Los hermanos José María y Juan Crisóstomo Entrecanales de Azcárate crearon en diciembre de 1984 una sociedad en Panamá denominada Esfinco Incorporated que aún sigue activa. Con un capital inicial de 20 millones de dólares (18,6 millones de euros), los fundadores de Acciona compartían la empresa con Gabino Guedán Gallar, ingeniero de la antigua Entrecanales y Távora –que al fusionarse con Cubiertas y Mzov dio lugar a Acciona en 1997– como director; Ildefonso Naranjo Moares, que fue apoderado hasta 2014 de la filial de Acciona Finanzas Nec, como secretario; y Guillermo Wakonigg, vicepresidente del consejo de administración de la firma textil Gastón y Daniela.

No es la única sociedad que la multinacional española mantiene en paraísos fiscales. Según aparece en sus cuentas anuales de 2016, Acciona cuenta con 28 empresas situadas en territorios de baja o nula presión fiscal que no comparten información tributaria con el resto de los países. La mayoría se encuentra en Delaware, en Estados Unidos, un total de 21. Todas ellas se encuentran domiciliadas en la misma dirección de dos pequeñas localidades, Wilmington y Dover. Ambas, conocidas por proporcionar cobijo a empresas de todo el mundo en apenas un par de edificios de oficinas.

Pero la compañía de la familia Entrecanales también posee otra sociedad en Panamá, Acciona Infraestructuras-Elecnor Hospital David; una financiera en Suiza, Coefisa; una firma en Gibraltar, Entrecanales y Távora Gibraltar Limited; otra en Hong Kong, Necso Hong Kong Limited; una compañía en Malta, Maritime Global Operator; una en Andorra, Locubsa; y otra en Trinidad y Tobago, Acciona Waste Water Treatment Plant Limited.

Control a través de dos sociedades holandesas

Además, la familia controla el 53,9% de Acciona a través de dos sociedades radicadas en Holanda, un país de la Unión Europea con importantes, y polémicas, ventajas fiscales. Se trata de Tussen de Grachten BV, en poder de los Entrecanales Franco, y de Wit Europese Investering BV, de los Entrecanales Domecq. En Holanda ha creado también Tripower Wind BV, Termua Holdings BV y Acciona Facility Services Holland BV.

Preguntada al respecto por infoLibre, un portavoz de la empresa asegura que no posee ninguna sociedad en países que el Ministerio de Economía considere paraísos fiscales, excepto la que tiene en Gibraltar. “Y ésta, porque tenemos allí una obra”, apunta un portavoz. Pero rechaza explicar cuál es el objeto de la sociedad que los hermanos Entrecanales crearon hace 32 años. Se remite a la información que la empresa publica en sus cuentas anuales, donde no figura Esfinco Incorporated.

El informe que el Observatorio de Responsabilidad Corporativa publicó en 2014 sobre las empresas del Íbex 35 citaba a Acciona como propietaria de un total de 31 sociedades radicadas en paraísos fiscales. La actividad de la mayoría de ellas, destacaba el documento, no guarda relación con la operativa propia de su negocio, por lo que suscita la duda de si su objeto es “alguna estrategia de elusión o planificación fiscal”. De hecho, el documento llama la atención sobre el hecho de que la mayor parte de las sociedades creadas en Delaware tienen gemelas con el mismo nombre en otros estados gemelasdonde se desarrollan sus proyectos, normalmente de energía eólica.

Negocios bajo sospecha en Panamá

En Panamá, donde además de la sociedad de los hermanos Entrecanales Acciona posee otra denominada Acciona-Elecnor Infraestructuras Hospital David, la multinacional está construyendo un centro sanitario que ha aparecido en la trama de comisiones ilegales montada presuntamente por los exdiputados del PP Pedro Gómez de la Serna y Gustavo de Arístegui. De acuerdo con los datos que obran en la investigación judicial, ambos cobraron más de cinco millones de euros por gestiones a favor de empresas españolas en diversos países. Una de las compañías citadas en el sumario es precisamente la filial de Acciona en Panamá.

Según obra en el sumario que se instruye en la Audiencia Nacional, el expresidente panameño Ricardo Martinelli fue sobornado para que Elecnor resultara ser la adjudicataria de la construcción del Hospital Doctor Rafael Hernández en la ciudad de David, presupuestada en 145 millones de euros. Según el periódico local La Estrella de Panamá, Elecnor consiguió gracias a los sobornos otras tres adjudicaciones más que no detalla.

En 2015, además, el Gobierno panameño rescindió un contrato de 151 millones de euros a un consorcio liderado por Acciona para construir el Instituto Oncológico Nacional. El motivo fueron las “anomalías encontradas desde el proceso de evaluación hasta la adjudicación”. El contrato también fue firmado durante la presidencia de Ricardo Martinelli.

Sobre Esfinco Incorporated, la sociedad creada en 1984 por los fundadores, el Registro de Panamá la declara “vigente”. El caso es que José María Entrecanales de Azcárate falleció en 2008 y Guillermo Wakonigg, en 2005, en un accidente de tráfico. Wakonigg, heredero de la firma Gastón y Daniela, no se dedicaba a gestionar la empresa familiar, sino que había montado una asesoría financiera para grandes compañías, denominada Socios Financieros.

El Ministerio del Interior ha readmitido "por imperativo legal" al exdiputado del PP Pedro Gómez de la Serna, investigado por la Audiencia Nacional por un presunto delito vinculado al asesoramiento de empresas, han asegurado a Europa Press fuentes de este Departamento.

Dichas fuentes han precisado que Interior "se ha visto obligado a cumplir la ley" tras consultar a la Secretaría de Estado de Función Pública acerca de la petición de Gómez de la Serna, abogado de profesión, de recuperar su última plaza como funcionario en este Departamento.

El puesto que ocupa en la actualidad no tiene relación directa con el día a día en la toma de decisiones de Interior, precisan las citadas fuentes, que limitan su trabajo a cuestiones "técnico-jurídicas de carácter burocrático" dentro del área adscrita a la Subdirección de Recursos de la Secretaría General Técnica.

Según diversas fuentes de Interior, "nadie reclamó los servicios de Gómez de la Serna en otro departamento de la Administración y, si nadie le reclama, la ley dice que tiene que volver al último Ministerio en donde prestó servicio como funcionario".

El nuevo despacho del exdiputado está en la tercera planta de la sede que Interior tiene en la calle de Amador de los Ríos, en Madrid, según ha publicado este miércoles eldiario.es. De la Serna ha vuelto, de esta forma, a los mismos despachos en los que coincidió con Gustavo de Arístegui en la etapa del exministro Jaime Mayor OrejaGustavo de Arístegui.

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata investiga a De la Serna y el exembajador de España en la India y exparlamentario del PP Gustavo de Arístegui por el supuesto cobro de comisiones ilegales a cambio de trabajos de intermediación para que empresas españolas consiguieran contratos en el exterior de hasta 250 millones de euros.

El titular del Juzgado Central de Instrucción numero 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, ha acordado prorrogar durante un mes el secreto de las actuaciones relacionadas con la trama internacional de los exdiputados del PP Pedro Gómez de la Serna y Gustavo de Arístegui.

La trama de cobro de comisiones presuntamente ilegales a empresas españolas que querían asentarse en el extranjero liderada por los exdiputados del PP Pedro Gómez de la Serna y Gustavo de Arístegui se extendió a más de una veintena de países de todo el mundo.

Ambos cargos del PP, y muy especialmente Arístegui tras abandonar el Congreso y convertirse en embajador de España en India, percibieron, según un informe de los agentes de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (Onif) adscritos a la Fiscalía Anticorrupción, más de cinco millones de euros de estas firmas, que querían obtener contratos en países extranjeros, como por ejemplo fue el caso de Elecnor en Argelia.

Emiratos Árabes Unidos

Según la Policía, Elecnor y una de sus filiales abonaron alrededor de 1,6 millones de euros a funcionarios argelinos en cuentas bancarias de Emiratos Árabes Unidos. Y son precisamente estas transferencias bancarias las que está investigando en secreto el magistrado De la Mata en la Audiencia Nacional.

La decisión la adopta el magistrado tras tener conocimiento de que la Agencia Tributaria ha acordado sancionar a Gómez de la Serna y a su empresa Scardovi, según consta en una resolución judicial dictada el pasado 11 de octubre.

La Delegación Especial de Madrid de la Agencia Tributaria remitió el 23 de septiembre al juez un oficio en el que le informaba de las actuaciones iniciadas respecto de Pedro Gómez de la Serna y de la sociedad Scardovi.

Entre la documentación aportada por la Agencia Tributaria al magistrado se incluye "una copia de los acuerdos de liquidación e imposición de sanción".

Martínez-Pujalte

Asimismo, entre las empresas que percibían importantes cantidades de dinero de las empresas de la trama, que el juez De la Mata llega a calificar como "organización criminal", está la firma Sirga XXI Consultores del también exdiputado del PP Vicente Martínez-Pujalte.

Precisamente, la titular del Juzgado de Instrucción número 49 de Madrid, Josefa Bustos Manjón, ha citado este miércoles a declarar como investigado a Martínez-Pujalte en relación a los delitos de falsedad y cohecho presuntamente cometidos mientras era parlamentario con su empresa Sirga XXI Consultores, tal y como adelantó infoLibre.

La Agencia Tributaria ha acordado sancionar al exdiputado del PP Pedro Gómez de la SernaPP y a su empresa Scardovi, según consta en una resolución judicial dictada el pasado 11 de octubre por el magistrado de la Audiencia Nacional José de la Mata, que investiga una presunta organización criminal liderada por el mencionado parlamentario y el exembajador en India y exdiputado Gustavo de Arístegui. 

La Delegación Especial de Madrid de la Agencia Tributaria remitió el 23 de septiembre al juez De la Mata un documento en el que le informaba "de las actuaciones inspectoras de comprobación e investigación iniciadas respecto de Pedro Gómez de la Serna y de la sociedad Scardovi", especifica la resolución judicial, que indica que entre la documentación aportada por la Agencia Tributaria hay una "copia de los acuerdos de liquidación e imposición de sanción dictados con relación a los mismos".

Precisamente las empresas Scardovi SL y Karistia, esta última propiedad de Gustavo de Arístegui, ingresaron entre 2009 y 2014 más de 5 millones de euros de sociedades españolas que buscaban contratos en el exterior, según otro informe de la Agencia Tributaria incluido en el sumario.

Reparto al 50%

Pero los documentos que obran en el sumario explican que las cantidades de dinero que recibían las dos sociedades se repartían a partes iguales. De hecho, el documento de Hacienda especifica que es Scardovi la que ingresa la mayor parte del dinero de Elecnor, aunque al final las sumas totales acaba repartiéndose al 50% entre los líderes de la trama.

Además, el exembajador en India utilizó en 2012 y 2013 dos empresas de familiares para cobrar las comisiones presuntamente ilegales y eludir el pago de la deuda de 163.000 euros que desde 2012 acumulaba con Hacienda, según consta en la declaración del denunciante del caso José Faya.

El mencionado auto de De la Mata de 11 de octubre también informa de la recepción de otro documento, elaborado por la Brigada Central de Blanqueo de Capitales de la Policía Judicial, en el que se da cuenta del resultado del análisis del "movimiento de divisas" con respecto a las sociedades Internacional de Desarrollo Energético y Electrificaciones del Norte (Elecnor).

En este sentido, en informes previos, Hacienda ya había constatado que las sociedades que más dinero habían abonado a la trama han sido Elecnor y su filial Internacional de Desarrollo Energético SA, con 1.931.107 euros.

Vicente Martínez Pujalte

Por otra parte, el magistrado De la Mata también dictó el pasado 17 de octubre una providencia en la que informa de que el pasado 11 de octubre recibió un oficio del Juzgado de Instrucción de Madrid, en el que investiga a la empresa Sirga XXI Consultores, propiedad del también exdiputado del PP Vicente Martínez-Pujalte en el que se adjunta la copia de dos tomos del sumario "en el que obran las facturas y los trabajos que supuestamente avalan los servicios prestados por Karistia SL y por Scardovi a Sirga XXI Consultores".

La investigación a la empresa de Martínez-Pujalte se inició tras presentar la Fiscalía de Valladolid una denuncia contra el exdiputado del PP por la Región de Murcia como presunto autor de los delitos de falsedad y cohecho presuntamente cometidos mientras era parlamentario, al simular pagos de diferentes empresas, entre ellos la vallisoletana Collosa, por trabajos inexistentes mientras ocupaba el escaño.

La denuncia también se dirigió contra la exsenadora vallisoletana Ana Torme, Alejandro Llorente Muñoz, Alejandro Ballestero de Diego (exdiputado del PP), Juan Antonio Mora Barrero y María del Mar Benito Vega, todos ellos relacionados con empresas que presuntamente pagaron a Martínez-Pujalte a través de la empresa Sirga XXI Consultores.

Entre los proveedores de Scardovi se encuentra la sociedad de Martínez-Pujalte. En concreto, la empresa de De la Serna le abonó en 2011 un total de 46.020 euros, mientras que la sociedad manejada por Arístegui le pagó 26.500 euros.

Pedro Gómez de la Serna, el exdiputado a quien la Audiencia Nacional investiga ahora por el presunto pago de sobornos en el extranjero y el cobro de comisiones ilegales, percibió del PP cantidades fijas anuales durante cinco años hasta que el partido le garantizó un escaño en 2011 al situarlo como número dos de la lista al Congreso por Segovia. Así lo constatan documentos oficiales a los que ha tenido acceso infoLibre.

En el momento en que De la Serna fue aupado al segundo puesto en la candidatura segoviana, diversos medios destacaron su pertenencia al equipo de asesores de Mariano Rajoy, en cuya etapa como ministro del Interior había presidido la empresa pública encargada de construir las cárceles, Siepsa.

Los pagos a De la Serna figuran en documentos de Hacienda -el llamado Modelo 190, sobre retenciones e ingresos a cuenta- incorporados a la pieza del caso Gürtel conocida como los papeles de Bárcenas. El Modelo 190 refleja lo que una empresa abona anualmente a cada uno de los miembros de su plantilla o a los externos que le prestan servicios profesionales. Gómez de la Serna se encuadraba en esa segunda categoría.

¿Percibió De la Serna 11.881 euros del PP por año entre 2007 y 2011 a cambio de dar asesoramiento al hoy presidente del Gobierno? El PP, que recalca el marchamo de jurista reputado que desde hace lustros acompaña a Gómez de la Serna y repite que jamás hubo nada que le hiciera sospechar la existencia de manejos oscuros, se limita a asegurar esto: que no posee más información sobre esos pagos que la ya facilitada a este diario días atrás. 

Pero esa información sostenía que el comisionista y socio del exembajador y también exdiputado del PP Gustavo de Arístegui solo había cobrado durante 2010 y 2011. Y que lo había hecho solo del PP andaluz, entonces presidido por Javier Arenas, a quien De la Serna habría aportado "asesoramiento jurídico y parlamentario".

En Segovia, donde los medios locales ofrecieron amplia cobertura a la noticia en el otoño de 2011, el desembarco de Gómez de la Serna en un puesto que parecía reservado al entonces vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, resultó inesperada. "Aunque el nombre de Cobo sonaba con fuerza para dar el salto a la política nacional -publicó El Norte de Castilla el 15 de octubre de 2011-, Mariano Rajoy optó por designar a un hombre de su más absoluta confianza desde los años en que el actual candidato a la Presidencia del Gobierno fue ministro del Interior".

De los contactos con Bárcenas a la carta a Moragas

Dos años más tarde, cuando estalló el caso Bárcenas, el diario El Mundo publicó que De la Serna era, tras el ministro José María Michavila, el segundo "correo del zar" encargado de hablar con el extesorero.

Esa fue probablemente la primera vez en que los nombres de Gómez de la Serna y Bárcenas aparecieron vinculados. Pero no la última: en su declaración ante el juez que investiga a Arístegui y De la Serna, el denunciante del caso, José Faya, aseguró el día 2 que Bárcenas era cliente del despacho desde el que los dos políticos operaban a través de la marca comercial conjunta Voltar Lassen.

Ese mismo día, Faya confirmó ante el juez lo que infoLibre ya había desvelado con anterioridad: que, meses antes de interponer denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, él mismo entregó en junio de 2015 una carta en Moncloa para el jefe de gabinete de Rajoy, Jorge Moragas. Y que en esa carta le ponía al corriente sobre los negocios de Arístegui y De la Serna, para los que Faya trabajaba como agente en España. Moncloa no ha accedido en ningún momento a confirmar ni desmentir si el jefe de gabinete del presidente llegó a leer esa misiva. Al final, Faya presentó denuncia ante la Fiscalía en noviembre de 2015.

Mientras, el PP incluyó de nuevo a De la Serna en las listas para las elecciones del 20 de diciembre. De la Serna llegó a tomar posesión de su escaño. Lo hizo el mismo día, el 13 de enero, en que se dio de baja en el partido, que optó por abrirle expediente una vez que la Audiencia Nacional corroboró la apertura de investigación sobre Arístegui y De la Serna.

El Partido Popular de Andalucía abonó durante al menos dos años una iguala mensual de alrededor de 1.000 euros al exdiputado Pedro Gómez de la Serna, según consta en un escrito que la formación conservadora ha remitido a la Agencia Tributaria.

Fuentes oficiales del PP han admitido, a preguntas de infoLibre, que los pagos se produjeron en 2010 y 2011, cuando De la Serna aún no era diputado. En esa etapa, el partido estaba presidido en Andalucía por Javier Arenas. Otras fuentes jurídicas conocedoras del caso indican en cambio que el PP le pagaba a De la Serna para que le escribiese discursos a Arenas. 

Los portavoces oficiales del PP se limitaron a confirmar a este periódico que pagaba el partido y admitieron que la existencia de un solo CIF dificulta precisar qué organización territorial contaba con sus servicios. Pero fuentes del partido en Andalucía corroboraron que es la organización regional la que "contrata a De la Serna, la que gestiona ese contrato y le exige lo que tiene y no tiene que hacer". "Nadie del PP nacional –apostillan esas fuentes– recibió ningún servicio".

infoLibre intentó este jueves, sin éxito, contactar con Javier Arenas para conocer su versión. No hubo respuesta. Es por tanto una incógnita el motivo que llevó al PP andaluz a recurrir al empresario y político segoviano como asesor jurídico y parlamentario o como redactor de discursos. El grupo del PP andaluz, como todos los representados en la Cámara regional, dispone de asesores pagados con fondos públicos.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, investiga la presunta trama de corrupción liderada por los exdiputados del PP Pedro Gómez de la Serna y Gustavo de Arístegui, que tras abandonar el Congreso fue nombrado embajador en India. Entre estos ingresos se encontrarían los pagos procedentes del PP.

Reunión en Sevilla tras una larga amistad

En enero de este año, fue Arenas el encargado de pedir a De la Serna que dejase el escaño tras acabar imputado por graves delitos de corrupción junto con el entonces embajador de España en la India, Gustavo de Arístegui. De la Serna, con el que mantiene una larga amistad, había sido jefe de gabinete de Arenas durante su etapa como vicepresidente segundo en el Gobierno de Aznar.

Pero ahora mismo la carrera político-empresarial de De la Serna se ha visto truncada. Tanto él mismo como Arístegui, que se han negado a declarar en la Audiencia Nacional, permanecen imputados como presuntos autores de los delitos de organización criminal, cohecho, delitos de corrupción en las transacciones económicas internacionales y blanqueo de capitales. Tras la denuncia de José Faya, uno de los agentes que trabajaban para Arístegui y De la Serna, la Fiscalía Anticorrupción interpuso querella contra los dos políticos del PP por cobrar comisiones a empresas españolas a cambio de su intermediación en el extranjero.

Según los informes de la Agencia Tributaria, las empresas de Arístegui y De la Serna percibieron más de cinco millones de euroscinco millones de euros de firmas españolas que pretendían hacer negocio en el exterior. La que más dinero abonó a la trama fue Elecnor, que junto a sus filiales pagó a los exdiputados casi dos millones de euros.

Jefe de gabinete por partida doble

Las relaciones de Gómez de la Serna con la vieja guardia del PP no se circunscriben a Javier Arenas. Antes de ser jefe de gabinete del histórico dirigente andaluz, De la Serna había ocupado ese mismo puesto con Jaime Mayor Oreja como ministro del Interior (2001-2002).

Precisamente, infoLibre desveló que la mujer de Gómez de la Serna, María Luisa Jiménez Sáenz, y la de Jaime Mayor Oreja, Isabel Bastida, tuvieron al menos hasta 2014 una empresa dedicada a la comercialización y exportación de alpargatas artesanas.

Constituida en enero de 2004 bajo la denominación España Artesanía y Olé SL (EAO), la empresa donde María Luisa Jiménez Sáenz e Isabel Bastida figuran como administradoras mancomunadas presentó sus últimas cuentas –las de 2014– en diciembre del año pasado. Justamente entonces estalló el escándalo que mantiene ahora bajo la lupa a Gómez de la Serna y a Arístegui.

En julio 2007, según el sumario del caso, Pedro Gómez de la Serna pasó a formar parte del despacho Durán, Gómez de la Serna, Salazar-Simpson Abogados SL. En los años 2010 y 2011, el exdiputado facturó 71.691 euros tras abandonar el bufete, ubicado en el Paseo de la Castellana de Madrid, según la información facilitada por Hacienda al juez De la Mata.

Reunión con Jaume Matas

Pero la iguala abonada por el PP de Arenas no es la única información reciente que salpica al político andaluz con casos de corrupción. Como publicó infoLibre este miércoles, el expresidente balear Jaume Matas, que busca a marchas forzadas un acuerdo para ver reducidas sus penas en el caso Palma Arena, le contó a la Fiscalía hace un año que en 2006 ordenó amañar la adjudicación del mayor hospital de Baleares, Son Espases, siguiendo instrucciones del entonces tesorero del partido, Álvaro Lapuerta. Y que recogió esas instrucciones después de que Javier Arenas le comunicase que Lapuerta quería verle.

Arenas, que el martes desoyó la petición que este diario le hizo a través de los portavoces oficiales del PP para que ofreciese su versión de los hechos, desmintió este jueves lo dicho por Matas. Según Arenas, en esa época él estaba dedicado al PP andaluz. El ahora senador ha negado "completamente que él intercediera o que facilitara ningún tipo de reunión".

Entrevista con Bárcenas

Además, según el sumario del caso Gürtel, Arenas también se habría reunido el 16 de enero de 2013 con el extesorero del PP Luis Bárcenas. El exsenador del PP por Cantabria aseguró al entonces instructor Pablo Ruz que llegó a realizar un viaje de ida y vuelta a Sevilla en el mismo día en AVE: "Comimos en el Restaurante Oriza, en esta conversación yo le trasladé a Javier Arenas que tenía dos cuentas en Suiza".

En su declaración como testigo, Arenas rechazó haberse reunido ese día con Bárcenas, al mismo tiempo que negó haber tenido conocimiento de la cuenta del extesorero en la Confederación Helvética. Precisamente, Arenas será uno de los testigos en el juicio del caso Gürtel a propuesta de Bárcenas.

De esta forma se entrelazan dos sumarios de especial relevancia: el caso Rato, en el que se investigan las actividades presuntamente ilegales del exdirigente del PP, y el caso Arístegui-De la Serna, en el que el juez de la Audiencia Nacional trata de averiguar las actividades de la "organización criminal" dirigida por ambos exdiputados de la formación conservadora.

El juez de Instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Arnal, ha citado a declarar en calidad de investigados este jueves al exvicepresidente del Gobierno y expresidente de Bankia Rodrigo Rato, a su excuñado Santiago Alarcó, y a su secretaria, Teresa Arellano, en el marco de las investigaciones por delitos fiscales, corrupción entre particulares y blanqueo de capitales entre otros. Rato llegó a contratar para Bankia los servicios de Alarcó por 480.000 euros anuales.

Registro de la vivienda

Pero en el sumario del caso De la Serna-Arístegui, la Unidad de Delitos Económicos (Udef) de la Policía Nacional descubrió al registrar la vivienda del denunciante, José Faya, que éste había firmado un acuerdo con la sociedad Inmovalencia SL, cuyo representante legal es Manuel Granell Picazo. Según la documentación suministrada por Bankia al juez Serrano-Arnal, Inmovalencia SL es una sociedad patrimonial incluida en el Grupo Aedifica. 

En el contrato incluido en el sumario del caso Arístegui-De la Serna, de 26 de abril de 2013, Manuel Granell Picazo, en nombre de la empresa Inmovalencia recurre a los servicios de José Faya "para el asesoramiento en la estrategia de expansión internacional de la empresa, apertura de mercados internacionales y búsqueda de oportunidades".

El acuerdo especifica también la comisión que cobraría Faya, que pese a colaborar con la justicia con una declaración de más de diez horas permanece imputado: "El agente cobrará por sus servicios una comisión sobre la facturación total de los proyectos, estableciéndola en un 3% del importe total de cada proyecto aceptado. Se establece un pago adicional a la comisión establecida mediante una comisión fija mensual de 7.000 euros", indica el contrato, según la transcripción policial.

Hábitats del Golf y los Salazar Simpson

Entre las sociedades que forman Aedifica se encuentra Hábitats del Golf, en la que según la investigación llevada a cabo por el juez de Madrid Antonio Serrano-Arnal era accionista Rodrigo Rato. Y precisamente con esta empresa, Hábitats del Golf, Aedifica pretendía construir el campo de fútbol de Mestalla, del Valencia CF. Bankia era la propietaria del otro 50% de la obra. 

"Se puede observar cómo la relación de Rato con el Grupo Aedifica no sólo se ceñía a lo participado en Hábitats del Golf, sino que dicho grupo está formado por otras sociedades en las que el expresidente de Bankia y su entorno familiar tenían participación: Barcelona Golf, Hábitat del Garraf, Invadal, Jardines de la Rivera del Tajo, Terrenys Veguda Alta y Terrenys del Penedés", especifica la Guardia Civil en un informe dirigido al magistrado de Madrid Serrano-Arnal.

En su declaración como imputado ante la Guardia Civil, al ser preguntado Rato sobre "su relación con una empresa llamada Aedifica", Rato sólo se acordó de que "era una empresa de un señor llamado Granell" y que era socio suyo en las empresas Hábitat del Golf y Hábitat del Garraf.

Al ser interpelado por los agentes de la UCO sobre si en su etapa de presidente de Bankia se otorgó algún crédito a Aedifica, Rato aseguró no acordarse de este hecho. Al final de todo el proceso, Bankia sufrió un agujero de 57 millones, que no ha asumido la empresa vinculada a Rato. infoLibre ha tratado en varias ocasiones de conocer sin éxito la versión de los hechos de los propietarios del Grupo Aedifica.

Pero el contrato de Faya y Aedifica no es la única vinculación entre Arístegui y Rato. Tal y como adelantó este diario, las declaraciones de actividades presentadas en el Congreso por Gustavo de Arístegui entre 2000 y 2011 desvelan las relaciones del exembajador de India con la familia de Rodrigo Rato, ya que éste se asoció siendo diputado con la familia de Rato en una firma dedicada a la publicidad, Simpson Services SL.

Oferta rusa por el Valencia CF

Por otra parte, la Udef transcribe en su informe sobre el registro de la vivienda de Faya la existencia de otro contrato, en este caso entre el denunciante y el empresario Mikhail Botsko. Este ciudadano ruso fue el autor de una de las ofertas para hacerse con la propiedad del Valencia CF, que finalmente acabó en manos del empresario de Singapur Peter Lim. Botsko llegó a denunciar la adjudicación a Lin, al considerar que su oferta por el club valenciano era más elevada que la realizada por el empresario asiático. 

Y el expresidente del Valencia que vendió el equipo a Peter Lim, Amadeo Salvo, llegó a relacionar la oferta de Botsko y Zolotaya con la mafia rusa. "Tienen relación con la organización criminal Tambov", declaró Salvo tras detallar una llamada de la Guardia Civil "para informar de quién era Botsko y Zolotaya". El empresario ruso denunció en los tribunales a Salvo.

José Faya, el denunciante de la presunta organización criminal liderada por los exdiputados del PP Gustavo de Arístegui y Pedro Gómez de la Serna, aseguró en su declaración como imputado ante el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata el pasado 2 de septiembre, que el senador del PP por Asturias Ovidio Sánchez presentó a la trama las empresas Glencore Xstrata, Central Lechera Asturiana (Clas) y a Liberbank (Cajastur), según explican fuentes del caso a infoLibre.

Entre la documentación aportada por la empresa Scardovi, de Pedro Gómez de la Serna, a la Policía se incluye un "acuerdo de confidencialidad", de fecha 1 de octubre de 2013 entre el propio De la Serna, Ovidio Sánchez Díaz, Ángel Fernández Esteban y José Faya López.

El contenido del acuerdo, adelantado por el diario El Mundo, muestra que el parlamentario asturiano iba a cobrar, de cristalizar un negocio de Central Lechera Asturiana en India, un 25% de la comisión resultante de introducir a la firma láctea en el mercado del gigante asiático.

Asimismo, el rotativo madrileño asegura que Sánchez formó parte de un proyecto de negocio en Angola gracias a la cúpula política de ese país. En esa época, entre 2012 y 2014, Sánchez era diputado y vocal de la comisión de Asuntos Exteriores del Congreso.

Pensacola Capital

Faya, que este martes por la tarde prosiguió con su declaración como imputado ante el juez De la Mata, también aseguró que el senador Ovidio Sánchez, que durante varios años encabezó el PP asturiano, estuvo relacionado con un contrato entre la empresa Scardovi, cuyo propietario era el exdiputado De la Serna, y la empresa Pensacola Capital, a nombre de la profesora universitaria Carmen Fernández Rozado, miembro de la Comisión Nacional de la Energía e inspectora de Hacienda en excedencia.

El acuerdo entre ambas empresas, al que ha tenido acceso infoLibre, se refiere a una obra en Perú por el que estaba interesada la constructora San José: "Como consecuencia, Scardovi manifiesta interés respecto del proyecto hidráulico en Perú, que Pensacola Capital ha puesto en nuestro conocimiento", especifica el texto, rubricado con la fecha de 7 de abril de 2014.

Ovidio Sánchez. 

Según adelantó el diario El Mundo, una sociedad a nombre de la mujer de Ovidio Sánchez, Ana María Paz Mier Rozado, en concreto Sanmier S.L, pagó el alquiler de un despacho en varias ocasiones a Scardovi, la firma de De la Serna. Dichos abonos se produjeron entre 2014 y 2015. El sumario del caso también explica que el exeurodiputado del PP asturiano Salvador Garriga Polledo también abonó alquileres a De la Serna.

Las empresas y el senador lo niegan

La primera de las empresas que citó Faya, Glencore Xstrata, es una multinacional del carbón y zinc. En Asturias es propietaria de la firma Asturiana de Zinc (Azsa). infoLibre se ha puesto en contacto con esta filial española, que ha rechazado haber mantenido ningún tipo de contacto con Ovidio Sánchez o los exdiputados del PP imputados.

En similares términos se expresó un portavoz de Corporación Alimentaria Peña Santa (Capsa), la propietaria de Central Lechera Asturiana (Clas), que este martes aseguró a este diario que ningún responsable de la firma tuvo tratos con la trama. "Capsa no ha tenido ninguna relación con Ovidio Sánchez ni firmado ningún acuerdo para llevar a cabo operaciones de ningún tipo en India. Este país nunca ha sido un mercado objetivo para la empresa por ser autosuficiente en productos lácteos".

infoLibre se puso en contacto con Ovidio Sánchez para conocer su versión de los hechos, sin obtener ninguna respuesta sobre las declaraciones del denunciante del caso. Una vez publicada la noticia, el senador realizó la siguiente declaración escrita a este periódico: "Nunca he tenido ninguna relación profesional con las empresas que citan en la información. Y tampoco he mantenido ningún tipo de relación con Gustavo de Arístegui". Nada dice en su breve declaración sobre De la Serna.

Preferentes de Liberbank

En cuanto a Liberbank, tal y como consta en un documento del sumario, el exdiputado del PP De la Serna también hizo negocio con las participaciones preferentes, según consta en una factura a este banco de 21.780 euros. En el recibo, cuyo contenido fue adelantado por este diario, se especifica que la sociedad del exparlamentario conservador elaboró un informe jurídico sobre estos productos híbridos comercializados por Caja Cantabria.

La factura, que fue remitida por la sociedad de De la Serna denominada Scardovi SL a la sede madrileña de Liberbank –el banco que surgió de la fusión de Cajastur-CCM, Caja Cantabria y Caja Extremadura–, tiene como fecha el 12 de febrero de 2014, cuando el ahora investigado aún formaba parte del grupo parlamentario del Partido Popular en el Congreso de los Diputados.

"El candidato propuesto es José Manuel Soria, licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y técnico comercial y economista del Estado". Así, casi con nocturnidad y por la puerta de atrás, el Ministerio de Economía anunció el pasado viernes –nada más finalizar la segunda votación de investidura que confirmó el fracaso de Rajoy– que el extitular de Industria, que abandonó el cargo tras aparecer en los papeles de Panamá y descubrirse su vinculación con otra sociedad radicada en el paraíso fiscal de Jersey, era la persona designada por el Gobierno como candidato para cubrir el puesto de director ejecutivo del Banco Mundial para el periodo comprendido entre noviembre de este año y octubre de 2018.

La decisión, que según sostienen fuentes del Gobierno tiene como máximo responsable al actual ministro de Economía, Luis de Guindos, no ha gustado ni dentro del propio PP, tal y como quedó patente este sábado con las declaraciones que barones territoriales y dirigentes conservadores hicieron a la entrada del Comité Ejecutivo Nacional. "Mi opinión política de Soria es manifiestamente mejorable", apuntó el presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera. Su número dos, Rosa Valdeón, también expresó en Twitter nada más conocerse la noticia la "vergüenza ajena" que le producía la designación de Soria. 

Los partidos de la oposición, por su parte, criticaron que al exministro de Economía se le premie con un puesto que en 2015 escondía un salario de 226.000 euros al año, libres de impuestos. Por eso, PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos pidieron la comparecencia en el Congreso de los Diputados del ministro de Economía para que dé explicaciones. Las dos primeras formaciones registraron este sábado una petición de comparecencia de De Guindos en pleno extraordinario. Sin embargo, el movimiento a favor de Soria no es el único que se ha producido con Mariano Rajoy en La Moncloa. 

Wert se marcha a París

Algo más de un año antes, en la tarde del viernes 31 de julio, en plena Operación Salida, el último Consejo de Ministros del curso político aprobó el nombramiento del extitular de Educación José Ignacio Wert –que había sido sustituido en el cargo por Íñigo Méndez de Vigo un mes antes en la tan esperada remodelación del Gobierno– como jefe de la Delegación Permanente de España ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Un nombramiento que defendió la propia vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría: "La OCDE es una embajada que generalmente ha tenido exministros y personas que se han dedicado a la política", deslizó durante una entrevista en la Ser.

La decisión del Gobierno, como en el caso de Soria, provocó las críticas de la oposición. Desde el PSOE, su portavoz parlamentario, Antonio Hernando, pidió la comparecencia en el Congreso de los Diputados del titular de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, y del propio Wert, que abandonó el barco siendo el ministro peor valorado y el artífice, en palabras de Hernando, de dejar la educación española "destrozada" y de aprobar una ley, la conocida como Ley Wert, "que se ha demostrado que es inaplicable". 

También cargó contra el Ejecutivo conservador la Junta de la Asociación de Diplomáticos Españoles (JADE): "Embajador por amor debería ser una película de Hollywood y no una realidad de la Administración española", señalaron en un comunicado. Los diplomáticos hacían así referencia al hecho de que la exnúmero dos de Educación y esposa del exministro, Montserrat Gomendio, también estaba destinada en París trabajando para este organismo desde hacía tres meses, después de que abandonase su cargo en el ministerio al ser fichada por la OCDE para ocupar el puesto de directora general adjunta de Educación y Habilidades.

Ana Mato, recolocada tras su implicación en la 'Gürtel'

El Partido Popular también ha dado otra oportunidad a la exministra de Sanidad Ana Mato. Casi un año y medio después de que la exdirigente del PP, que el pasado mes de agosto pidió su baja en el Comité Ejecutivo de la formación conservadora, dimitiese tras ser imputada en relación con la trama Gürteltrama Gürtel, la delegación conservadora en el Parlamento Europeo anunció que haría un hueco a la exministra, que logró sobrevivir a las investigaciones iniciales del caso y a la crisis del ébola, en el nuevo foro Universidad Europea que empezaría a funcionar este mes de septiembre. Ocupará el cargo de directora.

La exministra siempre ha estado en el punto de mira por la relación de su exmarido, el exalcalde de Pozuelo Jesús Sepúlveda, con la trama Gürtel. Sin embargo, el golpe definitivo lo propinó en noviembre de 2014 el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz al considerar a Mato partícipe a título lucrativo por el beneficio que pudo haber obtenido por los delitos atribuidos a Sepúlveda. En el momento de los hechos, sostenía el juez, “habría disfrutado o se habría beneficiado, sola o en compañía de otros miembros de la unidad familiar” de servicios turísticos, pago de eventos familiares y otros artículos de uso particular, según hace constar el juez en una tabla con cuantías y conceptos. Mato sigue pendiente de juicio.

Arístegui, de embajador en la India a investigado

La carrera de Gustavo de Arístegui como embajador también se la llevó por delante un escándalo de corrupción destapado en diciembre de 2015. El que hasta ese momento estaba ejerciendo su cargo como embajador de España en India, se vio obligado a dimitir después de que trascendiese que tanto él como el diputado del PP Pedro Gómez de la Serna habrían cobrado comisiones millonarias a cambio de conseguir contratos de obra pública en el extranjero para principalmente empresas españolas. Así, con el objetivo de "no perjudicar ni al Gobierno ni a su presidente" en plena campaña electoral, decidió dar un paso atrás, no sin antes asegurar que era víctima de una "campaña de destrucción".

Cuatro meses después de aquella carta remitida al ministro de Asuntos Exteriores, el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata imputó a ambos. El diplomático se negó a declarar el pasado 6 de mayo. Mientras tanto, el juez continúa investigando presuntos delitos de corrupción en las transacciones económicas internacionales, cohecho, blanqueo de capitales y organización o grupo criminal. El pasado viernes, prestó declaración ante De la Mata, en calidad de imputado, el empresario que cuya denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción inició la investigación. Según aseguró José Faya, Luis Bárcenas era cliente del despacho de intereses que regentaban Arístegui y Gómez de la Serna.

Trillo, premiado en Londres a pesar del escándalo del 'Yak-42'

Sólo habían transcurrido dos meses desde las elecciones que sacaron a José Luis Rodríguez Zapatero de La Moncloa cuando el nuevo ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, trató de ganarse al cuerpo diplomático anunciando que pondría fin a los embajadores políticos. El titular de la cartera fue tajante el 28 de diciembre de 2011: estos puestos están reservados para diplomáticos "salvo circunstancias excepcionales". El exministro de Defensa Federico Trillo fue una de esas excepciones y, en marzo de 2012, fue nombrado nuevo embajador de España en el Reino Unido.

La decisión fue duramente criticada por las familias de los 62 militares españoles muertos en el accidente del Yak-42: “Queremos expresar nuestro sufrimiento moral por esta decisión, para nosotros es un agravio”, lamentaron. Aunque Trillo es considerado responsable político de las falsas identificaciones del accidente militar, no fue imputado en ninguno de los tres procesos judiciales que se abrieron en España tras la tragedia. Sí que declaró ante el juez Grande-Marlaska en 2008 como testigo, asegurando que no tuvo ninguna responsabilidad en la contratación del avión, que no reunía las condiciones necesarias para volar y que causó una de las mayores tragedias del Ejército español en tiempos de paz.

Rodrigo Rato: del "milagro español" al banquillo 

El retiro del exvicepresidente del Gobierno y exdirector gerente del FMI, Rodrigo Rato, también comenzó siendo dorado. El "artífice del milagro español", como le definían sus propios compañeros de partido, fue nombrado en 2010 presidente de Caja Madrid después de una dura batalla entre la dirección nacional del PP y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. Rato era la apuesta personal de Mariano Rajoy para cubrir el puesto. El expresidente madrileño Ignacio González, la de Aguirre. Finalmente, el actual presidente del Gobierno en funciones, entonces líder dela oposición, se impuso y el exdirector general del FMI tomó las riendas de lo que después se convertiría en Bankia.

Todo parecía marchar bien al prinicipio. En verano de 2011, Rato agitó sonriente la campanita que indicaba la salida a Bolsa de Bankia. Pero en 2015, todo se empezó a torcer y el exvicepresidente del Gobierno comenzó a ser investigado por su nefasta gestión al frente de la entidad financiera. Y el calvario judicial continuará durante los próximos meses. El 8 de septiembre deberá declarar de nuevo como imputado por las operaciones relacionadas con la gestión de Bankia. Veinte días más tarde empezará el juicio por las tarjetas black, donde se sentará en el banquillo. Al exdirector general del FMI se le imputan, entre otros, delitos de blanqueo de capitales, alzamiento de bienes, fraude fiscal y falsedad documental por su gestión en Bankia. 

José Faya, cuya denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción activó la investigación por la que el hoy exembajador Gustavo de Arístegui y el también ahora exdiputado Pedro Gómez de la Serna permanecen imputados por corrupción en los negocios privados que desarrollaban en el extranjero, desplegó este viernes un arsenal de graves e inéditas revelaciones durante su declaración ante el juez.

La confirmación de que alertó al jefe de gabinete de Rajoy, adelantada por este diario, fue una de ellas. Pero hubo más. Porque Faya, que trabajaba como agente en España para el tándem Arístegui-De la Serna, le contó al magistrado José de la Mata que Luis Bárcenas era cliente del despacho de intereses que regentaban Arístegui y Gómez de la Serna y que así se lo explicaron ambos cuando les preguntó por qué el entonces tesorero del PP se contaba entre las "autoridades y personalidades" que visitaban las oficinas desde donde operaba el tándem. En 2014, trascendió a la opinión pública que Pedro Gómez de la Serna había sido uno de los abogados que, junto con Jorge Trias Sagnier, mantuvieron contactos con el segundo instructor del caso Gürtel, el juez Antonio Pedreira, para lograr la desimputación de Bárcenas. Pedreira, ya fallecido, sacó en efecto a Bárcenas de la lista, pero su sucesor al frente de la instrucción, Pablo Ruz, anuló el archivo y lo imputó de nuevo.

La declaración de Faya, prestada en calidad de imputado -investigado, según la nueva terminología oficial- duró ocho horas. El martes se reanudará a las cuatro de la tarde.

Distintas fuentes jurídicas presentes en la declaración coinciden en que Faya fue escueto en el punto relativo a Bárcenas y no aportó más datos sobre qué asesoramiento concreto le habrían prestado el antiguo portavoz de Exteriores del PP, Gustavo de Arístegui, y su socio y desde 2011 diputado Pedro Gómez de la Serna.

Ahora pendiente del inicio del primer macrojuicio del caso Gürtel previsto por la Audiencia Nacional y que debe comenzar el 4 de octubre, Bárcenas ocultó cerca de 50 millones en cuentas suizas según lo investigado. Este diario no pudo localizar la noche del viernes a nadie del entorno del extesorero para recabar su versión sobre su presencia en el despacho de De la Serna y Arístegui.

Propietarios respectivamente de las sociedades Karistia (Arístegui) y Scardovi (De la Serna), los dos excargos públicos del PP hacían negocios con la marca comercial Voltar Lassen. El juez le ha preguntado a Faya por la sociedad holandesa Castelino BV. El antiguo agente comercial de Arístegui y De la Serna ha dicho que no sabe a quién pertenece la compañía.

Y, como de paso -relata una cualificada fuente- ha mencionado que la esposa del exministro Jaime Mayor Oreja y la de Pedro Gómez de la Serna fueron socias en una empresa de zapatos, dato que ya había desvelado en julio infoLibre. Faya ha lanzado otro dardo de consecuencias y alcance todavía desconocido cuando deslizó que, en 2009, Gómez de la Serna le presentó a un abogado que trabajaba en el Congreso y cuyo nombre y primer apellido mencionó ante el juez.

La carta a Moragas y el sello de entrada en Moncloa

En su declaración, y como ya adelantó infoLibre, Faya confirmó que antes de acudir a Anticorrupción en noviembre de 2015 había entregado en Moncloa una carta para el jefe de gabinete de Rajoy, Jorge Moragas, "poniéndole de manifesto lo que estaban haciendo" los dos cargos públicos del PP.

Según dijo Faya, esa carta fue entregada en el Registro de Moncloa el 10 de junio de 2015 y no el 10 de septiembre de ese año, como indicaban las primeras informaciones manejadas hace dos meses por este diario tras constatar que la Policía había encontrado en el domicilio del denunciante copia de la misiva a Moragas.

El abogado de Faya, Ángel Galindo, le preguntó si conserva el sello de entrada de la carta y los documentos que adjunto. Su cliente asintió. Y fue más lejos: en estos días, declaró, ha comprobado que en el registro de Moncloa sigue constando la entrega que él mismo hizo para Moragas. 

Intento fallido con Manos Limpias

Faya dio aún otra vuelta de tuerca aquí cuando relató que no solo hizo llegar al jefe de gabinete del presidente del Gobierno esa carta y documentos que supuestamente acreditaban lo que en ella decía sino que aportó también copia a Manos Limpias porque quería que "le representara". Pero en septiembre de ese mismo año, el jefe del autodenominado sindicato funcionarial, Miguel Bernad, ahora encarcelado por presunta extorsión, le devolvió los papeles y se desentendió del asunto. 

Faya no dijo más al respecto salvo lo siguiente: que sabe que Manos Limpias contactó con Elecnor, una de las principales empresas involucradas en el caso y para la que, a cambio de obtener contratos, Arístegui y De la Serna habrían sobornado a mandatarios extranjeros.

¿Dinero a cambio de silencio?

Faya se explayó sobre la empresa de infraestructuras Elecnor cuando, además de lo relativo a Manos Limpias, afirmó que, interesada en que "Gustavo solucionara el tema", le había ofrecido unos 400.000 euros primero y  275.000 al final para que no presentara la denuncia que finalmente elevó a la Fiscalía Anticorrupción en noviembre del pasado año.

Otras fuentes jurídicas conocedoras de la declaración calificaron de "falso" que Elecnor le ofreciera a Faya ninguna cantidad en ningún momento. Es igualmente falso, agregaron, que Elecnor mantuviera ningún contacto con Manos Limpias. La afirmación de Faya -apostillaron las citadas fuentes- resulta además extraña y "sorpresiva" porque en ninguna de sus sucesivas comparecencias ante la Fiscalía había hecho "la menor referencia" a la supuesta intervención de Manos Limpias.

Otros juristas que participan en el caso creen que al relatar esa secuencia de hechos, Faya estaba sugiriendo que Manos Limpias habría intentado "extorsionar" a Elecnor.

¿Conocía o no los presuntos sobornos en Argelia?

Probablemente, el punto más controvertido de la declaración de Faya es el concerniente a los presuntos sobornos pagados por el tándem Arístegui-De la Serna a funcionarios públicos argelinos. Dos letrados que representan a intereses muy distintos han corroboran que Faya ha asegurado ante el juez que no le consta que existieran tales sobornos. Y que no ha reconocido ninguno de los nombres de jerarcas argelinos que le leyó el juez, quien llegó a espetarle que si había mentido en su declaración ante la Fiscalía o se había equivocado.

En cambio, otros juristas remachan que Faya no se ha desdicho sino que ha matizado la transcripción de sus declaraciones prestadas en Anticorrupción: "Lo que ha dicho es que sabe lo que le contaban porque ni entiende de negocios internacionales ni trabaja en internacional. Solo presentaba empresas españolas a Scardovi [la mercantil de Gómez de la Serna] y su trabajo paraba ahí".

Un letrado presente en la declaración sostiene que Faya se confesó cansado cuando el juez le recriminó que utilizara palabras malsonantes. Y que el magistrado puso en cuestión su relato de hechos cuando Faya explicó que las grabaciones aportadas a su denuncia se remontan a antes de 2012 porque a partir de ese año dejó prácticamente de contar para Arístegui y De la Serna.

¿Y si dejó de contar por qué esperó a marzo de 2015 para irse?, inquirió el juez De la Mata. Faya, quien sin dar cifras admitió su deseo de que Arístegui y De la Serna le paguen por fin lo que le deben, contestó con el siguiente argumento: que si aguantó fue para ver si podía recibir algo de lo que le adeudaban.

José Faya, el intermediario que denunció los supuestos negocios ilegales del ya exembajador Gustavo de Arístegui y del exdiputado del PP Pedro Gómez de la Serna, ha asegurado ante el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata que envió una carta al jefe de gabinete de Mariano Rajoy, Jorge Moragas, antes de acudir a la Fiscalía Anticorrupción, donde en noviembre de 2015 presentó una denuncia sobre los negocios que el hoy exembajador de España en la India y el también exdiputado Pedro Gómez de la Serna estaban realizando.

Así lo han confirmado a infoLibre dos fuentes jurídicas. Ambas fuentes, que representan intereses distintos en esta causa, coinciden en que Faya ha precisado que en esa carta ya alertaba a Moragas sobre los negocios de Arístegui y De la Serna.

Uno de los consultados por este diario añade que el denunciante del caso, que está declarando ante el juez en calidad de imputado, ha añadido no solo que tiene el sello de entrada de la carta en Moncloa sino que aportó documentación y que entregó copia a Manos Limpias. Otro letrado asegura en cambio que Faya ha relatado el episodio de la carta a Moragas pero sin detallar su contenido.

La carta a la que se refirió Faya este viernes es la misma que la Policía encontró el pasado 12 de enero cuando registró su domicilio. En la misiva, Faya alertaba a Moragas de las operaciones llevadas a cabo por Arístegui y Gómez de la Serna en países como Argelia, Panamá y Emiratos Árabes Unidos.

Sin embargo, no se inició ninguna investigación oficial hasta que el propio Faya puso los hechos en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción, dos meses después. Fue esa denuncia ante el Ministerio Público la que activó la causa en la que Arístegui y De la Serna permanecen imputados como presuntos autores de los delitos de blanqueo de capitales, cohecho, organización criminal y un delito en las transacciones internacionales.

Cuando infoLibre desveló el pasado julio la existencia de esta carta, una portavoz de Moncloa respondió a este diario que ni el jefe de gabinete del presidente ni nadie de su equipo diría nada al respecto.

En concreto, quería que les señalara "las figuras clave en el sector energético en los países en los que haya una familia gobernante y qué individuos de esa familia tienen particular influencia", según especifica el contrato, cuya existencia se refleja en un informe policial, al que ha tenido acceso infoLibre.

El acuerdo especifica que el dinero se pagó en virtud de un contrato de 1 de junio de 2012 entre la compañía gasística y la trama, que fue requisado por la Policía durante el registro de la casa del denunciante, José Faya. En dicho acuerdo De la Serna se comprometía a remitir todos los meses "información e informes específicos solicitados a petición de Gas Natural".

Pese a que el contrato lo suscribió la compañía con De la Serna, el juez que instruye el caso en la Audiencia Nacional, José de la Mata, considera que todos los beneficios se los repartían el exdiputado y el exembajador en India Gustavo de Arístegui y el propio De la Serna, ya que en el sumario consta un acuerdo mediante el cual ambos se asignaban los ingresos al 50%.

Las empresas Scardovi SL y Karistia, de Gómez de la Serna y Arístegui, respectivamente, ingresaron entre 2009 y 2014 más de cinco millones de euros de empresas que buscaban contratos en el exterior. 

Un segundo contrato

Pero este no fue el único contrato entre Gas Natural Fenosa y la trama de Arísteguiy De la Serna. Hubo uno celebrado con anterioridad, y que ya fue adelantado por infoLibre, que se firmó el 1 de diciembre de 2010 entre Scardovi y Gas Natural, representada por Antonio Basolas Tena, para la "elaboración de análisis de mercados internacionales y asesoría externa para el desarrollo de la estrategia internacional de Gas Natural". Por la prestación de estos servicios, Scardovi recibía 35.000 euros mensuales. El contrato anual se prorrogó durante tres meses más, lo que supuso en total unos ingresos de 525.000 euros para la trama. 

Según la declaración ante la Fiscalía Anticorrupción del denunciante del caso, el empresario asturiano José Faya López, los exdiputados Gómez de la Serna y Arístegui percibieron "30.000 euros mensuales más IVA durante varios años". En total, Gas Natural abonó 836.400 euros a Scardovi, de Gómez de la Serna, según consta en un informe de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (Onif) para la Fiscalía Anticorrupción.

La versión de Gas Natural

infoLibre se ha puesto en contacto con Gas Natural, que sostiene que por el asesoramiento de De la Serna no se suscribió ningún contrato, "pues el acuerdo con Scardovi sólo incluía la realización de estudios de contexto de la situación en Argelia, donde la compañía cuenta con relevantes contratos de aprovisionamiento de gas. Gas Natural negoció directamente con la firma argelina Sonatrach tras el laudo por el contrato de gas".

La compañía gasista confirma la existencia de ambos acuerdos: "Gas Natural suscribió un contrato entre diciembre de 2010 y diciembre de 2011 (con una ampliación de tres meses) con la empresa Scardovi, cuyo administrador único era Pedro Gómez de la Serna, que entonces no ejercía ningún cargo público. El contrato establecía una asesoría con un importe fijo mensual. La compañía suscribió un segundo contrato con Scardovi entre junio de 2012 y junio de 2013 por un importe mensual inferior y, como el primero, sin ningún tipo de comisión". Para realizar esta nueva colaboración, afirma Gas Natural, "De la Serna fue autorizado por el Congreso de los Diputados, ya que en ese momento ya ejercía cargo público".

El trabajo que tuvieron que desarrollar los exparlamentarios del PP, según el denunciante, consistía en realizar gestiones ante la empresa argelina Sonatrach, la encargada de la gestión del gas del país africano, que había reclamado a la española Gas Natural Fenosa unos 1.300 millones de euros. Gas Natural recibió una compensación de 163,7 millones del Gobierno español, con José Manuel Soria de ministro de Industria, por el conflicto que la compañía mantuvo con Sonatrach en relación al gaseoducto del Magreb en 2007.

En su declaración, el denunciante José Faya asegura que la actuación de De la Serna fue muy fructífera para Gas Natural: "Las gestiones que realizaron los señores Gómez de la Serna y Arístegui ante Sonatrach en Argelia en favor de la empresa Gas Natural permitieron reducir el importe de la reclamación a una cantidad aproximada de 750 millones". El testigo añadió que esas "gestiones" fueron realizadas por Gómez de la Serna y Arístegui en 2010. Y ese es el motivo por el que Gas Natural hizo los pagos mensuales durante varios años".

Federación de Baloncesto

Por otra parte, el denunciante del caso aportó grabaciones realizadas a Pedro Gómez de la Serna en las que también aparece la empresa Gas Natural. En el audio, al que ha tenido acceso infoLibre [se puede escuchar aquí], José Faya y De la Serna mantienen una conversación con el presidente de la Federación de Baloncesto de Castilla-La Mancha, Ramón Granados, con la intención de obtener donaciones por un valor de 150.000 euros, que es la deuda reconocida de este organismo, a cambio de "un compromiso de desarrollo empresarial en Colombia".

"Como la Federación de Castilla-La Mancha necesita 150.000 euros, y ellos han conseguido ahora 25.000 de Gas Natural, vamos a hablar con cinco empresas, que aporten otros 25.000 euros cada una, diferenciando sectores", explica Faya a Ramón Granados, que hasta hace unos meses también era vicepresidente de la Federación Española de Baloncesto. "Si Gas Natural hubiera puesto la mínima pega, lo hago con Endesa", responde en ese momento Granados, que llega a asegurar a sus interlocutores: "Yo como vicepresidente [de la Federación Española] no me puedo hacer una foto con nadie de Gas Natural".

Después, Granados quiere llegar a un compromiso con las empresas españolas en Colombia: "Yo lo firmo personalmente, como presidente de la empresa que voy a montar o como vicepresidente de la Federación Española de Baloncesto. El compromiso lo adquiero yo", completa el directivo, que sostiene que Gas Natural "ya ha rentabilizado los 25.000 que ha puesto. Va a cambiar toda la climatización y la iluminación, hemos llegado a un acuerdo de diez o doce años de amortización y la climatización, van a hacer un leasing para que lo pueda pagar. Ya tienen los 25.000".

"Pepe, el presidente, está conmigo"

En otro momento de la grabación aportada a la Fiscalía Anticorrupción, Granados asegura que en Colombia utilizaba su cargo en la federación nacional para sus negocios: "Cuando me interesa saco mi tarjeta de presidente de la compañía y cuando me interesa saco la tarjeta de vicepresidente de la FederaciónFederación Española. Y estoy conjugando estas dos situaciones allí".

Para convencer a De la Serna, Granados explica también que el contrato sería con la Federación de Baloncesto. "Es con la federación. En un momento que nos interesa alguna desgravación, con la [Federación] Española lo haría igual, porque lo haría la Española porque está Pepe conmigo, el presidente", en referencia al entonces máximo mandatario del baloncesto español, José Luis Sáez, que desde principios de julio dejó el cargo en manos del exjugador Jorge Garbajosa.

"Les ofrecí reuniones en Colombia"

Este periódico se ha puesto en contacto con Ramón Granados, que ha confirmado las reuniones con De la Serna y Faya. Preguntado sobre las cantidades que percibió la federación dijo: "Nadie ha pagado nada. Ni se ha hecho ningún contrato de patrocinio, ¡ya me hubiera gustado a mí!".

Granados también explicó que como trabaja en Colombia se ofreció a ayudar a los posibles patrocinadores a que tuvieran "reuniones con gente en Colombia, que es lo que les dije. Pero en este caso no hemos recibido nada: cero euros, por desgracia. Me encantaría decir que tengo a Gasol, y usted se va a hacer una foto con Gasol, pero yo no lo tengo", se lamentó Granados.

Por su parte, un portavoz de Gas Natural aseguró a infoLibre, en relación con la federación manchega: "Gas Natural Fenosa mantiene, únicamente, una relación contractual con la Federación de Baloncesto de Castilla-La Mancha para la prestación de servicios energéticos. Las condiciones de los contratos son de mercado, similares a las que firma con el resto de clientes".

La trama de cobro de comisiones presuntamente ilegales a empresas españolas que querían asentarse en el extranjero liderada por los exdiputados del PP Pedro Gómez de la Serna y Gustavo de Arístegui se extendió a más de una veintena de países de todo el mundo –excepto Oceanía–, según el análisis del sumario realizado por infoLibre.

Ambos cargos del PP, y muy especialmente Arístegui tras abandonar el Congreso y convertirse en embajador de España en India, cobraron según un informe de los agentes de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) adscritos a la Fiscalía Anticorrupción, más de cinco millones de euros a estas firmas, que esperaban obtener contratos en países extranjeros, como por ejemplo fue el caso de Elecnor en Argelia. Según la Policía, Elecnor y su filial acabaron pagando 1,6 millones a funcionarios del país norteafricano en cuentas bancarias de Emiratos Árabes Unidos.

De la lectura del sumario se desprenden hechos novedosos sobre las conexiones internacionales de los investigados, que hacían negocios mientras mantenían sus cargos de representación del Estado español. Este es el caso de Jordania, país al que viajaron los integrantes de la trama corrupta para mantener contactos al más alto nivel con el entorno del rey Abdalá II.

Asimismo, el denunciante del caso, el empresario de Ribadesella (Asturias) José Faya, también implicó en el cobro de comisiones ilegales al expresidente de Panamá Ricardo Martinelli, que según la prensa de aquel país ha sido objeto de diferentes acusaciones por corrupción.

También aparecen otros países como destino de transferencias de importantes cantidades de dinero, como Francia (100.000 euros) y Reino Unido (765.541 euros).

1. Jordania: el entorno del rey

Gustavo de Aristegui, que fue diplomático en la Embajada de España en Jordania, también trató de hacer negocios en el país asiático. En el sumario aparecen nuevos datos sobre las gestiones de Gómez de la Serna, que en los contratos con la firma española de energías renovables Sun Edison aseguró haber mantenido conversaciones "con el consejero económico de Su Majestad el rey de Jordania" y el primer ministro del Reino.

Según los datos aportados por los funcionarios de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), Sun Edison abonó entre 2009 y 2014 a la trama un total de 423.877 euros.

En la documentación requisada, De la Serna asegura que se mantuvieron entrevistas con dos de los más importantes grupos empresariales del país, que mostraron "gran interés en participar" en el proyecto: "Se describe viaje realizado entre los días 2 y 6 de octubre a Amman para la presentación inicial de una posibilidad de inversión de Sun Edison en este país en materia de energía fotovoltaica. Presentando la documentación entregada por la compañía", puede leerse.

En este sentido, en el registro de la vivienda del denunciante la Policía requisó una carta "del ministro de Energía y Recursos Minerales de Jordania, Suleiman Al-Hafez, en relación a la propuesta de proyecto Sun Edison, de 3 de enero de 2011, emplazando a discutir la propuesta en el marco de la inminente nueva legislación de su país". También se encontraron correos electrónicos de Arístegui y De la Serna con personas identificadas con los nombres de Haron Hassan y Hussein Al Rifai, "en el que se aportan los nombres de los ministros del Gobierno de Jordania".

Además, los correos dan cuenta de la preparación de un viaje a Jordania. "En relación a viaje previsto para los días 27 al 30 de mayo, acudirán tres personas de Sun Edison, Gustavo y el remitente", se señala en referencia a Gómez de la Serna, que es el que envía el mensaje.

La agenda del viaje incluye "una reunión informal con Khaled Irani, antiguo ministro de Energía, y con el actual". En relación al proyecto Sun Edison en Jordania se identifica un acuerdo de seis meses para el pago de 15.000 euros de Sun Edison a Kim F. Abujaber.

2. Panamá: PAGOS AL EXPRESIDENTE

El denunciante del caso aseguró en su declaración ante la Fiscalía que estuvo presente en una reunión mantenida en un restaurante de Madrid "en la primavera de 2013 con Germán Junquera [directivo de Elecnor], Pedro Gómez de la Serna y Ramón López Lax donde se habló de que Scardovi (empresa del entonces diputado del PP) había cedido su contrato de agencia con Elecnor al agente externo Juan Gestoso para el cobro de la comisión", que según el propio Faya fue abonada en relación a la construcción del Hospital Doctor Rafael Hernández en Chiriquí-Panamá por un montante total de 145 millones de euros. Elecnor participaba en una UTE con Acciona.

Según Faya, el motivo por el cual Scardovi hizo esta cesión a Juan Gestoso era porque "para la consecución de esa obra se había pagado un soborno del 100% de la obra al presidente de Panamá Ricardo Martinelli", [...] y que Germán Junquera comentó a Gómez de la Serna y al propio Faya "que no realizase ninguna reclamación de su comisión por la alta comisión cobrada por la autoridad de aquel país".

Entre los documentos interceptados por la Policía en la sede en Madrid de la empresa Sociedad Internacional de Desarrollos Energéticos, filial de Elecnor, se encuentra una carta remitida por el presidente de Elecnor, Fernando Azaola Arteche, al presidente de la República de Panamá, Ricardo Martinelli Berrocal, de 6 de marzo de 2013, "sobre la licitación del Hospital del Niño y una futura petición de audiencia".

La documentación del sumario da cuenta también de la planificación de un viaje de Junquera (Elecnor) a Panamá e información "sobre los propósitos de la licitación en Ciudad de Panamá de un Proyecto de Línea 2 de Metro y sobre los planes del soterramiento del cableado eléctrico urbano en Ciudad de Panamá".

El juez José de la Mata también dispone de documentación vinculada a un contrato en la República de Panamá en el que intervienen Swiss Management y la empresa asturiana Duro Felguera.

3. GUINEA ECUATORIAL: en AVIÓN PRIVADO

El dueño de Eurofinsa, Mauricio Toledano, que es patrono de la fundación FAES, reconoció en su declaración como testigo ante el juez José de la Mata que prestó su avión al exembajador en India Gustavo de Arístegui para que viajara a Guinea Ecuatorial y consiguiera negocios con la dictadura de Teodoro Obiang.

Además, el juez De la Mata tiene en su poder la documentación en la que se da cuenta de un viaje a la capital de esta excolonia española por parte de integrantes de la trama y Elecnor, para presentarle al dictador Obiang un anteproyecto de seguridad de fronteras, con la empresa de EEUU Futron como socio.

Gustavo de Arístegui en un viaje a Malabo. 

También consta un "acuerdo de colaboración" de 18 de abril de 2009 entre Gómez de la Serna y Arístegui con el ex secretario de Estado de Telecomunicaciones y Tecnología guineano Carmelo Modu Akuse Bindang para la implantación de proyectos empresariales españoles. Los beneficios se repartían en un 35% para la parte guineana y un 65% para la española.

Uno de los contratos que surgieron de esta relación lo firmó el propio ex secretario de Estado de Telecomunicaciones y Tecnología guineano con el empresario Santiago Foncillas García de la Mata, de la sociedad Albia Strategy Consulting SL.

Otro de los testigos que admitió la contratación de la trama para que mediara en Guinea Ecuatorial fue Manuel Ruiz Alonso, consejero delegado de la empresa Ucalsa. En su declaración como testigo, Ruiz Alonso dijo que conoció a Arístegui durante un desayuno en el hotel Ritz en Madrid y le contrató para que intercediera ante el presidente Teodoro Obiang, porque el hijo del dictador había vaciado la cuenta que tenían de forma conjunta en la que guardaban más de un millón de euros, informó la Cadena Ser.

4. Argelia: 4,9 millones

La sociedad que más dinero abonó a las empresas de Gustavo de Arístegui y Pedro Gómez de la Serna fue Elecnor. Esta sociedad acudió a los exdiputados del PP para que realizaran gestiones ante altos funcionarios del Gobierno de Argel, que adjudicó a esta firma dos importantes obras, aunque una de ellas fue en UTE con Assignia y Rover Alcisa. Se trataba de la instalación de las tuberías que conectan la planta desalinizadora de Souk Tleta y la región de Tlemcem; y la construcción del tranvía de Ouargla.

La UTE formada por Elecnor, Assignia y Rover Alcisa se hizo con el contrato de 230 millones por el tren urbano de Ouargla, mientras que la conexión de la desalinizadora de Souk Tetla se elevó hasta los 250 millones.

En el sumario también consta documentación relacionada con Constructora San José, representada por Pedro Aller Román, para conseguir el contrato "Realización en EPC de un Hospital de 342 camas en Bechar (Argelia)" dependiente del Ministerio de la Defensa Nacional de la República Nacional de Argelia. La trama cobraría, en el caso de tener éxito en sus gestiones, un 2% del valor del contrato.

5. Emiratos Árabes: 1,6 millones

Los funcionarios argelinos que percibieron una mordida de Elecnor cobraron a través de la firma holandesa Castelino BV. El magistrado José de la Mata considera que esta firma era una mera "sociedad instrumental que carece de actividad comercial o empresarial".

En concreto, el juez investiga si los integrantes de la trama abonaron a funcionarios argelinos 1.648.000 euros de forma irregular en Emiratos Árabes Unidos.Emiratos Árabes Unidos

6. Francia: un pago de 100.000 euros

En las transferencias realizadas a funcionarios de Argelia aparece una de 100.000 euros a una cuenta en Francia. El abono se realizó el 24 de noviembre de 2014. Los correos electrónicos aportados por Faya ponen de manifiesto también el pago en el país galo de 10.000 euros a familiares de un cargo político argelino.

7. Reino Unido: inversiones por 765.541 euros

El análisis de las cuentas de las empresas que el juez José de la Mata atribuye de forma indiciaria a Gómez de la Serna y Arístegui pone de manifiesto que la empresa Scardovi realizó inversiones en el exterior, "probablemente Reino Unido, ordenando salidas de divisas por 765.541 euros, lo que suponía el 47,8% de sus ingresos", según el análisis realizado por los agentes de la Oficina de Investigación del Fraude adscritos a la Fiscalía Anticorrupción.

8. Países Bajos: intermediarios

La empresa Castelino BV, inscrita en Holanda, juega un papel muy importante en el pago de comisiones por parte de la red de De la Serna y Arístegui. Esta sociedad era el destino de los abonos realizados por Elecnor a cambio de sus contratos en Argelia. A su vez, Castelino transfería las mordidas en otros países, como por ejemplo Francia y Emiratos Árabes Unidos.

El juez De la Mata requisó copias de diversas facturas emitidas por Castelino a Elecnor por un total de 4.944.000 euros.

9. Marruecos: Alsa y Arlanza

Un informe de la Agencia Tributaria especifica que la sociedad Dial Trading, del denunciante José Faya, percibió 95.580 euros del Grupo Alsa por tratar de conseguir para la empresa de autobuses un contrato en Marruecos. Pero en su declaración ante la Fiscalía Anticorrupción de diciembre de 2015, Faya aseguró que repartió el dinero con Gómez de la Serna, que habría cobrado el 35%. y Arístegui, otro 35%.

En el sumario también constan dos copias de un contrato de 15 de abril de 2011 entre Scardovi (De la Serna) y Cerámicas Arlanza, una empresa representada por José Antonio González Lara, para el asesoramiento en la estrategia de expansión internacional en Marruecos.

En el acuerdo se especifica que la comisión del agente, que era de un 5%, "será sobre la facturación de los productos, servicios o actividades que se contraten en los países donde actúe en nombre de la empresa. Además el agente percibirá el 50% de los sobreprecios obtenidos por la empresa en Marruecos". Además, Cerámicas Arlanza se comprometió a pagar a David Alvarado, como colaborador externo una cantidad fija mensual de 1.000 euros durante dos años.

10. India: 28,8 millones

El denunciante aseguró a la Fiscalía Anticorrupción que, cuando Arístegui fue nombrado embajador de España en India, puso su empresa Karistia SL a nombre de su hijo Borja de Arístegui. Y por eso tanto la Agencia Tributaria como la Policía han puesto sus ojos en todas los movimientos de dinero de las empresas de la trama en el subcontinente indio.

La Agencia Tributaria ya ha detectado que Elecnor realizó movimientos de divisas en India por 28,8 millones. Entre ellos destacan dos pagos exteriores, a través de una cuenta del Banco de Sabadell, por importe total de 1.049.686 euros con destino a un banco privado en India.

Faya explicó a Anticorrupción que De la Serna viajó con el empresario Ramón López Lax a Kazajistán "a consecuencia de una gestión de Arístegui como embajador de España en la India". Según su versión, se entrevistaron "con los administradores de una empresa india de construcción cuyos propietarios son a su vez los dueños del grupo TATA de automóviles", en referencia a la firma Shpoorji P. Allonji.

De la Serna, siempre según la denuncia, también "asesoró o intermedió en favor de la empresa española Isolux Corsán, para que firmase un contrato de obra ferroviaria en Nueva Delhi (India)". Faya también aportó una grabación de una reunión que mantuvieron Gómez de la Serna y el empresario Antonio Espina, de la empresa Hidráulicas Espina, en la que se pone de manifiesto que uno de los posibles compradores de Hidráulicas Espina era el Grupo Mittal, dueño de la española Arcelor Mittal, ya que uno de los propietarios de Mittal "es amigo de Arístegui".

11. Ghana: hospitales

De la Serna firmó el 23 de julio de 2013 un contrato de prestación de servicios con la firma asturiana Contratas Iglesias. El exdiputado se comprometió a seleccionar un socio estratégico, que fue Eurofinsa, "para acometer la construcción de hospitales en la República de Ghana", en África occidental. Iglesias reconoce a Scardovi una comisión del 1% de la totalidad del proyecto que obtuviera.

Por su parte Eurofinsa, cuyo dueño es el empresario Mauricio Toledano, patrono de FAES, se comprometió a pagar a De la Serna 7.500 euros mensuales durante un año.

12. Congo-Brazzaville: CEMENTO

El denunciante también explicó que la trama pagó importantes cantidades de dinero al ciudadano de Congo-Brazaville Eugine Oba, que es sobrino del presidente de este país, antigua colonia francesa, y que es propietario de la firma española Ibeco Corporación. Entre todos crearon la empresa Betra, que posteriormente vendieron.

Según Faya, en esa operación se pudieron haber pagado sobornos a funcionarios y autoridades para que empresas españolas, clientes del despacho, consiguiesen contratos. Al final lograron un contrato de importación de cemento, por el que De la Serna y Arístegui cobraban 1 euro por cada tonelada importada.

13. Arabia Saudí: Comisión del 5,5%

El empresario vasco Iñaki Belategui Azpiri acudió a Arabia Saudí con integrantes de la trama para presentar un proyecto de interconexión eléctrica, y se reunió con el empresario Hatem A. Hafez, del grupo MTC. De la Serna y Arístegui contrataron en este país al agente Walid Zahabi, que se encargó de realizar el seguimiento del proyecto presentado por el Grupo Triagle.

Por ello, la mercantil Promociones y Construcciones Balzola se comprometió a abonar entre el 3% y el 5,5% de los ingresos obtenidos. Además, la firma acordó pagar al agente 10.000 euros al mes.

14. MÉXICO: CONTRATOS DE ELECNOR

El 24 de noviembre de 2011 el empresario español Guillermo Polanco Soutullo y la empresa de De la Serna firmaron un acuerdo de colaboración, que tenía como principal interés un reparto de las comisiones en relación a un proyecto de gaseoducto en México, que había sido adjudicado a Elecnor.

Y lo que pretendían era que Elecnor adjudicara a la firma Noksel un contrato de proveedores, por lo que recibirían el 5% del total de la facturación que Noksel España realizara a Elecnor: "Se compromete a compartir con Scardovi el 2,5% que recibirá de Noksel en concepto de honorarios totales que le correspondan por la prestación de los servicios", especifica el acuerdo, según la transcripción de la Policía.

15. PERÚ: UN colaborador

Arístegui y De la Serna contrataron como colaborador en Perú a Rafael Borrego Cárdenas. Según la documentación del sumario, ofrecieron a Elecnor varios proyectos. También rubricaron con la empresa Lara Construcciones Decoraciones SL un acuerdo de intermediación, que contribuyó "a la firma de los acuerdos de financiación a través de la línea de avales necesarios para la ejecución de un contrato para el proyecto Rimac Renace Perú".

16-24. Egipto, Filipinas, Irak, Moldavia, Georgia, Colombia, rusia, vENEZUELA Y ANGOLA

A lo largo del sumario al que ha tenido acceso infoLibre, aparecen contratos vinculados varios países más, como es el caso de Egipto, sobre el que ha aparecido una carta dirigida al ministro de Energía, Hassan Younis, con una invitación para visitar las instalaciones de Elecnor en Valencia y Madrid.

En Filipinas presentaron para Elecnor cinco proyectos de energías renovables, en Irak trataron de conseguir un contrato para instalar un sistema de navegación aéreo, mientras que en relación al Kurdistán iraquí, en los registros ordenados por el juez se interceptó una tarjeta de visita del director de Comercio e Inversión del gobierno regional, Amanj Yarwaessi. También apareció un documento manuscrito, de 5 de julio de 2011, en el que se puede leer que hubo una primera reunión en la oficina de representación del Kurdistán en España. Elecnor presentó un proyecto de regadío en Kurdistán.

De la Serna también intermedió entre una empresa española, en concreto la constructora Assignia, y el Ministerio de Transporte de la República de Moldavia. Georgia, antigua república de la Unión Soviética ubicada en el Cáucaso, fue otro de los objetivos de la red encabezada por Arístegui y De la Serna, al igual que Colombia (residuos urbanos), Rusia (aeropuerto de Moscú), Venezuela, Chile y Angola.

Las declaraciones de actividades presentadas en el Congreso por Gustavo de Arístegui entre 2000 y 2011 desvelan que el hoy exembajador se asoció siendo diputado con el presidente de Intereconomía, Julio Ariza Irigoyen, en una empresa oftalmológica –Oftalia Instituto Oftalmológico SL– y con la familia de Rodrigo Rato en otra oficialmente dedicada a la publicidad, Simpson Services SL.

Hasta ahora no había el menor rastro de ninguna de esas dos operaciones. En principio, son ajenas a la trama que ahora investiga la Audiencia Nacional y con la que Arístegui y el también exdiputado del PP Pedro Gómez de la Serna cobraron más de cinco millones de empresas que buscaban contratos en el extranjero. Pero añaden información sobre el perfil empresarial de quien oficialmente y hasta poco antes de su nombramiento como embajador de España en la India se aplicaba con “dedicación absoluta” a su escaño en el Congreso.

Al cierre de 2012 y según las cuentas de ese ejercicio depositadas en el Registro Mercantil, Arístegui mantenía intacta una participación del 50% en la empresa originalmente controlada por la familia Salazar-Simpson, muy vinculada al exvicepresidente del Gobierno y luego presidente de Bankia a través del matrimonio que formaban su hermano Ramón y Felicidad Salazar-Simpson.

Aunque Arístegui informó en 2007 al Congreso de que se había hecho con la mitad de la compañía –el precio no consta–, luego no incluyó ese dato en la declaración de actividades que presentó al año siguiente, una vez iniciada la nueva legislatura de 2008-2011.

Con Simpson Services SL son ya dos las sociedades cuya participación accionarial directa ocultó al Congreso el entonces portavoz de Exteriores. Pero a diferencia de lo que luego sucedió con Karistia SL, la compañía de su propiedad que utilizó a partir de diciembre de 2009 para actuar de conseguidor de contratos en el extranjero y cuyos negocios investiga ahora la Audiencia Nacional, Arístegui sí hizo una primera notificación al Congreso sobre su entrada en Oftalia Instituto Oftalmológico SL y en Simpson Services SL.

Pero de ninguna de las dos se supo nunca nada más. Ni el entonces notable parlamentario del PP volvió a mencionarlas en sus declaraciones de actividades ni el Congreso le pidió cuentas sobre ese vacío. Aunque la Ley Orgánica del Régimen Electoral (Loreg) obliga a los parlamentarios a declarar cualquier actividad que les reporte o pudiera reportarles ingresos, el Congreso no se ha dotado en estas cuatro décadas de democracia de ningún mecanismo que evite ocultaciones o fraudes en la información que le suministran los diputados.

Sobre la operación que le convirtió en socio de Oftalia Instituto Oftalmológico SL, donde el presidente de Intereconomía ocupaba el cargo de consejero y que en 2010 entró en liquidación, Arístegui informó al Congreso el 1 de julio de 2002. Tardó exactamente siete meses y medio en alertar a la Cámara de que había comprado el 7,49% de la compañía por 60.000 euros.

Mediante un escrito dirigido a la Comisión del Estatuto de los Diputados, el hoy exembajador expuso lo siguiente: “El diputado que suscribe tiene una participación del 7,49% del capital social de Oftalia Instituto Oftalmológico SL, como consta en la escritura pública adjunta (…) El diputado que suscribe no forma parte del consejo de administración de la citada sociedad ni percibe remuneración alguna por sus participaciones”.

El 13 de noviembre de 2002, o sea, justamente un año después de que la compra de aquellas participaciones quedase materializada, la Comisión del Estatuto emitió un dictamen favorable. Aquello no entrañaba incompatibilidad. Arístegui, que por entonces ya llevaba dos años colaborando con Radio Intereconomía según sus propios datos, no volvió a referirse a Oftalia Instituto Oftalmológico SL en ninguna de sus posteriores declaraciones de actividades. ¿Vendió las participaciones o las mantuvo en su poder pero se lo ocultó al Congreso? Es una incógnita.

Cuatro años y medio más tarde, el 18 de enero de 2007, el parlamentario notificó a la Comisión del Estatuto de los Diputados una segunda compra: había adquirido el 50% de Simpson Services SL, que hasta ese momento tenía como únicos accionistas a los hermanos Francisco y Luis Salazar Simpson.

El escrito dirigido a la Comisión del Estatuto con ocasión de la compra de títulos de Simpson Services SL desvela un dato singular: en aquella fecha, el domicilio social de la compañía se localizaba exactamente en la misma dirección que luego compartieron en una primera etapa Scardovi y Karistia. Es decir, las dos compañías que utilizaron como paraguas mercantil Arístegui y el ahora también exdiputado Pedro Gómez de la Serna.

De la Serna, Arístegui y uno de los hermanos Salazar Simpson habían compartido bufete años atrás.

El registro del domicilio madrileño de José Faya, el intermediario que denunció los supuestos negocios ilegales del ya exembajador Gustavo de Arístegui y del exdiputado del PP Pedro Gómez de la Serna, deparó un hallazgo inesperado y de alto voltaje político. Cuando los agentes de la UDEF irrumpieron la mañana del 12 de enero de este año en su vivienda, encontraron sobre la mesa del salón una carta "a la atención de Jorge Moragas". Es decir, del jefe de gabinete de Mariano Rajoy, según consta en el sumario al que ha tenido acceso infoLibre. La carta sería una copia de la entregada en Moncloa.

Fuentes del caso sostienen que en la misiva, que está fechada el 10 de septiembre de 2015, Faya alertaba a Moragas de las operaciones llevadas a cabo por Arístegui y Gómez de la Serna en países como Argelia, Panamá y Emiratos Árabes Unidos. Sin embargo, no se inició ninguna investigación oficial hasta que el propio Faya puso los hechos en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción, dos meses después. Fue esa denuncia ante el Ministerio Público la que activó la causa en la que Arístegui y De la Serna permanecen imputados como presuntos autores de los delitos de blanqueo de capitales, cohecho, organización criminal y un delito en las transacciones internacionales. 

infoLibre se ha puesto en contacto con una portavoz de Moncloa para preguntarle acerca de la carta a Moragas encontrada por los agentes. Dicha portavoz respondió a este diario que ni el jefe de gabinete del presidente ni nadie de su equipo diría nada al respecto.

Moragas no aclara los hechos

Jorge Moragas evita así aclarar si llegó a recibir y leer la carta y, en caso afirmativo, si consideró que los hechos que en ella relataba Faya merecían o no ser puestos en conocimiento de la justicia. infoLibre tampoco ha conseguido que los allegados a Faya, encargado de presentar a Arístegui y Gómez de la Serna empresas interesadas en abrir mercados en el exterior, accedan a revelar detalles sobre este asunto. 

¿Acudió el intermediario a la Fiscalía Anticorrupción en noviembre de 2011 porque concluyó que Moragas no pensaba hacer nada? Es una incógnita. No lo es que en la campaña para las elecciones del 20 de diciembre Pedro Gómez de la Serna repitió en las listas del PP. Y ese dato indica que si alguien había leído en Moncloa la misiva de Faya no creyó que su contenido debiera alterar los planes electorales del partido en lo que al histórico político segoviano concernía.

Fue la denuncia de Faya ante la Fiscalía Anticorrupción la que condujo a la imputación de Arístegui y De la Serna tras el estallido del escándalo en plena campaña electoral de diciembre. El sello de entrada de la denuncia en Anticorrupción lleva en efecto fecha de 11 de noviembre. Pero el texto aparece datado justamente el 10 de septiembre. Es decir, el mismo día que, a tenor del relato recabado por infoLibre en fuentes del caso, figura en la carta de Faya a Moragas. 

Los contactos de Arístegui

Embajador en la India tras una larga estancia de tres legislaturas en el Congreso, donde desembarcó tras haber ocupado el cargo de jefe de gabinete de Jaime Mayor Oreja en el Ministerio del Interior, Gustavo de Arístegui se comprometió siendo diputado a "hacer valer sus contactos" internacionales en beneficio de aquellas empresas españolas que le pagaban por su mediación.

En esas operaciones, el diplomático iba de la mano de Gómez de la Serna, que en el año 2000 había sucedido a Arístegui en la jefatura de gabinete de Mayor Oreja, donde permaneció apenas un año, hasta la llegada de Mariano Rajoy al Ministerio del Interior. Como desveló este diario, la esposa de Gómez de la Serna y la de Mayor Oreja han sido socias hasta al menos 2014.

Experto en los países de la ribera sur del Mediterráneo y Oriente Próximo, Arístegui había obtenido del Congreso permiso para prestar asesoramiento jurídico a través de su empresa Karistia SL. En una maniobra gemela, Gómez de la Serna obtuvo de la Cámara autorización para ofrecer esos mismos servicios a través de su compañía Scardovi SL. Ambos fraguaron una marca comercial para sus negocios: Voltar Lassen.

Una empresa holandesa

Según la denuncia de José Faya, se canalizó a través de una compañía holandesa –Castelino BV– parte de las comisiones que los entonces embajador y diputado cobraban de las empresas a las que introducían en países extranjeros, previo supuesto soborno a mandatarios locales. Este fue el caso, según el sumario, de la empresa Elecnor en Argelia. Tal y como adelantó este diario, la policía investiga si la trama pagó 1,6 millones de euros a funcionarios argelinos en Emiratos Árabes Unidos.

La investigación ha hecho ya aflorar datos sobre la envergadura del negocio privado que gestionaban los dos cargos públicos del PP: sus empresas, Scardovi SL y Karistia SL ingresaron entre 2009 y 2014 más de cinco millones de euros de empresas que buscaban contratos en el exterior, según un informe de la Agencia Tributaria incluido en el sumario.

La figura de Jaime Mayor Oreja, ministro del Interior con José María Aznar entre 1996 y 2001, aparece hoy como el hilo con que el exembajador Gustavo de Arístegui y el exdiputado Pedro Gómez de la Serna tejieron su relación. Y se trata de una relación que, a tenor de un dato secundario para la investigación de los manejos económicos de Arístegui y Gómez de la Serna pero relevante para trazar su perfil, siguió viva en lo personal: la esposa de Gómez de la Serna, María Luisa Jiménez Sáenz, y la de Jaime Mayor, Isabel Bastida, tuvieron al menos hasta 2014 una empresa dedicada a la comercialización y exportación de alpargatas artesanas.

Propietaria del 49% de Scardovi, la sociedad de asesoramiento legal a través de la cual facturaba Gómez de la Serna a empresas españolas que buscaban abrirse hueco en el extranjero mientras ocupaba un escaño en el Congreso, María Luisa Jiménez Sáenz no está imputada –investigada, según la nueva terminología oficial– en la causa. El sumario no contiene ningún dato indicativo de que hubiese participado en el boyante negocio de asesoramiento que desarrollaba su marido en unión de Gustavo de Arístegui.

En una breve conversación telefónica con infoLibre, la esposa del exdiputado segoviano del PP aseguró que la compañía que administraba de manera conjunta con Isabel Bastida permanece “inactiva desde hace dos años”. “No voy a decir nada más”, fueron sus últimas palabras para este diario.

Una portavoz de Mayor Oreja en la fundación que ahora preside, Valores y Sociedad, anunció a este diario que ni el exministro ni su esposa tienen nada que decir al respecto.

Constituida en enero de 2004 bajo la denominación España Artesanía y Olé SL (EAO), la empresa donde María Luisa Jiménez Sáenz e Isabel Bastida figuran como administradoras mancomunadas presentó sus últimas cuentas –las de 2014– en diciembre del año pasado. Justamente entonces estalló el escándalo que mantiene ahora bajo la lupa a Gómez de la Serna y a Arístegui.

El nexo judicial no es el único que comparten los dos políticos que forjaron su carrera en el sector democristiano de lo que desde 1989 pasó a ser el PP. Arístegui fue el primer jefe de gabinete de Jaime Mayor Oreja como ministro del Interior. Fue nombrado para ese cargo en mayo de 1996 y cesó en febrero de 2000. Le sucedió de inmediato Pedro Gómez de la Serna. Abandonó el puesto en marzo del año siguiente una vez que Mariano Rajoy llegó al Ministerio del Interior.

Sede de Voltar Lassen... y del mercadillo de alpargatas

Las cuentas de 2014 de EAO no están disponibles online. La mercantil, que mantiene registrada su marca tanto en España como en Estados Unidos, llegó a facturar 591.471 euros en 2006. En Facebook todavía puede encontrarse el post con que la mercantil anunció para los días 28 y 29 de julio de 2014 un mercadillo de alpargatas de esparto con el reclamo de un “todo a 15 y 20 euros”.

El mercadillo se celebró en Fernando el Santo 27, bajo. Esa es precisamente la dirección desde donde Arístegui y Gómez de la Serna asesoraban bajo la marca Voltar Lassen a empresas españolas que querían abrir mercados en el extranjero.

Tanto De Arístegui como Gómez de la Serna están siendo investigados por el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata por el presunto cobro de comisiones ilegales a cambio de interceder en favor de empresas españolas en la obtención de contratos en el extranjero. En la causa hay ya 20 imputados.

La supuesta implicación de ambos en ese cobro de comisiones ilegales trascendió en plena campaña para las elecciones del 20 de diciembre. De Arístegui pidió casi de inmediato al Gobierno que le cesara como embajador para que el escándalo no perjudicara ni al Ejecutivo ni al PP.

Como desveló infoLibre, un informe de Hacienda incorporado al sumario constata que a través de Scardovi y de Karistia, las sociedades con las que operaban en España, De Arístegui y Gómez de la Serna cobraron más de cinco millones de euros entre 2009 y 2014. Es decir, cuando ambos ocupaban cargos públicos, el primero como embajador y el segundo, como diputado al Congreso.

El exdiputado del PP Pedro Gómez de la Serna también hizo negocio con las participaciones preferentes, según consta en una factura a Liberbank de 21.780 euros incluida en el sumario del caso Arístegui-De la Serna. En el recibo, al que ha tenido acceso infoLibre, se especifica que la sociedad del exparlamentario conservador elaboró un informe jurídico sobre estos productos híbridos comercializados por Caja Cantabria.

La factura, que fue remitida por la sociedad de De la Serna denominada Scardovi SL a la sede madrileña de Liberbank –el banco que surgió de la fusión de Cajastur-CCM, Caja Cantabria y Caja Extremadura–, tiene como fecha el 12 de febrero de 2014, cuando el ahora investigado aún formaba parte del grupo parlamentario del Partido Popular en el Congreso de los Diputados.

Y en el documento De la Serna especifica que su trabajo consistió en realizar un informe jurídico sobre "conflictividad en materia de participaciones preferentes". Además, la factura de la empresa del entonces diputado del PP explica que también se analizó el "marco normativo" de estos productos híbridos, así como las "resoluciones jurisdiccionales y recomendaciones".

Sanción de la CNMV

Pese al trabajo realizado por De la Serna en relación con estos productos financieros considerados "toxicos", Liberbank ha sido objeto de una sanción por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que en enero pasado impuso una multa al banco de 1,5 millones de euros por infracciones muy graves en operaciones relacionadas con participaciones preferentes y la deuda subordinada.

Liberbank es uno de los bancos que ha necesitado de la ayuda pública para apuntalar su solvencia. En concreto, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob) inyectó 1.806 millones de euros públicos a las entidades integradas en Liberbank.

178 millones en preferentes

Según El Diario Montañés, en Cantabria la caja local vendió a unas 10.000 personas estos productos denominados híbridos por un valor de 178 millones de euros.

En este sentido, el propio Gómez de la Serna reconoció en la comisión de investigación contra la corrupción en la Asamblea de Madrid que percibió 12.000 euros por un informe de 30 páginas para la directora general de la Fundación Arpegio, una antigua empresa pública de la Comunidad de Madrid que ya ha desaparecido.

De la Serna explicó que elaboró el informe de 30 páginas para que la entonces gerente de Arpegio, Carmen Plata, fuera consciente de los efectos que tenía en la fundación un cambio en la Ley de Contratos Públicos. Además, el exdiputado del PP llegó a calificar el precio del informe como "barato". "Estuve dos meses haciendo el informe", se justificó el parlamentario.

Tanto De la Serna como su socio Gustavo de Arístegui, que tras abandonar el Congreso de los Diputados fue nombrado embajador en India, están imputados (investigados) por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, como presuntos autores de los delitos de blanqueo de capitales, cohecho, organización criminal y un delito en las transacciones internacionales.

Marido de Cospedal

Pero la factura de De la Serna a Liberbank no es el único caso de pagos conocidos por parte del banco producto de la fusión de Cajastur-CCM, Caja Cantabria y Caja Extremadura a personas del PP o vinculadas con esta formación política.

La empresa Hilo de Inversiones SL, de Ignacio López del Hierro, marido de la expresidenta de Castilla-La Mancha y secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, cobró de Liberbank 70.000 euros anuales a cambio de asesorar a la entidad financiera.

La Fiscalía archivó en febrero de 2014 la denuncia que interpuso el sindicato Comfia-CCOO por los pagos de Liberbank a López del Hierro.

Por su parte, el responsable económico de Ciudadanos, Luis Garicano, renunció a su participación en el consejo de administración de Liberbank después de asegurar que no disponía del tiempo y la atención necesaria para cumplir sus responsabilidades en la entidad bancaria.

El exembajador en India y exdiputado del PP Gustavo de Arístegui utilizó en 2012 y 2013 dos empresas de familiares para cobrar las comisiones presuntamente ilegales y eludir el pago de la deuda de 163.000 euros que desde 2012 acumulaba con Hacienda, según consta en la declaración del denunciante del caso José Faya.

Este testimonio lo recoge la Fiscalía Anticorrupción en la querella que inició la investigación de la "organización criminal" liderada por los exdiputados del PP Pedro Gómez de la Serna y Gustavo de Arístegui, en la que también se atribuye a los exparlamentarios los presuntos delitos de cohecho, blanqueo de capitales y de corrupción en las transacciones comerciales internacionales.

El denunciante José Faya, que trabajó como empleado de la sociedad del exdiputado Pedro Gómez de la Serna, declaró los días 23, 28 y 30 de diciembre de 2015 ante el fiscal de Anticorrupción Conrado Alberto Saiz que las sociedadas Arroyo de Lagasca y Kamaroc, de un hijo de Arístegui y de la familia de su mujer, respectivamente, fueron utilizadas para cobrar a Scardovi, la empresa de Gómez de la Serna, su parte del dinero abonado por Elecnor, una empresa que había sido objeto de dos contratos en Argelia por 480 millones.

De esta forma, era Scardovi (De la Serna) el que se encargaba de cobrar presuntamente toda la comisión ilegal a Elecnor, y en virtud de un acuerdo en el que se repartían al 50% todos los ingresos, abonaba a las empresas de Arístegui su parte.

"Respecto a las facturas a nombre de Arroyo de Lagasca y Kamaroc, giradas a Scardovi, el motivo es que Karistia no podía cobrar la parte de las comisiones que le correspondía como consecuencia de los embargos que sufría por la deuda tributaria impagada. Y esa es la razón por la que Scardovi [Gómez de la Serna] pagaba a estas empresas que eran de Arístegui", especificó Faya en su comparecencia.

Un hijo de Arístegui

El informe de 25 de abril de la unidad de auxilio de la Agencia Tributaria a la Fiscalía Anticorrupción coincide con la versión del denunciante José Faya, ya que confirma que la firma Arroyo de Lagasca, cuyo titular al 100% es Borja Manuel Arístegui Arroyo, hijo de Gustavo de Arístegui, facturó a Scardovi, de Pedro Gómez de la Serna, 142.780 euros entre 2012 y 2014.

La sociedad de Arístegui Karistia SL no había abonado el IVA y el impuesto de sociedades de 2012 y 2013, por lo que generó una deuda con Hacienda de 163.000 euros en 2014. Y el mismo 2012 se crea la sociedad Arroyo de Lagasca que factura a la empresa de Arístegui, aunque con solo 3.025 euros.

Pero 2013 es el ejercicio en el que mejor resulta plasmado el modus operandi de la trama. Mientras De la Serna ingresa con Scardovi 221.611 euros de Elecnor, Arístegui no recibe directamente nada de esta firma. Sin embargo, Scardovi paga 43.015 euros a la empresa del denunciante José Faya, 61.915 euros a Karistia (Arístegui); 65.369 euros a Arroyo de Lagasca, del hijo de Arístegui, y 19.965 euros a la sociedad Lagun Media, aunque en realidad se le atribuye a Karistia (Arístegui).

Un préstamo para pagar

En 2014 De la Serna percibió 310.279 euros de la filial de Elecnor Internacional de Desarrollo Energético, al mismo tiempo que la empresa de su socio Arístegui pasaba a cobrar por primera vez de esta misma empresa, en concreto 211.750 euros.

El denunciante José Faya explicó al fiscal que esos 211.750 euros en realidad eran "un préstamo para que Arístegui pagase la deuda tributariaArístegui que tenía su empresa Karistia". También dijo que Arístegui llegó a rubricar un contrato con Elecnor "al margen de Scardovi de enero de enero de 2014 y que firmó como consecuencia de unas vacaciones de Navidad que pasó en Madrid".

Blanqueo de capitales

La querella del fiscal Conrado Alberto Saiz, de 11 de enero de 2016, relata que los integrantes de la trama podrían haber cometido el delito de blanqueo de capitales "al utilizar sociedades pantalla carentes de una verdadera actividad mercantil como es el caso, en principio, de las sociedades Arroyo de Lagasca, Karistina Maroc (Kamaroc) y Castelino BV, estas dos últimas con domicilio sociales en Marruecos y Holanda, respectivamente, y que tendrían como misión primordial ocultar los beneficios dimanantes de los anteriores delitos y ser instrumento para su comisión bajo apariencia de una lícita actividad comercial".

El magistrado que instruye en la Audiencia Nacional el caso De la Serna-Arístegui, José de la Mata, investiga si los integrantes de la trama abonaron a funcionarios argelinos 1.648.000 euros de forma irregular en Emiratos Árabes Unidos a cambio de concesiones en Argelia para la empresa Elecnor.

La empresa de transportes Alsa, que forma parte del grupo británico National Express, también recurrió a los servicios de la trama liderada por los exdiputados del PP Gustavo de Arístegui y Pedro Gómez de la Serna para tratar de conseguir la adjudicación del contrato del transporte público urbano de Rabat, la capital de Marruecos.

Un informe de la unidad de auxilio a la Fiscalía Anticorrupción de la Agencia Tributaria, que fue registrado en la Audiencia Nacional el 25 de abril pasado, especifica que la sociedad de la trama Dial Trading, que es propiedad del denunciante José Faya López, percibió 95.580 euros del Grupo Alsa.

Pero en su declaración ante la Fiscalía Anticorrupción de diciembre de 2015, el propio Faya reconoce que el dinero que recibió de la compañía de transportes de origen asturiano lo repartió con el exdiputado De la Serna y el exembajador en IndiaDe la Serna: "Dial Trading facturó por ese contrato con Alsa 80.000 euros, de los cuales Gómez de la Serna (Scardovi) cobró el 35% de lo facturado a Alsa y el señor Arístegui (Kamaroc) percibió el 35%". El 30% restante se lo quedó Faya.

Vicepresidente de Alsa

En el sumario consta también un contrato de asesoramiento y prestación de servicios profesionales, fechado en Madrid el 1 de agosto de 2011, entre la empresa de Faya y Francisco Javier Carbajo de la Fuente, que desde marzo pasado es el vicepresidente de la compañía de autobuses, según el periódico La Nueva España.

El motivo del acuerdo entre Faya y Alsa, según consta en el sumario, "era participar en una licitación en Rabat para la gestión del transporte urbano". Y en el documento se especifica la contraprestación que abonará la empresa de autobuses: "Alsa hará efectiva a Dial Trading la cantidad de 12.500 euros [al mes]. En el caso de que Alsa decidiera presentar oferta a la licitación en los 12 meses siguientes a contar desde la convocatoria por parte de las autoridades marroquíes competentes resultando adjudicataria de la misma, Dial Trading percibirá de Alsa la cantidad de 200.000 euros como prima de éxito".

En un auto de 7 de junio pasado, el juez que instruye el caso en la Audiencia Nacional, José de la Mata, anuncia la citación, en calidad de testigo, de las personas que firmaron acuerdos con la trama, entre los que se encuentra el representante de Alsa en la operación de Marruecos Francisco Javier Carbajo de la Fuente.

La familia de Arístegui

Un segundo contrato del sumario, de fecha 1 de septiembre de 2011, también está relacionado con el contrato de Rabat. Los firmantes del documento son el propio Faya y el ciudadano de nacionalidad francesa Same Thierry Baghdadi, vinculado con la familia política de Arístegui.

Y la justificación del acuerdo es la "representación o asesoramiento a empresas del sector del transporte de pasajeros por carretera". Además, Dial Trading reconoce a Same Thierry como su "único interlocutor en Marruecos" para mantener los contactos con Alsa en relación al procedimiento de licitación. La retribución acordada en el acuerdo suscrito entre Alsa y Dial Trading, de 15.000 euros mensuales entre el 15 de enero de 2012 y el 15 de abril de 2012, "serán abonadas a Same Thierry Baghdadi o las sociedades que este indique", completa el documento.

El denunciante del caso, José Faya López, aseguró en este caso que al final la compañía de autobuses no logró hacerse con el servicio de transporte urbano de la capital marroquí.

Intermediación

Faya aportó en su denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción una factura, por un valor de 10.254 euros, que emitió la empresa a Scardovi, de Gómez de la Serna, a la sociedad Dial Trading por "honorarios profesionales por la intermediación en la apertura de mercados internacionales para Alsa Grupo durante noviembre y diciembre de 2011", según un informe al que ha tenido acceso infoLibre. Karistia Maroc, que pertenecía a la suegra de ArísteguiArístegui, que es de nacionalidad marroquí, también recibió otros 10.254 euros del dinero que abonó Alsa.

Faya explicó además en su declaración en Anticorrupción que Arístegui "tuvo conocimiento de que se iba a licitar el transporte público de la ciudad de Rabat", y como no podía incluir a la empresa de su suegra en la operación, necesitaba otra firma que actuase como agente de la misma, ya que ellos "no podían participar porque las gestiones en el Ministerio de Transporte marroquí las realizó Same Bahdadi, quien es un familiar de la mujer de Arístegui".

Preguntado sobre la posibilidad de que la trama abonara una mordida a las autoridades marroquíes, Faya aseguró desconocer si se pagaron sobornos a las autoridades del país africano, aunque especificó que la adjudicación "no llegó a celebrarse".

Reparto al 50%

Los documentos que obran en el sumario explican que las cantidades de dinero que recibían las dos sociedades, Scardovi y Karistia, se repartían a partes iguales. De hecho, el documento de Hacienda especifica que es Scardovi la que ingresa la mayor parte del dinero, que percibían al 50% los exdiputados del PP.

La compañía de autobuses Alsa está presente en Marruecos desde 1999 y opera en Marrakech, Agadir, Khouribga y Tetuán. La propia firma creada en Luarca (Asturias) asegura que una buena parte de los 98,5 millones de euros que ganó en 2015 se deben a la recuperación del tráfico de viajeros en España y al "fuerte" crecimiento de la actividad que desarrolla en Marruecos.

infoLibre ha solicitado a la empresa Alsa que explique su versión de los hechos, pero no ha contestado a la reclamación de este diario.

Las empresas Scardovi SL y Karistia, de los exdiputados del PP Pedro Gómez de la Serna y Gustavo de Arístegui, respectivamente, ingresaron entre 2009 y 2014 más de 5 millones de euros de empresas que buscaban contratos en el exterior, según un informe de la Agencia Tributaria incluido en el sumario del caso en el que se investiga las acciones de una supuesta "organización criminal" liderada por los dos exparlamentarios conservadores.

Por separado, e incluyendo también los cobros de empresas sin vocación internacional, Scardovi es la que recibe mayor volumen de negocio, con 4,9 millones, mientras que Karistia ingresó otros 700.000 euros, según consta en el sumario al que ha tenido acceso infoLibre.

Pero los documentos que obran en el sumario explican que las cantidades de dinero que recibían las dos sociedades se repartían a partes iguales. De hecho, el documento de Hacienda especifica que es Scardovi la que ingresa la mayor parte del dinero de Elecnor, aunque al final acaba repartiéndose la trama.

De hecho, un documento que obra en el sumario firmado por Gómez de la Serna y Gustavo de Arístegui especifica que "Scardovi y Karistia iniciarán de manera coordinada una labor comercial para captar como clientes a empresas con vocación de expansión internacional y de captación de mercado en países distintos de España". Y por ello, las comisiones se las repartían al 50%, según completa el documento.

Elecnor, 1,9 millones

El informe, que se basa en los datos que contiene Hacienda sobre la facturación de las dos firmas de los exdiputados del PP, muestra que las sociedades que más dinero abonaron fueron Elecnor y su filial Internacional de Desarrollo Energético SA, con 1.931.107 euros.

También destaca el pago de 836.400 euros por parte de Gas Natural Fenosa a Scardovi. Según la declaración ante la Fiscalía Anticorrupción del denunciante del caso, el empresario asturiano José Faya López, los exdiputados Gómez de la Serna y Arístegui percibieron "30.000 euros mensuales más IVA durante varios años".

El trabajo que tuvieron que desarrollar los exparlamentarios del PP, según Faya, era realizar gestiones ante la empresa argelina Sonatrach, la encargada de la gestión del gas del país africano, que había reclamado a la española Gas Natural Fenosa 1.200 millones.

Contratos con Gas Natural

"Las gestiones que realizaron los señores Gómez de la Serna y de Arístegui ante Sonatrach en Argelia en favor de la empresa Gas Natural permitió reducir el importe de la reclamación a una cantidad aproximada de 750 millones", completó el testigo, que dijo que esas "gestiones" fueron realizadas por Gómez de la Serna y Arístegui Gómez de la Sernaen 2010. Y ese es el motivo por el que Gas Natural hizo los pagos mensuales durante varios años".

Otras de las empresas que abonan a Scardovi cantidades de dinero son Sunedison Spain Construction SL (394.389 euros); Grupo Empresarial San José (242.000 euros); Audingintraesa (142.361 euros); Contratas Iglesias (160.160 euros); y Espina Obras Hidráulicas (145.040 euros).

Con abonos inferiores a los 100.000 euros aparecen en el informe de la Agencia Tributaria las firmas Grupos Obras Especiales Proyectos e Infraestructuras (77.880 euros); Fergo Aisa ( 61.360 euros); Brassica Group (61.360 euros); Construcciones y Promociones Balzola (59.000 euros); Sánchez y Lago (58.900 euros); Obras Generales del Norte (37.760 euros); Jeb Inversiones (12.100 euros); y Grupo Editec (6.960 euros).

Intermediarios y asesores

En el listado de Hacienda se incluye también a las empresas Trias Sagnier Abogados (160.562 euros), propiedad del exdiputado del PP que está en el origen de la publicación de los papeles de Bárcenas sobre la caja B del partido de Mariano Rajoy; Lagun Media (102.371 euros); el despacho Durán, Gómez de la Serna, Salazar-Simpson (71.691 euros); Eriskay Company (3.866 euros); Liberbank (21.780 euros); y Dial Trading (30.840 euros), que no tenían una vocación de expansión internacional.

La firma de Trias y Dial Trading, del denunciante del caso, eran empresas intermediarias o de asesoría, al igual que el despacho Durán, Gómez de la Serna, Salazar-Simpson, en el que el primero de los abogados que integran el mismo, se trata de Alberto Durán Ruiz de Huidobro, el letrado imputado en el caso del borrado de los discos duros de Bárcenas.

Llama la atención también los abonos de la Comunidad de Madrid (8.120 euros) y de la Federación Española de Municipios y Provincias a Scardovi (42.664 euros). Gómez de la Serna trabajó para la empresa Arpegio, que fue controlada por el exconsejero Francisco Granados, en la cárcel por la operación Púnica.

Por su parte, la sociedad Karistia, que era al 99% de Gustavo de Arístegui y un 1% de uno de sus hijos, también recibió 211.750 euros de Elecnor; 138.000 euros de Cementos La Unión; 60.500 euros de Eurofinsa; y 43.890 euros de ASM Evoluciones. Otras empresas, a las que no se les presume un intento de expansión internacional son nuevamente el despacho de abogados del exdiputado del PP Trias (136.672 euros); Lagun Media (72.000 euros); y Dial Trading (30.840 euros), entre otros.

Estrechas vinculaciones

Otras empresas de la trama, que aunque no se pueden atribuir de forma directa a Gómez de la Serna y a Arístegui, también obtuvieron importantes ingresos.

Este es el caso de la empresa del denunciante José Faya López que ingresó 638.460 euros. Y una parte de ellos podría haber sido reenviada a los exdiputados del PP, según las declaraciones del propio Faya ante el fiscal.

También aparece la sociedad United Consultancy Services, que es una de las que utilizó la trama para canalizar, según el propio sumario, los pagos de Elecnor a funcionarios argelinos a través de cuentas bancarias en Emiratos Árabes Unidos, tal y como adelantó infoLibre.

Los dos únicos clientes de esta empresa, cuyos administradores están imputados, fueron Elecnor y la UTE Tranvía de Ouargla, que le abonaron en total 2,5 millones. En relación con la firma United Consultancy Services constan en 2014 y 2015 cinco pagos por 1,5 millones con destino a cuentas de Emiratos Árabes. La UTE argelina también desembolsó Argelia 2,2 millones de euros.