Lambán, que ha fallecido este viernes en su localidad natal, Ejea de los Caballeros (Zaragoza), era una voz propia y crítica dentro del PSOE, al que quiso teñir con su acento aragonés y su mirada municipalista, y que defendió hasta el final de su vida sus ideales, sin importarte que estos divergieran de la línea oficial de su partido.

Nació en Ejea de los Caballeros (Zaragoza) el 19 de agosto de 1957. Fue alcalde de su pueblo, presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza y presidente del Gobierno de Aragón, que consiguió gracias a un pacto cuatripartito inédito, formado por PSOE, Chunta Aragonesista, Partido Aragonés y Podemos, basado en el pragmatismo que marcó toda su carrera política.

Si hay que pensar en una voz propia dentro del PSOE, Javier Lambán es un claro ejemplo. Se forjó un estilo político independiente, narrado siempre desde el territorio y con el peso de la experiencia local. Para Lambán, la política no empezaba en despachos lejanos, sino en plazas, ayuntamientos y comarcas, y por eso nunca dejó de vincularse con lo local. Para él, los municipios no eran la periferia, sino la raíz del poder.

En 2024, Lambán publicó sus memorias, tituladas Una emoción política, un libro en el que recorre su vida desde la infancia en Ejea de los Caballeros hasta su etapa al frente del Gobierno de Aragón, en el que profundiza en los hitos que marcaron su vocación pública y sus convicciones socialdemócratas. En este libro habla sin tapujos de su lucha contra el cáncer y la esclerosis múltiple y se retrató como un hombre que entendía la política como "la mayor herramienta para mejorar la vida de la gente".

Frente a sus enfermedades, decía que trataba de degustar más y mejor la vida, aprovechando cada momento. Nunca dejó de trabajar, incluso con quimioterapia, y llegó a asistir a actos públicos con el balón de quimio en el bolsillo. Tenía pasión por el fútbol -era un reconocido madridista- y aseguraba que los primeros chispazos de interés político los tuvo bien joven.

Licenciado en Historia por la Universidad de Zaragoza, se doctoró en 2014 con un trabajo titulado La reforma agraria en Aragón, 1931-1936.

Profundamente constitucionalista, socialdemócrata y defensor de la Transición, no perdió la oportunidad, en muchos de sus discursos públicos, de mostrar su admiración, entre otros, por el expresidente de la República Manuel Azaña o por el recientemente fallecido expresidente de Uruguay Pepe Mujica, a quien recibió, en septiembre de 2015, en La Puebla de Albortón (Zaragoza).

Allí ambos inauguraron la Plaza de la Integración, donde había nacido un antepasado de Mujica, en un acto cargado de emoción y referencias históricas, donde Lambán elogió la "talla moral" y la "sobriedad".

Firme frente al independentismo, reivindicó, siempre que tuvo ocasión, la unidad de España con la mirada propia y característica de Aragón, y el papel de los servicios públicos, sin renunciar nunca a expresar sus discrepancias con la dirección federal del PSOE.

De hecho, sus encontronazos con el presidente del Gobierno y secretario general de su partido, Pedro Sánchez, eran públicos y más o menos constantes, a cuenta de la financiación autonómica, de la ley de amnistía o de la elaboración de las listas electorales para los comicios municipales o europeos.

Tenía un humor punzante y 'somarda', que en Aragón define a alguien con un carácter sarcástico, socarrón o irónico, que se acrecentaba en las distancias cortas y emergía cuando menos se esperaba, según repetían quienes han compartido con él pasillos y tribunas.

La precisión irónica era una seña de identidad de sus discursos, así como las citas de ilustres aragoneses. En su intervención en el debate sobre el estado de la comunidad de 2021, más de cuarenta nombres de aragoneses ilustres se asomaron a la tribuna de oradores de las Cortes.

Un elenco del que Lambán hacía gala siempre que podía, para reivindicar el Aragón más culto, dinámico y adelantado a su tiempo. La tierra y las gentes de Aragón eran personajes principales en sus discursos. Lambán, en definitiva, consideraba la cultura y la memoria como armas políticas.

En enero de 2025 anunció su retirada política y entregó su acta de senador, después de más de 40 años dedicados al servicio público. Su último acto fue el pasado 10 de julio, cuando descubrió su retrato oficial, elaborado por la artista y religiosa madrileña Isabel Guerra, en un acto acompañado por el actual jefe del Gobierno de Aragón, el popular, Jorge Azcón. Fue una especie de despedida política, donde confesó que el PSOE le dolía "en lo más profundo del alma", mientras que Aragón le "alegraba el corazón". Allí también, como un legado, defendió el avance de los servicios públicos durante sus dos legislaturas como presidente y el posicionamiento que Aragón alcanzó en el mapa político y económico de España. EFE

El secretario general del PSOE Aragón, Javier Lambán, ha renunciado como senador autonómico este miércoles, según ha anunciado en su cuenta de X y recoge EFE, con lo que pone fin a su vida política institucional.

Ha explicado ya ha presentado su renuncia ante el presidente del Senado y expresa su gratitud tanto al PSOE por proponerle, como a las Cortes de Aragón, que le nombraron, y al grupo socialista en el Senado por el "trato respetuoso" que le ha dispensado.

"Pongo fin así a mi vida política institucional, que comenzó en 1983 en el Ayuntamiento de Ejea, guiado siempre por la vocación de ser útil a mi pueblo, a Aragón y a España. Desde otros ámbitos seguiré haciéndolo", concluye Lambán.

Una decisión que llega dos días después de que la ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, haya sido proclamada nueva secretaria general del PSOE Aragón, cuya toma de posesión formal del cargo será en el 18º Congreso Regional del PSOE Aragón del 15 y 16 de marzo, después de que la Comisión Regional de Ética y Garantías ratificara el lunes su candidatura al concluir de presentación de precandidaturas.

“¿La ministra Pilar Alegría a Aragón?”, le lanzaban los periodistas a Pedro Sánchez el pasado miércoles en una conversación informal en la tradicional copa de Navidad en el Palacio de La Moncloa. El presidente contestaba: “Eso lo decidirán los militantes”. La pugna ya está abierta para hacerse con la Secretaría General del PSOE de esa federación por la salida del crítico Javier Lambán.

El PSOE de Aragón es en estos momentos un auténtico hervidero. Se suceden de manera frenética las conversaciones entre sus principales dirigentes y cargos de cara al próximo congreso regional. El proceso arrancará oficialmente el 24 de enero y los aspirantes se pueden presentar hasta el día 27, teniendo de plazo para materializar los avales hasta el 3 de febrero. La primera votación está fijada para el día 16 de febrero (con una posible segunda ronda el 23). El cónclave encumbrará al nuevo líder el 16 de marzo.

Y en esta carrera ha emergido con fuerza el nombre de la ministra de Educación y Formación Profesional. Ella no ha confirmado oficialmente ese paso al frente y se limita a repetir: “Cuando lleguemos a ese río, cruzaremos ese puente”. Pero entre los principales dirigentes en La Moncloa, Ferraz y el PSOE de Aragón se da por hecho que la también Portavoz del Gobierno saltará al tartán. “Es su momento”, como señalan diferentes fuentes socialistas sobre su perfil para coger la federación.

Alegría, conocedora de todos los entresijos del PSOE de Aragón durante años, supondría un cambio total en el rumbo de una federación que se ha caracterizado en la última etapa por ser muy crítica con Pedro Sánchez y un flanco de ataque contra La Moncloa y Ferraz por decisiones como la amnistía y los indultos a los presos independentistas catalanes. Pero en el partido reiteran que a Javier Lambán le ha guiado también un resentimiento personal contra Sánchez, ya que nunca ha superado que derrotase a Susana Díaz en aquellas cainitas primarias por la Secretaría General. El expresidente aragonés llegó a decir de ella: “Los dioses del socialismo y de la política cubren a Susana Díaz con su poderoso manto”.

Los lambanistas se mueven frenéticos para armar una candidatura que pueda hacer frente a Alegría. Todas las miradas están puestas ahora mismo en el presidente de la Diputación de Aragón, Juan Antonio Sánchez Quero. Su posición interna es la más fuerte al ser también el líder provincial del partido. Zaragoza es la que tiene más militantes y su alianza con Teruel es un caballo ganador frente a los votos de Huesca, que está alineada con Ferraz. No obstante, diferentes fuentes del socialismo aragonés subrayan que no se puede hablar de manera granítica de cada provincia. “Zaragoza ya está muy dividida”, señala un dirigente.

Sánchez Quero anda estos días deshojando la margarita. "Yo lo que les puedo decir es que la mayoría del partido, en este caso constituida por Zaragoza y Teruel, vamos a presentar un candidato o candidata, que puedo ser yo o puede ser cualquier compañero o compañera que se quiera presentar", indicó esa misma semana, cuando desveló que el propio Lambán le ha pedido que dé la batalla. Ha aplazado la decisión hasta aprobar los presupuestos de la Diputación para el año que viene (algo que sucederá previsiblemente antes del 31 de diciembre).

El dirigente ha descartado que se vaya a un proceso congresual para una bicefalia (un secretario general y una posterior candidatura para las próximas autonómicas). “Si yo me presento y tengo la suerte de que me apoyen la mayoría de los afiliados del partido, seré el candidato a la Presidencia del Gobierno de Aragón en 2027", sostuvo Sánchez Quero.

Algunos lambanistas sostienen, no obstante, que hay que tener un plan b por si Sánchez Quero tira la toalla en el último momentos. Ahí ya emergen dos posibles nombres para pugnar por la Secretaría General: Mayte Pérez (portavoz en las Cortes, líder del PSOE de Teruel y ex consejera de Presidencia) y Darío Villagrasa (secretario de Organización de los socialistas aragoneses).

La mayoría de consultados en el PSOE de Aragón vaticinan que habrá primarias y que no pasará como en Madrid donde sólo concurrió Óscar López. Pero también algunos dirigentes explican que todo es “incierto” y que no se puede descartar una situación similar al PSOE-M porque “un mes en política es mucho”. Un veterano dirigente del PSOE aragonés señala que la federación ya está preparada para “abrirse en canal”: “En este partido somos especialista en esto”.

Si Alegría llega a la Secretaría General, los planes no pasan por dejar el Ministerio. Esta es la tónica que domina ahora en Moncloa y Ferraz, con Diana Morant y Óscar López liderando sus federaciones y teniendo a la vez puestos claves en el Ejecutivo. El propio Sánchez en otra conversación con periodistas durante el Día de la Constitución señaló que eso evidencia la conexión entre los militantes y el propio Gobierno. El presidente se ha puesto como gran objetivo recuperar gobiernos autonómicos en el próximo ciclo electoral de 2027 tras la debacle regional del 28M. “Es un partido de ganadores”, lanzó a modo de deberes a los suyos durante el cierre del cónclave en Sevilla el pasado día 1.

En el PSOE quiere trabajar ya para esa contienda y hacer un trabajo de oposición en esas comunidades durante los dos años y medio que quedan para que se pongan las urnas. Una de las reflexiones que se hacen en Ferraz y en La Moncloa es que no se puede dejar que se asienten los presidentes del PP, como ha pasado con Juanma Moreno en Andalucía. Además, se va a poner el foco en la inestabilidad de esos Ejecutivos con la salida de Vox. También voces del PSOE aragonés recuerdan que precisamente Alegría ya le ganó en votos a Jorge Azcón cuando compitieron en 2019 por el Ayuntamiento de Zaragoza. En aquella contienda, la hoy ministra logró que los socialistas pasaran de seis a diez concejales, pero las izquierdas no lograron sumar la mayoría absoluta. Este problema también preocupa ahora mismo en el socialismo ante la situación a su izquierda.

Aragón será una de las grandes batallas de primarias ahora en el socialismo. Es una de las grandes incógnitas junto con Andalucía, donde los críticos se mueven para buscar un candidato que reemplace a Juan Espadas. Pero también hay lucha en Extremadura (Miguel Ángel Gallardo contra Esther Gutiérrez) y Murcia (Pepe Vélez, Diego Conesa y Chema Alvela), a la espera de saber qué sucede en La Rioja, donde Javier García ya ha dado el paso y se aguarda la decisión del diputado Raúl Díaz, y Cantabria, con una posible lucha entre Pablo Zuloaga y Pedro Casares.

Los presidentes autonómicos de Castilla-La Mancha y de Aragón, Emiliano García-Page y Javier Lambán, respectivamente, no han dado sus avales al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para su reelección como secretario general del PSOE en el 41 Congreso socialista del próximo noviembre.

Según han confirmado a EFE fuentes cercanas a García-Page, el castellanomanchego no ha querido, como tampoco ha hecho en ocasiones anteriores, participar en el proceso de primarias en las que Sánchez ha sido el único aspirante que ha presentado candidatura a la Secretaría General del PSOE.

Por su lado, Lambán tampoco ha dado su aval al jefe del Ejecutivo, según fuentes cercanas al presidente aragonés que no han precisado los motivos.

Fuentes del PSOE consultadas por EFE no han ofrecido detalles sobre los avales del resto de presidentes autonómicos o dirigentes socialistas.

Sánchez, único aspirante al cargo, ha logrado los avales necesarios para optar a su reelección como secretario general y será ratificado como tal en el 41 Congreso socialista del próximo mes de noviembre en Sevilla.

Según ha informado el PSOE en un comunicado, Sánchez ha conseguido "el número máximo de avales permitido para su candidatura a la reelección del cargo" que conforme al reglamento interno del partido, se sitúa en el 6 % del censo.

Concluido el proceso de primarias y de recogida y presentación de avales, el calendario del congreso continúa con la designación de las delegaciones territoriales y los debates sobre las enmiendas a la Ponencia Marco (el documento sobre las políticas socialistas para los próximos años que se mandará a las agrupaciones socialistas para que puedan añadir enmiendas).

"Mientras hablemos de las discrepancias en Twitter y la Cope, estamos haciendo un flaco favor al partido". El secretario general del PSOE del Alto Aragón, Fernando Sabés, se pronunciaba así a puerta cerrada en la última reunión del Comité Federal en la madrileña calle de Ferraz. Sus palabras iban directas contra las “formas y el fondo” del líder de su federación, Javier Lambán, quien había criticado minutos antes delante de Pedro Sánchez el acuerdo sobre la financiación singular de Cataluña.

Aragón es una de las piezas clave en el periodo congresual en el que está el socialismo. Una federación con una dirección enfrentada a Ferraz desde hace años y que abre una nueva etapa después de que Javier Lambán, tras la pérdida de poder el 28M, anunciara que no repetirá al frente de la Secretaría General. Un territorio que hasta el momento no ha podido controlar la dirección federal y que ha jugado a ser el más díscolo junto a la Castilla-La Mancha de Emiliano García-Page desde que Pedro Sánchez ganara las primarias contra Susana Díaz. 

Aunque oficialmente no hay ni un aspirante que haya dado el paso ni fecha concreta para el congreso regional (se tiene que celebrar en un periodo de hasta tres meses después del federal que tendrá lugar del 29 de noviembre al 1 de diciembre), las familias dentro de la federación empiezan a moverse, a hacer cuentas y a vigilar a sus enemigos internos.

Los lambanistas sostienen que ellos tienen mejores números que los críticos y que en su órbita están las provincias de Zaragoza (la que tiene más afiliados) y Teruel, mientras que el otro sector contrario tiene su epicentro en Huesca. Por el momento no parece que vaya a haber visos de un gran acuerdo y, según varias fuentes del PSOE aragonés, todo se encamina a una batalla entre varios aspirantes. Pero todo puede pasar.

La pieza clave en estos momentos es Juan Antonio Sánchez Quero, el presidente de la Diputación de Zaragoza, el mayor poder institucional que tiene ahora mismo el socialismo en Aragón, que vio diluirse como un azucarillo su potencia autonómica y municipal después de las elecciones del 28 de mayo del año pasado. “No es que pueda decantar la balanza, es que es el que puede decidir”, dice un veterano socialista de la federación.

Nadie quiere dar nombres por seguro, pero todas las miradas están puestas en la ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, que se ha convertido en uno de los pilares del socialismo en Madrid. Ella es la gran favorita si se presenta, pero no emite ninguna señal. En su entorno siempre dicen que es pronto para hablar del regional y que primero hay que centrarse en el cónclave federal de Sevilla. Ella llegó al Gobierno en la remodelación de 2021, dejando atrás su puesto al frente de la Delegación del Gobierno en Aragón. Su figura ha crecido en este tiempo y es una de las personas de confianza del presidente. Su nombre llegó a circular incluso durante los cinco días de reflexión que se tomó el secretario general del PSOE en abril para decidir su futuro.

“Todo puede cambiar mucho, de aquí al congreso. A saber quién se presenta”, insiste otra fuente del PSOE de Aragón. Por el momento, entre los más afines a Lambán se repiten varios nombres, especialmente el de Mayte Pérez, que fue consejera de Presidencia y que ahora ocupa el puesto de portavoz en las Cortes y secretaria general del PSOE de Teruel. Ella salió de la Ejecutiva de Pedro Sánchez, donde ocupaba el área de reto demográfico, en la última reestructuración que hizo el presidente de cara a la convención política de A Coruña, quedándose Alegría como la única representante de la federación en Ferraz. Otro nombre cercano al expresidente autonómico que también circula es el de Darío Villagrasa, actual secretario de Organización. Una tercera vía podría pasar por el propio Sánchez Quero, añaden otras voces.

La lucha entre las direcciones provinciales ha sido pública en las últimas semanas. Los líderes de Zaragoza y de Teruel emitieron un comunicado conjunto para denunciar la “deriva” del Alto Aragón por “romper la unidad de acción”. “No entendemos que como socialistas y aragoneses defiendan el cupo catalán, tan perjudicial para nuestra comunidad, permitiendo una financiación que salga del régimen común con la pérdida de ingresos en las arcas del Estado que esto supondrá”. “En aras de serenar el debate interno, les instamos a que reconsideren su actitud”, señalaban. Desde Huesca, en cambio, se lamenta que el tema no haya podido ser debatido dentro de los órganos regionales y que no haya una convocatoria para ello. Muchos dicen que tras estos días de tensión se tiene que “bajar el pistón” y esperar a que pase el cónclave nacional. Un primer termómetro estará durante estas semanas en la elección de los delegados que irán a Sevilla. La federación manda 45: Zaragoza (29), Huesca (9) y Teruel (7).

Entre los críticos con la dirección regional se tacha de vergüenza y de falta de lealtad que Lambán saliera ante los medios de comunicación el día del Comité Federal para lanzar frases como: “Si Madrid pidiese lo mismo que Cataluña, el resto tendríamos que irnos en patera en Mauritania”. Voces del PSOE de Aragón subrayan que el expresidente autonómico tiene también una manía personal con el propio Sánchez y con Alegría.

¿Hasta qué punto puede tener tirón interno todavía Lambán? El todavía líder sigue muy activo en medios de comunicación y dejaba varios titulares en una entrevista en El Periódico de Aragón, diciendo cuando se le preguntaba por Alegría: “Para liderar el partido en Aragón, primero hay que creerse Aragón”. Sus críticos indican durante estas horas que no tiene ya esa fuerza interna al estar de salida: “Cada vez le hacen menos caso. Hay malestar con algunas de sus exageraciones, ha habido también desmarques”.

La tensión que se ha vivido estas semanas también se evidenció en la presentación de una serie de mociones por parte del PSOE de Aragón contra la financiación singular de Cataluña. Desde la dirección nacional se pidió expresamente su retirada, algo que acataron finalmente tanto en el Ayuntamiento de Zaragoza como en las Cortes (en este caso sigue registrada, pero se sacó del orden del día).

Aragón será una de las piezas de renovación fundamentales para el PSOE de cara a 2027 y después de haber perdido el poder. En el último ciclo electoral los socialistas allí no han logrado superar al PP ni en las generales ni en las europeas ni en las municipales ni en las autonómicas. El mejor rendimiento en las urnas fue el 23 de julio cuando se superó el 31,1%. El Ohio español está por ahora pintado de azul.

La historia reciente del PSOE se ha labrado en buena medida en las reuniones del Comité Federal, el máximo órgano entre congresos. Citas a puerta cerrada en la sala Ramón Rubial, en los bajos del número 70 de la calle Ferraz. Y este sábado Pedro Sánchez presidió una de las citas “más interesantes” que se ha vivido en este foro desde hace años, como reconoce un dirigente con mucho poder del socialismo.

En el epicentro del debate: la financiación singular de Cataluña y la reforma del sistema. Un tema incómodo en muchos rincones del partido, una preocupación en términos de igualdad pero también de competitividad electoral. En La Moncloa y en Ferraz saben el alcance que tiene, pero defienden a capa y espada el pacto alcanzado entre el PSC y ERC para la investidura de Salvador Illa.

Los tambores llevaban sonando desde semanas atrás. Pero finalmente Pedro Sánchez salvó ese comité y superó el debate, que ahora pasará a ser un elemento central de cara al próximo congreso del partido en Sevilla que se celebrará del 29 de noviembre al 1 de diciembre. Ahí espera el presidente del Gobierno que se logre un gran acuerdo que aúne la singularidad y la solidaridad y que se alineen definitivamente las posturas tomando como referencia la Declaración de Granada aprobada durante la etapa de Alfredo Pérez Rubalcaba como secretario general.

La marejada que se preveía dentro de la reunión apenas tuvo oleaje. Según confiesan varias fuentes presentes en la reunión, fue todo “muy tranquilo”, “muy educado” y con un “debate respetuoso”. Hubo por parte de muchas federaciones un apoyo cerrado a esa puerta que se abre para reformar la LOFCA, como es el caso de Euskadi, Galicia, Canarias, Comunidad Valenciana, Murcia, La Rioja y Cantabria. Los más críticos fueron Emiliano García-Page (Castilla-La Mancha) y Javier Lambán (Aragón), dos dirigentes que siguen enfrentados a Pedro Sánchez desde la guerra de las primarias, donde apoyaron a Susana Díaz.

Según varias fuentes consultadas, no obstante, sus intervenciones dentro del Comité Federal fueron mucho más suaves que sus incendiarias declaraciones a las puertas de la calle Ferraz. El presidente de Castilla-La Mancha calentó ante la prensa la reunión minutos antes llegando a decir que era un pacto más “egoísta que socialista”. Él sigue con “enorme preocupación” lo que está pasando, haciendo saber que cree que el acuerdo en Cataluña rompe los valores constitucionales.

Lambán también cargó duramente contra el acuerdo sobre la financiación después de la reunión ante la prensa. En su opinión, si se aprueba esa reforma sería “la mecha a esa especie de bomba que haría saltar por los aires el país”. "Si a Madrid le diera por hacer eso, el resto de las comunidades autónomas tendríamos que coger pateras e irnos directamente a Mauritania”, declaró. A lo que añadió: "Sería caminar en la línea de confederalizar al país y esto está en las antípodas de la federalización. Y como aragonés, como ciudadano y como socialista me opongo radicalmente”.

Según varias fuentes presentes, esas palabras fueron mucho más suaves dentro del Comité. Un alto dirigente del PSOE al salir hacía el gesto de silencio en la boca cuando se preguntaba por el nivel de intensidad de Page y Lambán dentro. Desde el entorno del presidente de Castilla-La Mancha se insiste en que no iban a sacar la espada dentro y que él no se dedica a insultar. Estos comentarios fueron respondidos especialmente a puerta cerrada por parte por parte del secretario provincial de Huesca, Fernando Sabés, que dijo que no compartía ni el fondo ni las formas. "Se debe discutir en los órganos del partido, y no hacer declaraciones fuera", dijo, lo que provocó aplausos entre los asistentes, según fuentes presenciales. Y añadió: "Mientras hablemos de las discrepancias en Twitter y la Cope estamos haciendo un flaco favor al partido".

Todos estaban muy pendientes de las palabras de Juan Espadas, al ser el líder del PSOE-A, la federación con más militantes del partido. El sevillano hizo un discurso a favor de que el sur juegue como factor equilibrador del debate y de la necesidad de conjugar la diversidad con la solidaridad. Su discurso estaba en la línea de lograr un gran acuerdo de cara al congreso. “Ha remado a favor”, señalan fuentes de la dirección del partido. Extremadura mantuvo su posición de distancia con el pacto, como Luis Tudanca (Castilla y León), pero siempre dentro del tono sereno y apostando por llegar a un gran acuerdo. La expectación fue menguando conforme pasaban las horas (hubo 24 intervenciones, menos de las habituales). "Una balsa", decía un ministro al concluir. Madrid, a través de Juan Lobato, apostó también por llegar a un acuerdo a pesar de las reticencias que había mostrado estas semanas, y su líder regional se postuló para pilotar la ponencia sobre el tema.

La financiación y el avance de la España federal se convierten así en el principal asunto de cara a ese cónclave. El Comité Federal convocó oficialmente la cita y designó al equipo organizador, con Santos Cerdán, María Jesús Montero y Esther Peña a la cabeza. Dentro las vocalías están Juan Francisco Serrano y Emma López, dos de las figuras jóvenes más ascendentes dentro de la familia socialista y con mucho futuro orgánico.

Sánchez puso sobre la mesa la posibilidad de que todas las autonomías puedan recaudar y gestionar más gravámenes, al estilo de lo que sucede en Canadá y en Alemania. Esta propuesta la hará a los presidentes autonómicos, principalmente del Partido Popular, durante las reuniones que mantendrá en las próximas semanas en el Palacio de La Moncloa. Su plan incluye también duplicar el fondo de compensación interterritorial y la garantía de que las autonomías tendrán más dinero que cuando gobernaba Mariano Rajoy. 

“El verdadero debate sobre financiación no está entre territorios, sino entre modelos”, lanzó el jefe del Ejecutivo, que ha recuperado estos días su discurso con más tintes sociales, justo coincidiendo también con la llegada del nuevo jefe de gabinete, Diego Rubio, que no tiene carné pero sí quiso estar en la cita del sábado en la madrileña calle de Ferraz. Esto es un gesto en un momento en el que algunos socialistas ven con reticencias que la persona de máxima confianza del presidente no sea un dirigente del PSOE.

El secretario general quiso ante la cúpula de su partido potenciar un discurso de “optimismo”. “A España le sienta bien que gobernemos”, indicó en un momento en el que se ciernen muchas dudas sobre la viabilidad de la legislatura. Pero el presidente insistió en que su intención es presentar presupuestos generales del Estado. En el Gobierno recalcan que su pretensión es seguir adelante incluso si el Congreso tumba las cuentas públicas para el año que viene. La gran duda está en la posición de Junts, que ahora mismo guarda un “hermetismo” total, como indican en La Moncloa.

Sánchez pidió a los reunidos “creatividad” de cara al congreso de Sevilla: quiere que el partido vaya “dos pasos por delante” del Gobierno. Por eso, una de las misiones que salen del Comité Federal es que se empiecen a trabajar propuestas y resoluciones que algún día se tendrán que convertir en leyes. El presidente puso de esta manera rumbo a un cónclave en el que se van a mover muchos cimientos y que quiere marcar la hoja de ruta del partido hacia 2027, el año de las generales, las municipales y las autonómicas. “Hay Gobierno para largo”, escenificó el dirigente socialista. Todo en una cita que se perdió en su anterior convocatoria, cuando se tomó sus cinco días de reflexión. “¿Merece la pena? Sí”, se contestó él mismo ante los suyos.

Maru Díaz (1990) es la candidata de Podemos a la Presidencia del Gobierno de Aragón, la única mujer que aspira a esa plaza. En esta legislatura ha sido consejera de Ciencia, Universidad y Sociedad en el Ejecutivo presidido por Lambán y formado por una alianza entre PSOE, Podemos, PAR y la Chunta Aragonesista. Atiende a infoLibre a escasos días de las elecciones, dispuesta a revalidar ese gobierno progresista, pese a las dificultades de estos últimos cuatro años y confiesa que llegó a pensar que Lambán les iba a echar del Gobierno por tratar de impedir que se aprobara el proyecto del Canal Roya.

Aragón es la única región, junto con Asturias, en la que Podemos se presenta por separado con IU, aunque la candidata asegura que "respeta" a sus compañeros y asegura que las diferencias vienen por su "forma de entender la política". "Gobernar con Lambán no entra dentro de los planes de IU", sostiene. 

Después de cuatro años en el gobierno de Aragón, ¿qué balance hace de esta última legislatura? 

No éramos los socios que Lamban quería, pero sí los que Aragón necesitaba. Hemos estado a la altura de las circunstancias, aplicando políticas valientes y los datos nos avalan. Aragón es la segunda comunidad autónoma con mejor empleo, la segunda en la que menos ha crecido la desigualdad y la tercera con mejor calidad de vida. Nuestras políticas han funcionado. 

¿Cómo ha sido convivir en un cuatripartito? 

No ha sido fácil, pero en eso consiste la política. Hemos llegado a acuerdos y hemos discutido mucho, pero siempre priorizando el interés general. Hemos tenido una legislatura muy difícil, al poco de llegar afrontamos una pandemia y hemos salido juntos de ella.

¿Diría que Lamban representa a la parte más conservadora del PSOE? ¿Cómo ha sido su interlocución con él?

Sí, el PSOE tiene dos almas desde su fundación y Lamban representa el alma más conservadora, sin lugar a dudas. La interlocución ha sido buena, pero ha costado mucho convencerlo. Pasó con el expolio de las energéticas  o con las condiciones de los bomberos forestales, nosotros siempre hemos defendido que tenían que trabajar los doce meses del año y no exclusivamente el verano. Finalmente accedió. Creo que hemos sido capaces de condicionar sus políticas hacia la izquierda y que el PSOE es mejor cuando tiene a su izquierda una fuerza valiente controlándole. 

¿Cuál ha sido el logro más significativo para Podemos esta legislatura?

Sin duda lo más complejo de todo ha sido gestionar la unión de estaciones y el proyecto del Canal Roya [el PSOE quería invertir 26,4 millones para unir las estaciones de esquí de Astún y Formigal, pero acabó renunciando] porque era un absoluto despropósito. El PSOE jugó sus cartas a través de las diputaciones para dejarnos fuera de juego en un primer momento y hemos tenido que pelear muy fuerte para conseguir parar el proyecto. Sin duda fue el momento de más tensión de la legislatura, pero también del que más orgullosa me siento. Supimos que ese era el límite, que por ahí no se podía pasar, que había que pararlo y finalmente se paró. 

¿Llegó a sopesar irse del Gobierno o a temer que les expulsaran?

Tuve claro que no nos podíamos ir del Gobierno porque solamente desde ahí podíamos pararlo. Necesitábamos las direcciones generales de gestión forestal y las herramientas internas para demostrar que se iban a cometer sus presuntas ilegalidades. Sí que sufrí pensando que en algún momento nos pudieran echar, varias veces pidieron la dimisión de nuestro director general desde el propio PSOE. Es inaudito que una parte de un Gobierno pida la dimisión de la otra parte, pero al final se demostró que había que aguantar el tipo, apretar los dientes y demostrar que el proyecto era absurdo y tenía que desecharse. 

¿Hasta qué punto tiene eco la política nacional en Aragón? ¿Los debates del Congreso eclipsan la acción autonómica?

Sí, me entristece mucho la madrilización general que hay de todo. En Aragón hemos demostrado que se puede llegar a acuerdos en un Gobierno cuatro y todo esto pasa desapercibido a nivel nacional porque parece que España acaba y empieza en la M30.  Desde el medio rural hay muchos debates y batallas que también hay que poner encima de la mesa, yo estos días estoy intentando explicar que el problema de la vivienda no es algo que pase sólo en Madrid o Barcelona, que en Teruel han subido más los precios del alquiler que en Madrid. Esto no se cuenta porque parece que la España rural pasa desapercibida o, cuando se nos nombra, sólo es para hablar de despoblación.

¿La irrupción de las candidaturas de la España vaciada puede perjudicar las opciones de la izquierda?

De momento somos escépticos porque no acabamos de ver cuáles son exactamente las políticas que proponen para nuestra comunidad autónoma, más allá de la lucha contra la despoblación. Nosotros decimos que la lucha contra la despoblación tiene ideología. ¿Cómo luchamos contra la despoblación? ¿Con escuelas públicas o no? ¿Con sanidad pública o no? Se ha popularizado que reivindican a la España vaciada, pero no sabemos cuál de estos modelos defienden. Para Aragón era importante poder morir con dignidad y en ese punto se abstuvieron, o derogar la ley Wert, que tanto daño había hecho a nuestro sistema educativo, y también se abstuvieron. La política va de contenidos. 

¿Lo hacen para no enfadar a nadie y buscar un electorado más transversal?

Sí, es un movimiento que surge de la indignación y así es más fácil colectivizar. Pero cuando toca gestionar y decir cómo lo vas a solucionar, ahí toca mojarse porque a los votantes hay que serles honestos, contarles cuál es tu propuesta y cómo crees que se solucionan los problemas y eso está cargado inevitablemente de ideología. 

¿Cuáles son las propuestas estrella de su formación en estos comicios?

Para mí hay una cuestión muy clave de soberanía energética. En Aragón somos ricos en el petróleo del siglo XXI y, sin embargo, la energía pasa por Aragón sin que quede absolutamente nada. Nosotros defendemos una empresa pública de la energía que sin invertir ni un euro ya conseguiría la gratuidad de la electricidad para 50.000 familias, que abarate la factura de la luz y que logre que seamos competitivos a través de la energía para atraer empresas. Y luego hay otra propuesta que es la  puesta en marcha de un programa piloto para la jornada laboral de cuatro días. Tenemos provincias como Huesca cercanas al pleno empleo y creemos que se puede aplicar.

¿Hasta qué punto ha influido la aprobación de la reforma laboral para tener esos datos?

La aprobación de la reforma laboral en Aragón ha sido crucial. Nunca en la historia se había reducido de forma tan drástica la temporalidad, igual que la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) que benefició a casi 35.000 mujeres, porque los salarios más precarios casi siempre son salarios femeninos. O también la aprobación del Ingreso Mínimo Vital (IMV), que ha provocado que la gente no tenga miedo a dejar un empleo porque tiene una cobertura garantizada y, por tanto, puede pelear más con más fuerza para tener un empleo digno.

¿Cree que la ciudadanía identifica estas medidas con el gobierno progresista y, por tanto, con las opciones de izquierdas?

Espero que sí, aunque es cierto que el PSOE las ha bloqueado todas y ahora está haciendo una campaña vendiendo los logros de Podemos y eso en Aragón nos pasa también. Vemos a Lambán vender el aumento de inversión en ciencia que ha sido idea de mi departamento, pero creo que la ciudadanía es inteligente y ha seguido el proceso de estos cuatro años. 

¿Por qué no ha sido posible un entendimiento con Izquierda Unida en Aragón?  

Somos compañeros y hay unidad de acción, le deseo toda la suerte del mundo a los compañeros de Izquierda Unida en estos comicios. El desacuerdo viene por el papel que tiene que ocupar la izquierda el día después de las elecciones. Desde Podemos hemos entendido que nuestro papel es gobernar, ocupar los espacios de poder y cabalgar las contradicciones para cambiar la vida de la gente. En el caso de IU en Aragón las dos últimas legislaturas no han querido entrar en los gobiernos porque gobernar con Lambán no entra dentro de sus planes. Además, la ley electoral no penaliza tanto la división porque el umbral autonómico está en un 3% y no en un 5%, por lo que el voto es más representativo. A nivel nacional está claro que sí tendremos que conseguir ese acuerdo para tener la máxima representación. 

Ahora que hablaba de esa unidad a nivel nacional, ¿le ha molestado o decepcionado que Yolanda Díaz no haga campaña en Aragón?

Me parece coherente con la decisión de no poner a prueba su proyecto en las elecciones municipales y autonómicas. Cuando Podemos decidió no presentarse a las municipales de 2015 fui crítica con esa decisión, y ahora lo vuelvo a ser. Creo que los países se ganan desde el territorio y yo haré mi parte de trabajo para que a la futura confluencia de cara a las generales le vaya bien. Si tenemos un buen resultado en Aragón y, de manera general, en las autonomías y municipios, será más fácil revalidar Moncloa. Esa es la parte que yo puedo aportar. 

La movilización será una de las claves del 28M ¿cree que la izquierda puede interpelar a ese votante que no lo tiene claro y se está pensando si merece la pena ir a votar?

Sí, tenemos que explicar que las buenas condiciones que tiene hoy Aragón se pueden perder. Hay un riesgo real de que Aragón se pueda convertir en Madrid o Andalucía, en el que se vuelva a cuestionar la sanidad pública o en el que el medio ambiente se trate como se ha tratado a Doñana. Hay que hacer hincapié porque percibimos cierta sensación de confort que a veces desmoviliza desde la izquierda. Pero para eso están las campañas electorales, para ir pueblo a pueblo, convencer, animar y demostrar que tenemos un programa para el futuro.

La derecha está alimentado la idea de cambio de ciclo en Aragón. ¿Qué opinión le merece la candidatura de Jorge Azcón?

Jorge Azcón ha demostrado que le importa poco la ciudad de Zaragoza porque enseguida ha dado el salto a Aragón y esta comunidad no es más que un trampolín más para dar un salto a nivel nacional. Lo que ha hecho en Zaragoza ha sido regalar la ciudad a cuatro amigos, es voz populi la forma en la que ha gestionado de espaldas a la ciudadanía. Lo único que propone para Aragón es hacer lo mismo, considerar la zona de los Pirineos, Matarraña o Teruel como barrios de esa gran ciudad y repartirla a aquellos a los que considera. No creo que tenga apoyo en el territorio porque no lo conoce y eso le va a pasar factura. 

¿Cree que solo aspirar a crecer dentro del PP?

No hay ningún alcalde que decida dar el salto a la comunidad con todas las encuestas diciéndole que tiene posibilidades de revalidar el ayuntamiento. Se le queda pequeño el territorio y supongo que le va a pasar lo mismo con Aragón.

¿Qué influencia puede llegar a tener la extrema derecha en un territorio como Aragón?

Espero que les podamos parar los pies como hicimos en el año 2019. Aragón es un lugar progresista y moderado. Somos un territorio de acogida y los discursos racistas, homófobos y machistas no acaban de calar. Es verdad que hay cierto mantra desde la capital de que Vox arraiga en el medio rural, pero el medio rural no es tan distinto como las ciudades y sigue habiendo gente que defiende los derechos humanos, que lucha contra la violencia de género o defiende al colectivo LGTBI. 

¿Hay una estigmatización hacia el medio rural?

Por supuesto, la gente en el medio rural no habla solo de agricultura y ganadería, también habla de vivienda, de la ley educativa o de cuestiones relativas a la justicia. No hay tanta diferencia entre el electorado de una ciudad y el de un pueblo o una cabecera de comarca. Lo que sí hay son prejuicios desde fuera, pero te sientas en un bar de pueblo y hablas de las mismas cosas que en una cafetería de Madrid. 

¿Qué es lo que más le han preguntado los ciudadanos en esta campaña? ¿Hay algún tema que les preocupe especialmente?

Estoy recibiendo mucho agradecimiento por la gestión llevada a cabo durante estos cuatro años y eso es positivo. Es verdad que como consejera encargada de digitalización, internet, conectividad… He tenido la suerte de recorrerme todo el territorio, no he perdido el pulso con la ciudadanía, pero en campaña he visto muy buen rollo y positividad y eso en política no suele pasar. 

Será como un partido a doble vuelta. Y por pocos votos. Aragón se ha convertido en una de las autonomías más disputadas de cara al próximo 28 de mayo. Una comunidad con un escenario político fragmentadísimo, donde todo quedará en manos de los pactos postelectorales y con el factor clave de la irrupción de Aragón Existe. La llave puede estar en su mano.

Aragón está ahora mismo bajo el mando del socialista Javier Lambán, un “alma libre” del PSOE, según dice su propio entorno, y que ha gobernado estos cuatro años a través de un cuatripartito (con PAR, CHA y Podemos dentro del Ejecutivo autonómico). En su equipo confían en que Lambán volverá a repetir al frente de otra coalición multipartidista y se quedará otra tercera legislatura en el Edificio Pignatelli.

Todas las encuestas muestran ese escenario tan abierto, sin un claro favorito. Por ejemplo, en la del CIS del pasado mes de diciembre se situaba al PSOE por delante, pero con una horquilla amplísima entre 27 y 40 asientos, mientras que el PP que obtendría entre 16 y 22. Por detrás quedarían Unidas Podemos (3-8), Vox (2-7), Aragón Existe (2-5), CHA (1-2), PAR (0-2) y Ciudadanos (0-2).

Habrá varios factores clave de cara a la cita. Uno de ellos será el subidón que tendrá el Partido Popular por la práctica desaparición de Cs (que ahora mismo tiene en las Cortes de Aragón 12 diputados). El PP aspira a absorber a ese electorado, aunque en el PSOE, indican fuentes de la formación, creen que también pueden rascar algo porque Javier Lambán es un político bastante situado en el centro. Alberto Núñez Feijóo se ha fijado en esta autonomía como una de sus principales esperanzas y ha puesto como número uno a Jorge Azcón, que era el alcalde de Zaragoza.

Otro elemento de inestabilidad en el voto es la situación del PAR, un partido regionalista de centro que ha estado dentro del Gobierno. Esta formación ha vivido un auténtico cisma interno, que ha llevado a que una parte se haya independizado formando Aragón-Plataforma Aragonesista, que finalmente se integrará en las listas del Partido Popular. Este desgaste puede llevar a una merma electoral, aunque tienen opciones principalmente en Teruel, de donde es su nuevo candidato a la Presidencia, Alberto Izquierdo.

Todos miran a Aragón Existe, el otro factor disruptivo que puede llegar el 28M. Sus votos serán decisivos en una posible investidura. Tomás Guitarte da el salto desde el Congreso para optar por la Presidencia. Y no se ha decantado por el PP o por el PSOE, aunque se muestra contrario a cualquier tipo de apoyo relacionado con Vox. Por eso, los socialistas confían en que llegado el último escenario les apoyaría. Lambán quiere trasladar también durante la campaña la fuerte inversión en esta provincia, con infraestructuras como los hospitales de Teruel y de Alcañiz.

Ese será precisamente el principal eje de la campaña de Lambán: su defensa de Aragón por encima de las siglas de su propio partido. Es su seña de identidad, a lo que quiere sumar también la mejora de la situación económica, los datos de empleo y la creación de empresas (sacando pecho especialmente de la apuesta como nudo logístico y por las energías renovables).

También quiere lanzar ante los ciudadanos la idea de la estabilidad que ha supuesto la coalición multipartidista. En su entorno se explica que la balanza ha estado equilibrada, Podemos se contrarrestaba con el PAR. No ha habido fuertes choques, indican, como en el Gobierno central. Con experiencias como que el equipo de comunicación en redes es el mismo para todo el Ejecutivo, sea cual sea la consejería y el partido. Las diferencias, explican, siempre han estado pactadas.

Esperan en el ala socialista que el perfil de Lambán también tenga bastante tirón entre el electorado. Frente a él está el popular Jorge Azcón, al que ven varios puntos débiles para ganarles. Por un lado, su imagen es muy urbana, en una comunidad con bastante despoblación. “No ha salido de Zaragoza ni de Formigal”, indican en el PSOE. Además, al ser de la capital, su tirón puede ser mucho menor en Huesca y en Teruel. Precisamente, en el PSOE se ven con mucha fuerza en Huesca.

Creen en el PSOE que los ciudadanos tienen muy identificado a Lambán con Aragón, que se ha opuesto al Gobierno central cuando los intereses no coincidían, por ejemplo con los Juegos Olímpicos de invierno (donde sólo se les ofrecían deportes menores). Pero, a la vez, recuerdan que el Ejecutivo central ha invertido más en la autonomía que en la época de Mariano Rajoy. “El presidente no es de la izquierda radical, es una persona de centro que hace políticas de centro”, lo definen en su entorno.

La campaña que hará Lambán será muy de territorio. Con mensajes también en favor del refuerzo del Estado del bienestar, con el incremento del presupuesto en educación, sanidad y servicios sociales. Reconocen los socialistas que alguna incidencia tendrá la política nacional, pero creen que prevalecerá la imagen de que Lambán tiene “voz propia”. Ven a su favor que creen muy difícil que la suma del Partido Popular y Vox rebase la mayoría absoluta. Por eso, vuelven a mirar a Aragón Existe.

En toda esta batalla, el peso de la izquierda será también muy importante, Los socialistas confían en que aguantará en ese espectro. Aragón es uno de los pocos territorios en los que Izquierda Unida y Podemos no han cerrado un acuerdo para ir en coalición y, por tanto, acudirán por separado. Hace escasas semanas el coordinador de IU en Aragón, Álvaro Sanz, ya admitió que era “muy tarde” para cualquier tipo de alianza y la de Podemos, Maru Díaz, recalcó que el “ADN podemita” estará reflejado en una papeleta propia en las próximas elecciones. Ambos serán los candidatos autonómicos de sus respectivas formaciones el 28M, al igual que en 2019.

El hecho de que Podemos haya participado en el Gobierno aragonés –con Maru Díaz como consejera de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento– e Izquierda Unida haya estado en la oposición será, casi con total seguridad, una de las claves de la campaña. Díaz podrá sacar pecho de algunos hitos importantes de su departamento como el aumento del sistema de becas pero también quedar diluida por el peso del PSOE. Los morados han hecho mucha batalla con las renovables, porque el Gobierno de Javier Lambán ha bloqueado la ley de Cambio Climático. Una circunstancia que Sanz podría aprovechar en las próximas semanas.

El candidato de la Chunta Aragonesista será José Luis Soro, consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda. Puede lucir bagaje de gestión al haber estado en el Gobierno autonómico dos legislaturas, la de 2015 en alianza con el PSOE y la actual en el cuatripartito. La gran incógnita es cómo le afectará la llegada de Aragón Existe.

Aunque estas formaciones se presentan en estos comicios de mayo por separado, la vicepresidenta Yolanda Díaz quiere tratar de sumarlos a todos en una misma candidatura de cara a las próximas generales. Esto podría evidenciar que las diferencias a nivel programático entre las tres formaciones es mínima y, por tanto, desincentivar al votante progresista.

El Gobierno de Aragón, que preside el socialista Javier Lambán, se niega a publicar datos clave sobre fallecidos en las residencias de la región durante la primera ola de la pandemia. En una orden firmada por la consejera de Sanidad, Sira Repollés, rechaza la solicitud de acceso a información pública realizada por infoLibre, que entre otros datos pedía conocer el número de muertes desglosado por centros.

En su resolución, fechada el pasado 25 de enero, el Ejecutivo aragonés basa su negativa básicamente en dos argumentos: la mala de calidad de los datos que obran en su poder, lo que en su opinión conlleva que la información no sea “útil”.

La información de la que se disponía durante la primera ola de la pandemia, indica Sanidad, “desde un punto de vista epidemiológico no era completa y exhaustiva, sino aproximada y sólo válida para poder tener una idea de la magnitud de la afectación y su evolución”.

El Gobierno de Lambán dibuja en su resolución un sistema lleno de lagunas: “No siempre fue posible registrar la información de una manera estandarizada, reproducible y comparable, debido a la presión por establecer medidas de prevención y control. También es posible que hubiera casos en que la afectación por Covid pasara más o menos desapercibida confundiéndose con otros problemas de salud y que no se solicitara intervención, con lo que es posible que la información disponible no sea exhaustiva”.

Por todo ello, el Ejecutivo aragonés entiende que basta con ofrecer datos globales, pero no desglosados por residencias: “No se consideró que los datos a nivel desagregado dieran información útil, ni a nivel interno ni de cara a la petición de información. Tampoco tenía sentido intentar recuperarlos, revisarlos y actualizarlos a posteriori con las nuevas exigencias que fueron surgiendo en la pandemia. A todos los efectos se consideraba que no había datos exactos para cada residencia individual, y que la información disponible daba sólo una aproximación a la situación, tanto a su magnitud como a la evolución”.

Sanidad sostiene que esa información global “da suficiente idea de la situación epidemiológica de la afectación por Covid 19 en el período considerado”, y realiza afirmaciones ciertamente peculiares, como la siguiente: “Los datos individuales de cada residencia no tienen valor a nivel individual”.

La orden del Gobierno de Lambán no fundamenta su negativa a facilitar los datos ni en los límites al derecho de acceso a información pública, ni en las causas de inadmisión de solicitudes, recogidos ambos en la Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. infoLibre presentó su solicitud al amparo de esta ley.

La jurisprudencia del Tribunal Supremo establece con claridad que la negativa a ofrecer información sólo puede justificarse en alguno de los supuestos contemplados en la ley –límites o causas de inadmisión–, que en todo caso se deben “interpretar de forma estricta, cuando no restrictiva”.

Lo que no contempla en ningún caso la Ley 19/2013 como posibilidad para negar el acceso a información pública es que la Administración decida que no la facilita porque no es “útil” conocerla.

En la orden de Sanidad se ofrecen únicamente los datos globales que ya hizo públicos en su primera orden, el 25 de junio de 2020: entre el 1 de marzo y el 30 de abril de aquel año, fallecieron con covid confirmado o síntomas compatibles 589 personas que vivían en residencias de la región. El número de contagios ascendió a 2.390, incluyendo tanto a residentes como trabajadores. En ese periodo se investigó la presencia del virus en 124 centros. Por último, Sanidad afirma que desconoce si los residentes fallecieron en el hospital o en el propio centro.

En los primeros días de mayo de 2020, infoLibre planteó idéntica solicitud de acceso a información pública a los dieciséis Gobiernos autonómicos y las tres diputaciones forales vascas con competencias en materia de residencias. Un año después, todos los Gobiernos salvo el de Aragón habían resuelto la solicitud. En 15 casos facilitaron los datos –la mayoría tras resoluciones de los órganos de Transparencia ordenando que así se hiciese–, mientras que en Asturias, Galicia y Castilla y León el tema terminó en los tribunales.

Más allá de la decisión sobre el fondo del asunto, todo el procedimiento administrativo en Aragón ha sido una suma de incompetencia, retrasos y desobediencia por parte de la Administración autonómica.

Primero, el Gobierno de Lambán dictó una resolución sin motivarla. Por la vía de hecho, decidió conceder un “acceso parcial” a los datos, que consistía en dar cifras globales y no desglosadas. Una actuación que ya le afeó en un día el Consejo de Transparencia de Aragón: “No se motiva el acceso parcial concedido, como exige con claridad el artículo 20.2 de la Ley 19/2013; acceso parcial que solo puede basarse en la concurrencia de alguno de los límites recogidos en los artículos 14 y 15, o en una causa de inadmisión de las previstas en el artículo 18 de la legislación básica de transparencia”.

Segundo, el Gobierno de Lambán alegó ante el Consejo de Transparencia una causa de inadmisión que había ocultado en su resolución inicial. Dicho órgano, tras recibir la reclamación de infoLibre, pidió al Ejecutivo autonómico que “informara acerca de los fundamentos de la decisión adoptada y realizara las alegaciones oportunas”. El Departamento de Sanidad respondió que no había facilitado la información porque “dichos datos no se encuentran trasladados a ninguna base de datos con referencia singularizada para cada residencia”, de forma que “dicha tarea de singularización exigiría una acción previa de reelaboración, recogida como causa de inadmisión de la solicitud” tanto en la ley estatal como autonómica sobre Transparencia.

Una respuesta que tampoco pasó desapercibida en el Consejo de Transparencia, puesto que cualquier límite al derecho de acceso debe alegarse como fundamento de la resolución denegatoria, y no en el marco de la reclamación presentada por el solicitante. Ese defecto, según la doctrina, es motivo suficiente para no entrar ni siquiera a analizar la concurrencia o no de la causa de inadmisión alegada por la Administración. Lo cierto es que ni en la primera y defectuosa orden de Repollés del 25 de junio de 2020, ni en la segunda y definitiva orden de la consejera de 25 de enero de 2023 se hace mención alguna a dicha causa de inadmisión.

Tercero, el Gobierno de Lambán incumplió su obligación de dar un trámite de audiencia a las empresas titulares de las residencias, antes de dictar la resolución sobre la solicitud realizada por infoLibre. El objetivo de dicho trámite era permitir que presentasen las alegaciones oportunas, en caso de que considerasen que la publicidad de los datos podía afectar a sus derechos o intereses. La falta de audiencia es un grave defecto formal y el Consejo de Transparencia le ordenó al Ejecutivo aragonés que lo realizase.

En definitiva, tras recibir la solicitud de acceso a la información de infoLibre, la Administración regional sólo tenía que hacer dos cosas: abrir un trámite de audiencia y dictar una resolución motivada. El Gobierno de Lambán hizo todo al revés: no dio trámite de audiencia a las residencias, dictó una resolución sin motivar y alegó ante el Consejo de Transparencia una supuesta causa de inadmisión que había ocultado en su decisión inicial.

Hasta aquí los ejemplos de incompetencia. Pero lo peor estaba aún por llegar.

Tras la decisión inicial de la consejera Repollés de mantener ocultos los datos, infoLibre presentó el 17 de julio de 2020 una reclamación ante el Consejo de Transparencia de Aragón. Este órgano estuvo más de año y medio sin pronunciarse, hasta el 28 de febrero de 2022. La ley establece un plazo máximo de tres meses para resolver.

Este retraso es un hecho inaudito en España, que no se produce ni en el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estatal, ni en ninguno de los órganos equivalentes que existen en diversas comunidades autónomas. La responsabilidad de la situación es, por ley, del Gobierno de Lambán. La normativa autonómica establece que el Consejo de Transparencia “actuará con independencia orgánica y funcional”, pero atribuye al Ejecutivo regional la obligación de poner “a disposición del Consejo los medios y recursos necesarios para el ejercicio de sus funciones”. Dicho órgano se constituyó en mayo de 2016 y casi siete años después continúa sin una estructura de personal propia.

Por último, el Gobierno de Lambán mantuvo una actitud de rebeldía abierta y reiterada para no cumplir con sus obligaciones legales.

En su decisión del 28 de febrero de 2022, el Consejo de Transparencia ordenó al Ejecutivo regional poner en marcha “de forma inmediata” el trámite de audiencia, que como hemos visto se había saltado de forma ilegal. ¿Y qué hizo el Gobierno de Lambán? Incumplir esa orden, dejar pasar el tiempo sin hacer nada. Ante esa actitud de desobediencia, infoLibre presentó el 26 de mayo un escrito ante el Consejo de Transparencia instándole “a adoptar las decisiones necesarias para garantizar el cumplimiento” de lo que había dictado. A finales de junio, dicho órgano ordenó de nuevo al Gobierno de Lambán que cumpliese con su obligación legal.

Unas semanas antes, el Departamento de Repollés había remitido un informe a Transparencia en el que admitía “la paralización del procedimiento de ejecución” de su resolución del 28 de febrero, “debido a un problema de coordinación y seguimiento interno”. En otras palabras: a la suma de irregularidades cometidas inicialmente, ahora Sanidad añadía su incapacidad para cumplir algo tan elemental como poner en marcha un trámite de audiencia. Prometía, eso sí, solucionar su descoordinación “de manera urgente”.

Lo cierto es que el Gobierno de Lambán se mantuvo instalado en la desobediencia. El ordenamiento jurídico contempla una vía específica para acudir a los tribunales en caso de que una Administración no realice una actuación a la que está obligada: el recurso contencioso por inactividad. La regulación establece que, antes de ir a los juzgados, el ciudadano tiene que presentar una reclamación previa ante la Administración rebelde. Es una forma de darle una última oportunidad para que cumpla. Si no lo hace, dos meses después de presentar la reclamación previa, el ciudadano ya tiene vía libre para presentar el recurso judicial.

El pasado 10 de agosto, infoLibre registró en el Gobierno autonómico la reclamación previa, para que se pusiera en marcha el plazo de dos meses. Ante la perspectiva de un contencioso judicial, el Gobierno de Lambán decidió por fin cumplir con lo ordenado por el Consejo de Transparencia. El 8 de septiembre puso en marcha el trámite de audiencia a los titulares de las residencias. En la orden de Repollés se explica que “se han recibido 81 escritos de centros residenciales en los que se proporciona algún tipo de información, y 86 escritos de oposición”.

De las 19 Administraciones a las que infoLibre solicitó los datos a principios de mayo de 2020, han facilitado la información 17. Las únicas excepciones son Asturias y Aragón.

En Aragón, la orden dictada por la consejera Repollés pone fin a la vía administrativa, después de casi 33 meses. Para poner esta cifra en contexto baste decir que en todas las demás comunidades la fase administrativa terminó como muy tarde en la primavera de 2021. Tras la decisión del Gobierno de Lambán de mantener oculta la información, este periódico puede reclamar de nuevo ante el Consejo de Transparencia o interponer directamente un recurso contencioso ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón. Para esto último tiene un plazo de dos meses.

En tres comunidades ya se han pronunciado los tribunales: Asturias, Galicia y Castilla y León.

El TSJ de Asturias falló en contra del acceso a la información pública. El Gobierno asturiano, que preside Adrián Barbón (PSOE), hizo públicos los datos de fallecidos por residencias desde el 9 de abril de 2020 en adelante, pero se negó a ofrecer esa misma información del periodo del 1 de marzo al 8 de abril. infoLibre presentó un recurso de casación contra la sentencia del TSJ asturiano, que está pendiente de que el Tribunal Supremo decida si lo admite o no a trámite.

En Galicia, la Xunta de Alberto Núñez Feijóo (PP) se opuso inicialmente a hacer públicos los datos. La reclamación de este periódico fue atendida por la Valedora do Pobo y entonces el Gobierno gallego resolvió conceder el acceso a la información, pero esta decisión fue recurrida ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) por DomusVi, el principal grupo geriátrico de España y en cuyos centros se produjo una auténtica hecatombe durante el primer año de la pandemia. El TSXG dictó sentencia el pasado 23 de mayo, ordenando a la Xunta que entregase a infoLibre la información solicitada.

En la misma dirección se pronunció también el TSJ de Castilla y León, que en una sentencia dictada el pasado 28 de septiembre “estimó en su integridad” el recurso contencioso planteado por este periódico tras negarse el Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco (PP) a entregar la información. En su fallo, el TSJ recuerda que la jurisprudencia del Supremo “obliga a interpretar de forma estricta, cuando no restrictiva” tanto las limitaciones al derecho de acceso a la información pública como las causas de inadmisión de solicitudes, “sin que quepa aceptar limitaciones que supongan un menoscabo injustificado y desproporcionado del derecho de acceso a la información". Y, en relación con la concreta solicitud de infoLibre, destaca que “concurre un interés público prevalente en la divulgación de la información desagregada”.

Ni Ley de Transparencia. Ni resoluciones del Consejo de Transparencia de Aragón. El Gobierno de Javier Lambán (PSOE) lleva más de dos años ignorando lo que dicta la norma y lo que le ordenó el órgano autonómico de Transparencia en relación con una solicitud de información sobre fallecidos en residencias planteada por infoLibre. Ante esta situación de rebeldía, este periódico inició los trámites legales para llevar al Ejecutivo aragonés a los tribunales. Una amenaza judicial que sí ha tenido efecto, ya que el equipo de Lambán ha decidido reactivar la solicitud de información realizada por este periódico.

La historia arranca el 4 de mayo de 2020, cuando un periodista de infoLibre solicitó datos sobre el número de fallecidos que se habían producido en cada residencia de Aragón en los dos meses anteriores, durante la primera ola de la pandemia. El Gobierno de Lambán se negó a facilitar esa información desglosada por centros, así que este periódico recurrió al Consejo de Transparencia de Aragón el 17 de julio de 2020. Dicho órgano tardó año y medio en resolver, pero finalmente ordenó al Ejecutivo autonómico que pusiera en marcha con “urgencia” un trámite de audiencia con las residencias necesario antes de adoptar una resolución definitiva sobre la petición de infoLibre. La resolución se dictó el 28 de febrero de 2022.

El Gobierno aragonés, lejos de cumplir con dicha resolución, dejó que pasase el tiempo sin poner en marcha el trámite de audiencia. El ordenamiento jurídico contempla una vía específica para acudir a los tribunales en caso de que una Administración no realice una actuación a la que está obligada: el recurso contencioso por inactividad. La regulación establece que, antes de ir a los juzgados, el ciudadano tiene que presentar una reclamación previa ante la Administración rebelde. Es una forma de darle una última oportunidad para que cumpla. Si no lo hace, dos meses después de presentar la reclamación previa, el ciudadano ya tiene vía libre para presentar el recurso judicial.

El pasado 10 de agosto, un periodista de infoLibre registró en el Gobierno autonómico la reclamación previa, para que se pusiera en marcha el plazo de dos meses. Ante la perspectiva de un contencioso judicial, el Gobierno de Lambán decidió cumplir con lo ordenado por el Consejo de Transparencia. Este viernes, el Departamento de Ciudadanía notificó al periodista que “con fechas de 8 y 15 de septiembre de 2022, respectivamente, […] emitió sendos requerimientos a centros residenciales públicos y privados, en orden a que diesen traslado de la información solicitada en su reclamación (en materia de acceso a la información pública nº 32/2020), o bien manifestasen motivos de oposición, una u otra en el plazo de quince días”.

Llama la atención el planteamiento de ese requerimiento, puesto que el Gobierno de Aragón ya tiene en su poder desde 2020 los datos sobre residentes fallecidos, de forma que no es necesario que se los vuelva a pedir a los centros. Lo que establece la ley es que, dado que la información puede afectar a derechos o intereses de terceros (los titulares de las residencias), debe abrirse un trámite de audiencia para que indiquen si están de acuerdo o se oponen a la difusión de los datos.

Una vez finalizado ese trámite de audiencia, el Gobierno de Aragón tiene que resolver definitivamente la solicitud de infoLibre, bien facilitando la información requerida o bien negándola si considera que concurre algún motivo legal para mantenerla oculta.

El Consejo de Transparencia de Aragón no se pronunció en su día sobre el fondo de la cuestión. Al entender que era obligatorio el trámite de audiencia, ordenó retrotraer el procedimiento a dicho momento. Pero, en los fundamentos de derecho de su resolución del 28 de febrero, aprovechó para recordarle al Ejecutivo de Lambán los criterios que debe tener en cuenta a la hora de resolver: “Una vez realizado [el trámite de audiencia] y a la vista de las alegaciones formuladas, se debe adoptar la decisión que corresponda, ponderando adecuadamente el interés público en la divulgación de la información, la amplitud del derecho de acceso a la información pública reconocido en la legislación de transparencia y el carácter estricto cuando no restrictivo con el que deben ser interpretados sus límites”. [Puedes consultar aquí la resolución íntegra del Consejo de Transparencia].

En caso de que el Gobierno de Lambán decida mantener oculta la información solicitada, infoLibre acudirá a los tribunales, al igual que hizo en Asturias, Castilla y León y Galicia. Las otras 13 comunidades autónomas y tres diputaciones forales vascas, que tienen las competencias en materia de residencias, facilitaron los datos a este periódico.

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia dictó sentencia el pasado 23 de mayo, ordenando entregar a este periódico la información desglosada. Así lo hizo la Xunta, presidida por Alfonso Rueda (PP), una vez que la sentencia adquirió firmeza en agosto.

En cambio, el TSJ de Asturias ha fallado en contra del acceso a la información pública. El Gobierno asturiano, que preside Adrián Barbón (PSOE), hizo públicos los datos de fallecidos por residencias desde el 9 de abril de 2020 en adelante, pero se negó a ofrecer esa misma información del periodo del 1 de marzo al 8 de abril. infoLibre ha presentado un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, que deberá decidir si lo admite o no a trámite.

Por su parte, la Sala del TSJ de Castilla y León encargada de la causa se reunió el pasado 21 de septiembre para la votación y fallo. Así que la sentencia se conocerá en las próximas semanas. El recurso lo planteó infoLibre después de que el Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco (PP) se negase a facilitarle la información, en contra de lo que dictaminó el Comisionado de Transparencia autonómico.

No. El diagnóstico de Emiliano García-Page no es compartido por los otros barones del PSOE. La mayoría de territorios ve unas siglas fuertes del partido de cara a las próximas elecciones autonómicas y municipales. Se presentan con muchas posibilidades y muestran unidad en torno a la figura de Pedro Sánchez. Y las mayores preocupaciones para la cita del 28 de mayo vienen por otros lados principalmente: la inflación y el miedo a que su flanco a la izquierda no resista y no puedan sumar en los pactos posteriores.

El PSOE se juega mucho en las urnas en mayo, pero sus presidentes autonómicos se sienten con muchas posibilidades y todos confían en conservar el poder, según fuentes consultadas en las distintas federaciones. Hay muchos ánimos y ha sentado bien el impulso de Sánchez al arrancar el curso político. Con confianza, según varias fuentes socialistas, en que sus alcaldes van a ayudar mucho y habrá un “efecto arrastre”. 

Además, en casi todos los territorios, según las direcciones regionales, las encuestas internas les dan bien y destacan especialmente que no existe ese “efecto Feijóo” que se vende a todas horas en los círculos políticos, económicos y mediáticos de la derecha en Madrid. En los sondeos que manejan esto no se visualiza y, de hecho, en algunas federaciones ven que el PP ya no crece.

No comparten en la mayoría de federaciones las afirmaciones del presidente García-Page sobre los efectos negativos por las alianzas en el Congreso de los Diputados. La dinámica de voto, sostienen varios dirigentes territoriales, no irá por ahí el 28 de mayo. Y también la mayoría de dirigentes consultados ven con buenos ojos la estrategia de La Moncloa de desmontar a Alberto Núñez Feijóo con ese “¿insolvencia o mala fe?”.

Lo que sí repiten como más problemático es el panorama económico, la inflación sí puede hacer más daño. Todo dependerá, como reconocen varias fuentes, de la evolución de la situación de incertidumbre. No obstante, por ejemplo, en el PSN advierten de que hay “preocupación” por el tema, pero que se trata de “inflación con empleo”. Por lo que indican las fuentes: “Podemos aguantar el tirón”. O, por ejemplo, en el PSIB y en el PSOE de Canarias recalcan que ha ido muy bien la temporada de verano, a pesar de los altos precios.

Lo que señalan todos los territorios gobernados por el PSOE es que sus líderes están muy consolidados. En la Comunidad Valenciana han hecho encuestas y destacan que Ximo Puig “cae bien a la gente”. En Baleares, por ejemplo, entienden que Francina Armengol es una presidenta “muy potente y consolidada”. En el PSOE navarro van en la línea y consideran que su mejor “palanca” es la presidenta, María Chivite: “Ha calado. Representa la serenidad y la cercanía. Es querida”. No necesitan presentación Javier Lambán (Aragón) o Guillermo Fernández Vara (Extremadura), cuyo tirón nadie duda. Adrián Barbón en Asturias también es referente y tiene popularidad entre los suyos.

De hecho, más que a la derecha, muchos de los barones están mirando a su izquierda. Necesitan que resistan algunos de sus apoyos para posibles sumas posteriores. Uno de los casos más significativos es el de la Comunidad Valenciana. En el PSPV vaticinan: “Nos va a ir bien”. Están convencidos de que Puig seguirá al frente de la Generalitat, pero las dudas están en la “correlación de fuerzas”. Allí forman un tripartito con Compromís y Podemos. Los primeros han sufrido un fuerte cambio con la dimisión de Mónica Oltra. A pesar de eso, en las encuestas que manejan los socialistas, se aprecia que aguanta bien ese partido, que la marca Compromís sigue en un buen nivel. El gran enigma viene con Podemos, ya que podría no lograr el 5%. No obstante, fuentes de la dirección de los socialistas valencianos esperan el “efecto movilizador” que los morados suelen lograr en los últimos días de campaña.

Aunque la batalla será dura, el PSPV sostiene que el PP no está tan fuerte como se pinta desde Génova 13. Esto es algo que repiten en otras federaciones, señalando que no son tan potentes esos candidatos que se venden por parte de los populares como Carlos Mazón (Comunidad Valenciana) o Marga Prohens (Baleares). Además, otra sensación que se repite en territorios es que no perciben en los sondeos trasvase de voto desde la izquierda hacia el PP, como sí señalan a nivel nacional. Es más, algunos pronostican que pueden incluso crecer por voto que puede llegar desde el otro lado, desde UP.

A pesar de lo que dicen en el PP en Madrid, los barones no ven que la sociedad se vaya a volcar con los populares y se haya vuelto azul ya: “No hay un cambio de ciclo”, señalan fuentes socialistas valencianas, por ejemplo. Tampoco se entiende como una dificultad el debate sobre los impuestos que lanza el PP con la eliminación del de patrimonio: "Sólo hay ricos en Madrid", sostiene un cargo autonómico.

Esta sensación también la comparten en el PSOE de La Rioja, que tiene la Presidencia de la comunidad con Concha Andreu. Fuentes de la federación hacen este análisis: “Partimos de la mejor situación posible”. “Tenemos un Gobierno que llegó para cambiar las cosas en la Comunidad, tras 24 años de gobiernos del PP, y el cambio funciona. Tenemos la mejor candidata. En estos años no solo ha ganado experiencia de gestión, además, ha ganado mucho en conocimiento y valoración”, apuntan.

Allí todavía el PP no tiene candidato. En el PSOE apuntan: “Las encuestas que manejamos nos dicen que ganamos”. Y hacen esta reflexión las fuentes: “El Gobierno de España no resta en La Rioja, porque se han vendido muy bien los proyectos de región a los que se comprometió y firmaron Pedro y Concha en febrero de 2020. Las visitas de ministros son incesantes y vienen a anunciar proyectos e inversiones”. 

Otra de las grandes batallas del 28M será Madrid, donde el PSOE concurrirá con Juan Lobato. En su entorno creen que hay comunidades donde el tema de los socios del Gobierno nacional puede afectar, pero creen que hay que hacer una campaña en clave regional. “Se eligen a los presidentes autonómicos y a los alcaldes, las administraciones más cercanas al ciudadano. Y por eso mismo hay que empeñarse en los problemas más cercanos a los ciudadanos. Que en Madrid son muchos y variados tras varios años de numeritos y desgobierno y cero gestión”, explican desde el PSOE-M.

En el PSOE-M reconocen también que la inflación es “un gran problema” y hacen el análisis de que la situación económica tiene la cuestión “de que lo que va mal se capta o intuye, pero lo que se libra o evita con medidas como las del Gobierno es invisible”. Apostillan: “Ves lo malo que te pasa pero no lo peor que has evitado”.

Las patronales de las residencias llevan dos años quejándose de que la hecatombe sufrida durante la pandemia, con 20.000 residentes fallecidos durante la primera ola en la primavera de 2020, ha llevado a una “criminalización” injusta de todo el sector. Y también sostienen que el tipo de gestión de los centros, pública o privada, no ha sido un factor diferencial en la afectación provocada por el covid. ¿Son ciertas ambas afirmaciones?

Para saberlo con exactitud es necesario conocer el impacto del virus en cada una de las más de 5.150 residencias que estaban operativas en España cuando llegó la pandemia. En mayo de 2020, infoLibre solicitó conocer esa información desglosada por centros a través de los portales de Transparencia de las 16 comunidades autónomas y las tres diputaciones forales vascas que tienen las competencias sobre el sector residencial. Algunas comunidades respondieron dentro de los plazos legales, otras después de que así se lo ordenasen las comisiones de Transparencia correspondientes y en tres casos la petición llegó a los tribunales. Tras una reciente sentencia del TSJ de Galicia que falló a favor de infoLibre, la Xunta facilitó la información y este periódico dispone ya de los datos de 14 comunidades autónomas. Todas excepto Aragón, Asturias y Castilla y León.

La realidad que dibujan esos datos es inequívoca. Es cierto que no se puede generalizar, como prueba el hecho de que en la mayoría de las residencias no falleció nadie con covid o síntomas compatibles durante los dos primeros meses de la pandemia. Pero también es verdad que la afectación fue mucho mayor en aquellos centros gestionados por las principales multinacionales y grupos privados del sector. Un hecho que choca de forma frontal con la versión que defienden las principales patronales ­–AESTE y CEAPs–, a pesar de que ellas sí disponen lógicamente de toda la información de lo ocurrido en sus centros. Hay que señalar que ambas patronales están controladas precisamente por las multinacionales y grandes grupos del sector. La principal empresa de España, DomusVi, fue también la que acudió a los tribunales en Galicia con la pretensión de que se mantuviesen ocultos los datos de aquella comunidad.

En las 14 comunidades autónomas que han facilitado los datos a infoLibre estaban operativas 3.949 residencias en marzo de 2020. Pues bien, en 2.473 no se registró ni un solo fallecido con covid o síntomas compatibles, lo que equivale al 62,6% del total.

En ocho territorios ese porcentaje fue bastante más alto, situándose entre el 73,6% de Baleares y el 94,5% de Canarias. Pero también hubo cuatro comunidades donde la cifra no llegó a la mitad: Cataluña (48,0%), Castilla-La Mancha (42,7%), La Rioja (41,9%) y Madrid (28,2%). Como en casi todos los datos relacionados con el impacto del covid en las residencias durante la primera ola, la comunidad gobernada por Isabel Díaz Ayuso (PP) tiene con diferencia las peores cifras. En el caso de residencias sin fallecidos se desvía más de 34 puntos porcentuales de la media de España.

Además, en otros 641 centros (16,2% del total) el número de personas muertas con covid o síntomas compatibles se quedó por debajo de cinco. De forma que, sumados ambos porcentajes, se concluye que casi en el 79% de las residencias de España el impacto del covid fue nulo o moderado.

El problema se concentró en el 21% restante de centros, y muy especialmente en los 165 donde murieron veinte o más personas y en los 54 con cuarenta decesos o más. En total, 219 residencias transformadas en trampas mortales para quienes allí vivían.

Hay que señalar que estos datos solo recogen los fallecimientos de personas con covid o síntomas compatibles. En las comunidades donde se desplomó la derivación a los hospitales de residentes enfermos –Madrid, Catalunya, Castilla y León–, se disparó también el número de mayores fallecidos por otras causas o que tenían covid pero no consta así en las estadísticas oficiales, puesto que en aquellos dos primeros meses faltaron test de diagnóstico en muchos lugares. En Madrid, por ejemplo, fallecieron 9.470 residentes en marzo y abril de 2020, de ellos 5.795 diagnosticados con covid o síntomas compatibles. Pero las órdenes de no trasladar pacientes a hospitales afectaron tanto a quienes tenían covid como a quienes sufrían otras enfermedades. El resultado es que 7.291 personas murieron en las residencias madrileñas sin recibir atención hospitalaria. En Cataluña y Castilla y León el número de mayores que fallecieron en los propios centros también se situó por encima del 70% del total. Y aunque Castilla-La Mancha no facilita esa información porque alega que no la tiene, otros datos relacionados con el impacto de la pandemia apuntan a que también superó o se acercó a esa cifra.

En las 14 comunidades que han facilitado los datos a infoLibre fallecieron con covid o síntomas compatibles 15.010 residentes. Este periódico cruzó esos datos desglosados por centros con la información de quién gestionaba en aquel momento cada uno de ellos, para así poder analizar si la gestión pública o privada fue un elemento diferencial.

Es importante indicar que este periódico no analizó quién era titular de la residencia, sino quién la gestionaba. La diferencia es muy importante ya que en España hay más de 750 centros que son de titularidad pública, pero que están privatizados. En los dos últimos años se han publicado informes en varias comunidades –Castilla y León, Navarra, Galicia– sobre el impacto de la pandemia en residencias, que entre otras cuestiones estudian los datos por tipo de gestión. Pero, en todo ellos, ese análisis se hace según la titularidad del centro. Ello supone atribuir los fallecimientos de los centros privatizados al sector público, lo que distorsiona de forma clara los resultados. Además de ser completamente ilógico, puesto que lo significativo es saber quién gestiona la residencia y no quién es el dueño del inmueble.

Un primer análisis sobre el impacto del covid en las residencias según el tipo de gestión muestra el siguiente resultado: los centros de gestión pública disponían de un 13,23% de las plazas y en ellos se produjeron el 12,96% de los fallecimientos (1.945 personas), mientras que en las residencias de gestión privada se concentraban el 86,77% de las plazas y en ellas se contabilizaron el 87,04% de los decesos (13.065 mayores). La afectación fue, por tanto, ligeramente menor en las residencias de gestión pública.

Por comunidades autónomas, en diez fue menor el impacto del covid en los centros públicos, mientras que en Extremadura, País Vasco, Castilla-La Mancha y Cataluña fue menor en las residencias de gestión privada.

La mera división entre gestión pública y privada tiene, no obstante, un problema obvio: incluye en un mismo grupo –el sector privado– realidades completamente diferentes, desde la residencia de 40 plazas propiedad de una pequeña sociedad familiar a los geriátricos de multinacionales que están en manos de fondos de inversión cuyo objetivo declarado es obtener el máximo beneficio en el menor tiempo posible. Por no hablar de que ese sector privado incluye tanto a las empresas como a las entidades sin ánimo de lucro –muchas controladas por congregaciones religiosas– y las cooperativas.

Un ejemplo muy claro de esa diversidad es el tamaño de las residencias: el 76% de todos los centros de España tienen menos de cien plazas. Sin embargo, los geriátricos gestionados por los principales grupos son mucho más grandes: 162 plazas de media en los centros de Orpea, 156 en Ballesol, 155 en Amavir, 147 en Vitalia Home, 139 en Sanitas y 133 en DomusVi. Una situación que obedece simplemente a una cuestión económica: la rentabilidad es mayor en las residencias más grandes. Pero las consecuencias del tamaño de los centros van mucho más allá de la economía, como demostró la pandemia, ya que las posibilidades de contagio son más altas en las macrorresidencias (hay más trabajadores y familiares de visita) y también son muchos más los residentes que se pueden ver afectados. El Gobierno central tenía la intención de atajar este problema cuando inició las negociaciones para aprobar un nuevo modelo residencial, pero al final terminó cediendo ante las presiones de la patronal y aceptó que sigan abiertas todas las macrorresidencias ya operativas o en construcción (puedes consultar la serie sobre este tema publicada por infoLibre aquí, aquí y aquí).

En definitiva, para realizar un análisis más afinado del impacto del covid en las residencias según el tipo de gestión es preciso tener en cuenta las diversas realidades que se agrupan bajo la etiqueta de “sector privado”. En esa línea, la gestión del centro por uno de los grandes grupos mercantiles ofrece unos resultados contundentes: las 30 principales empresas gestionaban el 27,49% de las plazas residenciales en las catorce comunidades autónomas (80.707 en números absolutos) y en ellas se produjeron el 36,51 de los fallecimientos (5.480 personas). Una significativa diferencia de nueve puntos porcentuales que deja una idea clara: la mortalidad fue mucho mayor en los geriátricos gestionados por los grandes grupos empresariales que en el resto.

Esas 30 empresas contaban como mínimo con 800 plazas cada una. Entre ellas destacan las ocho gigantes del sector, que cumplían la doble condición de explotar más de 40 centros y gestionar más de 4.500 camas: DomusVi, Orpea, Ballesol, Vitalia Home, Sanitas, Amavir, Colisée y Clece. Todas ellas, por cierto, controladas por fondos de inversión o multimillonarios españoles o franceses.

Pues bien, esas ocho grandes multinacionales explotaban el 18,07% de las camas operativas en las 14 comunidades y en sus geriátricos se produjeron el 24,45% de las muertes. Una diferencia de 6,3 puntos porcentuales.

También dentro de esas ocho gigantes hay diferencias claras: las que tuvieron peores datos fueron Amavir, DomusVi y Orpea. Por el contrario, Clece, Vitalia Home y Colisée tuvieron menor porcentaje de fallecidos que de plazas gestionadas. Hay que señalar, no obstante, que el hecho de que Castilla y León sea una de las comunidades que oculta los datos puede ser significativo en los casos de Clece y Colisée, ya que eran precisamente los dos grupos privados que explotaban más geriátricos en la región. En el caso de Clece, filial del grupo ACS de Florentino Pérez, estaban en Castilla y León 30 de los 66 centros que gestionaba entonces en toda España. Y dicha comunidad fue la tercera donde más residentes fallecieron durante la primera ola de la pandemia, por detrás de Madrid y de Cataluña.

LAS TRES COMUNIDADES QUE OCULTAN LOS DATOS

La solicitud de datos planteada por infoLibre terminó en tres casos en los tribunales de justicia: Galicia, Asturias y Castilla y León. Y todo apunta a que ocurrirá lo mismo en Aragón.

En Galicia, el entonces Gobierno de Alberto Núñez Feijóo (PP) se negó inicialmente a entregar los datos de las residencias privadas, aunque no tuvo inconveniente en difundir los de las públicas. infoLibre recurrió ante la Valedora do Pobo, que ordenó a la Xunta hacer pública la información. Pero entonces fue DomusVi quien acudió al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) para solicitar que se mantuviera oculta. En una contundente sentencia, el tribunal rechazó el pasado mes de mayo la maniobra de la multinacional. DomusVi tenía dos meses para acudir al Supremo, pero no lo ha hecho, por lo que el fallo del TSXG ya es firme. Eso llevó a la Xunta a entregar los datos a este periódico.

En Asturias, el Gobierno de Adrián Barbón (PSOE) se negó a facilitar la información correspondiente al periodo entre el 1 de marzo y el 8 de abril de 2020 (del 9 de abril en adelante publicó los datos en una web). El TSJ de Asturias rechazó el recurso planteado por este periódico, con el argumento de que facilitar la información solicitada exigía al Principado "reelaborar" los datos. infoLibre ha acudido en casación ante el Tribunal Supremo, que aún no ha decidido si admite o no a trámite el recurso.

En Castilla y León, el Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco (PP) se negó a entregar la información solicitada, con argumentos casi idénticos a los que rechazó el TSXG en Galicia: que su difusión vulneraría la protección de datos personales de los residentes y afectaría negativamente a los intereses económicos y comerciales de las empresas. El pleito está pendiente de que el Tribunal Superior de Justicia autonómico fije fecha para la votación y fallo sobre el recurso contencioso planteado por infoLibre.

La otra comunidad que no ha facilitado aún los datos es Aragón, donde la solicitud de acceso a la información aún está en fase administrativa. El Consejo de Transparencia tardó año y medio en resolver la reclamación de infoLibre contra la negativa del Gobierno de Javier Lambán (PSOE) a facilitar los datos. En marzo de 2022, dicho órgano ordenó al Ejecutivo autonómico que diese trámite de audiencia a las residencias antes de resolver sobre la solicitud y que comunicase la apertura de dicho trámite al periodista de este periódico que solicitó la información. Cinco meses después, el Ejecutivo de Lambán no ha hecho nada.

A la vista de esta insólita situación, en la que el Gobierno autonómico incumple las resoluciones del órgano de Transparencia y deja en una clara indefensión a quien solicita el acceso a información pública, infoLibre presentó el pasado 10 de agosto lo que se denomina reclamación previa a la interposición de un recurso contencioso por inactividad de la Administración. Cuando un ciudadano quiere llevar a los tribunales a una Administración al entender que está incumpliendo una obligación legal, es obligatorio presentar una reclamación previa, una especie de última oportunidad para que cumpla en el plazo de dos meses. Si transcurrido ese tiempo la Administración sigue sin cumplir, el ciudadano ya puede acudir a los tribunales.

En los próximos días, infoLibre publicará dos informaciones específicas detallando el impacto de la pandemia durante la primera ola en las residencias de Euskadi, Navarra y Galicia, los últimos a los que ha tenido acceso.

El Consejo de Transparencia de Aragón ha ordenado al Gobierno de Javier Lambán (PSOE), por segunda vez en cuatro meses, que resuelva “de manera inmediata” la solicitud de acceso a información pública planteada por un periodista de infoLibre el 4 de mayo de 2020. En dicha petición se pedía conocer el número de fallecidos que se produjeron en las residencias de Aragón en los dos meses anteriores, durante la primera ola de la pandemia, desglosados por centros. La decisión fue notificada a infoLibre este martes 5 de julio.

El Consejo de Transparencia ya había ordenado el pasado 28 de febrero al Ejecutivo de Lambán que pusiera en marcha con “urgencia” un trámite de audiencia con los titulares de las residencias necesario antes de decidir si le entrega o no a infoLibre la información solicitada.

El Gobierno aragonés dejó pasar los meses sin hacer nada. Ante esa actitud de desobediencia, el periodista de infoLibre presentó el 26 de mayo un escrito ante el Consejo de Transparencia instándole “a adoptar las decisiones necesarias para garantizar el cumplimiento de lo establecido” en su resolución del 28 de febrero.

El Departamento de Sanidad, por su parte, remitió un informe a Transparencia el 13 de junio en el que reconocía “que se ha detectado la paralización del procedimiento de ejecución” de la resolución del 28 de febrero, “debido a un problema de coordinación y seguimiento interno”. En el informe se añade que, “detectada la incidencia”, se ha dado “traslado inmediato” del asunto a la Dirección General de Salud Pública, “con el ruego de que, de manera urgente, proceda a confeccionar la documentación que exige el cumplimiento” de la orden de Transparencia.

Dos ilegalidades y un problema de coordinación

Las solicitudes de información pública a través de Transparencia son un procedimiento sencillo y completamente estandarizado. La Administración de turno solo tiene que hacer dos cosas: dar un trámite de audiencia en caso de que haya terceros cuyos intereses se puedan ver afectados por la entrega de los datos y decidir si hace pública o no la información. En este último supuesto tiene que motivar su decisión.

Pues bien, el Gobierno de Lambán ha conseguido incumplir lo que estipula la ley en ambos asuntos. No concedió el trámite de audiencia a los titulares de residencias, para que aleguen lo que consideren oportuno en defensa de sus intereses. Y optó por no entregar los datos, sin motivar lo más mínimo su decisión. infoLibre decidió entonces presentar una reclamación ante el Consejo de Transparencia contra la orden del Departamento de Sanidad, adoptada por la consejera Sira Repollés.

En su resolución del 28 de febrero de 2022, Transparencia afeó a Sanidad sus dos incumplimientos legales y ordenó que pusiera en marcha el trámite de audiencia. “Una vez realizado y a la vista de las alegaciones formuladas, se debe adoptar la decisión que corresponda, ponderando adecuadamente el interés público en la divulgación de la información, la amplitud del derecho de acceso a la información pública reconocido en la legislación de transparencia y el carácter estricto cuando no restrictivo con el que deben ser interpretados sus límites”, advirtió el Consejo de Transparencia. Además, exigió a Sanidad que ese trámite se realizase “de forma inmediata”.

Pero el Gobierno de Lambán tampoco ha sido capaz en cuatro meses de poner en marcha un simple trámite de audiencia. En este caso, según admite Sanidad, “por un problema de coordinación y seguimiento interno”. Sanidad no aclara cuál ha sido ese problema. A priori no parece un asunto de una dificultad extrema: se trata de escribir una carta o un correo electrónico informando a los titulares de las residencias de la solicitud de información recibida y de que tienen derecho a alegar lo que consideren oportuno en defensa de sus intereses en un plazo de 15 días.

Lo que está ocurriendo en Aragón es algo inaudito. infoLibre solicitó la misma información a las 16 comunidades autónomas y las tres diputaciones forales vascas que tienen las competencias sobre residencias durante la primera semana de mayo de 2020. De las 19 Administraciones, Aragón es la única donde aún no ha terminado la fase administrativa. Esta fase se compone de la resolución inicial y una reclamación potestativa ante el Consejo de Transparencia. Finalizado ese proceso, el solicitante puede acudir a los tribunales en caso de no estar satisfecho con la respuesta e iniciar un procedimiento contencioso-administrativo. En las otras 18 Administraciones, la fase administrativa terminó como muy tarde en la primavera de 2021.

Además de acudir al Consejo de Transparencia para que ordenase ejecutar su resolución del 28 de febrero, infoLIbre también se dirigió a Sanidad para preguntarle si pensaba cumplir esa orden. La respuesta fue que se había dirigido al Departamento de Ciudadanía para que pusiera en marcha el citado trámite de audiencia a las residencias. Sin concretar fecha, Ciudadanía indicó que lo realizaría "de manera inmediata".

Este miércoles 6 de julio se cumplen dos años, dos meses y dos días desde que el periodista de infoLibre presentó su solicitud de información.

El Gobierno aragonés de Javier Lambán (PSOE) va camino de romper todos los récords respecto al tiempo que se puede tardar en resolver una solicitud de acceso a información pública. Un periodista de infoLibre solicitó el 4 de mayo de 2020 datos sobre el número de fallecidos que se habían producido en las residencias de Aragón en los dos meses anteriores, durante la primera ola de la pandemia. Este 4 de julio se cumplen dos años y dos meses desde esa petición, que sigue sin resolverse. Por el camino, el Consejo de Transparencia de Aragón le ordenó el pasado 28 de febrero que pusiera en marcha con “urgencia” un trámite de audiencia con las residencias necesario antes de adoptar la resolución. El Ejecutivo de Lambán no ha hecho nada, desoyendo así la resolución de Transparencia aprobada hace cinco meses.

A la vista de esta actitud de desobediencia ante lo ordenado por un órgano autonómico como el Consejo de Transparencia, infoLibre se dirigió el pasado 16 de junio al Departamento de Sanidad que dirige Sira Repollés, para preguntar cuándo pensaba cumplir la resolución y cuáles eran los motivos del incumplimiento. El 27 de junio, una portavoz respondió que “el Departamento de Sanidad ha solicitado al Departamento de Ciudadanía el citado trámite de audiencia a las residencias, dado que el registro de entidades y centros sociales es gestionado por ese centro directivo”. ¿Cuándo se produjo esa petición? “La semana pasada”, contestó la portavoz. Es decir, varios días después de que infoLibre preguntase a Sanidad por qué estaba incumpliendo la resolución de Transparencia. Por su parte, el Departamento de Ciudadanía indicó este 29 de junio que el trámite de audiencia “se hará de manera inmediata, una vez superada la fase más dura de la gestión de la covid”.

La historia de lo ocurrido con la solicitud de información de infoLibre es un ejemplo paradigmático de una Administración que incumple sus obligaciones legales y que tiene colapsado por falta de medios el órgano de Transparencia autonómico que debe vigilar su actuación.

En la primera semana de mayo de 2020, infoLibre realizó la misma petición de información pública ante las 16 comunidades autónomas y tres diputaciones forales vascas competentes en materia de residencias: conocer los datos, desglosados por centros, de contagiados y fallecidos en marzo y abril de aquel año.

El 25 de junio de 2020, la consejera de Sanidad dictó una orden en la que se “concedía el acceso parcial” a la información, acceso que en realidad se limitaba a facilitar un dato global de todo Aragón: “El número de residentes fallecidos a 30 de abril de 2020, tanto confirmados como con sintomatología compatible fue de 589”. Ni daba a conocer los datos desglosados por residencias, como había solicitado infolibre, ni siquiera argumentaba los motivos de esa decisión.

A la vista de ello, el periodista presentó el 17 de julio de 2020 una reclamación ante el Consejo de Transparencia de Aragón. Solo cuatro días después, dicho órgano solicitó al Departamento de Sira Repollés que “informara acerca de los fundamentos de la decisión adoptada y realizara las alegaciones oportunas”. La respuesta le llegó el 31 de agosto: “En relación a la petición de los resultados detallados sobre número de contagios y de fallecidos de todas y cada una de las residencias de personas mayores de Aragón, cabe informar que dichos datos no se encuentran trasladados a ninguna base de datos con referencia singularizada para cada residencia, porque dicha tarea de singularización exigiría una acción previa de reelaboración”, lo que se contempla como causa de inadmisión tanto en la normativa estatal como autonómica sobre transparencia.

Como indica en su resolución el Consejo de Transparencia, en la orden de Sanidad “no se motiva” la decisión, a pesar de que la ley “exige con claridad” dicha motivación. Además, dicho órgano afea a Sanidad que no alegase en su orden la supuesta causa de inadmisión –la necesidad de una acción previa de reelaboración de los datos–, motivo por el que ya ni siquiera “procedería el análisis de la concurrencia, o no, de la causa de inadmisión alegada”.

Pese a ello, “y a efectos únicamente didácticos”, el Consejo de Transparencia le recuerda a Sanidad que el concepto de “reelaboración” no se puede alegar cuando “se trata de información de la que el Departamento reclamado ha de disponer para el ejercicio adecuado de sus competencias”. Y, respecto a la petición de infoLibre, destaca que Sanidad “no ha acreditado la concurrencia de alguno de los supuestos de tarea compleja de elaboración que se recogen en la doctrina”.

En todo caso, como explica el Consejo de Transparencia, la información solicitada puede afectar a derechos o intereses de terceros –los titulares de las residencias–, por lo que “debe verificarse el trámite de alegaciones” que contempla la ley. Algo que Sanidad tampoco hizo. En consecuencia, dicho órgano “ordena la retroacción del procedimiento al momento de la adopción” de dicho trámite de audiencia a los titulares de las residencias. “Una vez realizado y a la vista de las alegaciones formuladas, se debe adoptar la decisión que corresponda, ponderando adecuadamente el interés público en la divulgación de la información, la amplitud del derecho de acceso a la información pública reconocido en la legislación de transparencia y el carácter estricto cuando no restrictivo con el que deben ser interpretados sus límites”, concluye el Consejo de Transparencia. Además, exige a Sanidad que realice ese trámite “de forma inmediata”.

En definitiva, ante una solicitud de información que está completamente estandarizada en toda España, el Gobierno aragonés incumplió la ley en dos ocasiones: al no motivar su primera resolución y al no poner en marcha el trámite de audiencia.

La resolución del Consejo de Transparencia se produjo el 28 de febrero de 2022 [puedes consultarla aquí], más de año y medio después de que el periodista de infoLibre presentase su reclamación, el 17 de julio de 2020. Este retraso es un hecho inaudito, que no se produce ni en el Consejo de Transparencia estatal, ni en ninguno de los órganos equivalentes que existen en diversas comunidades autónomas.

La responsabilidad de la situación en la que se encuentra el Consejo de Transparencia aragonés es del Gobierno de Javier Lambán. La ley autonómica que regula este derecho no deja lugar a dudas cuando establece en su artículo 37 que dicho órgano “actuará con independencia orgánica y funcional”, pero atribuye al Gobierno regional la obligación de poner “a disposición del Consejo los medios y recursos necesarios para el ejercicio de sus funciones”. El Consejo se constituyó en mayo de 2016 y casi seis años después continúa sin una estructura de personal propia.

La situación empeora además día a día porque se está incrementado de forma significativa el número de reclamaciones presentadas por los ciudadanos. Los datos publicados por el propio Consejo de Transparencia son elocuentes: en 2020 recibió 62 reclamaciones, en 2021 fueron 77 y en lo que va de año van 240. De acuerdo con la información publicada en su página web, en este momento tiene 333 reclamaciones pendientes de resolver.

Pese a estos datos demoledores, la versión oficial del Gobierno de Lambán es que desde que el Consejo de Transparencia fue creado en 2016, “ha puesto a su disposición los medios y recursos materiales necesarios para el desempeño de sus funciones”.

La excepcionalidad aragonesa la prueba otro dato. De las 19 Administraciones a las que infoLibre solicitó los datos a principios de mayo de 2020, es la única donde aún no ha terminado la fase administrativa. Esta fase se compone de la resolución inicial y una reclamación potestativa ante el Consejo de Transparencia. Finalizado ese proceso, el solicitante puede acudir a los tribunales en caso de no estar satisfecho con la respuesta e iniciar un procedimiento contencioso-administrativo. En las otras 18 Administraciones, la fase administrativa terminó como muy tarde en la primavera de 2021.

La resolución de la solicitud en Aragón sigue pendiente, por tanto, del trámite de audiencia a los titulares de las residencias que el Departamento de Ciudadanía asegura ahora que pondrá en marcha “de manera inmediata”. En caso de que finalmente cumpla con la ley, debe conceder un plazo de quince días a los interesados para que respondan con las alegaciones que consideren oportunas.

A la vista de la solicitud de información de acceso y de las posibles alegaciones, el Gobierno aragonés deberá adoptar una resolución. El Consejo de Transparencia lógicamente no le ha indicado cuál debe ser esa decisión, ya que corresponde al Ejecutivo de Lambán, pero sí le ha indicado claramente cuáles son los criterios que debe tener en cuenta y que avalan la tesis de hacer públicos los datos.

Por una parte, recuerda “la amplitud del derecho de acceso a la información pública reconocido en la legislación de transparencia y el carácter estricto cuando no restrictivo con el que deben ser interpretados sus límites”. Por otra, destaca la doctrina emanada del Comisionado de Transparencia de Castilla y León sobre la cuestión, “que comparte este Consejo de Transparencia de Aragón”. Ante la misma solicitud de datos por parte de infoLibre, el órgano de Castilla y León concluyó que “concurre un interés público en la divulgación de la información desagregada que se ha denegado”.

El Gobierno de Castilla y León desoyó dicha argumentación y se negó a facilitar los datos, por lo que infoLibre acudió a los tribunales. El proceso está pendiente de que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) dicte sentencia.

El tema también está judicializado en Galicia y Asturias. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia dictó sentencia el pasado 23 de mayo, ordenando que se publique la información desglosada, lo que supone rechazar el intento de la multinacional de residencias DomusVi de mantener ocultos los datos. La sentencia aún no es firme, puesto que no ha concluido el plazo para acudir al Supremo.

En cambio, el TSJ de Asturias ha fallado en contra del acceso a la información pública. El Gobierno asturiano, que preside Adrián Barbón, hizo públicos los datos de fallecidos por residencias desde el 9 de abril de 2020 en adelante, pero se negó a ofrecer esa misma información del periodo del 1 de marzo al 8 de abril. infoLibre ha presentado un recurso de casación ante el Supremo, que deberá decidir si lo admite o no a trámite.

En el caso de que el Gobierno de Lambán no facilite los datos, cuando finalmente dicte su resolución, infoLibre acudirá a los tribunales como ha hecho en el resto de comunidades autónomas donde siguen sin ser públicos.

La decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de abrir la puerta a los indultos para los doce condenados por el procés, ha comenzado a generar malestar dentro del PSOE, empezando por los presidentes de Castilla-La Mancha y Extremadura, Emiliano García-Page y Guillermo Fernández Vara, respectivamente, que se han mostrado ya muy críticos ante esta posibilidad, según informa Europa Press. Las advertencias de Page y Vara llegan después de que el Tribunal Supremo se haya posicionado también en contra de esos posibles indultos, y se suman además al rechazo planteado ya con anterioridad por otros barones, como el presidente de Aragón, Javier Lambán, y al cuestionamiento que este miércoles realizó el expresidente del Gobierno Felipe González.

Todos ellos han puesto el foco, principalmente, en el hecho de que los políticos independentistas presos no hayan mostrado arrependimiento, y han advertido de que nada garantiza que no vuelvan a incumplir las leyes que ya quebrantaron cuando organizaron la consulta ilegal del 1 de octubre de 2017. Este debate supone un tema realmente incómodo para los socialistas, sobre todo en las federaciones más reacias a las alianzas con los independentistas, como las mencionadas Castilla-La Mancha, Extremadura y Aragón, o también Andalucía, que ya visibilizaron su malestar cuando Sánchez pactó con ERC y Bildu los Presupuestos Generales del Estado en otoño.

La nueva polémica llega precisamente cuando el partido está inmerso en un proceso de primarias para las elecciones en Andalucía, en el que Ferraz espera que el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, se imponga a la líder de los socialistas andaluces, Susana Díaz. De momento, la que es una de las principales voces críticas del partido no se ha pronunciado sobre este asunto. Por su parte, Espadas ha manifestado su confianza en Sánchez y se ha mostrado convencido de que adoptará su decisión después de ponderar todos los "elemento políticos y jurídicos".

En todo caso, el Gobierno no tiene previsto tomar esta decisión de forma inminente. Fuentes gubernamentales explican a Europa Press que los indultos no llegarán a la mesa del Consejo de Ministros antes de que se celebren el 13 de junio las primarias andaluzas, porque no daría tiempo. Así, argumentan que el Ministerio de Justicia tiene que tramitar los informes recibidos y elaborar su propio informe antes de elevar una propuesta.

Page: "Sería una enorme desgracia"

Por el momento, el barón más contundente en sus advertencias ha sido García-Page, quien le ha recordado a Sánchez que la sentencia del caso Gürtel que llevó al PSOE a presentar la moción de censura que le dio el Gobierno es igual de legítima que el pronunciamiento condenatorio del Tribunal Supremo contra los encausados independentistas. Además ha afirmado que "más que una medida de gracia", los indultos le parecerían "una enorme desgracia". "Hay muchos argumentos jurídicos y políticos para pensar que la hipótesis de un indulto sea uno de los graves errores de la democracia en el caso de que se produzca", ha abundado el líder del PSOE en Castilla-La Mancha.

El dirigente socialista ha llegado a avisar incluso de que "los indultos no deben tener perfil político, y menos aún que resulten parecer una transacción". Además, ha llamado a proteger las decisiones judiciales y ha alertado de que esos indultos no sólo podrían resultar "estériles" sino que podrían suponer "una condena" para el Tribunal que tomó en su día la decisión de condenarles. "Me duele como jurista que se esté hablando permanentemente de una figura como el indulto desde un perfil político", ha dicho, ya que este mecanismo "no deben tener ni perseguir origen político", ha argumentado.

El razonamiento del Tribunal Supremo está "muy puesto en razón" para García-Page, quien lo ha valorado incluso como "moderado".

Lo "más grave" para García-Page es ahora que "la gente que pervirtió deliberadamente el orden constitucional" y vulneró el derecho de los españoles y catalanes "insisten en reincidir". "¿Se imagina alguien en qué posición quedaría el que toma la decisión de indultar sin garantizarse primero la renuncia expresa a volver a las andadas?", se ha preguntado García-Page. En este momento, "una decisión de indulto no ayudaría en el fondo a enfocar el problema de Cataluña", incluso podría ser "estéril", porque podría incurrirse en "la muestra de cómo pueden volver a las andadas sin consecuencias".

Por su parte, Fernández Vara aseguró este miércoles que "resulta evidente que no debe ser indultado quien no quiere serlo porque no respeta ni cree en las leyes que lo hacen posible". "E igualmente es evidente que los problemas que tiene nuestro país de construcción de un modelo de convivencia no se resolverán mientras nadie quiera", apostilló en un mensaje en Twitter.

Asimismo, el expresidente Felipe González afirmó en una entrevista en El Hormiguero de Antena 3, recogida por Europa Press, que en estas condiciones él no concedería los indultos, y avisó de que la Constitución "no admite que nadie unilateralmente rompa las reglas del juego".

A su vez, Lambán afirmó la semana pasada que uno de los requisitos para ser indultado es mostrar arrepentimiento, algo que, a su juicio, no exhiben los condenados por el procés independentista en Cataluña. "Hasta donde yo sé, estos señores no sólo no se han arrepentido sino que han dicho que en cuanto puedan lo volverán a repetir", apostilló.

Sin embargo, los ministros y los principales dirigentes del PSOE ya han asumido este enfoque que planteó Sánchez el martes, al asegurar se guiará por la "concordia" y el "diálogo" cuando decida sobre los indultos, y no por la "venganza" o la "revancha". Dos días después, en el PSOE se afanan por argumentar la necesidad de trabajar a favor de la "convivencia" y "mirar al futuro", como defendió el presidente.

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán (PSOE) ha anunciado que padece cáncer de colon. El líder del Ejecutivo regional estuvo ingresado en el Hospital Miguel Servet de Zaragoza desde el 10 de febrero hasta el pasado domingo 14 para someterse a diversas pruebas médicas.

"Los médicos empezarán a administrarme el tratamiento correspondiente a partir de la semana que viene",  ha explicado Lambán. No les oculto que una noticia de este calibre supone un profundo quebrantamiento personal", ha admitido, aunque ha tratado "de afrontarlo desde la máxima serenidad". "Me tranquiliza el buen hacer de los profesionales de nuestra sanidad pública", ha añadido.

Lambán ha asegurado que seguirá ejerciendo sus funciones como presidente del Gobierno autonómico, aunque se produzca alguna "alteración" de su agenda pública.  El Ejecutivo regional "va a seguir a pleno rendimiento combatiendo la pandemia", ha asegurado.

El Gobierno de Aragón ha anunciado este sábado la prórroga de las restricciones de movilidad hasta el 12 de enero, con el objetivo de controlar la propagación de contagios del covid-19. Se mantiene así el confinamiento perimetral provincial, que se iban a levantar el próximo 21 de diciembre, y también el autonómico, así como el toque de queda nocturno de 23.00 a 6.00 horas.

Respecto a las fechas navideñas, los aragoneses podrán viajar para reunirse únicamente con familiares no con allegados, del 23 de diciembre al 26 y del 30 de diciembre al 2 de enero. En estos días, la limitación horaria será de 1.30 a 6.00 horas.

Es decir, solo estarán permitidos los desplazamientos dentro y fuera de la comunidad a territorios de residencia habitual de familiares desde las 00.00 horas del 23 de diciembre hasta las 24.00 horas del 26 de diciembre de 2020, y desde las 00:00 horas del 30 de diciembre y hasta las 24.00 horas del 2 de enero de 2021.

Las personas que se desplacen fuera de su ámbito perimetrado al amparo de alguno de los motivos establecidos en el artículo anterior deberán realizar obligatoriamente y llevar consigo, en tanto se mantenga el desplazamiento, una declaración responsable conforme a los modelos que establecidos. El resto de los días estará vigente el confinamiento perimetral y autonómico.

Estas nuevas medidas, que se recogerán en un decreto que se publicará este mismo sábado, han sido dadas a conocer este mediodía por el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, en el transcurso de una comparecencia junto a la consejera de Sanidad, Sira Repollés, y el director general de Salud Pública, Francisco Javier Falo.

Lambán ha manifestado que este cambio es debido a la evolución de los datos, a la situación en las comunidades autónomas vecinas y también de Francia porque "podemos controlar el acceso de nuestros vecinos navarros, catalanes, navarros, pero la frontera con Francia está abierta, lo cual es un factor dificultad". El Gobierno de Aragón ha comunicado que, "en relación con las medidas que comunicamos el pasado sábado sobre apertura de bares, de foros de cultura,  apertura de gimnasios, sobre alargar el horario de cierre que era el anterior a las diez de la noche, mantener intacta la medida, no sufre modificación".

Ha añadido que respecto al anuncio del pasado sábado de que a partir del 21 de diciembre se levantaría el confinamiento provincial y se podría transitar libremente por todo el territorio, "a la vista de la evolución de los datos y de la previsión de cara a los próximos días, el Gobierno de Aragón ha decidido mantener los confinamientos provinciales, de manera que el tránsito entre una provincia y otra se atendrá a las mismas condiciones del tránsito entre una comunidad autónoma y otra".

Lambán ha añadido que el 28 de diciembre se volverán a analizar los datos de la evolución de los contagios porque "la situación es muy volátil". Igualmente ha pedido comprensión a los ciudadanos por la adopción de nuevas medidas, que no tienen otra intención que preservar la salud de los aragoneses y de salvar vidas".

El presidente ha apostillado que la vacuna contra el coronavirus, que empezará a administrarse el 27 de diciembre "abre una puerta a una esperanza magnífica".

El Gobierno de Aragón permitirá la movilidad entre las tres provincias aragonesas a partir del 21 de diciembre y ampliará el horario y los aforos de la hostelería, la restauración y otros sectores desde el martes de la semana próxima, 15 de diciembre, según recoge Europa Press.

Lo han anunciado este sábado, en rueda de prensa, el presidente, Javier Lambán, y la consejera de Sanidad, Sira Repollés, quienes han recalcado que la movilidad con otras comunidades autónomas solo está autorizada del 23 al 26 de diciembre y del 30 de diciembre al 2 de enero. Salvo en estas fechas, no es posible entrar ni salir de la Comunidad Autónoma.

Las actividades no esenciales podrán cerrar, a partir del día 15, a las 22.00 horas y los bares y restaurantes podrán abrir el interior de sus establecimientos con un 30% de aforo y tener las terrazas al 100%.

Además, los gimnasios y centros deportivos podrán abrir con un 30% de aforo utilizando todos la mascarilla y las actividades culturales tendrán un aforo del 50%, cerrando también a las 22.00 horas. El toque de queda continúa de 23.00 a 6.00 horas.

Las competencias de gestión de la crisis sanitaria están en manos de las comunidades y el Gobierno no tiene ninguna intención de modificar esa situación. Los ejecutivos autonómicos, que son los que actúan obre el terreno, son quienes tienen la responsabilidad de plantear la necesidad de cambiar de escenario si eventualmente la transmisión comunitaria, que ya existe al menos en Cataluña, se descontrola, según las fuentes del ministerio consultadas por infoLibre. Sobre todo si los contagios vuelven a crecer de forma exponencial, como sucedía en marzo, y amenazan el sistema de cuidados hospitalarios. En ese caso, como ya ocurrió en marzo, la única forma de parar el virus será el confinamiento domiciliario.

Sanidad se ha propuesto exprimir al máximo los mecanismos de coordinación entre comunidades a través de Consejo Interterritorial de Salud y respetar las competencias de cada administración. Por esa razón el ministerio que dirige Salvador Illa ha decidido esperar a que las comunidades, si en algún momento lo consideran necesario como consecuencia de la evolución de la epidemia en sus respectivos territorios, le soliciten el confinamiento domiciliario en un territorio determinado, lo que en estos momentos interpela a los presidentes Quim Torra (Cataluña) y Javier Lambán (Aragón). Será en ese momento —que todavía no está encima de la mesa, subrayan las fuentes consultadas— cuando el Gobierno decrete un nuevo estado de alarma que ordene a la población de un área determinada permanecer en sus viviendas —como sucedió el 14 de marzo—.

La legislación ordinaria, subrayan en Sanidad, es la que se está aplicando en la actualidad y la que da soporte a las medidas de control que se están aplicando, bajo supervisión judicial, en Cataluña, Aragón, Galicia o el País Vasco. Pero no sirve para obligar a la población a confinarse en sus casas, insisten. Para eso es necesario un nuevo estado de alarma que deba ser refrendado por el Congreso de los Diputados.

El Gobierno siempre ha sostenido que, de ser necesario, volvería a declarar el estado de alarma. Y sigue estando dispuesto a hacerlo, si bien confía en poder aprobar el decreto a petición de la comunidad o las comunidades afectadas y con el respaldo del conjunto del Consejo Interterritorial de Salud.

Tal es el interés de Sanidad en mantener el reparto competencial y la responsabilidad de cada administración que, en el caso de que la alarma se circunscriba al territorio de una única comunidad, no descarta que el decreto correspondiente nombre máxima autoridad al presidente del gobierno autonómico afectado.

El Plan de Respuesta Temprana aprobado el jueves en el Consejo Interterritorial de Salud deja clara la posibilidad de decretar “acciones simultáneas de confinamiento en todo el territorio estatal o en territorios específicos”, así como “actuaciones relacionadas con el control de la movilidad y el transporte”.

El mismo documento afirma la posibilidad de decretar un “ámbito competencial extraordinario en el marco de un estado de alarma cuando, atendiendo a la dimensión de la epidemia, las medidas previstas en la legislación ordinaria resultan insuficientes“.

El punto de inflexión

Llegar a ese punto en el que la declaración de un nuevo estado de alarma esté encima de la mesa depende de que exista una “transmisión comunitaria sostenida con presión creciente sobre el sistema sanitario”. Y aunque ahora hay lugares en los que hay transmisión comunitaria, los datos de Sanidad todavía no indican una situación fuera de control —un incremento “exponencial”— y mucho menos una situación preocupante en los hospitales, en gran parte porque la gran mayoría de los contagios detectados en las últimas semanas son asintomáticos o leves. La situación, sin embargo, puede cambiar. Por eso la evaluación se repite diariamente.

Los últimos datos hechos públicos este lunes han revelado la detección de 4.581 contagios desde el viernes y de nueve muertes con covid-19 en los últimos siete días.

“Estamos teniendo una tendencia ascendente en las tres últimas semanas y, de hecho, se han triplicado, pero hasta el 70% son asintomáticos” y el 65% son en Cataluña y Aragón”, Segundas la doctora María José Sierra, número dos del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES).

En el ámbito hospitalario las cifras están todavía lejos de ser preocupantes, según Sierra. Hasta 15 personas han ingresado en UCI por coronavirus y 237 han requerido un ingreso en la última semana.

El propio ministro de Sanidad, Salvador Illa, reiteró este fin de semana en una entrevista concedida a Catalunya Ràdio que “cualquier restricción de un derecho fundamental” como la movilidad tiene que se refrendado por el poder judicial si es muy concreto y por el legislativo si es generalizado. “Si es generalizado, el instrumento ha de ser el estado de alarma, que de momento no contemplamos”, explicó.

Illa aprovechó la rueda de prensa diaria en la que las autoridades epidemiológicas españolas dan cuenta de la evolución de la pandemia en España para comparecer por sorpresa ante los informadores, manifestar su respaldo a las medidas que están tomando las Comunidades Autónomas en estos días en los que cunde la preocupación por los rebrotes y, sobre todo, para hacer un nuevo llamamiento a la responsabilidad y a la prudencia de los ciudadano para que cumplan las normas estrictamente. Mascarilla, distancia de seguridad, lavado de manos frecuente y medidas de higiene, porque “donde se relajan” estas medida es donde “aparecen estos brotes, advirtió.