La idea de aumentar la carga impositiva a las rentas que vienen del ámbito inmobiliario o de penalizar los inmuebles vacíos está sobrevolando últimamente el ámbito político. De hecho, la fiscalidad es una de las recetas a las que se apela desde la izquierda a la hora de buscar soluciones a la fiebre inversora que mantiene el mercado en ebullición. Desde la derecha, en cambio, la receta pasa por retirar carga impositiva, sobre todo en lo que tiene que ver con el IVA de la construcción, la renovación y el alquiler residencial. Pero ¿cómo es en realidad el marco fiscal? 

"En España la vivienda no está poco gravada, sino gravada de forma fragmentada y poco coherente. Es decir, no existe un único impuesto sobre la vivienda, sino varios tributos que operan en distintas fases (adquisición, tenencia y transmisión), sin responder siempre a una lógica clara desde el punto de vista hacendístico", señala Jorge Onrubia, doctor en Economía y profesor de la Universidad Complutense de Madrid. Esos desequilibrios se pueden constatar en el hecho de que, por ejemplo, "España grava de forma relativamente intensa la adquisición de vivienda (a través del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, IVA y Actos Jurídicos Documentados), mientras que la tenencia (IBI) tiene, en términos comparados, un peso más moderado", apunta el profesor. Esto, puntualiza, hace que se penalice fiscalmente el acceso.

El mapa que se puede dibujar tiene muchos detalles, pero el economista Miguel Artola, de la Universidad Carlos III de Madrid, coincide con Onrubia en que la fiscalidad nacional presta una especial atención al momento de las transacciones y se fija menos en el componente de riqueza que supone poseer activos inmobiliarios. "El grueso de la fiscalidad recae sobre las transacciones. Invertir en vivienda tiene sentido porque, una vez que compras, pagas pocos impuestos. Es decir, pagas mucho en el momento de la transacción, pero poco a la hora de explotarla o disfrutarla", coincide Artola. De ahí que las propuestas para gravar estas segundas residencias estén cobrando protagonismo.

Un estudio reciente elaborado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y el Ministerio de Consumo señalaba que más de la mitad (52,8%) de los caseros de España que no son personas jurídicas, tienen dos o más inmuebles de los que obtienen rentas. El 47,2% restante solo posee una. El dato rompe con la idea de que la mayoría de arrendadores solo posee una casa y refuerza la idea de que hay una cierta profesionalización en el sector. Si a la cuenta se incorporan empresas y fondos de inversión, el porcentaje de los considerados como multiarrendadores aumenta: son un 60,8%. 

El informe llegó en pleno debate sobre si un eventual endurecimiento sobre la fiscalidad en el ámbito inmobiliario lograría generar un efecto de redistribución de riqueza y echó más leña al fuego del descontento social. Una veda que abrió el alcalde de Nueva York cuando anunció que impondría una tasa a las segundas residencias de más de cinco millones de dólares. Para Artola, no es fácil establecer una comparación, pero sí explica que en Estados Unidos el peso de la fiscalidad recae sobre la propiedad anual mantenida en el tiempo y no se centra tanto en el momento de la adquisición.

El debate pivota sobre la necesidad de gravar las rentas que proceden de la actividad inmobiliaria de forma justa. "La manera en que se refleja la propiedad de la vivienda en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), ahora mismo es muy deficiente, ya que las segundas residencias que entran en el IRPF lo hacen por su renta catastral, cuya valoración es mucho más baja, generalmente, del valor real", explica. Para él, la lógica detrás de la propuesta de Más Madrid, centrada en crear un IBI progresivo, podría resultar eficiente si además se incluyen de manera más clara estas posesiones en el IRPF, facilitando la discriminación entre rentas altas y rentas bajas a la hora de aplicar la carga tributaria.

Aunque este nuevo modelo de IBI plantea situaciones problemáticas. "El IBI presenta limitaciones importantes como instrumento redistributivo, ya que grava un activo concreto (la vivienda) y no la renta o la riqueza total. Esto puede generar situaciones problemáticas desde el punto de vista de la equidad, por ejemplo, en el caso de contribuyentes con ingresos bajos pero con viviendas de elevado valor (personas mayores sobre todo, que tienen viviendas, pero su renta está limitada por las pensiones que cobran)" puntualiza Onrubia.

Al analizar la situación fiscal de caseros e inquilinos, también se dan diferencias. "En cuanto a la vivienda en alquiler, el propietario tributa en el IRPF por los rendimientos obtenidos, si bien el sistema incorpora incentivos relevantes (como la reducción sobre el rendimiento neto en alquiler residencial, de un 60%) y la deducción de gastos. En este sentido, puede decirse que el sistema fiscal español sí contiene elementos que favorecen el alquiler, aunque con bastante complejidad normativa", explica Onrubia. Sin embargo, matiza que, por el lado del inquilino, "los incentivos fiscales son hoy mucho más reducidos" y se "restringen a propuestas de ámbito autonómico".

Para hablar de este marco fiscal, el doctor en economía e investigador de Funcas, Ignacio Ezquiaga, pone el foco en la fiscalidad de los suelos. Para él, tocar la fiscalidad de los caseros particulares en un momento como el actual puede resultar contraproducente. "Las viviendas vacías son difíciles de reconocer porque no hay un registro y nunca está muy claro cuán vacías están", explica. Sin embargo, apretar la fiscalidad penalizando que se retengan suelos urbanos sin construir, apunta, tendría más efecto y se evitaría el riesgo de que el casero repercutiera la carga impositiva en el inquilino.

En su caso, en vez de poner el foco sobre las casas vacías, propone utilizar el impuesto sobre bienes inmuebles (IBI) para sancionar a los grandes fondos que mantienen suelos urbanizables paralizados e incentivar, con bajadas en el IVA sobre las transacciones entre promotores y gestores de alquiler asequible, a quienes pongan vivienda en el mercado cumpliendo con lo que requiere el Plan Estatal de Vivienda. "Muchos fondos de inversión tienen promociones y suelos a medio construir. Muchos de ellos comprados sin pagar porque eran activos tóxicos de la crisis inmobiliaria y que permanecen arrinconados y en los que se podrían construir hasta dos millones de viviendas. Si esos fondos pagasen un IBI más alto, los soltarían o los construirían", señala. Lo que no tendría sentido, matiza, son las bajadas generalizadas de IVA "cuando lo que se necesita es más vivienda a precio asequible".

En cuanto a las rentas del alquiler, ambos expertos señalan que las desgravaciones a las que tienen acceso los caseros son amplias y la iniciativa de limitarlas a aquellas personas que ofrezcan alquileres asequibles es una condición clave. "Se pueden desgravar las obras que haga en el piso, los gastos de gestión de las agencias, gastos de comunidad, seguros...", enumera Ezquiaga. En el lado del inquilino, explica, están exentos de pagar IVA.

Mientras las propuestas para gravar los beneficios del mercado inmobiliario aterrizan, la evidencia que gana peso es que la especulación inmobiliaria empeorará aún más la distribución de la riqueza. "El problema de la vivienda en España no es solo de oferta o de precios: es un problema de distribución del patrimonio. En menos de dos décadas, dos millones de nuevos inmuebles no han ampliado el acceso a la propiedad, sino que han profundizado una estructura dual en la que la distancia entre quienes no tienen nada y quienes acumulan mucho no deja de crecer", concluye el informe del CSIC.

Las ideas para aumentar la contribución fiscal de los grandes patrimonios están ganando espacio en la conversación pública de muchos países. De la tasa Zucman en Francia al impuesto sobre las grandes fortunas en España, pasando por la polémica que ha desatado el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, al proponer una tasa que grave las segundas residencias de lujo con un valor superior a cinco millones de dólares. Y es que el aterrizaje de este clamor para crear sistemas redistributivos más efectivos parece estar dirigiéndose, sobre todo, hacia la vivienda. Este martes el grupo Más Madrid presentaba en el Congreso una propuesta similar: modificar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) para que se pague según el valor catastral y sea progresivo. Además, la tasa sería más alta para quienes tengan más de cinco casas en la misma ciudad y para los fondos, sociedades o empresas. 

Las costuras de la desigualdad están especialmente tensionadas en todo lo que tiene que ver con la vivienda y no solo a nivel nacional. Un estudio elaborado por la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo (Eurofound) señalaba que en Bulgaria, Irlanda, Polonia, Portugal y España se requería el 80% del salario medio para alquilar un apartamento de dos habitaciones. En las zonas más tensionadas, el alquiler llegaba a comerse el sueldo total de una persona. Esta crisis de acceso a un bien tan básico como la vivienda ha hecho que una parte significativa del debate sobre la desigualdad global se centre en el ámbito inmobiliario y en la especulación. “Este es el tipo de actividad inmobiliaria que se está produciendo en esta ciudad: viviendas que permanecen prácticamente vacías durante gran parte del año mientras los neoyorquinos sufren en esta misma ciudad [para encontrar una vivienda]”, declaró Mamdani en una entrevista al canal NBC. “Esto es gravar a los ricos”, concluía.

Mirar a la vivienda es hacerlo a las rentas del capital, que pueden derivar de la explotación de finanzas e inversiones o de bienes inmuebles, pero que suponen un pedazo sustancial en la composición de la riqueza de los grupos con mayor poder adquisitivo. 

En el siguiente gráfico, realizado en base a datos de 2022 elaborados por Fedea, se ve la procedencia de los ingresos de distintos grupos de población según su nivel de renta. El primer quintil (Q1) agrupa al 20% con menos renta y el quintil número cinco aparece desglosado en deciles y centiles para ver cómo se compone la riqueza del 1% con más dinero. 

En este análisis coincide un estudio reciente realizado por el Instituto de Estudios Fiscales, dependiente del Ministerio de Hacienda, titulado Análisis de la desigualdad de la renta y la pobreza de los hogares. "La principal fuente de ingresos para la mayoría de los hogares son las rentas del trabajo, cuya distribución presenta niveles de desigualdad relativamente moderados. No obstante, en los tramos superiores de la distribución adquieren una importancia creciente las rentas del capital y del patrimonio, caracterizadas por una concentración elevada y una desigualdad mucho más acusada", explica el informe. Y lo peor, cuesta mucho subir de escalón: sus datos señalan que más del 60% de los hogares que comienzan el año entre el 10% más pobre, siguen igual al cierre del año. En el otro extremo, el 80% de las familias que están en el 10% más rico permanecen en el mismo sitio 12 meses después. Estos porcentajes son casi idénticos en todos los años analizados desde 2019 a 2023.

Por otra parte, la rentabilidad del sector inmobiliario no ayuda a frenar las dinámicas especulativas. Comprar una vivienda para ponerla en alquiler ofrece una rentabilidad bruta anual del 6,7%, de acuerdo con el portal inmobiliario Idealista. Un porcentaje que duplica la inflación y que supera, por ejemplo, a los retornos de los bonos del Tesoro. Aquí es donde las medidas fiscales tratan de poner freno, desincentivando el uso de la vivienda como activo de mercado.

Pero, ¿puede tener un efecto redistributivo amplio un gravamen sobre vivienda? Para el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Granada Juan Torres López estas medidas tienen más peso como elemento de disuasión que como herramienta de reparto. “Mi opinión es que este tipo de medidas puede tener un efecto demasiado limitado o incluso contraproducente si no se mide bien su impacto y si no se insertan en estrategias de conjunto. También habría que ver cuánto se podría recaudar y su capacidad redistributiva porque podríamos llevarnos sorpresas”, señala. 

Sin embargo, en lo que tiene que ver con el mercado de la vivienda en particular, sí considera que la fiscalidad puede jugar un papel relevante. “Un impuesto progresivo sobre viviendas vacías en zonas tensionadas, con definición precisa de vacío y verificación real, podría aumentar la oferta sin construir nada nuevo”, aunque matiza que un “bien público esencial como es la vivienda no puede tener el mismo tratamiento que un activo financiero”. 

“Hay que dar la batalla contra la desigualdad, y eso pasa por recuperar un sistema fiscal con un mínimo de sentido, un sistema fiscal progresivo donde los que más tienen contribuyen más, y que desincentive también el acaparamiento de viviendas”, señalaba este martes Manuela Bergerot, portavoz de Más Madrid en la Asamblea, tras presentar la medida.

Si para Mamdani aumentar la fiscalidad de las segundas residencias es gravar a los ricos, la propuesta del grupo madrileño señala en la misma dirección, aunque su idea sería vehicularlo a través del IBI. Rita Maestre, portavoz del partido en el Ayuntamiento de Madrid, aludió directamente a la propuesta que se estudia en Nueva York y explicó que la medida se basa en tres puntos: evitar la acaparación de casas con un aumento tributario, gravar las viviendas de lujo, con especial atención al 10% más rico y, finalmente, subir los impuestos sobre las viviendas que sean propiedad de las empresas.

En los tecnicismos de la norma, que se presentó en forma de Proposición de Ley en el Congreso, se señala que la "actual configuración del IBI como tributo de cuota proporcional resulta insuficiente para satisfacer el mandato constitucional de justicia tributaria" y pide crear tramos progresivos que se apliquen en función del valor catastral que tenga cada inmueble, dejando a cada ayuntamiento margen para adaptarlo.

Por otro lado, propone penalizar las viviendas que permanezcan vacías con un recargo "de hasta el 100% de la cuota líquida del impuesto cuando el periodo de desocupación sea superior a tres años". Eso sí, quienes pongan su casa en alquiler asequible estarían exentas de esta tasa.

El grupo madrileño insiste en la tesis de que el efecto redistributivo de gravar las viviendas puede ser significativo. "En Madrid, quien tiene una vivienda en Núñez de Balboa de cuatro millones de euros paga un IBI exactamente con el mismo tipo impositivo que una familia de Puente de Vallecas que cueste 200.000 euros. Quien tiene una única vivienda paga el mismo tipo de IBI que quien tiene 20. Un fondo como Blackstone paga en las mismas condiciones que un vecino o vecina que vive de su trabajo", señalan en un comunicado. Es el mismo mensaje que pretende lanzar el alcalde de Nueva York y cuyo efecto aún está por ver, ya que su propuesta ni siquiera ha llegado aún a la fase de implementación. 

“No estamos solos. Ellos tienen las mismas estrategias en todo el mundo. ¿Por qué no hacemos lo mismo? Por eso es tan importante este evento. No hablar solo de los autoritarios, sino sobre lo que la gente necesita. Tenemos que hacer este networking. Necesitamos ayudarnos los unos a los otros. Es una gran oportunidad para empezar a reconstruir la democracia. No se trata de tener claro contra quién estamos, sino para quién nos levantamos”.

Estas palabras brotaron desde lo más profundo de Claudia Ortiz, la figura más visible que hace oposición a Nayib Bukele en El Salvador. Y representan el sentimiento que domina desde este viernes por la mañana la Global Progressive Mobilisation de Barcelona, un espacio sin precedentes en la izquierda internacional para forjar una alianza que haga frente a la ola de extrema derecha que sacude el tablero internacional.

Esta cumbre, impulsada principalmente por Pedro Sánchez, Stefan Löfven y Luiz Inácio Lula da Silva, aspira a cambiar el paradigma en el mundo de la izquierda. No se trata de hacer grandes declaraciones con muchos puntos, sino de darse la mano casi literalmente entre más de cien partidos a lo largo y ancho de todo el mundo; arrancar un proceso de colaboración hasta ahora nunca visto en todos los niveles. No es cuestión de fotos de presidentes y dirigentes, sino de entrelazar a miembros de gobiernos, alcaldes, líderes sindicales y referentes en las redes y entre los jóvenes.

Un trabajo que se extenderá hasta el sábado por la noche, pero que ya en la primera jornada respondió a ese espíritu. Los participantes, tanto en los foros como entre el público, se identificaron con las intervenciones. De Barbados a Chile, de Estados Unidos a Australia, de Portugal a México. Un sentimiento, como señalan diferentes dirigentes a infoLibre, de que muchas vivencias son compartidas. Muchas preocupaciones. Muchas ideas. Muchos errores. Y muchas soluciones.

En este primer día los caminos empezaron a labrarse. Con la idea de que la democracia debe reforzarse desde muchos ámbitos en un mundo donde la desigualdad cabalga de manera imperante. Frente a la ola ultraliberal de los líderes autoritarios, la izquierda comparte que solo se saldrá de la crisis con mayor igualdad. ¿Y por dónde pasa la solución? Hay una expresión que se impuso durante todo el viernes: “Tax the super rich”. 

Un concepto que atraviesa a todo el mundo progresista, que ya se está abriendo paso en diferentes lugares del mundo, como en Brasil o en Nueva York, donde el alcalde, Zohran Mamdani, ha prometido gravar el parque inmobiliario de los multimillonarios. Precisamente, desde el Gobierno de Lula habló en uno de los foros la ministra de Finanzas, Debora Freire, que ha implementado este impuesto este año.

“No hay ninguna solución aislada. Debe haber progresividad fiscal, transparencia y equidad internacional”, recetó Freire, que indicó que esta acción no debe ser simplemente a escala nacional, sino que se debería implementar a nivel mundial. Un debate que, precisamente, está intentando evitar la Unión Europea, como recordó el eurodiputado socialista portugués Bruno Gonçalves, que avisó de que la izquierda va a dar la batalla en Bruselas y en Estrasburgo frente al bloque conservador y de extrema derecha: “Hay una falta de voluntad política. Pero lucharemos”.

Este concepto de lucha ideológica está muy presente en la cumbre desde su arranque. Y todos ponen sobre la mesa la importancia de las elecciones de Brasil del próximo mes de octubre. Cuando se nombra a Lula en algunos foros, inmediatamente hay un aplauso. Y es que es una pieza a abatir por parte de la ultraderecha internacional después de haber logrado dominar grandes países del área como Argentina (Javier Milei) y Chile (José Antonio Kast).

Precisamente, analizó en primera persona la experiencia de Chile Gabriel Jackson, una de las personas más cercanas al expresidente Gabriel Boric y ex ministro en el anterior Gobierno. Su radiografía: “Chile vive un contexto duro. Cometimos errores por las grandes expectativas, pero hicimos avances como la reforma de las pensiones, la subida histórica del salario mínimo, la reducción de la jornada laboral y las ayudas familiares. Ahora tenemos un Gobierno de la extrema derecha heredera de Pinochet. Aplican el manual de Steve Bannon”.

Jackson hizo una llamada muy importante a la unidad de la izquierda, un eterno debate en todo el espacio, donde se suceden las luchas cainitas de manera constante. Una petición que también llevó en primera persona Luisa González, excandidata presidencial progresista en Ecuador, que denunció que el presidente de su país, Daniel Noboa, lo ha convertido casi en un régimen dictatorial, controlando las instituciones y a jueces y fiscales. Este mandatario ha recibido el apoyo, por ejemplo, de Isabel Díaz Ayuso, lo que evidencia cómo sí está engrasado el bloque de las derechas.

Esa sensación de lawfare es compartida por muchos dirigentes de la izquierda. Y está más presente que nunca también en España, donde el juez Juan Carlos Peinado ha procesado a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez. Un giro judicial que ha provocado un nuevo enfrentamiento contra el Ejecutivo, que pone en duda la instrucción llevada a cabo por el magistrado.

El lawfare ha marcado la política brasileña en las dos últimas décadas. Con Lula como máximo exponente. Barcelona tiene durante estos días también sabor a Pernambuco. Sánchez y el brasileño tuvieron un primer encuentro en la cumbre bilateral entre los dos países, a las puertas de la Global Progressive Mobilisation. Y la primera dama brasileña, Janja Lula da Silva, también participó el viernes en el foro de partidos.

Lo hizo en uno de los paneles estrella bajo la idea del acceso global a la justicia de las mujeres y de las niñas. Un acto de reivindicación del feminismo en tiempos de crecimiento del negacionismo. Una charla clave en un momento también en el que sectores de la izquierda llaman a suavizar el discurso feminista. A su lado estuvieron el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y la responsable de la Oficina de Asuntos Internacionales de la ciudad de Nueva York, Ana Maria Archila.

Esta mesa registró un lleno total en el ágora Ernest Lluch con un Rodríguez Zapatero como gran brújula moral del socialismo. “Esta es la cumbre progresista más importante de este siglo”, arrancó el expresidente, que enfatizó: “Nos estamos jugando en estos momentos qué siglo XXI queremos”. Marcó un objetivo a toda la izquierda: “Necesitamos más internacionalismo. Y, sobre todo, determinación y coraje. No podemos dudar de las grandes convicciones que arrancaron en la Ilustración. Tenemos dos grandes anhelos: la paz como tarea y la igualdad de género como la palanca transformadora”.

Y en el aire barcelonés pesó durante todo el día un tema que preocupa en toda la izquierda internacional: el acercamiento de los jóvenes a la ultraderecha. El año pasado, en la cumbre de la alianza progresista en Santiago de Chile, los líderes encargaron un informe al Observatorio Multilateral de Juventudes frente al Extremismo. Un documento que vio la luz este mismo viernes, que señala que los menores de 30 años son los que tienen en estos momentos menos apego al sistema democrático (con un respaldo poco superior al 45%).

No obstante, sigue siendo el sistema predilecto entre la juventud. ¿Pero por qué hay ese desapego? Este observatorio, liderado por el brasileño Alexandre Pupo, determina cinco factores principales: el trabajo precario, las dificultades de acceso a la vivienda, la salud mental, la inseguridad climática y el entorno digital polarizado. La llamada a la izquierda de los jóvenes es clara: “Es el momento no sólo de reconstruir, sino de reimaginar la democracia”. En eso andan los progresistas, con olor a Mediterráneo. 

La OCDE recomienda a España que disminuya la fiscalidad sobre el trabajo, que desincentiva en algunos casos la búsqueda y la creación de empleo, y que, en su lugar, incremente el IVA mediante la supresión de exenciones y las tasas medioambientales, según informa EFE.

Así lo recoge un informe publicado este jueves por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que incluye propuestas de reformas a los países para aumentar la productividad y el crecimiento.

El trabajo señala que España ha mostrado una evolución positiva en los últimos años, con una reducción de la brecha de su producto interior bruto (PIB) per cápita respecto a la media.

Esa brecha se agrandó con la pandemia, cuando la economía española sufrió particularmente, y se situó en torno al 35% en 2020, pero desde entonces se ha reducido hasta quedar en el 30% en 2024, un porcentaje, sin embargo, aún "significativo".

Para reducirlo aún más, acelerar la productividad y afrontar el envejecimiento de la población, las recetas de los autores del estudio son, entre otras, un mercado laboral más flexible, un sector empresarial más dinámico y más inversión en investigación y desarrollo (I+D).

Del sistema tributario, los autores critican que la fiscalidad sobre el trabajo es alta, en particular por la interacción de las "elevadas" cotizaciones, y la rápida retirada de prestaciones sociales para los trabajadores con bajos ingresos que tienen hijos a su cargo o a los que sustentan la familia, y que pierden así un aliciente para mantenerse en actividad.

También cargan contra las exenciones del IVA y los tipos reducidos que se aplican a este impuesto sobre el consumo, y que reducen la base imponible.

Su receta es "impuestos menos distorsionadores" como el IVA y los medioambientales, y eliminar gradualmente las prestaciones para reforzar los incentivos al trabajo.

En educación, la OCDE recuerda que el fracaso escolar y el abandono temprano de la formación, aunque ha habido mejoras recientemente, sigue siendo mayor en España que la media de la organización. Además, el porcentaje de estudiantes de Formación Profesional y el de quienes llegan al nivel superior de secundaria está por debajo.

Por eso, apuesta por una identificación temprana de los estudiantes de riesgo, planes flexibles para Formación Profesional, segundas oportunidades para los que han abandonado sus estudios y formación para los adultos que necesitan actualizar capacidades.

Sobre este último aspecto, propone procedimientos que validen las competencias adquiridas en el puesto de trabajo para los adultos y la creación de trayectorias de formación individuales.

Los autores del informe identifican fallos como la falta de correspondencia entre capacitaciones y necesidades del mercado laboral o carencias de los servicios autonómicos de empleo, que deberían reforzarse con la digitalización, más personal y una cooperación reforzada con el sector privado.

La OCDE reconoce que la política española de adaptación al cambio climático está en línea con las mejores prácticas, pero señala que su aplicación es desigual a nivel autonómico y local y falta inversión en medidas preventivas, sobre todo teniendo en cuenta que España se enfrenta a costes cada vez mayores por catástrofes vinculadas con ese fenómeno. 

Un punto positivo que señala es que España ha aumentado significativamente la generación de electricidad renovable, que ya es más de la mitad, aunque cree que hay que "seguir agilizando" la concesión de permisos y la inversión en infraestructuras de red, incluidas las interconexiones, para "hacer frente a la congestión y a las restricciones de suministro".

La OCDE aconseja simplificar los procedimientos de solicitud y cobro de ayudas con una plataforma digital de ventanilla única, impulsar sistemas de financiación que permitan conectar a las pymes con los mercados de capitales y ampliar el asesoramiento digital para que esas pymes integren la inteligencia artificial, servicios en la nube y el análisis de datos.

Este martes, coincidiendo con el primer día de la campaña de la renta, el Partido Popular organizó un acto con un título que dejaba claro el tono de la conversación: Pagas más, recibes menos; contra el infierno fiscal del Gobierno de Sánchez. El encuentro tuvo lugar un día después de que el recién estrenado vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, abordase su primera sesión de control en el Senado apelando a crear un “tono constructivo” y ofreciendo “mano tendida”. A las acusaciones del PP ha respondido en la tarde de este miércoles el nuevo ministro de Hacienda, Arcadi España, tachando de "demagogia" la posición de los populares y señalando que "ningún dato avala" el "infierno fiscal" que dibuja el PP.

El buen comportamiento de la economía española a nivel macro y una mejora en las cifras de empleo —a pesar de que la precariedad laboral es una de las principales preocupaciones de los ciudadanos, según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS)—, movió a los populares a centrar sus ataques al Gobierno en el ámbito de la fiscalidad durante el evento. Es una posición recurrente en el argumentario de la formación azul y que concretó en seis medidas: bajar el IVA de los alimentos básicos hasta el 5%, ajustar el IRPF a la inflación y reducirlo los cuatro primeros años de trabajo en el caso de los jóvenes, quitar el IVA a la vivienda y a los autónomos que ganen menos de 85.000 euros anuales, bonificar el impuesto de sucesiones en todas las comunidades y crear un modelo fiscal alternativo. Aunque algunos de estos gravámenes, como el impuesto de donaciones, las transmisiones patrimoniales o actos jurídicos documentados, corresponden a las competencias de las comunidades autónomas. 

Además de desgranar las medidas, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, insistió durante la clausura del acto en el mismo mantra de que "la gente paga más y recibe menos" y que "con menos impuestos se puede recaudar más". También tiró de algunos tópicos polémicos, como el que sostiene que la incidencia de la incapacidad temporal se debe a trabajadores "que no quieren trabajar", un argumento que sustentó en el hecho de que el porcentaje de incidencia baja en los autónomos y sube en la media. Evitó referirse, eso sí, a la mejora de los salarios, atacando ese flanco por la parte que se destina a las cotizaciones sociales y sin mencionar a las empresas, y tampoco hizo referencia a la incidencia de la salud mental en las bajas.

Feijóo también deslizó una crítica a la reciente celebración del Gobierno por los datos del mercado laboral: "Presumir cuando tanta gente las pasa canutas pese a contribuir más que nunca, es la medida de la distancia entre el Gobierno y la calle", remarcó.

Desde el Ejecutivo, el responsable de Hacienda aludió a las rebajas del IVA acometidas durante la crisis o a la reducción de los gravámenes sobre la energía para defender que en los últimos años ello había supuesto un ahorro de 50.000 millones de euros. En el cruce de datos, el Gobierno también ha negado que se hayan acometido más de un centenar de subidas de impuestos y ha desmentido que en Europa la presión fiscal sea menor. De hecho, según Eurostat, la media de la Unión Europea en cuanto a carga fiscal se sitúa en el 40,4%, algo más de tres puntos porcentuales por encima de España (37,3% del PIB).

El evento se abrió con una mesa redonda moderada por Rocío Albert, consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid que fue al grano desde su primera intervención: "Hoy empieza la campaña de la renta y en un par de días todos vamos a tener que pagar más a Hacienda". Albert se refirió a la inflación como un impuesto más y acusó al Gobierno de utilizarla para recaudar al no deflactarlo del IRPF. Esta crítica alude al fenómeno conocido en la jerga económica como progresividad en frío, que es como se define el efecto recaudatorio resultante de no indexar las principales desgravaciones que operan en la base del IRPF a la evolución de los precios. Esta polémica ha surgido porque recientemente Hacienda descartaba la posibilidad de ajustar la tarifa estatal del IRPF a la inflación y a la progresión de los salarios. Esto implica que, si los salarios suben, cambian a un tramo superior de cotización, pero si se tiene en cuenta el aumento de los precios, puede darse el caso de que pierdan poder adquisitivo y aumente la recaudación.

La mesa la completaron Emilio Froján, propietario de startup de motos eléctricas; Manuel Llamas, director del Instituto Juan de Mariana, un centro de estudios de orientación liberal, y de un programa de EsRadio; Sergio Mateos, emprendedor, joven ganadero y copropietario de una empresa; Anabel Fernández, fundadora y CEO de la consultora Afford Health; y Marina Fernández, que se presentó como "ama de casa" y madre de familia numerosa.

"En el Instituto Juan de Mariana hemos elaborado una herramienta para eliminar, mediante una motosierra digital, normas y regulaciones que son inútiles", afirmó Llamas, quien fuera, hasta 2023, viceconsejero de Economía en Madrid y uno de los asesores de Isabel Díaz Ayuso en esta materia. No es la primera vez que Llamas hace referencia a la economía de la motosierra, que popularizó el presidente de Argentina, Javier Milei, y al cual ha citado como ejemplo a seguir en otras ocasiones. El economista habló de "derogar el sanchismo" y, entre otras cosas, calificó la regulación de vivienda como un ataque a la propiedad privada y la relacionó con la "inseguridad jurídica". "Han atacado como nunca a la propiedad privada", señaló. Albert, por su parte, acusó al Gobierno de utilizar el dinero de los impuestos para "seguir financiando el independentismo" y para mantenerse "un día más en La Moncloa".

En la jornada también se habló de la baja natalidad y de las dificultades de los jóvenes para formar una familia. Rocío Albert pidió a Marina Fernández que aportara ideas sobre "cómo animar a los jóvenes a tener hijos", una experiencia que, según la consejera, "llena más que cualquier cosa en el mundo". La ponente respondió reclamando un mayor "acompañamiento" social en todo lo relacionado con la maternidad y explicó cómo el encarecimiento de la cesta de la compra afecta en su día a día.

En lo que respecta al campo y la agricultura, se puso el acento en los problemas de relevo generacional que afectan al sector primario y en la carga burocrática. "Actualmente tenemos que hacer un cuaderno de campo digital, pero la media de edad de los agricultores en Soria es de 60 años y muchos no tienen la formación para hacer eso", relató Sergio Mateos y pidió "facilitar esos trámites" para aquellas personas que lo requieran.

Feijóo cerró el acto lamentando que, cada vez que su partido reclama bajadas de impuestos, se les "ridiculiza", y volvió a insistir en el mantra del "infierno fiscal", que todo apunta a que se convertirá en el principal ariete contra el recién estrenado vicepresidente primero del Gobierno.

Favorecer al Real Madrid con la construcción de túneles y aparcamientos en los alrededores del Santiago Bernabéu, un feudo histórico del PP en pleno distrito de Chamartín. Aprobar una tasa de basuras impuesta por la normativa europea, pero sin adaptar la correspondiente cuota al número de ocupantes de cada vivienda o sin explicar la incidencia de los residuos procedentes del comercio, la hostelería o el turismo en cada uno de los distritos de la capital. Se trata de dos de las apuestas en las que el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Madrid, dirigido por José Luis Martínez-Almeida (PP), ha chocado más directamente con parte de sus ciudadanos y potenciales votantes.

El enfrentamiento con una asociación vecinal –la Asociación Perjudicados por el Bernabéu– por la conversión del estadio del Real Madrid en un enorme centro comercial y de espectáculos con la construcción de dos enormes aparcamientos bajo la Castellana y en Padre Damián pasó de los despachos municipales a la discusión de los grupos políticos en el Pleno y de ahí a los juzgados. La implantación de la tasa de basuras, por su parte, provocó más de 130.000 reclamaciones tributarias de contribuyentes, según adelantó El País el pasado febrero. Ambos contenciosos han acabado con dos importantes varapalos judiciales contra el equipo de Almeida en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Y el principal motivo en ambos casos es el mismo: la falta de transparencia en la gestión de sus iniciativas.

El último se produjo el pasado lunes, cuando la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal regional madrileño estimó el recurso administrativo de varias organizaciones, entre ellas la Asociación Española de Asesores Fiscales y Más Madrid, y anuló la nueva tasa municipal. La sentencia explicó que la creación de la tasa era imperativa por obligación del derecho europeo y su traslación a la ley estatal de residuos, pero consideró ilegal el procedimiento por el que se aprobó la ordenanza en la que se recogía. La resolución, que en esencia reprocha al Ayuntamiento la falta de publicidad de los informes que justificaron la configuración de la tasa, puede ser ahora recurrida ante el Tribunal Supremo.

La vulneración se produjo en el trámite de información pública del proyecto, en el que se omitió una parte esencial del informe técnico-económico que servía para la determinación de la cuantía de la tasa para cada contribuyente. Entre lo no publicado se encontraba aquello que precisamente criticó la oposición municipal: el estudio de generación de residuos por las distintas actividades económicas –turismo, hostelería, comercio...– unos datos que, según el tribunal "resultan imprescindibles para comprender y fiscalizar la cuantificación del tributo". Sin esa información no se podía conocer la relación entre cada actividad económica y la carga tributaria, lo que impidió a los ciudadanos y asociaciones afectadas presentar alegaciones fundadas y cuestionar el tributo.

La anulación de la tasa de residuos se produce solo cuatro meses después de que esa misma Sala tumbara los dos aparcamientos y el túnel cuya construcción adjudicó el equipo municipal de Almeida a una sociedad creada al efecto por el Real Madrid. El problema en este caso también estuvo relacionado con la transparencia y la información suministrada a los ciudadanos. Según el tribunal, el Ayuntamiento no dio publicidad al estudio de viabilidad económico-financiera del proyecto, "máxime cuando se trataba de una concesión tan mediática y polémica".

La sentencia también consideró incompatibles los dos parkings con el planeamiento urbanístico y de movilidad del Bernabéu y su entorno, aprobado en 2017, tal y como determinaron los propios órganos técnicos de Urbanismo. Por último, la resolución reprochó la previsión en esas obras de la construcción de un túnel de 650 metros para dar acceso al aparcamiento del estadio, al considerar que solo respondía a los intereses del club de fútbol que preside Florentino Pérez y no a los generales de la ciudadanía.

En los últimos años, el traslado de youtubers e influencers españoles al Principado de Andorra ha generado un debate tan intenso como polarizado. A menudo presentado como una “fuga fiscal”, este fenómeno ha puesto sobre la mesa cuestiones mucho más profundas que la simple comparación entre tipos impositivos.

En realidad, el caso de los creadores de contenido digital evidencia los límites de un sistema fiscal construido sobre categorías del siglo XX y aplicado a profesiones que operan en un entorno global, digitalizado y radicalmente diferente.

¿Hasta qué punto la fiscalidad tradicional es capaz de dar respuesta a estos nuevos modelos de negocio? El convenio para evitar la doble imposición entre España y Andorra introduce matices que a menudo pasan desapercibidos en el debate público.

La idea central es clara: la residencia fiscal es un elemento necesario, pero no suficiente. Para entender dónde deben tributar realmente los youtubers, hay que preguntarse dónde se realiza la actividad artística y dónde se encuentra la audiencia que genera valor económico.

Aunque en el relato mediático Andorra aparece a menudo como un paraíso fiscal, jurídicamente no lo es. Desde 2011, cuando entró en vigor el acuerdo de intercambio de información fiscal con España, el Principado dejó de ser considerado una jurisdicción no cooperativa, es decir, un país que no comparte información de carácter tributario o que no colabora con otros Estados. En 2015, con la firma del Convenio para evitar la doble imposición, esta integración se hizo aún más profunda.

Esto implica que España y Andorra intercambian información fiscal de manera regular. Por tanto, el simple hecho de trasladarse allí no garantiza inmunidad tributaria y la clave pasa a ser determinar dónde se genera realmente la renta.

El punto de partida es determinar la naturaleza jurídica de su actividad. Tanto la normativa española como la andorrana coinciden en considerar que los creadores de contenido generan rendimientos de actividades económicas, ya que movilizan medios propios –equipo, tiempo, habilidades y, sobre todo, imagen personal– para producir un servicio. Ahora bien, ¿pueden considerarse artistas?

Según el modelo de convenio de la OCDE, la categoría “artista” incluye actores, músicos, deportistas y cualquier profesional que participe en espectáculos que generen entretenimiento. También pueden incluirse perfiles que actúan en anuncios o programas televisivos.

De acuerdo con esta interpretación amplia, los youtubers e influencers pueden perfectamente encajar dentro del concepto de artista. ¿Por qué? Porque basan su actividad en su propia imagen; generan espectáculo, entretenimiento o narrativa personal. Además, monetizan su notoriedad de manera directa o indirecta. Y, por último, obtienen publicidad y contratos derivados de su popularidad.

Si se admite esta consideración, las consecuencias fiscales son muy significativas, como demuestran estudios recientes.

El convenio entre España y Andorra establece, en su artículo 16, que los artistas y deportistas pueden ser gravados por el país donde ejercen su actividad, aunque sean residentes fiscales en otro Estado. Eso significa que si un creador de contenido es residente en Andorra pero ejerce su actividad artística en España, España puede gravar las rentas generadas en este territorio.

Este punto desmonta parcialmente la percepción de que trasladarse a Andorra implica automáticamente “dejar de tener que pagar impuestos en España”.

En la economía digital, el creador de contenidos no actúa en un escenario físico. El escenario es la pantalla del consumidor. Por eso, el lugar donde se realiza la actividad no puede identificarse únicamente con la ubicación física del youtuber, sino con la localización del público que da sentido y valor económico al contenido.

Esto implica que, si se da alguna de las siguientes condiciones, existe un argumento sólido para concluir que la actividad artística se está ejerciendo principalmente en España, aunque la persona viva físicamente en Andorra:

Incluso si un creador de contenido cumple formalmente los requisitos para ser residente fiscal en Andorra (183 días, centro de intereses económicos, etc.), eso no tiene por qué impedir que España pueda exigir impuestos sobre las rentas generadas en su territorio, según el Convenio suscrito entre ambos Estados.

La clave está en distinguir que la residencia fiscal determina qué país grava la renta mundial. Pero también que el lugar de realización de la actividad artística determina qué país puede establecer una imposición sobre esas rentas concretas.

En un entorno digital, el segundo criterio gana protagonismo y obliga a reinterpretar conceptos clásicos como “territorialidad” o “fuente de la renta”.

En el caso de los youtubers e influencers, plataformas como YouTube o Twitch facilitan datos detallados sobre la procedencia geográfica de las visualizaciones, lo que permitiría a la Administración acreditar el origen territorial del valor generado.

El caso de los creadores de contenido digital revela que la fiscalidad del siglo XX no puede gestionar de manera eficiente las profesiones del siglo XXI, siendo necesario entender mejor el contexto y las características de la actividad digital.

Los youtubers pueden ser considerados artistas, con consecuencias fiscales específicas. Además, la residencia en Andorra no tiene por qué impedir que España grave rentas generadas por actividades ejercidas (material o virtualmente) en su territorio.

La audiencia, como hemos visto, es un indicador central para determinar dónde se realiza la actividad artística: la lengua, los referentes culturales, la localización percibida del contenido y la notoriedad mediática en un país refuerzan este criterio. Todos ellos son elementos clave en la determinación de la soberanía fiscal de un Estado concreto. De hecho, las plataformas proporcionan datos empíricos que pueden fundamentar esta atribución territorial.

Adoptar una interpretación funcional del convenio de tributación entre Andorra y España evita la desconexión entre la realidad económica y la realidad fiscal.

En definitiva, la fiscalidad de los creadores de contenido digital no es solo un debate sobre dónde tributan los youtubers, sino sobre cómo los Estados pueden adaptarse a una economía sin fronteras físicas pero con impactos económicos territorializados. El criterio de la audiencia puede convertirse en el puente conceptual necesario entre estos dos mundos.

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Antoni Bergas Forteza es profesor de Derecho Financiero y Tributario, Universitat de les Illes Balears. Este artículo se publicó originalmente en The Conversation. Lea el original aquí.

Al influyente economista John Maynard Keynes le atribuyen una frase en 1930 con cierta actualidad: dijo que para el año 2030 la jornada de 40 horas se reduciría a 15 gracias a los avances tecnológicos. En España la jornada media estaba en 2024 en 38,4 horas, y muchas empresas, sobre todo las más grandes y con mayor implantación tecnológica, se mueven en las 37 horas. Y, aunque lejos de las predicciones de Keynes, es una realidad que los ensayos para reducir la jornada laboral han tomado cuerpo en los últimos años. En España decayó una propuesta del Ministerio de Trabajo para fijarla en 37,5 horas, pero hay países que prueban con la jornada laboral de 4 días. Estos ensayos, además de cumplir con un reclamo sindical y social, van un poco más allá.

La automatización de diferentes tareas profesionales y la implantación de la inteligencia artificial han puesto sobre la mesa las consecuencias que podría tener una hipotética disminución de la demanda de mano de obra y un consiguiente impulso del desempleo. Las preguntas que surgen resultan radicales y, por el momento, parecen un ejercicio de prospectiva. ¿En qué trabajaremos si el empleo deja de ser mayoritario? ¿Se deben implantar menos horas por trabajador para que haya más trabajadores? ¿Cómo se grava la producción de un robot que sustituye a un trabajador? ¿Qué rentas nos sostendrán si la producción de valor es tecnológica y no humana?

Por el momento, cabe señalar que la inteligencia artificial (IA), aunque ha tenido efectos en el empleo, no ha provocado la hecatombe que muchos pronosticaban. Un informe de Goldman Sachs Research estima que el desempleo aumentará en medio punto porcentual durante el periodo de transición de la IA mientras los trabajadores desplazados busquen nuevos puestos. Lo que en Estados Unidos, uno de los países con mayor aplicación de IA en las empresas, puede desplazar a entre el 6% y el 7% de la fuerza laboral. Si la implantación es lenta, señalan, el golpe será más moderado.

En el desplazamiento del empleo y en el ritmo al que lo hace está la clave, según apunta Josep Ginesta, economista y profesor de OBS Business School. "A medio plazo las corrientes que vaticinan el fin del trabajo no son demasiado realistas, pero sí se está dando un desplazamiento de los perfiles laborales y eso exigirá políticas públicas que respondan, por ejemplo, a puntuales bolsas de paro elevado", explica Ginesta.

“Lo más preocupante para un sistema donde la creación de valor ha sido históricamente humana (a través del trabajo) es que los cambios lleguen de golpe”, coincide Javier Lorente, economista y profesor de EAE Business School. Y en este escenario es en el que se empieza a hablar de alternativas al modelo social laboral establecido. “El problema de fondo, aunque ahora suene un poco distópico, es qué hacer con la gente que genera valor con su trabajo y cobra por ello, si dejan de tener una ocupación”, apunta el profesor y autor del libro Nosotros, digitales. Manual para sobrevivir a la hiperconectividad (Erasmus, 2026). Aquí, explica, se abren posibilidades que supondrían “revisar nuestro contrato social”, como una renta básica universal o un sistema impositivo que grave la producción de robots o procesadores automáticos.

"Si hay menos gente que trabaje y menos gente que perciba un salario, esas personas, para mantener su estilo de vida solo tienen dos opciones: o bien que los servicios se los dé el Estado, o bien que reciban un salario de mantenimiento, la famosa renta mínima universal", explica Lorente. Esta idea de una renta básica universal tiene un recorrido académico largo, pero las propuestas más recientes plantean la posibilidad de apoyarla en un gravamen aplicado a las plataformas digitales, que obtienen beneficios a partir de los datos producidos por nuestras interacciones en la web. Una propuesta que, curiosamente defienden personajes como Elon Musk. "Habrá una renta universal alta (no solo una renta básica).Todos tendrán la mejor atención médica, alimentación, vivienda, transporte y todo lo demás", defendía en su red social X, en respuesta a una usuaria que se preguntaba por lo que ocurriría si la IA reemplazase a los trabajadores.

Aunque la academia siempre suele hacer hipótesis más allá del presente, la renta básica ha tenido algunas tentativas en la realidad. En Alaska el Estado creó una fundación para repartir parte de los beneficios que da el petróleo a todos los ciudadanos, que reciben en torno a 2.000 dólares anuales por persona. Otro ilustre economista, Thomas Piketty, proponía algo más radical: otorgar 120.000 euros a cada ciudadano cuando cumpla 25 años para asentar una base patrimonial con la que podría vivir y financiar esa medida con un impuesto a las grandes fortunas. Otras propuestas, señala el economista de EAE Business School, apuntan a un fondo soberano que financiaría esta renta mínima universal, aunque, por el momento, casi todo es teoría.

Ginesta puntualiza que en los debates sobre la influencia tecnológica, el optimismo de los principales representantes del sector debe tomarse con relativa cautela ya que, al fin y al cabo, "están vendiendo sus productos", pero insiste en la importancia de que las políticas públicas se muevan rápido. "La Universidad de Stanford apunta que la robótica duplica su capacidad cada dos años y eso inevitablemente terminará por impactar en la productividad tecnológica y en el empleo porque habrá profesiones que se queden obsoletas", concluye.

Otro de los puntos sensibles sería cómo gravar unas rentas del trabajo que obtienen máquinas y no obreros. En el Foro de Davos, que finalizó el pasado 23 de enero, Elon Musk, dueño de Tesla y de la red social X, anunció que su empresa comenzará a enfocarse más en la fabricación de robots humanoides y menos en producir vehículos eléctricos. El giro estratégico en su modelo de negocio pasa por dejar de producir dos tipos de automóvil que tenían bajos niveles de ventas (Model S y Model X) para invertir 16.700 millones de euros en la producción de un robot de nombre Optimus. Y, aunque los expertos coinciden en que aún es una realidad muy lejana, sí que se ensayan respuestas a las problemáticas que plantearía.

"Cuando empezamos a tener una desviación tan grande entre la creación de valor y la creación de empleo, de alguna forma, esa creación de valor adicional, habría que sustraer una parte para que los seres humanos puedan mantener un estatus de vida adecuado", explica Lorente. A ese punto van las teorías que piden llevar la cotización a las máquinas y no solo por persona trabajadora. "Hay propuestas que piden que cuando una empresa introduzca un sistema que sustituya a los empleados, cotice o pague un impuesto por esa máquina, porque al final termina siendo una fuerza productiva". Pero este es un escenario, apunta Ginesta, que solo se daría si los perfiles profesionales no se adaptasen a las nuevas formas de trabajo lo suficientemente rápido. "Los desplazamientos de la fuerza laboral han existido toda la vida —desde la misma Revolución Industrial—; la diferencia es que ahora se dan con mayor aceleración", concluye.

Para ninguno de los expertos es un escenario cercano, pero ambos advierten del impacto social que tendría "porque el trabajo al final es una forma de redistribuir la riqueza y redistribuir la riqueza quedándonos en casa se antoja muy difícil", puntualiza Ginesta.

La desigualdad está pasando de ser un debate macroeconómico y una de las principales preocupaciones de los ciudadanos que no llegan a fin de mes, a ocupar un papel creciente en la política. Este viernes la sede del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en Madrid acogió el seminario “Desigualdad: es hora de actuar”, que clausuró el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En su comparecencia, el presidente anunció la creación de un grupo de trabajo centrado en investigar sobre desigualdad con el fin de “diseñar políticas públicas” que anticipen estas dinámicas.

En el equipo confluirán expertos del CSIC, el Instituto Nacional de Estadística (INE) y la Oficina de Prospectiva y Estrategia del Gobierno. El "Estudio Generaciones del Futuro", que así se llamará, tendrá como objetivo entender las dinámicas de los hogares e identificar los mecanismos detrás de la generación de desigualdades. 

"El 35% de la desigualdad de ingresos se explica por el origen familiar", señaló el presidente, quien se refirió a la "desconexión entre el crecimiento económico y las clases medias y trabajadores" como una "trituradora de salarios". "La economía crea valor, pero hay una parte que se captura antes de llegar a los hogares".

Sánchez inició su discurso de clausura describiendo, como lo hiciera Mariano Rajoy allá por 2008, la trayectoria vital de una joven ficticia de nombre Ana, que con 30 años y un trabajo estable, había llegado a esa posición después de estudiar en la pública y siendo hija de un padre que había vivido lo peor de la gran crisis de 2007. Un elogio a lo público, un reproche al “neoliberalismo” y, quizá, una pulla a la gestión de su predecesor en La Moncloa. “Las decisiones económicas conscientes son las que están detrás de estas situaciones”, señaló. Recogiendo, de paso, uno de los malestares sociales que más resuenan en este momento, como lo es el lastre de los precios y de la vivienda en el poder adquisitivo de los españoles. 

Sí reconoció el presidente “que queda muchísimo por hacer”, en referencia a una “creciente insatisfacción” ciudadana, pero poniendo en valor —como ya lo hiciera el ministro de Economía esta misma mañana— el comportamiento del empleo, la expansión económica y la política fiscal del Gobierno. “Educación, empleo y fiscalidad son las tres prioridades cuando hablamos de lucha contra la desigualdad”, subrayó.

Durante el acto Sánchez criticó también que las comunidades autónomas no aprovechasen las herramientas que da el Gobierno en materias como la vivienda, algo que según él, incrementa esa situación de malestar. “Desde el Gobierno hemos aumentado la transferencia a las comunidades en 300.000 millones de euros, pero si se mira la satisfacción de los ciudadanos sobre los servicios públicos, lo que se ve es una creciente insatisfacción que no es consistente con el aumento de transferencias”, señaló, a la vez que criticaba la gestión de la Comunidad de Madrid.

También hubo espacio para hablar de los salarios y de los beneficios empresariales. Como ya hiciera en el acto de firma del salario mínimo, pidió a las patronales una mayor implicación en la mejora de las condiciones laborales y criticó el papel de las grandes multinacionales y "oligarcas de la desigualdad", no sin cierta sorna, en el reparto de la riqueza global.

"Son oligarcas que lo que tratan es de consolidar un status quo de desigualdad que les va bien. Lo que queremos es que cumplan con sus obligaciones, que paguen sus impuestos y que paguen también más a sus trabajadores, porque les está yendo bien bajo este régimen comunista chavista que aparentemente vivimos desde hace siete años", concluía el presidente.

La apertura de la sesión corrió a cargo del ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, y contó con la intervención de los economistas Branko Milanovic y Gabriel Zucman. Este último es quien da nombre a la conocida como tasa Zucman, que pone el acento en la fiscalidad para lograr un reparto más equitativo de la riqueza gravando a los patrimonios más altos con un impuesto especial. Por su parte, Branko Milanovic impartió un seminario en el que habló, entre otras cosas, de la pérdida de poder adquisitivo en las clases medias de los países desarrollados y del crecimiento de economías emergentes como la de China o la de Indonesia. 

En su discurso Cuerpo reconoció también que “queda camino por recorrer” en lo relativo a la desigualdad pese a la expansión que vive la economía española. El responsable de economía ha puesto en valor circunstancias como la creación de empleo "de calidad", la reducción de la temporalidad o la mejora de la productividad por hora. Pero se puso como objetivo alcanzar una tasa de paro inferior al 8% como medio para paliar la desigualdad. 

"En muchos ámbitos apenas estamos recuperando la situación que existía previa a la crisis financiera, casi dos décadas después", insistió Cuerpo, quien puso como ejemplo el desempleo juvenil, que hoy está en el entorno del 23%, una tasa "demasiado elevada" pero diez puntos inferior a la de hace ocho años.

El ministro español de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, propondrá este viernes al resto de países de la UE un nuevo impuesto que grave con un 2% los patrimonios superiores a cien millones de euros para fortalecer las políticas sociales, con el que podrían recaudarse 67.000 millones de euros al año, informa EFE.

"Debemos demostrar que el Estado social funciona y que es capaz de defender los intereses de la gente común, asegurando unas condiciones mínimas de bienestar, de libertad y de seguridad", ha dicho Bustinduy en un comunicado difundido por su Ministerio desde Chipre, donde participa hoy en una reunión informal de ministros de Empleo y Asuntos Sociales.

En esa nota se afirma que ese "impuesto para los ultrarricos" fortalecerá la política social en la UE "que está siendo cuestionado por partidos de extrema derecha".

El ministro opina que esa tasa, ideada por el economista francés Gabriel Zucman, recaudaría sólo en España unos 5.200 millones de euros, según estimaciones del Observatorio Fiscal de la Unión Europea, un dinero que podría destinarse a la lucha contra la pobreza infantil.

El ministro afirmó que en toda la UE podrían recaudarse hasta 67.000 millones con lo que llamo una "tasa mínima" del 2%, según declaraciones en vídeo distribuidas por el canal de comunicación de la Comisión Europea.

Un dinero, dijo, con el que se podrían financiar programas sociales para reforzar la "cohesión social y generar la base sobre la que Europa asuma de una vez un papel independiente y autónomo en el mundo".

"La única respuesta que Europa puede darle a este tiempo de zozobra y de incertidumbre es profundizar en su identidad social, es reforzar las redes de protección social, es construir ese pilar social que le ha faltado al proyecto europeo durante tanto tiempo", afirmó el ministro en ese mensaje.

El Gobierno aprobó esta semana una prestación universal por crianza a toda familia con menores para erradicar la pobreza infantil. De hecho, Bustinduy propondrá en la reunión de este viernes que esa prestación se incluya en la futura estrategia de la UE contra la pobreza, y que ese derecho vaya acompañado de un sistema fiscal más justo y progresivo.

El ministro defenderá en la reunión de hoy la necesidad de "reinventar el modelo de bienestar" con el argumento de que fortalecer las políticas sociales es la mejor respuesta "a quienes responden con autoritarismo y aislamiento a los desafíos" actuales.

En la reunión de este viernes también planteará que el aumento de la esperanza de vida hace preciso un cambio en el modelo de cuidados que garantice la dignidad de las personas mayores o en situación de dependencia.

"Nuestro compromiso es asentar la reforma integral del modelo que hemos emprendido, para que sea más cercano y permita a estas personas que puedan permanecer en sus hogares tanto como sea posible y como ellos y ellas quieran", mantiene Bustinduy.

El Gobierno de España, además de las transferencias ordinarias, le ha transferido un presupuesto de 129.000 mil millones de euros en los siete años de gobierno de España de izquierdas progresista, un 50% más de lo que recibió en la etapa de M. Rajoy, recortador de derechos y defensor de la Gürtel y las corruptelas del PP. Ayuso, no mienta ni manipule la verdad y la realidad de los hechos, son sus regalos fiscales y son solo en beneficio de quienes más dinero tienen, milongas las justas.  

Madrileñas y madrileños, si tu colegio de enseñanza pública no tiene calefacción, a tu centro de salud le falta personal, tus servicios sociales abandonados, tus universidades públicas y centros formación profesional públicos sin inversión u otros servicios los cierran o privatizan es culpa de la presidenta de la Comunidad de Madrid, no invierte. Acuérdate cuando vayas a votar o no olvides los regalos fiscales del PP, hechos por doña Isabel Natividad Díaz Ayuso, dinero hay, que no te mientan, lo están desviando y han planificado la desinversión de lo público y de todo lo transferido por el Gobierno de  España, sí, el malvado Pedro Sánchez. 

Lo desvían para premiar con bajadas fiscales a sus votantes ricos, familias ricas, beatas y beatos con patrimonio, especuladores y donantes del PP con buena renta y sin olvidar a los jefes de la banca privada y grandes empresas y sus directivos. Ciudadanas y ciudadanos de la Comunidad de Madrid, es hora de levantarse y gritar, gritemos no, con mis impuestos no, más dádivas a los ricos y poderosos con dinero y exigimos el cumplimiento de inversión de las transferencias y el artículo 31 de la Constitución española, sostenimiento del gasto público, los tributos son para lo público, el sector público, el Estado del bienestar y necesita urgentemente inversión, tal y como está regulado en la Constitución española y en el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid y la presidenta de las cañas y los vinos no está cumpliendo las leyes de financiación y la norma que regula las transferencias del Estado español a la comunidad, presupuestos finalistas, no son para capricho ni para regalos y menos para privatizar lo público, son en defensa de los servicios públicos de las madrileñas y madrileños de la Comunidad de Madrid y sus 179 municipios, que también existen. Ayuso, deje de robar y de desmantelar lo público para beneficiar lo privado.  

Trabajadoras y trabajadores; jubilados y pensionistas, que no te engañen ni embauquen los del PP y su banda de forajidos, las bajadas fiscales solo benefician a las rentas altas, los grandes patrimonios y que sepamos el nivel de renta de la Comunidad de Madrid, data más de siete millones de personas con rentas medias o  bajas, o sea, es a los ricos a quienes ayuda el desGobierno de Ayuso, unos miles de contribuyentes que no contribuirán por gracia de doña Isabel Natividad Díaz Ayuso y luego donan al PP y les desgrava, el negocio perfecto del ayusismo, con nuestros impuestos benefician a sus donantes, colegas de vino y cañas, ricos poderos, accionistas y especuladores de lo público. 

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Victorio Martínez Armero es socio de infoLibre.

Las medidas para controlar los precios de la vivienda abarcan muchos aspectos, desde la construcción para corregir el déficit, hasta aquellas enfocadas en movilizar la vivienda vacía ya construida. Y uno de los frentes para esto último es la fiscalidad, con acciones que tratan de incentivar a los caseros bonificando el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) de quienes incorporen sus casas a sistemas públicos de alquiler o reduciendo el IRPF a los arrendadores que pongan precios asequibles. Por otro lado, también se han planteado medidas que penalizan a quienes mantengan una casa vacía que no es residencia habitual, mediante una modificación de la imputación de rentas inmobiliarias en el IRPF. “Yo soy bastante escéptico respecto al uso de la fiscalidad para regular los alquileres, porque los precios tienden a ajustarse y a anular el resultado”, explica el economista Juan A. Gimeno. 

En las regiones donde se aplica la ley de vivienda y se reconocen zonas tensionadas, un propietario particular que ceda su vivienda para un alquiler social a la Administración pública puede tener una exención del 70%, y si baja un 5% el alquiler, puede llegar al 90%. Pero como la mayoría de las autonomías no ha aplicado el calificativo de zona tensionada, esta medida no ha tenido, hasta el momento, un impacto significativo.

En cuanto al IBI, los ayuntamientos pueden bonificarlo hasta un 95% si la vivienda se enfoca al alquiler social o se incorpora a planes públicos. Pero no todo es seguir la zanahoria, sino que también se utiliza el palo, y en este impuesto también se contemplan recargos por inmuebles desocupados. “Hay una corriente de opinión que dice que las bonificaciones siempre son preferibles frente a medidas más coercitivas, aunque en el caso del IBI, se contemplan ambas”, explica José María Mollinedo, secretario general del Sindicato de Técnicos Hacienda (Gestha).

Sin embargo, los expertos apuntan a que la pata fiscal es solo una pequeña parte de la solución. “Creo que la vivienda vacía es menos relevante de lo que se dice. Tendría sentido penalizar a grandes tenedores, que son más sensibles a ello, pero no es tan claro en el caso de particulares”, explica Gimeno, que también es miembro de Economistas Frente a la Crisis. Con todo, estas medidas fiscales pretenden ser otro acicate para que quienes poseen más de una residencia se vean más tentados a ponerla en alquiler. 

Poner en el mercado las casas que están vacías es uno de los objetivos que se han puesto sobre la mesa tanto desde el Gobierno como desde las Comunidades Autónomas. El Instituto Nacional de Estadística (INE) estimaba en una encuesta de 2021 —último dato disponible— que en España hay alrededor de 3,8 millones de viviendas donde no reside nadie. Son muchas, pero de estas hay que restar aquellas que se encuentran lejos de los centros de trabajo o en zonas rurales con escasas comunicaciones, es decir, aquellas en las que la gente no puede o no quiere vivir. Y aquí dentro también habría muchas que no cumplen con unas condiciones de habitabilidad adecuadas. También es importante señalar que si se observan los análisis de los portales inmobiliarios, Fotocasa señala que solo el 3% de los propietarios de vivienda tienen alguna casa vacía y entre estos, únicamente un 11% reconoce que la mantiene desocupada por desconfianza.

Pero además de motivar, también se han lanzado propuestas fiscales para penalizar los usos especulativos o la posesión de inmuebles vacíos. “Quizá puede ser eficaz subir la tributación del alquiler turístico porque esa penalización sí podría tener algún efecto beneficioso indirecto, desanimando ese uso en favor del alquiler fijo de vivienda”, apunta Gimeno. Una medida esta, que el Gobierno ya propuso en mayo de este año, pero que además también viene avalada desde Europa en el paquete VAT in the Digital Age, que prevé que a partir de 2028 todos los alojamientos de menos de 30 noches tengan que repercutir el IVA, de forma que quienes alquilen vivienda de corta duración sean considerados empresarios. 

Así, aunque la proposición de ley que lanzó el Gobierno no salió adelante, el cerco a la vivienda turística se ha ido estrechando desde Europa, de forma que a medio plazo su tributación se elevará hasta el 21%. Lo que no harán, por el momento, es prohibir este tipo de arrendamientos como demandaban muchos colectivos sociales.

Por otro lado, en el IBI también se recoge la posibilidad de penalizar la vivienda vacía y 381 municipios en España contemplan un recargo que oscila entre un 5% y un 50%, de acuerdo con la información proporcionada por el Catastro. La mayoría de estos municipios (216) pertenecen a Cataluña, que sí aplica la ley estatal de vivienda y etiquetas como la de zona tensionada. Aunque para Mollinedo esta medida puede tener un alcance limitado, ya que acreditar que esa vivienda está vacía y sujeta a recargo no es tan sencillo. “Hacer un catálogo riguroso requeriría de un cuerpo de inspectores de administración local muy potente, cosa que no existe”, apunta. Muchas de esas viviendas pueden ser residencias principales, estar a nombre de varias personas por procesos de herencias, pueden ser parte de un proceso de litigio, etc. “No es tan sencillo aplicar ese recargo”, concluye.

Es pronto aún, coinciden los expertos, para ponderar el efecto de las medidas que ya están en marcha. “En cuanto al impuesto sobre la renta, no hay una información estadística de cuáles son las reducciones a las que se han acogido los propietarios”, señala Mollinedo. Aunque en lo que se refiere a la aplicación de las regulaciones al alquiler que recoge la ley de vivienda, la foto de conjunto sí ha dado resultados, por ejemplo, en Cataluña. Incluso hay informes que cifran esa contención de las rentas en un 4,9% en Barcelona y en un 1,9% en el resto de poblaciones con tarifas reguladas.

Y es justo en el conjunto donde se dan las soluciones. “No es cada medida, sino el conjunto de un paquete fiscal lo que genera resultados”, explica el economista de Gestha. Porque, concluye, una exención en el IBI, por sí sola, no puede desincentivar el alquiler de corta duración si los beneficios de éste crecen de forma desorbitada.

El debate sobre la democracia se ha instalado en el interior de una realidad marcada por el desasosiego. Contemplar la realidad es convivir con la incertidumbre porque el mundo vive horas difíciles, muy difíciles. Junto a los problemas de siempre, situados en la existencia de dictaduras que mantienen la injusticia a través del autoritarismo, vemos también un desmoronamiento vertiginoso de los valores democráticos en las dinámicas sociales y en los comportamientos de la política internacional. Miramos al mundo y contemplamos el naufragio de la justicia, el descrédito de las instituciones y los acuerdos, el apoyo a los genocidios y la humillación de los derechos humanos.

Defender la democracia en este panorama puede convertirse en un ejercicio nostálgico o en una ilusión abstracta, una apuesta por bellos ideales que tienen poco que ver con el día a día. Por eso conviene ahora elegir una dirección contraria, tomar conciencia de que la descomposición de la democracia empieza con el día a día y que no hacen falta grandes catástrofes o viejos autoritarismos para imponer la desigualdad como norma. Merece la pena reconocer que la defensa de la democracia, más que un ideal abstracto de perfección, supone comprometerse con valores concretos, diarios, útiles para una convivencia justa.

Merece la pena pensar que la democracia es la defensa de una educación pública que posibilite la igualdad en la formación de la ciudadanía, evitando la separación entre ricos y pobres de una manera clasista.

Merece la pena pensar que la democracia es la defensa de una sanidad pública que se comprometa con los cuidados sin someter al dinero de cada familia las posibilidades de enfrentarse a la enfermedad y la supervivencia.

Merece la pena pensar que la democracia es un modo de regular el dinero para que un Estado equilibre las cuentas, los beneficios, y pueda contar con presupuestos para invertir en la sanidad y en la educación pública, más allá de los negocios particulares.

Merece la pena pensar que la democracia supone también un modo de regular las condiciones laborales, una manera de asegurar un trabajo decente y salarios que respondan a las condiciones de una vida digna.

Merece la pena pensar que la democracia, basada en los cuidados y en la convivencia, debe asegurar una pensión digna para las personas mayores, evitando que la jubilación suponga entrar en la pobreza y olvidando que los trabajadores han contribuido durante años a la financiación de la convivencia.

Merece la pena pensar que los impuestos, regulados según las posibilidades económicas de cada persona, no son un atraco, ni un robo político, sino un modo público de sostener la sociedad y una manera privada y personal de comprometerse con una comunidad, algo imprescindible para definir la propia identidad.

Merece la pena comprender que la cultura es un fundamento decisivo en los debates de la convivencia, porque nos ayuda a conocer y a conocernos, y que podemos elegir entre una ilusión colectiva que respete la diversidad y unas ideas que faciliten el desprecio a los otros, los discursos de odio, la deshumanización de los migrantes y el imperio del machismo y de los prejuicios sexuales.

Merece la pena comprender que la política es un debate social para tomar decisiones democráticas o antidemocráticas, un ejercicio indispensable para regular todos los valores de la convivencia, un diálogo necesario entro lo privado y lo público, y no un campo cerrado de odios, egoísmos y falsedades.

Merece la pena pensar que el respeto entre lo privado y lo público necesita en primer lugar defender un lugar: que la ciudadanía tenga derecho a una vivienda decorosa y accesible para organizar su propia vida en relación de vecindad con los demás.

Merece la pena comprender que la información es uno de los ejes decisivos de la democracia y que, para evitar la manipulación de las opiniones, los demócratas deben buscar formas de transparencia informativa que limiten el poder de los bulos, las mentiras, las noticias falsas y el enmascaramiento de intereses egoístas.

Merece la pena comprender todos estos asuntos para evitar que la libertad se convierta en la ley salvaje del más fuerte y la igualdad desaparezca bajo la hegemonía de las creencias que sustituyen la fraternidad por los discursos de odio.

Merece la pena saber que en un mundo globalizado las relaciones de justicia deben ser una aspiración internacional, sin que sea posible desentenderse de lo que ocurre más allá de una frontera. Nos construimos también en el exterior de nosotros mismos. Y a las personas que hablamos español nos duelen de manera especial los bombardeos y las violencias imperialistas de los EEUU sobre Latinoamérica.

Merece la pena abrir los ojos y ver que los peligros de la democracia no son una amenaza del futuro, porque hay políticas activas que están desarticulando ya la sanidad y la educación pública, que ven como una ofensa la mejora de los derechos laborales y que apuestan por financiar un pseudoperiodismo de carácter crispado y manipulador.

Y merece la pena, en fin, comprender que la democracia se funda en la responsabilidad de la propia conciencia. Merece la pena que los demócratas decidan reafirmar sus convicciones más simples, empezar con voz clara el nuevo año. Feliz 2026.

La contracción del sector exterior ha moderado el crecimiento de la economía española en el tercer trimestre al 0,6%, una décima menos que en el trimestre anterior, según ha confirmado este martes el Instituto Nacional de Estadística (INE) y recoge EFE.

El INE además ha modificado el dato de crecimiento del segundo trimestre, que ahora fija en el 0,7%, una décima menos que lo que había publicado anteriormente. 

El avance trimestral fue resultado de la aportación de 1,3 puntos porcentuales de la demanda nacional (consumo e inversión), a los que la demanda externa (exportaciones e importaciones) restó 0,7 puntos, una décima más de lo inicialmente avanzado por el INE.

El crecimiento se ha sustentado en el aumento del 1,1% del consumo privado y del 1,3% del consumo público, junto con el incremento del 2,1% de la inversión (formación bruta de capital); mientras que las exportaciones cayeron el 0,6% y las importaciones frenaron su avance al 1,2%.

Dentro de la inversión destaca el aumento del 2,3% de la destinada a vivienda y edificación, mientras que la empresarial (maquinaria, bienes de equipo, sistemas de armamento y recursos biológicos) creció el 1,7%.

El Ministerio de Economía ha destacado en un comunicado que la inversión empresarial, la solidez del mercado laboral y la mejora del poder adquisitivo han impulsado un crecimiento trimestral que afianza la previsión del Gobierno de que la economía avanzará un 2,9% en el conjunto del año, el doble del estimado para la Unión Europea. 

Asimismo, Economía ha subrayado que se trata del noveno trimestre consecutivo con un crecimiento trimestral del 0,6% o superior, en un escenario de incertidumbre geopolítica y comercial en el plano internacional.

Tanto los puestos de trabajo a tiempo completo como las horas efectivamente trabajadas aceleraron su crecimiento hasta el 1% trimestral, mientras que la productividad retrocedió un 0,4% respecto al trimestre precedente medida tanto por puesto de trabajo como por hora.

Por el lado de la oferta, todos los grandes sectores de actividad presentaron avances, salvo las ramas primarias (agricultura, ganadería, silvicultura y pesca), que moderaron su caída al 0,7%, frente a la contracción del 6% del trimestre previo.

El mayor incremento fue para la construcción (1,3%), aunque frenó su avance a la mitad; igual que la industria, que se moderó al 0,5%; mientras que los servicios disminuyeron una décima (0,8%).

Medido el PIB en rentas, la remuneración de los asalariados creció el 1,6% trimestral, lo mismo que el trimestre anterior, el excedente de explotación/renta mixta bruta (asimilable a los márgenes empresariales) se incrementó el 0,6% (0,1 % el trimestre anterior) y los impuestos netos sobre producción e importaciones aumentaron el 3,6% (3,7% el trimestre anterior).

El impuesto a las grandes fortunas, la tasa Zucman, la escasa factura fiscal de las grandes tecnológicas… El debate sobre la contribución a las arcas comunes de quienes más tienen está revestido de números, pero también de un diálogo político y social que tiene mucho que ver con la desigualdad. Ya sea como horizonte deseado, como gancho político, como utopía o como amenaza, la fiscalidad es un tema recurrente a izquierda y derecha del arco político. A nivel nacional, según las estimaciones de Fedea, el 1% más rico soporta una presión tributaria total del 24,1%, inferior a la que paga el 10% con menos ingresos (un 27,5%) y muy por debajo de los grupos intermedios, que abonan un 39%.

En España, el impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas (ITSGF) se planteó para corregir parte de este desfase, aunque los datos aún indican desigualdad en las contribuciones. “El impuesto a las grandes fortunas cumple un papel importante, aunque es relativamente modesto, porque no tiene un tipo elevado y lo que se ha buscado es, sobre todo, corregir las bonificaciones de las comunidades autónomas”, explica Juan A. Gimeno, catedrático emérito de Economía y coordinador de la Plataforma por la Justicia Fiscal. Para él, cuando se dice que este tipo de medidas no tendrán un efecto recaudatorio fuerte, se está cometiendo un error: "Primero, porque las rentas altas son las que más pueden aportar; y segundo, porque es una cuestión de justicia social que así sea", independientemente del monto recaudatorio.

“Las tasas medias efectivas de todas las prestaciones (pensiones, prestaciones por desempleo, asistencia social, etc.) disminuyen a medida que aumenta la renta, lo que quiere decir que benefician proporcionalmente más a los hogares con menos renta. Este resultado está indicando que las prestaciones son, individualmente y en conjunto, progresivas”, señala un estudio del think tank económico Funcas. Aunque hay una salvedad que sigue rompiendo con la progresividad: “Llamativamente, los hogares pertenecientes al 1% más rico soportan la carga tributaria relativa más reducida de toda la escala de renta”, recoge en un artículo publicado por Julio López Laborda, catedrático de la Universidad de Zaragoza. Además, señala, “las rentas del capital tienen un trato de favor frente a las del trabajo”.

En el análisis reconocen la importancia de la fiscalidad en el reparto de la riqueza, de forma que, según Funcas, los impuestos reducen en un tercio la desigualdad de renta en España “aunque el saldo neto de la intervención pública en España deja de ser progresivo en la parte superior de la escala de rentas brutas”. ¿Por qué ocurre esto?

En los hogares más ricos, las rentas del capital, es decir, las que proceden de activos invertidos, tienen gran peso en la composición de su riqueza, y la fiscalidad reducida que disfrutan estas inversiones es lo que produce esa variación en el tramo más alto de la tabla. 

En la tabla que se muestra abajo, se ve la procedencia de los ingresos de distintos grupos de población según su nivel renta. El primer quintil (Q1) agrupa al 20% con menos renta y el último quintil (Q5) se descompone en tres partes más pequeñas (decil 9, centil 91-99 y centil 100) para ver cómo es la fiscalidad de los que más tienen.

Si se observa la composición porcentual en cada grupo, vemos que en el escalón más bajo (Q1) las prestaciones sociales y las rentas del trabajo son los elementos que más peso tienen. En cambio, en el centil con más dinero, son las rentas del capital las que más aportan a sus carteras (un 62%). “Si tú tienes una vivienda y no declaras alquiler, se te imputa un 2% en renta, pero si tienes una gran fortuna en finanzas no pagas nada”, señala Gimeno.

En España se han dado algunos pasos para corregir este efecto. El Gobierno de coalición aprobó a finales de 2022 el impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas (ITSGF), aunque de acuerdo con el Sindicato de Técnicos Hacienda (Gestha), no ha tenido un efecto corrector suficiente. Y esto es así porque de los más de 934.000 millones de euros declarados como patrimonio por los 228.000 ciudadanos más ricos, casi la mitad (un 44,3%), no se tiene en cuenta para el cálculo del impuesto de patrimonio. La razón es que muchas participaciones empresariales de las grandes fortunas están exentas, como también ocurre con las acciones.

“Las rentas del capital tienen un trato privilegiado en el impuesto sobre la renta porque gozan de un tipo máximo del 28%, mientras que las del trabajo pueden llegar al 48%. Ahí lo lógico sería que las rentas del capital tuvieran el mismo trato que las rentas del trabajo. El objetivo es solo que los ricos paguen como si trabajaran”, explica el economista.

En Francia se ha abierto un debate sobre si es posible un impuesto efectivo sobre los grandes patrimonios. Algo que vaya más allá de los horizontes o de los discursos políticos. “Estamos asustando a una parte del país con impuestos que nunca se implementarán”, señaló hace unas semanas el primer ministro francés Sébastien Lecornu en un foro empresarial.

Gimeno remarca que sí hay formas realistas de hacer más justo el sistema. “Una de las cuestiones fundamentales es revisar todas las bonificaciones y beneficios fiscales que existen en los impuestos: en renta, pero sobre todo en sociedades”, explica. Sobre todo, remarca, si esas bonificaciones van destinadas a rentas altas, como por ejemplo la que atañe en Madrid a la compra de uniformes escolares “más habituales en colegios concertados y privados” o a la compra de bicicletas eléctricas “que por su precio, no están al alcance de las rentas bajas”, concluye.

Otro punto, explica el experto, sería intervenir fiscalmente en las grandes herencias a través del impuesto de sucesiones, ya que también se ha dado una competencia la baja entre comunidades autónomas. “Las grandes herencias, que son las que explican el 70% de la desigualdad en España, deben tener un impuesto, como vía para avanzar un poco más hacia la igualdad de oportunidades”, explica. Y propone un mecanismo que compense la baja fiscalidad que se da en algunas de ellas.

Sobre la dificultad de poner sobre la mesa medidas efectivas, el coordinador de la Plataforma por la Justicia Fiscal señala que las presiones desde “lobbies potentísimos” o la retórica de que la fiscalidad atenta contra la capacidad de crecimiento del país, son algunas de las cuestiones que enturbian el debate.

El primer secretario del Partido Socialista francés (PS), Olivier Faure, reiteró este viernes su amenaza de tumbar al Gobierno si el primer ministro, Sébastien Lecornu, no propone más impuestos a los multimillonarios y a las grandes empresas, una vez que asume que no saldrá adelante la 'tasa Zucman', según informa EFE.

En una entrevista al canal BFMTV unos minutos antes del inicio de un debate presupuestario clave en la Asamblea Nacional, Faure insistió en que como ni Lecornu tiene mayoría para aprobar los presupuestos ni tampoco la izquierda, "hay que encontrar un compromiso".

Reconoció que esta semana en la Asamblea Nacional "muchas cosas han avanzado" con la aprobación de un aumento de los impuestos a las grandes empresas y un incremento de la fiscalidad a las grandes tecnológicas, pero advirtió que eso no es suficiente y que "si las cosas no avanzan (...) el Gobierno caerá".

Este viernes los diputados discuten en particular una imposición a los grandes patrimonios, una cuestión centrada en la propuesta de la izquierda de la llamada 'tasa Zucman' que prevé un gravamen del 2% sobre el patrimonio de los que tienen más de 100 millones de euros, unos 1.800 contribuyentes en Francia.

El líder socialista reconoció que esa propuesta no tiene apenas ninguna posibilidad de ser adoptada, pero hizo hincapié en que Lecornu, que va a estar presente en el debate teniendo en cuenta lo que se juega, tiene que presentar alternativas que permitan recaudar una cantidad equivalente y que salga de las grandes fortunas y de las grandes empresas.

"Necesitamos dinero para corregir el proyecto" de presupuestos porque "no hay que hacer pagar a las clases populares y a las clases medias lo que no pagan los multimillonarios".

Preguntado sobre el riesgo que han dejado caer algunos grandes empresarios en Francia de que se instalarían en el extranjero si saliera adelante una fiscalidad como la de la 'tasa Zucman', les pidió "un poco más de patriotismo" e hizo notar que las 500 grandes fortunas del país han conseguido duplicar su patrimonio en ocho años.

Los socialistas, que son cruciales para que el Ejecutivo de Lecornu no caiga en una moción de censura, han advertido desde que fue designado primer ministro en septiembre que decidirán su suerte sobre todo en función de los presupuestos, que deben aprobarse de aquí a finales de año.

En tiempos de desconfianza hacia las instituciones, la idea de “pagar menos impuestos” suena seductora. ¿Quién no quiere tener más dinero en su bolsillo? Los discursos que glorifican la rebaja fiscal se presentan como una defensa de la libertad individual frente al “Estado opresor”. Pero esta visión es profundamente engañosa: menos impuestos no significa más libertad, significa menos poder ciudadano y más dependencia de quienes controlan los mercados.

A nadie le gusta pagar, pero un impuesto no es un capricho, ni un castigo, ni mucho menos un robo, como algunos pretenden hacer creer. Es una herramienta de organización democrática. Gracias a ellos tenemos escuelas públicas, hospitales, transporte, pensiones y servicios sociales que garantizan derechos básicos a toda la población, no solo a quienes pueden pagarlos.

Renunciar a esa financiación colectiva es renunciar a un modelo de sociedad basado en la solidaridad y la igualdad de oportunidades.

No hace falta recurrir a teorías: ya lo vivimos. Durante la crisis de 2012, España entró en una espiral de déficit, deuda y dependencia financiera que reveló una verdad incómoda: un Estado sin recursos propios pierde soberanía.

Con un sistema fiscal debilitado tras años de rebajas impositivas, desregulación y tolerancia con la evasión el país tuvo que financiarse a través de los mercados. Y fueron esos mercados quienes dictaron las condiciones.

Ese año, el Gobierno se vio obligado a aceptar un rescate bancario de más de 40.000 millones de euros, supervisado por unos personajes de negro, la Comisión Europea, Banco Central Europeo y el F.M.I.

A cambio, vinieron exigencias que marcaron una década: recortes en sanidad y educación, congelación de pensiones, subida del impuesto más injusto de todos el IVA, que penaliza sobre todo a las rentas bajas, restricciones drásticas al gasto público, incluso en plena crisis social.

Las decisiones más importantes no se tomaron en las Cortes, sino en Bruselas, Fráncfort y Washington. La democracia nacional quedó subordinada a los intereses financieros internacionales.

La ironía fue sangrante: los mismos actores que habían provocado la crisis fueron quienes impusieron las medidas para “resolverla”.

La burbuja inmobiliaria y el colapso financiero no fueron fenómenos naturales. Fueron el resultado directo de la desregulación, la especulación, del sistema económico liberal que confiaba ciegamente en los mercados.

Cuando el sistema colapsó, los grandes bancos y fondos de inversión fueron rescatados con dinero público mientras la ciudadanía pagaba la factura con pérdida de derechos.

Es el corazón del modelo económico liberal: privatizar beneficios y socializar pérdidas.

Un fracaso político y moral del modelo económico liberal que había prometido eficiencia, crecimiento y libertad individual.

En lugar de eficiencia, dejó fragilidad.

En lugar de libertad, entregó poder a actores privados no electos.

En lugar de democracia, impuso austeridad.

El liberalismo económico se mostró incapaz de garantizar estabilidad y, peor aún, erosionó la soberanía democrática. Cuando el Estado se queda sin recursos fiscales, no desaparece el poder, simplemente se traslada a quienes tienen el dinero.

El relato de que menos impuestos significa menos burocracia y más libertad es un espejismo. Lo que realmente significa es menos servicios públicos, más desigualdad y más dependencia de soluciones privadas para necesidades básicas. Quien tiene dinero podrá acceder a buena educación y salud; quien no, quedará relegado. La libertad que prometen no es colectiva: es privilegio para unos pocos.

Pagar impuestos no es un acto de sumisión; es un acto de soberanía compartida. Es la forma más directa de sostener un poder político que pertenezca a la ciudadanía y no a los mercados.

No se trata de pagar más por pagar, sino de exigir un Estado que recaude con justicia y gaste con responsabilidad.

La alternativa a un sistema fiscal sólido no es un paraíso liberal, sino un país a merced de intereses privados. Y la democracia no sobrevive mucho tiempo en ese terreno.

Por eso, cuando alguien dice “quiero pagar menos impuestos”, lo que realmente está diciendo (aunque no lo sepa) es “acepto que otros decidan por mí”.

Y eso, amigo, no es libertad.

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Juan Antonio Gallego Capel es funcionario de carrera de la Administración de la Región de Murcia, socialista, defensor del Estado federal, laico y republicano.

Tenemos derecho a mantener una opinión sobre Carlos Mazón Guixot, o sobre Isabel Díaz Ayuso y su novio, o sobre Juan Manuel Moreno Bonilla, pero conviene no olvidar que ellos no son el problema. 

Nos hemos acostumbrado al escándalo. Hablar de política se ha convertido en una condena a convivir con la noticia crispada, la polémica diaria y los torbellinos personales. Resulta paradójico, pero se precipitan los tonos hostiles y los argumentos más ruidosos para desviar la atención. Los procesos comunicativos de las sociedades contemporáneas han aprendido que levantar la voz es un modo seguro de guardar silencio. Se levanta la voz sobre un punto o un personaje concreto para ocultar, bajo la espuma sucia y los rugidos inmediatos, las importantes realidades que están en juego, el origen verdadero de los sucesos que nos rodean.

La vida nos prueba todos los días, cuando caminamos por lo público o por lo privado, que la economía dirigida a los ajustes y las bajadas de impuestos sirve para defender los intereses de los más ricos, mientras degrada las condiciones de una mayoría social marcada por la precariedad y la desigualdad. La mayoría de la gente no está preparada para mantener una discusión teórica sobre los entresijos de la economía neoliberal en España, Europa o EEUU, pero puede comprender las consecuencias de lo que significa en el bienestar de sus familias un desmantelamiento de la sanidad pública o de la educación, convertidas de manera impudorosa en negocio. La autoridad del dinero pierde su compromiso con la justicia social, su compromiso con la cultura humana, para legitimarse en las cuentas de beneficios que acaban por aumentar el patrimonio de unos pocos a costa de deteriorar la riqueza colectiva de una comunidad.

Las evidencias se diluyen en los escándalos para desviar las dinámicas de la opinión. Es una evidencia que recortar los impuestos tiene que ver sobre todo con un trato privilegiado a los más ricos. Es una evidencia que los recortes en la inversión suponen un deterioro de los cuidados sanitarios, una pérdida alarmante de calidad cuando se trata de atender a los enfermos. Es una evidencia que los espacios públicos se debilitan y que la desatención a la dignidad humana adquiere repercusiones notables a la hora de atender a las personas cuando sufren un problema grave o cuando necesitan por su edad ser atendidos en unas residencias decentes.

Pero estas evidencias se diluyen si la crispación oculta las razones y la política deja de ser una discusión sobre la regulación de lo público, sobre una economía capaz de sostener un orden justo de convivencia. Que en los medios de comunicación impere la polémica diaria, y que se evite el análisis calmado sobre las inversiones y los impuestos, implica una estrategia para convertir la información en desinformación, la noticia ruidosa en ocultamiento.

Los comportamientos personales son, desde luego, importantes cuando se trata de analizar las consecuencias en la protección de la ciudadanía ante el enfurecimiento de las nubes y las aguas, o ante el abandono de unos ancianos en brazos de la muerte, o ante la falta de rigor y de vergüenza en los cuidados que merece una mujer afectada por el cáncer. Pero el debate sobre la persona no puede olvidar que el origen de la desgracia se debe a una política que pierde el respeto a los derechos y los deberes públicos, a unas organizaciones que someten la economía al interés de las grandes empresas y de los millonarios. Y no se trata ya de que la economía de mercado esté limitando las posibilidades de la economía social, porque lo que se vive en estos momentos de la historia es un asalto del capitalismo más feroz a la propia economía de mercado.

Convertir las consecuencias de las posibilidades políticas en simples asuntos personales hace que el valor de lo político pierda su protagonismo. El alejamiento de la gente y su desprecio o su rebeldía antisistema caracterizan una realidad donde los debates sobre la economía y sus consecuencias son sustituidos por los ruidos del escándalo. Y los protagonistas del escándalo llegan incluso a ser personajes admirados en un contexto en el que la ley del más fuerte sustituye a las responsabilidades colectivas. 

Alberto Núñez Feijóo quiere colocar los impuestos en el centro de la escena. Un terreno —el de la economía— que, en teoría, debería ser más cómodo para el PP que el aborto o Palestina, pero que la formación conservadora ha dejado de lado durante muchos meses por los buenos datos macroeconómicos de España. La buena marcha general de la economía provocó que el PP dejase de preguntar sobre ello al ministro competente, Carlos Cuerpo, que se quejó del "silencio atronador" de la oposición en las sesiones de control, pese a que la previsión que tenía Feijóo cuando llegó al PP es que la economía iba a emporar e incluso predijo un "apocalipsis" económico que nunca llegó.

La semana pasada el líder del PP volvió a cambiar el paso, presionado a su vez por los barones del partido que reclaman hablar más de gestión y de impuestos que de corrupción e inmigración, donde Vox se maneja como quiere. Así, en la última sesión de control al Ejecutivo, Feijóo acusó a Sánchez de "exprimir el país" y de "crujir a los españoles" con su política fiscal, haciendo hincapié en la propuesta de subida de las cuotas a los autónomos, que no solo critica la derecha sino también el socio minoritario del Ejecutivo, Sumar, y también Esquerra Republicana y Junts por la falta de progresividad.

Aunque Feijóo mencionó al exministro José Luis Ábalos, que esa misma mañana comparecía de nuevo ante el Tribunal Supremo, prefirió retomar la idea del "atraco fiscal" que también trata de explotar Vox. "Trabajar no puede consistir en que el Gobierno te cruja a impuestos. Trabajar tiene que poder servir para tener una vivienda digna y un proyecto vital. Trabajar debería dar esperanza, y con usted da rabia. Rabia de comprobar cómo el mérito no sirve, de sentir que se castiga al honrado y se aplaude al indecente. En la España que yo propongo, merecerá la pena trabajar y pondremos fin al saqueo", señaló.

Este lunes el líder del PP trató de rebatir el "triunfalismo" del Gobierno sobre la economía española. "Más allá de discursos triunfalistas, la economía española tiene problemas que abordar", dijo en el congreso de economía familiar celebrado en Burgos. "No hay justicia social si el que trabaja paga cada vez más y el Estado gasta cada vez peor", añadió.

Fuentes de Génova explican a infoLibre que, además de haber centrado la pregunta del miércoles a Sánchez en este asunto, Feijóo también decidió "incorporar a su agenda un encuentro con autónomos para escuchar sus problemas y evidenciar nuestra cercanía con sus reivindicaciones" que se produjo este sábado en Soria. Pese a las críticas, lo cierto es que el PP votó a favor en 2022 del nuevo sistema de cotización, cuando los agentes sociales firmaron un despliegue paulatino del modelo de cotización por ingresos reales.

El Gobierno repite en cada foro que la economía española va "como un cohete" y los datos lo avalan, pero el PP quiere ser la voz del malestar de la ciudanía "en un contexto de precios altos, vivienda cara, recaudación creciente e impuestos al alza pero con sueldos que no suben": "La sensación que tienen millones de españoles es que la diferencia entre trabajar mucho y cobrar poco o no trabajar nada y cobrar algo es muy pequeña", explican fuentes de Génova, que saben que no hay nada más material que hablar de economía.

El plan de Feijóo es dirigirse a los trabajadores que están entre los 30.000 y 40.000 euros de sueldo anuales y ven cómo su sueldo no les permite llegar a fin de mes con holgura. "Aspiramos a rescatar emocional y económicamente a la clase media —un concepto ampliamente discutido por economistas y políticos—", señalan desde el equipo directo del presidente del PP, que busca ser el partido "referente" para este sector.

Pero el fenómeno que marca la acción política del PP es la extensión de un rechazo a los impuestos su electorado —y el de Vox— donde ha calado a fondo el llamado populismo fiscal" tras años de martilleo contra el supuesto "atraco" de un gobierno que ahora "se forra" gracias a la recaudación. La siembra de ese discurso florece ya en una pérdida en el campo conservador de confianza en la utilidad de los impuestos y de compromiso fiscal con los servicios públicos, como se puede apreciar en los datos del CIS.

El PP lleva toda la legislatura defendiendo una reducción de impuestos e incluso mintiendo y exagerando cuando hablan de las subidas acometidas por el Gobierno. La estrategia de la derecha de proponer rebajas fiscales, aunque no les cuadren las cuentas, la sustentan con el discurso de que el gobierno está "asfixiando" la economía. Lo hizo en su momento Pablo Casado y lo repitió después Feijóo con el argumento de que la fórmula de bajada de impuestos funciona en las comunidades en las que gobierna, aunque mientras reducen la fiscalidad, reclaman más financiación al Gobierno de España.

Feijóo asegura que replicaría la formula de rebajas fiscales si llega a La Moncloa, pero no explica cómo cuadrarían las cuentas sin disparar el déficit. Hasta la fecha el Partido Popular se ha refugiado en la imprecisión: ni en su programa electoral ni en sus propuestas recientes hay cálculo del coste de las reformas que proponen y, cuando se les piden detalles, no se obtienen respuestas concretas. La última, anunciada por su vicesecretario de Hacienda, Juan Bravo, es permitir a todos aquellos autónomos que facturan menos de 85.000 euros "no tener que pagar IVA, ni presentar declaración de IVA". Una propuesta que asumió en primera persona el sábado Feijóo.

Por lo que respecta a los impuestos, desde Génova proponen una reforma fiscal integral para "simplificar" el IRPF y el Impuesto sobre Sociedades, sin detallar en qué consistirá ni si reducirá la recaudación. El PP también ha planteado rebajas en las cotizaciones sociales en determinados supuestos, pero sin ofrecer tampoco números concretos. En lo que sí es claro es en eliminar el Impuesto a las Grandes Fortunas y el de Sucesiones y Donaciones, medidas cuyo coste conjunto podría superar los 5.000 millones de euros.

Este último impuesto, actualmente cedido y gestionado por las comunidades autónomas, tiene un carácter progresivo, es decir, se incrementa a medida que la cantidad heredada va en aumento. Y, a pesar de que la crítica habitual de la derecha radica en el diferente modo de aplicación en cada territorio, lo cierto es que en la gran mayoría de las comunidades las herencias de hasta 250.000 euros que reciban los sucesores incluidos en los grupos I y II –descendientes y adoptados, cónyuges, ascendientes y adoptantes– están o totalmente libres de pago o la cantidad que se abona es simbólica.

Los impuestos son el salvavidas del Estado del bienestar que nos protege a todos por igual. La fiscalidad progresiva no es solo un instrumento técnico de recaudación para los estados, sino el pilar de la justicia distributiva sobre la que se construyen nuestras socialdemocracias. John Rawls sostiene en su Teoría de la justicia (1971) que la distribución equitativa de los recursos primarios, incluyendo el acceso a servicios públicos universales, constituye el fundamento de una sociedad bien ordenada, donde las desigualdades solo se legitiman si benefician a los más desfavorecidos. En España, esto se materializa en un sistema impositivo que mitiga la concentración de riqueza y fortalece la cohesión social. Sin embargo, el mantra neoliberal de la derecha —con bajadas fiscales indiscriminadas como panacea electoral— socava esta arquitectura, priorizando el alivio de las élites sobre la sostenibilidad de los servicios que protegen a la mayoría: aquellos que nos salvaguardan ante emergencias imprevisibles, enfermedades crónicas y la perpetuación de la ignorancia intergeneracional.

En 2023, España registró el índice de Gini (que mide la desigualdad de ingresos de una población) más bajo desde 2004, gracias a un gasto público en protección social que representa el 25,9% del PIB, superior a la media de la OCDE (20,1%). Este mecanismo de redistribución permite reducir la brecha entre el 20% más rico (con una renta 5,5 veces superior al 20% más pobre) y el conjunto de la población. Sin embargo, las rebajas fiscales a las rentas altas exacerban la desigualdad y erosionan la capacidad recaudatoria para financiar sanidad, emergencias y educación, todas ellas competencias autonómicas. El impacto es palpable: un estudio de Fedea (2025) revela que el gasto público en estos ámbitos reduce la desigualdad en un 1,2% anual, pero las políticas de recortes en comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular invierten esta tendencia, priorizando el clientelismo fiscal sobre la equidad.

Este patrón de "populismo fiscal" —término acuñado por economistas como Joseph Stiglitz para describir rebajas impositivas que benefician a minorías acaudaladas mientras recortan bienes públicos— se evidencia en la gestión del PP en regiones clave. En la Comunidad Valenciana, bajo el mandato de Carlos Mazón, la reducción de impuestos en 2023 benefició a los grandes patrimonios y generó una merma recaudatoria de 550 millones de euros anuales, con el grueso del beneficio acaparado por los 26.500 contribuyentes más ricos. Esta cesión fiscal coincidió con recortes drásticos en emergencias: el presupuesto de Emergencias se redujo un 20% en 2024 (unos 14 millones de euros), incluyendo la liquidación de la Unidad Militar de Emergencias (UME) autonómica. Meses después, la dana de octubre de 2024 devastó buena parte de la provincia de Valencia, causando 229 fallecidos y daños por valor de 5.000 millones de euros. La respuesta tardía —con adjudicaciones de emergencia opacas por 241 millones de euros— subraya cómo la priorización del alivio fiscal para las élites compromete la resiliencia colectiva, dejando expuesta a la ciudadanía ante catástrofes que los servicios públicos podrían haber mitigado.

Un paralelismo inquietante se observa en Castilla y León, gobernada por Alfonso Fernández Mañueco. En 2024, el Ejecutivo autonómico impulsó una nueva rebaja del IRPF —consolidando la región como la segunda con el tipo mínimo más bajo de España—, con un impacto recaudatorio negativo estimado en 200 millones de euros, beneficiando primordialmente a rentas superiores a 60.000 euros anuales. Esta política se tradujo en recortes en prevención de incendios: pese a las afirmaciones de Mañueco de haber "triplicado" la inversión, los bomberos forestales denunciaron una reducción sustantiva en efectivos y medios, con protestas masivas en agosto de 2025 que incluyeron el "desplante" público al presidente. Los incendios de este verano arrasaron 50.000 hectáreas, exacerbados por sequías y vientos, pero agravados por la insuficiencia de operativos —un 15% menos que en 2019. El plan de reconstrucción posterior (114 millones de euros) llega tardío, ilustrando cómo el electoralismo fiscal del PP —vendiendo "alivio" a votantes de clase media-alta— desmantela la red de protección ambiental, expoliando el bien común en favor de exenciones puntuales.

En Andalucía, el patrón culmina en una crisis sanitaria bajo el Ejecutivo de Juan Manuel Moreno Bonilla. Desde 2019, su gobierno ha promulgado sucesivas rebajas fiscales —incluyendo la supresión del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales para rentas altas—, con una pérdida recaudatoria acumulada de 1.200 millones de euros hasta 2025, desviando fondos hacia conciertos con la sanidad privada (un 20% del gasto sanitario total, similar al modelo de Isabel Díaz Ayuso en Madrid). Estos recortes en el Sistema Andaluz de Salud —un 5% en personal y equipamiento entre 2022 y 2024— han derivado en el escándalo de octubre de 2025: un fallo sistémico en el cribado del cáncer de mama dejó sin notificación a al menos 2.000 mujeres con mamografías sospechosas, con retrasos de hasta dos años en diagnósticos, incrementando potencialmente la mortalidad en un 15-20%, según protocolos de la Sociedad Española de Oncología Médica. La admisión de un "error" por parte de la Junta, seguida de un plan de choque, no oculta la raíz estructural: la externalización y subfinanciación pública, que prioriza los dividendos privados sobre la detección precoz y vulnera el derecho constitucional a la salud. En un contexto donde el cáncer de mama afecta a 30.000 mujeres anualmente en España, este fiasco revela cómo las cesiones fiscales a las élites —bajo el pretexto de "eficiencia"— erosionan la universalidad sanitaria, beneficiando a un 10% de la población que opta por seguros privados mientras la mayoría enfrenta largas listas de espera y riesgos evitables.

Este ciclo de bajadas fiscales regresivas se perpetúa mediante narrativas manipuladas, como el infundado reclamo de "96 subidas de impuestos" bajo el Gobierno de Pedro Sánchez repetido hasta la saciedad por el PP. Este bulo se fundamenta en el Impuestómetro 2025, del Instituto Juan de Mariana —un think tank liberal dirigido por economistas afines al PP, con vínculos a exaltos cargos de Ayuso como su patronato. El informe infla la cifra de subidas impositivas mediante artimañas metodológicas: cuenta hasta 35 veces las actualizaciones obligatorias de valores catastrales por inflación, incluye 20 gravámenes municipales ajenos al Ejecutivo central y reitera cotizaciones sociales como "subidas" pese a su vinculación con las pensiones sostenibles. Esta falacia ya ha sido desmontada: las "subidas" netas son 12, centradas en rentas altas (Impuesto de Sociedades al 25% para grandes fortunas). Lejos de oprimir al contribuyente medio —cuya carga fiscal sigue estando 4 puntos por debajo de la UE—, estas medidas financian un Estado del bienestar que, en 2024, evitó 1,5 millones de casos de pobreza extrema mediante transferencias.

La socialdemocracia aboga por una fiscalidad que redistribuya desde el ingreso, con impuestos progresivos que gravan la renta y el patrimonio, asegurando un gasto público que no solo mitigue desigualdades, sino que prevenga riesgos sistémicos. Los servicios públicos actúan como equalizadores horizontales y verticales. En autonomías gobernadas por el PP, los recortes han incrementado la brecha: en Andalucía, el gasto sanitario per cápita (1.950 euros) es un 12% inferior a la media nacional, correlacionado con un 18% más de listas de espera. Frente a esto, el modelo central —con subidas focalizadas en grandes fortunas y grandes multinacionales— ha garantizado, por ejemplo, el poder adquisitivo de los pensionistas, demostrando así que la redistribución fiscal no es una carga, sino una inversión en capital humano.

El imperativo socialdemócrata radica en desmontar el espejismo de las bajadas fiscales universales: un señuelo que enriquece a los ricos mientras desguaza el escudo protector de la mayoría. Como advierte Amartya Sen en Desarrollo y libertad (1999), la verdadera prosperidad reside en capacidades ampliadas, no en exenciones elitistas. España debe reafirmar su compromiso con una fiscalidad justa y equitativa, restaurando presupuestos en emergencias, salud y educación para forjar una sociedad no solo próspera, sino justa y resiliente ante las tormentas —climáticas y económicas— que nos acechan. Solo así garantizaremos un contrato social en el que nadie quede atrás.

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Marta Trenzano es politóloga y diputada del PSOE por València.