El rey emérito, Juan Carlos I, se ha mostrado "muy satisfecho" tras enterarse este viernes de que el Tribunal Superior de Inglaterra y Gales ha concluido que no puede ser juzgado en Reino Unido por la demanda por presunto acoso que presentó la que fuera su amiga íntima Corinna Larsen para reclamarle 126 millones de libras (unos 146 millones de euros) por daños y perjuicios. "Se ha hecho Justicia", ha dicho.

En un comunicado, recogido por Europa Press, el monarca ha celebrado que los tribunales ingleses hayan "rechazado total y concluyentemente la demanda interpuesta" en su contra, "concluyendo que la demanda no tiene perspectivas reales de éxito y, por lo tanto, no puede ni procederá a juicio".

Juan Carlos I ha hecho hincapié en que la juez Rowena Collins Rice calificó la reclamación de Larsen de "especulativa" y "extraña" en su sentencia, señalando que la demandante no había aportado pruebas suficientes para respaldar sus alegaciones, a pesar de haber iniciado el procedimiento judicial inglés contra Su Majestad casi hace tres años.

"Su majestad siempre ha considerado que la reclamación presentada por la demandante carece de sustancia o mérito. Su enfático rechazo de todas las acusaciones de acoso presentadas por el demandante también fue señalado por el Tribunal de Apelación en su sentencia de diciembre de 2022, y los tribunales ingleses ahora han desestimado y desestimado el reclamo en su totalidad", ha apuntado.

En la resolución, a la que ha tenido acceso Europa Press, la juez ha explicado que —aún en el caso de que se hubiese considerado competente para juzgar el asunto— "habría rechazado la solicitud" de Larsen porque su demanda "no cumplía las normas judiciales aplicables a la redacción de una demanda por acoso".

Según ha precisado la juez en 92 folios, en la demanda de Corinna Larsen "no se sugiere que ninguna evidencia pueda conectar" los eventos de acoso que denuncia "directamente" con Juan Carlos I. "Los autores directos no están identificados ni (son) identificables", ha añadido.

La juez ha concluido que la lógica defendida por Larsen corre el peligro de ser un "falso silogismo". "Son actos de un enemigo, el demandado es su enemigo, por lo tanto son sus actos", ha señalado, al tiempo que ha recordado que la empresaria en sí misma cuenta con un "perfil público propio" en el que "participa activamente" y en el que está conectada con "poderosos, ricos, competitivos y de alto perfil".

Bajo ese mismo análisis, ha descartado el argumento de que el rey emérito fuese el responsable de las filtraciones que dieron lugar a publicaciones en medios de comunicación sobre Larsen. "Ella no da ninguna indicación de cómo podría demostrar alguna conexión con el acusado", ha apuntado.

Corinna Larsen relató en su demanda que Juan Carlos I la habría acosado después de que ella pusiera fin a la relación que habían mantenido. Primero para procurar que retomaran dicha relación y después a modo de venganza para perjudicarla en sus negocios, de acuerdo con Larsen.

La empresaria reclamó al rey emérito una indemnización por los costes de su tratamiento médico de salud mental, por la "instalación de medidas de seguridad personal y servicios diarios de protección" y por la contratación a "ex diplomáticos y ex funcionarios del Gobierno" para que interviniesen con el fin de "poner fin al acoso" que dice haber recibido.

La juez, sin embargo, ha considerado que Larsen "no ha logrado convertir su historia narrativa en una reclamo de acoso". A su juicio, la examiga íntima de Juan Carlos I "no identifica ni alega ninguna experiencia específica de acoso" en Inglaterra, sino una serie de acciones que habrían tenido lugar "dondequiera que estuviera en ese momento, que a veces era en Inglaterra".

"Si no se puede decir que esa experiencia haya sido sostenida en un solo país -por ejemplo, porque un demandante está domiciliado, habitualmente residente o físicamente presente en ese país en todo momento- ¿sobre qué base pueden los tribunales ingleses asumir jurisdicción sobre un tribunal unitario en el presente caso multinacional?", ha subrayado la juez.

En un comunicado difundido este mismo viernes tras darse a conocer la resolución del tribunal, Larsen se ha mostrado "profundamente decepcionada por el resultado". "Es desalentador ver que las víctimas de acoso a menudo luchan por encontrar justicia en nuestro sistema jurídico", ha señalado.

La empresaria ha insistido en que la "intimidación y el acoso" que dice haber sufrido hacia ella y sus hijos "continúan" y tienen como "objetivo" destruirle "por completo". "Juan Carlos ha desplegado todo su arsenal para desgastarme y el alcance de su poder es inmenso. Estoy considerando todas las opciones disponibles", ha apuntado.

El fallo se ha dado a conocer este viernes después de que el pasado julio el tribunal escuchara las alegaciones de la defensa de Juan Carlos I, a cargo del bufete británico Velitor Law.

El equipo jurídico del rey emérito solicitó entonces que se desestimara la demanda de Larsen al considerar que los tribunales de Reino Unido no eran los competentes para conocer de esta demanda. La defensa se basó en el artículo 4 de la regulación de la UE sobre jurisdicción, el cual establece que las personas domiciliadas en un Estado miembro, independientemente de su nacionalidad, deben ser demandadas ante los tribunales de ese país.

Los abogados expusieron en su escrito, al que tuvo acceso Europa Press, que dicha regulación comunitaria operaba en este caso concreto porque se inició antes de que acabara el periodo de transición para el Brexit, fijado hasta el 31 de diciembre de 2020.

Así, insistieron en que los tribunales españoles eran los competentes para ocuparse de la demanda de Larsen. A ello, añadieron que "la cuestión clave" era si, en relación con los supuestos actos de acoso, Reino Unido era el lugar donde se produjo el presunto 'evento dañino' o el 'daño directo', algo que, según apuntaron, los abogados de Larsen no habían demostrado.

Otro de los argumentos esgrimidos por la defensa fue "la evidente falta de credibilidad de la demandante". A este respecto, pusieron de relieve que Larsen había solicitado permiso para hacer una nueva modificación a su demanda original. "Como sus predecesoras, es incoherente, internamente contradictoria y manifiestamente mala en términos legales", apuntó la defensa del rey emérito.

En este punto, negó la existencia de "una pauta de conducta" de acoso atribuible al antiguo monarca, reprochando a Larsen que se limitase a relatar "varios incidentes" que, a juicio de la defensa, "son altamente diferentes en cuanto a su naturaleza, tienen lugar de forma esporádica a lo largo de varios años y fueron llevados a cabo por distintas personas (no siempre el demandando) contra diversos objetivos (no siempre la demandada).

Además, subrayó que las afirmaciones de Larsen —que Juan Carlos I "niega enfáticamente"— no solo son "falsas" sino también "inconsistentes con las declaraciones públicas hechas por ella" antes de que iniciara el litigio.

De hecho, recordó que, tras la abdicación de Juan Carlos I, el 14 de junio de 2014, Larsen "emitió un comunicado de afecto" donde le describe como "un hombre de una profunda humanidad y valentía, un leal y siempre atento amigo", además de un "gigante de la Historia".

Por otro lado, la defensa mostró su malestar por el hecho de que "las acusaciones implican un presunto abuso de poder inconsistente con el importante papel del demandado en la Transición de España hacia una exitosa democracia parlamentaria, y con su largo periodo de servicio como soberano".

Las fuentes consultadas por Europa Press señalaron que el objetivo aquella vista de cuatro días era abordar las cuestiones preliminares que quedaron pendientes hasta que se resolviera el alcance de la inmunidad del antiguo monarca.

Fue el pasado 6 de diciembre cuando el Tribunal de Apelaciones de Inglaterra y Gales estableció que Juan Carlos goza de inmunidad respecto a las actuaciones previas a su abdicación como rey de España, en 2014.

Esta decisión judicial implica que la demanda de Larsen, que sitúa el marco temporal del presunto acoso entre 2012 y 2020, solo podría seguir su curso ante los tribunales británicos por lo ocurrido a partir de 2014.

La empresaria relató en su demanda que Juan Carlos I la habría acosado después de que ella pusiera fin a la relación que habían mantenido. Primero para procurar que la retomaran y después a modo de venganza para perjudicarla en sus negocios, de acuerdo con Larsen.

Reclamó al rey emérito una indemnización por los costes de su tratamiento médico de salud mental, por la "instalación de medidas de seguridad personal y servicios diarios de protección" y por la contratación a "ex diplomáticos y ex funcionarios del Gobierno" para que interviniesen con el fin de "poner fin al acoso" que dice haber recibido.

“Una red mafiosa continental” lleva por título la infografía que la agencia de detectives suiza Alp Services envió a los servicios secretos de los Emiratos Árabes Unidos. Un mapa que señala a más de mil personas y 400 organizaciones de toda Europa, unidos por flechas y que, supuestamente, forman una red de islamistas radicales. Es lo que revela desde hoy la serie de investigación Abu Dhabi Secrets, basada en documentos confidenciales obtenidos por Mediapart y compartidos con la red de medios European Investigative Collaborations (EIC), a la que pertenece infoLibre. También han formado parte de la investigación los medios suizos Heidi News y RSI Television, así como Domani (Italia) y Daraj Media (Líbano).

Los documentos a los que EIC ha tenido acceso muestran que, entre 2017 y 2020, Alp Services proporcionó a los servicios emiratíes los nombres de 191 personas y 125 organizaciones en Francia; 160 individuos y 86 instituciones y empresas en Bélgica; 156 personas en Reino Unido, 104 en Suiza, 91 en Alemania, 92 en Italia... En España, infoLibre ha contado hasta 162 individuos y 95 empresas y organizaciones.

Esta cartografía se elaboró al margen de cualquier marco legal. Y muchos de los nombres no tienen relación alguna con el islamismo radical. En Francia figuran, entre otros, el excandidato socialista a la presidencia de Francia Benoît Hamon, la teniente de alcalde de Marsella y exsenadora Samia Ghali, la escritora y cineasta Rokhaya Diallo, una periodista de Mediapart, el partido La France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon e incluso el CNRS, el organismo público que supervisa la investigación científica francesa, el equivalente al CSIC español.

En Bélgica se señaló a la ministra de Clima y Medio Ambiente, Zakia Khattabi. Su partido, Écolo, tacha su inclusión en los mapas de “escandalosa”. “Es obviamente tan absurdo y ridículo”, asegura, “que no merece ningún comentario ni atención”. En el Reino Unido, hasta el exlíder laborista Jeremy Corbyn aparece en un informe, mientras que en Noruega Alp Services no tuvo problema en incluir en su mapa a celebridades suecas y danesas.

En Países Bajos se incluye al alcalde de Arnhem, Ahmed Marcouch, pero también a periodistas y empleados holandeses de Amnistía Internacional y Transparencia Internacional. En Suiza, a un activista por los derechos humanos, Pascal Gemperli. Los mapas de España incluyen a políticos de todos los partidos, desde el PP hasta la CUP.

Todos estos individuos aparecen en las mismas cartografías junto a terroristas de Al Qaeda con condenas. A veces se incluyen sus números de teléfono y datos personales. Y a todos se les describe como miembros, simpatizantes o cercanos a los Hermanos Musulmanes, un movimiento islamista que en 2014 fue declarado “organización terrorista” por los Emiratos Árabes Unidos, una de las autocracias del Golfo Pérsico.

Tras conocer su señalamiento, las víctimas se debaten entre el estupor, la rabia y el miedo. “Es espantoso”, responde el excandidato socialista a la presidencia francesa Benoît Hamon. “No voy a permitir que me pase esto. La Justicia y las autoridades francesas deben investigar y dar explicaciones”, advierte la teniente de alcalde de Marsella Samia Ghali. La ministra belga de Clima y Medio Ambiente, Zakia Khattabi, niega tener relación alguna con los Hermanos Musulmanes. A Khattabi, perteneciente al partido ecologista Écolo, Alp la sitúa como “vicepresidenta del Ejecutivo musulmán”, como si fuera parte del organismo que se supone representa a los musulmanes belgas. No es el caso. Además, se la identifica como chií, cuando ella pertenece a la comunidad suní.

El cerebro de toda esta operación es Mario Brero, veterano –71 años– de la investigación privada suiza y jefe de la agencia Alp Services, que creó en Ginebra hace más de 30 años. Preguntado por EIC, Brero no ha querido hacer comentarios sobre el fondo del asunto. Sus abogados, Christian Lüscher y Yoann Lambert, consideran que los documentos de esta investigación “están en parte falsificados” y que “la mayoría de los hechos que constituyen la base de las preguntas [que le ha formulado EIC] se basan en suposiciones erróneas y/o en elucubraciones increíbles”. También lamentan que EIC haya utilizado “datos robados” y amenazan con demandar a Mediapart ante los tribunales suizos.

La historia comienza el 7 de agosto de 2017 en un palacio. Mario Brero y uno de sus colaboradores son los invitados de un agente de la inteligencia emiratí llamado Matar. “Querido Matar, estamos en Abu Dabi, en las magníficas suites del Fairmont. Gracias por su hospitalidad. Estamos a su entera disposición”, le escribe el dueño de Alp.

Para ser un hombre en la sombra, Mario Brero actúa de forma bastante temeraria. Además de las instantáneas en las que se le ve tomando una copa en la piscina, le hizo una foto a su encargado, un hombre de unos 40 años con una barba impecablemente recortada y vestido con la dishdasha, la túnica blanca típica del Golfo. Esa noche, durante la cena en el restaurante del hotel, Mario Brero explicó a Matar la propuesta elaborada por su agencia dos semanas antes: una vasta operación para “cartografiar” y luego “desacreditar” a los enemigos de Emiratos,“mediante la difusión discreta y masiva de información comprometedora”.

En 2017, los detectives de Alp hicieron varios viajes a Abu Dabi, durante los cuales el agente Matar condujo a los investigadores suizos hasta su superior, el auténtico jefe: Alí Saeed Al Neyadi. EIC no ha podido verificar la identidad exacta de Matar basándose en la información disponible. Pero su jefe, que responde al nombre de Alí, parece menos misterioso. Brero lo describe unas veces como “Su Excelencia” y otras como “el boxeador”, en referencia a Mohammed Alí. Brero también lo fotografía durante sus reuniones en un complejo de Abu Dabi y en el hotel Baur au Lac de Zúrich. Los rasgos faciales de “el boxeador” se parecen a los de Alí Saeed Al Neyadi, lugarteniente del jeque Tahnoun Bin Zayed, consejero de seguridad nacional y hermano del presidente Mohammed Bin Zayed.

Al Neyadi dirige una entidad local encargada de gestionar crisis y catástrofes naturales. Aunque, en realidad, la institución, que depende directamente del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, es también el brazo armado al cargo de las operaciones especiales.

Para convencer a los espías emiratíes, Mario Brero presume de que Alp Services trabaja para “personalidades adineradas, gobiernos, jefes de Estado, multinacionales y bufetes de abogados”. Es cierto: entre sus clientes se cuentan oligarcas rusos, el multimillonario francés Bernard Arnault, el presidente kazajo Nursultán Nazarabayev y Corinna Larsen, la examente del rey emérito Juan Carlos I. Brero promete, además, movilizar a su red de periodistas, asesores e investigadores.

Sus argumentos acertaron en el blanco: el primer contrato se firmó en octubre de 2017. Según los documentos a los que ha tenido acceso EIC, Alp Services se embolsó al menos 5,7 millones de euros entre 2017 y 2020, pagados por un centro de investigación emiratí llamado Al Ariaf, que sirve de pantalla a los servicios de inteligencia emiratíes.

Las sucesivas operaciones –se prorrogan cada seis meses– se bautizan con nombres de flores o hierbas suizas, como Árnica, Narciso, Quino o Crocus. Sus objetivos son las dos obsesiones de Abu Dabi: Catar y los Hermanos Musulmanes. Además, Mario Brero sabe explotar los sentimientos de sus clientes, ofreciéndoles misiones adornadas con teorías simplistas sobre las redes de la Hermandad, a la que propone “desenmascarar” y “destruir”, “influyendo en la opinión pública y en los dirigentes políticos”.

Fundada en 1928 en Egipto por Hassan El Bana, la Hermandad nació como reacción a la colonización británica, preconiza un islam político, tenía un discurso antioccidental y defiende un tradicionalismo moral, en particular sobre el lugar de la mujer y el uso del velo. Pero, si los Emiratos odian tanto a los Hermanos Musulmanes, no es por la ideología. La llegada al poder de presidentes electos de la Hermandad en Túnez y Egipto, tras las revoluciones árabes de 2011, llevó a algunos emires del Golfo a temer por su propia supervivencia política. El apoyo de Doha a la Hermandad intensificó el conflicto, que llegó a su punto álgido entre 2017 y 2021, cuando una coalición liderada por Arabia Saudí y Emiratos declaró el bloqueo de Catar.

Ahora, este contexto geopolítico aparentemente remoto se ha traducido en consecuencias para cientos de europeos, que se ven víctimas de la vendetta de Abu Dabi y de los dudosos métodos de Alp Services.

Además de los mapas, la agencia suiza elaboró decenas de informes sobre personajes públicos y personas privadas, cuya presentación sintoniza con el cliente: portadas con manchas de sangre, un mapa de Europa coloreado con el logotipo de los Hermanos Musulmanes y referencias a la mafia.

Los servicios de inteligencia emiratíes hicieron después pedidos adicionales para atacar a los objetivos de su elección, con un coste de 20.000 a 50.000 euros por individuo y utilizando medios agresivos: campañas de prensa, artículos publicados con perfiles falsos, cambios en las páginas de Wikipedia, incluso operaciones para convencer a los banqueros de que cierren cuentas de los individuos u organizaciones señaladas. Es lo que le ocurrió a Hazim Nada, un empresario afincado en Suiza y propietario de una empresa de comercio de petróleo, que quebró a causa de una operación especial ejecutada por Alp. Su historia la revelaron The New Yorker y Mediapart a principios de este año.

En Francia, uno de los países donde la agencia suiza estuvo más activa, con casi 200 personas cartografiadas, la lista no es más que un batiburrillo sin pies ni cabeza de nombres y organizaciones a los que se ha vinculado mediante conexiones artificiales a personalidades públicas. Figuras religiosas o activistas de asociaciones confesionales aparecen junto a militantes antirracistas como la directora de cine Rokhaya Diallo, o a tres dirigentes de la asociación Coexister, que promueve la tolerancia y el diálogo interreligioso entre los jóvenes y ganó el Premio de Laicidad de la República Francesa en 2016. También aparece Taha Bouhafs, periodista y militante de La France Insoumise. Hakim El Karaoui, un ensayista y asesor gubernamental que aboga por un islam francés, se codea con Mennel Ibtissem, una excantante de The Voice, calificada como una  "figura" del ideario de la Hermandad en Francia. Ibtissem fue incluida en un informe de Alp por la polémica desatada durante su participación en 2018 en el programa, donde cantaba con la cabeza cubierta con un turbante, que ya no usa hoy. Tuvo que abandonar el programa tras publicarse viejos tuits con declaraciones conspirativas sobre los atentados de Niza y de Saint-Etienne-du-Rouvray. “Amo Francia", proclamó después, para añadir que condenaba la violencia y que había escrito los tuits con “rabia” para criticar la “fusión de terrorismo y religión”. La cantante se muestra indignada por haber sido incluida en un listado de los Hermanos Musulmanes destinado a una potencia extranjera: “Es una tontería, nunca he dicho ni hecho nada que pueda sugerir que tengo un compromiso político o religioso", protesta.

Además menciona Alp a dos investigadores de la prestigiosa Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales (EHESS), tres del CNRS, el organismo público que supervisa la investigación científica francesa, y al propio CNRS.

Tampoco escapan los periodistas. Entre los presuntos miembros de la nebulosa islamista francesa, se cita a Bondy Blog, un medio de comunicación ciudadano que cubre los barrios populares. “En 2016, Gilles Kepel [politólogo especialista en el islam y el mundo árabe] nos acusó de forma injusta e infundada de estar en manos de un grupúsculo marginal después de que le invitáramos a un debate nocturno”, explica Sarah Ichou, su directora editorial.

En el mismo saco metió Alp a la revista digital Orient XXI y a su fundador, Alain Gresh, exdirector de Le Monde Diplomatique. “Emiratos es una de las peores dictaduras y no es de extrañar que sean clientes de una visión conspirativa del islam que lo ha calado todo, incluidos los medios de comunicación. Es el Je suis partout [un periódico fascista y antisemita francés de los años 30 y 40] de los tiempos modernos”, acusa Gresh.

¿Cómo pudo hacer Alp Service un trabajo tan chapucero? “Mario Brero vendió al cliente un sueño. La información se presentaba como muy secreta, cuando el 80% procedía de fuentes públicas”, explica un antiguo empleado de la agencia. La agencia suiza seleccionó nombres a veces basándose en meros rumores o polémicas. Además, muchas las víctimas contactadas por los medios de la red EIC habían sido atacadas en las redes sociales o en los medios de comunicación por su supuesta complacencia con el islam radical.

Es el caso de Benoît Hamon, que fue criticado por el ex primer ministro francés y concejal del Ayuntamiento de Barcelona por Barcelona pel Canvi Manuel Valls durante las primarias socialistas de 2017: “Desde mi candidatura a las elecciones presidenciales, no puedo publicar un solo mensaje en mis redes sociales sin ser atacado por acusaciones absurdas de connivencia con el islamismo”, se lamenta el socialista.

La exsenadora Samia Ghali casi se atraganta al teléfono cuando escucha que la han relacionado con los Hermanos Musulmanes: “Es lo contrario de todo lo que soy y de todo lo que defiendo”. Haciendo memoria, recuerda que un antiguo director de instituto de Marsella le reprochó haber participado en la inauguración del instituto privado Ibn Khaldoun. “Puede que venga de ahí, pero es una tontería”, dice la diputada, “el colegio está concertado con el Estado, yo me crié con las monjas y mis hijas van a un colegio católico privado. No veo por qué no debería ir como representante electa a la inauguración de una escuela reconocida por el sistema educativo francés”.

Otras notas e informes de los detectives suizos sobre organizaciones o individuos concretos son más pertinentes y elaborados. Pero, en cualquier caso, el trabajo de Alp se sale de los límites de la legalidad. Al menos en Francia, donde el trabajo de “inteligencia con una potencia extranjera” es un delito. Y en Suiza, donde Alp Services tiene su sede, cualquier actividad realizada por cuenta de un Estado extranjero debe declararse al Ministerio de Asuntos Exteriores. Preguntado por la agencia de Mario Brero, ese departamento responde que no ha “recibido ninguna declaración en la que un Estado extranjero fuera el solicitante o el destinatario final”.

Algunas de las personas señaladas por Alp han manifestado su intención de presentar una denuncia. “Voy a llamar a mi abogado y a preguntar al Gobierno, que se supone que protege a sus ciudadanos. Esto no va a quedar ahí”, advierte Sami Ghali, quien ya fue blanco de ataques cuando era senadora. “No lo permitiré. Si no emprendemos acciones legales cada vez que nos insultan, esto acabará en las páginas de Wikipedia. Estos ataques mancillan nuestra reputación y nos perjudican profesionalmente", añade el periodista Taha Bouhafs.

Para Vincent Geisser, uno de los investigadores del CNRS objeto de las cartografías, autor del libro La nouvelle islamophobie (La nueva islamofobia), no es “sorprendente que un país autoritario se preste a este juego de archivo y vigilancia. En cambio, el hecho de que sus servicios de seguridad encuentren en Europa y Suiza enlaces para sus operaciones es el verdadero escándalo”.

También Mediapart va a presentar una demanda por el señalamiento de uno de sus redactores. “Mediapart es víctima, a través de uno de sus periodistas, de una base de datos ilegal y absurda creada por una oficina de espías que trabaja para los Emiratos Árabes Unidos, y por supuesto presentará una denuncia a través de sus abogados Seattle”, asegura el director del periódico francés, Edwy Plenel. “En el actual contexto político y mediático francés”, añade, “marcado por el auge de la intolerancia de extrema derecha, tanto de palabra como de obra, atribuir una etiqueta tan difamatoria a un periodista no sólo daña su reputación, sino que también podría poner en peligro su seguridad. Por último, estas nuevas revelaciones de EIC confirman que el espionaje digital, en el que están especializados a gran escala estos regímenes autoritarios, va de la mano de campañas de desinformación que difunden el veneno de la calumnia”.

Pero muchas otras personas, al ser informadas de su presencia en las listas de Alp, pidieron que no se publicaran sus nombres. “Es demasiado arriesgado. Aunque vuestro artículo ponga de manifiesto lo absurdo del proceso, algunos seguirán diciendo que no hay humo sin fuego”, explica una víctima.

Otros temen las acciones que puedan emprender contra ellos las autoridades emiratíes, ahora que figuran en sus archivos como cercanos a una organización considerada terrorista en el país. ¿Qué uso ha hecho Abu Dabi de esta información? ¿Qué riesgos corren las víctimas si van a Dubái de vacaciones o por negocios?

EIC ha hecho esas preguntas al Gobierno emiratí, al agente Matar y a su superior, Ali Saeed Al Neyadi, pero ninguno de ellos ha respondido.

En Emiratos Árabes Unidos, las opiniones críticas se castigan con penas de cárcel. Las manifestaciones están prohibidas y al menos 41 opositores políticos permanecen detenidos, tras cumplir sus condenas, por haber “adoptado opiniones extremistas”. En 2021, una investigación de la ONG Forbidden Stories reveló cómo el país perseguía y vigilaba a sus opositores mediante el programa espía Pegasus, capaz de piratear teléfonos móviles.

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Con la contribución en las declaraciones de las personas señaladas en Bélgica de Nikolas Vanhecke, Kasper Goethals y Roeland Termote (Der Standaard), y de Wilmer Heck y Andreas Kouwenhoven (NRC Handelsblad) para las de Países Bajos

Más de 160 españoles, a los que se suman 95 empresas y organizaciones, han sido víctimas del espionaje encargado por Emiratos Árabes Unidos en busca de extremistas islámicos. En el listado en manos de los servicios de inteligencia emiratíes hay políticos y feministas del ámbito musulmán, representantes de organizaciones islámicas y activistas contra la islamofobia. Todos ellos niegan su relación con los Hermanos Musulmanes, que son vinculados por Emiratos con el radicalismo islámico.

La agencia de detectives suiza Alp Services era conocida hasta ahora en España por una de sus clientes, Corinna Larsen. La que fuera amante del rey emérito contrató los servicios de Mario Brero, el fundador de la firma, para que investigara a 14 empresarios amigos, y quizá testaferros, de Juan Carlos I. Una información que la comisionista alemana pretendía utilizar en la demanda por espionaje y acoso que presentó contra el ex jefe del Estado ante el Alto Tribunal de Justicia británico y que aún sigue pendiente de resolución. Según publicó en su día El País, también le pagó para mejorar su imagen pública, publicando noticias favorables, y para arruinar la reputación del fiscal suizo Yves Bertossa, que la investigó por blanqueo de capitales, en concreto de los 65 millones de euros que le donó el emérito tras recibirlos éste de Arabia Saudí en 2008. Brero es un detective muy conocido en Suiza, a quien contratan millonarios y poderosos de todo el mundo, además de una controvertida fuente de numerosos periodistas y un habitual en los escándalos policiales del país helvético.

Alp, la agencia de Brero, también ha mantenido una relación contractual larga en el tiempo, provechosa en lo económico y turbia por sus objetivos, con el Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos. Según documentos confidenciales obtenidos por Mediapart y compartidos con infoLibre y la red de medios European Investigative Collaborations (EIC), junto con Heidi News (Suiza), RSI Television (Suiza), Domani (Italia) y Daraj Media (Líbano), el cliente formal que contrataba con Alp Services era Ariaf Studies & Research LLC, una empresa fundada en 2014, pero en realidad quien negociaba y recibía los resultados de las investigaciones de los detectives suizos es un agente de los servicios de inteligencia de los Emiratos de nombre Matar, cuyo superior es Alí Saeed Al Neyadi, a su vez a las órdenes del jeque Tahnoun Bin Zayed, consejero de seguridad nacional y hermano del presidente, Mohamed Bin Zayed Al Nahyan.

Casi una decena de proyectos ocuparon a los detectives de Alp por cuenta de los servicios de inteligencia emiratíes. Sus tarifas mensuales eran de 50.000 euros por cada nueva investigación, 100.000 euros si se trataba de una campaña de comunicación y otros 50.000 euros en caso de que quisieran una campaña “discreta de lobby e influencia”. Sólo para uno de los proyectos, bautizado como Narciso, los suizos elaboraron 58 casos prácticos. Según los documentos a los que ha tenido acceso EIC, Alp Services se embolsó al menos 5,7 millones de euros entre 2017 y 2020.

La investigación Abu Dhabi Secrets revela cómo Alp Services fue contratada por el Gobierno de los Emiratos para espiar a ciudadanos de 18 países europeos y de otros continentes. La agencia suiza envió a los servicios de inteligencia emiratíes los nombres de más de mil personas y 400 empresas y organizaciones, alegando que son miembros, simpatizantes o están relacionados con la Hermandad Musulmana en Europa.

De esas numerosas operaciones que Alp llevó a cabo para el agente Matar desde su primer contacto en agosto de 2017, varios tienen como objetivo España, ya sea para investigar la penetración de los Hermanos Musulmanes o la presencia de Islamic Relief, una organización internacional de ayuda humanitaria a la que los Emiratos acusan de estar vinculada con la Hermandad y de financiar el terrorismo. Con ese fin, Brero subcontrató a una agencia de Barcelona, Castor & Pollux, creada por Julián Peribáñez tras el abrupto cierre de Método 3, que saltó a las páginas de los periódicos por haber grabado en 2010 la conversación entre la entonces presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez Camacho, y la expareja de Jordi Pujol Ferrusola, Victoria Álvarez, en el restaurante La Camarga de Barcelona. De hecho, Peribáñez fue detenido y acusado de espionaje ilegal por esa operación.

Julián Peribáñez ha declinado contestar a las preguntas que le ha enviado infoLibre sobre su relación con Alp Services.

Apoyándose en los trabajos aportados por Castor & Pollux, Alp Services elaboró un buen número de mapas de relaciones que, según ha podido contar infoLibre y sólo en lo que respecta a la Hermandad Musulmana, incluyen al menos a 162 personas en España, así como 95 empresas y organizaciones. En esos gráficos aparecen los detenidos y condenados en las dos principales operaciones contra el yihadismo abiertas en España –Dátil en 2004 y Warmor en 2019– junto a personas que, sin embargo, poco o nada tienen que ver con los Hermanos Musulmanes y menos aún con el terrorismo islamista. Sus nombres, acompañados en ocasiones de números de teléfono, DNI, NIF o domicilio, terminaron en manos de los servicios de inteligencia de los Emiratos Árabes Unidos. Muchos de los señalados son representantes de las múltiples organizaciones musulmanas en España, otros son políticos musulmanes –concejales, parlamentarios autonómicos–, también hay activistas y feministas musulmanas, organizadores y conferenciantes de eventos contra la islamofobia, personas que en algún momento fueron entrevistadas en los medios de comunicación por cualquier motivo o que, sencillamente, figuran entre los amigos de Facebook de otros musulmanes. Por ejemplo, muchos de los que seguían a Riay Tatary, fundador y secretario general de la Unión de Comunidades Islámicas de España (Ucide) e imán de la mezquita de Tetuán en Madrid, fallecido de coronavirus en abril de 2020. Histórico dirigente de los musulmanes españoles durante tres décadas, Tatary figura en el centro de todos los mapas de la Hermandad Musulmana confeccionados por Alp.

El criterio que los detectives emplearon para señalar a los supuestos simpatizantes españoles de los Hermanos Musulmanes fue, por tanto, muy vago y sus métodos, poco profesionales. La información suministrada bebía, en su inmensa mayor parte, de fuentes públicas –medios de comunicación, Facebook, Twitter–; poco o casi nada era alto secreto. Bastaba con haber apoyado públicamente al expresidente egipcio Mohamed Morsi o haber posteado en las redes sociales el signo de la rabía, también llamado rabaa o r4bia –cuatro dedos estirados con el pulgar contra la palma–, que nació con la primavera árabe, para ser incluido en la cartografía de la Hermandad en Europa.

Además, algunos de esos nombres que figuran también en los informes enviados por Castor & Pollux a Suiza y en los remitidos después por Alp a su cliente emiratí contienen datos erróneos respecto a la filiación política, por ejemplo. Los 162 objetivos citados más arriba excluyen a los implicados en las operaciones antiterroristas –detenidos, sentenciados y, en algunos casos, absueltos– y a tres individuos fallecidos.

La mayor parte de las personas que aparecen en los mapas e informes de Alp y han sido contactadas por infoLibre piden que no se haga público su nombre. Temen que se repitan los ataques o el acoso que ya antes habían sufrido en las redes sociales por el mero hecho de llevar velo o debido a su activismo político o social. “Con llevar pañuelo ya parece que eres la más practicante del mundo”, lamenta una de las mujeres incluidas en los gráficos. Pero también hay quien asegura que, aun reconociéndose como musulmán, no es “apenas practicante”. Otros dicen que ni tienen ni han tenido nunca una posición política. Todos niegan tener vínculos con los Hermanos Musulmanes y se muestran sorprendidos primero y enfadados después.

“Siempre me he movido como musulmán español”, contesta Houssein El Ouariachi, activista de derechos humanos y uno de los fundadores del Colectivo No Violencia en España, que respondió con una carcajada a la noticia de que se le relacionaba con los Hermanos Musulmanes: “Es un mal chiste”. “Defiendo que los musulmanes se sientan españoles y se independicen de la tutela de sus países de origen, mi línea de acción es un islam español”, replica. Y como prueba de la arbitrariedad de que ha sido objeto, El Ouariachi cuenta que hace no tanto la Embajada de Emiratos Unidos le ofreció un trabajo de prensa, que él rechazó. Pero tampoco duda de que está “en el radar”, además de por su activismo, porque trabajó muchos años en el canal Córdoba Internacional TV, fundada por un jeque saudí y cerrada en mayo de 2018.

Con parecida estupefacción reacciona Hanan Serroukh, que fue coordinadora del área de convivencia, inmigración y mediación y coordinadora de distrito en el Ayuntamiento de Badalona entre 2020 y 2021. Para el cargo fue nombrada por Xavier Albiol en su segundo mandato como alcalde. Aunque carece de carné, antes se había presentado en las listas del PP para las elecciones de 2017 y 2021 al Parlamento catalán. Es educadora social y experta en inmigración, también asesora de las Fuerzas de Seguridad del Estado. Además de conversa cristiana. “Es incoherente, grave y hasta insultante”, advierte entre risas, “que mi nombre salga como afín a los Hermanos Musulmanes porque mis principios y trayectoria profesionales están enfocados en detectar las corrientes y elementos que estructuran los Hermanos Musulmanes en Europa”. Serroukh fue la primera mujer que en 1987 denunció un matrimonio forzoso: cuando su padrastro quiso casarla a los 14 años con un marroquí tan fundamentalista como él, se escapó de su casa de Figueres (Girona) y, tras llegar a Barcelona, quedó bajo tutela de la Generalitat. Desde entonces se dedica a denunciar el peligro de la radicalización. Y lamenta la “visión cortoplacista y sesgada que han tenido tanto España como Europa sobre la amenaza de las diferentes versiones del islamismo”.

En los gráficos e informes enviados a los emiratíes también hay españoles de nacimiento como Pedro Rojo Pérez, arabista, codirector del Observatorio de la Islamofobia en los Medios y fundador de la Fundación Al Fanar. “No tengo ninguna relación con los Hermanos Musulmanes más que mi especialidad, que es el mundo árabe”, asegura infoLibre. Por ese motivo se ha entrevistado con muchos de los miembros de la Hermandad y vivió en Egipto en los años 80, cuando la organización aún estaba prohibida. Pedro Rojo cree que su inclusión en los mapas de Alp Services puede deberse a que llevó al Congreso y al Senado a, entre otras personas, un ministro egipcio de los Hermanos Musulmanes –“elegido democráticamente”, precisa–. “Los reunimos con exparlamentarios españoles para que les explicaran cómo fue la Transición española y para que entendieran que se trata de un proceso muy complejo”, explica.

Pedro Rojo protesta contra la “caza” a los Hermanos Musulmanes, que describe como un movimiento muy heterogéneo, defensor de un “islamismo político moderado”, y clama contra el “blanqueo” simultáneo que España y Europa llevan a cabo con saudíes y emiratíes “por el petróleo”, mientras éstos “intentan imponer su hegemonía política, infinitamente más radical”. A su juicio, la distancia entre wahabíes y Hermanos Musulmanes es similar a la que existe entre Vox y el PP, entre la extrema derecha y los conservadores.

Ahmed El Hanafy Mesalem es el presidente de la Unión de Comunidades Islámicas (Ucide) del País Vasco. También fue imán de la mezquita Assalam de Bilbao. No sólo aparece en los mapas de relaciones enviados a Emiratos, sino que incluso se le hizo una investigación completa, una due dilligence que incluye desde sus propiedades y relaciones con la Administración hasta su huella en redes sociales o sus vinculaciones familiares. El Hanafy, que nació en Egipto pero adquirió la nacionalidad española en los años 90, niega pertenecer a los Hermanos Musulmanes.

“En Ucide tenemos prohibido ocupar ningún cargo político”, responde. Sí que apoyó en su día el Gobierno –“democrático”, puntualiza– de Mohamed Morsi. “Por fin”, añade, “un país árabe tenía el gobierno democrático que anhelamos todos”. Como Pedro Rojo, lo contrapone con los regímenes del Golfo: “Son contrarios a nuestra línea”. El Hanafy dice que ha colaborado con la Embajada de Emiratos Árabes Unidos en España, que envió cajas de dátiles para los niños en Ramadán, el mes de ayuno musulmán. Ucide los repartió, explica su responsable, pero no permitió que los emiratíes se fotografiaran con los niños que los recibieron para impedir que hicieran “propaganda”. “Somos españoles y queremos serlo”, resume su postura política El Hanafy antes de despedirse con un “agur”.

En el afán de los detectives por ampliar lo más posible el mapa de influencia de los Hermanos Musulmanes en España, en esos gráficos de relaciones llega a aparecer hasta Marcial Dorado, el narcotraficante gallego con quien se fotografió de vacaciones el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, sólo porque compartió abogado con uno de los condenados de la Operación Dátil que fue detenido después en la Operación Warmor. O el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González y su hermano Pablo, porque la empresa Tecnoconcret Proyectos e Ingeniería, de la que era socio este último y que fue beneficiada con un contrato del Canal de Isabel II investigado en el caso Lezo, intercambió acciones entre 2008 y 2011 con Ulesan Limited, una sociedad británica controlada por el narcotraficante Vicente Lamarca, quien a su vez había vendido tres de sus empresas al clan de los Kutayni, detenido en la Operación Warmor.

En definitiva, los detectives suizos hicieron realidad la teoría de que se puede conectar a dos personas de cualquier parte del mundo a través de no más de cinco intermediarios. Incluso menos.

El motivo por el que Joan Josep Nuet i Pujal, director de Relaciones Institucionales de la Generalitat catalana, aparece en uno de los mapas de relaciones trazados por Alp es que preguntó al Gobierno en el Congreso –entonces era diputado de IU– por las acciones que pensaba acometer para conseguir la liberación de Humam Kutayni Assi, entonces encarcelado en Siria por el régimen de Bashar Al Assad, y detenido en 2019 en la mencionada operación contra el yihadismo.

Otro ex dirigente del PP incorporado al mapa de Alp es el exconseller Rafael Blasco, condenado en 2015 a seis años y medio de prisión por el Supremo por el caso Cooperación, uno de los muchos procesos por corrupción que arrasaron a los populares en la Comunidad Valenciana durante los últimos 16 años. El motivo de su inclusión: en 2009 Blasco había concedido una subvención de 131.000 euros al Consejo Islámico Valenciano.

Hasta la Ertzaintza figura con su escudo en uno de los gráficos porque colabora en diferentes programas contra la radicalización con Euskal Bilgune Islamiarra (EBI), una asociación creada para favorecer la convivencia.

Aunque no aparecen en los mapas, sí que se menciona en los informes enviados a Emiratos al exjuez Javier Gómez de Liaño y a su mujer, María Teresa Márquez de Prado, debido a que son los abogados de los Kutayni. De ahí a Luis Bárcenas sólo quedaba un paso y los detectives lo dan, puesto que el matrimonio de abogados también defendió al extesorero del PP. Para los autores de estos documentos, la corrupción asociada a Bárcenas parece aumentar la carga de la prueba contra los supuestos terroristas de origen sirio.

A tenor de los documentos a los que ha tenido acceso infoLibre, Castor & Pollux elaboró al menos siete informes para Alp Services sólo entre enero y agosto de 2018. El 26 de enero se le extendió una factura por dos “investigaciones en España” a razón de 2.000 euros cada una. En febrero los detectives españoles firman un informe sobre el empresario de origen sirio Imad Al Naddaf Yalouk, que no ha respondido a las peticiones de infoLibre de ponerse en contacto con él. El 25 de julio les pagan otros dos informes por un total de 8.500 euros. Ese mismo mes entregan uno más sobre los Hermanos Musulmanes en el País Vasco y en agosto, otro sobre un periodista español por el que se les retribuye con 2.000 euros más.

Pero Castor & Pollux no fue la única fuente de información española de los detectives suizos. Antes, en septiembre de 2017, habían recurrido además a una persona que figura como contacto con los servicios de inteligencia de la Guardia Civil. A su nombre, Alp provisionó el pago de 3.000 euros por tres “estudios”. Pero sus servicios no satisfacían demasiado a los suizos. “No es gran cosa, muy especulativo”, lo describen en una anotación en la lista de contactos de la agencia.

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En una primera versión de esta noticia se citaba por error a la Fundación Ibn Battuta, que no tiene relación con la visita de un ministro egipcio a España.

Como las niñas y niños no se cansan de pedir a sus padres el mismo cuento una y otra vez, es difícil no buscar una nueva aproximación a la figura de Juan Carlos I. Se trata siempre del mismo cuento, pero en cada ocasión hay datos, ángulos nuevos que iluminan lo que aún no habíamos descubierto.

En el cuento subyace una historia importante, la nuestra, la de un pasado cercano, con todos sus protagonistas vivos y de la que aún no se ha escrito el final. La historia que durante décadas no nos habían contado y que tenemos que conocer si queremos cambiar, la de la cara oculta del Estado.

La última de las plataformas llegadas a España, Skyshowtime, ofrece ya el primero de los cuatro episodios del documental Juan Carlos: la caída del rey. La productora alemana Gebruederbeetz, con Christian Beetz a la cabeza, firma este trabajo, que busca descaradamente entretener al tiempo que añade datos al relato de la caída del rey emérito.

Por motivos no aclarados del todo, el estreno de la serie en Reino Unido ha sido al menos pospuesto sin fecha prevista. Según informa El confidencial, fuentes cercanas a la productora afirman que un importante bufete de abogados solicitó la paralización de la emisión en nombre de un cliente no identificado.

Por otro lado, Beetz ha declarado a la revista Deadline que la realización del documental se convirtió en un “viaje de pesadilla”, que el equipo fue seguido y sus comunicaciones telefónicas intervenidas. Como aviso previo, nada más empezar a recabar testimonios recibieron una llamada anónima de amenaza.

Dentro de unos años aún podrían verse documentales sobre los entresijos de los documentales que se están emitiendo estos últimos años y que se centran en el que fue monarca de España.

Las presiones, amenazas y testimonios que se quedan fuera de cámara también cuentan mucho de intrahistoria de la España de hoy. Así ha ocurrido con Salvar al rey, en HBO Max, o con esta producción.

A los documentales citados se han sumado en los últimos años numerosísimos reportajes de investigación, libros, programas o incluso series como la de Cristo y Rey, con la versión de Bárbara Rey. Juan Carlos I no se agota ni por asomo como objeto de análisis.

En el año 2012 ya se sabía que el Juan Carlos I era cazador, estaba extendido el rumor de que era mujeriego y repetidamente infiel a su esposa, la reina de España. También se comentaba sin detalles que tenía amistades peligrosas en asuntos económicos. Y, sin embargo, fue su foto ante un elefante muerto lo que resultó devastador.

Uno de los fenómenos más analizados de los últimos años en política es el de la ventana de Overton. Debe su nombre a un estudioso de la política americano que describió el debate público en términos de lo comúnmente aceptable.

Su ventana muestra, desde lo delicado a lo popular, solo aquello que se puede tolerar. Fuera de la ventana queda lo aberrante, lo inimaginable, lo que repugna. Pero la ventana se desplaza. Según Overton, la sociedad, más que sus dirigentes, es responsable de donde se encuentra en cada momento.

La durísima crisis económica de 2008, aún en fase crítica durante aquel abril de 2012 se había desplazado. Lo que en tiempos de bonanza se “perdonaba” al rey, en aquel momento precipitó su pérdida de popularidad de manera drástica.

En el primer episodio de esta serie volvemos una vez más a Botsuana, a la cadera rota y al elefante que, más que cazar, el rey mató. Y se cuenta con testimonios de primera mano, los compañeros de safari del rey, tanto Corinna Larsen como su exmarido e íntimo amigo de Juan Carlos, Philip Adkins.

En este drama más público a cada momento, Philip Adkins aparece como un secundario que aún permanecía en semisombra. Aquí entra en escena presumiendo de intimidad con el emérito, a quien llama por teléfono ante las cámaras para atestiguar que tienen una relación diaria.

De quien Adkins se ha alejado con el tiempo es de su exesposa, Larsen, de la que fue también cercanísimo amigo años después de terminar su relación. Además de ser tres apasionados de la caza mayor en África, los movimientos de dinero también parecen haber unido al Borbón, a Adkins y a Larsen.

Adkins fue acusado de lavado de dinero en relación a la fortuna del rey en 2015. Y, por otro lado, aún se están tratando de desenmarañar las complejas relaciones económicas entre el rey y la que fuera su pareja.

Quizá se aclare algún aspecto en julio, cuando se celebrará el juicio en Gran Bretaña contra Juan Carlos I por acoso, difamación y vigilancia ilegal tras una demanda de Larsen.

La asesora e intermediaria en negocios alemana lleva a cabo desde años una campaña de imagen al ataque. Concedió una entrevista a la BBC en 2020 y desarrolló su versión oficial de los hechos en el podcast Corinna y el Rey, de ocho episodios. Ha explicado que lo hacía como defensa ante los ataques de la fontanería del Estado español.

Ahora vuelve a colaborar en este documental, en el que además de ser entrevistada participa en dramatizaciones, ese recurso del género en el que los protagonistas actúan y son filmados reconstruyendo como actores sus propios pasos.

Aznar, Mario Conde, la periodista y amiga de Juan Carlos I Selina Scott o Javier Ayuso, director de comunicación de la Casa Real en los tiempos de la fatídica cacería, son algunos de los intervinientes en la primera entrega.

Junto a ellos, periodistas de diversos medios y, entre todos los testimonios, nada menos que las declaraciones de José Manuel Villarejo. Con indolencia, el antiguo comisario aún presume de que si los devaneos del rey pasaron a ser molestos “se busca la fórmula para que desaparezcan los devaneos”.

El montaje incluye esta declaración después de que Corinna cuente que, tras repatriar en avión al monarca lesionado en el safari, en 2012, cuando la relación sentimental se hizo notoria, su maleta fue rociada con un ácido que penetró en el interior y destruyó su ropa. Este sería el primero de los incidentes entre los servicios secretos españoles y la desde entonces incómoda amante del soberano.

Durante tres semanas más el documental analizará como uno de los jefes de Estado más populares durante su mandato en todo el mundo se ha convertido en una fuente inagotable de escándalos.

De momento se han añadido detalles al safari que partió en dos la biografía de Juan Carlos de Borbón como rey. Falta por ver la sustancia que albergan los siguientes episodios de este documental.

El mero repaso de los hechos, enriquecido con nuevas imágenes de archivo y nuevas voces resulta ya interesante. Con más motivo, cualquier nueva información aporta valor a este relato inagotable de unos hechos que aún están reescribiendo nuestra historia reciente. 

El rey emérito ofreció a la que fuera su pareja sentimental, Corinna zu Sayn Wittengenstein, ser designada como princesa de Borbón si aceptaba casarse con él meses antes de su abdicación pese a que la relación entre ambos ya había terminado, ha relatado la empresaria al podcast Corinna y el Rey, según informa Europa Press.

"El rey me pidió que me casara con él", ha contado Corinna, según el adelanto que los productores del proyecto han hecho del que será el quinto capítulo de la serie, en el que se recuerda que ya se lo había pedido en otras ocasiones e incluso le regaló un anillo con diamante en 2009.

Ella le dijo que no, consciente de que nunca podría divorciarse de la reina Sofía porque era "un rey católico", pero Juan Carlos no aceptó su respuesta. "Estaba rodeado de personas que claramente intentaban hacerlo feliz y lo animaban a seguir con este plan tan loco", ha relatado, lamentando que el entorno del monarca consideraba que ella debía "complacerle" como si fuera una "plebeya que solo tiene que hacer lo que le dicen".

Entonces, el aún rey decidió tentarla con la promesa de que si se casaba con él sería "su alteza real, la princesa de Borbón", según cuenta la narradora del podcast. "Todo era una fantasía, no me lo tomé en serio, lo tomé como un hombre que estaba bastante desesperado", ha recordado Corinna.

En la próxima entrega, la que fuera pareja del emérito también hablará de la abdicación de este en junio de 2014 y de cómo coincidió en el mismo hotel de Nueva York en esas fechas con la Reina Sofía, así como de los esfuerzos de Juan Carlos de acceder al "regalo" de 65 millones de euros que le había hecho dos años antes.

"Quería acceso al regalo de alguna manera, quería usar parte de este dinero", ha señalado, tras contar que después de la abdicación comenzaron a llegarle peticiones por parte del emérito de que necesitaba aviones o reservas de hotel para que Corinna se las gestionara.

Entonces, Corinna optó por ponerse en contacto con Dante Canónica, el abogado suizo con el que había gestionado el regalo de Juan Carlos, para explicarle lo que estaba sucediendo, pero este le restó importancia. "No creo que sea una paranoia", le respondió, instándole a viajar a Londres para reunirse con ella y con el emérito.

En enero de 2015, coincidiendo con su cumpleaños, Juan Carlos la llamó para decirle que se encontraba en Arabia Saudí. "Fue bastante inquietante", ha reconocido que pensó tras recibir el mensaje, que interpretó como una amenaza hacia su persona. "Estaba hiperventilando, me quedó claro lo lejos que estaba dispuesto a llegar", ha explicado.

"Es lo que hacen los dictadores y los gobernantes autoritarios. Son jugadas como de Franco o Stalin y estamos en el siglo XXI y España es una democracia", ha subrayado Corinna. "Aquello destruyó cualquier pizca de esperanza que tuviera de encontrar la normalidad, la paz o una vida feliz", ha reconocido.

Fue entonces, ha señalado, cuando se dio cuenta "de los grandes esfuerzos" que estaban haciendo para destruirla pero no solo de su reputación, sino "la posibilidad de una eliminación física o de empujarme al suicidio".

El podcast Corinna y el Rey ha sido producido por el estudio Project Brazen, cofundado por Tom Wright y Bradley Hope, con la colaboración de la organización sin ánimo de lucro PRX. Según los productores, desde su lanzamiento hace un mes ha superado las 350.000 reproducciones en todo el mundo.

Los abogados del rey emérito han defendido este martes, durante una vista celebrada en la Corte de Apelaciones de Inglaterra y Gales, que si su examante Corinna Larsen implica al CNI en el acoso que dice haber sufrido por parte de Juan Carlos I el hecho de que los servicios secretos del Estado intervinieran implica que eran "actos soberanos" que estarían amparados por la inmunidad.

Así lo ha plasmado uno de los abogados de Juan Carlos en un largo alegato de unas dos horas y media en el que se ha agarrado a las "acusaciones específicas" relatadas por Larsen en su demanda ante los tribunales británicos que describen dos pasajes concretos: una visita que le habría hecho en el entonces jefe del CNI Félix Sanz Roldán en Londres y un registro que agentes del CNI habrían llevado a cabo en su vivienda de Mónaco, ha recogido Europa Press.

El letrado ha razonado que, si según la versión de Larsen el CNI la acosó en una "misión encubierta" orquestada por Sanz Roldán supuestamente por mandato del entonces rey, se trataría de un caso "clásico" de "actos soberanos" que están amparados por la inmunidad.

Y ello independientemente de que dichos actos pudieran suponer un "abuso de poder" por parte de los agentes estatales implicados en ellos, ha subrayado el abogado del ex jefe de Estado citando abundante jurisprudencia al respecto.

El representante legal de Larsen, por su parte, en una intervención de unos 45 minutos que se ha visto cortada por un receso de una hora, ha incidido en que el antiguo monarca solo estaría protegido por la inmunidad en el caso de que dichos actos hubieran sido en interés "oficial", esto es, del Estado español, si bien en este caso ha argumentado que lo habrían sido en un mero interés personal, en beneficio propio.

El objetivo de esta vista, que continuará a partir de las 15.00 (hora española), es que las partes expongan sus argumentos respecto a la decisión adoptada el pasado 24 de marzo por el juez Matthew Nicklin de no reconocer inmunidad ninguna al rey emérito.

El 18 de julio, los magistrados británicos autorizaron a los abogados del emérito a recurrir la decisión de Nicklin, pero ya acotaron que solo respecto a los hechos transcurridos entre 2012 y 2014, cuando aún era jefe de Estado, ya que entendieron que en los hechos que habrían tenido lugar después de la abdicación el juez británico estuvo acertado al no apreciar inmunidad.

La empresaria fija el marco temporal del presunto acoso entre 2012 y 2020. De acuerdo con la demanda, Juan Carlos I la habría acosado después de que ella pusiera fin a la relación que habían mantenido. Primero para procurar que la retomaran y después a modo de venganza para perjudicarla en sus negocios.

La examante del Juan Carlos de Borbón, Corinna Larsen, encargó a una agencia de detectives suiza la investigación de 14 personas cercanas al rey emérito. Según publica este domingo El País, entre los investigados se encuentran el presidente de Abanca y fundador de Banesco, Juan Carlos Escotet; los amigos del monarca Alberto Alcocer y Alberto Cortina; su primo Álvaro de Orleans; el empresario mexicano Allen Sanginés Krause; o su antiguo consejero Joaquín Romero Maura.

También figura el ex director general de Terminal Cataluña, José Mestre; o el empresario catalán Josep Cusí. En la lista de 14 personas, aparecen otras cuatro personas que El País no ha conseguido identificar: N. Muñoz, F. de la Rosa, J. Pujol, J. Pigné y M. García. 

El grupo de investigados fue denominado por la agencia de detectives suiza Alp Services en la investigación llamada Mambo como "los hombres de paja". Tres de ellos –Álvaro de Orleans, Allen Sanginés Krause y Joaquín Romero Maura– están relacionados con las pesquisas judiciales abiertas en Suiza y en España sobre el patrimonio del emérito y recientemente archivadas.

Larsen habría pagado, según la factura que Alp Services emitió a su domicilio en Londres en enero del 2021 y a la que ha tenido acceso El País, 130.000 francos suizos, unos 125.000 euros. Asimismo, el contrato incluyó la petición de investigar a su exmarido, el aristócrata alemán Casimir zu Sayn-Wittgenstein.

La examante del emérito contactó con esta agencia de detectives en 2018. Es decir, meses después de que la Fiscalía suiza abriese una investigación contra ella por el supuesto blanqueo de capitales al recibir la donación de 65 millones de euros provenientes de Arabia Saudí.

Su entorno llevaba días preparando la posible vuelta del Rey. Algún íntimo suyo había concedido una entrevista en televisión hablando de lo mucho que deseaba volverlo a ver en las competiciones de vela que tanto le gustan al Emérito. En algunos medios se citaba incluso la fecha de su posible vuelta tras dos años en Emiratos: después de Semana Santa volveríamos a verlo por aquí. Y en medio de tanto preparativo llegó la noticia: la justicia británica le ha denegado la inmunidad, es decir, puede ser juzgado, y pueden citarlo a declarar como imputado en la causa abierta allí por su ex amante, Corinna Larsen.

La justicia británica entiende que, si ya no es Rey, el cargo de Emérito no le protege de ser juzgado como cualquier otro ciudadano de a pie. Y sin la inmunidad legal que le otorgaba ser jefe de Estado y miembro de la monarquía, el rey Don Juan Carlos podría acabar sentado en el banquillo. Corinna interpuso una demanda contra él en aquel país por acoso, seguimiento ilegal y difamación. Los abogados de Don Juan Carlos intentaron por todos los medios demostrar ante la justicia británica que su título de Rey Emérito era a todas luces, y a las de la justicia también, mucho más que un título honorífico, que Don Juan Carlos seguía manteniendo su condición de soberano y de miembro de la Familia Real.

La acusación de la que fue su pareja detalla entrevistas en Londres de personas enviadas supuestamente por el Rey para intimidarla. Corinna dice que a partir de 2012 sufrió vigilancia en sus movimientos por Londres y Mónaco: entonces ya había pasado lo de Botsuana, ya se había destapado su relación y aquello empezaba a hacer aguas. Corinna asegura que la gente que hizo aquellos seguimientos eran personas enviadas por el CNI.

Todo esto es un enorme bache en esa vuelta suave y por etapas que quería hacer el Rey a España tras dos años fuera. Hace unas semanas envió una carta a su hijo anunciándole su intención de regresar a su país, sin fijar de momento su residencia aquí, ni tampoco en Zarzuela. Pero anunciaba que iba a volver, algo que según su entorno añora desde el primer día que se fue.

La noticia este jueves trastocó aparentemente esos planes. Habrá que ver qué pasa con la demanda judicial: Corinna pide una indemnización, el dinero –ya saben– lo cura todo, también los agravios, los acosos, los desplantes. No quiere meter al Rey en más líos de los necesarios. Sólo quiere seguir manteniendo ese nivel de vida que le daba estar al lado del Emérito y que perdió cuando todo saltó por los aires.

Habrá que ver ahora cuáles son los siguientes pasos de la justicia: sus tiempos no son los mismos, todo se dilata de forma desesperante. Y aquí el calendario va a ser clave: si finalmente el juez decide admitir a trámite la demanda de Corinna, cuándo fijará la fecha del juicio, las citaciones, dónde le pilla todo esto al Rey… Esa última etapa de su vida que él anhelaba vivir con cierta tranquilidad se está volviendo en una tormentosa sucesión de episodios que traen muchas nubes negras. Y lo peor es que su imagen, su legado, se deteriora conforme suma esos episodios. El escrito del juez británico es demoledor.

El Tribunal Superior de Justicia británico celebrará una nueva audiencia el martes 29 de marzo tras determinar este jueves que Juan Carlos I no goza de inmunidad en Reino Unido ante la demanda presentada por la que fuera su amiga íntima Corinna Larsen, según ha informado el departamento de prensa en una nota recogida por Europa Press.

Desde Londres han indicado que ese día el tribunal considerará cualquier argumento relativo a "las órdenes que se dictarán como consecuencia de la sentencia". El departamento no ha precisado más detalles sobre la vista.

Será la tercera audiencia que tiene lugar en el marco de este procedimiento. Las últimas dos se celebraron el pasado 6 y 7 de diciembre, cuando la defensa de Larsen y la de Juan Carlos I expusieron sus argumentos sobre si el rey emérito estaba o no amparado por la inviolabilidad.

En aquella ocasión, ni la empresaria germano-danesa ni el monarca acudieron a la cita, solo asistieron sus equipos jurídicos. La defensa del rey emérito alegó ante el juez que Juan Carlos I gozaba de inmunidad y que la justicia británica no era competente para atender la demanda. El letrado de Larsen, por su parte, defendió que el tribunal de Londres sí podía seguir adelante con el procedimiento.

Este jueves, el juez Matthew Nicklin ha resuelto el asunto y ha explicado que la figura de 'emérito' no es suficiente para obtener inmunidad y que "solo hay un Rey de España", en referencia a Felipe VI. Aunque no ha entrado en el fondo de la demanda, ha asegurado que al menos dos de los hechos que denuncia Larsen son posteriores a la abdicación y que, dado que Juan Carlos I no goza de inmunidad desde ese momento, se podría dirigir el procedimiento en su contra.

El magistrado ha indicado en su resolución que, ante tal acusación, el rey emérito podrá alegar lo que estime pertinente para su defensa, pero tendrá que usar otro argumento distinto al de la inmunidad.

Cabe recordar que en su demanda, la ex amiga íntima del monarca pidió a los tribunales que reclamaran al monarca una indemnización por los costes de su tratamiento médico de salud mental, por la "instalación de medidas de seguridad personal y servicios diarios de protección" y por la contratación a "exdiplomáticos y exfuncionarios del Gobierno" para que interviniesen con el fin de "poner fin al acoso" que dice haber recibido por su parte.

La imposibilidad de juzgar unos hechos no significa que los mismos no se hayan cometido. Ni que no hayan salido a la luz pública. Los límites de hasta dónde puede llegar la justicia tienen su ejemplo práctico en el rey emérito: tras años de evidencias claras sobre las corruptelas cometidas por Juan Carlos I, las irregularidades en la gestión de sus finanzas y los millonarios ingresos que se han ido desvelando, el periplo procesal del ex jefe del Estado, el motivo por el cual se marchó a Abu Dabi en agosto de 2020, parece que va llegando a su fin. No se le podrá juzgar por esto, pero el relato que dejan más de tres años de investigaciones en España y Suiza lleva a la conclusión de que Juan Carlos de Borbón ha cometido delitos que él mismo ha reconocido y existen múltiples sospechas sobre otro tipo de conductas que pueden complicar su regreso a corto plazo.

Desde el verano de 2018, cuando se publicó la conversación entre el comisario José Manuel Villarejo y Corinna Larsen, examante del emérito, y empezaron a abrirse diligencias, el cerco sobre las corruptelas de Juan Carlos I, tanto cuando ostentaba el cargo de rey de España como después, ha ido haciéndose cada vez más estrecho. Primero, por el presunto cobro de comisiones ilegales millonarias; después, por la evasión de impuestos y la estrategia bancaria de "ocultación", en palabras de la Fiscalía suiza. Lo primero es supuesto, ya que no se ha podido probar; lo segundo es un hecho constatable por las regularizaciones fiscales realizadas por el propio ex jefe del Estado.

Las finanzas del rey emérito llevaban años bajo sospecha, pero las revelaciones de Larsen a Villarejo fueron un antes y un después en la vertiente judicial, pues aportaba datos y cifras muy concretas: AVE a la Meca, 65 millones de euros, banco suizo de Mirabaud... Las fiscalías de España y Suiza investigaron en paralelo y las conclusiones que ambas extraen no permiten descartar la comisión de delitos y una conducta irregular por quien fue monarca durante casi cuarenta años, pero sí una acusación formal.

El origen de las pesquisas en Suiza, por las que el emérito nunca ha sido imputado, son los 100 millones de dólares (65 millones de euros) recibidos por Juan Carlos de Borbón del Ministerio de Finanzas de Arabia Saudí en una cuenta del país helvético en 2008 y transferidos cuatro años después a otra cuenta de Corinna Larsen. La investigación se abrió por presunto blanqueo agravado de capitales, vistas las afirmaciones de la comisionista germano-danesa de que el origen del dinero podrían ser comisiones ilegales, pero para condenar por este delito hace falta demostrar el origen ilícito del dinero y ahí el fiscal Yves Bertossa se ha encontrado frente a un muro, pues no ha logrado acreditarlo.

Según informa Europa Press, Bertossa renunció a enviar una comisión rogatoria a Arabia Saudí al considerar que dicha diligencia "estaría condenada al fracaso", pues, tal y como explica el fiscal, "obtener pruebas en ese Estado se considera muy difícil" vista la escasa, por no decir nula, colaboración judicial del régimen. Por tanto, no se ha podido atestiguar el origen ilícito del dinero, por lo que la investigación ha quedado en vía muerta. De ahí el archivo de las actuaciones, no sin un crudo relato que deja al descubierto las prácticas irregulares vistas en este caso.

Para empezar, el uso de la Fundación Lucum y de "empresas domiciliadas por parte de los distintos protagonistas", conductas que demuestran una "voluntad de ocultación”. “Las cantidades implicadas, el origen de los bienes, la falta de documentación adecuada que justifique las transferencias, las supuestas donaciones sucesivas (primero del rey de Arabia Saudí a favor de Juan Carlos I y luego de éste a favor de Corinna Larsen), así como la cronología de los hechos, constituyeron pruebas contra los acusados”, añade el comunicado de la Fiscalía suiza.

Por tanto, Bertossa sí ha probado que Juan Carlos de Borbón dispuso de los 65 millones y que los ocultó al fisco. Sospecha que el origen son "comisiones vinculadas a la celebración de un contrato de empresas españolas para la construcción del tren de alta velocidad que conecta Medina con La Meca", si bien no se ha podido "establecer un vínculo suficiente" entre la transferencia de Arabia Saudí y esa adjudicación.

El fiscal suizo también considera probado que Corinna Larsen, además de recibir 65 millones de euros en 2012, percibió cinco millones de dólares de Kuwait y dos millones de dólares de Bahréin "poco después de una visita oficial de Juan Carlos I" a esos países. "Estas transacciones no fueron suficientemente documentadas", remarca.

En España, esta vía muerta tiene otra derivada y es que aunque se hubiese podido probar el blanqueo, Bertossa habla de un "deseo de ocultación" del dinero, de modo que Juan Carlos I no lo tributó ante la Hacienda pública española. Es decir, sí se habría producido un delito fiscal por cada ejercicio eludido, si bien las operaciones bancarias descritas se realizaron antes de la abdicación del rey emérito, en junio de 2014, por lo que éste estaba amparado por la inviolabilidad que le otorgaba la Constitución como jefe del Estado. Esta será previsiblemente la tesis que sostenga la Fiscalía del Tribunal Supremo para archivar esta línea de investigación.

Pero aunque se cierren las pesquisas por la inviolabilidad de Juan Carlos, no es descartable que los hechos puedan seguir persiguiéndole, al menos en los titulares, pues la Fiscalía Anticorrupción sigue encargando diligencias sobre los empresarios españoles que habrían pagado las comisiones por la adjudicación de la construcción del AVE a La Meca.

Es el delito fiscal el que ha perseguido al rey emérito estos años y así ha quedado demostrado en otra de las líneas de investigación abiertas en España. Tan acorralado se ha visto, en este caso sí, que Juan Carlos I ha optado por admitir que es un defraudador. No lo ha dicho en una comparecencia pública ni emitiendo un comunicado oficial, sino por la vía de los hechos: regularizando sus cuentas pendientes con Hacienda por valor de más de cinco millones de euros para evitar una futura acusación penal por fraude.

Son muchas las dudas que quedan acerca de por qué la Fiscalía del Supremo va a aceptar estas regularizaciones, sobre todo después de que se haya conocido que el Ministerio Público informó a los abogados del rey emérito de que estaba siendo investigado, lo cual impide que esa puesta al día con el fisco haya sido voluntaria, que es uno de los requisitos que el Código Penal establece para librarse de una acusación por delito fiscal. Y Hacienda, por su parte, tampoco había iniciado ninguna inspección antes de las regularizaciones, a pesar de las muchas alertas de fraude fiscal que había en torno a las finanzas del rey emérito. Todo esto tendrá que aclararlo la Fiscalía en su escrito de archivo de actuaciones, que se espera para después de Navidad.

Juan Carlos I pagó a Hacienda en diciembre de 2020 678.393,72 euros y en febrero de 2021, 4.395.901,95 euros. Por un lado, por el uso de unas tarjetas de crédito para gastos personales que estaban a nombre de un coronel del Ejército del Aire, Nicolás Murga Mendoza, que ejerció como ayudante de campo del emérito, y quien supuestamente sufragaba esos gastos era el empresario mexicano Allen Sanginés-Krause, amigo íntimo del antiguo monarca. Por otro lado, por vuelos privados y otros gastos de viajes abonados a través de la Fundación Zagatka, propiedad de Álvaro de Orleans, primo lejano del emérito.

Como ya publicó infoLibre, en la resolución que prepara la Fiscalía del Supremo sobre el archivo de las investigaciones abiertas se expondrá que las indagaciones realizadas han revelado delitos fiscales en los que habría incurrido el rey emérito, pero también la imposibilidad de enjuiciarle por ellos por cuestiones como la inviolabilidad que le protegía hasta su abdicación en 2014, prescripción de los ilícitos penales detectados y falta de peso probatorio en otros casos. Las fuentes consultadas recalcan que aunque no se pueda juzgar a Juan Carlos I, sí habrá un relato "pormenorizado" de los hechos delictivos que se han podido probar y que no dejarán lugar a dudas sobre la conducta del antiguo monarca.

Esa falta de peso probatorio afectaría a la tercera investigación que se abrió al rey emérito en España, unas pesquisas que comenzaron a finales de 2020 por una alerta que dio el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) tras detectar movimientos de dinero desde paraísos fiscales. El diario El Mundo publicó que se trataba de una fortuna oculta en la isla de Jersey, pero poco más se ha sabido de estas diligencias que, finalmente, también quedarán archivadas.

Y cuando parece que en poco tiempo se despejará el camino para Juan Carlos I en las investigaciones abiertas por las fiscalías española y suiza por posibles delitos tan graves como fraude y blanqueo de capitales, las cosas se le pueden complicar nada menos que en Reino Unido, donde su examante Corinna Larsen le ha denunciado por amenazas. Todo está en manos de un juez de Londres, que deberá decidir si el rey emérito tiene inmunidad y, por tanto, no puede ser juzgado en otro país, o si, por el contrario, deberá hacer frente a un juicio. La respuesta llegará previsiblemente en enero de 2022.

La clave parece estar en el estatus que ocupa el ex jefe del Estado español en la Casa Real a raíz de su abdicación en junio de 2014, pues la comisionista germano-danesa asegura que los hechos por los que le denuncia continuaron después de que Juan Carlos de Borbón dejara de ser rey. Pero también se tendrá que valorar jurídicamente el estatus del emérito cuando era monarca y si la inviolabilidad que reconoce la Constitución le protegía también de hechos como los que denuncia Larsen.

Cuando parece que en poco tiempo se despejará el camino para Juan Carlos I en las investigaciones abiertas por la Fiscalía del Tribunal Supremo por posibles delitos fiscales y blanqueo de capitales, las cosas se le pueden complicar nada menos que en Reino Unido, donde su examante, Corinna Larsen, le ha denunciado por amenazas. Todo está en manos de un juez de Londres, que deberá decidir si el rey emérito tiene inmunidad y, por tanto, no puede ser juzgado en otro país, o si, por el contrario, deberá hacer frente a un juicio. La respuesta llegará previsiblemente en enero de 2022.

La clave parece estar en el estatus que ocupa el ex jefe del Estado español en la Casa Real a raíz de su abdicación en junio de 2014, pues la comisionista germano-danesa asegura que los hechos por los que le denuncia continuaron después de que Juan Carlos de Borbón dejara de ser rey. Pero también se tendrá que valorar jurídicamente el estatus del emérito cuando era monarca y si la inviolabilidad que reconoce la Constitución le protegía también de hechos como los que denuncia Larsen.

Este es el aspecto preliminar, pero fundamental, que se ha dirimido esta semana en los tribunales británicos. Las defensas del emérito y de Larsen han trasladado al magistrado Matthew Nicklin sus respectivos argumentos, para lo cual han recurrido a la colaboración de abogados españoles para sostener o no que el antiguo monarca puede ir a juicio en Reino Unido.

Al ser una demanda civil lo que plantea Corinna Larsen, lo que tendrá que decidir el juez británico es si el caso puede ir directamente a juicio, no si se abre una investigación. La comisionista acusa al rey emérito y el exdirector del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Félix Sanz Roldán de "vigilancia ilegal", hostigamiento "desde 2012 hasta la actualidad", incluidas amenazas y difamación. Pide por ello una indemnización por los daños causados –sin especificar una cantidad concreta– y también una orden judicial que impida al ex jefe del Estado o a cualquier agente de los servicios secretos españoles acercarse a menos de 150 metros de cualquiera de sus residencias o comunicarse con ella y su familia.

La pregunta que debe resolver el juez Nicklin es, por tanto, si Juan Carlos I sigue formando parte de la Casa Real para poder interpretar si le ampara la inmunidad que establece la State Immunity Act (SIA), la ley que recoge la protección de la familia real británica. Larsen dice que no, mientras que el rey emérito, obviamente, sostiene lo contrario, según los escritos presentados por las defensas de ambos, consultados por este periódico.

Para defenderse, Juan Carlos de Borbón ha contratado los servicios del bufete multinacional Clifford Chance, uno de los despachos más grandes del mundo con numerosas delegaciones en otros países. Para elaborar su dictamen sobre el rey emérito, ha contado con la colaboración del catedrático de Derecho Bernardo del Rosal, que ha redactado un informe para defender la pertenencia a la familia real, de manera que pueda concluirse que puede acogerse a la inmunidad que prevé la SIA.

Por un lado, la defensa recuerda la inviolabilidad hasta el año de la abdicación. Y para después de 2014 subraya que la SIA establece en su artículo 20 la "inmunidad diplomática" que afecta no sólo a Isabel II como jefa del Estado en Reino Unido, sino también a los "miembros de su familia" que formen parte de su entorno más cercano y a sus "sirvientes privados". Lo establecido aquí supondría que los miembros de la Corona británica no podrían ser reclamados para ser juzgados fuera de las islas, de modo que la defensa del rey emérito entiende que él no puede ser reclamado ni juzgado allí. 

Y es que su representación letrada considera que Juan Carlos I sigue formando parte de la familia real aunque ya no sea rey. Lo argumenta en virtud del decreto sobre Registro Civil de la familia real, aprobado el 12 de noviembre de 1981, según el cual se incluyó no sólo a los entonces reyes Juan Carlos y Sofía y a sus tres hijos, sino que se amplió a los padres del monarca. Fuentes jurídicas sostienen que uno de los motivos por los que se promulgó este decreto para integrar en la Casa Real al padre del jefe del Estado, Juan de Borbón.

Esta dinámica se repitió el 19 de junio de 2014, fecha de la proclamación de Felipe VI. En el decreto sobre régimen de títulos, tratamientos y honores de la familia real y de los regentes se dice textualmente que "la normativa en vigor otorga, en algunos aspectos, el adecuado tratamiento a SS. MM. los Reyes Don Juan Carlos I de Borbón y Doña Sofía de Grecia tras la abdicación, en cuanto que permanecen como miembros de la Familia Real".

Y así se explica en el dictamen entregado al juez británico: "Tras el 19 de junio de 2014, su Majestad ya no es Rey de España, pero sigue siendo un miembro cercano a la Familia Real y a la Casa Real española y hasta su retirada de la vida pública en junio de 2019, un miembro muy activo de la Familia Real. Como explica el informe de Del Rosal, la abdicación de su Majestad creó una nueva posición sin precedentes en España. Mientras que su estatus fue reconocido con honores, estilos y precedencia, también fue un cargo que le dio cobertura legal y estatus en un sentido mucho más profundo y trascendente". Y es que, tal y como recoge el citado decreto, Juan Carlos de Borbón "continuará vitaliciamente en el uso con carácter honorífico del título de Rey, con tratamiento de Majestad y honores análogos a los establecidos para el Heredero de la Corona, Príncipe o Princesa de Asturias".

De este modo, la representación legal del rey emérito en Reino Unido concluye que éste es "inmune a la jurisdicción de los tribunales ingleses en relación con aspectos de su conducta después del 19 de junio de 2014 porque es un miembro de la Familia Real del Rey, formando parte de su círculo familiar", una inmunidad que está "prevista" en el artículo 20 de la SIA.

Para reforzar sus argumentos, el dictamen recurre incluso al diccionario de Oxford para definir el concepto "miembro de la familia". También acude al organismo creado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1947 para la interpretación del Derecho Internacional para analizar el concepto de "inmunidad" y su aplicación a miembros de casas reales.

El hecho de que Juan Carlos I se retirara de la vida pública a mediados de 2019, renunciando a participar en actos oficiales, que Felipe VI le quitara su asignación en marzo de 2020 a raíz de los escándalos de corrupción y que en agosto de ese año se trasladara a vivir a Abu Dabi no significa, para la defensa del emérito, que éste haya dejado de ser parte de la familia real. Según las fuentes jurídicas consultadas, la retirada de la vida pública se hizo por razones de reputación, pero ni esto ni que ya no reciba asignación de la Casa Real cambia el estatus jurídico que se le otorgó con el decreto de junio de 2014. Y su residencia oficial, apuntan, sigue siendo el Palacio de la Zarzuela y Juan Carlos de Borbón continúa en la página web oficial de la Casa del Rey como miembro de la familia real.

Precisamente, son los últimos movimientos del rey emérito los que llevan a la representación de su examante a defender que se le puede juzgar en Reino Unido y por todos los hechos por los que ella le ha denunciado porque, en su opinión, lo que importa es su estatus actual. Para la elaboración de su dictamen, los abogados de la comisionista contaron con el informe del abogado español José Antonio Choclán, quien ya fue letrado de Larsen cuando ésta estuvo investigada en el caso Villarejo.

Por un lado, los abogados de Larsen sostienen que, tras su abdicación, Juan Carlos I perdió la inviolabilidad de la que gozaba hasta entonces y recuerdan que en marzo de 2020 su hijo le retiró la asignación oficial. "Es conocido que es económicamente independiente y no vive con el Rey Felipe VI. Están públicamente distanciados y viven separados", destacan.

Para los representantes legales de Larsen, tanto la retirada de la asignación de 194.232 euros anuales como la ausencia de representación convierten a Juan Carlos I en un ciudadano expuesto a ser juzgado en Inglaterra por cualquier hecho ocurrido a partir de su abdicación en junio de 2014.

Según informó el diario El País, durante la vista preliminar en Londres, el juez Nicklin interrumpió en varias ocasiones al abogado del rey emérito a lo largo de su exposición para expresar sus dudas sobre el estatus jurídico de Juan Carlos de Borbón, recordando que éste renunció a su tarea de representación pública en 2019 y se marchó a vivir a Abu Dabi un año después. “Me sentiría mucho más cómodo si el Estado español pudiera confirmarme que Juan Carlos I sigue siendo un miembro de la familia real. No me gustaría tener que entrar en un terreno de Derecho constitucional español en el que no me siento a gusto”, afirmó.

El juez, por tanto, ya mostró sus dudas sobre este asunto el mismo día de la vista. Ahora tiene que examinar los argumentos de uno y otro lado y tomar una decisión, que llegará el próximo mes, según fuentes jurídicas. Si el caso llegara a juicio, no obstante, el rey emérito no tendría que comparecer ante el tribunal al tratarse de una demanda civil, en la que estaría representado por sus abogados.

Esa y no otra es la fórmula de la felicidad para los muy ricos. El amor ha sido desplazado de la ecuación. A diferencia del amor, con el dinero tu pareja no se enfada si decides ingresar en otro sitio el que no gastas con ella.

Son unos yonquis de la pasta. El tipo de personas que en la misma semana en que ganan el Euromillón volverían a jugar a la primitiva. El dinero es su debilidad y esa enfermiza necesidad de atesorarlo les iguala un poco a los pobres, solo que en los ricos, por innecesaria, es una tremenda vulgaridad. Si te lo puedes permitir —y ellos podrían— no hay nada más elegante que tener al dinero poco aprecio. Hay más glamour en la forma en que algunos ricos se arruinan que en la manera con que muchos otros defienden su riqueza.

Cuando un potentado, sea supermodelo, estrella musical o premio Nobel, inventa triquiñuelas para pagar menos —o nada— al fisco, queda automáticamente convertido en poco más que un youtuber andorrano. No hay diferencia entre crear Lion Trust Limited Company en las Seychelles y tirar un poco de la bolsa hacia arriba cuando pesas la fruta en el Mercadona. Es más, al precio que están los aguacates es más cutre lo de las Seychelles.

La mayor ventaja de poseer una gran fortuna es que te permite dejar de ser materialista. Si aun teniéndola sigues siéndolo, eres solo un miserable acaudalado. Antes de las elecciones norteamericanas de 2020, diecinueve multimillonarios norteamericanos pidieron que la nueva administración que resultara de estas aumentara sus impuestos como medida para hacer más justa la carga impositiva del país. Hay quien contempló esa extraña petición como un ejemplo magnífico de solidaridad. A mí me pareció algo más: un gesto de distinción, algo así como verter unas gotas de Chanel en la declaración de la renta.

En todo caso, los Pandora Papers han aportado a día de hoy pocas sorpresasPandora Papers, lo cual no significa que su investigación carezca de interés. Pero en estos asuntos pasa como con la lista de convocados de Luis Enrique, que más llamativas que la presencia de los incluidos en ella, suelen ser las ausencias de quienes todos imaginaríamos que iban a estar. No nos asombra, por ejemplo, que en la relación de trileros figure Dominique Strauss-Khan. De este hombre podríamos esperarnos cualquier maldad, incluso que no recicle. Y tampoco nos ha parecido raro que aparezca Elton John. Cuando alguien pasa de ser un icono pop a parecer esa tía soltera que no ha perdido la esperanza de dejar de serlo, es que está tramando algo.

Respecto a esas ausencias inconcebibles, lo verdaderamente sorprendente de esta lista es que pese a estar en ella Corinna Larsen, no aparezca Don Juan Carlos. Es posible que, incluso a él mismo le haya sorprendido. Extraña que no esté porque hay un empeño perverso en mezclarlo en todo tipo de asuntos turbios. Hace poco, The Economist publicaba un artículo en el que incluía al rey emérito en un exclusivo grupo de mandatarios residentes en Emiratos que eran sospechosos de haber cometido irregularidades en sus respectivos países. Entre ellos, el ex presidente de Pakistán Perverz Musharraf o el ex primer ministro tailandés Thaksin Shinawatra. The Economist daba a entender, subrepticiamente, que la estancia de estos personajes en el emirato estaba directamente relacionada con la falta de interés del país en ayudar a la justicia internacional, circunstancia que lo había convertido en “refugio preferido para los blanqueadores de dinero, los traficantes de armas y los gobernantes sospechosos”. El semanario no especificaba a qué categoría pertenecen cada uno de los mencionados en el artículo. Lo que parece claro es que, para The Economist, Abu Dabi es una especie de moderno Maracaibo donde recalaban piratas que, adaptados a los tiempos, en lugar de patas de palo portan caderas de titanio.

Afortunadamente, si los rumores acerca de que la Fiscalía del Supremo pretende cerrar las investigaciones abiertas contra Don Juan Carlos son ciertos, en breve podrá finalmente regresar a España, al tiempo que la institución monárquica sale de este asunto felizmente fortalecida. A fin de cuentas, Don Juan Carlos está siendo investigado únicamente por el presunto delito de haber cobrado comisiones en la construcción del AVE a la Meca, indicios de cohecho, prevaricación y tráfico de influencias, pero —lo que verdaderamente importa a la hora de juzgar la trayectoria de un monarca— ¿puede alguien decir de él que no recicle?

Es verdad que el cierre no borra las acciones del rey, pues los motivos del final del recorrido judicial son la prescripción del supuesto delito en unos casos y la inviolabilidad del monarca cuando las llevó a cabo en otros, pero de su reprobable comportamiento solo hay una responsable: Corinna. El rey solo es culpable de haberse enamorado de la persona equivocada (por segunda, tercera o cuarta vez). Para ese loco maravilloso que es Don Juan Carlos sigue vigente la receta tradicional de la felicidad: salud, dinero y amor. Y es por amor por lo que nuestro rey se lo ha jugado todo. Don Juan Carlos es solo un prisionero de Cupido, un amoroso Robin Hood que si hizo lo que se supone que hizo fue para mantener el trepidante tren de vida de la alemana. La mala es ella, que tiene un agujero en la mano. No veo yo a Corinna levantándose a las tres de la mañana para ahorrar luz poniendo la lavadora en hora valle. Corinna tiene pinta de poner lavadoras a lo loco. Y con el bombo medio vacío.

La Fiscalía del Tribunal Supremo plantea emitir en las próximas semanas un decreto de archivo de las tres investigaciones abiertas contra el rey emérito. A la espera de conocer la letra pequeña de la resolución y analizar las razones que llevan al Ministerio Público a poner fin a las diligencias secretas que abrió hace más de dos años, la noticia genera más preguntas que respuestas y plantea algunas lagunas que es de esperar que el equipo de fiscales que han investigado a Juan Carlos I aclaren en su escrito. Se habla de prescripción de delitos, pero las fechas y las cuantías de lo defraudado no cuadran con este concepto jurídico, al tiempo que aún falta por saber en qué se basará la Fiscalía para dar por buenas las regularizaciones fiscales realizadas en el último año por el padre de Felipe VI.

Lo que se ha conocido este miércoles es lo que parece el principio del fin de unas pesquisas que, aunque se encarga de ellas la Fiscalía del Supremo desde junio de 2020, en realidad comenzaron hace más de tres años, en Anticorrupción, y versaban sobre el destino de unas supuestas comisiones a partir de la adjudicación del AVE a la Meca en Arabia Saudí a un grupo de empresas españolas. Todo a raíz de unas grabaciones en las que Corinna Larsen confesaba al comisario José Manuel Villarejo que Juan Carlos de Borbón la habría utilizado como testaferro para mover enormes cantidades de dinero sin ser detectado. Después, las investigaciones no han hecho más que crecer y las corruptelas del rey emérito han quedado al descubierto.

Inviolabilidad, delitos fiscales, blanqueo de capitales, regularizaciones... Son conceptos que se han hecho imprescindibles en cualquier información que se publica y que afecta al ex jefe del Estado. Y esto es lo que tendrá que poner negro sobre blanco el decreto del Ministerio Público. Previsiblemente lo hará en unas pocas semanas; en cualquier caso, en diciembre a más tardar, pues es entonces cuando termina el plazo de investigación y los fiscales no consideran que sea necesaria prorrogarla.

Según ha podido saber infoLibre de fuentes fiscales, en la resolución de archivo, que ya se está preparando y sobre la que hay varios borradores, se expondrá que las indagaciones realizadas en estos últimos años han revelado delitos fiscales en los que habría incurrido el rey emérito y se hará habrá un relato "pormenorizado" de los hechos delictivos que se han podido probar durante la investigación y que no dejarán lugar a dudas sobre la conducta de Juan Carlos de Borbón. Pero también se dejará clara la imposibilidad de enjuiciarle por cuestiones como la inviolabilidad que le protegía hasta su abdicación en 2014, prescripción de los ilícitos penales detectados y falta de peso probatorio en otros casos. Tras estudiar los informes de la Agencia Tributaria, en el decreto también se expondrán los motivos por los que los fiscales consideran que no se le puede perseguir penalmente por las dos regularizaciones fiscales realizadas, aunque esto suponga el reconocimiento de los delitos.

Delito agravado, diez años de prescripción

Inevitablemente, este planteamiento genera dudas acerca de cómo justificará la Fiscalía el archivo para ciertas conductas que ya han sido admitidas por el propio investigado. Para empezar, el rey emérito regularizó en diciembre de 2020 y febrero de 2021 deudas con Hacienda de algo más de cinco millones de euros. El primer importe ascendía a 678.393 euros, incluidos intereses y recargos, en pago por las donaciones percibidas y no tributadas para gastos a través de tarjetas bancarias. El segundo fue el más cuantioso: casi 4,4 millones de euros por gastos en viajes y vuelos abonados por la Fundación Zagatka, perteneciente a su primo lejano Álvaro de Orleans y en la que el padre del actual monarca llegó a constar como beneficiario.

En ambos casos, el importe supera los 600.000 euros, lo que implica, según el Código Penal, un delito fiscal agravado. Tal y como explican a este periódico expertos de Hacienda y juristas, un delito fiscal agravado implica, como es lógico, más años de condena, lo que hace que se incremente el periodo de prescripción hasta los diez años. Y en el caso de Juan Carlos I, no han pasado diez años desde que cometiera fraude fiscal: la primera regularización correspondía a los años 2016, 2017 y 2018, según la defensa del antiguo monarca, mientras que sobre la segunda no está del todo claro los ejercicios regularizados, pero lo que sí es seguro es que se trata de cuantías abonadas después de 2014.

El rey emérito sólo está reconociendo infracciones fiscales posteriores a su abdicación porque sabe que la inviolabilidad que le otorga el Título II de la Constitución –"La persona del rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad"– le protege y que así lo interpreta también la Fiscalía del Supremo en base a la jurisprudencia de este mismo tribunal y también del Tribunal Constitucional.

Por tanto, el decreto de archivo del Ministerio Público deberá reflejar a qué prescripción se refiere y los motivos por los que cabe aplicar este mecanismo. "La prescripción por hechos cometidos a partir de 2014 no existe en 2021", opina Carlos Cruzado, presidente del sindicato de técnicos de Hacienda Gestha, quien también considera que los delitos fiscales reconocidos por el rey emérito encajarían en la calificación de agravados y así, habrían de haber pasado diez años para su prescripción. A no ser que la Fiscalía considere que el tipo no es agravado y entonces el plazo de prescripción se reduce a cinco años, aunque esto tampoco incluiría todos los ejercicios fiscales regularizados.

La validez de la puesta al día con el fisco

En segundo lugar, los expertos consultados tienen dudas acerca de cómo justificará Fiscalía la validez de las dos regularizaciones realizadas. Para quedar eximido de un delito fiscal, la regularización ante Hacienda ha de considerarse espontánea, esto es, voluntaria y sin conocimiento previo de que se ha abierto una investigación. Así lo establece el ya famoso artículo 305.4 del Código Penal: "se considerará regularizada la situación tributaria" cuando se haya procedido "al completo reconocimiento y pago de la deuda" antes de que la Agencia Tributaria notifique la apertura de una investigación, de que la Fiscalía interponga una "querella y denuncia" o de que un juez de instrucción "realice actuaciones" que permitan tener conocimiento formal de esas diligencias.

Pero el rey emérito sí tenía conocimiento de la investigación en su contra precisamente porque el Ministerio Público se lo comunicó. Tal y como publicó recientemente El País, lo hizo por escrito hasta en tres ocasiones –en junio, noviembre y diciembre de 2020– y le ofreció personarse en el procedimiento. Según las fuentes fiscales consultadas por este periódico, el equipo de fiscales encargado de la investigación se encuentra perfilando los argumentos que le llevan a concluir que Juan Carlos de Borbón habría eludido el delito fiscal.

Cruzado opina que "no sería fácil de entender" que la Fiscalía "no diera por válidas" sus notificaciones a la defensa del rey emérito y asumiera la tesis de ésta, que las notificaciones fueron muy generales y no hacían referencia a qué delitos se investigaban y por qué ejercicios. El Ministerio Público no ha desmentido la versión del abogado del ex jefe del Estado, Javier Sánchez Junco, por lo que habrá que esperar al decreto de archivo para dilucidar este punto.

En lo que parece que no tiene dudas la Fiscalía del Supremo es en lo que respecta a todos los hechos ocurridos antes de la abdicación de Juan Carlos I en junio de 2014. Esto afecta directamente a la línea de investigación abierta sobre las comisiones ilegales por la construcción del AVE a la Meca. Sobre este asunto, los fiscales tienen previsto incluir en el decreto todo lo averiguado en las pesquisas y que han incluido documentación llegada de Suiza, donde las revelaciones de Corinna Larsen llevaron a la apertura de una investigación por blanqueo de capitales que llevó hasta las fundaciones Lucum y Zagatka y sus cuentas relacionadas en bancos del país helvético. La panameña Lucum es la estructura a través de la cual el padre de Felipe VI recibió cien millones de dólares de Arabia Saudí que luego en 2012 traspasó a una cuenta de Corinna Larsen. Zagatka, por su parte, tiene de titular a Álvaro de Orleans.

Corinna Larsen y el empresario mexicano Allen Sanginés-Krause tuvieron una sociedad conjunta en las islas Seychelles, un paraíso fiscal situado en el océano Índico, según han publicado el diario El País y La Sexta en la investigación conocida como Papeles de Pandora.

Ambos están relacionados con el rey emérito Juan Carlos I ya que Sanginés está siendo investigado por la Fiscalía del Tribunal Supremo por pagos al monarca y Larsen es conocida por haber mantenido una relación sentimental con él.

La sociedad, denominada Fortuna Ventures Ltd, fue incorporada al registro de Seychelles el 1 de octubre de 2009. Larsen es accionista de la misma a través su sociedad Apollonia Holdings y Sanginés-Krause a través de Montpascal Holdings, otra empresa ligada al empresario mexicano. Según estos medios estas dos sociedades son accionistas de Fortuna Ventures y Corinna Larsen su directora.

Una sociedad desconocida

La sociedad Apollonia Holdings GMBH hasta el momento era desconocida y ha sido descubierta ahora. Fue creada en Seychelles, el 21 de agosto de 2009, por el despacho panameño Alcogal, dedicado a crear estructuras opacas y sociedades instrumentales para ocultar fortunas de todo el mundo, según esta investigación llevada a cabo por el consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).

El 19 de noviembre de 2010, Larsen fue nombrada directora y secretaria de Apollonia Holdings GMBH, una sociedad instrumental, en sustitución de Andrés Maximino Sánchez.

El 2 de junio de 2010, Apollonia Holdings GMBH emitió una factura de 30.000 euros para Montpascal Advisory Services, la empresa de Sanginés, sin dar cuenta del motivo. Esta factura se envió a la dirección de Montpascal Advisory Services, en Killua Castle, un castillo situado cerca de Clonmellon, en Irlanda, propiedad del empresario mexicano y que ha sido frecuentada por Juan Carlos I.

Implicado en la regularización fiscal del emérito

Sanginés-Krause está vinculado además con el rey emérito por la primera de las regularizaciones fiscales que hizo el monarca. La llevó a cabo el 9 de diciembre por 678.000 euros en relación al uso de tarjetas bancarias con fondos presuntamente opacos del empresario mexicano.

Posteriormente realizó una segunda, fechada el 25 de febrero por casi 4,4 millones de euros por rentas no declaradas en relación con los gastos costeados por la Fundación Zagatka.

Juan Carlos I llevó a cabo estas regularizaciones por los tres asuntos que indaga la Fiscalía del Supremo respecto a su actividad: el supuesto cobro de comisiones por la concesión del AVE a La Meca a empresas españolas; el presunto uso por parte de Juan Carlos I y otros familiares de tarjetas de crédito opacas con cargo a cuentas en las que no figuran como titulares; y la existencia de una cuenta con 10 millones de euros a nombre del ex jefe de Estado en la isla de Jersey, un paraíso fiscal.

Sin embargo, La Fiscalía del TS sopesa el archivo de las estas diligencias de investigación y la finalización de las pesquisas según avanzaba este miércoles El Confidencial, y ha podido confirmar en fuentes jurídicas Europa Press.

Esta decisión se baraja teniendo en cuenta que algunos de los presuntos delitos habrían ocurrido cuando Juan Carlos I era inviolable, que otros habrían prescrito y que hay una falta de peso probatorio en otros, sumado a que se han dado dos regularizaciones fiscales por alrededor de 5 millones de euros.

Corinna Larsen, examante de Juan Carlos I, habría planeado en el año 2007 entregar al entonces rey (abdicó en junio de 2014) el 30% de los ingresos procedente de un fondo registrado en el paraíso fiscal de Guernsey, en las Islas del Canal, según aparece en la investigación Papeles de Pandora, coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y que en España publican El País y laSexta. Se trataría de un fideicomiso llamado Peregrine, que debería recibir el emérito en caso de que ella muriera. En concreto, el 30% de los ingresos del Fondo de Inversiones Hispano Saudi que el anterior jefe del Estado había patrocinado y para el que ella había trabajado.

Larsen habría encargado redactar al despacho panameño Alcogal una carta a Bachmann Trust Company (New Zealand) Limited, el gestor encargado de administrar este fondo fiduciario hasta ahora desconocido. En esta misiva, sin firmar y en la también aparecen sus dos hijos, Nastassia Gioia Adkins, y "el príncipe" Alexander zu Sayn-Wittgenstein-Sayn, incluyó al ex jefe del Estado. Y detalló qué activos debería recibir: "Deseo que los fideicomisarios consideren distribuir a su majestad el rey Juan Carlos I Borbón de Borbón el 30% de todos los ingresos provenientes únicamente del Fondo de Inversiones Hispano Saudí. Tras la liquidación del Fondo de Inversiones Hispano Saudí, ya no debería ser considerado beneficiario del fideicomiso".

La examante del emérito concluye esta carta fechada el 27 de marzo de 2007, 14 días antes de que se registrara en Guernsey, asegurando que caso de su muerte quisiera que "tuviera en cuenta los deseos de las personas mencionadas anteriormente". El abogado de Larsen ha asegurado a El País que estos documentos son falsos.

En la investigación de los Papeles de Pandora, más de 600 periodistas de 117 países han analizado 11,9 millones de documentos procedentes de 14 despachos de abogados especializados en crear sociedades offshore en paraísos fiscales offshore y que esconden los nombres de más de 330 políticos y cargos públicos (90 de ellos europeos), 15 jefes de Estado de América Latina entre actuales y retirados, 46 oligarcas rusos o 133 millonarios de la lista Forbes.

En esta filtración aparecen 601 personas de nacionalidad española, entre las que figuraPep Guardiolao Julio Iglesias, y 751 sociedades offshore ligadas a dueños o empresas con direcciones en territorio español. La mayoría han utilizado abogados andorranos y españoles como intermediarios para crear instrumentos opacos en los paraísos más secretos del mundo, desde Belice hasta Islas Vírgenes Británicas, Bahamas o Islas Cook, entre otros. Asimismo, también figuran el actual presidente de Chile, Sebastian Piñera; Tony Blair y su esposa, Cherie Blair; Elton John, Shakira, Claudia Schiffer o el actual entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelloti.

"Hace un año te expresé mi voluntad y deseo de dejar de desarrollar actividades institucionales. Ahora, guiado por el convencimiento de prestar el mejor servicio a los españoles, a sus instituciones y a ti como rey, te comunico mi meditada decisión de trasladarme, en estos momentos, fuera de España". Estas fueron las palabras textuales que, según un comunicado de la Casa Real, el rey emérito dirigió al monarca Felipe VI para comunicarle su intención de abandonar España cercado por los escándalos de corrupción. El 3 de agosto hace un año que Juan Carlos de Borbón dejó nuestro país –se había marchado unas horas antes de que se hiciera público el comunicado y dos semanas después se supo que el destino era el emirato de Abu Dhabi– y esos escándalos, lejos de ir aclarándose, no han hecho otra cosa que aumentar. Unas supuestas corruptelas que él reducía a "ciertos acontecimientos pasados" de su "vida privada".

Al menos son cinco las líneas de investigación sobre las finanzas del rey emérito que se han abierto tanto en Suiza como en España y que acorralan al que fue jefe del Estado durante casi cuarenta años. La Fiscalía del Tribunal Supremo indaga en las supuestas comisiones ilegales por la intermediación para la construcción del AVE a la Meca, en el uso por parte de miembros de la familia real –no está muy claro quiénes aparte del antiguo monarca– de tarjetas de crédito que se nutrían de fondos de un empresario y que no habían sido declarados y en posibles fondos opacos en el paraíso fiscal de Jersey. Parte de estas investigaciones han sido posibles gracias a la actuación del fiscal suizo Yves Bertossa, que ha encontrado cuentas bancarias con las que Juan Carlos I habría estado manejando su fortuna y que están vinculadas a dos fundaciones, Lucum y Zagatka, radicadas en paraísos fiscales.

Pero el rey emérito no está imputado formalmente ni en España ni en Suiza. Las sospechas sobre corrupción se acumulan en torno a él, pero ante la falta de movimientos por parte de la Fiscalía, en estos últimos doce meses le ha dado tiempo de regularizar cuentas pendientes con la Hacienda Pública por valor de más de cinco millones de euros, lo cual podría evitarle una futura acusación penal por fraude. Eso sí, por lo que se ha conocido, Juan Carlos de Borbón sólo está regularizando lo que tenía pendiente de pagar en impuestos después de su abdicación, en junio de 2014, momento en que perdió la inviolabilidad que le otorga la Constitución. Es consciente de que todos los posibles delitos fiscales cometidos antes de esa fecha van a ser muy difíciles de perseguir, por no decir imposible.

Ahora, tanto el Ministerio Público que dirige Dolores Delgado como la Agencia Tributaria –que tampoco había movido ficha a pesar de las numerosas alertas de evasión de impuestos– comprueban que esa puesta al día en Hacienda sea correcta en fondo y forma. Y la Fiscalía sigue sin pronunciarse sobre unas diligencias que mantiene bajo total secreto desde hace más de un año. Sólo hay dos caminos posibles: presentar querella ante la Sala Segunda (de lo Penal) del Tribunal Supremo –el órgano judicial ante el que Juan Carlos de Borbón está aforado– o archivar. Pero ni desde la Fiscalía ni desde el fisco se dan explicaciones públicas acerca del por qué de la dilación del procedimiento. El último pronunciamiento de la fiscal general fue en marzo pasado, asegurando que su departamento "no ha dejado de trabajar" y valorando que las investigaciones abiertas han permitido aflorar la "inimaginable" cantidad de más de cinco millones de euros.

frente español

El AVE a la Meca, el principio de todo

Fue la Fiscalía Anticorrupción la que comenzó estas pesquisas, a raíz de las grabaciones de una conversación entre el comisario José Manuel Villarejo y Corinna Larsen, la que fuera amante de Juan Carlos I. El chivatazo sobre el supuesto cobro de comisiones ilegales, la existencia de cuentas en Suiza y la actuación de la comisionista germano danesa como testaferro hicieron saltar las alarmas a mediados de 2018, aunque las sospechas ya se cernían en torno al rey emérito desde su accidente en Botsuana en 2012. El ruido llegó hasta Suiza y Bertossa se puso a investigar. Anticorrupción también y ambos intercambiaron información.

Gracias a las indagaciones en Suiza, que llevaron al registro de una empresa especializada en gestión de fortunas y activos dirigida por el gestor de fondos Arturo Fasana y el abogado Dante Canónica, supimos de los 65 millones de euros que Juan Carlos de Borbón transfirió a Corinna Larsen en 2012 y que el fiscal Bertossa sospecha que proceden del cobro de comisiones ilegales: de los empresarios por ayudarles a conseguir el contrato del AVE a la Meca y de la monarquía de Arabia Saudí por conseguir reducir el precio de la adjudicación del proyecto. El pago de la supuesta comisión se hizo en el banco suizo Mirabaud, en una cuenta asociada a la Fundación Lucum, radicada en Panamá.

Pero no fue hasta marzo de 2020, en plena crisis por la pandemia de coronavirus y con los españoles recién confinados, cuando se supo que el rey Felipe VI era uno de los beneficiarios de dicha fundación y que este hecho lo había conocido nada menos que un año antes. La Casa Real sólo se decidió a dar a conocer que el actual jefe del Estado había renunciado a esa participación cuando el escándalo saltó a la prensa suiza y británica. Lo que dijo entonces el monarca es que nunca tuvo "conocimiento, participación o responsabililidad alguna" en la creación de Lucum.

Sobre el por qué el rey emérito transfirió los 65 millones a Corinna Larsen, cada investigado por Suiza da una versión al fiscal Bertossa. La comisionista asegura que fue una donación por cariño y para ayudarla a ella y su familia –justificación que le evita autoinculparse–, mientras que Canónica afirmó que lo hizo para "disponer libremente de los activos de la fundación durante su vida".

El problema para los investigadores españoles es que tanto el cobro de esos 65 millones como la transferencia a Corinna Larsen se hicieron cuando Juan Carlos de Borbón era rey de España y, por tanto, amparado por la inviolabilidad del cargo que le otorga la Constitución. Esto es, exento de responsabilidad. No son pocos los juristas que defienden que esa inviolabilidad debe tener unos límites y que sólo se debería aplicar a los actos cometidos en ejercicio de su cargo, pero no para el resto. Sin embargo, el Tribunal Constitucional ya interpretó en 2019 que la Carta Magna establece que la inviolabilidad del moncarca le preserva de “cualquier tipo de censura o control de sus actos”, ya que “se hallan estos fundamentados en su propia posición constitucional, ajena a toda controversia”.

Aunque la investigación se inició en Anticorrupción, en junio de 2020 pasó a manos de la del Supremo, que la mantiene abierta. Pero aunque se archive por la inviolabilidad de Juan Carlos I hasta su abdicación en 2014, es más que probable que los hechos sigan persiguiendo al rey emérito, al menos en los titulares, pues Anticorrupción sigue encargando pesquisas sobre los empresarios españoles que habrían pagado las comisiones por la construcción del AVE a la Meca.

Gastos con tarjetas opacas

Sólo tres meses después de marcharse de España se conoció otra investigación contra Juan Carlos I y quién sabe si contra otros miembros de su familia, también por delitos fiscales por el uso de unas tarjetas de crédito para gastos personales que estaban a nombre de un coronel del Ejército del Aire, Nicolás Murga Mendoza, que ejerció como ayudante de campo del emérito. La persona que supuestamente sufragaba esos gastos era el empresario mexicano Allen Sanginés-Krause, amigo íntimo del antiguo monarca.

El millonario declaró ante la Fiscalía Anticorrupción y admitió que lo hizo por su "amistad y admiración" hacia Juan Carlos I y que el destino del dinero era el cuidado de una yegua de competición, de la que se encargaba Murga. Sanginés-Krause habla de seis transferencias por valor de 270.000 euros desde un banco irlandés a una cuenta en un banco español. Pero los investigadores sospechan que los gastos fueron mucho más allá que el cuidado del animal y que se dedicaron a viajes, hoteles o compras en centros comerciales.

El dinero donado por el empresario mexicano, entre 2016 y 2018, no fue declarado a Hacienda, de ahí la investigación abierta, que también ha sido asumida por la Fiscalía del Supremo al afectar directamente al rey emérito. Los hechos se habrían producido cuando ya había abdicado y, por tanto, no estaba amparado por la inviolabilidad.

Posible fortuna oculta en Jersey

El Ministerio Público mantiene también abierta otras diligencias contra Juan Carlos de Borbón. Es la investigación de la que menos detalles se conocen, pues la fiscal general del Estado sólo explicó que el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) detectó movimientos de dinero desde paraísos fiscales y dio la alerta. Después, el diario El Mundo publicó que se trataba de una fortuna oculta en la isla de Jersey. El fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón, dejó claro que el delito que se investiga es el blanqueo de capitales. La Sexta informó unos días más tarde de que esta estructura financiera había llegado a acumular diez millones de euros.

Juan Carlos I transmitió a su entorno que él no es el propietario de esa fortuna, pero lo cierto es que las diligencias aún no se han cerrado.

Los pagos a Hacienda

En este contexto, el rey emérito debió pensar que si la Fiscalía estaba interesándose por sus finanzas, quizá sería mejor ponerse al día con la Agencia Tributaria en lo que respecta a lo que le pudiesen descubrir después de la abdicación. Asesorado por el abogado Javier Sánchez Junco, en otro tiempo fiscal de la Audiencia Nacional, en este último año ha regularizado algo más de cinco millones de euros para evitar querellas por delito fiscal.

El artículo 305.4 del Código Penal establece que se considerará regularizada la situación tributaria cuando se haya procedido al completo reconocimiento y pago de la deuda antes de que por Hacienda se le haya notificado el inicio de actuaciones de comprobación o investigación o, en el caso de que tales actuaciones no se hubieran producido, antes de que el Ministerio Fiscal, la Abogacía del Estado o el representante procesal de la Administración autonómica, foral o local de que se trate interponga querella o denuncia, o antes de que el Ministerio Fiscal o el juez de instrucción realicen actuaciones que le permitan tener conocimiento formal de la iniciación de diligencias.

Juan Carlos I pagó a Hacienda en diciembre de 2020 678.393,72 euros, incluidos intereses y recargos, según un escueto comunicado de su defensa. En febrero de este año, abonó 4.395.901,95 euros. Lo que tienen que comprobar la Agencia Tributaria y la Fiscalía es que estas regularizaciones son completas y veraces. La Fiscalía afirma que los abogados del ex jefe del Estado fueron informados de la investigación, pero no han dado más detalles acerca de cómo fue esa comunicación y, de hecho, la versión oficial es que estaban estudiando si la notificación entra en los supuestos o no que establece el Código Penal para considerar que un contribuyente sabe fehacientemente que está siendo investigado. Y Hacienda, por su parte, tampoco había iniciado ninguna inspección antes de las regularizaciones, a pesar de las muchas alertas de fraude fiscal que había en torno a las finanzas del rey emérito.

Pero, ¿de dónde sale todo este dinero que ha pagado el rey emérito? El primer pago no fue especificado, pero lo que se sabe del segundo, según han publicado varios medios de comunicación, es que varios empresarios se lo prestaron. Según El Confidencial, la colecta fue organizada por Javier Corsini, gestor de una de las fincas de caza habituales del emérito y aportaron Vicente Boluda, Jaime Castellanos, Alejandro Aznar y Diego del Alcázar, entre otros. Según los técnicos de Hacienda, lo que se deberá comprobar, aparte de si está todo lo que debe, es si los contratos de préstamo no son una donación encubierta, es decir, sin devolución.

Frente suizo

En el país helvético es donde empezó todo. La actuación del fiscal Bertossa es lo que llevó al descubrimiento de las fundaciones Lucum y Zagatka. La primera ya se ha comentado que estaba asociada a la cuenta del banco Mirabaud donde fueron ingresados los 65 millones de euros regalados por el régimen de Arabia Saudí. Pero ha resultado que la segunda también tiene una cuenta asociada en un banco suizo y que la fundación pertenece a un primo lejano de Juan Carlos I, Álvaro de Orleans, quien como el millonario mexicano, ha sufragado gastos del antiguo monarca tras su abdicación.

Son estos gastos, tampoco declarados al fisco, lo que regularizó el rey emérito en febrero de este año, tal y como informó su defensa en un comunicado. Sobre todo vuelos privados y otros gastos de viajes. Estos pagos, para el propio De Orleans, no implican que sea su testaferro, según declaró él mismo en una entrevista en marzo de 2020 con el diario El País, en la que también negó que los fondos de la fundación, que ascendían en ese momento a unos diez millones de euros, fueran en realidad de Juan Carlos de Borbón.

Pero en este año y medio transcurrido, el fiscal suizo sigue investigando y, según El Confidencial, las pesquisas han llevado a descubrir, por transferencias realizadas por la Fundación Zagatka, otras dos cuentas que podrían estar vinculadas al ex jefe del Estado, una en Suiza y otra en Andorra.

Una denuncia de Corinna Larsen en Londres

El último frente judicial que lleva el nombre de Juan Carlos de Borbón se abrió el pasado mes de diciembre, aunque se ha conocido esta semana: una denuncia de la que fue su amante, Corinna Larsen, por "vigilancia ilegal", hostigamiento "desde 2012 hasta la actualidad", incluidas amenazas y difamación, según el diario británico Financial Times, que apunta que el próximo paso será la batalla legal por la jurisdicción para saber si los tribunales británicos pueden investigar a un un exjefe de Estado de otra nación que no vive en Reino Unido.

De acuerdo con la comisionista germano danesa, ese hostigamiento, en el que implica también al el exdirector del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Félix Sanz Roldán, empezó cuando salió a la luz su relación después del viaje que realizaron juntos a Botsuana y que ese supuesto acoso tenía como objetivo impedir que revelara secretos de Estado que, según ella, le acusaban de tener en su poder. Larsen pide una indemnización por los daños causados –sin especificar una cantidad concreta– y también una orden judicial que impida al rey emérito o a cualquier agente de los servicios secretos españoles acercarse a menos de 150 metros de cualquiera de sus residencias o comunicarse con ella.

Corinna Larsen ha presentado una denuncia en Londres contra el rey emérito y el exdirector del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Félix Sanz Roldán por "vigilancia ilegal", hostigamiento "desde 2012 hasta la actualidad", incluidas amenazas y difamación, según informa este martes el Financial Times, que añade que la defensa del antiguo monarca aún no se ha pronunciado. La denuncia se presentó el pasado mes de diciembre y de momento el tribunal no ha movido ficha. El diario apunta que el próximo paso será la batalla legal por la jurisdicción para saber si los tribunales británicos pueden investigar a un un exjefe de Estado de otra nación que no vive en Reino Unido.

La examante de Juan Carlos I ya anunció que presentaría esta denuncia por supuestas amenazas y el acoso que dice sufrir desde 2012, cuando salió a la luz su relación después del viaje que realizaron juntos a Botsuana, para que no revele secretos de Estado que, según ella, le acusaban de tener en su poder. Larsen pide una indemnización por los daños causados –sin especificar una cantidad concreta– y también una orden judicial que impida al exjefe del Estado o a cualquier agente de los servicios secretos españoles acercarse a menos de 150 metros de cualquiera de sus residencias o comunicarse con ella.

La comisionista germano danesa insiste en su denuncia, como ya ha hecho en comunicados a la prensa, que el rey emérito le transfirió los 65 millones de euros –que en Suiza se investigan como una posible comisión ilegal por la intermediación en el proyecto del AVE a la Meca– como un "regalo" porque "quería asegurarse de que ella y sus hijos fueran atendidos", pero que "le preocupaba que su familia cuestionara cualquier cosa que le dejara en su testamento después de su muerte". Como también ha dicho anteriormente, Larsen afirma que Juan Carlos de Borbón le pidió más tarde que le devolviese el dinero o que lo volviera a poner "a su disposición" para poder utilizarlo.

Después de que ella se negara, continúa la denuncia, comenzó lo que asegura que fue una campaña de difamación que le llevó a perder ingresos como "consultora estratégica". También acusa a Sanz Roldán y los agentes a su cargo de someterla a "vigilancia física con vehículos y personal", entrar en su residencia y "piratear sus teléfonos y ordenadores". Señala al exdirector del CNI como la persona que le amenazó de forma directa en un encuentro que ambos mantuvieron en Londres, donde él supuestamente le dijo que no podía "garantizar su seguridad física ni la de sus hijos". 

Corinna Larsen ya había acusado públicamente a Sanz Roldán, concretamente en el juicio en el que se imputaba al comisario jubilado José Manuel Villarejo denuncia falsa así como injurias contra el exdirector del CNI. La comisionista declaró como testigo del expolicía y ratificó esas supuestas amenazas que asegura que le dirigió el exjefe de los servicios secretos españoles. Sanz Roldán lo negó todo: "Jamás he amenazado a una mujer ni a un niño".

En la denuncia, Larsen también afirma que el sultán de Omán compró por 50 millones de libras esterlinas un piso en Londres como regalo para Juan Carlos I y que éste pidió a su examante que pagara un depósito de unas 200.000 libras para gastos de servicio, a lo que ella se negó.

Las finanzas del rey emérito están siendo investigadas oficialmente por la Fiscalía del Tribunal Supremo desde hace casi un año. Son diligencias secretas de las que poco se sabe, tan sólo que, por un lado, son una derivada de las pesquisas iniciadas por Anticorrupción sobre el presunto cobro de comisiones ilegales por la adjudicación a empresas españolas de la obra del AVE a La Meca y, por otro, están relacionadas con la utilización de fondos supuestamente de terceros para gastos personales de él y su familia. El blanqueo de capitales y el fraude a la Hacienda Pública son los dos posibles delitos en los que se centran las indagaciones del Ministerio Público. Juan Carlos I está admitiendo el segundo saldando sus deudas con el fisco, con lo que podría matar dos pájaros de un tiro y esquivar una imputación por ambos ilícitos.

Hay que partir de una base, y es que hasta junio de 2014 el rey emérito era inviolable en función del privilegio que otorga la Constitución al jefe del Estado. Un posible cobro de comisiones por la adjudicación de la construcción del AVE a La Meca habría tenido lugar antes de esa fecha, de modo que, según una interpretación extensiva del Título II de la Carta Magna haría imposible una imputación por cohecho. La duda está en el uso que Juan Carlos de Borbón hiciera de esos fondos después de abdicar, una utilización que podría interpretarse como un blanqueo de capitales, aparte del delito fiscal que implica no declararlos a Hacienda.

Descartado el sobreseimiento rápido

Dado que se trata de fondos en el extranjero, los casi 65 millones de euros que habrían sido depositados en una cuenta suiza de la Fundación Lucum, radicada en Panamá, y que después fueron trasferidos a otra cuenta de Corinna Larsen, la investigación requirió primero de la solicitud de documentación de las pesquisas que desde dos años antes llevaba acabo la Fiscalía del país helvético. Comisiones rogatorias cuya tramitación es lenta y que derivan en la llegada de papeles sobre los que hay que encargar traducción, según la información facilitada en su momento por el Ministerio Público.

En los meses siguientes nada se supo de esta investigación y en octubre pasado El Confidencial publicó que las diligencias serían archivadas al extenderse la inviolabilidad a todos los hechos derivados del momento en que se produjo la adquisición de esos fondos. Sin embargo, la investigación aún no ha sido archivada a pesar de que esa información lo preveía para antes de Navidad y fuentes fiscales descartaron el pasado enero un sobreseimiento rápido y así se ha confirmado hasta ahora.

Lo que no se sabía cuando la Fiscalía del Supremo asumió las diligencias sobre el AVE a La Meca es que Anticorrupción había abierto en 2019 otra línea de investigación sobre los fondos de los que dispuso Juan Carlos de Borbón gracias a donaciones de un empresario mexicano que le transfirió dinero para sus gastos a través de tarjetas de crédito a nombre de un coronel del Ejército del Aire que ejerció como ayudante de campo del monarca emérito. Al tiempo que se conoció esta información a raíz de una noticia de elDiario.es, la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, revelaba unas terceras pesquisas por la posible existencia de fondos en paraísos fiscales.

En estos últimos meses, y dado que la Agencia Tributaria no había comunicado al rey emérito ninguna investigación en su contra –como se ha encargado de remarcar su abogado– a pesar de las sospechas con los que iba contando la Fiscalía y la propia revelación que hace un año hizo el propio Felipe VI sobre fondos de dudosa procedencia y sin control de Hacienda, Juan Carlos I ha optado por regularizar impuestos que había dejado de pagar a partir de la abdicación. En total, más de cinco millones de euros en tributos no abonados entre 2014 y 2018 en conceptos de donaciones e IRPF por los gastos con fondos del millonario mexicano y por pagos en especie recibidos de la Fundación Zagatka, propiedad de su primo Álvaro de Orleans.

Esto es en lo que respecta a la evasión de impuestos sin cuya regularización Juan Carlos I podría haber enfrentado una imputación por delitos fiscales por ejercicios que prescriben en junio de este año, ya que en cada año se trata de cantidades por encima de los 120.000 euros, que es el límite que establece el Código Penal (la declaración tributaria correspondiente a 2015 se lleva a cabo en 2016 y el fraude prescribe a los cinco años).

Las regularizaciones fiscales que ha presentado el ex jefe del Estado ante la administración tributaria tiene que ser estudiada de forma pormenorizada por los fiscales del Tribunal Supremo que le investigan desde hace seis meses. "Su espontaneidad, veracidad y completitud", en palabras del Ministerio Público, son los tres requisitos que deberá cumplir a efectos de que pueda quedar anulado el delito contra la Hacienda Pública. La fiscal general insistió en ello en una comparecencia en el Congreso el pasado 2 de marzo, cuando además dijo que la puesta al día con el fisco por parte del rey emérito "darán datos y obligarán" a los fiscales del caso a realizar "nuevas investigaciones y comprobaciones".

Comprobaciones para asegurar que la declaración cumple con los requisitos antes mencionados; investigaciones porque la regularización no evita que se indague en el origen de los fondos con los que Juan Carlos de Borbón ha saldado su deuda con Hacienda con cantidades muy por encima de lo que le habría permitido la asignación anual de casi 200.000 euros que hasta marzo de 2020 estuvo cobrando de la Casa Real. La declaración constituye un "hecho nuevo" que debe ser analizado de forma pormenorizada antes de decidir sobre el archivo o no de las diligencias de investigación.

Pero aunque los investigadores consideren que la regularización no se ha hecho en tiempo para eludir el delito, la admisión de los hechos que implica que haya saldado su deuda le evitaría una sentencia dura y con pena de cárcel incluso si llegara a ser condenado, según expertos en infracciones fiscales consultados por infoLibre. El Código Penal contempla rebajas de pena de uno o dos grados tanto en la condena de cárcel que implican los delitos fiscales como en la multa a la que tiene que hacer frente el contribuyente.

La madeja del posible blanqueo

Es, por tanto, el origen de los fondos de los que pueda disponer el rey emérito lo que centraría en todo caso las sospechas en el blanqueo de capitales. El Código Penal, en su artículo 301, sanciona como responsable del delito de blanqueo a "quien adquiera, posea, utilice, convierta o transmita bienes sabiendo que éstos tienen su origen en una actividad delictiva, cometida por él o por cualquier tercera persona, o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito, o para ayudar a la persona que haya participado en la infracción o infracciones a eludir las consecuencias legales de sus actos".

El cobro de comisiones ilegales por la adjudicación de la obra del AVE a La Meca a una UTE española podría ser el delito previo a un blanqueo de capitales, pero en este caso chocaría con el privilegio de la inviolabilidad de Juan Carlos I. Lo que queda por saber es si la Fiscalía entiende que la inviolabilidad se extendería también a los años posterores a la abdicación en lo que respecta al uso de esos fondos en concreto, si es que así lo hizo, ya que el hecho primero, el cobro de los mismos, data de cuando aún era rey. La interpretación del concepto de inviolabilidad es clave en este punto y sobre ello no hay consenso entre los juristas y expertos en Derecho Constitucional.

Las donaciones o pagos recibidos por el rey emérito del empresario mexicano –éste lo justificó por la amistad de tantos años que les une– y de la Fundación Zagatka –De Orleans lo relacionó con una ayuda voluntaria prestada a Juan Carlos de Borbón por la tradición de su familia de apoyar a la Casa Real– no encajarían en el delito de blanqueo si efectivamente se trata de eso, de regalos sin contraprestación a cambio. Es lo que deberá determinar la investigación de la Fiscalía.

El fraude a Hacienda ahora reconocido por el rey emérito por no declarar esas donaciones y pagos sí podría ser el delito previo al blanqueo, pero en principio no sumaría condena, ya que se trataría de un ilícito subsidiario al de fraude a la Hacienda Pública que habría conseguido evitar con las regularizaciones (si éstas se han hecho en tiempo y forma).

La tercera línea de investigación se abrió el pasado otoño por una alerta del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac) y el diario El Mundo publicó que se trataría de un trust en la isla de Jersey con al menos cinco millones de euros del que el ex jefe del Estado sería beneficiario, aunque él lo niega.

14 de marzo de 2020, sábado. Mientras los españoles se preguntaban qué es un estado de alarma y empezaban a asumir que debían quedarse en casa para frenar la pandemia de coronavirus, el diario británico The Telegraph publicaba una información escandalosa que relacionaba directamente al rey Felipe VI en los negocios opacos de su padre al situarle como segundo beneficiario de una sociedad offshore creada por Juan Carlos I en Panamá y vinculada a una cuenta suiza en la que se habían ingresado casi 65 millones de euros supuestamente donados por Arabia Saudí.  El periódico británico ya venía publicando informaciones sobre la fortuna del rey emérito, pero era la primera vez que el actual jefe del Estado se veía salpicado.

15 de marzo de 2020, domingo. Los españoles seguían asimilando el confinamiento, que entonces parecía que iba a durar dos semanas, mientras las noticias en prensa sobre aumento de contagios y fallecimientos por covid-19 iban en aumento. A última hora de la tarde, de forma sorpresiva, la Casa Real envió un comunicado a las redacciones que nada tenía que ver con la pandemia. Los primeros titulares destacaban que Felipe VI le retiraba la asignación oficial a su padre y que renunciaría a la herencia que éste le pudiera dejar, pero el mensaje que transmitía era de mucho mayor calado: el jefe del Estado admitía implícitamente posibles irregularidades cometidas por Juan Carlos de Borbón e informaba de que él se había enterado al menos un año antes de parte de ellas.

"En coherencia con las palabras pronunciadas en su discurso de proclamación y con la finalidad de preservar la ejemplaridad de la Corona, S.M. el Rey quiere que sea conocido públicamente que S.M. el Rey Don Juan Carlos tiene conocimiento de su decisión de renunciar a la herencia de Don Juan Carlos que personalmente le pudiera corresponder, así como a cualquier activo, inversión o estructura financiera cuyo origen, características o finalidad puedan no estar en consonancia con la legalidad o con los criterios de rectitud e integridad que rigen su actividad institucional y privada y que deben informar la actividad de la Corona", decía el comunicado de Zarzuela.

Según este texto, Felipe VI había tenido conocimiento de la existencia de la Fundación Lucum, donde habían sido depositados los 65 millones de euros, el 5 de marzo de 2019, es decir, un año antes de la publicación del comunicado, a través del despacho de abogados que representa a la examante de Juan Carlos I, Corinna Larsen. También decía que desconocía que fuera beneficiario, como en la anterior, de la Fundación Zagatka, propiedad de Álvaro de Orleans, primo de su padre y de actualidad en las últimas semanas por ser el origen de gastos por más de ocho millones de euros de los que el monarca abdicado se habría estado beneficiando.

Los escándalos que cercan a Juan Carlos de Borbón afectan irremediablemente a su hijo y al futuro de la monarquía, la institución que Felipe VI dijo en su discurso de proclamación que debe "velar por su dignidad, preservar su prestigio y observar una conducta íntegra, honesta y transparente, como corresponde a su función institucional y a su responsabilidad social", pero transcurrido un año del comunicado que admitía unas conductas no del todo legales e íntegras por parte del rey emérito, la Corona no ha dado aún ningún paso que lleve a su "modernización" para adaptarla al siglo XXI. La palabra "modernización" es la que suele repetirse más desde el bloque socialista del Gobierno de Pedro Sánchez cuando se abre el debate del futuro de una institución puesta en tela de juicio.

Este cuestionamiento se ha agravado en los últimos meses a raíz de las dos regularizaciones fiscales que ha llevado a cabo el rey emérito por valor de algo más de cinco millones de euros, incluidos intereses y recargos. Con ellas, Juan Carlos I está admitiendo que eludió pagar al fisco cantidades que podrían superar los nueve millones de euros, pero también está tratando de evitar una posible querella de la Fiscalía por delitos contra la Hacienda pública, ya que éstos se habrían cometido tras su abdicación en junio de 2014, habiendo perdido ya la protección de la inviolabilidad que la Constitución otorga la Jefatura del Estado.

La situación creada por las actividades económicas supuestamente ilegales protagonizadas por Juan Carlos de Borbón, tanto las que llevó a cabo cuando era rey como las que tuvieron lugar después de su abdicación, ha puesto sobre la mesa las dificultades que implica encontrar una fórmula jurídica eficaz a la hora de afrontar el problema que plantea poner límites a los privilegios legales de los monarcas en España.

A vueltas con la inviolabilidad

El verano pasado, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirmó en una entrevista a infoLibre y elDiario.es que "evidentemente, la Constitución española tiene que evolucionar conforme a las exigencias de ejemplaridad y conducta política de las sociedades" y que "los aforamientos de cargos públicos deben circunscribirse a su actividad", un planteamiento que también defendía para el jefe del Estado. Pero desde entonces no ha habido avances en este sentido.

Los expertos en Derecho Constitucional consultados por infoLibre coinciden, en general, en que teóricamente nada impide legislar para establecer obligaciones de transparencia y limitar las actividades económicas del rey, pero también indican que eso no solucionaría el problema de la inviolabilidad del monarca. Pero no porque esté en la Constitución, sino porque los tribunales españoles siempre le han dado una interpretación extensiva, de manera que no limita sus efectos al período de ejercicio del cargo sino que mantiene su vigencia incluso cuando pierde la Corona.

“La Constitución distingue dos cosas que a menudo se confunden”, explicaba a este periódico el profesor Joaquín Urías: “la inviolabilidad y la irresponsabilidad”. La irresponsabilidad quiere decir que el rey no responde ni políticamente ni jurídicamente por los actos que haga como rey siguiendo el mandato al que está obligado por el Congreso o por el Gobierno. Nadie le puede pedir cuentas por un discurso que normalmente tiene el visto bueno del Ejecutivo ni por promulgar una ley aprobada por la Camara Baja. Pero “una cosa diferente es la inviolabilidad”. Es un privilegio que le protege de tener que dar cuenta ante los tribunales por cualquier actividad delictiva mientras sea rey pero que, en opinión de Urías, no debería blindarle cuando deja de serlo.

Víctor Vázquez, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla, comparte esta opinión. La mayoría de la doctrina, admite, cree que los delitos cometidos por un rey siguen siendo imposibles de someter a la acción de la justicia cuando el monarca deja de serlo, pero él considera que “hay margen” para hacer intrepretaciones más restrictivas sobre la inviolabilidad: "La inviolabilidad para mí está vinculada a la institución, no a la persona. Una vez que dejas de encarnar la institución, nada obsta para que se abran investigaciones y se depuren responsabilidades incluso por los años en los que se fue rey”, explica.

Así, pues, dentro del debate de la inviolabilidad del monarca se abre otro subdebate sobre la interpretación que el constitucionalista dio a este concepto en la redacción de la Carta Magna y si para hacer una interpretación restrictiva es necesaria una reforma de la Constitución. Pero este privilegio no es ni mucho menos el único asunto que está poniendo en serios apuros a la credibilidad de la Corona con la que ahora carga a sus espaldas Felipe VI.

Ley de la Corona

Antonio Torres del Moral, catedrático de Derecho Constitucional en la UNED, hace mucho tiempo que echa “en falta” una ley de la Corona, “desde la aprobación de la Constitución o, al menos, desde el 23F, suceso en el que se puso de manifiesto una grave asintonía entre el rey y el presidente del Gobierno acerca de los nombramientos de los altos cargos de la Casa”. Ya hubo algún borrador de una ley así en el pasado, pero nunca llegaron a buen puerto y no pasaron de una primera lectura.

Esa norma, en su opinión, no afectaría a la inviolabilidad e irresponsabilidad del rey, pues ve discutible que estos dos privilegios pudiesen suprimirse en una reforma constitucional porque son “dos prerrogativas esenciales de la monarquía, como residuo irrenunciable de su posición institucional que compensa su carencia de poder político”. Pero esa ley sí debería “ajustar media docena de preceptos”, entre ellos “el estatuto jurídico de la Reina consorte o del consorte de la Reina”.

La cuestión ahora es si se dan las condiciones políticas para acometer cambios de tal enjundia, que requieren de un consenso amplio. El sector socialistadel Ejecutivo no quiere dar ningún paso en este sentido sin previo acuerdo con la Casa del Rey y tampoco sin tener seguro que elPartido Popular va a ir de su mano en esta materia. El catedrático de Constitucional Javier Pérez Royo no ve viable la aprobación de una ley de la Corona, pues no cree "posible un acuerdo con el PP mientras exista Vox”. “Teóricamente se podría pensar, pero tendría que ser con un acuerdo [entre partidos] que casi es el mismo que haría falta para reformar la Constitución. Tal y como está el patio, yo ahora mismo no lo veo”, resume.

No obstante, el presidente de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, anunció el pasado diciembre que la formación registrará en los próximos meses una ley de la Corona con la que pretende regular “qué puede hacer el rey y qué no” y garantizar “más transparencia” a la institución monárquica que, según el diputado, no tiene suficientes controles democráticos. “No puede ser que nos enteremos de las cuentas corrientes que tiene el rey emérito por una investigación criminal”, dijo.

Cambios en leyes ya en vigor

Tocar la Constitución o redactar una ley regulatoria de la Corona no son las únicas vías posibles para dotar de una mayor transparencia a la institución y contribuir a frenar su desgaste ante la opinión pública. Algunas adaptaciones de la legislación vigente y una serie de gestos voluntarios del jefe del Estado contribuirían a esa "adaptación" de la Corona que lleva meses en el debate público y político. Serían una buena base, un primer paso, y para ello se podría mirar hacia la propia ley de transparencia, de diciembre de 2013, o a la ley del alto cargo, de marzo de 2015. En el momento de la aprobación de ambas, o se pasó de puntillas por la institución, o simplemente se la dejó al margen.

En la Moncloa son claros: trabajan "sin prisas" y con la "cautela" que requiere un asunto que afecta a la Jefatura del Estado. Pero sobre todo insisten en que debe ser"a iniciativa" de Felipe VI. Es algo que, además, les abriría la puerta al apoyo parlamentario de las formaciones no republicanas.

Respecto a la ley reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, una modificación en el apartado del ámbito de aplicación permitiría incluir a los miembros de la Casa del Rey como sujetos obligados y, por tanto, con algunas obligaciones similares a las de los altos cargos, como la publicación de bienes y patrimonio y declaraciones de renta que se exigen según esta norma para controlar, entre otros asuntos, que no hay incrementos patrimoniales injustificados.

En cuanto a la ley de Transparencia y Buen Gobierno, incluye en su ámbito de aplicación a la Casa del Rey, pero no a la familia real. En el estado de liquidación que publica la Casa del Rey sobre sus gastos se detallan los de personal o en bienes y servicios, pero con conceptos amplios como “atenciones protocolarias” o “material, suministros y otros”. Menos detalle ofrecen sobre lo que recibe directamente la familia: sólo dan la cifra inicial y la ejecutada. La institución está a un mundo, por ejemplo, de la monarquía británica en cuestión de transparencia: Buckingham informa pormenorizadamente de todos los desembolsos; por bebida y comida –1,7 millones de libras en 2019–, por ordenadores, por uniformes y hasta por la peluquería de la reina Isabel II.

Desde 2018, han sido al menos cinco las ocasiones en las que se ha alertado de que el rey emérito habría podido incurrir en delitos fiscales. Más allá de las revelaciones que hizo la empresaria germano-danesa Corinna Larsen al comisario José Manuel Villarejo, las diligencias judiciales en las que derivaron han ido poniendo sobre aviso acerca de la posibilidad de que se pudiera investigar a Juan Carlos I, al menos en lo relativo a si estaba o no al día con Hacienda. El pasado diciembre y este mismo jueves se ha demostrado que no lo estaba, tal y como ha reconocido él mismo al llevar a cabo dos regularizaciones tributarias que suman más de cinco millones de euros en impuestos no pagados.

Todo empezó con el caso Tándem, también llamado caso Villarejo, que se instruye en la Audiencia Nacional. En el verano de 2018, los investigadores desencriptaron unas grabaciones intervenidas al comisario jubilado en las que se escuchaba a éste charlando con Corinna Larsen y el expresidente de Telefónica Juan Villalonga. Después se supo que el encuentro se produjo en Londres en el año 2015 y en él la comisionista germano-danesa no escatimaba en detalles: afirmaba que el Juan Carlos I había cobrado comisiones (65 millones de euros) por la negociación de la adjudicación a una UTE española de las obras del AVE a la Meca y señalaba a la mujer de un difunto traficante de armas como la encargada de repartirlas; también acusaba al ex jefe del Estado de haberla utilizado como testaferro y de disponer de cuentas ocultas en bancos suizos a nombre de un primo lejano, Álvaro de Orleans.

La instrucción de esta pieza separada se cerró muy pronto, apenas dos meses después de su apertura. Tanto el juez como la Fiscalía Anticorrupción lo justificaron ante la imposibilidad de investigar al rey emérito, ya que se trataba de hechos supuestamente ocurridos antes de su abdicación y no veían que las revelaciones sobre las actividades de Juan Carlos I fueran "susceptibles de investigación en sede penal". Sin embargo, el Ministerio Público continuó indagando en secreto la adjudicación del AVE a la luz de aquellos audios, pues en la conversación se identificaban tanto el contrato como personas, importes y posibles mordidas en una información que se complementaba con "otros documentos hallados" durante la instrucción judicial.

"Atención de las autoridades tributarias"

En todo caso, la Fiscalía advirtió entonces sobre las consecuencias fiscales que pudieran derivarse de los hechos investigados. Aquí está la primera de las alertas: "Las potenciales contingencias tributarias que indiciariamente revelan las conversaciones sí es posible que merezcan la atención de las autoridades tributarias, y en su caso, pudieran derivar en las correspondientes denuncias por delito fiscal". En este sentido, los técnicos del ministerio de Hacienda (Geshta) emitieron un comunicado el pasado 12 de julio en el que manifiestan que las conversaciones que han sido publicadas tienen la entidad suficiente para que la Agencia Tributaria les preste la máxima atención y las verifique”, dice el informe incorporado al sumario. Por tanto, los fiscales y los técnicos de Hacienda ya venían avisando de una posible evasión fiscal.

Comisión rogatoria de Suiza

La segunda de las alertas podía intuirse desde que la Fiscalía suiza abrió una investigación a raíz de las cintas de Villarejo y Corinna Larsen, pero se confirmó cuando el encargado de las diligencias, Yves Bertossa, remitió en verano de 2019 una comisión rogatoria a la Audiencia Nacional en la que explicaba que había imputado a la examante del rey emérito así como al gestor de fondos Arturo Fasana y al abogado Dante Canónica y solicitaba información útil para sus pesquisas. Tras enumerar los antecedentes y el objeto de su investigación, relataba que de todo lo actuado se desprendía que "Álvaro Jaime de Orleans es el beneficiario de la Fundación Zagatka, con sede en Liechtenstein", desde la que se pagaron viajes y otros gastos a Juan Carlos I y su entonces amante.

En España, la investigación sobre el cobro de supuestas comisiones por la obra del AVE a La Meca siguió con sigilo en la Fiscalía Anticorrupción. Mientras, Juan Carlos de Borbón seguía haciendo vida normal en España, cobrando su asignación de casi 200.000 euros de la Casa Real y participando en actos públicos. No se conocía entonces que en marzo de 2019, unos meses antes de la llegada de la comisión rogatoria de Suiza, Zarzuela supo de la fundación panameña Lucum, de la que tanto el rey emérito como Felipe VI serían beneficiarios, por los abogados de Corinna Larsen. Posteriormente, también de la Fundación Zagatka. El actual monarca se desvinculó de ambas ante notario. Aunque esta noticia no se conoció hasta un año después, ya en plena pandemia de coronavirus, quizá este sea el motivo, unido al avance de las investigaciones en España y Suiza, que desencadenó la decisión de la Casa del Rey en junio de 2019 de apartar al emérito de la vida pública.

El comunicado de Zarzuela

Llegó 2020. La publicación en prensa británica de la vinculación de Felipe VI con las fundaciones llevó a Zarzuela a emitir un comunicado explicativo justo el día en que entró en vigor el estado de alarma por la epidemia de covid-19. Esta sería la tercera alerta, según técnicos de Hacienda consultados por infoLibre. La Casa Real anunciaba que retiraba la asignación anual al monarca abdicado pero también se admitía que Felipe VI conocía desde un año antes los fondos ocultos de su padre en el extranjero y se revelaba la existencia de las fundaciones Lucum y Zagatka.

Traspaso a la Fiscalía del Supremo

La cuarta alerta llegó unos meses después, en junio de 2020: la Fiscalía anunciaba que trasladaba de Anticorrupción al Tribunal Supremo la investigación de las presuntas comisiones del AVE a La Meca al afectar directamente al rey emérito, que está aforado ante este órgano judicial desde su abdicación en junio de 2014. Después llegó el anuncio de una segunda línea investigación sobre fondos no declarados a Hacienda que el empresario mexicano Allen Sanginés-Krause le habría regalado y de los que Juan Carlos de Borbón y algunos familiares habrían hecho uso, a través de tarjetas de crédito a nombre del coronel Nicolás Murga Mendoza, ayudante de campo del monarca abdicado; y unas terceras pesquisas tras una alerta del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac), que detectó movimientos de dinero procedentes de paraísos fiscales.

La anterior regularización

Por la segunda de las investigaciones, el monarca abdicado presentó el pasado mes de diciembre ante la autoridad tributariauna declaración, de la que resultó una deuda por importe de 678.393,72 euros, incluyendo intereses y recargos, tal y como anunció el abogado de Juan Carlos de Borbón. Esta sería, para los técnicos consultados, la quinta de las alertas. La Fiscalía del Supremo informó entonces de que estudiaría la declaración para analizar "su espontaneidad, veracidad y completitud". Investiga, por tanto, si se puede considerar espontánea, ya que el Ministerio Público le notificó un mes antes la existencia de diligencias en su contra –a pesar de que su letrado decía que no había habido requerimientos previos– y el Código Penal sólo considera regularizada la situación tributaria si existe pago previo a la "querella o denuncia" o antes de que la Fiscalía o el juez "realicen actuaciones que le permitan" conocer la iniciación de diligencias.

La nueva regularización, esta vez 4.395.901,96 euros, se corresponde, según el comunicado de su abogado, con "rentas derivadas de gastos por viajes y servicios" a cargo de la Fundación Zagatka, propiedad de Álvaro de Orleans. De lo abonado al fisco, se deduce que lo gastado por el rey emérito en este concepto habría sido algo más de ocho millones de euros. Precisamente, El Confidencial publicó el pasado noviembre que Juan Carlos I utilizó hasta ocho millones de euros de origen opaco para pagar más de una decena de vuelos privados por América del Norte, Caribe y Oriente Medio, de acuerdo con las cuentas de la Fundación Zagatka.

Fuentes de la Fiscalía consultadas por infoLibre no han aclarado si el rey emérito había sido informado de alguna diligencia sobre estos gastos y su evasión fiscal porque "las investigaciones siguen su curso" y sobre su contenido no se da ninguna información, aunque remarcan que la regularización es un acto de carácter tributario. Desde la Agencia Tributaria, por su parte, resaltan que su actuación en lo que compete al rey emérito es de auxilio judicial, por lo que la iniciativa de cualquier actuación corresponde al Ministerio Público.

Sin embargo, para la Asociación de Técnicos del Ministerio de Hacienda, Gestha, la nueva regularización demuestra que la Agencia Tributaria ha actuado durante estos años "arrastrando los pies" por no abrir una investigación fiscal al rey emérito a pesar de todos los indicios con los que contaba. En su opinión, si se tratara de cualquier otro contribuyente, Hacienda le habría abierto una investigación, pero cree que en este caso ha habido "escudos fiscales".

Desde Unidas Podemos, han señalado tanto a la Fiscalía como a la Agencia Tributaria, a las que acusa de "pasividad", lo que está permitiendo, a su juicio, "eludir la justicia" a Juan Carlos de Borbón.