La Plaça de la Pau es un espacio efímero. Con olivos. En mitad del pabellón 8 de la Fira de Barcelona. Su duración: 48 horas. “Make love, not fascism”, reza la gorra de uno de los asistentes. Allí se cruzaron todos los caminos de la Global Progressive Mobilisation. Y se concentraba el sentimiento del evento: surge una nueva relación entre las izquierdas mundiales para hacer frente a la hiperorganizada internacional ultraderechista.

El dj que pinchaba en esta plaza enganchaba temazo tras temazo entre los distintos foros y diálogos. Preferencia por Bad Bunny. Pero no era una mera coincidencia, sino el reflejo del sentimiento compartido por más de tres mil progresistas llegados de todos los puntos del planeta. La izquierda se quita la cara agria y se pone rumbosa (o rumbera, que también sonaba Peret). Se acabó llorar. 

Durante 48 horas se ha compartido, desde todos los niveles, que la ultraderecha no es invencible y que empieza a dar signos de agotamiento con ejemplos palpables como la derrota en Hungría, el ‘no’ al referéndum de Giorgia Meloni en Italia y la caída de la popularidad de Donald Trump. Pero no se trata sólo de que se debilite el otro bloque. Barcelona supone un punto de inflexión. Los problemas son compartidos, y hay que empujar con soluciones a nivel internacional.

Y de esta cita sale un bloque con una alternativa clara configurado en muchos estratos. En la cabeza están líderes como Pedro Sánchez (España), Claudia Sheinbaum (México), Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil), Gustavo Petro (Colombia), Cyril Ramaphosa (Sudáfrica) y Yamandú Orsi (Uruguay). Pero también reman con fuerza figuras como el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, que no estuvo presente en la ciudad condal, pero envió a Ana María Archila, una de sus colaboradoras más cercanas y encargada de asuntos internacionales. Sí acudió desde Minnesota el gobernador Tim Walz, que fue el tique electoral de Kamala Harris.

La red progresista impulsada en Barcelona cuenta con figuras emergentes como la italiana Elly Schlein y referentes con peso simbólico como el expresidente chileno Gabriel Boric, además del paraguas institucional global con pilares como Teresa Ribera, vicepresidenta de la Comisión Europea.

El compromiso es firme: se abre una nueva etapa de unidad. Y se debe hacer con practicidad. Con medidas concretas y de la mano de intelectuales y de la sociedad civil. Prueba de ello, por ejemplo, es que de Barcelona sale la creación de un Consejo Global para una Economía del Bien Común, un órgano impulsado por el vicepresidente primero espñaol, Carlos Cuerpo, y la economista Mariana Mazzucato (University College London).

El espíritu de derrotismo no ha existido en el foro en Barcelona, que se ha convertido en un gran referente progresista a través del triunvirato Pedro Sánchez-Salvador Illa-Jaume Collboni. “Estamos armando el ejército desde el bando correcto de la historia”, deslizan fuentes del Gobierno. Y es que la izquierda ha encontrado su narrativa durante estas horas, uniendo puntos en común. Desde el “No a la guerra” a la necesidad de frenar la especulación de los pisos turísticos, pasando por la reivindicación de la democracia y la exigencia de una política fiscal progresiva con impuestos globales.

“La izquierda necesita también narrativa”, analizan desde el entorno del presidente. La cita de Barcelona tiene una gran importancia política para Sánchez, que se ha convertido en uno de los grandes referentes del espacio a nivel internacional. España será una de las grandes batallas políticas mundiales el año que viene. Es uno de los grandes objetivos de las derechas. Y una eliminatoria previa se vivirá en Brasil este otoño, con Lula a la cabeza. El brasileño ha sido el otro gran referente durante estos dos días en la capital catalana.

Pero esta cita también ha servido para reconstruir el puente entre España y México. Claudia Sheinbaum dejó atrás las rencillas por su choque con la Casa Real por sus exigencias de condena del pasado colonial: “No hay crisis diplomática, nunca la ha habido”. Y se implica de lleno en la construcción de este bloque progresista y se ha ofrecido como anfitriona de la cumbre para el próximo año. Asimismo, invitó a Sánchez a visitar el país.

"Es el momento de hacer frente al miedo con más democracia y a la desigualdad con más justicia", fue uno de los mensajes que llevó Sánchez a Barcelona, donde llamó a la acción conjunta del progresismo: “Si estamos aquí es porque compartimos una preocupación pero, sobre todo, una responsabilidad. Hay una vieja distinción entre asomarse a la ventana y bajar a la calle cuando algo ocurre. Estamos aquí para responder y actuar”.

“La democracia no puede darse por sentada. Vemos ataques al sistema multilateral. Un intento de impugnar las reglas del derecho internacional y una peligrosa normalización del uso de la fuerza. Y dentro de nuestras sociedades crece la desigualdad. La desinformación erosiona la confianza en los gobiernos y, por tanto, en las instituciones. Es el riesgo al que nos enfrentamos: que la democracia se vacíe por dentro mientras se le ataque desde fuera”, analizó Sánchez.

Por eso, el jefe del Ejecutivo pidió a los líderes y a todo el espacio progresista que la respuesta no sea meramente defensiva: “No basta con resistir. Tenemos que proponer, tenemos que liderar. Tenemos que demostrar que la democracia no sólo se defiende, sino que se fortalece y se perfecciona día a día. Es el espíritu de esta reunión”. La hoja de ruta de la izquierda a nivel internacional, marcó Sánchez, debe pasar por el multilateralismo. Y mirando en ese 'ahora qué', el presidente apostó por una reforma de la ONU y por una mujer como sustituta de António Guterres. Entre las favoritas están en estos momentos Michelle Bachelet y Rebeca Grynspan, aunque el Gobierno español no ha concretado ninguna preferencia específica.

En esos pasos precisos que debe dar la izquierda, otra de las prioridades que se ha puesto sobre la mesa es la gobernanza digital. De hecho, varios equipos de los países participantes han estado en contacto en Barcelona para empezar a trabajar en temas de redes sociales. Otra de las columnas vertebrales del proyecto es el combate contra la desigualdad.

Esas sensaciones se extienden entre los líderes progresistas. Pero no sólo con el pegamento anti Trump. Lo definía así el colombiano Petro: “Es una cumbre por una alternativa en el mundo, no en contra. Es una especie de faro que, en medio de la confusión y del desorden global peligroso, marca una especie de flecha que sigue un rumbo. El rumbo de la vida y no de la muerte”.

Pero la red que se lanza desde Barcelona no solo se trata de un orden de mandatarios, sino que se enfoca con fuerza en lo local. Es donde se ejercen las políticas públicas más cercanas a los ciudadanos; donde la izquierda debe demostrar su forma de gobernar; y donde se frena a la ultraderecha puerta a puerta. Esto no va solo de grandes discursos.

Algo que se evidenció en la gran asistencia al foro sobre gobiernos locales pilotado por el alcalde de Barcelona, que ha centrado mucho la atención de sus colegas por la decisión de acabar con los pisos turísticos en la capital catalana, lo que hará que salgan al mercado más de diez mil viviendas. El regidor se prepara para una dura lucha contra los fondos buitre, pero, como confesaba en los pasillos, en lo más profundo se trata de una lucha “entre el poder democrático de una ciudad y los especuladores”. Él quiere que la gente pueda seguir viviendo en L'Eixample y en Gràcia.

Esas experiencias las llevó hasta Barcelona también Kicillof, uno de los políticos más aplaudidos en sus intervenciones y en los pasillos. Contó en primera persona lo que está sucediendo en Argentina: “La política de Milei no está funcionando. Es un fracaso. Está destruyendo el modelo productivo, la salud y la justicia social. Este desastre recae sobre los gobernadores y alcaldes, que somos el escudo y la red para sostener la vida cotidiana. Estamos actuando con valentía. Tenemos que dar respuesta a la gente”. “Hay que decir que hay otro camino. Y también ‘No a la guerra’. Milei no representa lo que siente el pueblo argentino y de Buenos Aires. La solución ante esta política tiene que ser internacional. Acá la estamos construyendo”, remachó.

Barcelona lanza esa flecha internacional, como decía Petro. Y las luces se apagan, pero para encenderse de nuevo mañana entre los progresistas. Ahora toca poner en marcha todo lo dicho. El momento de la acción. “Creo que no somos conscientes de lo que ha pasado en estos dos días”, decía un organizador entre bambalinas al abandonar el recinto.

“No estamos solos. Ellos tienen las mismas estrategias en todo el mundo. ¿Por qué no hacemos lo mismo? Por eso es tan importante este evento. No hablar solo de los autoritarios, sino sobre lo que la gente necesita. Tenemos que hacer este networking. Necesitamos ayudarnos los unos a los otros. Es una gran oportunidad para empezar a reconstruir la democracia. No se trata de tener claro contra quién estamos, sino para quién nos levantamos”.

Estas palabras brotaron desde lo más profundo de Claudia Ortiz, la figura más visible que hace oposición a Nayib Bukele en El Salvador. Y representan el sentimiento que domina desde este viernes por la mañana la Global Progressive Mobilisation de Barcelona, un espacio sin precedentes en la izquierda internacional para forjar una alianza que haga frente a la ola de extrema derecha que sacude el tablero internacional.

Esta cumbre, impulsada principalmente por Pedro Sánchez, Stefan Löfven y Luiz Inácio Lula da Silva, aspira a cambiar el paradigma en el mundo de la izquierda. No se trata de hacer grandes declaraciones con muchos puntos, sino de darse la mano casi literalmente entre más de cien partidos a lo largo y ancho de todo el mundo; arrancar un proceso de colaboración hasta ahora nunca visto en todos los niveles. No es cuestión de fotos de presidentes y dirigentes, sino de entrelazar a miembros de gobiernos, alcaldes, líderes sindicales y referentes en las redes y entre los jóvenes.

Un trabajo que se extenderá hasta el sábado por la noche, pero que ya en la primera jornada respondió a ese espíritu. Los participantes, tanto en los foros como entre el público, se identificaron con las intervenciones. De Barbados a Chile, de Estados Unidos a Australia, de Portugal a México. Un sentimiento, como señalan diferentes dirigentes a infoLibre, de que muchas vivencias son compartidas. Muchas preocupaciones. Muchas ideas. Muchos errores. Y muchas soluciones.

En este primer día los caminos empezaron a labrarse. Con la idea de que la democracia debe reforzarse desde muchos ámbitos en un mundo donde la desigualdad cabalga de manera imperante. Frente a la ola ultraliberal de los líderes autoritarios, la izquierda comparte que solo se saldrá de la crisis con mayor igualdad. ¿Y por dónde pasa la solución? Hay una expresión que se impuso durante todo el viernes: “Tax the super rich”. 

Un concepto que atraviesa a todo el mundo progresista, que ya se está abriendo paso en diferentes lugares del mundo, como en Brasil o en Nueva York, donde el alcalde, Zohran Mamdani, ha prometido gravar el parque inmobiliario de los multimillonarios. Precisamente, desde el Gobierno de Lula habló en uno de los foros la ministra de Finanzas, Debora Freire, que ha implementado este impuesto este año.

“No hay ninguna solución aislada. Debe haber progresividad fiscal, transparencia y equidad internacional”, recetó Freire, que indicó que esta acción no debe ser simplemente a escala nacional, sino que se debería implementar a nivel mundial. Un debate que, precisamente, está intentando evitar la Unión Europea, como recordó el eurodiputado socialista portugués Bruno Gonçalves, que avisó de que la izquierda va a dar la batalla en Bruselas y en Estrasburgo frente al bloque conservador y de extrema derecha: “Hay una falta de voluntad política. Pero lucharemos”.

Este concepto de lucha ideológica está muy presente en la cumbre desde su arranque. Y todos ponen sobre la mesa la importancia de las elecciones de Brasil del próximo mes de octubre. Cuando se nombra a Lula en algunos foros, inmediatamente hay un aplauso. Y es que es una pieza a abatir por parte de la ultraderecha internacional después de haber logrado dominar grandes países del área como Argentina (Javier Milei) y Chile (José Antonio Kast).

Precisamente, analizó en primera persona la experiencia de Chile Gabriel Jackson, una de las personas más cercanas al expresidente Gabriel Boric y ex ministro en el anterior Gobierno. Su radiografía: “Chile vive un contexto duro. Cometimos errores por las grandes expectativas, pero hicimos avances como la reforma de las pensiones, la subida histórica del salario mínimo, la reducción de la jornada laboral y las ayudas familiares. Ahora tenemos un Gobierno de la extrema derecha heredera de Pinochet. Aplican el manual de Steve Bannon”.

Jackson hizo una llamada muy importante a la unidad de la izquierda, un eterno debate en todo el espacio, donde se suceden las luchas cainitas de manera constante. Una petición que también llevó en primera persona Luisa González, excandidata presidencial progresista en Ecuador, que denunció que el presidente de su país, Daniel Noboa, lo ha convertido casi en un régimen dictatorial, controlando las instituciones y a jueces y fiscales. Este mandatario ha recibido el apoyo, por ejemplo, de Isabel Díaz Ayuso, lo que evidencia cómo sí está engrasado el bloque de las derechas.

Esa sensación de lawfare es compartida por muchos dirigentes de la izquierda. Y está más presente que nunca también en España, donde el juez Juan Carlos Peinado ha procesado a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez. Un giro judicial que ha provocado un nuevo enfrentamiento contra el Ejecutivo, que pone en duda la instrucción llevada a cabo por el magistrado.

El lawfare ha marcado la política brasileña en las dos últimas décadas. Con Lula como máximo exponente. Barcelona tiene durante estos días también sabor a Pernambuco. Sánchez y el brasileño tuvieron un primer encuentro en la cumbre bilateral entre los dos países, a las puertas de la Global Progressive Mobilisation. Y la primera dama brasileña, Janja Lula da Silva, también participó el viernes en el foro de partidos.

Lo hizo en uno de los paneles estrella bajo la idea del acceso global a la justicia de las mujeres y de las niñas. Un acto de reivindicación del feminismo en tiempos de crecimiento del negacionismo. Una charla clave en un momento también en el que sectores de la izquierda llaman a suavizar el discurso feminista. A su lado estuvieron el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y la responsable de la Oficina de Asuntos Internacionales de la ciudad de Nueva York, Ana Maria Archila.

Esta mesa registró un lleno total en el ágora Ernest Lluch con un Rodríguez Zapatero como gran brújula moral del socialismo. “Esta es la cumbre progresista más importante de este siglo”, arrancó el expresidente, que enfatizó: “Nos estamos jugando en estos momentos qué siglo XXI queremos”. Marcó un objetivo a toda la izquierda: “Necesitamos más internacionalismo. Y, sobre todo, determinación y coraje. No podemos dudar de las grandes convicciones que arrancaron en la Ilustración. Tenemos dos grandes anhelos: la paz como tarea y la igualdad de género como la palanca transformadora”.

Y en el aire barcelonés pesó durante todo el día un tema que preocupa en toda la izquierda internacional: el acercamiento de los jóvenes a la ultraderecha. El año pasado, en la cumbre de la alianza progresista en Santiago de Chile, los líderes encargaron un informe al Observatorio Multilateral de Juventudes frente al Extremismo. Un documento que vio la luz este mismo viernes, que señala que los menores de 30 años son los que tienen en estos momentos menos apego al sistema democrático (con un respaldo poco superior al 45%).

No obstante, sigue siendo el sistema predilecto entre la juventud. ¿Pero por qué hay ese desapego? Este observatorio, liderado por el brasileño Alexandre Pupo, determina cinco factores principales: el trabajo precario, las dificultades de acceso a la vivienda, la salud mental, la inseguridad climática y el entorno digital polarizado. La llamada a la izquierda de los jóvenes es clara: “Es el momento no sólo de reconstruir, sino de reimaginar la democracia”. En eso andan los progresistas, con olor a Mediterráneo. 

Los ojos están puestos en Barcelona. Un laboratorio de 48 horas de la izquierda a escala global. Y Pedro Sánchez como anfitrión de la Global Progressive Mobilisation, una cumbre que pretende marcar el arranque de una gran alianza frente a la ola ultra que azota el tablero internacional y que está cambiando las reglas del orden mundial.

La cita de Barcelona, que se desarrolla durante este viernes y este sábado, supone un paso adelante en las relaciones internacionales de líderes progresistas bajo un paraguas en el que se cobijan organizaciones y espacios como la Internacional Socialista, la Alianza Progresista y el foro de Democracia Siempre impulsado por Gabriel Boric. 

Pero esta cumbre pretende ser un “inicio”, según indican fuentes de la organización a infoLibre, para consolidar un bloque de gobiernos y de partidos frente a la internacional ultra liderada por Donald Trump (Estados Unidos) y apoyada por figuras como Javier Milei (Argentina) y Benjamin Netanyahu (Israel), con la idea de imponer la ley del más fuerte frente a las relaciones multilaterales y basadas en leyes internacionales surgidas después de la II Guerra Mundial.

Y la geopolítica sufre un azote cada minuto en un momento en el que la guerra de Irán no ve un horizonte final, mientras la propia ultraderecha, a la vez, empieza a sufrir reveses como la derrota de Giorgia Meloni en el referéndum en Italia para cambiar el sistema judicial y la pérdida del poder de Viktor Orbán en Hungría tras las elecciones del pasado fin de semana. 

Más de tres mil participantes y más de cien partidos

Esta cumbre ha sido impulsada principalmente por el presidente español, junto a Stefan Löfven, líder del Partido Socialista Europeo, y Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil. Y cuenta con mandatarios como Gustavo Petro (Colombia) y Yamandú Orsi (Uruguay). Además, supone el reencuentro de España con Claudia Sheinbaum, presidenta de México. El deshielo está en marcha después de las palabras del rey Felipe VI reconociendo “mucho abuso” en la conquista de América. El viaje supone acercar de nuevo a los dos países con la vista puesta en la XXX Cumbre Iberoamericana que se celebrará en Madrid los días 4 y 5 de noviembre.

Este encuentro en Barcelona tendrá varios escenarios y niveles. Este viernes da el pistoletazo de salida con la cumbre bilateral entre Sánchez y Lula da Silva, que se han convertido en pareja de hecho en muchos movimientos a escala global reivindicando el papel de las potencias medianas frente a las ansias imperialistas de Trump. Los dos han movido fichas de manera conjunta en temas como el rechazo al genocidio de Gaza y a la guerra de Irán.

El sábado se reunirán Sánchez y Lula de forma conjunta con Petro, Orsi y Sheinbaum en una cumbre coral con el objetivo de reafirmar su defensa de la democracia. De manera paralela, se desarrolla durante el viernes y el sábado la Global Progressive Mobilisation, en la que también estarán estos líderes junto a más de tres mil inscritos, entre representantes de más de cien partidos, de sindicatos, de organizaciones internacionales, de ONG y de colectivos de la sociedad civil. 

Por la Fira de Barcelona desfilarán, en los más de cien paneles y foros, nombres como Cyril Ramaphosa (Sudáfrica), António Costa (presidente del Consejo Europeo), Mia Amor Mottley (primera ministra de Barbados), Teresa Ribera (vicepresidenta de la Comisión Europea), Isabel Allende (presidenta honoraria de la Internacional Socialista), José Luis Rodríguez Zapatero (expresidente de España) y Josep Borrell (presidente del CIDOB).

Asimismo, durante estas 48 horas pondrán sobre la mesa sus ideas intelectuales como Mariana Mazzucato (profesora de Economía de la Innovación en la University College London), Gabriel Zucman (profesor de Economía en Berkeley) e Isabella Weber (profesora de la Universidad de Massachusetts Amherst). 

Otro de los puntos fuertes de esta cita en Barcelona es la red que se quiere crear entre alcaldes progresistas de todo el mundo. El regidor de la ciudad condal, Jaume Collboni, será el nexo de figuras de gobernanza municipales y regionales como Philippe Close (Bruselas), Roberto Gualtieri (Roma), Haris Doukas (Atenas) y Axel Kicillof (Buenos Aires). El nuevo regidor de Nueva York, Zohran Mamdani, no viajará hasta Barcelona por su promesa de estar principalmente en la ciudad, pero en su nombre participa Ana María Archila, jefa de la Oficina de Asuntos Internacionales de la ciudad.

Construir un ordenado “faro de esperanza”

Como señalan fuentes de la organización, la cita de Barcelona supone entrar en una nueva fase de organización de la izquierda frente a la internacional ultraderechista, que sí lleva años colaborando y actuando de manera conjunta a nivel internacional a pesar de que su discurso es de corte nacionalista. En cambio, el mundo progresista apenas ha protagonizado grandes eventos que sirvan como paraguas para colaborar en todos los lugares del mundo.

Esta cumbre, organizada por los socialistas españoles y en la que no hay presencia de otras formaciones de izquierdas del país, busca que se compartan ideas y se establezcan relaciones personales entre actores del espacio. Fuentes de la cita explican: “Vamos hacia otro nivel de conexión. Allí un participante escucha lo que está haciendo Barbados en materia de cambio climático y otro explica cómo es la labor de la oposición en Italia. Se trata de interconectar, de organizar, de arrancar un nuevo proceso”.

Además, la idea es que este bloque progresista no se presente bajo la imagen de izquierda gruñona como vende la ultraderecha, sino que se vehicule la idea de “faro de esperanza” con pilares comunes como la justicia social, la redistribución, la igualdad, la lucha contra el cambio climático, los servicios públicos y la defensa de los sistemas democráticos en unos momentos de avance de los autócratas. 

Y el plan es que el trabajo sea global, no se quede enmarcado, como otros intentos, en foros de ámbito europeo o latinoamericano. En la organización dan mucha importancia a la participación telemática de partidos progresistas de Israel. Asimismo, Palestina tiene una delegación, con la presencia del ex primer ministro Mohammad Shtayyeh. La idea es que el evento no puede ser la foto de dos días, sino que de él salga el compromiso de estar en coordinación permanente por parte de todos los participantes para hacer frente a la ultraderecha. 

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, que cumple una condena de 27 años de prisión por golpismo, fue hospitalizado este viernes tras sufrir una bronconeumonía en la prisión en Brasilia en que está recluido y no tiene previsión de alta, informó su hijo, el senador Flávio Bolsonaro.

El líder de la ultraderecha brasileña, trasladado al hospital tras presentar escalofríos y vómitos en la madrugada de este viernes, fue diagnosticado con bronconeumonía, es decir con líquido en los pulmones, como consecuencia de una broncoaspiración, afirmó su primogénito en una rueda de prensa en la puerta del centro sanitario DF Star de Brasilia.

"Conversé rápidamente con los médicos y dijeron que esta fue la más grave de las veces que ha sido internado aquí por la cantidad de líquido en los pulmones. Nunca sus pulmones se llenaron de tanto líquido, proveniente de la broncoaspiración de líquidos en su estómago", afirmó.

Según el senador, esa condición está considerada como muy peligrosa debido a que puede generar una grave infección.

El problema le provocó fiebre alta, reducción del oxígeno en la sangre y escalofríos, según le explicaron los médicos a Flávio Bolsonaro, elegido por el exmandatario como su sucesor político y candidato de la ultraderecha a las presidenciales del próximo octubre próximo.

El boletín médico divulgado poco después por el hospital DF Star confirmó lo dicho por el senador. Según sus médicos, los exámenes iniciales de imagen y de laboratorio "confirmaron bronconeumonía bacteriana bilateral", provocada posiblemente por broncoaspiración.

El informe agrega que el expresidente fue ingresado en una unidad de terapia intensiva, en donde es sometido a un tratamiento con antibióticos por vía venosa y soporte clínico no invasivo.

Flávio Bolsonaro aprovechó para insistir en que, por razones humanitarias, la Corte Suprema le conceda la prisión domiciliaria, algo que el Supremo ha negado en diferentes oportunidades.

"Están jugando con la vida de mi padre". No pueden quedarse con esa posición de que se trata de algún tipo de melindre o con la paranoia de que él puede fugarse", afirmó el senador, considerado como el principal rival del presidente Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones.

Jair Bolsonaro padece desde 2018 problemas de salud relacionados con el atentado con cuchillo que sufrió durante la campaña presidencial de ese año, cuando resultó herido en el abdomen.

Desde entonces ha sido sometido a varias hospitalizaciones y procedimientos médicos para tratar complicaciones derivadas de la agresión.

Esta es la primera salida de Bolsonaro desde que el 15 de enero comenzó a cumplir su condena por intento de golpe de Estado en el Complejo Penitenciario de Papuda.

La última vez que estuvo hospitalizado fue cuando estaba preso en una celda especial en la sede de la Policía Federal en Brasilia. En esa ocasión fue sometido a cuatro cirugías y permaneció ingresado entre el 24 de diciembre de 2025 y el 1 de enero de este año.

En septiembre del año pasado, el exmandatario fue condenado por el Supremo por "liderar" un complot para intentar "perpetuarse en el poder", luego de ser derrotado en las elecciones presidenciales de 2022 por Lula.

Además de la condena, Bolsonaro, de 70 años, está inhabilitado para disputar elecciones hasta 2060.

“Rechazamos este conflicto y pedimos una solución diplomática y política. Algunos nos van a acusar de ser ingenuos por hacerlo, pero lo ingenuo es pensar que la solución es la violencia. Ingenuo es creer que las democracias o el respeto entre naciones brotan de las ruinas. O pensar que practicar un seguidismo ciego y servil es una forma de liderar. Al contrario, yo creo que esta posición no es en absoluto ingenua, es coherente y, por tanto, no vamos a ser cómplices de algo que es malo para el mundo”.

El presidente, Pedro Sánchez, expresó en estos términos en su declaración el miércoles en el Palacio de la Moncloa su visión sobre la manera en la que se tienen que buscar las soluciones en el orden internacional. La postura del Gobierno español pasa por el respeto al derecho internacional y la apuesta por las mesas de negociación y las vías diplomáticas bajo el paraguas del multilateralismo.

Una posición que no debería resultar extraña, porque ha sido la predominante prácticamente desde la Segunda Guerra Mundial. Pero ahora choca con el nuevo orden, sin reglas y basado en el autoritarismo, que quiere imponer el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha orquestado junto a Benjamin Netanyahu (Israel), de manera unilateral y sin ningún tipo de amparo legal, un ataque contra Irán iniciado el pasado sábado y que ha desatado el auténtico caos en Oriente Medio.

La postura del “No a la guerra” de Sánchez ha activado todo un movimiento internacional en una escena occidental dominada por el seguidismo a Trump. Y ha convertido al español en un referente a nivel internacional y en la “némesis” del norteamericano, como lo ha definido Financial Times. El discurso del español ha puesto frente al espejo las prácticas abusivas del republicano y el silencio cómplice de muchos países, aunque algunos empiezan a recular.

Las palabras de Sánchez tienen ahora un eco inusitado y están siendo abrazadas con entusiasmo por la mayoría de líderes progresistas a nivel internacional. Su intervención ha tenido repercusión en numerosos medios a lo largo del mundo. Todo ello con un mensaje, como señalan en el Gobierno, que es coherente con lo que lleva defendiendo España desde hace años: aplicación del derecho internacional ya sea en Ucrania, en Palestina o en Irán.

Ese discurso será en el que ahonde de nuevo Sánchez en los eventos internacionales que tiene por delante. El jefe del Ejecutivo preside este jueves la cumbre hispano-portuguesa que se celebra en Huelva tras tener que posponerse por el accidente de tren de Adamuz (Córdoba). Pero en el calendario del jefe del Ejecutivo hay otras dos citas de especial trascendencia en el mes de abril: un nuevo viaje oficial a China y la gran conferencia global de líderes progresistas de Barcelona.

Ese espíritu de defensa del multilateralismo y del comercio mundial frente a la guerra arancelaria de Trump estará muy presente en el viaje que hará Sánchez entre el 13 y el 15 de abril a China. El presidente español se ha convertido en una de las voces más fuertes dentro de la UE para estrechar lazos con Pekín, gran antagonista de Washington, en un momento de chantaje económico de Estados Unidos.

Y esa visita cobra todavía más importancia para la propia España después de que Trump amenazara este martes con cortar las relaciones comerciales por la negativa del Gobierno de coalición a permitir que se usen las bases de Rota (Cádiz) y Morón de la Frontera (Sevilla) para su ofensiva militar en Oriente Medio. Unas críticas que el estadounidense retomó este jueves llamando “perdedora” a España. Moncloa se ha convertido en un actor fundamental para la interlocución con China y, además, en el contexto actual busca reforzar vínculos pensando en las empresas españolas y en una mayor inversión china en el país. En los últimos meses, otros países están intensificando su relación con Pekín, como evidencian las visitas de Emmanuel Macron (Francia), Keir Starmer (Reino Unido) y Mark Carney (Canadá).

En su intento de contener a China, Trump está consiguiendo justo el efecto contrario, ya que los tradicionales aliados de Washington miran ahora con otros ojos al gigante asiático ante los efectos de la tormenta arancelaria desatada por el estadounidense. Hace una semana estuvo en Pekín el canciller alemán, Friedrich Merz, quien apostó por aumentar las relaciones entre los dos países aunque también expuso sus quejas al entender que en materia comercial no hay una “competencia leal”.

A lo largo de las últimas horas, Pekín ha dejado muy clara su postura de apoyo a España tras las amenazas económicas de Trump. Desde el Ministerio de Exteriores de China se trasladó: "El comercio no debe ser utilizado como arma ni como instrumento". El gigante asiático ha asegurado durante estos días que el ataque de EEUU e Israel a Irán viola el derecho internacional y se ha presentado como un factor de estabilidad y de defensa del multilateralismo.

La visita de Sánchez a Pekín se producirá diez días después de la programada por Trump a este país, que está prevista del 31 de marzo al 2 de abril. Será la sexta vez que se encuentre con Xi Jinping desde 2017. El presidente de Estados Unidos ha avisado: “Voy a ir a China en abril, va a ser salvaje”.

Al volver de China, Sánchez tiene marcada en rojo en el calendario una gran cumbre de líderes progresistas en Barcelona los días 17 y 18 de abril, donde ejercerá de anfitrión. La idea es coordinar respuestas frente al autoritarismo, la extrema derecha y la erosión del multilateralismo. Y el presidente llegará a esa cita en medio del aplauso generalizado que ha levantado entre los dirigentes de la izquierda a nivel internacional, que han salido en tromba para apoyarlo frente a Trump. Entre esas figuras, están la presidenta de México, Claudia Sheinbaum; el gobernador de California, Gavin Newsom; el líder del Green Party en Reino Unido, Zack Polanski, y el ex primer ministro italiano Enrico Letta, entre otros.

En la celebración de la cumbre de Barcelona está muy implicado también el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Precisamente es uno de los mandatarios que con más celeridad salió a apoyar a Sánchez después de la embestida de Trump. Los dos hablaron por teléfono y señalaron su apuesta por el multilateralismo y por la necesidad de poner fin a la guerra de manera inmediata a través de conversaciones de paz y sobre la base de la legalidad internacional.

El presidente del Parlamento venezolano y jefe negociador del chavismo, Jorge Rodríguez, anunció este jueves la liberación de "un número importante de personas", que incluye a venezolanos y extranjeros -sin precisar la cifra-, como un "gesto unilateral" para "consolidar la paz y la convivencia pacífica" en el país, informa EFE.

Entre ellos se encuentran cinco españoles, uno de ellos una ciudadana con doble nacionalidad, y ya se disponen a viajar a España asistidos por la embajada en Caracas. Se trata de José María Basoa, Andrés Martínez Adasme, Miguel Moreno Dapena, Ernesto Gorbe Cardona y la hispanovenezolana Rocío San Miguel.

Rodríguez, hermano de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, indicó que "este proceso de excarcelación" está "ocurriendo desde este mismo momento" y agradeció al exjefe del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, así como al mandatario de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.También al Reino de Catar y "especialmente" a las instituciones del Estado, que -añadió- "atendieron al llamado" de la presidenta encargada de Venezuela, quien ocupa el cargo tras la captura del mandatario Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

"Considérese este gesto del Gobierno bolivariano de amplia intención de búsqueda de la paz como el aporte que todos y todas debemos hacer para lograr que nuestra república continúe su vida pacífica y en búsqueda de la prosperidad", afirmó Rodríguez, en una comparecencia ante la prensa transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV). Ademas, aseguró que no se habló con "ningún sector extremista", como suele llamar a los líderes del mayor bloque opositor, al señalar que "ellos son la negación de la política".

"Nosotros estamos hablando con las instituciones políticas, con los partidos políticos y con las organizaciones con fines políticos que acaten y se atengan a lo que está establecido en la Constitución", precisó el jefe del Parlamento, quien reiteró que las excarcelaciones son un "gesto unilateral" del Gobierno.Este anuncio se da cinco días después del ataque militar de Estados Unidos en territorio venezolano que terminó con la captura de Maduro y de su esposa, Cilia Flores, y la presión por parte de varias ONG y líderes opositores para la liberación de los presos políticos.

Según el último boletín de la ONG Foro Penal, en el país hay 863 presos políticos, entre ellos 86 extranjeros o con doble nacionalidad, aunque la posición del Gobierno de Venezuela es que están encarcelados por la "comisión de terribles hechos punibles".

El Ministerio de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha confirmado en un comunicado la puesta en libertad de estos españoles dentro del "número importante" de personas encarceladas cuya puesta en libertad ha sido anunciada este jueves por las autoridades venezolanas. "El Gobierno de España traslada su alegría a estos ciudadanos, sus familiares y amigos", añade la nota de Exteriores, que revela además que el titular del Departamento, José Manuel Albares, ha podido hablar con todos ellos "personalmente". Más tarde, Albares ha confirmado en declaraciones a RNE las identidades de los cinco liberados.

El Ministerio, en contacto con la embajada de España en Caracas, está preparado para prestar toda la asistencia necesaria a los españoles liberados, han añadido estas fuentes, a la espera de la difusión de un comunicado oficial. Entre catorce y veinte españoles se encontraban presos en Venezuela por causas políticas o consideradas arbitrarias hacia finales de 2025. El comunicado remitido por Exteriores recuerda que España mantiene "relaciones fraternales con el pueblo venezolano" y hace hincapié en que "recibe esta decisión como un paso positivo en la nueva etapa en la que se encuentra Venezuela".

El pasado mes de mayo el Gobierno confirmó que catorce personas con nacionalidad española permanecían detenidas “arbitrariamente” en cárceles de Venezuela, la mayoría con doble nacionalidad y nacidas o residentes en ese país. En septiembre, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPP) y el partido Vente Venezuela mencionaron la existencia de alrededor de veinte ciudadanos españoles entre los encarcelados por motivos políticos.

El pasado 23 de diciembre, el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, recibió en La Moncloa a familiares de tres de los españoles presos en Venezuela "sin base legal". Eran las familias de José María Basoa y Andrés Martínez Adasme, dos vascos que fueron arrestados y acusados de planear actos "terroristas" en septiembre de 2024, en medio de una escalada de tensión con España tras la llegada a Madrid del dirigente opositor exiliado Edmundo González. Y también familiares del periodista canario Miguel Moreno Lapena, detenido el pasado junio al interceptar Venezuela el barco de exploración marina en el que viajaba, alegando un comportamiento "muy sospechoso" del mismo. 

El exmandatario brasileño Jair Bolsonaro, en prisión por golpismo y quien este jueves se someterá a una cirugía por una hernia bilateral, reafirmó a su hijo mayor, el senador Flávio Bolsonaro, como candidato para las elecciones presidenciales de 2026 en Brasil.

"Ante este escenario de injusticia, y con el compromiso de no permitir que la voluntad popular sea silenciada, tomo la decisión de nombrar a Flávio Bolsonaro como precandidato a la Presidencia de la República en 2026", dijo el líder ultraderechista en una carta escrita de su puño y letra durante su reclusión.

Fue el propio Flávio el que leyó la misiva a las puertas del hospital privado de Brasilia donde su padre pasará por el quirófano este jueves, día de Navidad, para corregir una hernia inguinal bilateral.

El capitán retirado del Ejército, que cumple una condena de 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado, indicó que su hijo Flávio representa la continuidad del "camino hacia la prosperidad", que a su juicio empezó cuando él mismo estuvo en el poder entre 2019 y 2022.

Titulada 'Carta a los brasileños' y escrita con bolígrafo de tinta azul, la carta pretende zanjar las dudas sobre la candidatura de Flávio de cara a los comicios de octubre de 2026.

El senador ya había adelantado el pasado 5 de diciembre que su padre, también inhabilitado, le había designado como su heredero político.

Sin embargo, Flávio luego insinuó que podría retirar su nombre de la contienda por el "precio" justo que, según él, sería una improbable amnistía que libre a su padre de la cárcel y le permita presentarse como candidato presidencial en 2026.

En la carta, Jair Bolsonaro manifiesta que designar a su hijo como su sucesor es "una decisión consciente, legítima y amparada en el deseo de preservar la representación de aquellos que confiaron" en él.

"Creo que necesitamos retomar la responsabilidad de conducir a Brasil con justicia, firmeza y lealtad a los anhelos del pueblo brasileño", expresó Bolsonaro, quien el pasado 11 de septiembre fue condenado por la Corte Suprema por "liderar" una trama golpista tras perder las elecciones de 2022 frente al actual gobernante, Luiz Inácio Lula da Silva.

Lula ya anunció que se presentará a la reelección y, por el momento, los sondeos lo sitúan al frente de la carrera presidencial, con hasta dos dígitos de ventaja sobre los posibles adversarios del espectro de la derecha, incluido Flávio Bolsonaro.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, advirtió este sábado en la Cumbre del Mercosur de que una posible intervención militar en Venezuela sería una catástrofe humanitaria y crearía un grave precedente para toda Sudamérica.

"Cuatro décadas después de la Guerra de las Malvinas, el continente vuelve a ser amenazado por la presencia militar de una potencia", afirmó el líder progresista en referencia al cerco aeronaval tendido de Estados Unidos en el Caribe frente a las costas de Venezuela.

El mandatario brasileño agregó que una posible intervención armada en Venezuela, como la amenazada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, "sería una catástrofe humanitaria".

Lula, que se ha propuesto como mediador entre ambos países y ha mantenido conversaciones telefónicas tanto con Trump como con el venezolano Nicolás Maduro, afirmó que en el mundo actual parece más fácil construir muros que puentes.

Tras citar la ceremonia del viernes en la que inauguró un nuevo puente que conecta entre Brasil y Paraguay, dijo que las fronteras no son amenazas a la soberanía y que es necesario tender conexiones para permitir la libre circulación de mercancías y personas.

"Las verdaderas amenazas a nuestra soberanía son de otra naturaleza. Son las guerras, las fuerzas antidemocráticas y el crimen organizado", dijo.

En la reunión del Mercosur, sin embargo, se registraron posiciones contrarias con respecto a Venezuela, ya que Brasil se negó a aprobar el viernes una resolución ministerial propuesta por Argentina y Paraguay para condenar las violaciones a los derechos humanos en el país vecino y las amenazas a la democracia.

Según el mandatario brasileño, el debilitamiento de las instituciones impulsado por fuerzas antidemocráticas en la región ha abierto más espacio al crimen organizado.

Agregó que el Mercosur ya demostró disposición para enfrentar el crimen organizado de forma conjunta y que en los últimos meses adoptó nuevas herramientas para tal fin, entre las que citó acuerdos de recuperación de activos y medidas para proteger niños y adolescentes en ambientes virtuales.

También dejó claro que no existe en Sudamérica ninguna instancia conjunta para liderar el combate al crimen por lo que, dijo, Brasil y Uruguay propondrán una reunión regional de ministros de Justicia a fin de discutir medidas para fortalecer la lucha contra el crimen organizado en la región.

Lula aseguró que América Latina es la región del mundo mas letal para las mujeres, para lo que recogió datos de Cepal según los cuales la región registra once feminicidios diarios, y pidió a Paraguay, como nuevo presidente temporal del Mercosur, que impulse la creación de un pacto por el fin del feminicidio y la lucha a la violencia contra la mujer.

La Unión Europea (UE) se comprometió en una carta enviada al presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, a firmar el acuerdo de libre comercio con el Mercosur a comienzos de enero, tras las divergencias internas que le impidieron suscribir el tratado este sábado como estaba previsto.

La misiva, fechada el viernes y divulgada este sábado por la Presidencia brasileña durante la ceremonia de apertura de la Cumbre del Mercosur, está suscrita por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, y por el presidente del Consejo Europeo, António Costa.

"Nos gustaría trasmitirle nuestro firme compromiso en proceder con la firma del Acuerdo de Asociación y del Acuerdo Provisional de Comercio a comienzos de enero, en un momento a ser acordado entra las dos partes", aseguran.

Las autoridades europeas "lamentaron" que los acuerdos no hubiesen sido firmados este sábado y atribuyeron el aplazamiento a que procedimientos internos del Consejo, exigidos para autorizar la firma, aún no fueron finalizados.

Agregaron que están trabajando intensamente para completar esos pasos lo más rápido posible.

Los signatarios reafirmaron su compromiso con la firma de los acuerdos, que calificaron como fundamentales para el fortalecimiento de los lazos políticos, económicos y estratégicos entre las dos regiones.

La rúbrica de los acuerdos, afirmaron, envía un "mensaje poderoso sobre nuestra determinación colectiva en profundizar la cooperación basada en valores compartidos, confianza mutua e intereses a largo plazo".

"Estamos confiados en que conducir este proceso a una conclusión rápida reforzará nuestros compromisos compartidos y generará claridad y confianza para todas las partes interesadas", aseguraron.

Von der Leyen y Costa agradecieron los esfuerzos hechos por Brasil para, en su condición de presidente temporal del Mercosur, realizar las gestiones para intentar firmar el acuerdo en la Cumbre que celebra el bloque sudamericano este sábado en la ciudad brasileña de Foz de Iguazú.

"En ese sentido, esperamos que tenga la oportunidad de hacer consultas con los otros socios del Mercosur en Foz de Iguazú para ayudar a llevar estos preparativos a cabo, en el espíritu de unidad y de responsabilidad compartida con este paso histórico", asegura la carta.

Tras el rechazo frontal de Francia al acuerdo y las dudas de última hora de Italia que impidieron contar con el apoyo necesario para aprobar la firma de los acuerdos, la Comisión Europea aseguró el viernes que ya consiguió convencer a los países indecisos y que tiene intenciones de suscribir los tratados el 12 de enero.

La posible firma sería en Paraguay, que recibe este sábado de Brasil la presidencia temporal del Mercosur.

En la carta las autoridades europeas agradecen los esfuerzos hechos por Lula, uno de los principales impulsores del acuerdo.

"Nos gustaría expresarle nuestro sincero agradecimiento por su liderazgo y por su compromiso personal con la relación entre la Unión Europea y el Mercosur. Su compromiso y visión han sido fundamentales para sustentar el ímpetu y la confianza en momentos decisivos de nuestra asociación", afirmaron.

En la ceremonia de apertura de la Cumbre del Mercosur, Lula dijo que, mientras espera que la Unión Europea resuelva sus divergencias internas, el bloque sudamericano seguirá trabajando en negociaciones con otros socios comerciales, entre los que citó Emiratos Árabes Unidos, Canadá, Japón, Reino Unido y Vietnam. 

Mientras se prepara para presentarse a un cuarto mandato en octubre de 2026, el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, espera dar un gran golpe organizando una ceremonia por todo lo alto en Brasilia, el 20 de diciembre, con motivo de la firma definitiva del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea (UE).

A priori, no faltará nadie en la foto, siempre y cuando los Veintisiete den el mandato a Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, para firmar. Todos los presidentes de los países “latinos” del Mercosur estarán presentes para celebrar el final oficial, pero sin duda no definitivo, de más de veinte años de negociaciones.

Sin embargo, tras las sonrisas de fachada esperadas, el grupo que firmará este acuerdo con Bruselas está dividido y debilitado. Prueba de ello es que algunos han afirmado que no quieren ir a Brasilia. A mediados de noviembre, la prensa argentina aseguraba que el presidente Javier Milei no asistiría, ya que las relaciones entre Brasil y Argentina están, desde hace meses, bajo mínimos. Paralelamente, el presidente paraguayo alegó que su agenda no le permitiría estar presente. Lula modificó la fecha de la ceremonia, aplazándola del 2 al 20 de diciembre, para adaptarse al calendario institucional de la UE.

Finalmente, ambos estarán presentes. Pero estas reticencias ilustran el nivel de tensiones internas en el Mercosur. Lula ha aprovechado el hecho de que su país ostenta la presidencia rotatoria de este mercado común compuesto por cinco miembros (Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y, desde 2024, Bolivia). Pero tanto en Asunción como en Buenos Aires, el triunfalismo del presidente brasileño de izquierdas no ha sido bien recibido.

Su oposición poco tiene que ver con el contenido del acuerdo comercial. Desde el punto de vista de las élites políticas del Mercosur, el interés del acuerdo con la UE es uno de los pocos temas en los que la derecha y la izquierda pueden ponerse de acuerdo. El acuerdo fue impulsado por las izquierdas argentina y brasileña, pero las negociaciones no se vieron interrumpidas por los cambios políticos.

Ni siquiera Milei, que no oculta sus críticas a la Unión Europea, a la que considera demasiado reguladora, se opuso a la firma del tratado hace un año en Montevideo. Su presencia en Brasilia, según el comunicado oficial de la Casa Rosada, vendrá a “demostrar el compromiso del Gobierno mundial con la inserción de Argentina en el mercado mundial”. En cuanto al presidente paraguayo, sus críticas se dirigían más a la lentitud de las negociaciones que a su contenido.

No es que el acuerdo no vaya a tener ningún impacto en las economías locales. Abre las puertas de los mercados de los cinco países a los productos industriales europeos, frente a los cuales las industrias locales suelen ser impotentes, al carecer de un desarrollo tecnológico y una capacidad de producción suficientes.

Todo acuerdo de libre comercio provoca un efecto de especialización y, por lo tanto, hay ganadores y perdedores. Las industrias locales sin duda formarán parte de los primeros, pero en beneficio de los sectores agroindustriales centrados en la exportación. Sin embargo, en esos países, tanto la derecha como la izquierda se apoyan fuertemente en la agroindustria para generar crecimiento.

En otras palabras: las élites locales están dispuestas a sacrificar sus industrias para poder vender carne de vacuno, aves de corral o soja en el mercado europeo. La aceptación transpartidista del acuerdo comercial refleja así la incapacidad del continente para cambiar de modelo económico y su persistente dependencia de la agroindustria.

Sin embargo, este acuerdo en cuanto al fondo esconde enfoques muy diferentes. Para Brasil, el acuerdo con la UE es una forma de responder a la política arancelaria de Donald Trump, ofreciendo mercados sustitutivos en Europa para las exportaciones locales.

En Argentina, donde se acaba de firmar un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, se muestra mucho menos entusiasmo. El acuerdo con la UE es sin duda positivo, pero, ante las reticencias de Francia e Italia, Milei ha mostrado en varias ocasiones su escepticismo. Está claro que Europa no es la prioridad del Gobierno argentino.

Detrás de esta diferencia de enfoque, existe una divergencia ideológica entre Brasil y Argentina sobre lo que representa el Mercosur. Desde la llegada de Milei a la presidencia de Argentina, las tensiones no han dejado de aumentar. En un discurso pronunciado el 3 de julio con motivo de la clausura de la presidencia de turno argentina, el presidente libertario advirtió que quería que el Mercosur “adoptara reformas en favor de la libertad comercial”, es decir, que “flexibilizara las condiciones que los une”.

Para Milei, el Mercosur representa un yugo, debido a las normas que impone, no solo en términos de estándares, sino también en términos de restricciones comerciales hacia el resto del mundo. Al ser el Mercosur un bloque comercial, en teoría impide a los países miembros disponer de una política comercial autónoma. “La barrera que hemos erigido para protegernos acaba excluyéndonos”, resume. Porque Milei es un extremista del mercado. Para él, la verdad solo surge de la confrontación competitiva. Por eso se opone a cualquier organización multilateral que pueda “congelar” o “reducir” esa confrontación.

En este sentido, el Mercosur no es, para el presidente argentino, más que un “cinturón de hierro” que genera una “inercia destructiva”. Por eso, en julio, advirtió: “Argentina tomará el camino de la libertad, y lo haremos solos o acompañados.” Una amenaza poco disimulada de abandonar el bloque si este no sigue el camino argentino. En otras palabras, Buenos Aires no reclama nada menos que la hegemonía ideológica sobre el Mercosur.

Por su parte, Lula tiene un enfoque muy diferente. Con una visión clásicamente neoliberal, ve en el Mercosur un medio de integración regional y de desarrollo del crecimiento, un “lugar en el que nos sentimos seguros”, declaró en julio. Evidentemente, la división no es solo ideológica. La posición dominante de Brasil en la región —su PIB representa el 73 % del bloque— hace que tenga todo el interés en dicha integración.

En este sentido, la lucha ideológico-económica entre las dos potencias del Mercosur es también una lucha entre dos capitalismos rivales. Si la izquierda peronista argentina podía defender la idea de una integración en la que parte del capital local accediera al inmenso mercado brasileño, la extrema derecha libertaria defiende la autonomía del capital argentino frente al Mercosur y la integración en el mercado estadounidense.

Desde su elección, Milei exige la posibilidad de negociar acuerdos comerciales bilaterales. En una entrevista concedida a Le Point en febrero, afirmó: “No permitiré que el Mercosur ni nadie impida a Argentina comerciar con el resto del mundo. Evidentemente, quiero firmar un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. Tengo buenas esperanzas de que el Mercosur no sea un obstáculo para lograrlo”.

Porque Argentina acaba de anunciar precisamente la puesta en marcha de un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. Un acuerdo que no solo somete la economía argentina a los intereses de Washington, sino que entra en conflicto directo con el marco del Mercosur. Javier Milei tendrá que pasar de las palabras a los hechos: si quiere imponer un acuerdo de este tipo, sin duda tendrá que salir del Mercosur o hacer cambiar las reglas del Mercosur.

La rivalidad entre ambos países es, por tanto, también un reflejo de oposiciones geopolíticas más amplias. Frente a la Argentina de Milei, que pretende convertirse en la punta de lanza del poder yanqui en la región, el Brasil de Lula juega la carta del “Sur global” y reivindica su integración, junto con China y Rusia, en los BRICS, una organización “antiamericana” para Donald Trump. Brasilia fue castigada con aranceles prohibitivos tras la última reunión de los BRICS, al igual que India y Sudáfrica.

Las relaciones con Washington se han calmado un poco desde entonces, sobre todo despues de una reunión considerada “amistosa” por videoconferencia entre Donald Trump y Lula en octubre. Sin duda, esta es también la razón por la que Javier Milei finalmente ha aceptado ir a Brasilia el 20 de diciembre. Pero, en general, la situación sigue siendo la misma: Buenos Aires apuesta por una relación privilegiada con Estados Unidos, y Brasilia por el multilateralismo. Dos direcciones opuestas que dividen al Mercosur.

En este contexto, Milei cuenta con una ventaja importante: la derecha y la extrema derecha están en auge en la región. Aunque el año pasado perdió a su aliado uruguayo, el presidente de derechas Luis Alberto Lacalle Pou, sustituido por un presidente de centroizquierda, Yamandú Orsi, cercano a Lula, ahora puede contar con el nuevo presidente boliviano, Rodrigo Paz Pereira, quien durante la campaña citó a Milei como fuente de inspiración. De hecho, asistió a su toma de posesión el 8 de noviembre.

Con el muy conservador Paraguay, el bando de Milei puede ahora contar con el apoyo de tres países miembros para proponer sus reformas; a los que se suman, fuera del Mercosur, Ecuador y Perú, ya en manos de la derecha, y Chile, que también podría dar un giro el 14 de diciembre. En caso de crisis interna en el Mercosur, Argentina podría promover una alternativa regional libertaria y pro-americana con gran parte del continente.

Porque se trata de dos visiones opuestas: por un lado, la de un gran mercado regional bajo la supervisión de Estados Unidos, del que Milei sería una especie de procónsul; por otro, una integración regional centrada en Brasil, pero abierta a asociaciones con otros bloques regionales. Gran parte de los debates internos de los países de la región giran en torno a esta elección. Las elecciones presidenciales colombianas de marzo serán otro momento clave de esta competencia regional.

Si bien Lula se encuentra en una posición de fuerza en la política interna, su posición en la región es menos satisfactoria. Por supuesto, Brasil tiene un gran peso en la economía regional, pero Milei le puede tentar con la posibilidad de una integración en la economía estadounidense. El Mercosur aún no está en peligro, pero es extremadamente frágil. El acuerdo con la Unión Europea podría ser su canto del cisne.

Traducción de Miguel López

El senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, será candidato a la presidencia de Brasil en octubre de 2026, anunció este viernes el presidente del Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto, informa EFE.

La elección de Flávio como candidato cuenta con el aval de su padre, quien cumple una condena de cárcel de 27 años por golpe de Estado en enero de 2023, según aseguró el dirigente del PL.

"Confirmado. Flávio me dijo que nuestro capitán (Jair Bolsonaro) ratificó su candidatura. Bolsonaro habló, está hablado. Estamos juntos", comentó Costa Neto, en declaraciones al medio Poder 360.

Flávio Bolsonaro, de 44 años, es el hijo mayor del líder de la extrema derecha brasileña, abogado de profesión y ocupa un escaño en el Senado desde 2019.

En las elecciones de octubre de 2026 se enfrentará al actual presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, para aspirar a un mandato de cuatro años que se iniciará en enero de 2027.

Su elección como candidato despeja las dudas que se habían abierto en la derecha tras la inhabilitación política de su padre, por haber cometido delitos electorales en 2022, y su posterior condena de cárcel por liderar un golpe de Estado para tratar de retener el poder tras su derrota en los comicios de ese año.

Flávio es un firme defensor de un proyecto de ley que propone amnistiar a los implicados en el golpe de Estado, incluyendo a su padre, un proyecto que lleva meses estancado en el Legislativo por falta de apoyo político.

Los jefes de Estado y de Gobierno del G20, foro que reúne a las principales economías del mundo, adoptaron este sábado una declaración de líderes durante su cumbre anual en Johannesburgo, pese a la ausencia de Estados Unidos en los debates, informa EFE.

La presidencia sudafricana del G20, que asumió en diciembre de 2024, anunció en la red social X que la declaración fue adoptada por "una abrumadora mayoría" de los Estados miembros. "La adopción de la declaración de la cumbre envía una señal importante al mundo de que el multilateralismo puede dar resultados y de hecho los da", destacó.

Previamente, no obstante, Vincent Magwenya, portavoz del presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, había asegurado que el documento fue adoptado por la "unanimidad de todos los países presentes", lo que "demuestra el compromiso que los miembros del G20 tienen con el multilateralismo como principio para la colaboración y la cooperación".

Magwenya explicó que, aunque la declaración suele aprobarse al final de la cumbre, a lo largo del viernes, durante varias conversaciones bilaterales, "surgió la idea de que debíamos proceder primero a adoptar la declaración de la cumbre como primer punto del día y luego continuar con el resto de la sesión".

El portavoz destacó que la adopción del texto fue posible gracias al trabajo realizado durante todo el año por los equipos ministeriales y por los representantes de los Estados en los días previos a la cumbre, que cerraron a última hora del viernes un documento final con el que los líderes pudieran estar de acuerdo.

Si bien el contenido de la declaración aún no ha trascendido, Magwenya adelantó que el texto reafirma que la Carta de las Naciones Unidas "sigue siendo el punto de orientación central para analizar y abordar las disputas, evitar el uso de la fuerza y comprometernos con la resolución pacífica de los conflictos".

Asimismo, señaló que la declaración identifica "cuatro de los conflictos más graves del mundo: la República Democrática del Congo, Sudán, Ucrania y Palestina".

La primera jornada de la cumbre se desarrolla este sábado, marcada por la ausencia de Estados Unidos en los debates, después de que su presidente, Donald Trump, decidiera boicotear el encuentro al asegurar que los afrikáners (sudafricanos blancos descendientes de colonos neerlandeses) "están siendo asesinados y masacrados" y que sus tierras están siendo "confiscadas ilegalmente" en Sudáfrica, lo que Pretoria niega rotundamente.

Ramaphosa indicó, no obstante, que este jueves recibió una notificación de última hora de Washington sobre un cambio de postura respecto a la participación estadounidense, que finalmente se limitará a la asistencia del encargado de negocios de la Embajada en Pretoria, Marc Dillard, a la ceremonia del domingo en la que Sudáfrica cederá la presidencia rotatoria del G20 a EE.UU., que la asumirá a partir del 1 de diciembre.

En ese sentido, la Casa Blanca ha recalcado que Estados Unidos no intervendrá en los debates de la cumbre.

Unos cuarenta líderes, incluidos los del G20 y los de países invitados -como España-, participan en la cumbre, aunque destacan las sonadas ausencias no sólo de Trump, sino también -y por distintos motivos- del presidente de China, Xi Jinping; Argentina, Javier Milei; Rusia, Vladímir Putin; y México, Claudia Sheinbaum.

El ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, Pablo Quirno, anunció que su país "no puede" respaldar la declaración adoptada por los líderes del G20 debido a "discrepancias" con el texto acordado durante la cumbre anual del bloque en Johannesburgo.

"Hemos señalado las líneas rojas identificadas (...) con el objetivo de apoyar las metas más amplias del G20. Esas líneas rojas siguen vigentes", afirmó ante el plenario Quirno, que acudió a la cita en representación del presidente argentino, Javier Milei, quien decidió ausentarse después de que su homólogo estadounidense y aliado, Donald Trump, anunciase el pasado día 7 un boicot a la reunión.

El ministro subrayó que, para Argentina, "es crucial preservar la integridad" del principio "central" del G20, que es el "consenso", y reconocer cuándo este no se ha alcanzado "en lugar de avanzar con un documento que no refleje fielmente una voluntad colectiva".

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, advirtió de que el funcionamiento del G20 "está amenazado", tras los ataques de Estados Unidos a la cumbre del bloque que empezó este sábado en Johannesburgo bajo la presidencia de turno de Sudáfrica.

"El funcionamiento mismo del G20 como un espacio de coordinación ampliado se encuentra amenazado", afirmó Lula en el plenario tras la inauguración de la cumbre en el Centro de Exposiciones Nasrec de Johannesburgo, sin mencionar directamente a EE.UU.

"Es necesario preservar la capacidad de este foro para abordar los principales problemas de nuestro tiempo. Si no logramos encontrar una solución dentro del G20, no será posible hacerlo en un mundo concebido", subrayó el mandatario brasileño.

Por su parte, el presidente francés, Emmanuel Macron, advirtió este sábado de que el G20, cuya cumbre se celebra hoy en Johanesburgo, puede estar llegando "al final de un ciclo" y su existencia está "en riesgo" si sus miembros no consiguen acordar "algunas prioridades" para revitalizarlo.

"Creo que todos debemos ser conscientes de que el G20 está en riesgo si no nos reenfocamos colectivamente en ciertas prioridades" para pactar "acciones concretas" y "aportar soluciones para nuestras economías, colectivamente en torno a esta mesa", manifestó Macron en su discurso de apertura de la cumbre.

Para el jefe del Estado francés, el hecho de que el G20 se reúna por primera vez en el continente africano "marca un hito significativo", pero reflexionó que también "podría estar llegando al final de un ciclo".

Recordó que el G20 nació del deseo colectivo de coordinar respuestas a las crisis, principalmente las económicas, pero en el panorama geopolítico actual constató que resulta "muy difícil resolver juntos las grandes crisis internacionales en torno a esta mesa, incluso con miembros que no están presentes hoy", dijo.

Macron aludió así a las ausencias, entre otros, del presidente estadounidense, Donald Trump, y constató que al G20 le "cuesta establecer un estándar común para abordar las crisis geopolíticas".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, advirtió que responder con la imposición de aranceles a la competencia sólo conduce a "la derrota colectiva", y que la concentración extrema de riqueza socava el crecimiento y corroe las instituciones democráticas.

Sánchez hizo estas consideraciones en su intervención en la primera sesión de la cumbre de líderes del G20 que se celebra en Johannesburgo.

El jefe del Ejecutivo destacó el momento de profunda incertidumbre que se vive en la actualidad tanto para la economía mundial, como para el desarrollo sostenible y el multilateralismo, y las consecuencias "aterradoras" de recortar la ayuda oficial al desarrollo.

Frente a ello, recalcó que cuando se elige la cooperación en lugar de la fragmentación, como cree que ocurrió en la IV Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo que albergó la ciudad española de Sevilla el pasado verano, el progreso es posible.

El centenar de iniciativas adoptadas en esa reunión dijo que no son meras palabras y deseos, sino acciones tangibles, y entre ellas resaltó que hay varias lideradas por España ante el reto de la sostenibilidad de la deuda.

Pero advirtió de que la financiación por sí sola no es suficiente, ya que las perturbaciones del comercio, la fragmentación de la cadena de suministro y el aumento del proteccionismo están erosionando los cimientos del crecimiento mundial y deben abordarse con urgencia.

"Los aranceles no son un arma, son una barrera", avisó Sánchez, quien consideró que el exceso de capacidad industrial y la competencia leal son retos reales tanto para los países avanzados como para los países en desarrollo, y responder a ellos con aranceles sólo conduce a "la derrota colectiva".

Por eso considera que es más urgente que nunca reforzar el sistema comercial multilateral, restaurar el papel central de la Organización Mundial del Comercio y actualizarla.

El presidente del Gobierno destacó que la desigualdad debe ocupar también un lugar central en la agenda del G20 porque "la concentración extrema de la riqueza socava el crecimiento, corroe las instituciones democráticas y alimenta la polarización".

Para abordar esta situación defendió una fiscalidad internacional justa porque no puede permitirse que se deshagan los avances logrados en materia de reforma fiscal mundial y son necesarias normas fiscales adecuadas para el siglo XXI.

Intentando huir de la deriva fósil de las últimas conferencias del clima, la COP30 de Belém intenta sacudirse el aroma a gasolina a partir de la premisa de uno de sus principales objetivos, que es el de “conectar la acción climática con la vida real de las personas”. El desafío es importante, dado que en los últimos años la respuesta global ante el cambio climático se ha visto aún más amordazada por la pinza de intereses comunes que forman los grandes productores de combustibles fósiles, las grandes compañías que fían su crecimiento y funcionamiento a la degradación medioambiental o los propios movimientos negacionistas del cambio climático. 

Sin embargo, los discursos y compromisos grandilocuentes difícilmente se traducen en acciones reales, coordinadas y efectivas frente al cambio climático. Conviene recordar al respecto que los tres últimos años han sido los más calurosos registrados hasta ahora, y no parece que se vaya a revertir esa tendencia a partir de lo que se decida en Belém.

No ayuda mucho el hablar con un tono pesimista sobre los resultados posibles de conferencias como la de Brasil, pero sí que puede ayudar esa crítica para plantear el enfoque y soluciones que la civilización humana actual esta dando al problema del cambio climático. Una forma de abordar el enfoque actual y la posibilidad de respuestas diferentes parte del concepto de “Antropoceno”.

Desde el 2000, año en que fue formulado por Paul Crutzen y Eugene Stoermer, el término “Antropoceno” se ha utilizado, tal vez de forma inocente o ingenua, como un vehículo para explicar el problema del cambio climático atribuyendo la crisis ecológica a la humanidad en general. Esto daría a entender que todas las personas y sociedades fueran igualmente responsables.

Esta fórmula “cambio climático = responsabilidad de la humanidad”, de simple pasaría por encima de cuestiones fundamentales como pueden ser la desigualdad o la injusticia. De hecho, durante muchos años, en las COP y en otros foros se ha entendido el cambio climático como un asunto técnico o ambiental aislado. Esta visión dejaría al margen problemáticas centrales como pueden ser la precariedad, el hambre, la pobreza, el apartheid climático, la lucha por los derechos humanos, el aumento de las migraciones, los derechos de las mujeres, las cuestiones democráticas o la división de clases, entre otras cuestiones. En otras palabras, se ha abordado la crisis climática como un fenómeno aislado, desvinculado de la justicia social.

En contraposición al antropoceno, el Capitaloceno se entiende como una respuesta a esa relación de causalidad directa. No es “el ser humano” quien destruye la naturaleza, sino una forma específica de organización social, económica y ecológica, entendida como “Capitalismo”.

Mas allá de terminologías, la cuestión fundamental es entender y abordar la mayor complejidad del problema del cambio climático y su componente social. Solo desde esa comprensión será posible articular respuestas más justas, que sitúen en el centro de las políticas climáticas la defensa de los derechos humanos, así como la redistribución del poder y los recursos.

Sin embargo, la hegemonía de los intereses corporativos globales en la toma de decisiones en las COP no discute el crecimiento y el consumo, disfrazándose de verde, y los mecanismos económico-financieros sepultan cualquier intento de establecer medidas sociales realmente transformadoras. Como explica Jason W. Moore, uno de los teóricos del “Capitaloceno”, se pretende crear soluciones desde las dimensiones más violentas y explotadoras de la historia. 

La ausencia de un liderazgo por parte de otras potencias permite a Brasil erigirse como un líder, no solo debido a su papel organizador, sino también dado el teórico compromiso de su gobierno actual con el medioambiente y la lucha contra el cambio climático. 

Estados Unidos, con Trump, no va a participar de compromisos clave y China navega en la ambigüedad. Por su parte, la Unión Europea no está en condiciones de ir por el mundo dando lecciones de compromiso climático y exigir que se cumplan determinadas metas, cuando no hace sino retroceder en su compromiso climático y social.

Por tanto, la celebración de la COP30 en Brasil genera expectativas de que la Cumbre dé mayor protagonismo al Sur Global, priorice la adaptación y el financiamiento climático y fortalezca la participación social como vía para soluciones más justas. Además, la Amazonía, como territorio clave para la regulación climática mundial, sitúa a Brasil en una posición estratégica para impulsar una agenda que combine justicia climática, preservación ambiental y bienestar comunitario.

Sin embargo, Brasil llega a la COP30 marcado por profundas contradicciones. Mientras el gobierno busca proyectarse como líder climático internacional, internamente continúa promoviendo proyectos extractivos y de expansión de infraestructura que amenazan la selva, incluyendo la exploración petrolera en la desembocadura del Amazonas. La presión por mantener el crecimiento económico, financiar políticas sociales y sostener empleos convive con la necesidad de frenar la deforestación, la minería ilegal, el agronegocio y la construcción de carreteras que fragmentan ecosistemas y territorios indígenas. Esta tensión refleja el dilema central del país: cómo garantizar desarrollo sin continuar destruyendo su patrimonio ambiental más vital.

Estas dinámicas afectan especialmente a pueblos indígenas y comunidades marginadas que viven en territorios sometidos a actividades extractivas, enfrentando contaminación, pérdida de tierras y violencia al defender sus derechos. 

Esta realidad nos lleva al argumento inicial de este texto: la crisis climática no es solo ambiental, sino también social y de derechos humanos. El reto para Brasil —y para la COP30— es pasar del discurso a la acción colectiva y avanzar hacia modelos económicos que protejan la Amazonía y garanticen la justicia climática, sin reproducir las lógicas extractivistas que originaron la crisis.

Durante la COP30 de Belém se pretende fortalecer los compromisos nacionales (NDCs), avanzar en adaptación y garantizar financiamiento real para pérdidas y daños en países vulnerables. 

Pero también debe haber espacio para los movimientos sociales, pueblos indígenas y comunidades tradicionales que tienen la capacidad de articular respuestas desde los territorios, impulsando propuestas basadas en justicia climática, soberanía territorial y transición justa, pero también en reformas agraria y urbana, economía solidaria, lucha contra la deforestación o la defensa activa contra el racismo ambiental. 

En resumen, es necesario hablar de justicia climática y enfatizar que quienes menos han contribuido al calentamiento global son quienes más sufren sus consecuencias, y por ello deben ser protagonistas en la toma de decisiones.

Si el objetivo es avanzar hacia una verdadera transformación, es fundamental cuestionar los marcos ideológicos del capitalismo —como el consumo ilimitado y el crecimiento sin límites— y construir nuevas formas de relación entre seres humanos y naturaleza. En este sentido, Brasil y la COP30 pueden ser espacios clave para reorientar el debate global hacia procesos sociales y políticos de cambio profundo. La justicia climática debe ser el eje y no un elemento secundario, orientando las decisiones hacia modelos que prioricen la vida y la sostenibilidad por encima del beneficio económico.

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Jesús Gamero es experto en retos medioambientales y analista de la Fundación Alternativas.

Gabriel Boric llegó al Palacio de La Moneda hace casi cuatro años como un revulsivo político y generacional, un líder de 36 años surgido del combativo movimiento estudiantil que reivindicaba a Salvador Allende y prometía gobernar para los de abajo, aquellos que habían tomado las calles en el estallido social de 2019. Pero el entusiasmo se fue desvaneciendo a medida que la apuesta transformadora de Boric y el Frente Amplio iba perdiendo fuelle. En los últimos tiempos, la creciente percepción de inseguridad ciudadana y la desafección política han propiciado el auge de una extrema derecha que llega fortalecida a las elecciones presidenciales de este domingo. Sus dos referentes, José Antonio Kast y Johannes Kaiser, se disputarán el pase a una probable segunda vuelta con la progresista Jeannette Jara, exministra de Trabajo, y la representante de la derecha tradicional, Evelyn Matthei.  

El primer obstáculo con que se encontró el Gobierno de coalición progresista en 2022 fue su desventaja numérica en el Congreso. Boric tuvo que adaptarse pronto a la dinámica de los acuerdos con otras fuerzas políticas para aprobar algunas de sus iniciativas. Y con apenas seis meses de mandato, recibió un varapalo del que no se ha recuperado: el rechazo masivo en las urnas (62%) a la propuesta de una nueva Carta Magna (en sustitución de la promulgada en 1980 por el dictador Augusto Pinochet) elaborada por una Convención Constitucional que recogía algunas de las demandas de las protestas de 2019. Fue un jarro de agua fría para aquellos que pensaban que Chile se había vuelto de repente plenamente de izquierdas.

“El estallido social de 2019 fue un momento épico muy mal interpretado por la izquierda. No hubo un movimiento social como tal, sino demandas concretas de actores individuales y colectivos de distinta índole. Cuando se votó el mecanismo para habilitar una nueva Constitución, en realidad sólo se decantó a favor un tercio de la población. Es el tercio que hoy sigue apoyando a la izquierda”, explica a infoLibre Rossana Castiglioni, catedrática de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales de Chile. 

Si hay algo que define el mandato de Boric ha sido su pragmatismo. Esa moderación le ha permitido pactar algunas leyes de calado, como la reforma de las pensiones, una de sus grandes promesas de campaña, lastrada en su concepción original, ya que no suprimió del todo el sistema de capitalización privado, si bien mejoró las prestaciones a los jubilados de rentas más bajas. Además, se decretó una reducción progresiva de la jornada laboral de 45 a 40 horas hasta 2028, otro de los grandes momentos de un Gobierno progresista que aprobó un aumento considerable del salario mínimo, un impuesto a las grandes empresas mineras y el copago cero que permite la atención gratuita en la red pública de salud a las capas más vulnerables de la sociedad.

Frente a esos avances en justicia social, Boric tuvo que lidiar con algunas urgencias, como el estancamiento económico, y mostró su perfil más conservador en dos asuntos tan sensibles como la migración irregular y la seguridad. La presión de una ciudadanía atemorizada en exceso y la configuración parlamentaria adversa llevaron al Gobierno a reformular su agenda, priorizando leyes relacionadas con el combate a la criminalidad y creando un ministerio de Seguridad. Según un informe de la Fundación Chile21, el Ejecutivo de coalición progresista ha sido el que más legislación ha aprobado en esta materia (unas 70 normas) desde el retorno de la democracia en 1990. Pese a todo ese esfuerzo, el estudio concluye que el Gobierno no pudo revertir el problema de la inseguridad aunque sí evitó su recrudecimiento.

“Boric partió con una agenda de cambios estructurales en salud, seguridad social, política tributaria, etc., muy complejos de instrumentar. El Gobierno no supo elegir qué hacer primero y puso toda la carne en la parrilla, pero hubo un proceso de adaptación estratégica y la izquierda tuvo que darse una voltereta en el tema de seguridad, una agenda que siempre le incomoda y que, a día de hoy, es la principal preocupación de los chilenos”, sostiene Castiglioni. El cambio de timón del Gobierno habría llegado tarde para una sociedad que registra unas tasas de percepción de la inseguridad altísimas (un 87,5% cree que la delincuencia aumentó, según la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana de 2024). Chile tiene una tasa de homicidios (6 por cada 100.000 habitantes) menor que muchos países de América Latina. No obstante, un 63% de los chilenos considera que el crimen y la violencia son los principales problemas del país, según un reciente sondeo de la consultora Ipsos.

Para Lisa Zanotti, investigadora en la Central European University y en la Universidad Diego Portales, el Gobierno de Boric partía con muy buenas premisas que no se cumplieron: “La gran crítica hacia el legado de Boric no es que no haya tratado de sacar adelante su agenda, sino que lo ha hecho mal. En su Gobierno no hubo curva de aprendizaje. La inexperiencia le llevó a cometer errores. Creo que se quedó corto no por voluntad propia sino por las circunstancias. Los números en el Congreso no le daban para mucho y el clima internacional es hostil a proyectos como el suyo. Lo más destacable de su gestión es haber logrado conectar con la izquierda moderada y lo más criticable, haber nombrado en puestos clave a personas sin experiencia en sus roles”, argumenta Zanotti en conversación con infoLibre.

Cuatro años después del triunfo electoral de Boric, el auge de la ultraderecha es una realidad en Chile. Pero, ¿cómo se ha producido ese viraje hacia el autoritarismo? Según un estudio reciente de la Fundación Nodo XXI (Del estallido al orden: Nuevo mapa político-cultural de Chile), casi seis de cada diez chilenos adultos se ubican en perfiles de orientación tradicionalista, con distintos grados de autoritarismo. La sociedad chilena no habría renunciado a la idea de transformación, de acuerdo al informe, sino que la habría redefinido “bajo el signo del orden” en un contexto en el que predominan el miedo, la incertidumbre y la frustración.

Zanotti, experta en el fenómeno de la extrema derecha, cree que el clima internacional de ascenso del populismo reaccionario también ayuda a impulsar este tipo de opciones políticas en Chile: “Kast proviene de la UDI (la Unión Demócrata Independiente), una derecha tradicional que se encuentra en una encrucijada. Hay mucho votante insatisfecho con esa derecha más moderada y se ha pasado a las filas del Partido Republicano (de Kast) por su posición en temas como la seguridad”. Para Castiglioni, la izquierda está sufriendo una suerte de tormenta perfecta: “Hay un rechazo al oficialismo y a todo lo que supuso la protesta social, un antiwokismo generalizado que abona el terreno para el ascenso de una derecha que ha sabido conectar mejor con los miedos de la gente en torno a la criminalidad o la migración”.

El orden público, el control migratorio y, en menor medida, la marcha de la economía, han sido los ejes centrales de la campaña electoral. La receta de la derecha ha sido unánime: mano dura contra la delincuencia y los migrantes, a quienes se asocia con la percepción de una mayor inseguridad. La implantación en Chile de bandas del narcotráfico (como la organización criminal venezolana Tren de Aragua) ha echado todavía más leña al fuego.

Jara (51 años) se ha visto arrastrada a esa discusión instalada por la ultraderecha en lugar de abordar asuntos como la vivienda, en los que la izquierda es más propositiva. Militante del Partido Comunista, se fue despegando progresivamente en la campaña tanto del Gobierno como de su propia organización. El anticomunismo está también al alza en Chile y, por contra, declararse partidario de Pinochet (como ha hecho Kaiser) ya no penaliza electoralmente.

Según las encuestas, Jara sería la candidata más votada este domingo (en torno a un 28%, lejos del umbral del 50% necesario para alcanzar la presidencia en primera vuelta), pero caería derrotada en la segunda vuelta (el 14 de diciembre) contra cualquiera de los candidatos derechistas, que sin duda unirán fuerzas. Kast (59 años) sería su más probable contrincante (supera el 20% en los sondeos). El líder del Partido Republicano ya no menciona a Pinochet en sus declaraciones, como sí lo hacía en las dos campañas electorales anteriores en las que salió derrotado, y ha tratado de mostrar su lado más institucional. A Kaiser (49 años), líder del Partido Nacional Libertario y clon chileno de Milei y Bolsonaro, le ha dado réditos su encarnizada apuesta por la batalla cultural. En las quinielas electorales aparece también Matthei (72 años), la representante de la derecha tradicional (Chile Vamos). Para tratar de ganar adeptos, no ha dudado en adueñarse de la narrativa de la ultraderecha: “Cárcel o cementerio” para el crimen organizado, llegó a proponer en el último debate electoral. El resultado de los comicios estará condicionado por el voto obligatorio, una novedad que movilizará a antiguos abstencionistas. 

La ley chilena prohíbe la reelección presidencial inmediata. En el pasado, Michelle Bachelet y Sebastián Piñera se alternaron en el poder durante 16 años. El futuro político de Gabriel Boric es todavía un enigma. Pese a los vaivenes de su mandato, llega a la recta final con una aprobación del 30%, superior a la de su Gobierno. Ha ganado con el tiempo en estatura política y capacidad de construir alianzas, condiciones esenciales para liderar el espacio progresista dentro de cuatro años. Pero ese plazo en política es una eternidad.

Si finalmente la ultraderecha aterriza en La Moneda en marzo de 2026, Chile ampliaría el abanico de gobiernos reaccionarios en América Latina y reforzaría el Cono Sur junto a la Argentina de Javier Milei. A ellos se unen el salvadoreño Nayib Bukele (el mandatario con mayor aceptación entre los chilenos) y el ecuatoriano Daniel Noboa. En la acera opuesta, México, Colombia y Brasil conforman la columna vertebral del progresismo en la región. Las elecciones presidenciales del año que viene en Colombia y Brasil serán determinantes para comprobar de qué lado se inclina la balanza. En México, Claudia Sheinbaum tiene todavía por delante cinco años de mandato y el calor de la mayoría. Gustavo Petro y Lula da Silva, por su parte, son dos líderes carismáticos en la línea de salida por distintas razones. Petro no puede presentarse a la reelección (está prohibida desde 2015) y Lula, que sí lo hará, acaba de cumplir 80 años. El uribismo y el bolsonarismo están al acecho. Y todo bajo la atenta mirada de Donald Trump.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, llamó este lunes, en la apertura oficial de la trigésima cumbre climática de la ONU (COP30), a imponer "una nueva derrota a los negacionistas" que desdeñan el calentamiento global, informa EFE.

"En la era de la desinformación, los oscurantistas rechazan no solo las evidencias de la ciencia, sino también los avances del multilateralismo. Controlan algoritmos, siembran el odio y difunden el miedo. Atacan a las instituciones, la ciencia y las universidades. Es el momento de imponer una nueva derrota a los negacionistas", dijo Lula en un enérgico discurso en la primera sesión plenaria.

El dirigente progresista realizó además una defensa enfática del Acuerdo de París, del que se cumplen diez años y que Estados Unidos, uno de los países más contaminantes del mundo, volvió a abandonar tras el regreso a la Casa Blanca de Donald Trump, hace nueve meses. Destacó que el mundo camina en la "dirección correcta", pero "a la velocidad equivocada".

"Al ritmo actual, todavía vamos rumbo a un aumento superior a un grado y medio centígrado de la temperatura global. Romper esa barrera es un riesgo que no podemos correr", advirtió. En este contexto, llamó a la comunidad internacional a actuar en tres frentes.

El primero, cumplir con lo ya pactado anteriormente y presentar metas climáticas "ambiciosas", además de garantizar la financiación para los países más vulnerables y con menos recursos.

Segundo, instar a los líderes mundiales a acelerar la acción climática mediante un plan para "superar la dependencia de los combustibles fósiles". En este punto, Lula defendió impulsar una "nueva gobernanza global", "más robusta", que podría materializarse a través de un "consejo del clima vinculado a la ONU" con capacidad para fiscalizar y sancionar.

Y tercero y último, convocar a la comunidad internacional a "colocar a las personas en el centro de la agenda climática".

"El calentamiento global puede empujar a millones de personas hacia el hambre y la pobreza, haciendo retroceder décadas de avances. El impacto desproporcionado del cambio climático sobre mujeres, afrodescendientes, migrantes y grupos vulnerables debe ser tenido en cuenta en las políticas de adaptación", alertó.

Antes del inicio de la conferencia, entre el jueves y el viernes de la semana pasada, se celebró la cumbre de líderes de la COP30, marcada por las ausencias de varios presidentes, como el estadounidense Donald Trump o el chino Xi Jinping.

Al respecto, Lula condenó la ausencia de "los hombres que hacen la guerra" en la conferencia. El líder progresista criticó de forma encendida el aumento del gasto en defensa, promovido por Estados Unidos y Europa, en vez de apostar definitivamente por apoyar a los países en desarrollo en su lucha por alcanzar sus metas climáticas.

"Si los hombres que hacen la guerra estuvieran en la COP30 sería mucho más barato colocar 1,3 billones de dólares anuales para acabar con el problema del clima, que 2,7 billones para hacer la guerra como hicieron el año pasado", indicó Lula.

El mandatario brasileño se refirió a la promesa de llegar a los 1,3 billones de dólares de financiación para los países en desarrollo hasta 2035, aunque el compromiso asumido hasta el momento es de 300.000 millones.

Las presidencias de la COP29 de Bakú y la COP30 de Belém divulgaron, días antes de la conferencia, una hoja de ruta con diversas propuestas para llegar a esa cifra, que incluyen gravar la moda de lujo, la tecnología y los productos militares.

Por otro lado, Lula calificó de "proeza" haber podido realizar la cumbre climática en Belém, en el corazón de la Amazonía, una ciudad donde la mitad de su población vive en favelas y muchos no tienen acceso a saneamiento básico.

Brasil ya tiene todo listo para recibir a los líderes mundiales que llegarán para hablar de lo bien que lo estamos haciendo en materia de sostenibilidad, ecologismo y transición energética. Esta vez le toca el turno a Belém, una ciudad en el corazón de la Amazonía. Escenario perfecto este para prometer la salvación del planeta a través de la conservación y el cuidado del medioambiente, a golpe de bonitos discursos y fotos de familia. Mientras tanto, Petrobras y la Administración del Gobierno brasileño esperan ansiosas su momento para explorar y explotar la ingente cantidad de petróleo existente en la desembocadura del Amazonas. No estáis leyendo mal. El mismo país que acoge la cumbre “más relevante” del clima, está concediendo licencias para extraer petróleo en una de las zonas más delicadas desde el punto de vista ecológico.

El Gobierno de Lula da Silva, que ha mencionado en innumerables ocasiones la importancia de la defensa del clima, acaba de conceder hace unos días una licencia a Petrobras —la compañía nacional de petróleo brasileña— para perforar en la cuenca Foz do Amazonas. Una licencia avalada por la agencia ambiental Ibama, la misma que en 2023 rechazó la solicitud por el posible riesgo para la biodiversidad. Una vergüenza. Lo peor de todo: la licencia se concedió tres semanas antes del inicio de la COP30. Y yo me pregunto: ¿con qué cara se puede presidir una cumbre por el clima después de aprobar una licencia que va a afectar negativamente al clima?

Pero de alguna forma habrá que justificar la decisión. Aun sin faltarle razón en algunos puntos, el discurso habitual descansa sobre tres pilares: soberanía energética nacional, empleo y desarrollo económico. En boca del presidente de Brasil, los ingresos provenientes del petróleo y el gas ayudarán a financiar la transición energética. Un discurso que ya nos resulta familiar, a juzgar por las cumbres de los últimos años celebradas en países exportadores de crudo. La tomadura de pelo se cuenta por sí sola: Brasil, como anfitrión de la cumbre que busca reducir las emisiones para mantener el objetivo del 1,5 ºC y limitar el calentamiento global, ha licitado más de 170 bloques petroleros —47 de ellos en la Amazonía— que podrían llegar a emitir hasta 11.000 millones de toneladas de CO₂. Curiosa la forma en que algunos protegen el medioambiente.

Esto no es casualidad ni un hecho aislado. Ni siquiera es un problema que deba personificarse en Brasil (aunque, al ser el anfitrión, le haya tocado pagar los platos rotos). Las potencias mundiales y las grandes corporaciones —ExxonMobil, Chevron— presentes en Belém a partir de este 10 de noviembre han inyectado más de 2.000 millones de dólares en proyectos de petróleo y gas localizados en la Amazonía. El dinero se abre paso con mucha más facilidad que los compromisos climáticos, que acaban quedando en “agua de borrajas”. A pesar de las fuerzas del capitalismo, alguien debe alzar la voz. Y no es para menos: las organizaciones ambientales advierten de que las perforaciones pueden provocar corrientes oceánicas intensas y alterar por completo el ecosistema de la zona. La contaminación por vertidos también puede resultar letal para la flora y la fauna amazónica.

En definitiva, toca asistir nuevamente a un circo internacional. Este año es el turno de Brasil que, entre aplausos a discursos sin fundamento, deberá afrontar las consecuencias de un continuo sinsentido como es la COP —sobre todo en sus últimas ediciones—. Unas consecuencias que serán irreversibles para la protección medioambiental en una zona tan delicada como la Amazonía.

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Antonio García-Amate es profesor de finanzas en la Universidad Pública de Navarra (UPNA) e investiga sobre energías renovables y gas.

La Primera Sala de la Corte Suprema de Brasil alcanzó este viernes la mayoría de votos necesaria para rechazar las últimas apelaciones del expresidente Jair Bolsonaro y confirmar la pena de 27 años de cárcel por golpismo dictada en septiembre pasado. El juez Alexandre de Moraes, relator del juicio por golpismo contra el expresidente brasileño Jair Bolsonaro, ha sido el primero en manifestarse a favor. Tras él se pronunciaron en el mismo sentido los magistrados Flávio Dino y Cristiano Zanin, con lo que se llegó a tres de cuatro votos y a la mayoría necesaria para que la apelación sea negada.

Bolsonaro, que gobernó Brasil entre 2019 y 2022, fue condenado a 27 años y tres meses de prisión por cinco delitos, entre ellos intento de golpe de Estado y pertenencia a una organización criminal. Además, la Fiscalía lo ha acusado de haber encabezado una conspiración destinada a desacreditar el sistema electoral, atacar las instituciones democráticas y desconocer el resultado de las urnas.

Aún cuando la mayoría ya está establecida, cualquiera de los jueces podría cambiar de posición antes de que el resultado sea oficialmente proclamado. Sin embargo, esa posibilidad es más que remota y la sentencia a 27 años de cárcel para Bolsonaro parece ya confirmada.

El análisis de los recursos comenzó este mismo viernes en la plataforma electrónica de la Primera Sala y los jueces tenían tiempo para pronunciarse hasta el próximo día 14. Sin embargo, la mayoría se formó apenas unas seis horas después de iniciado el proceso. Ahora solo falta el voto de la magistrada Carmen Lucia Antunes, que será la última en pronunciarse, pues el juez Luiz Fux, hasta ahora integrante de la Primera Sala, el único que en el juicio aceptó algunos de los alegatos de la defensa de Bolsonaro, acaba de separarse de ese tribunal y optó por no participar en esta fase final del proceso por haber sido voto vencido.

"No hubo ninguna omisión" en la sentencia, que "declara las circunstancias judiciales desfavorables" para Bolsonaro, por lo que se considera "inviable el argumento defensivo", indicó el juez De Moraes en el voto que publicó este viernes.

La decisión de Bolsonaro es extensiva a otros siete condenados, entre quienes figuran exministros y antiguos jefes militares que, según la corte, participaron en la trama golpista urdida tras los comicios presidenciales de 2022, en los que el dirigente ultraderechista perdió por un estrecho margen frente a Lula.

Estas apelaciones, conocidas como "embargo de declaración", son los últimos recursos que pueden intentar los abogados de Bolsonaro y, si fueran negados por la mayoría de los jueces, el próximo paso será que el tribunal defina el lugar de reclusión.

En los documentos que presentaron al recurrir la sentencia, los abogados de Bolsonaro insistieron en un supuesto "cercenamiento" del derecho a la defensa, en que no contaron con tiempo suficiente para analizar la vasta documentación recopilada contra su cliente y en que la Corte Suprema no tendría competencia para juzgar ese caso.

También pedían una reducción de la pena, fijada en 27 años y tres meses de cárcel, en el juicio concluido el pasado 11 de septiembre.

Sin embargo, todos esos argumentos ya habían sido presentados y rechazados por el tribunal durante las fases anteriores del proceso, tal como ha ocurrido este viernes, en el voto publicado por el juez De Moraes en el sistema informático de la Corte Suprema.

La Fiscalía sitúa el origen de la conspiración en 2021, cuando Jair Bolsonaro inició una campaña para desacreditar el sistema electoral brasileño y al Poder Judicial. En un directo en sus redes, el entonces presidente cuestionó la fiabilidad de las urnas electrónicas, poco después de que Luiz Inácio Lula da Silva recuperara sus derechos políticos y comenzara a liderar los sondeos. Desde entonces, Bolsonaro repitió sus ataques en entrevistas y actos públicos.

El 7 de septiembre de ese año, Día de la Independencia, lanzó amenazas directas contra los jueces del Supremo ante miles de seguidores. Según el juez Alexandre de Moraes, una ofensiva que buscó crear un relato contra las instituciones democráticas y preparar el terreno para justificar una ruptura constitucional.

En julio de 2022, ya en plena campaña electoral, Bolsonaro reunió a sus ministros y a los mandos de las Fuerzas Armadas en un encuentro calificado de “golpista”, donde insistió en el fraude electoral y alentó a “dar un golpe encima de la mesa”. También convocó a embajadores extranjeros para sembrar dudas sobre el sistema de votación.

La sentencia sostiene que el expresidente contó con el apoyo de varios miembros del Gobierno y del Ejército, a quienes encargó investigar irregularidades inexistentes en las urnas. Tras perder en las elecciones frente a Lula, impulsó planes para impedir su investidura, disolver la Justicia Electoral y detener a diversas autoridades. El grupo incluso llegó a vigilar a opositores y a planear el asesinato de Lula, su vicepresidente y el propio De Moraes.

Mientras Bolsonaro maniobraba desde los despachos, sus simpatizantes actuaron en las calles. Tras la victoria de Lula en octubre de 2022, grupos de camioneros bloquearon carreteras en distintos estados del país, impidiendo el paso de mercancías y exigiendo la “intervención” del Ejército. Miles de seguidores acamparon durante semanas frente a los cuarteles, en Brasilia y otras capitales regionales, reclamando un golpe militar que impidiera la toma de posesión del nuevo presidente.

El 12 de diciembre, día en que el Tribunal Electoral certificó la victoria de Lula, radicales incendiaron vehículos e intentaron invadir la sede de la Policía Federal en la capital. Días después, el 24 de diciembre, un simpatizante de Bolsonaro colocó una bomba en un camión cisterna cerca del aeropuerto de Brasilia, con el objetivo de provocar caos y justificar una intervención militar, aunque el artefacto no llegó a estallar.

El punto culminante llegó el 8 de enero de 2023, una semana después de la investidura de Lula, cuando miles de extremistas invadieron y vandalizaron el Congreso, el Supremo Tribunal Federal y el Palacio presidencial de Planalto. Los atacantes destruyeron despachos, robaron documentos y símbolos nacionales, y exigieron la destitución del Gobierno.

Para el Supremo, aquella jornada fue la culminación del plan golpista impulsado desde el entorno de Bolsonaro, cuyo objetivo era desestabilizar el nuevo mandato de Lula y forzar una ruptura del orden democrático en Brasil.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, firmó este domingo varios pactos comerciales y anunció un "histórico acuerdo" de paz entre Tailandia y Camboya durante su participación en la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) en Kuala Lumpur, donde también se reunió con su par brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.

Trump inició la primera gira asiática de su segundo mandato en Kuala Lumpur, donde aterrizó este domingo antes de las 10.00 (02.00 GMT), para dirigirse rápidamente al Centro de Convenciones de la capital malasia y encarar una maratoniana jornada de acuerdos y reuniones.

El presidente de EE.UU. anunció primero el que consideró un "acuerdo histórico" entre Camboya y Tailandia, que mantienen una disputa fronteriza de décadas y cuyos Ejércitos se enfrentaron el pasado julio en la frontera que comparten los dos países. Con medio centenar de muertos, el conflicto ya se saldó entonces con un alto el fuego mediado por Trump.

"Esta es una de las ocho guerras que mi Administración ha terminado en solo ocho meses", presumió Trump al anunciar los que llamó "Acuerdos de Paz de Kuala Lumpur".

No obstante, se desconoce el verdadero alcance de un acuerdo que no parece profundizar en las causas del conflicto, y que incluye el cese de hostilidades, el compromiso de ambas partes de permitir observadores regionales en la zona en conflicto, y la liberación de 18 prisioneros de guerra camboyanos, entre otros asuntos.

Trump también dijo hoy que solucionará "muy rápidamente" el conflicto entre Pakistán y Afganistán, que atravesaron un grave episodio de enfrentamientos armados en su divisoria la semana pasada, y que actualmente se encuentran bajo un alto el fuego y en negociaciones de paz.

En su estilo transaccional, el presidente de EE.UU. anunció en paralelo varios acuerdos comerciales con la ASEAN, incluyendo dos con Tailandia y Camboya, durante la misma ceremonia de paz entre ambos países.

Trump informó sobre un pacto con Tailandia para "fortalecer la cooperación" en el desarrollo y la expansión de las cadenas de suministro de minerales críticos; y acerca de un acuerdo comercial con Camboya que fija los aranceles al país en el 19%.

Según la Casa Blanca, Camboya se compromete por el mismo a eliminar el 100% de las tarifas a los productos agrícolas y bienes industriales que EE.UU. exporte al país asiático.

"Estados Unidos mantendrá un sólido comercio y cooperación (...) con ambas naciones, siempre que vivan en paz", aseveró Trump.

El presidente de EE.UU. también firmó este domingo un acuerdo con Malasia que permite a la nación norteamericana ampliar su acceso a las tierras raras del país, cuando Washington busca nuevas fuentes de suministro debido a las restricciones a las exportaciones de este mineral por parte de China, que casi monopoliza la industria.

"Malasia se ha comprometido a no prohibir ni imponer cuotas a las exportaciones de minerales críticos o tierras raras a Estados Unidos", destaca el acuerdo, según la Casa Blanca.

Trump y Lula mantuvieron asimismo una reunión en los márgenes de la cumbre, posibilidad que habían anticipado tanto EE.UU. como Brasil en los últimos días y que no fue confirmada hasta este mismo domingo, en medio de tensiones por el arancel del 50% de Washington a Brasilia.

Tras el encuentro, el presidente brasileño dijo en su cuenta de X que la reunión había sido "excelente" y anticipó que sus equipos se reunirían de manera "inmediata" para continuar las negociaciones.

Trump afirmó por su parte al inicio del encuentro que iban a lograr "acuerdos muy buenos" y que terminarían teniendo "una relación muy buena". El estadounidense alabó no obstante al expresidente brasileño, su aliado Jair Bolsonaro, por cuya causa judicial están enfrentados EE.UU. y Brasil.

Durante la reunión entre Trump y Lula estuvieron presentes el secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, y el representante comercial, Jamieson Greer, quienes habían negociado todo el fin de semana con una delegación de Pekín en un hotel de Kuala Lumpur.

Las delegaciones de las potencias mundiales alcanzaron este domingo un "acuerdo preliminar" en medio de sus tensiones comerciales, allanando así el terreno para el encuentro entre el presidente chino, Xi Jinping, y Trump, que será el plato fuerte de la gira por Asia del estadounidense y se espera el jueves en Corea del Sur.

Antes, Trump pondrá rumbo a Japón el lunes, mientras en Kuala Lumpur continuarán hasta el martes las reuniones de la ASEAN, ya con un perfil más regional tras la marcha del estadounidense, quien busca fortalecer lazos con una región a la que ha dado de lado desde que llegó a la Casa Blanca.

Con un producto interior bruto (PIB) combinado de 4,1 billones de dólares –una cifra comparable a la de economías como Japón o India–, la ASEAN incorporó este domingo a Timor Oriental, el país más joven de Asia, como su undécimo miembro, y el bloque de economías emergentes integrado por Singapur, Malasia, Vietnam, Indonesia, Tailandia, Filipinas, Birmania, Brunéi, Laos y Camboya suma así un nuevo socio.

Concebida hace siete décadas como una ciudad futurista por el arquitecto Oscar Niemeyer y el urbanista Lúcio Costa, Brasilia se erige hoy en icono mundial contra la impunidad. El Supremo Tribunal Federal, con sede en la capital brasileña, ha condenado al expresidente y excapitán del Ejército Jair Bolsonaro a 27 años de prisión por encabezar una trama golpista contra su rival político, Luiz Inácio Lula da Silva. Se trata de una sentencia histórica en un país que sufrió una dictadura militar (1964-1985) sin castigo posterior para sus responsables. Es la primera vez que se condena a un expresidente y altos mandos militares por un intento de golpe de Estado. La ejemplaridad de la condena muestra la firmeza de Brasil contra la impunidad y el deseo de saldar cuentas con su pasado reciente.

Bolsonaro (presidente entre 2019 y 2022) ha sido sentenciado a 27 años y tres meses de cárcel por cinco delitos, entre ellos el intento de golpe de Estado y la pertenencia a una organización criminal. Junto a él han recibido también duras penas otros seis imputados que según el Supremo Tribunal Federal (STF) participaron en la trama golpista urdida tras los comicios presidenciales de 2022, en los que el dirigente ultraderechista perdió por un estrecho margen frente a Lula.

Los dos puntales de Bolsonaro en esa conspiración fueron el general y exministro de Defensa Walter Braga Netto y el exjefe de la Marina, almirante Almir Garnier (condenados a 26 y 24 años de prisión, respectivamente). Un encausado más, el teniente coronel Mauro Cid, secretario particular de Bolsonaro, sólo ha recibido una pena de dos años por haber colaborado con los investigadores. Su declaración fue crucial para conocer los entresijos de una operación que se inició en 2021 y se aceleró a finales de 2022 para intentar que Lula no asumiera la presidencia tras haber ganado las elecciones en noviembre de ese año. La conspiración culminó con el asalto a las sedes de los tres poderes del Estado en Brasilia por parte de miles de seguidores bolsonaristas el 8 de enero de 2023.

La celebración del juicio, cuyas sesiones se han emitido por televisión en directo, ha tenido a Brasil en vilo durante diez días. Cuatro de los cinco magistrados de la sala primera del STF votaron a favor de condenar a Bolsonaro y sus cómplices. Todo el país pudo seguir en vivo sus alegaciones. Fue un inmenso ejemplo de transparencia judicial.

El primero en pronunciarse fue el juez instructor, Alexandre de Moraes, a quien la trama golpista pretendía asesinar: “Bolsonaro actuó con la intención de provocar la inestabilidad social y mantenerse en el poder”, argumentó. El voto discrepante de uno de los magistrados, Luiz Fux, quien pidió la absolución del expresidente, imprimió algo de suspense al proceso al considerar que el Supremo no era el órgano competente para juzgar a los acusados. Su posición, al romper la unanimidad, abre un resquicio legal al que ahora podrán acogerse los abogados de Bolsonaro para fundamentar sus recursos. El voto de la jueza Cármen Lúcia fue el que inclinó la balanza (3 a 1) antes de que se definiera el criterio del quinto magistrado. Lúcia, la única mujer en el tribunal, fue contundente sobre el tremendo simbolismo del juicio: “Toda acción penal exige un juicio justo y aquí no es diferente. Lo inédito en esta acción penal es que en ella late el Brasil que me duele. Esta acción penal es casi un encuentro de Brasil con su pasado, su presente y su futuro”.

Bolsonaro, que siguió el juicio desde su casa de Brasilia, donde cumple prisión domiciliaria, ya está inhabilitado para ostentar cargo público hasta 2030 por denostar el sistema de votación ante varios embajadores extranjeros. A sus 70 años, su carrera política puede darse casi por finiquitada. La sentencia determina que tendrá que cumplir 24 de los 27 años en régimen cerrado, todavía por determinar. Pero hay algunos resquicios, legales y políticos, a los que el exmandatario puede aferrarse todavía. Sus abogados probablemente solicitarán la nulidad del juicio, en línea con el argumentario del juez Fux, quien mencionó en su exposición el caso de Lula, cuya condena por corrupción fue anulada en 2021 por el Supremo al estimar que el tribunal federal del estado de Paraná que juzgó al exsindicalista no era competente.

El tiempo corre ahora en contra de Bolsonaro, más centrado en hallar una solución política a la difícil situación personal que le aguarda. Sus aliados parlamentarios llevan ya tiempo tratando de sumar una mayoría suficiente para sacar adelante en el Congreso una ley de amnistía que, en caso de ser aprobada, tendría que pasar el filtro de la justicia. Entre los promotores del perdón se encuentra Tarcísio de Freitas, poderoso gobernador del estado de São Paulo y principal aspirante a postularse como recambio de Bolsonaro en las elecciones presidenciales de 2026. “Fue condenado sin pruebas”, dijo nada más conocer la sentencia. Tanto De Freitas como el resto de dirigentes de la derecha con pretensiones presidencialistas han prometido que otorgarían el indulto a su mentor político si llegan al poder.

El bolsonarismo es hoy la principal fuerza política en el Congreso y su respaldo en la calle no es menor. La condena ejemplar a su caudillo abre un periodo de incertidumbre política. Todavía es pronto para saber cómo reaccionarán las élites brasileñas que lo encumbraron en 2019 y qué efecto tendrá la sentencia entre su legión de seguidores. Al otro lado del espectro ideológico, la izquierda sigue apostando todo al carisma de Lula, quien ya ha anunciado que se presentará a un cuarto mandato el año que viene. Las encuestas le sonríen pero el líder del Partido de los Trabajadores (PT) está a punto de cumplir 80 años y su enorme popularidad ha eclipsado la irrupción de recambios políticos fiables en las urnas.

De momento, la izquierda celebra la sentencia y saca pecho frente a las continuas injerencias de Estados Unidos. Ni las presiones comerciales (con aranceles del 50%) ni las sanciones a De Moraes y otros magistrados han alterado la determinación de Brasil para luchar contra la impunidad. Pero Washington no se da por vencido. El secretario de Estado, Marco Rubio, abandera una cruzada en América Latina en favor de los populismos reaccionarios y ya ha anunciado que habrá "respuesta" de la Administración Trump.

La histórica sentencia del Tribunal Supremo brasileño envía un mensaje diáfano al mundo sobre cómo frenar las estrategias involucionistas de la extrema derecha. En 1979, todavía con los militares en el poder, se aprobó una amnistía que dejó impunes todos los crímenes de los represores. Como sostiene el diplomático y exministro de Hacienda Rubens Ricupero en declaraciones al medio paulista Carta Capital, el juicio a los implicados en la trama para derrocar a Lula opera de alguna forma como contrapunto de aquella ignominia histórica: “En cierta medida, es el juicio que no hicimos al régimen militar”. Un proceso equiparable, en su opinión, al que Argentina abrió contra las juntas militares en 1985. En esa ocasión, como ahora en Brasil, fue la primera vez que un tribunal civil juzgaba a altos mandos militares por golpismo.

La Primera Sala del Tribunal Supremo de Brasil condenó este jueves al expresidente Jair Bolsonaro a 27 años y tres meses de cárcel por liderar un complot golpista para "perpetuarse en el poder", tras perder las elecciones de 2022 frente al actual gobernante, Luiz Inácio Lula da Silva. Es un fallo inédito, pues se trata de la primera vez que un expresidente brasileño es condenado por intento de golpe de Estado.

Cuatro de los cinco jueces de la sala hallaron culpable al líder ultraderechista y a siete de sus aliados, entre ellos exministros de su Gobierno (2019-2022) y antiguos mandos militares, de hasta cinco delitos contra el orden democrático.

"El objetivo central de la organización criminal era asegurar la permanencia en el poder de Jair Messias Bolsonaro", afirmó Cristiano Zanin, presidente de la Primera Sala. Bolsonaro, de 70 años, se llevó el castigo más alto.

Solo uno de los magistrados votó por la absolución del exmandatario en este juicio, marcado por las presiones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para archivar el proceso mediante sanciones a los jueces del Supremo brasileño y aranceles del 50% a los productos del país. Tras conocerse la sentencia, Trump se declaró "sorprendido" y su secretario de Estado, Marco Rubio, advirtió que su país responderá al fallo contra el líder ultraderechista.

Seis de los ocho condenados son de las Fuerzas Armadas. Bolsonaro, capitán retirado del Ejército y bajo arresto domiciliario desde agosto pasado, recibió 27 años y 3 meses de prisión en régimen cerrado. Otro es el excomandante de la Marina Almir Garnier. También hay tres generales de la reserva en la lista: Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira y Walter Braga Netto. Los cuatro fueron condenados a penas de entre 19 y 26 años de cárcel.

La sentencia aún no es firme; aún cabe recurso. La mayoría de la corte asumió las tesis de la Fiscalía y responsabilizó a Bolsonaro de valerse de las estructuras del Estado para poner en marcha un plan que buscó desmantelar los poderes constitucionales, deponer por la fuerza al Gobierno de Lula e imponer una "verdadera dictadura".

El juez relator, Alexandre de Moraes, enumeró trece actos de la trama, que se gestó a mediados de 2021, poco después de que Lula recuperara sus derechos políticos, tras ver anuladas sus condenas por corrupción, y empezara a despuntar en las encuestas con vistas a los comicios de 2022. "Bolsonaro instrumentalizó el aparato estatal y movilizó agentes y recursos públicos para promover falsas narrativas que generaran inestabilidad social a fin de perpetuarse en el poder", declaró este jueves el magistrado.

El complot "ampliamente probado" empezó con una feroz campaña de desinformación contra las instituciones y las elecciones, ganó forma con graves amenazas a las autoridades y, finalmente, intentó materializar "un proyecto autoritario de poder" a través de actos violentos que se prolongaron hasta el 8 de enero de 2023.

Ese día tuvo lugar la última tentativa: miles de bolsonaristas invadieron y vandalizaron las sedes de la Presidencia, el Congreso y el Supremo, en Brasilia, para incitar una intervención militar. "El 8 de enero de 2023 no fue un acontecimiento banal después de un almuerzo de domingo en el que las personas se fueron a pasear", apuntó con ironía Cármen Lúcia Antunes, quien acompañó el voto del relator junto con Cristiano Zanin y Flávio Dino.

A través de audios, documentos, mensajes y la confesión del exedecán de Bolsonaro, el teniente coronel Mauro Cid, el tribunal constató que Bolsonaro editó decretos para establecer un estado de excepción e incluso avaló un plan macabro para asesinar a Lula, a su vicepresidente Geraldo Alckmin y al propio De Moraes. Solo fracasó por la negativa de los comandantes del Ejército y la Aeronáutica.

El único voto divergente tuvo la firma de Luiz Fux. El magistrado minimizó las pruebas de la Fiscalía y aseguró que no hay evidencias que demuestren que Bolsonaro actuó para imponer una dictadura; apenas se barajó esa posibilidad, algo que no consideró punible.

Bolsonaro, quien siempre ha negado que quisiera dar un golpe, escuchó la sentencia en su casa, en Brasilia, por motivos de salud. Sus esperanzas radican ahora en una amnistía que promueve su partido en el Parlamento y en nuevas sanciones del Gobierno de Trump, hasta ahora inútiles.

Sus abogados además adelantaron que apelarán la decisión de los jueces de la Corte Suprema "incluso en el ámbito internacional", en una nota divulgada a la prensa. Celso Vilardi y Paulo da Cunha Bueno, que integran la defensa de Bolsonaro, expresaron que consideran las penas "absurdamente excesivas y desproporcionadas", y que analizarán la sentencia para posteriormente presentar un recurso.

Sus problemas judiciales no empiezan ni terminan con esta condena. En 2023, fue inhabilitado por ocho años y aún es investigado por supuestamente intentar obstruir el juicio por golpismo, por diseminar noticias falsas y por apropiarse de unas joyas que serían del acervo estatal.

Mientras, en las calles, hubo tibios festejos de la izquierda y unas pocas protestas, con escasa afluencia, del bolsonarismo.

La Primera Sala del Supremo de Brasil formó este jueves una mayoría de tres votos para condenar al expresidente Jair Bolsonaro por tramar un golpe de Estado, tras perder las elecciones de 2022 frente al actual mandatario, el progresista Luiz Inácio Lula da Silva.

Cármen Lúcia Antunes, uno de los cinco magistrados que integran la sala, dio el tercer voto a favor de una condena al respaldar los argumentos del juez instructor, Alexandre de Moraes, quien declaró al líder ultraderechista y a siete de sus aliados culpables de cinco delitos contra el orden democrático.

Después de Antunes, que dejó un resultado parcial de 3-1, solo faltará el voto de Cristiano Zanin, quien, como presidente de la sala, se encargará de proclamar el resultado del juicio, uno de los más importantes de la historia reciente de Brasil. Hasta entonces, existe la posibilidad de que alguno de los jueces pueda cambiar el sentido de su voto, algo improbable.

Antunes apoyó los argumentos del juez relator y afirmó que hay "pruebas concluyentes" que muestran que, desde 2021, un "grupo liderado por Jair Bolsonaro" intentó "abolir el Estado democrático de derecho, restringir los poderes, en especial el Judicial, y deponer el Gobierno legítimamente constituido".

"Todo eso junto y con una enorme violencia. El panorama está ampliamente demostrado. Está comprobada la violencia y la grave amenaza (...) La organización documentó casi todas las fases de su empresa", enfatizó.

"Querían dañar y secuestrar el alma de la República" al "desmoralizar el proceso electoral" con "actos de violencia, graves amenazas, coacción" y hasta con planes de asesinato de autoridades, añadió.

Bolsonaro, actualmente bajo arresto domiciliario, responde en este proceso por cinco crímenes por los que podría recibir una pena máxima de unos 40 años: abolición violenta del Estado democrático de derecho, golpe de Estado, organización criminal armada, deterioro del patrimonio protegido y daño calificado.

La mayoría de la Primera Sala siguió el voto de Alexandre de Moraes, quien situó a Bolsonaro en el epicentro de un complot golpista que, desde mediados de 2021, buscó anular la victoria electoral de Lula "a cualquier costo" para "perpetuarse en el poder" mediante el uso de la fuerza.

El único voto divergente hasta ahora ha sido el de Luiz Fux, quien absolvió a Bolsonaro de todos los cargos porque, en su opinión, no hay pruebas suficientes, en una exposición que duró alrededor de 13 horas.

Una vez que se conozcan los votos de los cinco magistrados, estos pasarán a discutir la fijación de la pena para cada uno de los posibles condenados, lo que previsiblemente ocurrirá el viernes.