Con la disolución de las Cortes este martes comienza la cuenta atrás oficial para la convocatoria de las elecciones generales del 28 de abril. Y esto, en la vida interna de los partidos, es sinónimo de tiempo de elaboración de listas electorales. Si este proceso suele acarrear cierto nerviosismo entre los aspirantes a ser incluidos en las candidaturas y los aspirantes a repetir, en el caso del Partido Popular hay que incluir el factor del cambio de liderazgo. 

Pablo Casado llegó a la presidencia de la formación conservadora a finales del pasado julio, en el congreso extraordinario convocado por Mariano Rajoy tras haber sido derrotado en la moción de censura que le planteó Pedro Sánchez. Y muchos de los que integraron las listas de las últimas elecciones generales, tanto para el Congreso como para el Senado, admiten, en privado, estar inquietos por la decisión que la dirección nacional del partido debe adoptar en las próximas semanas.

El líder del PP tiene que decidir cómo encaja en las candidaturas a los dirigentes más fieles a Rajoy, por un lado, y a sus fichajes estrella, por otro. "Va a producirse una renovación tranquila", dicen fuentes de la dirección del partido. "Evidentemente, recurrirá a sus fieles. Pero también será una lista integradora", añaden.

"La coincidencia de generales y, en poco tiempo, municipales, autonómicas y europeas amplía el espacio. Va a ser más fácil repartir juego pese a que podamos perder representación", considera un diputado.

A continuación, infoLibre repasa las principales incógnitas que tiene que despejar Casado en las listas electorales.

1. ¿Quién será su número dos?

Candidato a la presidencia del Gobierno, Pablo Casado dejará de encabezar la lista por Ávila al Congreso, para encabezar la de Madrid. Aunque nacido en Palencia, el líder del PP está muy vinculado a Ávila. Pasa mucho de su tiempo libre y de sus vacaciones en la localidad de las Navas del Marqués, donde tiene una casa en régimen de alquiler.

Es en Madrid, no obstante, donde el jefe de los conservadores ha hecho gran parte de su carrera política. Además de diputado en la Asamblea en la etapa de Esperanza Aguirre, Casado fue presidente de las Nuevas Generaciones del PP de Madrid, la asociación juvenil del partido conservador.

"No tendrá gran problema a la hora de elaborar la lista por Madrid porque conoce muy bien al partido", señalan en su entorno preguntados por quién será su número dos. 

En las generales de julio de 2016, cuando Rajoy encabezó la candidatura, le acompañó como número dos Soraya Sáenz de Santamaría. El número tres fue para Isabel García Tejerina y el cuatro para Cristóbal Montoro.

Las fuentes consultadas consideran que Tejerina, siempre que ella esté dispuesta, tendrá puesto fijo en esta lista o en las de Valladolid o Palencia.

Lo mismo ocurrirá con María del Mar Blanco, la hermana de Miguel Ángel Blanco, el concejal del PP vasco asesinado por ETA. En las últimas generales, la diputada fue número 14 por Madrid. En esta ocasión sería ubicada más arriba.

El jefe de gabinete del presidente del PP, Javier Fernández-Lasquetty, exconsejero de Sanidad de Esperanza Aguirre y próximo a Faes, también es fijo en las quinielas internas para la lista por Madrid.

Antes del adelanto de las elecciones generales, Andrea Levy, vicesecretaria de Estudios y Programas, parecía estar destinada a acompañar como número dos a José Luis Martínez-Almeida en la lista al Ayuntamiento de Madrid. Ahora no está claro si su sitio será la Cámara Baja.

Un sector del PP considera que el aterrizaje de Inés Arrimadas en la lista de Ciudadanos al Congreso por Barcelona obliga a Casado, como poco, a presentar a un número dos "potente" para Madrid. A día de hoy el presidente de los conservadores no ha dado ni una sola pista de si será mujer o hombre. Se limita a asegurar que ellos, a diferencia del partido de Albert Rivera, no tienen que pescar en caladeros ajenos ni tienen complicado buscar candidatos. Porque cuentan con la experiencia de haber gobernado.

La presidenta del Congreso, Ana Pastor, es vista por algunos dirigentes del PP como una "excelente candidata" para hacer de tándem con Casado en Madrid. Pero en el entorno del líder creen tendría más sentido que repitiese por Pontevedra.

2. ¿Un puesto relevante para Suárez Illana?

Hace unas semanas una de las tesis más extendidas en el PP era que el hijo del expresidente Suárez ocuparía un puesto clave en la lista por Madrid. Llegó incluso a hablarse del número dos. Pero el anuncio por parte del PSOE de que Pedro Sánchez piensa en uno de sus ministros para encabezar la lista por Ávila –se ha hablado de Fernando Grande-Marlaska y de Margarita Robles– ha hecho que los conservadores debatan internamente el perfil de la persona que debe liderar su candidatura. Y Adolfo Suárez Illana tiene grandes opciones de ser candidato en la tierra de su padre.

Ávila reparte sólo tres escaños, pero es una circunscripción simbólica para el PP. Por ser el feudo origen de Casado y por los excelentes resultados de los que parte. En las últimas generales se hizo con el 51,59% de los votos (dos escaños). El otro escaño fue para el PSOE, que logró el 19,46% de los sufragios. Si en la etapa de Rajoy las aperturas del curso político siempre se celebraban en Galicia, este año se hizo en el entorno de las murallas de Ávila.

3. La lista de Barcelona

La portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Dolors Montserrat, es, a ojos de sus compañeros de partido, quien más papeletas tiene para encabezar la candidatura por Barcelona. Rivalizaría con Inés Arrimadas, de Ciudadanos, que dará el salto del Parlament a Madrid.

Exministra de Sanidad, Montserrat fue clave en la candidatura de la exsecretaria general, María Dolores de Cospedal, a la presidencia del PP. Pero una vez descartada en la primera ronda, se sumo a trabajar al equipo de Casado. 

En las últimas generales, fue número cuatro por Barcelona tras Jorge Fernández Díaz, Jorge Moragas y Alicia Sánchez-Camacho.

4. Puestos de salida para el Parlamento Europeo

En la dirección nacional del PP aseguran que todavía no toca hablar de Bruselas. Pero es muy complicado que el proceso de elaboración de las listas para las generales se haga sin tener en cuenta con las piezas a encajar en la candidatura al Parlamento Europeo.

El del portavoz del PP en Bruselas, Esteban González Pons, es el nombre que más suena para liderar la candidatura. Pero Casado, que tiene la última palabra, no ha dicho nada todavía al respecto. Esto alimenta que hayan surgido teorías que apuntan a que el líder de los conservadores está manejando otras opciones como número uno.

Rafael Hernando, portavoz en el Congreso en etapa de Rajoy, es uno de los nombres que suenan para dar el salto de Madrid a Bruselas. Diputado por Almería, podría trasladarse a las instituciones europeas junto a exministros que querrían cambiar de aires. Pero hay fuentes que lo ubican de nuevo en la Carrera de San Jerónimo.

5. El papel del 'marianismo'

Pese a que Casado quiere rodearse de perfiles de su confianza, las fuentes consultadas destacan que va a abordar este proceso con "inteligencia". Y que no tiene ninguna intención de abrir crisis internas en un momento en el que es clave mantener al partido unido.

Así, consideran que Fernando Martínez-Maillo, diputado por Zamora y coordinador general del PP en la última etapa de Rajoy, no tendrá muy difícil repetir en el mismo puesto si su intención es continuar en el Congreso. Es el mismo caso que el de Ana Pastor, íntima amiga del expresidente. O el de la exministra de Empleo, Fátima Báñez. Esta última, uno de los principales apoyos de Soraya Sáenz de Santamaría, decidió seguir en su escaño tras el congreso extraordinario y la marcha de la exvicepresidenta. Se da prácticamente por hecho que será número uno por Huelva.

Hace diez años, en 2008, el Partido Popular estaba inmerso en una profunda crisis tras haber perdido las elecciones generales con Mariano Rajoy como candidato por segunda vez consecutiva. En junio se celebró el XVI Congreso Nacional y para el todavía líder de los conservadores la etapa precongresual fue un calvario: plantón de dirigentes a los que se considera referentes morales en la derecha, como María San Gil, amagos de disputarle el liderazgo... Al final llegó al cónclave como candidato único y desde diferentes sectores se intensificaron las demandas de mayor democracia interna. Se habló de "congreso a la búlgara" e incluso se debatieron –y se rechazaron–enmiendas que pedían primarias. Ahora, el PP también está en crisis. Rajoy ya ha vuelto a la vida privada y, al menos seis militantes del PP –la dirección dio el viernes 24 horas a José Luis Bayo para que aclare sus avales– batallan por sucederle. "Algo ha cambiado. Esto hace años era impensable. Queríamos más participación, la tenemos. Ahora tenemos que ser responsables y apostar por el juego limpio", señala un destacado dirigente del PP en conversación con infoLibre. 

Los conservadores ven "muy igualada" la batalla entre Soraya Sáenz de Santamaría, María Dolores de Cospedal y Pablo Casado. Y creen que las otras candidaturas –el exministro José Manuel García-Margallo, el diputado José Ramón García-Hernández y el concejal Elio Cabanes– se irán desgastando a medida que pasen los días porque el foco va a estar puesto en los tres pesos pesados del partido. ¿Habría sido diferente si Alberto Núñez Feijóo hubiese dado el paso? "En ese escenario es probable que los candidatos fuesen menos. Se le tenía como el favorito de las bases, el que más consenso generaba", valora un líder regional.

Este sábado a las 10.00 de la mañana arrancó la campaña interna. Hasta las 00.00 horas del 4 de julio, los precandidatos buscarán diferenciarse de unos rivales con los que comparten la esencia de su ideario político. Esto, sobre el papel. Porque en realidad, en los días previos, los aspirantes ya empezaron a moverse para tantear el terreno y hacerse una idea de los apoyos con los que cuentan. Pablo Casado, exvicesecretario de Comunicación, irritó a los equipos de sus compañeras por empezar a hacer kilómetros por España antes del comienzo oficial de la campaña. "Han sido encuentros informales", defienden desde su entorno.

infoLibre repasa los primeros mensajes de los principales aspirantes a liderar el PP. Las formas que han escogido para destacar sus fortalezas y contrarrestar los puntos débiles.

  PABLO CASADO: Juventud y regeneración

Fue el primero en romper el hielo y en decir que se presentaba. Nacido en Palencia en 1981 es el único de los precandidatos con mejores opciones que tiene menos de 40 años. Vende juventud en un momento en el que en el PP la "regeneración" es una de las palabras en boca de todos. Pese a su edad, el hombre al que Rajoy escogió para llevar la comunicación del partido en la última etapa no es nuevo en las filas conservadoras. Era uno de los hombres de máxima confianza de José María Aznar, lo fue antes de Esperanza Aguirre también y ha sido presidente de las Nuevas Generaciones (NN GG) del PP de Madrid y diputado en la Asamblea de Madrid. "No se le conoce mala relación con ninguno de ellos, lo que le permite presentarse como un candidato de futuro que no renuncia al pasado de su partido", resume alguien que compartió con él años en NN GG.

Contra quienes señalan que no ha llegado todavía su momento, que es demasiado joven y que debería esperar a dar el salto dentro de cuatro años, en el próximo congreso, sus fieles recuerdan que Aznar llegó a liderar el PP a los 37 años y Felipe González a los 32. Y que la política internacional está plagada de ejemplos similares. "Es el momento", dicen. "Porque somos jóvenes y estamos sobradamente preparados", se cita en la campaña que su equipo ha emprendido en redes sociales. Junto a diputados y senadores, con Casado colaboran muchos de los que trabajaron con él en las NN GG de Aguirre.

También Casado es, hasta la fecha, el aspirante que más claro ha dicho que trabajará para recuperar a los votantes que se marcharon a Ciudadanos y a Vox. No es ningún secreto que es, de quienes formaron parte de la cúpula del PP en la última etapa de Rajoy, el que más mano izquierda ha tenido con Albert Rivera. De hecho, hay quienes en su partido le han bautizado como "el Rivera del PP". Pero al mismo tiempo, por su pasado con Aznar y Aguirre, se convierte en un perfil atractivo para quienes se desencantaron con el PP al considerar que había abandonado "los principios y valores" originales del partido. A saber: la defensa de las libertades, la unidad de España, la lengua, la bandera, la familia...

"Corre el riesgo de pasarse de frenada y asustar a los más moderados", analiza un diputado. De momento, este sábado arrancó campaña en Galicia, el feudo de Feijóo. El gallego no quiere posicionarse hasta el 5 de julio, cuando sólo queden dos candidatos. Pero la elección de esta comunidad no pasa inadvertida. Como tampoco lo pasó el que presentara más avales –por encima de los 5.000– que el resto de sus rivales.

"Esto puso nerviosas a Santamaría y a Cospedal y a sus defensores y la campaña en contra va a ser brutal", valora un regidor municipal. 

Casado es una especie de tercera vía que puede aprovechar el estar fuera del marco de la eterna pelea entre Santamaría y Cospedal. La incógnita está en qué daño van a hacerle las investigaciones sobre sus estudios de posgrado. Es decir, hasta qué punto va a calar la idea de que forma parte del "juego sucio", de una "guerra de dossieres", como se ha apuntado en los últimos días desde sectores del PP. 

Uno de sus principales campos de batalla va a estar en Madrid, la comunidad en la que ha hecho política desde su ingreso en la organización juvenil del PP. El presidente regional, Ángel Garrido, ya ha apostado por María Dolores de Cospedal. "Es difícil luchar contra el aparato", valora un diputado.

Si no pocos en el PP le encuentran similitudes con Rivera hay quienes también ven en él mucho de Pedro Sánchez. "El símil es clarísimo. Pablo dice que se echa a la carretera. Cuando Sánchez dijo que se echaba a la carretera pocos le tomaban en serio. Hoy es presidente de España. En política no hay nada imposible", dice uno de los dirigentes consultados.

  SORAYA SÁENZ DE SANTAMARÍA: gestión

Adelantándose a María Dolores de Cospedal, que había convocado una reunión interna del PP de Castilla-La Mancha el martes para aclarar su futuro, la exvicepresidenta del Gobierno rompió su silencio y confirmó a primera hora de la mañana desde su cuenta de Twitter que se presentaba. Igual que Cospedal, Santamaría ha crecido en política junto a Mariano Rajoy. Pero buscó diferenciarse de su rival interna desde hace una década definiéndose como "una militante más". De hecho, evitó exhibir músculo en la presentación de avales negándose a aclarar cuántos había registrado. 

La "militante" Santamaría lleva, por sus años en el Gobierno, bastante tiempo desconectada de la estructura del partido. Este es uno de los principales puntos débiles que se le atribuyen. Y, por oposición, uno de los principales puntos fuertes de Cospedal.

En este contexto, la exvicepresidenta del Gobierno "va a vender su experiencia en los Gobiernos que sacaron a España de la crisis", analiza una de sus compañeras. Por eso una de las ideas fuerza de su campaña va a ser la promesa de volver a llevar al PP al Gobierno de España. Primero, ganando municipales y autonómicas y, después, generales. Para ser "la primera presidenta del Gobierno de España". Lo hará, según vende "Con todos" y contando con las bases: "De abajo a arriba".

Su campaña arrancó en Málaga. Andalucía es la comunidad en la que hay registrados más afiliados del PP. El líder regional, Juan Manuel Moreno, siempre ha sido incluido entre los barones fieles a la exvicepresidenta, como ocurre con Alfonso Alonso, presidente de los conservadores de Euskadi.

En esta campaña en la que pedirá respaldo a los suyos para echar a Pedro Sánchez de la Moncloa cuenta ya con los apoyos de exministros como el propio Alonso, Fátima Báñez, Álvaro Nadal, Íñigo de la Serna, Cristóbal Montoro o Íñigo Méndez de Vigo. También con el del ex secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y ex jefe de gabinete de Rajoy José Luis Ayllón.

En sus primeras entrevistas ha reivindicado que ella, junto a Feijóo, están a la cabeza de las encuestas que se han publicado en el marco de la sucesión de Rajoy. 

  María dolores de Cospedal: el partido, el partido y el partido

Tras el paso de Santamaría, Cospedal hizo su anuncio. Fue el martes, Rodeada de la plana mayor del PP de Castilla-La Mancha, región que ha presidido. 

"Me he equivocado en muchas ocasiones, pero creo humildemente que la responsabilidad y el sentido del deber me han llevado en muchas otras a comportarme como se esperaba de mí: defendiendo el buen hacer de tantos luchadores del PP. Dando la cara por la honorabilidad de unas siglas que se han visto injustamente salpicadas por quienes ni las respetaban ni nos respetaban a los cientos de miles de afiliados del PP. He vivido momentos muy felices en nuestro partido, también muy duros e ingratos", dijo. Una frase que resume a la perfección el que vende como su principal activo: "El partido, el partido y el partido", reivindican los suyos.

Para muchos en el PP, Cospedal no encarna para nada la regeneración. Durante años ha sido la persona que ha tenido que responder a los escándalos de corrupción que les iban salpicando. Fue ella la que dio la polémica explicación de la "indemnización en diferido" a Luis Bárcenas, por ejemplo. "No tenía nada que ver con quienes se enriquecieron a costa del partido. Pero ha sido la secretaria general. Está muy marcada", dice uno de sus críticos.

Mientras, sus defensores recuerdan que "no le ha temblado la mano cuando ha tenido que tomar decisiones difíciles, que llevó a los tribunales a Luis Bárcenas, que le ganó y que siempre ha antepuesto a sus intereses los del PP". Es algo, señalan, que no ha hecho Santamaría, que se ponía "de perfil" cada vez que tocaba "dar la cara por el partido".

"He dado la cara, y siempre la daré, por todo aquello en lo que creo, porque por encima de mi interés personal, por encima de cualquier consideración o cualquier cálculo sobre el perjuicio a mi imagen, por encima de cualquier instinto de autoprotección, estaba mi partido, estabais vosotros, mis compañeros, y estaba la honorabilidad del proyecto político que hoy es más necesario que nunca para liderar el futuro de España", insistió en lo que fue visto como un claro dardo a Santamaría.

Cospedal, que arrancó su campaña en Barcelona, ha restado importancia a la valoración de Santamaría en las encuestas. "Con toda humildad tengo que decir que yo sí me he presentado a elecciones como cabeza de lista; en tres ocasiones, y en dos he ganado, una por mayoría absoluta y otra a un puñado de votos de la mayoría absoluta, en lugares donde mi partido nunca había ganado elecciones", ha dicho en una reciente entrevista en Antena 3. Como Santamaría, ella también puede vender gestión, aunque de momento haya optado por el mensaje de la defensa de las siglas del PP. "Ha sido ministra y presidenta autonómica. Y eso no lo pueden decir todos los candidatos", zanja un líder regional.

El calendario

La Comisión Organizadora proclamó a los precandidatos el pasado viernes, y convocó la campaña electoral interna desde las 10.00 horas de este sábado hasta las 24 horas del 4 de julio.

Los afiliados podrán inscribirse para participar en la elección del presidente del PP hasta las 14.00 del lunes, 25 de junio, y para participar como compromisario en el Congreso hasta el 29 de junio a la misma hora. Dado lo exprés de este cónclave, la Comisión Organizadora no descartaba autorizar a las sedes que así lo reclamaran a abrir durante este fin de semana.

Los requisitos para poder votar al próximo líder del PP y, por tanto, candidato a la Moncloa, son sencillos. Basta con inscribirse en las sedes estando al tanto del pago de las cuotas. Fuentes de la dirección del partido aseguran que este proceso no va a servir para perdonar las deudas a todos los que deben dinero al partido en concepto de afiliaciones. Pero han tomado la decisión de que quienes quieran participar puedan hacerlo pagando una cuota mínima: 20 euros.

A 6 de junio, el censo oficial de afiliados del PP era de 869.535 personas. Pero esta cifra estará muy lejos de la de los que participarán el 5 de julio. El precedente de los congresos regionales dejó el listón bastante bajo: el número de votantes no llegó al 9% del censo. Concretamente fue del 8,6%, según datos publicados por este diario a partir de las cifras facilitadas por la dirección del PP.

El control del "aparato"

Para ser compromisario –delegado– en el congreso, que se celebrará los días 20 y 21 en Madrid, también hay que inscribirse. Pero, en este caso, el plazo culmina el 29 de junio.

El número de compromisarios será de 3.134, de los cuales 522 son natos y 2.612 electos. Tradicionalmente, los delegados –el grueso de los 522 son cargos públicos– suelen ser más próximos al aparato del partido. Una idea sobre la que descansa uno de los temores de algunos candidatos: que el más votado en la primera fase no sea después el más votado en el congreso.

Los estatutos del PP permiten que al congreso llegue sólo un candidato, para su aclamación. Pero, con los estatutos en la mano y dada la "muy igualada batalla" entre Casado, Cospedal y Santamaría, Génova ve prácticamente imposible que alguno de ellos cumpla los requisitos necesarios para lograrlo en primera fase.

"Si alguno de los precandidatos obtuviese más del 50% del total de los votos válidos emitidos por los afiliados, hubiese logrado una diferencia igual o superior a 15 puntos sobre el resto de precandidatos y hubiera sido el más votado en la mitad de las circunscripciones será proclamado ante el Congreso como candidato único a la presidencia del partido", se establece en los estatutos.

El portavoz de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, se ha quejado de que la oposición, que se unió para forzar este miércoles un pleno extraordinario en el Congreso para que el presidente Mariano Rajoy rinda cuentas por la financiación del PP, en cambio no sea capaz de sacar al PP del Gobierno.

"Hemos sumado los votos para que comparezca, pero no somos capaces de sumarlos para lo verdaderamente importante, que es enviarle a la oposición", ha señalado en el debate del Pleno del Congreso sobre Gürtel.

En ese sentido, ha dado la razón a Rajoy y a los dirigentes del PP cuando se muestran tranquilos ante la exigencia de responsabilidades que formula la oposición, ya que "aritméticamente es imposible enviarle a la oposición".

Ya debió haber dimitido

Eso sí, el político valenciano sostiene que, con los casos de supuesta financiación ilegal del PP, Rajoy debería haber dimitido ya, y también "por otra razón": "Miente y miente con copiosidad", ha zanjado.

En la misma línea, el diputado de EH Bildu Oskar Matute ha asegurado que en dos minutos no podía resumir los años de corrupción del PP, aunque ha enumerado algunos asuntos. "Y sin que usted haya tenido la decencia de pedir disculpas", le ha dicho a Rajoy.

Los portavoces de PNV, UPN, Foro, Coalición Canaria y Nueva Canarias han criticado la celebración del pleno porque no va a servir para lograr explicaciones del PP sobre su supuesta financiación ilegal. Para el portavoz del PNV, Aitor Esteban, es "evidente" que el PP debe explicaciones al país y a sus votantes por hechos probados "de tal gravedad" que hacen "inevitables" las responsabilidades penales pero también políticas. En este sentido, dijo que es necesario que el presidente reconozca la existencia de una 'caja B', que aclare si el partido se benefició de donaciones opacas, quién destruyó los discos duros de ordenadores de su sede nacional y qué ha hecho para evitar "estas prácticas" dentro del PP.

"Sólo ha habido evasivas y eso es preocupante", ha añadido el portavoz vasco, para quien la investigación parlamentaria sin embargo no va a dar resultados. Es necesario que antes concluyan los procesos judiciales y haya sentencias.

Aitor Esteban ha tachado el Pleno de hoy de "trámite parlamentario vacío", pero también la reacción del PP ante la investigación de sus finanzas. La creación de otra comisión en el Senado para indagar en las de todos los demás es "pretender echar barro" y eso "desprestigia las instituciones", ha concluido.

Otros partidos políticos se han sumado a la censura del PNV. Iñigo Alli (UPN) ha calificado de "inútil" la sesión de hoy cuando "España tiene muchos problemas". "¿Qué gran revelación va a salir de este Pleno? Nada. ¿A quién vamos a aburrir con este Pleno? A todos los españoles", ha dicho.

Isidro Martínez Oblanca (Foro) también ha sido crítico con la celebración del Pleno, aunque por otro motivo. "Las mayores evidencias de corrupción sistemática en España son las que se refieren a PSOE, la mayoría investigadas en sede judicial", ha añadido. "¿Cuándo tendremos la oportunidad de debatir en esta cámara esas responsabilidades políticas? Me temo que nunca", ha concluido.

Por Coalición Canarias, Ana Oramas ha defendido la comparecencia de Rajoy ante el Congreso, pero no este miércoles en Pleno tras los atentados yihadistas y el reto independentista catalán. El presidente debe acudir, ha añadido, pero a la comisión de investigación sobre la caja B del PP: "Hoy no era el día". El último en intervenir ha sido Pedro Quevedo (NC), para quien es importante "buscar la verdad" pero en la citada comisión de investigación, ha insistido, que es donde se debe trabajar sobre este tema.

Una nueva lona publicitaria instalada en la Puerta del Sol por Netflix ha vuelto a generar polémica y se ha viralizado en las redes sociales casi nueve meses después de que la misma marca instalase un anuncio de su serie Narcos que provocó que la Embajada de Colombia pidiese que se retirase el cartel.

De nuevo se trata de una lona de grandes proporciones que cubre la fachada al completo del número 11 de la Puerta del Sol. En ella se puede leer un globo de texto que simula una aplicación de mensajería instantánea y en el que se puede leer "Sé fuerte. Vuelve Narcos", en una alusión al Narcosmensaje de texto que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se cruzó con el extesorero de su partido, Luis Bárcenas, en 2013.

La campaña de la distribuidora de series y películas a través de Internet por el momento ha conseguido viralizar su lona a través de las redes sociales, y varios medios de comunicación ya han recogido las impresiones de los internautas en sus páginas.

Entre otros, han compartido la imagen a través de las redes el secretario de Análisis Estratégico y Cambio Político de Podemos, Íñigo Errejón, que ha comentado: "Un vaso es un vaso, un plato es un plato y una mafia es una mafia. Narcos y la delgada línea entre ficción y realidad". Incluso el perfil en Twitter de la Policía Nacional ha compartido la imagen, pidiendo colaboración ciudadana con las unidades antidroga.

No es la primera vez que Netflix desata polémica con una lona en la Puerta del Sol. El pasado invierno, en el marco de su campaña navideña, Netflix promocionó la misma serie, Narcos, con una imagen del actor brasileño Wagner Moura, quien interpreta al narcotraficante Pablo Escobar en la ficción, acompañado de las palabras "Oh, blanca Navidad".

Esta alusión llegó a provocar que la Embajada de Colombia en Madrid instase al Ayuntamiento de Madrid gobernado por Manuela Carmena a retirar la publicidad. Sin embargo, la portavoz del Consistorio madrileño, Rita Maestre, zanjó a mediados de diciembre que el cartel no incumplía "ninguna normativa" y que por ello la corporación no tenía "competencia para actuar".

La presidenta del Congreso, Ana Pastor, ha fijado para el próximo miércoles día 30 de agosto, a las 9 de la mañana, la comparecencia extraordinaria en Pleno del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, sobre el caso Gürtel, sesión que la oposición acordó e impuso la semana pasada al PP, han informado a Europa Press fuentes parlamentarias.

La comparecencia de Rajoy fue solicitada por el PSOE y Unidos Podemos, por un lado, y por Esquerra (ERC) y el PDeCAT por otro, en ambos casos tras la declaración del presidente del PP como testigo en el juicio de la trama Gürtel que se desarrolla en la Audiencia Nacional. Estos grupos de la oposición consideraban insuficientes las explicaciones que Rajoy ofreció ante el tribunal de Gürtel y reclamaban un debate más político sobre la financiación del PP.

El PNV decidió apoyar estas peticiones e inclinó la balanza en la Diputación Permanente del Congreso a favor de la comparecencia de Rajoy, que salió adelante entre las protestas del PP. Su portavoz en el Congreso, Rafael Hernando, ironizó con el poco interés que en su opinión despierta en la sociedad la urgencia de esta comparecencia: "He paseado por las playas y todo el mundo me decía que era urgente que viniera Rajoy".

La semana parlamentaria será intensa porque el Ejecutivo del PP ha aceptado otras cuatro comparecencias de ministros en comisión antes del 1 de septiembre. Uno de ellos será el titular de Fomento, Íñigo De la Serna, que ya se ofreció a explicar el papel de AENA en el conflicto laboral del personal de seguridad del aeropuerto de El Prat.

El Gobierno y la oposición también han coincidido en pedir la comparecencia del ministro de Justicia, Rafael Catalá, para dar cuenta de los errores del sistema de comunicación LexNET que a finales de julio dejaron al descubierto documentos de causas judiciales abiertas.

La oposición, desde Ciudadanos hasta la izquierda, incluyó sin embargo un segundo punto de exigencia de explicaciones a Catalá, concretamente la posición del Ministerio ante las peticiones del Gobierno de Erdogan de dos intelectuales turcos detenidos en nuestro país.

La oposición obliga a Cospedal a comparecer

Además, en la Diputación Permanente también se aprobó la semana pasada citar en el Congreso en los próximos días al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para informar de las medidas sobre el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) en relación con Cataluña si la Generalitat utiliza recursos públicos para el referéndum independentista.

Igualmente, se dio vía libre por unanimidad a que la titular de Empleo, Fátima Báñez, informe al Congreso de sus planes sobre la renovación o no del Plan Prepara. Según el PP, esta comparecencia tendrá lugar el próximo martes, día 29.

La oposición añadió una quinta comparecencia del Gobierno, esta vez pese al voto en contra del PP. Afecta a la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, quien deberá acudir a la comisión correspondiente antes del 1 de septiembre para explicar la reciente orden militar que conmemoraba el aniversario del golpe de Estado franquista del 18 de julio de 1936 que dio paso a la Guerra Civil.

La oposición cuenta ya con los votos suficientes para que la Diputación Permanente del Congreso apruebe este jueves la celebración de un Pleno extraordinario para que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ofrezca explicaciones sobre la financiación del PP a la vista de su implicación en casos como Gürtel y los 'papeles' de su extesorero Luis Bárcenas.

El PNV ha anunciado que este jueves votará a favor de la comparecencia del presidente Mariano Rajoycomparecencia del presidente Mariano Rajoy ante el Pleno del Congreso por el caso Gürtel, una decisión que facilitará que la Diputación Permanente apruebe la comparecencia extraordinaria del jefe del Gobierno que han reclamado el PSOE, Unidos Podemos y los independentistas de Esquerra (ERC) y del PDeCAT.

En un comunicado, la formación jeltzale ha informado este miércoles de que el voto del portavoz del Grupo Vasco en la Cámara baja, Aitor Esteban, será afirmativoAitor Esteban y lo justifican en que esa petición es "un acto de legítimo control institucional".

El PNV recuerda que, "como ya ha manifestado reiteradamente en otras ocasiones, entiende que un asunto de la dimensión del llamado caso Gürtella dimensión del llamado caso Gürteldemanda la mayor información y claridad posibles, y que la comparecencia solicitada, aunque podría haber sido llevada a cabo en la comisión de investigación creada al efecto, constituye un acto de legítimo control institucional".

La comparecencia de Rajoy fue solicitada por el PSOE y Unidos Podemos, por un lado, y por Esquerra (ERC) y el PDeCAT por otro, en ambos casos tras la declaración del presidente del PP como testigo en el juicio de la trama Gürtel que se desarrolla en la Audiencia Nacional. Estos grupos de la oposición creen insuficientes las explicaciones que Rajoy ofreció ante el tribunal de Gürtel y quieren un debate más político sobre la financiación del PP.

Las peticiones se registraron el 27 de julio, pero la decisión final sobre si prospera o no la comparecencia de Rajoy corresponde a la Diputación Permanente del Congreso, que asume las funciones del Pleno en los meses fuera de los periodos ordinarios de sesiones.

Ciudadanos ya adelantó que no piensa apoyar esta comparecencia extraordinaria de Rajoy pues prefiere esperar a que acuda a la comisión de investigación creada en el Congreso para analizar la financiación del Partido Popular, donde se permite a la oposición interrogarle en lugar de asistir a una sucesión de discursos. Además, subrayan que mentir en una comisión de investigación está tipificado como delito, cosa que no se aplica en los Plenos.

El partido naranja no ha aclarado si se abstendrá o directamente votará en contra de la petición de comparecencia, pero al final su posición ya no será determinante pues, incluso si se opone a citar a Rajoy, el posible empate será deshecho por el PNV.

El Prat

Pero además de la comparecencia de Rajoy, La Diputación Permanente debatirá y votará este jueves una quincena de peticiones de comparecencia urgente de ocho de ministros sobre distintos asuntos. Sobre el conflicto de los vigilantes de Eulen en el aeropuerto de El Prat se pide tanto la presencia del titular de Fomento, Íñigo De la Serna, que ya ha anunciado que irá al Congreso en breve para hablar del papel de AENA, como de la responsable de Empleo, Fátima Báñez, por las consecuencias que ha tenido su reforma laboral en este asunto.

A Fátima Báñez también le pide cuentas el PSOE para que explique las previsiones del Gobierno para hacer efectiva la prórroga del Plan Prepara, cuya vigencia ha finalizado el 16 de agosto, con carácter retroactivo evitando la desprotección de los actuales beneficiarios.

La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, es reclamada por el PNV y el Grupo Mixto para que explique las medidas que ha adoptado en relación con una orden militar enviada desde la Agrupación de Apoyo número 61 en la que se ensalzaba el golpe franquista del 18 de julio de 1936 que dio origen a la Guerra Civil.

"En ese día se inicia oficialmente en toda España un alzamiento cívico-militar, en el que participa la mayoría del Ejército. Es un día importante en la historia de nuestra patria que merece ser recordado para que las generaciones futuras eviten el que se produzcan las circunstancias que propiciaron el enfrentamiento bélico -señala el escrito-. Los pueblos que olvidan su historia están irremisiblemente condenados a repetirla".

El PNV y ERC también quieren que comparezca Cospedal por un incidente ocurrido el pasado 25 de julio cuando dos cazas Eurofighter "causaron una gran alarma social" al hacer una pasada rasante sobre la pista central del Aeropuerto de Bilbao, en Loiu (Bizkaia).

Las vacaciones de Dastis

La escala en Ecuador que el ministro de Exteriores, Alfonso Dastis, y su familia, hicieron de camino a sus vacaciones en las Islas Galápagos será otro de los debates del jueves, ya que Esquerra Republicana (ERC) y Unidos Podemos quieren que el jefe de la Diplomacia explique "la utilización de los servicios y recursos de la Embajada española en Ecuador para fines particulares".

Al ministro de Energía, Álvaro Nadal, tanto ERC como el Grupo Mixto le piden comparecer para informar del aumento del precio de la electricidad para el consumidor doméstico, que España ha sido de un 67% respecto de 2008 mientras que en la Unión Europea ha sido del 30%, y para informar del aumento del precio de la electricidad del pequeño productor industrial en España, que ha sido del 80% en el mismo periodo mientras en la Unión Europea ha sido de un 24%.

El grupo de Unidos Podemos-En Comú y los independentistas de Esquerra y del PDeCAT exigen por su parte la comparecencia del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro para informar de las decisiones adoptadas por el Gobierno sobre una posible suspensión del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) a Cataluña en caso de que destine dinero al referéndum del 1 de octubre, una medida que consideran "una agresión" contra los servicios públicos catalanes y contra sus habitantes.

ERC y el PDeCAT piden además la comparecencia del ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, por las actuaciones de la Guardia Civil en los interrogatorios a funcionarios, empresas y altos cargos de la Generalitat de Cataluña, actuando como policía judicial y comunicando imputaciones, sin conocimiento del juez y sin las imprescindibles garantías.

Unidos Podemos y ERC también quieren que Zoido explique cuándo tiene previsto iniciar el procedimiento de revocación de la declaración de utilidad pública a la entidad "HazteOír" dado que dicha asociación no cumple con las finalidades que marca la ley para ser considerada como tal.

La frontera de Ceuta

Hay una tercera petición de comparecencia de Zoido, esta vez promovida por PSOE y Ciudadanos, para que aclare y explique, de manera "pormenorizada" y cuanto antes, cómo es posible que en menos de una semana se produzcan dos incidentes graves en la frontera de Ceuta con entradas masivas de inmigrantes, sin control alguno.

Recuerdan que el delegado del Gobierno en Ceuta, Nicolás Fernández Cucurull, llegó a calificar la entrada ilegal por el puesto fronterizo como un "fallo" en la seguridad y quieren que Interior explique por qué sigue ocupando el cargo.

Esquerra y Unidos Podemos se unen asimismo para que el ministro de Justicia, Rafael Catalá, ofrezca explicaciones sobre la posible extradición a Turquía del escritor turco-sueco Hamza Yalçin, que fue detenido en El Prat.

Esta semana se ha detenido a otro intelectual de origen turco reclamado por el Gobierno de Erdogan.

Por último, la oposición, tanto el PSOE y Ciudadanos como ERC y el Grupo Mixto, también pide la comparecencia extraordinaria del ministro de Justicia, Rafael Catalá, para dar explicaciones en relación con los fallos de seguridad del sistema LexNET.

Y vaya por delante que lo que digo aquí no es en su descargo, sino un intento por desvelar sus trampas mentales –que son similares a las de cualquier otra persona en su situación–.

Está en primer lugar la escenografía. ¿Cómo puede un país serio someter a su presidente al oprobio de sentarse en un banquillo, aunque sea como testigo, en supuesta igualdad con el resto de los ciudadanos? Pues como lo hizo el Tribunal. Sí, al testigo se le llama "testigo", sin más, e incluso se le somete a alguna presión y se le regaña ligeramente. Pero al mismo tiempo se le coloca en un estrado a la misma altura que el Tribunal, para evitar la humillación de la mirada alta de la Justicia sobre el sometido. Se le deja entrar por el garaje para evitarle el paseíllo humillante, se le organiza un perímetro de seguridad con la coordinación de Presidencia y de la Audiencia Nacional (por si alguien aún creía que Montesquieu estaba vivo), para evitar manifestaciones de gritones en los alrededores. Se le cita en verano y se le recibe en la puerta "por respeto institucional".

Nos gustará o no, pero eso es lo que ha pasado. Supongo que el Tribunal y el propio presidente, por supuesto, piensan que eso es lo que tiene que suceder. Que un presidente, que está citado como testigo y no como imputado, no puede ser tratado como uno más.

Segundo, está el "framing" o el enmarcado de sus respuestas ante las preguntas de los fiscales y abogados. No, el presidente jamás recibió "sobresueldos", sino "complementos" salariales. Que alguien explique cuál es la diferencia, aunque es obvio que un sobresueldo es muy feo y un complemento es bonito. Para Rajoy, eran complementos. Allí se repartían, el presidente lo ha confesado sin pudor, "complementos" a los salarios que muchos de los beneficiarios ya tenían como diputados, senadoras, o lo que fueran. Según parece, porque además nadie lo ha negado, en sobres de papel, cada mes. Que se declaraban a Hacienda, dice Rajoy. ¿Y bien? El punto no es que se declararan a Hacienda, sino de dónde venían los billetes.

¿Caja B? Rajoy no sabe nada. Recordemos que para Bárcenas era contabilidad "extracontable". "Caja B" es caca, cantidades "extracontables" suena mejor. Rajoy no se dedicaba a la "contabilidad" sino a la "política". Lo repitió muchas veces. Pío García Escudero dijo exactamente lo mismo. Y yo les creo. Ellos seguramente ni preguntaban de dónde venía el dinero ni a dónde iba. Para eso tienen poderes notariales los tesoreros. Para que sean ellos quienes administren, y ya de paso para agotar e ellos las responsabilidades legales.

Es alucinante que quien dirigiera las campañas del PP durante una década, pueda decir que no se dedicaba a las cuestiones "contables". Pero es probablemente cierto. Cada cual hace el trabajo que le toca, y al jefe no le tocaba el trabajo sucio. En cualquier rincón del mundo se sabe que la culpa de las tropelías de un subordinado es también de su jefe, por responsabilidad política. Pero yo creo que Mariano Rajoy debe pensar: "Toda esa gente con sus sobres, sus donativos y el lío contable, eran gente de Aznar. Y yo puse fin. Que paguen otros". Por eso Correa se convierte simplemente en un "proveedor", al que quizá saludó en un acto, cosa que el presidente ni recuerda. Y yo le creo. Probablemente su cerebro ha olvidado alguno de esos encuentros. Correa estaba en la boda imperial de la hija de Aznar en El Escorial, y en todos los mítines grandes que se organizaban en las grandes ciudades españolas, en los que también hablaba Rajoy, por supuesto. Es imposible –tampoco él ha negado tal cosa– que Rajoy no supiera quién era ese "proveedor", tan eficaz que montaba actos a la americana, con grandes focos, globos y banderas, pagados con dinero donado por constructores y generosos empresarios de otros sectores. Pero una cosa es saber de la existencia de un "proveedor" y otra preguntar de dónde saca el dinero para tanto marketing. No se pregunta y ya está. Y cuando la cosa se complica, como además el tipo es "de los de Aznar", se le echa y punto.

Rajoy salió indemne de su cita con la Justicia a cuenta de la vista número 101 del caso Gürtel, tras años de resistencia pegado a la roca como un percebe gallego (metáfora de Rosa María Artal), por dos motivos:

Primero, porque cree lo que dice. Convierte a Correa, una suerte de testaferro de las campañas del PP, en un simple proveedor. Como seguramente no preguntaba de dónde venía el dinero, porque el no está en la contabilidad, sino en la política, puede decir que no sabía. El y su gente no recibían sobresueldos sino complementos que declaraban a Hacienda. Y además, todo eso sucedió en la época de Aznar, el presidente chulito y arrogante tan distinto de él.

Y segundo, porque como hace ya dos décadas demostró John Zaller en un libro brillante (The Nature and Origins of Mass Opinion), por mucho que incrementes la información, a partir de cierto umbral, más datos redundantes no tienen ya efecto. Ya sabemos que la tierra es redonda o que el PP se financió ilegalmente mientras Rajoy lo dirigía. Por mucho que repitamos ya una cosa o la otra, la opinión pública no va a cambiar mucho. De manera que Rajoy puede permitirse el lujo de irse a veranear a la gallega. Porque no va a veranear a la riojana, claro. Es de sentido común.

El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, ha asegurado este martes que es "urgente" regular la acción popular tras el "juicio político" y el "show" que, a su juicio, "montaron" la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE) y el PSOE durante la declaración como testigo de Mariano Rajoy ante el tribunal que enjuicia la primera parte de la trama Gürtel.

En una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, Maillo ha señalado que la comparecencia sin preguntas del líder del PSOE, Pedro Sánchez, mostró que ya tenía preparada su intervención desde el día anterior y que "le daba igual" lo que hubiera dicho el presidente del Gobierno. "Vi a Sánchez enfadado con sus abogados, los de la toga roja. Pidió la dimisión extemporáneamente, con exageración e impostura", ha enfatizado.

Maillo ha señalado que "jurídicamente" lo que declaró Rajoy en la Audiencia Nacional fue "irrelevante" pero ha añadido que "políticamente" el interrogatorio se convirtió en un "show total", ya que, según ha dicho, todo formaba parte de una "estrategia montada por ADADE" y por el PSOE de Valencia y de Madrid, que tenían a sus letrados en la sala.

"La comparecencia en cuanto a su contenido final resultó innecesaria porque no se aportó nada nuevo y se convirtió en un juicio político promovido por el PSOE", ha manifestado, para añadir que lo que vieron "excesos" por parte de las acusaciones al interrogar por cuestiones que tenían "poco o nada" que ver con lo que se está enjuiciando, que son las campañas electorales de Pozuelo y Majadahonda en 2003. Por eso, ha recalcado que es "urgente" regular la acción popular.

Además, el coordinador general del PP ha asegurado que la comparecencia de Rajoy "se cerró ayer" y que el PP da por superada la prueba "sin duda". A su entender, Rajoy lo que hizo fue "colaborar con la Justicia" y decir "siempre la verdad", resultando "muy creíble, claro y contundente". "Creo que ayer muchos nos sentimos orgullosos del presidente del Gobierno", ha proclamado.

El testimonio desplegado este miércoles por el presidente del Gobierno ante el tribunal de Gürtel durante dos horas menos nueve minutos dejó tras sí un mensaje de apariencia granítica –"jamás me he ocupado de asuntos económicos"– pero resquebrajado en puntos cruciales del relato. Las fisuras se hicieron especialmente evidentes en sus explicaciones sobre el porqué de su drástica orden de ruptura con el grupo de empresas de Francisco Correa en 2004, la ausencia de denuncia y el mantenimiento de la relación comercial pese a las instrucciones que, según el presidente, transmitió el PP a todas las organizaciones regionales y de las que, confirmó por la noche el partido, no queda rastro escrito. Rajoy también resbaló en su versión sobre el significado exacto de los célebres SMS de apoyo que envió a Luis Bárcenas en 2012 cuando el extesorero ya estaba imputado en el caso: de hecho, aduce que su célebre mensaje de texto al hoy extesorero cuando ya estaba imputado – "Luis, hacemos lo que podemos"– no tiene "ningún significado" y que podría haber empleado "otra frase cualquiera"

Fue el abogado de Luis Bárcenas, cuya estrategia de defensa es hoy radicalmente opuesta a la que en 2013 le llevó a confirmar y dar detalles sobre la contabilidad B por él mismo manuscrita, el que torpedeó el interrogatorio de las acusaciones con continuas protestas por las preguntas sobre la supuesta financiación ilegal y el pago de sobresueldos. El presidente de la sala permitió la mayor parte de las preguntas planteadas sobre ese apartado pero frenó, en seco o sobre la marcha, algunas de las más afiladas. Y no solo en ese campo. Por ejemplo, las relativas a por qué la trama siguió trabajando para el PP después de 2004 –"lo desconozco absolutamente", respondió Rajoy cuando el abogado de los socialistas valencianos le expuso que las empresas Gürtel habían seguido proveyendo al PP de servicios– otra sobre si cuando Bárcenas dijo que en su cuenta suiza había dinero de "inversores" se refería al PP –no tenía "ni la más remota idea" de la cuenta suiza– o una tercera sobre si el líder conservador prestó ayuda al extesorero con los jueces, los fiscales o la Policía. "Esa es una pregunta impertinente –zanjó el magistrado Ángel Hurtado– porque lleva una carga incriminatoria importante".

El presidente hizo un auténtico leit motiv de la derivación de responsabilidades hacia los "servicios económicos" del partido –a cuyo frente estaban el octogenario Álvaro Lapuerta, exonerado de culpa por demencia sobrevenida– y Luis Bárcenas, ausente en esta sesión como el resto de los 37 acusados salvo uno. Ni Rajoy se ocupaba ni sabía nada relativo a las finanzas del partido ni "jamás" conoció la existencia de una caja B ni cobró un solo euro en sobresueldos en negro ni podía vigilar lo que sucedía "en los 8.000 ayuntamientos" del país. 

La línea argumental de Rajoy, aquella que le llevó a remarcar una y otra vez que su ocupación es la política estatal y no la contabilidad ni los percances que puedan registrarse a pequeña escala –esgrimió tres veces que no puede saber lo que ocurre en los 8.000 ayuntamientos del país– le llevó a remarcar, por ejemplo, que cuando a finales de 2004 Lapuerta le informó en presencia de Esperanza Aguirre de que se preparaba el que los investigadores del caso consideran el mayor pelotazo urbanístico de la trama, en el municipio madrileño de Arganda del Rey, así como otro conflicto con el precio de venta de otro suelo en Majadahonda lo que hizo fue "encargar" a la entonces presidenta de Madrid que averiguase qué sucedía y tomase cartas en el asunto. "La reunión fue clara: Hay un problema con estos Ayuntamientos y le dije a Esperanza Aguirre: ocúpate de esto". Rajoy negó que se le hubiera informado de que en alguna de las empresas involucradas en la operación de Arganda participase uno de los nombres propios del momento: Ignacio González, entonces vicepresidente de Madrid y ahora encarcelado por la Operación Lezo.

  1. Rajoy no aclara en qué consistía la "utilización" del nombre del PP que hacía Correa

En sus dos horas menos nueve minutos de declaración nadie consiguió que Rajoy aclarase qué significa exactamente que el grupo de Correa hubiera estado "utilizando" el nombre del PP ni que precisara por qué ordenó prescindir de sus servicios si no había "ninguna prueba" de ilegalidad ni sabía siquiera en qué municipios se había producido esa actuación. Es más, el presidente aseguró que dieron instrucciones a todos los territorios para que el partido no volviera a trabajar con esas empresas. Pero ni recibió respuesta de las direcciones regionales ni supo que en realidad Correa había seguido trabajando en Madrid y Valencia. "No tuve conocimiento porque no me preocupo de esos temas", respondió en un momento del interrogatorio.

Ángel Galindo, abogado defensor de José Luis Peñas, el acusado cuyas grabaciones secretas dieron munición a la Fiscalía para desarticular la red corrupta, le preguntó al testigo si había llegado a encargar algún dictamen jurídico al partido para confirmar o descartar que la actuación de esas empresas. Rajoy no respondió a ello. Galindo intentó que Rajoy confirmase aun de manera implícita que supo que "la trama iba por los ayuntamientos usando nombre partido "para conseguir contratos públicos". Pero el presidente reaccionó con rapidez: "Como he explicado antes el tesorero no me habló de ninguna trama sino de que había unos proveedores que estaban usando el nombre del PP, ¿pero es algo legal, ilegal, tienes algún tipo de prueba? [le pregunté] y él me dijo que no pero que no le gustaba".

Una vez que Benítez de Lugo le preguntó si era cierto que fue él quien dio la orden de cortar con Correa, Rajoy asintió, dató ese momento a mediados de 2004 y amplió así su respuesta: "El tesorero [Álvaro Lapuerta] me dijo que algunos proveedores del partido estaban utilizando el nombre del PP en Ayuntamientos de Madrid, le pregunté si había algo que él considerara que no se ajustaba a derecho, me dijo que pruebas no tenía pero que no le gustaban". Preguntó a Lapuerta qué proponía en consecuencia, el tesorero sostuvo que debían "dejar de trabajar con esos proveedores" y así mandó Rajoy que se hiciera.

En el segundo turno de preguntas, las formuladas por el letrado de los socialistas valencianos, Virgilio Latorre, las cosas se le complicaron a Rajoy. El letrado preguntó si Rajoy sabe cómo supo el tesorero que esas empresas estaban utilizando el nombre del PP. "Supongo que alguna gente se lo habría dicho", respondió con vaguedad. Luego negó conocer a Joaquín Molpeceres, el empresario que, según Bárcenas, dio la voz de alerta contra Correa. El abogado Latorre intentó apretar pero el presidente de la sala intervino. "Si no lo sabe es bastante", dijo.

Latorre prosiguió en su intento y le pidió al testigo si podía concretar qué era la "utilización indebida del nombre" del partido. Rajoy no aportó detalles. No había "ninguna prueba" de que su actuación fuese contraria a la ley pero por lo que le habían dicho "no me gustaba". "No se le vuelve a concretar y punto". ¿Y en qué municipios ocurrió aquello", insistió el letrado. "No me acuerdo". Y aquí llegó uno de los momentos clave, cuando el abogado expuso que, sin embargo, Correa había seguido trabajando para el partido: "Lo desconozco absolutamente porque cuando yo doy esa instrucción son los servicios económicos que creo que remitieron a todas las organizaciones regionales un documento diciendo que no se contratara con este grupo, yo lógicamente no voy a hacer el seguimiento, tiene usted que entender que es muy difícil porque hay 8.000 municipios en toda España".

  2. Y qué significa "Luis, hacemos lo que podemos"?

Fue Wilfredo Jurado, el abogado que representa a un grupo de concejales socialistas madrileños en el proceso, quien puso en dificultades a Rajoy al abordar los célebres SMS que envió a Luis Bárcenas en 2012, cuando la situación procesal del extesorero comenzaba de nuevo a complicarse tras un primer sobreseimiento que luego revocó la Audiencia Nacional.

"Meses antes de que se conocieran las cuentas suizas de Bárcenas –espetó Jurado a Rajoy– usted envió el SMS que decía "Luis, no es fácil pero hacemos lo que podemos". ¿Qué estaban ustedes haciendo?" Rajoy contestó alegando que "estábamos en otro contexto temporal", que tiene "la costumbre de responder a los mensajes de la gente" y, sobre todo, esto: "Podía haber utilizado esa frase u otra frase cualquiera. No tiene ningún significado". "¿Significa que no estaban haciendo nadaq?", repreguntó el abogado. "Significa lo que significa hacemos lo que podemos. Significa que no hicimos nada que pudiera perjudicar ningún proceso".

Jurado leyó un segundo SMS, el más célebre d etodos: "Luis, lo entiendo, sé fuerte". Y disparó un nuevo interrogante: "¿Qué es lo que entendió?" Rajoy respondió ahora del siguiente modo:  "Lo he dicho en numerosas ocasiones, uno manda muchos mensajes pero como he señado antes no dice absolutamente nada, hasta el punto de que no lo llamé [a Bárcenas]". ¿Ni directa ni indirectamente a través de otra persona?" "No", respondió el presidente. 

También el abogado defensor de Peñas hurgó en la herida de los SMS y de una información vinculada del mismo diario, El Mundo, sobre el supuesto encargo que Rajoy habría hecho al exdirigente del PP Alfredo Prada para que hiciera "gestiones" destinadas a "apartar a las fiscales del caso". "Absolutamente falso", proclamó tajante Rajoy segundos antes de que el presidente de la sala impidiera al letrado Ángel Galindo seguir por ese camino La pregunta, dijo el juez Ángel Hurtado, es impertinente "porque lleva una carga incriminatoria importante". Galindo intentó que Rajoy explicar si había pedido una rectificación a El Mundo.  Hurtado no lo consintió: "Las noticias de prensa se ventilan en la prensa". Capítulo cerrado.

  3. ¿Y por qué aparecería su nombre en esos papeles si Bárcenas no albergaba enemistad hacia Rajoy?

Crecido a medida que avanzaba el interrogatorio de José Mariano Benítez de Lugo, de la asociación Adade, la que logró su citación como testigo y que fue el encargado de abrir el interrogatorio, Rajoy trastabilló en esa ronda inicial una vez que el letrado le preguntó si en el año 2000, fecha en que su nombre aparece por primera vez en la contabilidad paralela como perceptor de supuestos sobresueldos opacos, Luis Bárcenas albergaba algún tipo de enemistad hacia él que explicase el porqué de esas anotaciones. "Yo no tenía ningún tipo de enemistad que yo sepa", respondió. ¿Por qué aparecería entonces su nombre dentro de esos papeles?", repreguntó Benítez de Lugo. Rajoy no tuvo que contestar. "Pregunta no pertinente", zanjó el presidente del tribunal, Ángel Hurtado. El jefe del Ejecutivo negó con énfasis, dureza y reiteración haber cobrado un solo euro en negro. Y si Bárcenas declaró que durante 20 años había llevado una contabilidad paralela, lo que ahora él mismo denomina anotaciones extracontables,  Rajoy tampoco tiene ni idea de ello: "Jamás me he ocupado de nada de contabilidad"

Para entonces, el presidente había repetido ya en "numerosas ocasiones", como él mismo dijo luego, que "jamás" se ocupó de asuntos económicos. Que jamás supo, por tanto, nada de a quiénes contrataba el partido. Lo suyo siempre ha sido y es hacer política, no manejar el dinero de la organización. Cuando esa idea ya se había afianzado en una sala con muchos más periodistas, abogados y público que acusados –solo se sentó en el banquillo en exalcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega, por "respeto" al segundo testigo del día, Pío García Escudero, citado a instancias suyas–, Benítez de Lugo asestó el golpe. "En marzo de 2009, usted dijo en una entrevista a Juan Ramón Lucas en Radio Nacional esto sobre Correa: "Ni un solo euro [han dado] al PP y lo digo con absoluto conocimiento de causa". ¿Por qué tenía absoluto conocimiento de causa?", inquirió el letrado. Y Rajoy buscó esquivar la contradicción así: "No controlaba pero [Correa] era proveedor. Era una respuesta de puro sentido común". "¿No por conocimento de causa?", repreguntó. "Por puro sentido común como era perfectamente entendible".

Antes de eso, Rajoy había ido sintiéndose progresivamente cómodo a medida que veía cómo la primera parte del interrogatorio se movía dentro del temario que, a tenor de sus respuestas, había preparado con tesón. Cuando su tocayo de Adade recordó que Bárcenas había declarado ante el juez Pablo Ruz, uno de los instructores del caso Gürtel, que quienes recibían los sobresueldos eran el presidente del partido, los secretarios generales y los vicesecretarios y el presidente de la sala hubiera declarado imprertinente la pregunta porque no roza sino que se sumerge de cabeza en la pieza de los papeles de Bárcenas, el letrado de la acusación hizo un segundo intento: ¿recibían sobres esas mismas personas? "No parece un razonamiento muy brillante", contestó Rajoy. Los 16 integrantes del público rieron. Y Rajoy se esponjó en el insólito chaflán –entre los abogados defensores y el tribunal– donde se había sentado a las 10.06 de la mañana. 

Benítez de Lugo no tiró la toalla. Rememoró cómo Francisco Correa declaró al inicio de la vista oral, en octubre, que cobraba de empresarios y se lanzó de nuevo en tromba: "¿Nunca le comentó ningún empresario que había entregado dinero para el partido?" "Jamás", proclamó rotundo Rajoy antes de calzar su respuesta con un estrambote: "No sé si ha equivocado de testigo". Benítez de Lugo protestó por eso último y el presidente de la sala reconvino al presidente: "No quiero observaciones tampoco. Pero no se le puede advertir antes de que la haga". El público rio de nuevo. Rajoy se relajó.

  4. ¿Y cómo sabe que el PP pagó su viaje familiar a Canarias en 2004?

Rajoy se cuidó de no utilizar términos que pudieran traducirse luego en paralelismos entre su declaración y la de la infanta Cristina en el caso Nóos. Pero en algunas preguntas se curó en salud. La primera y más ilustrativa, la que transcurridos 37 minutos desde el inicio de su comparecencia le formuló el abogado Benítez de Lugo sobre el viaje a Canarias que tras las elecciones de marzo de 2004, que desalojaron al PP de Moncloa en beneficio del socialista Zapatero, hizo en compañía de su familia.

¿Quién pagó ese viaje?, preguntó el letrado de Adade. “Lo pagó mi partido hasta donde yo sepa”, respondió Rajoy. El letrado le reprochó que hubiera dado una réplica a la gallega. Y Rajoy, que a esas alturas esperaba ya salir por completo airoso de una visita a la Audiencia que había comenzado esquivando, vía garaje, el batallón exterior de cámaras, se permitió un primer gesto de socarronería: “La contestación tiene que ser gallega porque no podría ser riojana”.

Más tarde, ya en el turno del letrado de los socialistas madrileños, el presidente topó de nuevo con el viaje a Canarias.  Y esta vez no hubo ironía. Porque Wilfredo Jurado utilizó aquel paréntesis de descanso como palanca para subrayar las contradicciones del presidente sobre su proclamada ignorancia total en materia de contabilidad y finanzas. “¿Cómo sabe que pagó el PP aquel viaje a Canarias, ha visto las facturas?” No, respondió el testigo antes de subrayar que nunca comprueba ninguna factura de los viajes del partido. Pero ese, contraatacó el abogado, era “un viaje particular, no del partido ni de ningún acto”. ¿Cómo sabe que lo pagó el PP?, insistió. El presidente de la sala intervino entonces: “Ya está respondida la pregunta”.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, señaló este miércoles, durante su declaración como testigo en el juicio de la primera etapa de la trama Gürtel (1999-2005), que en 2004, en cuanto supo que Francisco Correa estaba "utilizando el nombre del PP" en algunos ayuntamientos de Madrid, los servicios económicos del partido "remitieron a todas las organizaciones regionales un documento diciendo que no se contratara con este grupo". Nada más terminar la declaración de Rajoy, infoLibre solicitó oficialmente al PP copia de ese documento. La respuesta oficial fue la siguiente: "Si el papel existió en algún momento, después de 13 años ya no está". "A lo mejor se transmitieron las instrucciones verbalmente", añadieron.

El presidente del Gobierno compareció en la sede de la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares (Madrid) durante casi dos horas. En la declaración, las acusaciones populares incidieron, sobre todo, en la ruptura de relaciones entre la trama corrupta liderada por Francisco Correa y el PP. "Usted se ha vanagloriado de ser el que cortó la relación con el señor Correa, ¿no?", preguntó el letrado de la Asociación de Abogados Demócratas de Europa (Adade), José Mariano Benítez de Lugo. "Sí, fue en una reunión en mi despacho aproximadamente en el año 2004, hacia la última parte", afirmó el líder del Ejecutivo desde el sitio que el tribunal habilitó a la derecha de su mesa para que Rajoy pudiera esquivar la foto con los acusados de fondo.

Según relató el presidente de la formación conservadora, en esa charla el entonces tesorero del PP, Álvaro Lapuerta, le dijo "que algunos proveedores del partido estaban utilizando el nombre del PP en algunos ayuntamientos en Madrid". "Entonces yo le pregunté si había algo que él consideraba que no se ajustaba a derecho y me dijo que pruebas no tenía pero que no le gustaba. Le pregunté qué proponía y dijo: 'pues yo creo que deberíamos dejar de trabajar con estos proveedores'. Y efectivamente, yo le dije que dejara de trabajar con esos proveedores, que por otra parte no tenían contrato alguno con nuestro partido", relató.

Las acusaciones trataron de indagar un poco más en esta cuestión. "Estaban utilizando el nombre del partido... Si puede concretar en qué consistía esa utilización indebida...", deslizó Virgilio Latorre, el abogado que representa al PSPV-PSOE en el caso Gürtel. "No, solamente me dijo lo de la utilización", respondió Rajoy, que no pudo explicar tampoco cómo se había enterado Lapuerta: "No lo sé, supongo que alguna gente se lo habría comentado". También descartó tajantemente que en esa reunión estuviera el empresario Joaquín Molpeceres, la persona que, según el extesorero Luis Bárcenas, habría avisado a Rajoy de las "actividades ilícitas" de Correa: "No conozco a ese señor", afirmó el presidente.

Una orden que el PP no logra localizar

Según el líder del Ejecutivo, las instrucciones fueron claras: "No se le vuelve a contratar y punto". En este sentido, y a preguntas de Latorre, el jefe del Gobierno dijo: "Cuando yo doy esa instrucción, son los servicios económicos los que creo que remitieron a todas las organizaciones regionales un documento diciendo que no se contratara con este grupo. Pero tampoco se lo puedo asegurar. Porque claro, yo evidentemente no voy a hacer el seguimiento...". "¿Cómo comunicaron a todos los ayuntamientos o delegaciones que dejaran de contratar con Correa?", insistió Latorre. "Eso quien lo comunica no es el presidente del PP, sino que serán los correspondientes servicios económicos, como también es perfectamente entendible", zanjó.

El presidente del Gobierno, además, fue cuestionado sobre si, tras enviar dicha comunicación a las regionales, recibió contestación: "¿Algún tipo de respuesta por parte de ellos diciendo ya hemos adoptado las medidas o, por el contrario, vamos a seguir contratando?", puso sobre la mesa el abogado del PSPV. En esta cuestión, Rajoy volvió a ser escueto: "No he recibido ninguna".

Durante su declaración el pasado mes de enero en el juicio, que lleva ya más de un centenar de sesiones, el extesorero Luis Bárcenas afirmó que él recibió la instrucción e informó a todas las sedes regionales del partido de que cortaran todo tipo de relación con el líder de la Gürtel. Órdenes que supuestamente no llegaron al exsecretario general Javier Arenas. El exministro y durante años presidente del PP andaluz fue preguntado por la fiscal Concha Sabadell sobre si en las municipales y autonómicas la junta directiva nacional daba instrucciones a los municipios sobre a qué empresas contratar, algo que negó. ¿Y "alguna indicación" de no contratar a una determinada empresa? "Desconocimiento absoluto, no lo he vivido nunca", afirmó.

Según Bárcenas, sólo respondió el expresidente de la Comunitat Valenciana Francisco Camps señalando que él no trabajaba con Special Events, una de las compañías de Correa, sino que lo hacía con Orange Market. Algo que seguiría siendo así debido a la creatividad y ajustados precios que ofrecía "un genio", Álvaro Pérez El Bigotes.

La rueda continuó girando en Madrid y Valencia

A preguntas de la acusación de los socialistas valencianos, el presidente aseguró desconocer que, a pesar de sus directrices, en algunas regiones potentes como Madrid y Valencia "Correa siguió trabajando para el PP", en palabras de Latorre. "Lo desconozco absolutamente", dijo el jefe del Ejecutivo, que afirmó que "no tuvo conocimiento" porque él no se preocupa "de esos temas". En este sentido, tampoco se extendió mucho cuando le preguntaron por el congreso nacional del PP de 2008 en Valencia, el que encumbró a Rajoy y parte del cual organizó el grupo de Correa. "¿Sabe quién lo organizó?", le cuestionaron. "No", sentenció.

A pesar de las órdenes del presidente del partido, la Gürtel continuó funcionando a pleno rendimiento en la capital. Según un informe que la Intervención General de la Administración Pública (IGAE) elaboró en 2013 para el entonces juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, la Comunidad de Madrid mantuvo un trato de favor con las empresas de la trama entre 2004 y 2008. El Ejecutivo regional, según los interventores, tramitó seis expedientes de contratación por 1,14 millones de euros y 657 contratos menores –no sujetos a publicidad– por 5,33 millones. "En al menos 104 actos ha quedado acreditado el fraccionamiento", señalaron los auditores. Adjudicaciones troceadas para evitar el concurso público.

El conglomerado empresarial de Correa se ocupó principalmente de la organización y el montaje de actos institucionales y conmemorativos de diferentes consejerías de la Comunidad de Madrid. En este sentido, el informe de IGAE detectó 686 actos por 6,48 millones de euros. De ellos, 103 pagos carecían de facturas justificativas. La Fiscalía estima que la red corrupta, en connivencia con el ex viceconsejero de Presidencia Alberto López Viejo, consiguió amañar casi 350 actos del Gobierno regional, en esas fechas presidido por Esperanza Aguirre, por un valor que supera los 8,5 millones de euros.

La rueda también continuó girando en Valencia. Orange Market, por ejemplo, se encargó de montar el stand de la Generalitat en Fitur desde 2005 hasta el año 2009. Irregularidades en las contrataciones sobre las que se pronunció el pasado febrero el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana. Así, en el fallo por el que condenó a trece años a cada uno de los cabecillas de la trama, el TSJCV consideró probado que "crearon una trama empresarial para obtener distintos contratos de la Generalitat Valenciana en diversas ferias de turismo (...) tras realizar distintas actuaciones encaminadas a manipular, alterar e influir a su favor en la tramitación de los procedimientos administrativos de adjudicación de tales trabajos". Corruptelas que costaron a los valencianos 5,69 millones de euros.

Sin embargo, no fueron los únicos contratos que la trama de Correa logró arrancar a las administraciones públicas valencianas. Según un auto de 2009 del magistrado instructor del caso, la Generalitat adjudicó entre los años 2005 y 2009 contratos a las empresas de la Gürtelpor casi siete millones de euros. Además de Fitur, también consiguieron licitaciones, según se indicó en el auto, para otras ferias como TVC, Intur, SITC o Expovacaciones. "Desde 2005 le fueron adjudicados a esta sociedad por diferentes organismos de la Generalitat numerosos contratos de muy variado objeto", apuntaba el escrito.

Aunque el magistrado instructor no cifró una cantidad exacta, sí señaló que hasta ocho consejerías habían encargado trabajos al conglomerado empresarial de la trama. La de Bienestar Social, por ejemplo, le pidió dos actos de una de sus fundaciones. La de Cultura le dio 100.000 euros por actos del décimo aniversario de Castelló Cultural. Y la de Medio Ambiente, encargó un documental didáctico que ni tan siquiera concluyeron. Según el escrito, también otras entidades como Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) o Feria Valencia contrataron con la empresa de Pérez.

Alrededor de un centenar de manifestantes se han concentrado esta mañana en las inmediaciones de la Audiencia Nacional durante la declaración como testigo del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, por el caso Gürtel. Durante la concentración han criticado "el trato preferente" recibido por "el delincuente Rajoy", mientras que a ellos se les ha "cercado" como si fuesen "los malos".

El portavoz de la Coordinadora 25S --organizadora de la manifestación y conocida por el "Rodea el Congreso" de 2012--, Ramón Walsh, ha asegurado que en ningún momento han llegado a ver al presidente Rajoy porque "le dan un trato preferente para acceder" y la Policía Nacional ha situado lejos a los manifestantes. "Parece que a Rajoy le están homenajeando y que nosotros somos los malos. Los malos están ahí dentro declarando por robar", ha aseverado en declaraciones recogidas por Europa Press.

"Nos hemos concentrado porque Rajoy está declarando como testigo de la corrupción. Ha ocupado los más altos cargos del partido desde los años 90, era testigo y no ha hecho nada", ha explicado el portavoz de los organizadores de "Rodea el Congreso", quien ha exigido la ilegalización del PP porque es un partido con "más de 800 imputados por corrupción" y porque "sus políticas antisociales están afectando negativamente a la vida de las personas".

Asimismo, Walsh ha cargado contra "la impunidad del régimen" y ha garantizado que los acusados por corrupción "nunca devolverán lo robado, nunca pagarán cuentas por las políticas sociales y nunca pagarán cuentas por los suicidios a los que han afectado sus políticas". "La única posibilidad es un cambio de régimen, un proceso constituyente", ha apuntado.

Más movilizaciones contra "Mariano Corleone"

Walsh ha recordado que habrá más movilizaciones, empezando por las de este viernes a las 20 horas en las sedes del PP en Génova (Madrid) y en Valencia, "otra región bastante afectada por la corrupción del PP". Por último, se ha referido a las "dificultades de acceso" a la zona de la manifestación celebrada este miércoles y ha lamentado que no se haya permitido el paso a las cámaras de televisión ni a los fotógrafos.

Durante la protesta, los manifestantes han tachado a Rajoy de "delincuente" y de liderar "una mafia llamada Partido Popular". Un centenar de personas han acudido a la concentración y han sido ubicados a más de cien metros de la Audiencia Nacional, previo paso por "un filtro de seguridad" efectuado por la Policía Nacional.

Entre los cánticos de la manifestación, han destacado los dirigidos contra el presidente "Mariano Corleone", pero también contra otros miembros del Gobierno, como la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal. "El presidente es un delincuente", "no es un Gobierno, es una mafia", "¿dónde están? No se ven. Los ladrones del PP" y "Mariano, dimite; el pueblo no te admite" han sido algunos de los más repetidos.

El Partido Popular de la Comunidad de Madrid ha cargado en las redes sociales contra el abogado Mariano Benítez de Lugo, que ha interrogado en la Audiencia Nacional al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, durante su declaración como testigo en el marco de la causa de la Gürtel, y le ha acusado de ser votante socialista y "padre de un podemita imputado", según informa Europa Press.

Benítez de Lugo, abogado de la acusación popular representada por la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade), es presidente de honor de esta formación, que ha forzado la comparecencia de Rajoy como testigo ante la Audiencia Nacional por el caso Gürtel.

Durante la declaración de Rajoy, el Partido Popular de Madrid se ha dedicado a recordar quién es De Lugo y también se ha hecho eco de un tweet enviado desde la cuenta del PP nacional, que recogen unas supuestas declaraciones del abogado el pasado lunes en las que afirma que siempre ha votado al Partido Socialista.

Ese mensaje también asegura que el abogado fue director general de Administración Local en el Gobierno de Felipe González durante dos años, desde 1983 hasta 1985 y candidato al Congreso de los Diputados por la lista del PSOE en 1977.

TVE ha relegado al Canal 24 horas la comparecencia de Mariano Rajoy como testigo en el caso Gurtel, que juzga la Audiencia Nacional. La 1 ha soslayado el acontecimiento informativo y ha emitido la habitual entrega de Las Mañanas. En contraposición, Mediaset ha dedicado sus dos principales canales (Telecinco y Cuatro) a este asunto; otro tanto ha hecho Atresmedia, al emitir la señal en directo, tanto en Antena 3 como en La Sexta. También se ha sumado a la transmisión Telemadrid, aunque no lo ha hecho 13TV.

En la sede de los Informativos de TVE, se ha criticado con dureza la actuación de la dirección. "Una vergüenza", "censura pura y dura", "hasta el final al servicio del PP", eran los comentarios de muchos periodistas, que también mostraban su indignación en redes sociales. La actuación de la dirección se produce claramente contracorriente del interés que el hecho ha despertado en España y medios informativos internacionales. De hecho, se han acreditado más de trescientos profesionales de medios de información españoles y extranjeros y la imagen está siendo emitida total o parcialmente por numerosos medios internacionales.

Denuncia del Consejo de Informativos

El órgano de representación de la redacción ha emitido un comunicado a la opinión pública en el que denunciaba que La 1 hubiera silenciado la comparecencia de Rajoy en el juicio de la Gürtel y consideraba "urgente relevar a la dirección de Informativos". Este es el texto emitido por el Consejo de Informativos (CdI):

"El Consejo de Informativos de TVE denuncia la decisión de la dirección de Informativos de no emitir en directo en La 1 la comparecencia del presidente del Gobierno como testigo en el juicio del caso Gürtel. La primera cadena se ha convertido así en la única generalista que no ha ofrecido en directo las declaraciones de Mariano Rajoy. Algo inexplicable desde el punto de vista profesional, dado que se trata de un acontecimiento de enorme relevancia informativa. En este caso, además, la presencia del presidente del Gobierno estaba relacionada con un caso de corrupción que afecta presuntamente al partido que gobierna en España.También denunciamos el tratamiento dado en el TD1 a la noticia. No ha habido pieza de contexto sobre la 'trama Gürtel' y los motivos que han llevado al presidente a tener que declarar como testigo; se omite la parte más comprometida de la declaración de Mariano Rajoy cuando le preguntan por uno de los mensajes que mandó al extesorero del PP, Luis Bárcenas (“Luis nada es fácil pero hacemos lo que podemos”), y se censuran las imágenes de las protestas a las puertas de la Audiencia Nacional.Además, el Telediario ha ofrecido una crónica sobre otras declaraciones judiciales de presidentes y primeros ministros españoles y extranjeros. Se trata de una comparación forzada con objeto de minimizar la primera comparecencia de un presidente del Gobierno español en ejercicio. Es más, esa pieza se ha encargado con una lista concreta de personajes, una consigna que ha provocado que dos de las tres piezas emitidas sobre la vista de hoy no se hayan firmado por desacuerdo con el enfoque. El CdI considera que es un nuevo ejemplo de uso de la televisión pública para fines progubernamentales o partidistas. Este tipo de decisiones, achacables en exclusiva a los responsables de Informativos, producen un daño difícilmente reparable en la credibilidad de TVE. Por ello, para frenar este deterioro, es urgente relevar a la actual dirección de los Servicios Informativos para poner al frente a profesionales de la Casa de buen hacer periodístico y contrastada independencia".única generalistaenorme relevancia informativa

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En paralelo, CCOO en RTVE ha insertado mensajes de denuncia en los que afirma "En el @PPopular, además de corruptos y manipuladores, torpes. Sus manipulaciones son de lo más burdas. Gracias a la ciudadanía por su apoyo. La cadena de la vergüenza en tanto y cuando esté dirigida por la banda de la corrupción y la manipulación".

Por su parte, la sección sindical de UGT ha difundido un escrito en el que afirma que "lo que esta dirección deja de nuevo claro como el agua es que está por y para el Partido Popular, que su arbitrariedad a la hora de asignar canales y tiempos es notoria a nivel periodístico, que son incomprensibles sus decisiones porque solo se pueden entender a nivel político y bajo el lema Salvar al soldado popular. Estamos hartos de tener una dirección de partido, de ofrecer a la ciudadanía manipulación y no información, hartos de que nuestra radio y televisión públicas estén al servicio del PP y no de la democracia".

Rajoy ya ha llegado a la Audiencia a las 9.47, aunque ha logrado eludir las cámaras de los periodistas entrando en coche por un acceso lateral, según ha informado La Sexta.

Luis Bárcenas, extesorero del PP, no estará finalmente presente en la declaración del presidente del Gobierno, según han informado fuentes del entorno del extesorero.

Un centenar de manifestantes se han concentrado a las puertas del tribunal, convocados por la Coordinadora 25S, para exigir "ilegalizar al Partido Popular: el partido de la mafia". Los manifestantes han coreado consignas contra el PP, como "Rajoy y Cospedal, a Soto del Real", según Europa Press. Algunos de ellos portan paraguas de colores rojo, amarillo y morado, los de la República, bajo el lema "Nos mean y nos dicen que llueve".

Llegará a la Audiencia con su ayudante, aunque no le acompañará nadie del PP ni del Gobierno, según informa Europa Press.

La jornada 101 del juicio sobre el caso Gürtel pasará este miércoles a la historia como la de la primera declaración prestada como testigo por un presidente del Gobierno en un proceso penal, el que examina la formidable red de corrupción tejida en torno a administraciones del PP. En calidad de "ciudadano español", por los cargos ostentados en el PP durante la etapa sometida a juicio –la llamada Época I, de 1999 a 2005– y no como jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy se someterá desde las 10.00 horas a un interrogatorio cargado de incógnitas: incógnitas sobre su propio contenido y sobre si el tribunal impondrá límite de tiempo para las preguntase bajo el argumento de que a renglón seguido testifica el presidente del Senado, Pío García Escudero; e incógnitas también sobre los hipotéticos privilegios que, salvo viraje de última hora, beneficiarán a Rajoy con el objetivo formal de "preservar su imagen institucional". Como testigo, el presidente tiene obligación de decir la verdad, y así lo preceptúa el artículo 458 del Código Penal. Y eso, como establece el artículo 460 del Código, implica no incurrir en inexactitudes o silencios sobre hechos relevantes que conozca. La expectación –312 periodistas acreditados de 83 medios, 21 de ellos extranjeros– es máxima; las medidas de seguridad, también.

Rajoy iba a ser recibido a su llegada y ya dentro de la sede judicial por el presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro. El presidente se ha desplazado solo con su ayudante a la Audiencia  y no le acompaña nadie del Gobierno ni del PP, según indicaron a Europa Press fuentes próximas al jefe del Ejecutivo.

Una vez entre en la sala de vistas, tampoco se sabe desde qué punto exacto prestará declaración el presidente. Pero la hipótesis que se perfila como más probable es que el tribunal lo ubique en un asiento distinto al reservado a los demás testigos para evitar que la alineación que aparezca tras su espalda en cada foto o plano de la sesión sea la del banquillo de los acusados.

La  ausencia de Bárcenas

Esta mañana habrá notables ausencias en ese banquillo, en ocasiones casi vacío previa dispensa de la sala y formalmente ocupado por 37 acusados, 14 de los cuales mantuvieron algún vínculo con el PP como militantes o cargos públicos o de confianza. El principal procesado, Francisco Correa, y sus lugartenientes Pablo Crespo y Álvaro Pérez, todos ellos en prisión por la condena a que ya han sido sentenciados en Valencia, no acudirán a la vista. 

Esta mañana, y tal como su entorno había anunciado días atrás, fuentes próximas a Luis Bárcenas han confirmado que tampoco asistirá a la vista de hoy. 

Entre los interrogantes ya despejados se cuenta el del papel que desempeñará Alejandro Luzón, nuevo fiscal jefe Anticorrupción. Luzón estará presente en la sala como gesto de apoyo a las dos fiscales del caso y por "cortesía institucional". Pero si la Fiscalía, que se opuso a la declaración de Rajoy, opta por formular alguna o varias preguntas, hacerlo correrá a cargo de las fiscales.

La gran incógnita que persiste apela no obstante al contenido y los tiempos del interrogatorio. Está por ver qué margen de libertad concede el presidente de la sala, Ángel Hurtado, a las acusaciones populares para preguntar a Rajoy por todo lo relacionado con la financiación del PP y los sobresueldos. Formalmente, se trata de materias incluidas en la pieza a que ha dado nombre el extesorero, la de los papeles de Bárcenas, y no en la que ahora juzga la Audiencia desde el pasado 4 de octubre. Pero desde el inicio de la vista el tribunal aplicó una máxima: la de que obtener datos que permitan alcanzar una visión de conjunto sobre lo sucedido goza de primacía sobre el modo en que se ha troceado la causa para evitar que el volumen de papeles terminara sepultando a quienes intervienen en ella y haciendo ingobernable la instrucción.

Comisiones y financiación irregular

La primera evidencia de que el tribunal había decidido priorizar el conocimiento exhaustivo de los hechos sobre la cuestión de a qué pieza separada pertenece cada uno de esos hechos la ofreció la declaración de Francisco Correa ya en octubre. El jefe de la trama Gürtel aseguró que las empresas interesadas en la obtención de contratos públicos pagaban comisiones del 3%. A partir de ahí, la investigación sobre los papeles de Bárcenas, entonces en camino hacia su enjuiciamiento, fue reabierta. Y en la vista oral sobre la Época I, las fiscales asignadas al caso, Concepción Sabadell y Concepción Nicolás, encontron expedita la vía para interrogar a los sucesivos acusados y testigos por los entresijos financieros del PP, las presuntas donaciones opacas, los supuestos sobresueldos en B y todo lo que durante años conformó la contabilidad B del PP, cuya existencia consideran acreditada Anticorrupción y la propia Abogacía del Estado. 

La permisividad del tribunal en esa materia es la que explica que las acusaciones, empezando por la fiscal Sabadell, asaetearan el 20 de junio con preguntas sobre las cuentas del partido a los cinco dirigentes históricos del PP que ocuparon los mismos cargos que Mariano Rajoy antes de su ascenso a la cúpula del PP. Es decir, a quienes habían sido vicesecretario general o secretario general: Francisco Álvarez Cascos, Javier Arenas, Jaime Mayor Oreja, Rodrigo Rato y Ángel Acebes. Arenas es el único de los cinco que conserva un puesto –vicesecretario de política autonómica y local– en la actual ejecutiva. Todos ellos coincidieron en todo: ni tuvieron el menor conocimiento de ninguna caja B, que al unísono dieron por inexistente; ni gozaban de competencias para contratar; ni saben en resumen nada de lo que el partido hacía con el dinero ni conocen ninguna potencial irregularidad o ilegalidad. Por no saber, Arenas y Acebes ni siquiera tenían constancia de que alguien –y ese alguien era Mariano Rajoy según su propio relato– hubiera prohibido seguir contratando con Francisco Correa y los suyos.

Este martes, José Mariano Benítez de Lugo, el abogado de la asociación Adade que ejerce una de las tres acusaciones populares y que logró la citación de Rajoy como testigo, pidió al presidente del tribunal que sea "flexible". Benítez de Lugo espera que el magistrado Ángel Hurtado le permita preguntar al presidente del gobierno, Mariano Rajoy, sobre todo aquello que tenga relación con el caso, no solo acerca de los contratos de la trama. "Sería increíble que ahora operara con un criterio restrictivo sobre las preguntas", ha recalcado.

En una entrevista en Onda Cero recogida por Europa Press, Benítez de Lugo ha declarado que "no es descartable" que la fiscalía no tenga "nada que preguntar" a Rajoy. "Si se opusieron a mi solicitud de declaración de Rajoy no tendría sentido que preguntasen, salvo que el señor Rajoy haya metido la pata en alguna contestación y le intentasen ayudar a sacarla", ha declarado.

Del mismo modo ha aclarado que, aunque según el tribunal solo "habría una hora para hacerle preguntas a Rajoy", el abogado de Adade se tomará el tiempo "que considere necesario para intentar averiguar la realidad de lo sucedido".

El fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, estará presente este miércoles en el interrogatorio al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que comparece en calidad de testigo en el juicio de la primera época de la trama Gürtel, para "apoyar" a las fiscales del caso —Concepción Sabadell y Concepción Nicolás— pero no formulará preguntas en nombre del Ministerio Fiscal.

El recién nombrado fiscal jefe Anticorrupción precisó en declaraciones a Europa Press que acudirá a esta nueva sesión de vista oral que acogerá la Audiencia Nacional "en un marco institucional" en tanto declaran Rajoy y el presidente del Senado, Pío García Escudero, ambos "máximos representantes de dos de los tres poderes del Estado".

No obstante, Luzón precisó que no acudirá para atribuirse protagonismo durante el juicio ni tampoco para restárselo a las fiscales del caso, que son las que dirigirán el interrogatorio al presidente del Gobierno, según informó la Fiscalía General del Estado. A su juicio "lo más razonable" es que sean estas representantes del Ministerio Público las que se encarguen de formular las preguntas a Rajoy en caso de que quede alguna cuestión que no haya sido formulada previamente por las partes.

El presidente del Gobierno comparecerá este miércoles en calidad de testigo a petición de la acusación popular ejercida por Adade, que le preguntará por su conocimiento acerca de las actividades realizadas entre 1999 y 2005 por la trama Gürtel, ya que durante los años 1990 y 2003 fue vicesecretario general del PP y "responsable de asuntos electorales" del partido.

El cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, su número dos, Pablo Crespo, y el responsable de una de las empresas de la red en Valencia, Álvaro Pérez 'El Bigotes', no acudirán este miércoles a la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares (Madrid) para asistir a la declaración como testigo del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, han informado fuentes jurídicas a Europa Press.

Rajoy tendrá que testificar ante el tribunal de la Audiencia Nacional que juzga a los 37 acusados por participar en las actividades de la Gürtel realizadas entre 1999-2005, entre los que se encuentran algunos ex altos cargos del PP como el extesorero Luis Bárcenas y los exalcaldes de Majadahonda y Pozuelo, Guillermo Ortega y Jesús Sepúlveda --exmarido de la exministra Ana Mato-- y en la que la formación política es considerada partícipe a título lucrativo.

Las fuentes consultadas han indicado que ni Correa, ni Crespo, ni Pérez acudirán mañana a la sesión número 101 del juicio que comenzó el pasado 4 de octubre. De hecho, los principales acusados --al igual que el resto-- no tienen la obligación de asistir a la vista oral si el testigo no es propuesto por ellos mismos o no tienen relación o implicación con el mismo, tal y como lo decidió el tribunal presidido por el magistrado Ángel Hurtado.

Además, los líderes de la trama Gürtel están eximidos de presenciar las sesiones del juicio para evitar las dificultades de los traslados desde la prisión de Valdemoro (Madrid) en la que ingresaron el pasado mes de febrero para cumplir la condena de 12 y 13 años impuesta por el Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJV) por por amañar los contratos de los 'stand' de la Comunidad Valenciana en Fitur.

Quien sí asistirá a la sesión es el extesorero popular Luis Bárcenas, han afirmado dichas fuentes, que han señalado que no irá acompañado de su mujer, Rosalía Iglesias, también acusada en esta pieza.

Luzón asistirá al juicio

Por otro lado, el recién nombrado fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, acompañará a las fiscales del caso Gürtel, Concepción Sabadell y Concepción Nicolás, que serán las que dirijan el interrogatorio al presidente del Gobierno si así lo consideran oportuno, según han informado la Fiscalía General del Estado.

Tanto el Ministerio Público como la Abogacía del Estado se han opuesto siempre, las cuatro veces que Adade lo ha solicitado, a que el presidente del Gobierno compareciese como testigo en este juicio porque consideran que es una declaración "inútil e innecesaria", además de "redundante" a estas alturas de la vista oral.

El jefe del Ejecutivo ha sido propuesto como testigo por la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade) por haber sido el vicesecretario general del PP entre 1990 y 2003 y "responsable de asuntos electorales". Será el abogado de esta acusación popular José Mariano Benítez de Lugo quién formulará la batería de preguntas al presidente del Gobierno.

En cuanto a las defensas, han precisado que inicialmente no tienen intención de hacer ninguna pregunta a Rajoy, aunque han señalado que habrá que ver cómo se va realizando el interrogatorio para decidir si es necesario cuestionar al presidente del Gobierno en relación a sus clientes.

La comparecencia de Rajoy comenzará a las 10.00 horas y será de forma presencial, pese a que él solicitó que fuese por videoconferencia por motivos de seguridad y ser el medio "menos pertubador" en el ejercicio de sus funciones.

La recta final hacia la declaración de Mariano Rajoy como testigo ante el tribunal de Gürtel mantendrá intacto hasta su último milímetro uno de los grandes interrogantes de la comparecencia con mayor relevancia política del juicio: el de hasta dónde permitirá este miércoles el presidente de la sala, Ángel Hurtado, que las acusaciones pregunten al presidente del Gobierno por la presunta financiación ilegal –en puridad, entonces solo irregular– plasmada en una contabilidad B que no solo Anticorrupción sino la propia Abogacía del Estado dan ya por acreditada y que habría permitido al PP ingresar entre 1990 y 2009 donaciones en negro así como pagar a sus dirigentes sobresueldos igualmente opacos.

Oficialmente, ese vasto apartado se incluye en la pieza de los llamados papeles de Bárcenas, distinta a la que está juzgando la Audiencia Nacional. Pero hace solo un mes, y cuando la citación de Rajoy era ya firme, el tribunal dio vía libre a las acusaciones para interrogar sobre esos puntos a los cinco antiguos dirigentes del PP que se sucedieron en los mismos cargos que había desempeñado el presidente antes de convertirse en líder máximo del partido: vicesecretario general y secretario general. Francisco Álvarez Cascos, Jaime Mayor Oreja, Rodrigo Rato, Ángel Acebes y, muy especialmente, Javier Arenas recibieron una batería de preguntas al respecto. La fiscal Concepción Sabadell le preguntó, por ejemplo, a Arenas desde quién recibía los donativos a si el entonces tesorero, Álvaro Lapuerta, tenía autorización "para llamar a algún ministerio", en clara referencia a que las hipotéticas donaciones se entregarían a cambio de contratos.

El nombre de Mariano Rajoy aparece en los papeles de Bárcenas como receptor de 6.300 euros trimestrales entre 2002 y 2008. Y durante su declaración ante el juez Pablo Ruz en julio de 2013, el extesorero sostuvo que, además, había entregado 20.000 euros al presidente "en el verano de 2009" y 25.000 "en marzo de 2010" en sendos sobres. Y otras dos cantidades idénticas en las mismas fechas a María Dolores de Cospedal. Bárcenas, cuya estrategia de defensa es hoy radicalmente opuesta a la de 2013, se opuso en abril a que el líder del PP fuese citado como testigo. Algunas fuentes de su entorno aseguran que este miércoles no estará en la sala de vistas durante la declaración de Rajoy, pero infoLibre no ha podido verificarlo.

Preguntas para obtener "una visión de conjunto"

El PP lleva días difundiendo la tesis de que Rajoy acude como testigo para decir lo que sabe sobre los 245.000 euros que los manejos de la trama habrían reportado al PP  –de ahí que se arriesgue a ser declarado partícipe a título lucrativo o beneficiario económico–. O más exactamente –y esa es la versión del PP, no la de la Anticorrupción– a los alcaldes de dos municipios madrileños, Majadahonda y Pozuelo, ambos acusados, que emplearon el dinero en su campaña municipal de 2003.

En realidad, no es así. Dictado el 19 de abril con el voto en contra del presidente de la sala, a quien este lunes dedicó una encendida alabanza el coordinador general del PP, Fernando Martínez Maíllo, el auto de citación de Rajoy no acota el campo del interrogatorio al episodio de Majadahonda y Pozuelo. Muy al contrario, introduce un párrafo alusivo a la ausencia de límites. "Circunstancias procesales –dice la resolución–como la necesidad de fragmentación de las causas complejas para hacerlas mínimamente manejables no pueden llegar al punto de impedir al tribunal que disponga de una mínima visión de conjunto que le permita alcanzar una apreciación lógica, racional y lo más real posible de los hechos". En resumen: que una cosa es que el sumario se haya troceado en piezas porque de otro modo sería ingobernable y otra muy distinta que a Rajoy o cualquier testigo no se le puedan formular preguntas que ayuden al tribunal a obtener "una visión de conjunto".

De hecho, cuando la fiscal Concepción Sabadell la emprendió a preguntas con Javier Arenas el 20 de junio, el juez Hurtado no planteó objeciones. Tampoco las puso cuando la fiscal lanzó la siguiente pregunta a quien durante años gobernó el PP andaluz y ahora ostenta la vicesecretaría de política autonómica y local del PP: "¿Ha recibido alguna cantidad en efectivo?" Javier Arenas, que por no saber aseguró que ni siquiera sabía que alguien hubiera dado instrucciones en 2004 para no contratar más con determinadas empresas –las de Correa–, negó tajante el cobro de cualquier sobresueldo. Y todo lo demás. Ese todo incluye cualquier atisbo de conocimiento de que el partido manejara una contabilidad B paralela a la oficial. Los otros cuatro dirigentes tampoco saben qué hacía el partido con el dinero. Y tampoco –declararon sujetos a la obligación de decir la verdad– cobraron nunca sobresueldos en negro.

Los cinco declararon como testigos de espaldas al banquillo de los acusados pero a su misma altura y mirando de frente al tribunal. A diferencia de ellos, no se sabe dónde exactamente se sentará el presidente. Este lunes y en respuesta a la pregunta de la asociación de abogados Adade –la acusación popular que reclamó la declaración de Rajoy– sobre dónde se ubicará el testigo, el tribunal ha comunicado que la decisión no se tomará hasta este mismo miércoles. Fuentes jurídicas interpretan esa respuesta como un nuevo signo de discrepancia en el seno de la sala. El interrogatorio de Rajoy está fijado a partir de las 10.00 de la mañana.

De las comisiones del 3% a los "organismos centrales"

Pero no solo los antiguos vicesecretarios generales y/o secretarios generales han tenido que responder sobre la caja B, los sobresueldos anotados por Luis Bárcenas en lo que el extesorero define ahora como "anotaciones extracontables" y las donaciones/comisiones a las que nada más comenzar el juicio en octubre de 2016 se refirió Francisco Correa para sorpresa general e inquietud de quienes ya se habían congratulado por el cerrojazo a la instrucción de los papeles de Bárcenas.

La pieza de los papeles ha sido reabierta. Pero esa no ha sido la única consecuencia práctica de la declaración de Francisco Correa sobre el supuesto pago de comisiones del 3% abonadas por empresas que querían contratos públicos así como la brevísima prestada por otro de los acusados, el empresario Alfonso García Pozuelo. Antiguo dueño de Constructora Hispánica, Pozuelo alcanzó un acuerdo con la Fiscalía para rebajar su condena. En el juicio, y sin más detalles, hizo una confesión enigmática: que le había dado dinero al jefe de la trama para "organismos centrales". La fiscal no repreguntó. Y García Pozuelo rehusó contestar a las acusaciones populares, así que el misterio persiste nueve meses después.

Junto con la reapertura de la investigación sobre los papeles de Bárcenas, las declaraciones de Correa y García Pozuelo alcanzaron un segundo efecto inmediato: todo lo vinculado a la –presunta– financiación ilegal del PP ha sobrevolado desde entonces la sala de vistas donde se juzga la pieza denominada como Época I (1999-2005).

Además de a Cascos, Arenas, Rato, Acebes y Mayor Oreja, el tribunal ha permitido que Anticorrupción y, en menor medida, las acusaciones populares pregunten a otros testigos por la contabilidad B del PP. Por ejemplo, al exsenador Luis Fraga, quien rebautizó los papeles de Bárcenas cuando la fiscal Sabadell le preguntó si había recibido retribuciones del PP sin declarar: "Eso ha salido en los llamados papeles de Génova". O al empresario Joaquín Molpeceres, a quien la fiscal interrogó sobre si es el "Volpeceres" que aparece en los papeles de Bárcenas.

También el exdiputado Jaime Ignacio del Burgo se adentró en el territorio de los papeles de Bárcenas. Del Burgo admitió que el extesorero del PP Luis Bárcenas le entregó dinero en efectivo para que se lo hiciese llegar a otras personas, no por decisión suya sino porque era un "ejecutor de órdenes".

Incluso a Rosendo Naseiro,  protagonista del primer –presunto– caso de financiación ilegal del partido, que se salvó in extremis gracias a que el Supremo anuló en 1992 las principales pruebas que incriminaban a sus responsables y ahora de nuevo en primer plano tras su paso por la comisión de investigación del Congreso, le dirigió la fiscal Sabadell una pregunta sobre el asunto.  "¿Con usted se inició la caja B del PP?", preguntó Sabadell. "Falso, totalmente falso". Ocurrió el 7 de marzo. A diferencia de lo que hace dos semanas ocurrió en el Congreso, a Naseiro le resultó perfectamente audible lo que estaba diciendo la fiscal. Y abundó en su negativa: "Yo no he tenido nada que ver con eso", fue su añadido. Eso era la contabilidad paralela a la oficial.