El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, firmó este miércoles con los secretarios generales de CCOO, Unai Sordo, y UGT, Pepe Álvarez, el acuerdo para la segunda parte de la reforma de las pensiones y con la ausencia de la CEOE. Un acuerdo que tanto el ministro como los líderes sindicales loaron con superlativos como “histórico” y “revolucionario”. “Es la apuesta estratégica más definida e importante desde la crisis financiera”, aseguró Unai Sordo. José Luis Escrivá felicitó a CCOO y UGT porque, tras dos años de negociación, ha sido posible una reforma que, a su juicio, supone un “cambio radical y estructural del sistema de pensiones”. Y los sindicatos alabaron al ministro por haber sido capaz de “reconducir” las negociaciones con la Comisión Europea en Bruselas.

Todos ellos contestaron también a las críticas de la patronal a la reforma, que se asienta en el aumento de las cotizaciones de empresas y trabajadores a la Seguridad Social para financiar el aumento de gasto que implicará la mejora de las pensiones. Frente a la “voracidad recaudatoria” de la que acusa la CEOE al Gobierno, el ministro cifró en sólo 37 céntimos el impacto que la subida de cotizaciones –el recargo del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), la cuota de solidaridad y el destope de las bases máximas– tendrá hasta 2050 en el coste laboral por hora. Si ahora se sitúa en 23,4 euros, al final del periodo de aplicación de la reforma se elevará hasta 23,8 euros, aún por debajo de los actuales 29,9 euros de Italia o los 33,8 euros de media de la zona euro. Según los dirigentes sindicales, la subida de cuotas a la Seguridad Social es “manejable” para las empresas. Pepe Álvarez mencionó además que las cuotas a la Seguridad Social se han reducido cuatro puntos desde 1982 en España.

Por el contrario, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, repitió este miércoles que la subida de cotizaciones sociales “lastrará la competitividad de las empresas” y frenará la creación de empleo. Sólo unas horas después, Escrivá compareció en la Comisión del Pacto de Toledo para explicar a los grupos parlamentarios el acuerdo recién alcanzado. Allí, tras recibir los reproches en la misma dirección de los diputados del PP, Ciudadanos, Vox y Coalición Canaria, el ministro subrayó que la subida de salarios que acarreará el aumento de las cotizaciones para pagar las pensiones se limitará a un 1,6% repartido a lo largo de 30 años. Lo que le llevó a tachar de “hipérboles” y “demagogia sin números” las críticas que han tildado de “impuesto al trabajo” e “impuesto al talento” el alza de las cuotas sociales, “en un momento en que los salarios [de convenio] han subido menos de un 3%, la inflación media llegó al 8,5% y los márgenes empresariales han aumentado en un porcentaje similar”.

Además, aseguró Escrivá, si el foco se fija en los costes laborales unitarios, corregidos con la productividad para poder compararlos con los de otros países, los números de España “son incluso más favorables”. Así, la ganancia de competitividad española entre 2010 y 2022 ha sido del 13%, el doble que la zona euro –7,7%– y por encima del 8,5% de Francia o el 3,5% de Italia. Alemania perdió en ese intervalo un 5,8% de competitividad medida con el coste laboral unitario.

El ministro también defendió el destope de bases máximas de cotización y la cuota de solidaridad. Junto con el recargo del MEI, permitirán aumentar los ingresos del sistema en una cantidad equivalente a un 1% del PIB, de acuerdo con las previsiones del Gobierno. De esa mejora, la mayor parte corresponde a las dos primeras medidas, a partes iguales, mientras que la cuota de solidaridad aportará un 10%. Unai Sordo apuntó que sólo 1,2 millones de trabajadores cotizan algunos meses por encima de la base máxima actual –53.946 euros anuales, 4.495,50 euros mensuales– y un millón todo el año. Serán esos salarios más elevados los que pagarán la cuota de solidaridad, del 1% en 2025 y del 6% en 2045. “Decir que el aumento de cotizaciones, que afectará sólo a empresas grandes con grandes excedentes, alejará el talento es una frivolidad”, zanjó.

Frente a las dudas que la oposición política lanzó en la Comisión del Pacto de Toledo sobre la sostenibilidad del sistema por el aumento de gasto previsto con las nuevas medidas –mejora de las pensiones mínimas, cobertura de lagunas de cotización, libre elección del periodo de cálculo–, Escrivá argumentó que el alza de cotizaciones tendrá efectos “equivalentes” a los calculados para el Índice de Revalorización de Pensiones (IRP) y el Factor de Sostenibilidad, las medidas de la reforma de 2013 que quedan derogadas. El IRP limitaba la subida anual de las pensiones a un 0,25% mientras la Seguridad Social tuviera déficit, y ahora se actualizarán de acuerdo con el IPC medio del ejercicio. El Factor de Sostenibilidad recortaba la pensión inicial según la esperanza de vida de cada generación. Escrivá llegó a calificarlo de “aberración”, porque reducía hasta un 50% la pensión inicial de quien se jubilara en 2050. El IRP ocasionaba una rebaja del 30% en la prestación, recordó.

Con la reforma, el gasto en pensiones eludirá los años de máxima tensión financiera por culpa de la jubilación de los baby-boomers, entre 2030 y 2040, e incluso atravesará esa barrera para quedar a partir de 2050 por debajo del gasto actual –el 12,2% del PIB– y del gasto medio en pensiones de la Unión Europea, adelantó.

Según los cálculos del ministerio, la pensión de una mujer que haya cotizado 44 años, pero haya interrumpido su carrera profesional durante ocho por culpa de la crisis financiera y se jubile ya con las mejoras de la reforma, aumentará un 13% mensual respecto al esquema actual, gracias al nuevo periodo de cómputo y al relleno de las lagunas de cotización.

Mientras Unidas Podemos, ERC y EH Bildu agradecieron a Escrivá el “cambio de enfoque” en la reforma de las pensiones, PP y Coalición Canaria le reprocharon que la norma se tramite como un real decreto-ley, hurtando el debate a los grupos parlamentarios y evitando evaluaciones externas. “No le salen las cuentas”, atacó Ana Muñoz Vidal, de Ciudadanos. También le afearon que haya acudido a la Comisión del Pacto de Toledo en el último momento, sólo después de haber pactado con los sindicatos. “Lleva ocho meses sin comparecer aquí”, le espetó el diputado Tomás Cabezón.

El ministro ofreció la posibilidad de tramitar la reforma como proyecto de ley y atribuyó el retraso de tres meses en la presentación del texto –debería haberse aprobado en diciembre de 2022– a la dilatación de las negociaciones con la Comisión Europea. Como España es el país más avanzado en la recepción de los fondos de recuperación y “la referencia para los que vienen detrás”, explicó, los altos funcionarios de Bruselas han sido “particularmente rigurosos”. “Nos dijeron ‘vamos a aprender juntos”, contó a los diputados, para después asegurar que la reforma se convertirá en una "referencia internacional" por su cambio de enfoque. En respuesta a la diputada de Coalición Canaria Ana Oramas, que había rebajado el aval de Bruselas a un “acuerdo de mínimos” con la Comisión Europea, José Luis Escrivá presumió de que, por el contrario, ha sido “pactado con las métricas europeas más exigentes”.

Tanto en el acto de la firma con los sindicatos por la mañana como ante el Pacto de Toledo por la tarde, el ministro no cesó de replicar a los analistas que estos días han atacado la reforma. “No hay ningún experto que la avale”, le recriminó Tomás Cabezón, “la única unanimidad en esta reforma es que decepciona”.

Para Escrivá, los análisis publicados estos últimos días por BBVA Research o por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) son “cálculos apresurados y oportunistas, sacados de un PC en una casa”, discusiones “viejunas instaladas en debates y métricas ya superadas internacionalmente”. Ambos centros de estudios ponen en duda que el aumento de ingresos previsto con la subida de cotizaciones cubra el crecimiento del gasto en pensiones para las próximas décadas. Y temen el efecto de las mayores cuotas sociales en el empleo, los salarios y la inversión de las empresas. Los sindicatos, por su parte, ven motivos “ideológicos” y del sector financiero detrás de esos informes: “No hay análisis desinteresado de pensiones en España”.

Al PP, igual que a la CEOE, no le gusta la reforma de la pensiones que tiene previsto aprobar este jueves el Gobierno en una sesión extraordinaria del Consejo de Ministros. Lo dejó claro esta vez su portavoz en la Comisión del Pacto de Toledo, Tomás Cabezón, en una intervención en la que no ahorró críticas al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, pero en la que no ofreció una sola pista sobre qué modelo defiende el partido de Alberto Núñez Feijóo parta garantizar la sostenibilidad del sistema.

El principal partido de la oposición se ha desentendido definitivamente de la reforma de las pensiones, que cuenta con el visto bueno provisional de Bruselas, de los sindicatos y de la mayoría del Congreso, a la vista de las posiciones fijadas este miércoles por los grupos parlamentarios. Y de la que depende que España siga recibiendo como hasta ahora los fondos Next Generation.

Por no decir, Cabezón ni siquiera se refirió al argumento utilizado unas horas antes por el vicesecretario de Economía de Feijóo, Juan Bravo, para explicar cómo piensa el PP sostener las pensiones sin reformar el sistema: crear 1,7 millones de nuevos puestos de trabajo con los que nutrir las arcas de la seguridad social sin necesidad de tocar las cotizaciones. Con 1,7 millones de nuevos empleos, vino a decir Bravo, el sistema de pensiones estaría asegurado porque sería posible alcanzar una recaudación adicional de 16.000 millones en cotizaciones sociales.

El ministro Escrivá no se resistió a la tentación de ironizar sobre lo que diría la Unión Europea si un Gobierno del PP acude a Bruselas diciendo que va a garantizar el futuro de las pensiones creando 1,7 millones de empleos y sin explicar cómo piensa hacerlo. Y fue durísimo con el principal grupo de la oposición: “Si ustedes va a la Unión Europea en algún momento y les dicen: ‘Miren ustedes, no se preocupen, la sostenibilidad del sistema de pensiones yo la arreglo porque voy a crear 1,7 millones de empleos’. ‘¿Cómo?’ Bueno, ya se lo contaré en otro momento, pero yo soy capaz’. Les auguro un futuro fantástico en Bruselas si ustedes se presentan allí diciendo que van a crear 1,7 millones de empleos”.

Eso es exactamente, según Escrivá, lo que hizo Mariano Rajoy en 2012 y lo que sospecha que planea hacer Feijóo. “Llegaron al Gobierno y dijeron a Bruselas: ‘No se preocupen, la crisis la arreglamos nosotros porque vamos a hacer A, B y C’. ¿Cómo? ‘Bueno, ya veremos’. A cada medida que ustedes iban tomando la prima de riesgo no hacía mas que subir. Y tuvo que llegar el BCE y rescatarnos, pero ustedes tenían la solución al problema. Bueno, pues esto del señor Feijóo de los 1,7 millones de empleos, sin explicarnos ni el cómo ni el qué ni con qué reformas me recuerda muchísimo al 2012”.

Sin nada que decir sobre lo que defiende Feijóo, el portavoz del PP centró su intervención en tratar de desacreditar la propuesta de Escrivá y hasta al propio ministro citando a expertos en pensiones —que según el titular de la cartera de la Seguridad Social son, precisamente, los que diseñaron el modelo de Rajoy de 2013, ya derogado— y poniendo sobre la mesa los pronunciamientos del servicio de estudios del BBVA y de Fedea.

Ambos predicen una catástrofe en términos de destrucción de empleo —calculan una pérdida de 250.000 puestos de trabajo por cada punto que suban las cotizaciones sociales—. Y lo han hecho en un tiempo récord, en cuestión apenas de unas horas, sin saber apenas en qué consistía la propuesta del Gobierno, lo que ha hecho sospechar a Escrivá la escasa fundamentación de sus opiniones y una intencionalidad política que relacionó con el PP.

Los expertos de, PP, subrayó el ministro, “son los de la reforma desastre de 2013, que nadie quiere. Un modelo con el que las pensiones hubiesen perdido ocho puntos este año”. Son opiniones, remató, que “reflejan una soberbia academia” y un “un desprecio absoluto a las soberanía popular, a los consensos, que me produce verdadera preocupación” confesó.

La única tesis que el PP planteó en la comisión es que la reforma va a tener un efecto negativo sobre el empleo y las empresas porque el incremento de las cotizaciones es en realidad “un impuesto” a la creación de puestos de trabajo.

El PP sigue eludiendo el debate sobre los cambios que necesita el sistema, a pesar de que su presidente reconoce que hace falta una reforma. Y “predice consecuencias negativas para la creación de empleo y la competitividad de las empresas que el ministro desmintió poniendo encima de la mesa datos que confirman que el incremento de cotizaciones apenas tendrá efecto en esa materia.

El PP ya anticipa que si los españoles les dan mayoría en el Congreso derogarán esta reforma, de la que además dependen los fondos europeos, pero no dicen qué modelo piensan poner en funcionamiento en su lugar. Hasta ahora, sólo han hecho referencia a crear 1,7 millones de empleos y a aumentar la natalidad. Esos dos mimbres, asegura el PP, serán suficientes para que la sostenibilidad de las pensiones esté asegurada en las próximas décadas, en las que la seguridad social debe hacerse cargo de un incremento muy notable del número de pensionistas.

El PP, y en esto han coincidido también otros grupos, se quejó además de que Escrivá les haya planteado la reforma apenas unas horas antes de que el Gobierno la vaya a aprobar en Consejo de Ministros, lo que hace imposible que sea aprobada por consenso en la Comisión del Pacto de Toledo. Escrivá se excusó recordando que la reforma ya va con retraso y prometió que su tramitación en el Congreso ese hará como proyecto de ley para tratar de alcanzar acuerdos con todos los grupos políticos dispuestos a hacer aportaciones.

El Consejo de Ministros aprobará, este jueves o el próximo lunes, la segunda parte de la reforma de las pensiones, que financiará con el aumento de las cotizaciones sociales la mejora de las pensiones mínimas, la libre elección del periodo de cálculo y la cobertura de las lagunas de cotización y la brecha de género en las prestaciones. Tras conseguir el respaldo de los sindicatos, y la “frontal oposición” de los empresarios, el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, explicará este miércoles en la Comisión del Pacto de Toledo los detalles del real decreto-ley que después deberá contar con el apoyo de los socios de investidura para convertirse en ley.

Al cierre de esta edición, los sindicatos estaban a punto de dar su aprobado definitivo a la reforma, pendiente de que una llamada entre el ministro y los líderes de CCOO y UGT solventara un último punto de discusión. “No va a comprometer el acuerdo, pero es importante para nosotros, un gesto de responsabilidad, poner el foco sobre ello”, explicaron a infoLibre fuentes de la negociación. Está previsto que los comités confederales de ambos sindicatos sometan a votación la reforma también este mismo miércoles. 

La reforma da la vuelta al calcetín de la que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy en 2013 y que se ha ido desmantelando en los últimos años, al dejarse sin efecto sus dos novedades principales: el Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP) y el Factor de Sostenibilidad. Con el texto recién pactado con CCOO y UGT, se pone la puntilla también a la filosofía que sustentaba aquel modelo de pensiones públicas. Si entonces se optó por recortar el gasto –las pensiones– para hacer sostenible el sistema, ahora se aumentan los ingresos para garantizar la suficiencia de las prestaciones.

El giro cuenta también con el visto bueno de Bruselas. La reforma de las pensiones es uno de los hitos a los que se comprometió el Gobierno a cambio de recibir los fondos de recuperación. Se trata del componente 30 del Plan de Recuperación y a su cumplimiento queda supeditado el cuarto desembolso de los fondos, 10.000 millones de euros. El aumento del gasto que acarrea la reforma, desde el regreso al IPC como instrumento de revalorización anual hasta la mejora de las pensiones mínimas, ha sido bendecido por la Comisión Europea no sólo porque se sufragará con más ingresos, sino además porque el sistema contará con un mecanismo automático de ajuste para corregir posibles desvíos presupuestarios.

El Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), llamado a sustituir al Factor de Sostenibilidad que recortaba la pensión inicial del trabajador según la esperanza de vida de su generación, se encuentra en vigor desde el pasado enero y va a prolongar sus efectos hasta 2050, cuando en principio iba a funcionar sólo hasta 2033. También se eleva su importe. El recargo en las nóminas de los trabajadores, que en la actualidad es del 0,6% sobre las contingencias comunes –0,5% a cargo de la empresa y 0,1% del trabajador– crecerá a razón de una décima anual, de forma que alcance el 1,2% en 2029. La recaudación engrosará el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, conocido como la hucha de las pensiones.

En su diseño inicial el MEI estaba configurado con un mecanismo “semiautomático” de ajuste, tal y como lo definió el ministro Escrivá. Pero Bruselas lo quería automático y el Gobierno ha incluido en la reforma un control adicional: la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) evaluará cada tres años el impacto de las medidas sobre el sistema y, si el gasto medio bruto supera el 15% del PIB –el actual se sitúa en el 12%–, el Gobierno deberá adoptar medidas para eliminar el exceso: aumentar aún más las cotizaciones o bien utilizar otra fórmula para elevar los ingresos, pero también “reducir el gasto en pensiones en porcentaje del PIB” o combinar ambas opciones.

El Gobierno deberá negociar esas nuevas medidas con sindicatos, patronal y los grupos parlamentarios y, si no consigue sacarlas adelante antes del 1 de enero del año siguiente, el MEI se aumentará automáticamente para compensar en dos décimas el exceso de gasto hasta que se aprueben las iniciativas destinadas a controlarlo. El refuerzo, por tanto, es doble.

De esta forma, el Ejecutivo cree que se garantiza la sostenibilidad del sistema. Con los nuevos ingresos se cubrirá el crecimiento del gasto que resulta no sólo de la mejora de las pensiones impulsada por la reforma, sino también de la jubilación de los baby-boomers y la actualización de las pensiones según el IPC. Los críticos, tanto de la CEOE y la oposición política como los analistas de Fedea o BBVA Research, dudan de que las mayores cotizaciones puedan cubrir ese gasto creciente. De los más de tres puntos de PIB en que calculan que crecerá el dispendio en pensiones, las fórmulas diseñadas por Escrivá sólo sufragarán como máximo 1,7 puntos, asegura el centro de estudios del BBVA, por ejemplo. Además, censuran que se haga recaer sobre empresas y trabajadores todo el peso de la mejora del sistema. La CEOE ya ha advertido de que repercutirá en los salarios el aumento de las cotizaciones. E incluso ha propuesto sufragar las pensiones con parte de la recaudación del IRPF o del IVA en lugar de con las cuotas a la Seguridad Social. Según BBVA Research, por cada punto porcentual del PIB que se eleven las cuotas a la Seguridad Social, se reduce otro punto el empleo.

Por el contrario, el Gobierno subraya el carácter “redistributivo” de su reforma, puesto que serán “las aportaciones que hagan las empresas por los salarios más altos” las que financiarán el aumento del gasto en pensiones. Es ahí donde descansan las otras dos medidas para subir los ingresos del sistema: el destope de la base máxima de cotización y la cuota de solidaridad.

Hasta ahora, todo lo que un trabajador cobra por encima de 53.946 euros anuales no cotiza a la Seguridad Social. El Ejecutivo quiere que ese tope vaya subiendo de forma progresiva entre 2025 y 2050, sumando a la subida anual del IPC una cuantía fija de 1,2 puntos porcentuales. Pero la pensión máxima para esos salarios aumentará menos: lo que crezca el IPC más un alza de 0,115 puntos porcentuales hasta 2050. Desde ese año y hasta 2065 seguirá creciendo hasta 20 puntos porcentuales. Y a partir de ese año sindicatos, patronal y Gobierno negociarán si la pensión máxima continúa elevándose hasta 30 puntos. Con ese decalaje entre base máxima y pensión máxima se pretende conseguir recursos adicionales para mejorar las pensiones. El destope de la base máxima y la mejora de la pensión máxima también serán evaluados, cada cinco años, por el Ejecutivo y los agentes sociales, de cuyos resultados deberá ser informada igualmente la Comisión del Pacto de Toledo.

Además, el Gobierno propone cobrar desde 2026 una cuota de solidaridad sobre la parte del salario que supere la base máxima. Empezará siendo del 1%, pero crecerá a un ritmo de 0,25 puntos anuales hasta llegar al 6% en 2045. Se aplicará sólo sobre la cantidad que exceda de esos 53.946 euros anuales, no sobre el salario total.

Con estos tres instrumentos, la reforma pretende sufragar, en primer lugar, el aumento de las pensiones mínimas, tanto contributivas como no contributivas. Para ello se implantará una fórmula similar a la que ya se utiliza para elevar el Salario Mínimo Interprofesional. Así, las mínimas contributivas se subirán de forma progresiva hasta que alcancen en 2027 el 60% de la renta mediana de un hogar con dos adultos, mientras que las no contributivas deberán igualar ese mismo año el 75% del umbral de pobreza calculado para un hogar unipersonal. Unos 2,64 millones de personas cobran en España pensiones mínimas –por debajo de 783 euros– y no contributivas –las que perciben quienes no han cotizado 15 años–.

En segundo lugar, el aumento de las cotizaciones sociales servirá para financiar el mayor coste de la libre elección del periodo de cálculo de la pensión que consagra la reforma. Fue la medida más polémica del diseño inicial presentado el pasado noviembre por el Ministerio de Seguridad Social. Entonces se trataba de una ampliación del periodo cómputo, de los 25 años actuales a 30, pero descartando los dos peores años de cotización. La iniciativa suscitó el rechazo inmediato tanto de Unidas Podemos y de los socios de la investidura como de los sindicatos. Ahora, en cambio, el trabajador podrá elegir si quiere utilizar el periodo de cómputo en vigor, 25 años, o si prefiere ampliarlo a 29 años descartando los dos peores. Esta fórmula no se empezará a aplicar hasta 2027 y se prolongará hasta 2044. Desde ese año, el periodo de cálculo único quedará fijado en 29 años. En todo caso, su ampliación será progresiva, a razón de cuatro meses por año. Es decir, en 2027 se podrá elegir entre los 25 años o los 25 años y cuatro meses cotizados, descartando de este último periodo los dos peores meses de cotización. No será hasta 2038 cuando se puedan desechar los dos peores años de entre los últimos 29 cotizados.

Otra medida de mejora de las pensiones se refiere a la cobertura de lagunas de cotización para quienes, sobre todo mujeres, no hayan podido contribuir porque abandonaron el mercado laboral en algún momento de su carrera profesional. Esos vacíos se compensarán con el 100% de la base mínima los primeros cuatro años y con el 50% a partir de ese plazo. Para las mujeres, la cobertura será del 100% de la base mínima hasta el quinto año y del 80% del quinto al séptimo año.

Finalmente, se aumenta un 10% el complemento de brecha de género en las pensiones en 2024 y 2025. Se considera que existe esa brecha cuando la pensión media de los hombres sea un 5% superior a la pensión media de las mujeres.

La ampliación del periodo de cálculo de la pensión ha pasado de ser una medida que “ni ha existido ni va a existir” a ser una realidad en la mesa donde los responsables del Ministerio de Seguridad Social negocian con empresarios y sindicatos la segunda fase de la reforma de las pensiones. El departamento de José Luis Escrivá aún no ha proporcionado a los agentes sociales los números que sustentan su propuesta de aumentar de 25 a 30 el número de años que se utilizarán para calcular la cuantía de la pensión, pero debería facilitarlos antes de la próxima reunión, que está prevista para este jueves, según han explicado a infoLibre fuentes de la negociación.

El ministro siempre ha dicho que el efecto de la medida será “neutro” para las cuentas de la Seguridad Social. Es decir, que no reducirá el gasto en pensiones. Cuestión distinta es cuál será su efecto sobre la cuantía que percibirán los futuros pensionistas. En sucesivas declaraciones a lo largo de los meses José Luis Escrivá ha vinculado en todo momento cualquier ampliación del número de años sobre los que se calcula la cuantía de la pensión inicial a las “nuevas realidades del mercado de trabajo”, mencionando a quienes perdieron su empleo durante la anterior crisis y empezaron a cobrar –y cotizar– mucho menos, y prometiendo un mejor tratamiento de las lagunas de cotización o el descarte de los peores años. Según sus cálculos, la medida afectaría a un 30% de trabajadores que ya no tienen carreras laborales lineales como antes, en las que los salarios crecían conforme aumentaba la antigüedad.

En septiembre, cuando prometió presentar su propuesta, el ministerio se limitó a anunciar a sindicatos y patronal una ampliación “suave” del periodo de cálculo. Por tanto, no llegaría a los 35 años, como había aparecido en un documento elaborado por el propio ministerio y que terminó haciéndose público. Finalmente, la medida que puso encima de la mesa este lunes es una extensión “moderada” del número de años hasta 30, pero permitiendo que el trabajador descarte los dos peores años de cotización. Es decir, una ampliación a 28 años, que además se aplicará “de forma progresiva”. Es el cuarto aumento de este parámetro, después de haber subido de dos a ochos años en 1985, hasta 15 años en 1997 y a 25 años en 2011.

Seguridad Social se ha cuidado de precisar que el planteamiento es sólo “un punto de partida”, abierto a las aportaciones de la mesa de diálogo social, pero tanto CCOO y UGT como la patronal CEOE rechazan la medida. Ni está entre las recomendaciones del Pacto de Toledo ni tiene posibilidades de obtener apoyo parlamentario suficiente, destacan al unísono los agentes sociales. “El ministerio está empeñado en poner encima de la mesa una medida que no es necesaria”, critica el responsable de Protección Social de CCOO, Carlos Bravo, “si no existe la garantía de que es una propuesta de gobierno y con respaldo parlamentario suficiente, no tiene sentido seguir insistiendo”. Bravo se refería así al rechazo manifestado por Unidas Podemos a la ampliación del periodo de cálculo de la pensión. Y al máximo nivel: la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha dejado claro que no apoya lo que considera un “endurecimiento del acceso a la jubilación” y una “pérdida de derechos”. Mientras, la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, ha pedido que se convoque la Comisión del Pacto de Toledo para debatir la propuesta del Ministerio de Seguridad Social. Al mismo tiempo, los sindicatos advierten de que, sin acuerdo en el diálogo social, va a ser muy difícil que la medida, incorporada en un real decreto-ley que necesita ser refrendado en las Cortes, consiga salir adelante.

Además, el Gobierno debería tener aprobada la segunda fase de la reforma de las pensiones antes de que acabe el año. La ampliación del periodo de cálculo es uno de los hitos del Plan de Recuperación y Resiliencia enviado a Bruselas y que compromete al Ejecutivo a cumplir ese plazo.

A la espera de que el ministerio facilite los números sobre el impacto de la medida, tanto en las cuentas de la Seguridad Social como en las pensiones de quienes se jubilen a partir de ahora, UGT desconfía de que sea neutra para los trabajadores “si no se añaden medidas correctoras”, subraya la secretaria de Política Institucional, Cristina Estévez. El sindicato, continúa, ha encargado sus propios informes, que cifran entre un 7,8% y un 9,2% el recorte que sufrirían las nuevas pensiones de ampliarse el periodo de cómputo a 30 y 35 años.

Carlos Bravo explica que cualquier ampliación del periodo de cálculo beneficia a los trabajadores cuyo salario ha descendido o han perdido el empleo en sus últimos años carrera profesional. Pero no afecta a quienes mantengan su empleo y tengan un salario que haya subido con el IPC. Y perjudica a los que cobren sueldos que hayan mejorado más que la inflación. Lo normal, con esta distribución, por tanto, es que se reduzca el gasto agregado en pensiones.

Sin embargo, el responsable de CCOO concede que, tal y como lo ha planteado el ministro Escrivá, en este caso el impacto en las cuentas de la Seguridad Social será neutro. “Pero afectación individual siempre hay”, precisa. Aunque también admite que el recorte en las pensiones iniciales será pequeño. “Ahora los hombres tienen una media de 40 años de cotización, y las mujeres, que estaban en 28 años, han subido hasta 34”, indica.

También el Banco de España ha hecho sus propias estimaciones. Y antes incluso publicaron las suyas los profesores de la Universidad de Valencia José Enrique Devesa, Mar Devesa, Inmaculada Domínguez, Borja Encinas y Robert Meneu. El Banco de España calculó el efecto sobre la pensión inicial del aumento de 15 a 25 años que se aprobó en la reforma de 2011 y que se ha aplicado de forma gradual hasta completarse este mismo ejercicio. Según sus estimaciones, el 66% de las nuevas pensiones sufrieron un recorte, mientras que el 19% aumentaron su cuantía y el 15% no se modificaron. Las que bajaron lo hicieron en un 5% de media. Después, calculó el efecto de una ampliación de 25 a 35 años: el 80% de las pensiones iniciales serían más bajas, un 10% serían más altas y otro 10% se mantendrían en el mismo importe. En este caso, el recorte medio sería mayor, un 8,2%.

Ahora bien, si el aumento a 35 años fuera acompañado del descarte de los seis años más desfavorables –por lo que el periodo de cálculo quedaría en 29 años, casi los 28 años de la propuesta de Escrivá– el recorte en las nuevas pensiones se “suavizaría” y equivaldría a la que resulta de considerar 25 años de cotizaciones. Aun así, más de la mitad de los pensionistas verían reducida su prestación. En cambio, eliminar los años con peor cotización elevaría las pensiones iniciales de los trabajadores con lagunas en sus carreras laborales, de quienes han sufrido etapas de desempleo y de quienes cobran las pensiones más bajas.

Las cifras del estudio de la Universidad de Valencia son distintas y señalan una disminución de la cuantía inicial de la pensión de un 9% si se aumenta el periodo de cómputo de 25 a 35 años. Pero un alza del 5,6% si se permite elegir los 25 mejores años del total de 35. En este caso, destacan sus autores, los más beneficiados serían los trabajadores con salarios más bajos, los de carreras de cotización más cortas, los hombres y los autónomos.

En cualquier caso, el impacto de una ampliación del periodo de cómputo siempre es dispar dependiendo del tipo y sexo del trabajador, del tipo de empleo o de la carrera de cotización. En general, incorporar los años más antiguos de cualquier vida laboral supone incluir en el cálculo de la base reguladora –el promedio de las bases de cotización actualizadas con la inflación excepto los últimos 24 meses antes de la jubilación– los años con menores salarios. Y, por tanto, bajar la cuantía de la pensión inicial.

Por ejemplo, el Banco de España calcula que, excluyendo los seis peores años del total de 35, los hombres aumentarían su pensión un 1,4%, mientras que la de las mujeres no experimentaría cambio alguno. Quienes sufrieran más de un año de laguna de cotización mejorarían un 2,8%; quienes hubieran estado desempleados, un 2,5%. Los de menores salarios aumentarían su pensión un 2,3%, mientras que los de sueldos más altos la reducirían un 1,7%.

El estudio de la Universidad de Valencia apunta además hacia otras posibles disparidades. Aumentar a 35 años el periodo de cálculo, pero eligiendo sólo los 25 mejores tendrá mayor impacto sobre las jubilaciones demoradas, cuyas pensiones mejorarán un 6,9%, mientras que las anticipadas subirán un 4,8%. Para los autónomos, el alza de la pensión inicial sería de un 8,7%, por encima del 5% de los asalariados del Régimen General.

“Los más afectados serán los trabajadores con carreras de cotización más cortas”, corrobora Santos Ruesga, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad. A su juicio, no obstante, el recorte que sufrirán las pensiones no será muy grande. Tampoco el efecto sobre las cuentas de la Seguridad Social. “Incluso el ahorro que se calculaba para la ampliación de 15 a 25 años, entre un 0,2% y un 0,3% del PIB, me parece excesivo”, advierte. En el mismo sentido se pronuncian otras fuentes académicas consultadas por infoLibre, que preferirían que se considerara toda la vida laboral para calcular el importe de la pensión. Así se hace en toda Europa, concede por su parte Cristina Estévez, excepto en Francia y España. Y esa extensión sí que se traduciría en un recorte considerable de la cuantía de la prestación inicial.

Pero ampliar el periodo de cálculo a 30 años “de forma gradual” no lo considera “tan grave” Santos Ruesga. Otras fuentes apuntan a que, para quienes se vayan a jubilar ahora, incorporar al cómputo de la base reguladora las cotizaciones de los años 90 no les resultará perjudicial. “Fueron buenos años”, recuerdan.

De todos modos, para cubrir las lagunas de cotización de mujeres y autónomos, el ministerio ya ha comunicado a sindicatos y patronal un esquema más generoso que el ya existente. Así, ahora se concede un 100% de la base mínima para los 48 primeros meses sin cotización y un 50% a partir de entonces. Escrivá propone aumentar a un 60% entre el 49º y el 72º mes, y reconocer un 50% en adelante. Para los autónomos, ofrece cobertura durante los seis meses siguientes al fin de la prestación por cese de actividad.

Carlos Bravo recalca que CCOO no va a apoyar la ampliación del periodo de cálculo, “el elemento que está más en el aire” de toda la propuesta de Escrivá. En cambio, pone la lupa en otros elementos que considera mucho más relevantes: la subida de las pensiones en función del promedio del IPC y la de las bases máximas de cotización también según ese parámetro. Pero también destaca lo que echa en falta en la oferta del ministerio: cómo aumentar aún más los ingresos del sistema, cómo reducir la brecha de género en las pensiones, la mejora de las pensiones mínimas y de los mecanismos de jubilación parcial o la extensión del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) hasta 2050. Todas ellas cuestiones que prioriza frente a la “innecesaria" ampliación del periodo de cálculo.

La oposición ataca por “insolidaria”, “temeraria” e “irresponsable” la subida de todas las pensiones al mismo ritmo que el IPC, el Banco de España y los economistas de Fedea proponen alzas selectivas dependiendo de la cuantía de la prestación, mientras los pensionistas piden en la calle que las mínimas se eleven hasta el 60% del salario medio. Pero el Gobierno defiende a capa y espada una revalorización que en 2023 alcanzará el 8,5%, en línea con una inflación en niveles desconocidos desde hace 40 años. El ministro José Luis Escrivá repite que la medida es fruto de un acuerdo en el Diálogo Social y responde a las recomendaciones del Pacto de Toledo. Su número dos, Borja Suárez, lo remachó esta misma semana en el Congreso de los Diputados: “No se trata de una decisión de política económica, sino de un derecho, y no porque lo diga el artículo 58 [de la Ley de la Seguridad Social], sino porque también lo dicen el artículo 50 de la Constitución, la doctrina del Tribunal Constitucional, el Tribunal de Justicia de la UE… La revalorización de las pensiones no se puede decidir en función de la coyuntura, los derechos no funcionan así”. Un argumento que suscribirían los manifestantes jubilados, y los sindicatos, pero que rebaten parte de la oposición política y un buen sector de analistas económicos, para quienes ligar las pensiones al IPC pone en riesgo la supervivencia del sistema.

Las pensiones dejaron de actualizarse en función del IPC tras la reforma que el PP aprobó en solitario en 2013. Hasta entonces, la referencia era la inflación del mes de noviembre de cada año. La nueva norma creó dos mecanismos cuyo objetivo era contener el gasto en este capítulo, el de mayor volumen de los Presupuestos del Estado: 190.083 millones de euros en 2023 –el 39% del gasto, el equivalente al 12% del PIB–, de los cuales 120.054 millones corresponderán a las pensiones de jubilación. El mandato europeo para rebajar el déficit público y la presión que sobre el sistema va a suponer el retiro de los nacidos en el baby boom de los años 60 y 70 fueron los motores del Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP) y del Factor de Sostenibilidad.

El IRP consistía en un alza de las pensiones del 0,25% siempre que las cuentas de la Seguridad Social cerraran con déficit, lo que venía sucediendo desde 2011. En caso de que tuvieran superávit, subirían como máximo lo mismo que el IPC más un 0,5%. El Factor de Sostenibilidad recortaba la cuantía de la primera pensión según aumentara la esperanza de vida. Mientras el primer mecanismo se aplicó de 2014 a 2017, el segundo no llegó a entrar en vigor.

“No creo que nadie quiera volver a la ley de 2013”, apuntó José Luis Escrivá el pasado mes de julio. “Y si alguien quiere volver, que sea consciente de que eso significaría que en el conjunto de 2022 se perderían 1.300 euros de renta para una pensión media”. El ministro se refería a la pérdida respecto a la inflación de este año, que según las previsiones puede terminar en un 8,5% de media.

Un ejercicio parecido puede hacerse de forma retrospectiva. El IRP dejó de aplicarse en 2018, después de que el Gobierno de Mariano Rajoy pactara con el PNV su apoyo a los Presupuestos de ese año a cambio de renunciar a su propia criatura. La decisión, además, vino precedida de una marea de protestas de los pensionistas en pleno año electoral. La reforma de las pensiones aprobada en diciembre de 2021 lo derogó definitivamente.

Pero si se hubiera mantenido en vigor todos estos años, la pensión media mensual de 2017, que estaba en 1.071,01 euros, habría subido sólo 16,14 euros, ya que se habría revalorizado un 1,5%, a razón de un 0,25% anual, 2023 incluido. En cambio, la mejora real de las pensiones en estos seis años alcanzará el 16% cuando se apruebe la subida del 8,5% prevista en los próximos Presupuestos. Es decir, 15,5 puntos porcentuales superior a la resultante de aplicar sólo el IRP del 0,25%. En 2018 y 2019, la subida fue del 1,6%; en 2020 y 2021, del 0,9%, y en 2022, del 2,5%. Esos aumentos anuales son los responsables de que la pensión media mensual haya crecido 180,71 euros, hasta los 1.251,72 euros. Por tanto, en 2023 su cuantía será 164,57 euros mayor que la que habría tendido con el IRP establecido en la reforma de 2013.

Como puede verse, las alzas entre 2018 y 2021 tampoco fueron espectaculares: la inflación estaba muy contenida. Incluso fue negativa en 2020, que terminó con un -0,53%. Sólo en 2022 las pensiones perdieron poder adquisitivo, puesto que subieron un 2,5% mientras que el IPC cerró el año anterior en el 6,5%. Cuatro puntos de desfase. En total, los precios han crecido un 16,49% desde 2018, mientras que la pensión media lo hizo un 16,87%. Por tanto, de haberse mantenido el IRP, la pensión media habría perdido 15 puntos de poder adquisitivo en los últimos seis años.

Además, en este tiempo, hubo pensiones que subieron más que las contributivas. Las no contributivas –para quienes no han cotizado lo suficiente– y las mínimas mejoraron un 3% en 2018, 2019 y 2022, mientras que en 2021 crecieron un 1,8%, el doble que las demás.

Con ese 8,5% previsto –habrá que esperar a que termine el año para que pueda calcularse la inflación media de 2022 y determinar la cifra exacta–, 2023 será el año en que más habrán subido las pensiones en la historia de España, muy por encima del máximo del 4,1% en que crecieron en 2008 las contributivas, en línea con el alza de la inflación el año precedente. Las mínimas mejoraron entre un 5% y un 6,5%. 

El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, descartó este lunes, de nuevo, que vaya a aumentar de 25 a 35 años el periodo de cálculo de las pensiones. Lo hizo en una entrevista en RNE, apenas un par de horas antes de que el secretario de Estado, Borja Suárez, informara a sindicatos y patronal de que el plan de su departamento es ampliarlo de forma “suave”. No precisó más. Ni entregó una propuesta por escrito ni lo hará el próximo lunes, cuando en teoría deberían volver a reunirse Gobierno y agentes sociales para seguir negociando la segunda fase de la reforma de las pensiones comprometida con Bruselas. En realidad, según aseguran a infoLibre fuentes de las negociaciones, la cita de ayer concluyó sin que hubiera siquiera convocatoria para el día 19.

La ampliación del número de años cotizados que se tienen en cuenta para calcular la cuantía de la futura pensión irá acompañada de medidas para “mejorar la equidad del sistema”. Es decir, se permitirá a los trabajadores eliminar los peores años de cotización y rellenar las lagunas de cotización. Porque las carreras laborales han cambiado mucho durante los años y, por ejemplo, desde la reforma laboral de 2012 y la crisis financiera, para muchos trabajadores despedidos entonces, los últimos años antes de la jubilación ya no son los de mejores salarios y, por tanto, los de mayores cotizaciones. Y esa caída retributiva final termina reduciendo su pensión. Además, las carreras de muchas mujeres son más intermitentes que las de los hombres por la maternidad.

“Tenemos que discutir con los agentes sociales cuál es la mejor combinación de estos tres elementos para que el sistema sea más equitativo y más justo, y cumpla su función de proteger de alguna forma a aquellos que tienen situaciones sobrevenidas o indeseadas y que no les afecte negativamente desde el punto de vista de la pensión futura”, explicó Escrivá en RNE. A continuación, recalcó que “en ningún caso” se ampliaría el periodo de cálculo a 35 años, sino que se harían “pequeños ajustes”.

Su número dos lo llamó ampliación “suave”, el mismo adjetivo que utilizó para describir el aumento de la base máxima cotización y de la pensión máxima que completan esta segunda fase de la reforma. Los sindicatos y la patronal coincidieron a la hora de reclamar al ministerio una propuesta concreta y de recordarle al secretario de Estado que la ampliación del periodo de cálculo no está entre las recomendaciones del Pacto de Toledo acordadas en noviembre de 2020. Según recuerdan las fuentes consultadas, estaba incluida en un texto previo pero, tras pedir su retirada Unidas Podemos y el PP, el PSOE aceptó para hacer posible el acuerdo que finalmente permitió la aprobación de las recomendaciones. CCOO y UGT, además, dejaron claro su rechazo a cualquier aumento del periodo de cálculo, que en 2022 acaba de quedar en 25 años tras ampliarse de forma gradual desde los 15 años en cumplimiento de la reforma de las pensiones de 2011. Y advirtieron de que ni siquiera se ha evaluado aún el impacto de esa extensión.

Borja Suárez sólo aclaró a los agentes sociales que la propuesta del ministerio será “neutra” en términos fiscales, no se hace con propósitos “recaudatorios” y no afectará de manera inmediata a los que se jubilen ahora.

José Luis Escrivá siempre ha explicado que su departamento lleva tiempo estudiando diferentes “fórmulas” para aumentar la contributividad del sistema público de pensiones –tanto cotizas, tanto cobras– y “adaptarlo a las nuevas realidades” del mercado laboral, donde “las interrupciones y las lagunas [de cotización] son cada vez menos excepcionales”. Así figura, de hecho, en el Componente 30 del Plan de Recuperación. La segunda fase de la reforma de las pensiones debe recibirla Bruselas antes del 31 de diciembre. El Ministerio de Seguridad Social, preguntado por este periódico, se remite a las palabras de Escrivá en RNE –“no llegará a 35 años”–. “Fue una primera toma de contacto, aún no hay nada concreto”, aseguran fuentes del departamento. “Las reformas en estos temas”, añaden, "siempre son suaves”.

En realidad, el ministro lleva jugando con la idea de ampliar el periodo de cálculo y adaptarlo a las “nuevas realidades” del mercado laboral casi desde que se aprobaron las recomendaciones del Pacto de Toledo a finales de 2020. Incluso llegaron a aparecer, en un documento enviado por el ministerio a la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, cálculos sobre el recorte medio de la pensión inicial que podría suponer ampliar el periodo de cómputo actual, 25 años, a 35: un 6,3%. Ampliarlo de 15 a 22 años ya se tradujo en una reducción del 3,9%, que afectó al 52% de las nuevas pensiones correspondientes a 2019, explicaba el departamento de Escrivá en ese informe. Cuando se le preguntó al ministro por esas cuentas, aseguró que se trataba de “cálculos intermedios” y criticó que se hubiera creado “una narrativa de confrontación [con el socio del Gobierno]” a partir de ellos.

Según las fuentes consultadas, los agentes sociales pidieron al secretario de Estado que el ministerio deje de hacer declaraciones y lanzar “globos sonda”. En concreto, CCOO le exigió “prudencia en las declaraciones y no dar por hecho el resultado” de unas negociaciones que no han hecho más que empezar. UGT también le reprochó que el ministro haya dado más explicaciones en sus entrevistas en los medios de comunicación que en la reunión de este lunes.

Además, Seguridad Social les propuso este lunes subir de forma progresiva –“suave”, de nuevo– tanto la base máxima de cotización como la pensión máxima. Esta es de 4.139,40 euros, por debajo de otros países europeos. Pero la subida no será “nada de locos”, dijo el secretario de Estado, ni se trata de equipararse con el resto de la UE. Todo lo que se cobra por encima de esa cantidad no cotiza, algo que le ocurre a más de un millón de trabajadores. Al subir la base máxima, crecerán los ingresos del sistema. Pero, para mantener la “naturaleza contributiva del sistema”, debe aumentar también la pensión máxima, ahora situada en 2.819,18 euros al mes, 39.468,52 euros al año. En este punto sí tiene el ministro el respaldo de UGT y CCOO, pero no de la CEOE.

“Es un tema [la ampliación del periodo de cálculo de la pensión] que ni ha existido ni va a existir”. Así quiso zanjar ya en enero de 2021 el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, la polémica que había desatado la intención del Gobierno de aumentar de 25 a 35 años el número de años de cotización que se usan para fijar la cuantía de la pensión de jubilación. Las referencias a esa medida en el Plan de Recuperación y Resiliencia enviado a Bruselas y los cálculos que habían aparecido en un documento elaborado por el propio ministerio suscitaron el rechazo inmediato tanto del socio de la coalición, Unidas Podemos, como de los sindicatos.

Entrevistado este viernes en laSexta, Escrivá adelantó que a principios de septiembre enviará tanto a los sindicatos como a la patronal una propuesta sobre el periodo de cálculo de la pensión, aunque no concretó cómo se va a modificar. Se trata, dijo, de cumplir con las recomendaciones del Pacto de Toledo y con el compromiso adquirido en el Plan de Recuperación, de “evaluar las nuevas realidades del mercado de trabajo, sobre todo para aquellas personas cuyos últimos años de vida laboral no son precisamente los mejores”. Y para abordar ese problema, el de quienes fueron expulsados del mercado de trabajo durante la anterior crisis y empezaron a cobrar –y cotizar—mucho menos, el ministro ofreció “varias palancas”. Una de ellas es “ampliar el periodo de cálculo para estas personas”, explicó. Y “al mismo tiempo que se amplía, se puede hacer un mejor tratamiento de las lagunas de cotización o permitir que se excluyan los peores años”. Según precisó, la medida afectaría a un 30% de trabajadores que ya no tienen carreras laborales lineales como antes, en las que los salarios crecían conforme aumentaba la antigüedad.

José Luis Escrivá siempre ha explicado que su departamento estaba estudiando diferentes “fórmulas” para aumentar la contributividad del sistema público de pensiones –tanto cotizas, tanto pagas– y “adaptarlo a las nuevas realidades” del mercado laboral, donde “las interrupciones y las lagunas [de cotización] son cada vez menos excepcionales”. Así figura, de hecho, en el Componente 30 del Plan de Recuperación. Es lo que ocurre en mayor medida con las mujeres –por la maternidad– o con los jóvenes, que “entran y salen del mercado de trabajo”, apuntó el ministro. Después de casi dos años de análisis, el ministerio tiene ya lista una propuesta que incluirá “distintas combinaciones” para solucionar el problema, anunció Escrivá.

Pero en un documento previo, enviado por el ministerio a la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, sí figuraban cálculos sobre el recorte medio de la pensión inicial que podría suponer ampliar el periodo de cómputo actual, 25 años, a 35: un 6,3%. Ampliarlo de 15 a 22 años ya se tradujo en una reducción del 3,9%, que afectó al 52% de las nuevas pensiones correspondientes a 2019, explicaba el departamento de Escrivá en ese informe. Cuando se le preguntó al ministro por esas cuentas, aseguró que se trataba de “cálculos intermedios” y criticó que se hubiera creado “una narrativa de confrontación [con el socio del Gobierno]” a partir de ellos.

Porque aumentar el número de años cotizados que se consideran para calcular la futura pensión es un ajuste que reduce su cuantía y, por tanto, rebaja el gasto público en estas prestaciones, la partida más voluminosa del presupuesto del Estado. Tanto Unidas Podemos como UGT y CCOO se oponen a cualquier medida que implique un recorte de las pensiones. Éstas representan casi el 38% del gasto incluido en los Presupuestos de este año. El ministro destacó este viernes la sostenibilidad del sistema público de pensiones español. Según argumentó, el crecimiento de las cotizaciones sociales este año, un 8,5%, permitirá pagar los 12.000 millones de euros adicionales que implicará subir las pensiones según lo haga la inflación media. “Absolutamente”, recalcó Escrivá.

Un estudio de las universidades de Valencia y Extremadura cifraba en un 8,8% el recorte que sufriría la pensión media si el periodo de cómputo se ampliaba hasta los 35 años. Pero si, con ese aumento, se excluyen los peores años de cotización, la pensión media crece un 6,5%.

También la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), calculaba en un informe de enero de 2019, cuando José Luis Escrivá aún era su presidente, que aumentar de 25 a 35 años el periodo de cómputo en 2027 se traduciría en un ahorro de 0,5 puntos de PIB en 2050 en el gasto público en pensiones “sin apenas afectar a la suficiencia” de estas prestaciones. Unos 6.200 millones de euros. Y, resaltaba, aumentaría la contributividad del sistema.

Además, la AIReF sostenía entonces que combinar esa ampliación del periodo de cómputo con un acercamiento de la edad de jubilación efectiva a la legal podía contener el gasto en pensiones entre 0,8 y 1,6 puntos de PIB en 2048. Precisamente retrasar la edad efectiva de retiro, penalizando la jubilación anticipada, es una de las medidas incluidas en la primera parte de la reforma de las pensiones que aprobó el Congreso el pasado mes de diciembre.

España es uno de los pocos países de la UE en los que no se utiliza toda la vida laboral del trabajador para determinar cuánto dinero recibirá tras jubilarse. Sólo en Francia se seleccionan los 25 mejores años de cotización para hacer la cuenta y en Malta los 10 mejores años de los últimos 41. En Portugal, los últimos 40 años. Eslovenia escoge los 24 mejores años consecutivos.

Pero Alemania, Bélgica, República Checa, Estonia, Grecia, Croacia, Italia, Chipre, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Hungría, Austria, Polonia, Rumanía, Eslovaquia, Finlandia y Noruega toman las cotizaciones de la vida laboral completa del trabajador para calcular la cuantía de la pensión. Dinamarca y Países Bajos cuentan los años de residencia en el país. En Irlanda y Reino Unido, donde una parte importante de la cuantía final es un tanto alzado, los años de cotización son irrelevantes en el cómputo. Finalmente, en Suecia, el cálculo se hace sobre la base de un tanto por ciento del salario cobrado y sobre el que se ha cotizado cada uno de los años. Son datos que recoge el Informe sobre envejecimiento de la Comisión Europea.

Octavio Granado dejó su cargo el 15 de enero de 2020. El que fuera secretario de Estado de la Seguridad Social durante todos los días que gobernó José Luis Rodríguez Zapatero volvió a su puesto en el Ejecutivo de Pedro Sánchez que salió de la moción de censura para poner la maquinaria de la protección social en marcha. En total, casi una década al frente del organismo. Cesó de su cargo en un momento clave: después de un año y medio de Gobierno en funciones y dos meses antes de que estallara la pandemia, el mayor shock que ha sufrido la Seguridad Social en tiempos modernos. Profesor de secundaria y militante socialista con un largo historial de cargos públicos, llega a los 63 años con 40 de ellos cotizados y como beneficiario de la pensión máxima. Teme que a los 80 se convierta en un abuelo cascarrabias, pero afirma que, de momento, no es el caso. 

Siente que hoy está pasando por un momento de relevo generacional. Su padre, Esteban Granado, primer diputado socialista por Burgos en democracia, le dijo una vez: “Dejas de ser hijo de Esteban Granado y yo paso a ser padre de Octavio Granado”. Hoy recuerda esas palabras cuando mira a sus hijos. Pero la actualidad no le deja retirarse del todo. Su extraordinario conocimiento del sistema de pensiones le mantiene en el candelero cada vez que hay alguna polémica. Admira el trabajo del ministro José Luis Escrivá, con el que comparte la idea de que aquellos que cuestionan la sostenibilidad del sistema se hacen eco de “leyendas urbanas”. Aunque discrepa en un punto: hoy sí toca hablar de esto. El ex secretario de Estado no ve con buenos ojos la distancia que hay entre el gran incremento de las pensiones y el menor incremento de los salarios: “Remitirnos al IPC en todas y cada una de las situaciones es una simpleza: siempre habrá situaciones en las que hay que tener en cuenta otras cosas”, critica. 

Usted dejó de ser secretario de Estado dos meses antes de que estallara la pandemia que, junto con la invasión de Ucrania, ha supuesto una enorme perturbación a las cuentas públicas. ¿Cómo valora el trabajo de la Seguridad Social?

He visto una situación difícil. Creo que la interrupción de la presencia los empleados públicos en las oficinas deterioró mucho el funcionamiento del sistema. En los sitios donde los problemas eran mayores, se ha llevado en algunos casos al borde del colapso. Teléfonos que comunican constantemente, procedimientos informáticos en los que aparece un mensaje de que la red se ha colapsado… Es lamentable, yo siempre digo que la administración de la Seguridad Social ha sido históricamente la administración pública en España que mejor ha funcionado. Yo me acuerdo cuando se planteó en el Gobierno en 2005 la regularización de más de 700.000 inmigrantes, que supuso tramitar más de un millón de solicitudes, que todo el mundo pensaba que no se podía hacer… pues lo hizo la Seguridad Social y de una manera ejemplar. Esa administración, que era la que mejor funcionaba, se ha convertido después de la pandemia en una administración con un funcionamiento algo defectuoso. Ojo, no por la responsabilidad de los que la dirigían, sino por la situación producida por la pandemia. Hoy hacen falta más funcionarios.  

Es usted una de las personas que mejor conoce el sistema de pensiones. ¿En qué punto estamos?

Estamos en una situación bastante difícil de analizar. Nuestro sistema tiene un problema. Se basa en que la gente trabaja mientras está en edad de hacerlo y luego, cuando pierde la capacidad de hacerlo, cobra prestaciones. Si nacen menos niños y la esperanza de vida aumenta, el sistema solo es gobernable retrasando la edad de jubilación. Además los jóvenes estudian más años, la entrada en el mundo laboral se retrasa, es inevitable retrasar también su salida. Es un problema estrictamente demográfico. España es el país de Europa en el que las madres tienen a sus hijos con una edad más avanzada, con más de 30 años en término medio. La familia modelo para los españoles es tener dos hijos. Antes llegaba un tercero, por la falta de medios de control de la natalidad. Ahora el primero llega tan tarde que muchas veces el segundo no puede llegar. 

¿Cómo se aborda ese problema?

Antes, retrasando la edad de jubilación más o menos se compensaba el problema demográfico, pero es que ahora tenemos un segundo problema, de carácter financiero, que no estaba previsto. La gente paga a la Seguridad Social en proporción a los salarios, así que si suben los salarios, subirán las cotizaciones. Si las cotizaciones suben, las pensiones podrán subir lo que suban los salarios. Desde siempre, los textos clásicos de la Seguridad Social ha reflejado ese equilibrio de: subida de precios que lleva a una subida de salarios, esto lleva a la subida de cotizaciones y esto, a la subida de las pensiones. El problema es que tenemos una situación en la que los salarios suben poco y la inflación está desbocada. Lo cual nos obliga a subir las pensiones al incremento de los precios, cuando el incremento de los salarios, y por tanto de los ingresos de la Seguridad Social, es menor. Es una situación imposible. Si los ingresos suben el 5% y los gastos suben el 10%, el desequilibrio provoca la quiebra del sistema. Es una situación que no se puede prolongar. 

¿Qué propondría usted hacer?

Primero, bajar la inflación. Ya está remitiendo en otros países europeos, aunque en España persiste. Lo razonable es que a partir de septiembre los precios bajen y que haya un acuerdo entre empresarios y sindicatos para que los salarios vayan subiendo. No se podrán subir lo que subieron los precios en el peor momento, porque generaría una espiral inflacionista eterna. Lo que dicen algunos líderes sindicales de que será necesario plantear un esquema de recuperación de poder adquisitivo dilatando parte de esa recuperación en los próximos años. Creo que esto sería deseable, para evitar una situación difícil para el sistema de pensiones. Esta situación era imposible de prever, es una situación de una economía afectada por una guerra.

Usted en 2018 se manifestó en contra de actualizar las pensiones con el IPC, dijo que eso creaba “efectos adversos” a largo plazo, y eso que ese año los precios crecían al 1,6%. ¿Usted se hubiera negado a actualizar las pensiones con el IPC?

Yo me manifesté en contra de no buscar alternativas al IPC. Yo decía que el IPC está bien para 9 de cada 10 ocasiones, pero siempre habrá una décima en la que el IPC no sea representativo de la situación económica. Parece que tuve el mal fario de hacer una profecía. Si esa situación existe, es la de ahora. Lo que se decía inicialmente en el primer Pacto de Toledo, en 1995, era que las pensiones tenían que subir lo que subían los salarios. El problema es que no suben todos igual y las pensiones deben tener un comportamiento homogéneo. Como en aquel momento los salarios subían por ley con el IPC, dijeron: “Bueno, que las pensiones suban lo que suba el IPC. Así habrá un equilibrio”. Es decir, cuando se dice que las pensiones tienen que subir el IPC no se dice tanto por mantener el poder adquisitivo de los pensionistas, sino para mantener la paridad entre los salarios y las pensiones. 

¿Podría poner un ejemplo de “efecto adverso”?

Por ejemplo, si una persona está dudando sobre si continuar trabajando o no, lo que hemos dicho siempre desde la Seguridad Social es que es mejor para el país que la persona retrase la jubilación, para que tenga una mejor pensión, etc. Pero ahora hay un incentivo poderosísimo: dejar un salario que sube un 3% o 4%, para ir a una pensión que sube un 8% o un 9%. Es una disfunción que no es positiva para el sistema. Remitirnos al IPC en todas y cada una de las situaciones es una simpleza: siempre habrá situaciones en las que hay que tener en cuenta otras cosas. Además, no tiene sentido que a los trabajadores que cobran 1.000 euros al mes se les revalorice el salario el 5%, y que lleguen en casa y que sus padres tengan una pensión máxima que se haya revalorizado el 8% [las pensiones máximas suponen 2.683 euros al mes, en catorce pagas]. No es justo. Lo justo es establecer la paridad que se intentó establecer en el Pacto de Toledo en 1995. Que los salarios y las pensiones crezcan de manera parecida.  

El ministro Escrivá ha sido tajante en el debate: dice que el problema de la sostenibilidad del sistema de pensiones es una “leyenda urbana” y que eso solo “crea incertidumbres” entre 10 millones de pensionistas.

Eso es cierto en el 99% de las ocasiones, pero hoy no. Lo que ha dicho el ministro es lo mismo que he dicho yo 100 veces los 10 años que he sido secretario de Estado de la Seguridad Social. Que el ministro en casi todas las veces tiene razón, pero en la actual situación es necesario tomar alguna medida adicional. Partimos de la base de que el ministro será recordado como el mejor que ha tenido la Seguridad Social, Dios me libre de hacerle alguna crítica. Lo digo en el sentido de que la Seguridad Social va a recibir este año 40.000 millones de transferencia del Estado, el Estado está pagando muchas cosas que antes pagaba la administración de la Seguridad Social.

¿Qué le parece el mecanismo que se ha llamado de equidad intergeneracional, que consiste en subir las cotizaciones de los trabajadores un 0,6% extra entre 2023 y 2032? 

Va a haber una serie de años en los que el número de pensionistas va a crecer mucho, los que nacieron entre 1955-1965. Me parece que ese aumento es una cantidad más simbólica que real. Me gustaría más que buscáramos la posibilidad de cobrar alguna cantidad a las personas que tienen beneficios económicos y que no cotizan a la Seguridad Social. Me gustaría también que los autónomos coticen por sus ingresos reales, como ha propuesto el Gobierno. Hay que buscar más dinero. Aunque las cotizaciones vayan bien, la inflación va peor, va a haber un desequilibrio. Un desequilibrio puntual. Llevamos 45 años hablando de que la Seguridad Social no es sostenible, y la gente que lo decía se ha jubilado y está cobrando su pensión [se ríe]. Es una trampa neoliberal. Los que hablan constantemente de la sostenibilidad de las pensiones, como dice el ministro, aluden a una leyenda urbana, pero este año es una cuestión que sí hay que abordarla.

¿No cree que está extendido entre la gente joven el sentimiento de que no van a recibir una pensión porque el sistema les parece inviable, por el factor demográfico?

Claro. Pero es que eso es lo que escuchan. Tú sabes que lo que dice el Gobierno es lo que tiene menos credibilidad. No es de extrañar, el Gobierno se atribuye los éxitos y los fracasos son siempre responsabilidad de las circunstancias. Por eso es más fácil creer lo que dice cualquiera, y no lo que dice el Gobierno. El sistema financiero vende sus propias pensiones, obligando a pagar más dinero que la Seguridad Social y con retribuciones finales mucho más bajas. Están interesados en que la gente no confíe en la Seguridad Social y sí en sus productos. Es una estrategia de venta. 

En 2019, siendo usted todavía secretario de Estado, dio una opinión sobre las pensiones de viudedad que fue polémica. La ministra Magdalena Valerio salió públicamente a corregirlo. ¿Sigue pensando lo mismo?

La reflexión que hice, que no era nueva, ya la hice varias veces durante la presidencia de Rodríguez Zapatero. Lo que pasa es que en aquella época los ministros tenían menos necesidad de desmentirme, porque el grupo parlamentario socialista tenía más diputados [se ríe]. Entiendo que la preocupación de un ministro incluye tener en cuenta las faenas que te pueden hacer en el Parlamento. Lo que dije es que no tenía sentido que si fallece tu cónyuge, tengas de repente una mejor situación económica. Puse mi ejemplo: yo ganaba 6.000 euros al mes como secretario de Estado y mi mujer unos 1.500 euros. Si mi mujer hubiera fallecido en ese momento, yo hubiera tenido problemas de mucho tipo: de angustia, de soledad, de tristeza… Pero lo que no iba a tener es un problema económico. Estábamos repartiendo 7.500 entre dos. ¡Si llega a fallecer mi mujer, incluyendo la pensión de viudedad, hubiera cobrado 7.000 para mí solo! Lo que dije creo que es de sentido común. Ahora que la diputada Valerio no es ministra tendrá que darme la razón. Las pensiones están para mantener el nivel de ingresos, no para mejorarlos.  

¿Cree que el ministro Escrivá lo está haciendo bien?

Bien, no. Muy bien. Mi valoración de la gestión del actual Gobierno es muy buena. Es muy ambicioso, ¿eh? Creo que también depende de la capacidad de absorción de la sociedad española de tanta reforma. La reforma del régimen de los autónomos es enormemente positiva. Mejora las prestaciones y les permite tener un régimen de protección como los demás. Pero esto exige que los autónomos se apunten. El texto legal que regula el cambio dice que si no quieres cotizar por tus ingresos puedes mantenerte con la base mínima, como actualmente. Puede ser que al final solo se apunten los que ingresan menos, pero todos los que tienen más ingresos para declarar elijan quedarse como está. Este proceso requiere una implementación. 

¿Tiene alguna opinión sobre la dimisión simultánea de Israel Arroyo y Jesús Perea? [Respectivamente, secretarios de Estado de Seguridad Social y de Migraciones, los dos mayores altos cargos del ministerio que gestiona Escrivá, que dejaron voluntariamente su cargo el 20 y el 21 de junio de 2022]

Los motivos no los sé. Me consta que el ministro tiene un nivel de exigencia muy alto con sus colaboradores. Lo que sí le puedo decir es que la persona que se ha nombrado a cargo de la Seguridad Social, Borja Suárez, era director general de ordenación cuando yo era secretario de Estado. Puedo decir que es una persona que está bien preparada para ese cargo. 

No es común ver autocríticas en política y usted hizo una muy dura: que los socialistas lo habían hecho fatal en 2008 y que dejaron que se destruyeran 3 millones de puestos de trabajo. 

Yo en aquel momento era secretario de economía del PSOE. Yo tenía muy claro lo que estaba pasando y tenía mucho cargo de conciencia. Tenía muy claro que o éramos capaces de repartir el coste social del ajuste o este iba a ser draconiano. Que iba a haber gente que solo iba a poder adquisitivo, pero sabíamos que otros lo iban a perder todo, oportunidades laborales y protección social. La crisis del 2008 afectó a la construcción. El esquema laboral de este sector, con contratos temporales, hacía imposible aplicar un sistema de ERTES. Pero tendríamos que haber intentado aplicarlo. Nos decantamos por una política de estímulo keynesiano, el Plan E. Yo me opuse duramente a aquello, pero finalmente lo acepté. Y me equivoqué al aceptarlo. Teníamos que haber insistido en hacer medidas de protección social. Si el dinero que se hubiera gastado en el Plan E se hubiera gastado en protección social, habría llegado a más gente y habría habido un reparto más solidario de la crisis. 

¿Cree que falta autocrítica en política?

En esto España es la excepción, no es la regla. En España tenemos una idea del comportamiento de los grupos políticos que es más heredada del franquismo que de la tradición democrática. Lo normal es que en los Gobiernos haya voces discrepantes. Lo anormal es que exista unanimidad de rebaño. Lo común en una democracia es expresarse en libertad y lo anormal en términos europeos es que cualquier discrepancia se considere un atentado. En ese sentido he intentado europeizar la política española [se ríe]. La gente debería de pedir que se hable con libertad desde los cargos públicos. Cuando un partido hace campaña hablando de las divisiones de los otros, yo creo que en el fondo está abonando un mal camino. Cuando dicen: “Ayuso no se entiende con el actual dirigente del PP, ni tampoco con el anterior…”. Oiga, lo normal es que el presidente de una comunidad autónoma tenga puntos de vista diferentes a los del presidente del Gobierno o de su partido. Lo que me parece anormal es el seguimiento ciego. 

¿Cómo ve al PSOE de cara al año electoral que empieza en 2023?

La situación de conflicto que viven los países occidentales, que participan de la guerra, pero solo en términos económicos, está haciendo que los gobiernos sufran. El PSOE está viviendo malos momentos porque vivimos en una sociedad de consumidores y nos han subido los precios a todos. En esta situación el partido de Gobierno pierde apoyo electoral, y da igual si se es de izquierdas o de derechas. Se dice hasta que Viktor Orban [ultraderechista y primer ministro de Hungría] puede perder las elecciones. Confío en que el PSOE sea capaz de mejorar la situación y de mejorar sus expectativas. 

¿Echa de menos la política?

No, no, no, no. Para nada. Estoy muy contento de escribir y de hablar de temas sin la necesidad de gestionar cuestiones diarias. Me vería muy agobiado y abrumado de estar al frente de la situación de la Seguridad Social. Están en mis oraciones [se ríe], tengo mucho respeto y solidaridad con los actuales gestores, que están viviendo en una situación muy complicada. 

La ampliación del periodo de cómputo para calcular la cuantía de las pensiones públicas ha terminado negro sobre blanco en el acuerdo por el que se regirá la puesta en marcha del plan de recuperación español y el desembolso de los fondos europeos para sufragarlo, publicado la semana pasada. Pero ya figuraba, mencionado de forma difusa, en los documentos que el Gobierno había enviado a Bruselas en enero y en abril de este año. También forma parte del Componente 30 del mencionado plan de reformas. El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, desmintió entonces que se fuera a aumentar de 25 a 35 años el periodo utilizado para calcular la cuantía de la pensión de jubilación, pese a que el propio ministerio hacía ya sus números sobre el recorte en la prestación inicial que supondría aplicar la medida: un 6,3%.

En el acuerdo operacional recién publicado se repite la redacción de mayo, cuando se promete llevar a cabo una “adaptación del periodo de cómputo a las nuevas carreras [profesionales]”. Pero esta vez añade expresamente que ese “ajuste” se hará “extendiendo el periodo de cómputo para calcular la pensión de jubilación”. Lo que no precisa es en cuántos años. Pero sí una fecha de entrada en vigor: el cuarto trimestre de 2022. Para entonces también se habrá cumplido la reforma de pensiones de 2011, que establecía el aumento gradual de 15 a 25 años del periodo de cómputo. En 2021 está aún en 24 años.

Bruselas lleva tiempo pidiendo reformas de los sistemas públicos de pensiones no sólo de España, sino en general de toda la UE. Todos afrontan los mismos desafíos, asegura la Comisión Europea: “Seguir siendo sostenibles desde el punto de vista financiero y ser capaces de proporcionar a los europeos unos ingresos adecuados durante la jubilación”. El envejecimiento demográfico, el aumento de la esperanza de vida, la brecha entre hombres y mujeres, las bajas tasas de empleo a partir de los 55 años y el aumento del gasto público en pensiones previsto por la jubilación de los baby boomers son tendencias que afectan a toda Europa, explica la Comisión en sus análisis del llamado Semestre Europeo, que coordina las políticas económicas de los Estados miembros.

Reformas para garantizar la sostenibilidad

Así, las recomendaciones de Bruselas instan a reformar sus sistemas de pensiones no sólo a España, sino también a Italia, Bélgica, Luxemburgo, Irlanda, República Checa, Polonia, Rumanía y Malta. Todas en la misma dirección: garantizar la sostenibilidad a largo plazo de estas prestaciones.

En el caso concreto de España, Bruselas centra sus recomendaciones al Gobierno una y otra vez en ese objetivo. Así, ha criticado que se volvieran a actualizar las prestaciones de acuerdo con la inflación y que se aplazara la entrada en vigor del factor de sostenibilidad. O censuró las subidas del 3% de las mínimas en 2018 y de las pensiones de viudedad en 208 y 2019. En otras palabras, la Comisión siempre ha defendido la eficacia de las reformas acometidas en 2011 y 2013 reformas acometidas en 2011 y 2013. Y, para contrarrestar la ausencia del Índice de Revaloración de las Pensiones (IRP) de la reforma de 2013, que las aumentaba sólo un 0,25%, si la Seguridad Social cerraba con déficit el ejercicio, y del factor de sostenibilidad, que infligía un recorte a la pensión inicial en función de la esperanza de vida de cada generación, Bruselas pedía “medidas compensatorias” de forma que se asegure la sostenibilidad del sistema de pensiones a medio y largo plazo. Sin precisar más.

También reclamaba iniciativas para “adecuar los ingresos de los futuros jubilados”, así como “la duración y la integridad de sus carreras laborales, en un contexto de alto desempleo y de uso generalizado de contratos temporales y empleo a tiempo parcial”. Es lo más cerca que ha estado la Comisión de aludir a los años de cotización de los futuros pensionistas.

Pero no existe una mención específica al periodo para calcular la cuantía de la pensión. Pese a que España es uno de los pocos países de la UE en los que no se utiliza toda la vida laboral del trabajador para determinar cuánto dinero recibirá tras jubilarse. Sólo en Francia se seleccionan los 25 mejores años de cotización para hacer la cuenta y en Malta los 10 mejores años de los últimos 41. En Portugal, los últimos 40 años. Eslovenia escoge los 24 mejores años consecutivos.

Pero Alemania, Bélgica, República Checa, Estonia, Grecia, Croacia, Italia, Chipre, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Hungría, Austria, Polonia, Rumanía, Eslovaquia, Finlandia y Noruega toman las cotizaciones de la vida laboral completa del trabajador para calcular la cuantía de la pensión. Dinamarca y Países cuentan los años de residencia en el país. En Irlanda y Reino Unido, donde una parte importante de la cuantía final es un tanto alzado, los años de cotización son irrelevantes en el cómputo. Finalmente, en Suecia, el cálculo se hace sobre la base de un tanto por ciento del salario cobrado y sobre el que se ha cotizado cada uno de los años. Son datos que recoge el Informe sobre envejecimiento de la Comisión Europea.

Escrivá lo defendía cuando presidía la AIReF

En España, el ministro Escrivá también ha sugerido que el plan es elegir los mejores años de cotización, además de rellenar las lagunas de cotización de los trabajadores. La “integridad de las carreras laborales” de la que habla Bruselas. De hecho, en enero de 2019, cuando aún era presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), calculaba en un informe que aumentar de 25 a 35 años el periodo de cómputo en 2027 se traduciría en un ahorro de 0,5 puntos de PIB en 2050 en el gasto público en pensiones “sin apenas afectar a la suficiencia” de estas prestaciones.  Unos 6.200 millones de euros. Y aumentaría la contributividad –tanto cotizas, tanto cobras– del sistema.

También sostenía entonces la AIReF que combinar esa ampliación del periodo de cómputo con un acercamiento de la edad de jubilación efectiva a la legal podía contener el gasto en pensiones entre 0,8 y 1,6 puntos de PIB en 2048. Precisamente retrasar la edad efectiva de retiro, penalizando la jubilación anticipada, es una de las medidas que el ministro Escrivá ha incluido en el proyecto de ley que se tramita en estos momentos en el Congreso.

La otra propuesta defendida por la AIReF, aumentar la carrera de cotización para calcular la cuantía de la pensión, “no está planteada en la mesa de negociación”, aseguró este mismo martes la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. “No voy a entrar en ningún futurible”, zanjó. Los sindicatos ya han expresado su rechazo. También Unidas PodemosLos sindicatos ya han expresado su rechazo, que ha advertido de que ni es una petición de Bruselas ni está en el Pacto de Toledo ni en el acuerdo de gobierno de la coalición. “Lleva a recortes”, criticó la coportavoz estatal de la formación morada, Isa Serra.

José Luis Escrivá ha aclarado que su objetivo es estudiar “fórmulas” para introducir “mayor equidad en el sistema de cómputo ante las nuevas realidades del mercado laboral, donde las carreras profesionales ya no son tan lineales, y que es además lo que ha pedido el Pacto de Toledo en sus recomendaciones”. Entre esas fórmulas, que se analizarán el próximo año, citó la extensión del periodo de cálculo “a más años” y “descartar los peores años cotizados y escoger sólo los mejores”. Pero niega que se persiga recortar las pensiones. 

CCOO y UGT han acordado llevar a cabo movilizaciones en el mes de febrero para pedir al Gobierno de coalición que cumpla con la agenda de reformas sociolaborales comprometida, según han informado ambos sindicatos tras la reunión de sus órganos directivos, informa Europa Press. 

Las Comisiones Ejecutivas de los dos sindicatos celebrarán el próximo día 19 de enero una reunión en la sede de CCOO para concretar las acciones a desarrollar en el marco de esta campaña de movilizaciones.

Los sindicatos pretenden con esta iniciativa retomar la agenda de reformas comprometidas, entre las que se encuentran el aumento del salario mínimo interprofesional (SMI), ahora congelado en 950 euros mensuales, la derogación de las reformas laborales, y la supresión de la reforma de pensiones de 2013.

A estos objetivos se suman la ampliación de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), la firma de un nuevo acuerdo de convenios con la patronal, la regulación de las plataformas digitales, la Ley de Igualdad Salarial y un plan de choque contra la siniestralidad laboral.

Para CCOO y UGT, resulta "injustificable" la negativa del Gobierno a subir el SMI y le recuerdan que se comprometió a dar cumplimiento en esta legislatura a la Carta Social Europea, que establece que esta renta mínima debe alcanzar el 60% del salario medio neto. "Y ahora sí que toca", defienden.

Los sindicatos argumentan además que también es un compromiso del Gobierno del PSOE y Unidas Podemos desarrollar las recomendaciones del Pacto de Toledo y hacerlo desde el diálogo social.

"El Gobierno no cesa de lanzar propuestas a través de los medios de comunicación, sin presentarlos en dicha mesa. Y no vamos a aceptar una ampliación de 25 a 35 años del periodo de tiempo para calcular la pensión de jubilación, ni propuestas concretas para alargar la edad de jubilación", han advertido al respecto.

Insisten de nuevo en que el Ejecutivo debe "cumplir su palabra" y derogar las reformas laborales, poniendo fin a la actual "táctica dilatoria para no perturbar" a la CEOE.

"La derogación y adaptación de temas como la ultraactividad, la prioridad aplicativa de los convenios de empresa, regulación de las subcontratas, y la reforma del despido colectivo tienen que ser un hecho ya. En este último caso con carácter urgente porque es preciso causalizarlos para evitar una mayor destrucción de empleo en los próximos meses", avisan.

La Coordinadora General de Pensionistas de Madrid ha convocado junto al Movimiento pensionista de Madrid una manifestación que ha partido de la Puerta del Sol y ha llegado hasta el Congreso de los Diputados. La concentración ha tenido como principal objetivo el rechazo de las recomendaciones del Pacto de Toledo, que afectarán a la futura reforma de las pensiones, según recoge Europa Press.

De esta manera, los diferentes colectivos de pensionistas han vuelto a reivindicar su apoyo al mantenimiento del sistema público actual, ya que no comparten la mayoría de recomendaciones del Pacto de Toledo que, entienden, "perjudica a los pensionistas".

En declaraciones a Europa Press Televisión, algunos de los manifestantes que han acudido este sábado a la concentración, han señalado que "solo queda salir a la calle y protestar", ante lo que consideran "un negocio más" del Gobierno de España. Del mismo modo, Juana León Sánchez, miembro del Movimiento pensionistas de Madrid, ha mostrado su rechazo al Pacto de Toledo, insistiendo en que "no debería haber funcionado nunca", ya que "solo funcionó para la banca".

En este sentido y bajo el lema "todos vamos a ser pensionistas algún día", el movimiento hace un llamamiento para reclamar lo que consideran "necesario". "Lo que queremos son pensiones dignas, justas y garantizadas por las instituciones", señala uno de los manifestantes.

El próximo día 29 tendrá lugar la siguiente concentración, en la que se volverán a movilizar los pensionistas de la capital ante el Congreso de los Diputados.

La espita del gas la abrió la Autoridad Fiscal Independiente, Airef, con un informe publicado en julio. El mechero lo prendió luego la Comisión del Pacto de Toledo a finales de octubre, en su recomendación número 16 de las 22 en total formuladas sobre los fondos de pensiones. Al referirse a planes de pensiones privados, se incluía la recomendación de que "la gestión de estos mecanismos debe ser más transparente de lo que ha sido hasta ahora, de manera que los costes de administración por las entidades promotoras no comporten rendimientos negativos para los ahorradores".

En otras palabras, la nueva guía del Pacto de Toledo, que este jueves 19 de noviembre fue aprobado en el Congreso con la abstención de Vox, ERC y Bildu y el voto en contra de dos diputados de las CUP, propone fomentar los planes de pensiones de empresa que tan bien funcionan en País Vasco y dejar de bonificar los planes de pensiones privados. De hecho, las pensiones públicas aportan más rentabilidad que el 95% de planes privados, según un estudio reciente del Banco de España.

¿Tienen planes de pensiones los principales líderes políticos del país, tanto en el Gobierno como en la oposición? En el país hay ocho millones de planes privados aproximadamente. Y 2,5 millones de planes de empresa, la mayoría pertenecientes al personal funcionario (el mayor de todos se llama Gestión de Previsión y Pensiones, GPP, controlado por BBVA y participada por CCOO y UGT) excepto en Euskadi, donde cuenta con un plan de empresa la mitad de los trabajadores en activo, casi medio millón de socios. 

En el Gobierno hay al menos ocho miembros con uno o más planes de pensiones individuales, ninguno de Unidas Podemos. Y todavía no se conoce la declaración de bienes de seis de ellos: Carolina Darias, Arancha González Laya, José Manuel Rodríguez Uribes, Salvador Illa, José Luis Escrivá o Manuel Castells (este último por Unidas Podemos). Ninguno de los seis se presentó como diputado en las listas para las últimas elecciones generales, por lo que, según explican desde el Ministerio de Política Territorial y Función Pública -encargado de publicar las declaraciones de bienes del Ejecutivo-, las posesiones inmobiliarias y ahorros de los seis ministros se publicarán en el primer trimestre del año que viene, tal como marca la ley. Escrivá reconoció un patrimonio en 2014 superior a 2 millones de euros como presidente de Airef, cargo en el que estuvo hasta enero pasado.

Celaá y Duque, los mayores patrimonios

El presidente del Gobierno Pedro Sánchez tiene un plan de pensiones privado de 104.091,73 euros en la última declaración publicada. Su predecesor, Mariano Rajoy, también poseía uno de estos productos financieros. José Luis Rodríguez Zapatero no; o no al menos cuando dejó la Presidencia del Ejecutivo, a finales de 2011. 

La vicepresidenta primera, Carmen Calvo, posee dos planes de pensiones privados con ahorros de 100.000 euros sumando ambos: uno con el Banco Santander con 84.474 euros y otro en Nationale Nederlanden con 18.342 euros, según la declaración publicada en diciembre de 2019.

El titular de Transportes y responsable de Organización del PSOE José Luis Ábalos gestiona un plan individual por valor de 30.000 euros. Su homólogo de Justicia, Juan Carlos Campo, cuenta con otro plan de pensiones privado con ahorros de 111.201 euros. 

La ministra de Defensa Margarita Robles posee un plan con 87.793 euros. Robles también gestiona una cuenta de inversión de 385.000 euros -se trata de una cuenta de valores que permite invertir en bolsa a través de acciones o bonos-.

Ni Abascal ni Casado tienen

Es conocido que la ministra de Educación, Isabel Celaá, es una de las diputadas y miembros del Gobierno con mayor patrimonio. En su declaración constan 2,5 millones de euros en dividendos de acciones cotizadas en Bolsa. Igualmente, tiene un plan de pensiones privado dotado de 107. 421 euros y medio millón de euros invertido en fondos de inversión y acciones. 

La responsable de Industria, la vallisoletana Reyes Maroto, tenía a finales de 2019 un plan de pensiones con de 43.327 euros. Y Pedro Duque -otro de los ministros con mayor patrimonio- tiene como mínimo 69.000 euros en un plan de pensiones. También un millón de euros en productos y activos financieros

Solo tres portavoces, entre ellas la presidenta del Congreso y de la Junta de Portavoces de la Cámara Baja Meritxell Batet, tienen planes individuales de pensiones. Batet posee uno con 24.151,68 euros. Iván Espinosa de los Monteros (Vox) otro con 63.757 euros; finalmente, Cuca Gamarra, portavoz del PP desde agosto cuando Cayetana Álvarez de Toledo fue destituida polémicamente, tiene un plan con 48.745 euros. Ni Pablo Casado ni Santiago Abascal cuentan con planes de pensiones privados, de acuerdo con la última declaración de bienes de ambos. 

El Banco de España ha calculado la rentabilidad del sistema público de pensiones, la relación entre las cotizaciones que los trabajadores pagan a la Seguridad Social durante toda su vida laboral y la prestación que reciben cuando se jubilan. Lo han hecho utilizando las altas de pensiones de 2017 y el resultado es muy desigual dependiendo del tipo de jubilación –ordinaria, anticipada, parcial– pero también de las cotizaciones y del número de años cotizados.

Así, el rendimiento medio real alcanza el 3,5% anual, lo que significa que, mientras algunos pensionistas obtienen una rentabilidad del 6,3%, otros no llegan ni a la mitad, el 1,7%. La misma variabilidad se revela si el cálculo se realiza con el Coste por Pensión Unitaria (CPU). De media, un jubilado recibe en España 1,74 euros por cada euro cotizado. Pero, tras distribuir a los pensionistas en percentiles –dividiéndolos en grupos del 10% de menor a mayor rendimiento obtenido–, hay quien percibe menos de los que aporta, 0,92 euros por cada euro cotizado, mientras que hay quien consigue 3,16 euros por cada euro.

Los expertos del Banco de España han llegado a estas conclusiones tras analizar un total de 7.627 altas de pensiones de jubilación de la Muestra Continua de Vidas Laborales, el 64% de las registradas en 2017.

También han observado una gran variabilidad de rendimiento financiero según el tipo de jubilación. La mayor rentabilidad la obtienen las pensiones ordinarias, un 4,1% de media, que puede alcanzar el 7,4% en los mejores casos, pero que se queda en apenas el 1,8% en las prestaciones peor retribuidas. Por el contrario, el rendimiento de las pensiones anticipadas es el menor de todas, un 2,8% de media, que se reduce hasta el 1,55% en las menos rentables. Las pensiones de quienes retrasan su jubilación más allá de la edad legal tienen una rentabilidad sólo un poco por encima de la media, un 3,7%, lo que conduce al Banco de España a concluir que el incentivo para alargar la vida laboral es “escaso”. No es así en las jubilaciones parciales –que combinan jubilación y vida activa durante los últimos años de la carrera profesional–, con una rentabilidad un poco superior, de hasta el 3,9% de media.

El mismo panorama resulta de calcular el CUP según el tipo de jubilación. La media de las ordinarias asciende a dos euros por cada euro cotizado. Que casi se duplica para aquéllas más rentables, 3,86 euros, pero se queda en sólo 0,96 euros para las menos generosas. Un trabajador que se retire de forma anticipada percibirá de media 1,39 euros por cada euro aportado cuando trabajaba. Pero sólo 0,87 euros si está en los percentiles más bajos y hasta dos euros si están en los más altos. Si retrasa su jubilación, el incentivo por la rentabilidad es nulo: percibirá 1,74 euros, igual a la media, pero el rendimiento puede ser incluso inferior al obtenido por quienes se jubilen anticipadamente: 0,84 euros por cada euro que cotizó. Por el contrario, quienes se acogieron a la jubilación parcial percibirán una pensión por encima de la media general en la mayoría de los casos.

Mientras, los planes de pensiones privados tienen una rentabilidad que siempre ha estado en cuestión. Según el estudio que periódicamente elabora el profesor de Finanzas del IESE, Pablo Fernández, con Eduardo de Apellániz y Juan Fernández Acín, sólo seis de cada 100 fondos de pensiones rinden más que las empresas del ÍBEX 35 y sólo 12 de cada 100 mejoran el rendimiento de los bonos del Estado a 15 años. La culpa es de las elevadas comisiones que los gestores cobran a los partícipes. También la OCDE ha señalado que España tiene una de las rentabilidades más bajas en planes de pensiones de toda la organización, un 1%, lejos de la media del 2,4%.

El debate sobre la sostenibilidad del sistema

La medida de la rentabilidad del sistema público de pensiones sirve para calibrar su “equilibrio financiero intertemporal”, aclara también el Banco de España en su artículo. De hecho, que tenga esos rendimientos se utiliza como síntoma de que el sistema público no es sostenible, puesto que devuelve más de lo que recibe. Así, el rendimiento medio se sitúa por encima del crecimiento del PIB, que medró una media del 2,3% entre 1980 y 2018, recuerda el organismo supervisor.La financiación del sistema público de pensiones es uno de los problemas fundamentales que discuten los expertos y que lleva años debatiéndose en la Comisión del Pacto de Toledo, encargada de garantizar su sostenibilidad y suficiencia. La pensión media de las nuevas altas de jubilación se situó el pasado mes de junio en 1.410,29 euros. Pero 3,34 millones de las 6,08 millones de pensiones de jubilación que se perciben en España no llegan a los 1.000 euros, el 55%.

La discusión se centra en cómo mantener la sostenibilidad del sistema, a la vista del envejecimiento de la población y de los rigores financieros del Estado, sin sacrificar el cobro de pensiones suficientes como obliga a garantizar la Constitución. Para los partidarios de recortar la cuantía de las pensiones públicas a fin de mantener la sostenibilidad de las cuentas del Estado, el hecho de que el rendimiento sea superior al PIB se traduce en que existe margen para reducirlas.

La llamada a la negociación de pactos de Estado es una constante de los últimos años, especialmente sobre aquellas materias de especial relevancia para las dos fuerzas que tradicionalmente han dominado la política española durante 40 años. La excusa siempre es la misma: asuntos que se quieren sacar del debate ideológico porque PP y PSOE, PSOE y PP, sostienen que deben permanecer al margen del cambio de orientación del Gobierno.

En las últimas elecciones el PSOE propuso a través de su programa electoral hasta ocho pactos de esta naturaleza, además de una profundización en el ya existente contra la violencia de género. Los socialistas reclaman acuerdos de Estado en materia de educación, de ciencia, de financiación autonómica y local, de cultura, de infraestruturas o de industria. Y también contra la corrupción y por la igualdad y contra el machismo.

El PP no va a la zaga. El líder conservador, Pablo Casado, planteó al presidente Sánchez otros ocho, además de la renovación del de violencia de género y del conocido como Pacto de Toledo en relación con el sistema público de pensiones. El principal partido de la oposición coincide con el Gobierno en la necesidad de pactar en educación y en infraestructuras y reclama, además, acuerdos para frenar el independentismo catalán, para reformar la ley electoral y evitar que se repita el bloqueo del año pasado, para luchar contra la despoblación de las áreas rurales, para fijar la política exterior y de defensa de España y para ordenar el reparto del agua entre comunidades.

Ahora la emergencia sanitaria del covid-19 ha brindado al Gobierno de Sánchez una oportunidad perfecta para enarbolar la bandera de los Pactos de la Moncloa que en 1977 suscribió el Gobierno preconstitucional de Adolfo Suárez con todos los partidos, incluido el PCE de Santiago Carrillo. Aquel acuerdo contribuyó a superar la grave crisis económica de la época dando soporte a un conjunto de medidas estructurales que, a la postre, facilitaron en los siguientes años la consolidación del nuevo régimen democrático.

Sánchez invoca ahora aquel espíritu de “concertación” para intentar atraer a la oposición, especialmente al PP y a Ciudadanos, a un acuerdo de “reconstrucción” que no se limite sólo a lo económico sino que decida “qué país vamos a diseñar en derechos, libertades y servicios públicos”. Pero Casado se resiste.

Sólo siete acuerdos de Estado

Lo cierto es que los pactos de Estado con participación de la izquierda y la derecha han sido muy escasos en los cuarenta años de democracia. Contando los de la Moncloa de 1977 sólo ha habido siete, de los cuales dos son ampliaciones de acuerdos ya vigentes: el Pacto Autonómico de 1981 —reeditado en 1992—, el Pacto de Toledo de 1995, el Pacto Antiterrorista de 2000 —ampliado en 2016 para incluir el fenómeno yihadista— y el pacto contra la Violencia de Género de 2016.

La mayoría de ellos se cerraron con el centroderecha en el gobierno y la izquierda en la oposición. Sólo en dos ocasiones el PP llegó a firmar pactos de Estado con el PSOE en el Gobierno: el segundo Pacto Autonómico de 1992, con Felipe González en la Presidencia, y el Pacto de Toledo, firmado en 1995 también con González en La Moncloa.

Entre todos ellos, y al margen de los de la Moncloa de 1977, fruto de unas circunstancias irrepetibles en las que estaba en juego la supervivencia del proyecto democrático, describen los únicos asuntos que PP y PSOE consideran por encima del debate ideológico y sobre los que han conseguido ponerse de acuerdo.

En primer lugar, el desarrollo autonómico. El pacto de 1981 lo firmaron el presidente Leopoldo Calvo Sotelo, en plena agonía de UCD,  y el entonces líder del PSOE, Felipe González, apenas unos meses después del fallido intento de golpe de Estado del 23F. El objetivo: armonizar el proceso autonómico y fijar el mapa actual. En 1992, ya con González en la Moncloa y José María Aznar al frente del PP, llegó el segundo pacto en esta materia, destinado a generalizar las competencias sanitarias y educativas que hasta ese momento estaban reservadas a los comunidades históricas —aquellas cuya vocación de autogobierno ya existía en la II República—.

El segundo asunto sobre el que PSOE y PP sí se han puesto de acuerdo en estas cuatro décadas es el terrorismo. Primero para hacer frente a ETA con una premisa: sacar esta cuestión del debate para fortalecer la posición del Gobierno. Lo propuso el entonces líder del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, y se firmó en diciembre de 2000 con Aznar en la Presidencia y a pesar de la oposición inicial del entonces ministro Mariano Rajoy. En los años de gobierno de Zapatero, el PP se opuso sin embargo duramente, incluso con manifestaciones en las calles, al proceso de diálogo con ETA que derivó finalmente en la renuncia definitiva a la violencia por parte de la banda terroristaq. 

El pacto revivió en 2015 para amparar la batalla contra el terrorismo yihadista y lo firmaron el presidente Mariano Rajoy y el líder del PSOE, Pedro Sánchez, a pesar de que los socialistas entonces se oponían a una de las medidas incluidas en él: la creación de la prisión permanente revisable, el eufemismo con el que en España se denomina la pena de cadena perpetua.

Los otros dos asuntos que fueron capaces de suscitar pactos de Estado entre el PP y el PSOE son las pensiones y la violencia de género. El primero de ellos, conocido como Pacto de Toledo, nació en 1995, en las postrimerías de Felipe González como presidente y con Aznar a punto de llegar a la Moncloa. El pacto de Toledo, que hoy se invoca con frecuencia para reclamar una reforma viable del sistema público de pensiones, descapitalizado por los efectos de la crisis de 2008 y una década de recortes, buscaba sentar las bases de las reformas que se consideraban imprescindibles para garantizar el modelo español de seguridad social.

El segundo de estos pactos, el de violencia de género, hizo posible que en noviembre de 2015, durante el mandato de Mariano Rajoy como presidente y con el PSOE gobernando por una gestora —Sánchez había dimitido bajo la presión de la vieja guardia del partido apenas unos días antes—, España se dotase de un Pacto de Estado contra la Violencia de Género que, con el paso del tiempo, se ha convertido en la piedra angular de la lucha contra los asesinatos machistas en España. Y que tanto PSOE como PP querían reforzar antes de que el coronavirus pusiese patas arriba la legislatura.

El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, propuso este jueves en el Congreso impulsar los planes de empresa como una de las medidas para conseguir un sistema público de pensiones sostenible y suficiente. Ese impulso, dijo, debe ser fiscal. Ahora este tipo de planes de pensiones tiene las mismas ventajas a la hora de tributar que los planes individuales: una reducción del 30% de los rendimientos netos del trabajo hasta un tope de 8.000 euros. Pero muchos analistas critican que estos incentivos fiscales benefician más a quienes tienen rentas más altas, que son también quienes pueden ahorrar más. De acuerdo con los cálculos que incluye en su libro ¿Cobraremos la pensión? el catedrático de Hacienda Pública de la Universidad del País Vasco Ignacio Zubiri, mientras que más de la mitad de la población sólo consigue deducirse unos 300 euros en el IRPF por sus planes de pensiones, los más ricos logran un ahorro fiscal superior a los 4.000 euros.

La idea de Escrivá es “trasladar progresivamente” los beneficios fiscales de los planes individuales a los que se construyen en los convenios colectivos de empresas y sectores. Tal y como consta en la memoria de beneficios fiscales de 2018, Hacienda dejó de recaudar 770,88 millones de euros ese año por las reducciones de las que se beneficiaron 2,73 millones de contribuyentes.

Según expuso el ministro, los planes de empresa están “estancados” respecto a los individuales, a pesar de que los primeros son más rentables y sus comisiones –que se comen la rentabilidad de los segundos–, menores. Los datos de Inverco, la patronal de los fondos de pensiones, lo corroboran. A 31 de diciembre de 2019, el patrimonio de los planes colectivos ascendía a 35.710,1 millones de euros, menos de la mitad de los 79.849,8 millones de los planes individuales. Es más, no sólo están menos desarrollados, sino que su volumen anual ha crecido la mitad –5,6%– que el de los individuales –10,5%–. Los planes de pensiones asociados, aquéllos que sostienen asociaciones, sindicatos y organizaciones, medran mucho menos aún, un 3,6% el último año.

Si se miden las prestaciones que cobransus partícipes, resulta que han caído un 22,1% sólo el último año, siete veces más que los planes individuales –un 3,16%–. Tampoco lucen mejor las aportaciones a los planes de empresa, cuya cuantía se redujo en 2019 un 2,16% respecto al ejercicio anterior, mientras que las aportaciones a los individuales aumentaron un 11,2%. Para hacerse una idea de las diferencias entre ambos tipos de previsión social complementaria, basta decir que en España el número de personas con un plan de pensiones individual alcanza los 7,51 millones, mientras que quienes tienen suscrito un plan a través de su empresa no llegan ni a los dos millones: 1,98 millones de trabajadores. Con planes asociados, sólo hay 55.460 personas, un 11% menos que el año anterior. “Los planes de empleo llevan sin registrar más aportaciones que prestaciones desde 2010, lo que demuestra que, por ahora, no están funcionando”, lamentó este jueves el presidente de Inverco, Ángel Martínez-Aldama.

Un negocio en manos de las grandes entidades financieras

A su juicio, este tipo de esquemas colectivos deberían ser “obligatorios o semiobligatorios”, a imitación de lo que ocurre en Suecia, Suiza, Países Bajos o Reino Unido. Actualmente, subrayó, los planes de empresa apenas cubren al 10% de los trabajadores españoles.

También es cierto que, sin embargo, la rentabilidad de los planes de empresa es muy superior a la de los individuales. Según las cifras de Inverco, la rentabilidad de los segundos es del 3,21% a 26 años, por un 4,64% la de los primeros. A medio plazo, cinco y 10 años, la rentabilidad de los planes de empresa se eleva al 2,83% y al 3,98%, respectivamente, mientras que la de los individuales se queda en el 1,88% y el 2,84%.

Los planes de pensiones sustentados en convenios colectivos son gestionados por las mismas entidades privadas que los individuales. Los cinco mayores gestores de fondos de empresa en España por su patrimonio son Caixabank, BBVA, Ibercaja, Fonditel Fonditely Bankia. Copan casi el 78% de los 35.710,1 millones de activos. Sólo Caixabank administra 248 planes y el 26,77% del patrimonio que suman estos planes –9.560,6 millones de euros–. BBVA gestiona aún más, 344, pero con un patrimonio menor –8.405,8 millones–. Fonditel es la gestora de planes de pensiones y fondos de inversión de Telefónica, que controla un 70%, mientras que el 30% restante se lo reparten CCOO y UGT a partes iguales. Otro tanto ocurre en Gestión de Previsión y Pensiones (GPP), del BBVA en un 60%, con los dos grandes sindicatos sumando el 40% restante. GPP tiene a su cargo el plan de pensiones de los funcionarios de la Administración del Estado. Fonditel, además del plan para la plantilla de Telefónica, se encarga de los de Microsoft, Hewlett-Packard, Morgan Stanley o Procter & Gamble.

Un escollo: los bajos salarios

“La misión del ministro son las pensiones públicas, el sistema privado es complementario y primarlo o no tiene que ver con las políticas fiscales”, respondió este viernes el secretario general de UGT, Pepe Fernández, a la propuesta de José Luis Escrivá la víspera. No obstante, aplaudió que se eliminen las bonificaciones fiscales a los planes individuales de pensiones, “teniendo en cuenta que quien se aprovecha de esa fiscalidad no son los trabajadores con un nivel medio de poder adquisitivo, sino personas con uno altísimo”.

La reacción de José Manuel Inchausti, consejero delegado de Mapfre, la sexta mayor gestora de planes privados, con 5.129 millones de euros de patrimonio –de los que 759,9 millones son planes de empresa–, fue más negativa. Si bien consideró “una muy buena noticia” que el Gobierno quiera incentivar los planes de empresa, también criticó que se vaya a hacer “a costa de los individuales”. “No entendemos qué tiene que ver fomentar una cosa con quitarle fuerza a la otra, son dos pilares completamente complementarios: cuanto mayor ahorro privado en España, mejor”, aseguró tras presentar la estrategia de Mapfre para este año, informa Europa Press.

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha defendido en diferentes ocasiones el impulso de los planes de pensiones de empleo, “siempre que no cuestionen la viabilidad del sistema público o aspiren a sustituirlo, y no supongan un coste fiscal al conjunto del país”. Pero al tiempo advierte de un obstáculo añadido en un modelo que casi los ha convertido en un artículo de lujo limitado a las grandes empresas: los bajos salarios. “En un país donde el sueldo más habitual está en 16.000 euros anuales, es casi imposible plantearlo [los planes de pensiones empresa] en la negociación colectiva [para las empresas más pequeñas]. Porque si tengo un salario de 900-930 euros, o de 1.000-1.100 euros netos, y estoy cotizando a la Seguridad Social, que me está generando un derecho de pensión, es casi imposible que acceda a que un 1,5% de mi masa salarial, aunque la empresa aporte otro 1,5%, vaya a nutrir un fondo de pensiones de empleo”, detalló en una entrevista al periódico digital 65yMÁS el pasado mes de julio.

Una de las recomendaciones incluidas en el último borrador de acuerdo de Pacto de Toledo –que decayó en febrero de 2019 y no llegó a materializarse– instaba al Gobierno a “fomentar los planes de pensiones de empresa vinculados a organismos sin ánimo de lucro, sin descartar incentivos fiscales”. En esa recomendación se apoya ahora el Ministerio de Seguridad Social para que sindicatos y empresarios se presten a incluirlos en la negociación de los convenios colectivos.

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, no quiere que el nuevo Gobierno toque ni la reforma laboral ni las reformas que cambiaron el sistema público de pensiones en 2011 y 2013. Coincide con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en que los cambios legales aprobados por el PP en 2012 fueron beneficiosos para el mercado de trabajo español. En una entrevista con el diario británico Financial Times, Hernández de Cos consideró la reforma laboral una de las herramientas para mantener la “competitividad” de la economía española en un “nivel alto”, después de que tras la crisis financiera proporcionara más flexibilidad a las empresas para recortar costes. También reiteró el ya conocido recelo del Banco de España ante la subida del Salario Mínimo Interprofesional la subida del Salario Mínimo Interprofesional(SMI). El gobernador advierte de que puede desincentivar la contratación de los trabajadores menos productivos, como los jóvenes y los mayores de 50 años.

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, no ha tardado en pedir su dimisión. “Para defender sus posturas, váyase, abandone una institución pública y defienda sus teorías desde la política, la Academia o desde donde quiera”, escribió en su blog.

No es la primera vez que el Banco de España, a través del gobernador, de alguno de sus directivos o de sus informes, se manifiesta en la misma dirección sobre asuntos tan alejados del campo financiero. Y alimenta la polémica. Ni el rescate financiero, ni la reestructuración que hizo desaparecer las cajas de ahorro, ni la eliminación de miles de empleos y el cierre de cientos de sucursales, ni la resolución del Banco Popular, ni las preferentes, ni las cláusulas suelo parecen preocupar tanto al supervisor como el mercado laboral, los salarios y las pensiones. Al menos en sus manifestaciones públicas.

Sólo un poco antes de la subida del SMI para este año, era el director general de Economía y Estadística, Óscar Arce, quien se declaraba en contra de que se derogaran las reformas de las pensiones de 2011 y 2013, poniendo en cuestión que vuelva a utilizarse el IPC para actualizar las pensionesvuelva a utilizarse el IPC para actualizar las pensiones, tal y como ha vuelto a hacerse desde 2018. También propuso elevar la edad de jubilación “ligándola a las expectativas de vida”. Y nada más aprobar el Gobierno la penúltima mejora del SMI a 900 euros, el Banco de España pronosticaba que ese alza del 22,3% iba a destruir 125.000 puestos de trabajo. Llegado el verano, los mejores meses para el muy estacional mercado de trabajo español, el Gobierno conminó al Banco de España a “pedir perdón” y “reconocer su error” a la luz de la cifras de creación de empleo.

En realidad, las manifestaciones del organismo supervisor en esa misma línea de pensamiento vienen de antiguo, no importa el gobernador. También las controversias y peticiones de dimisión de quien está al cargo de vigilar la estabilidad y solvencia del sistema financiero –además de asesorar al Gobierno–.

Despido barato, mochila austriaca, contrato único

Ya en el verano de 2007, aún en plena euforia económica, el entonces gobernador, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, clamaba contra los “elevados costes” de despido de los trabajadores indefinidos y contra los “rígidos mecanismos” de la negociación colectiva. Es más, pedía privatizar “sectores claves” como las industrias de red, el mercado de las telecomunicaciones, la energía y el transporte ferroviario. Fue en la presentación del informe anual del supervisor.

Cuando arreció la crisis, Fernández Ordóñez no sólo pedía abaratar el despido, sino también “una reforma laboral urgente” que cambiara el sistema de protección al desempleo. Aunque sin nombrarla, el gobernador ya puso sobre la mesa la conocida como mochila austriaca, el sistema implantado por el Gobierno de Viena en 2003 “que suprime la indemnización por desempleo” y la sustituye por un fondo individual, alimentado con las cotizaciones del trabajador y de la empresa. A su juicio, el subsidio de paro “desincentiva la movilidad de los trabajadores y el crecimiento de las empresas más productivas”.

Por entonces, corría 2009, surgieron las primeras voces que le reprochaban al gobernador del Banco de España su atención por las leyes laborales cuando acababa de pinchar la burbuja inmobiliaria, la morosidad se había disparado y las cajas de ahorroscajas de ahorros estaban a punto de implosionar víctimas de su empacho de ladrillo tóxico. Tampoco pasó inadvertido, cuando Fernández Ordóñez dejó el Banco de España, en 2012, que su finiquito había ascendido a casi 350.000 euros, una cantidad que más que duplica los 45 días por año trabajado de las indemnizaciones por despido improcedente que tan onerosas le parecían cuando estaba en el cargo.

Entonces también se adhirió el gobernador a la propuesta de contrato único lanzado por 100 economistas ese año y defendido desde entonces por los investigadores de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), en cuyo patronato se sientan las principales empresas y bancos del país. Ese contrato, que debería sustituir a los actuales indefinidos y temporales, tiene una indemnización creciente en función de la antigüedad del trabajador. Sólo Ciudadanos lo ha llevado en su programa electoral, con algunos cambios sobre el modelo teórico original, puesto que ha suscitado el rechazo del resto de los partidos, la patronal y los sindicatos.

Un año más tarde, la reforma laboral no sólo era urgente sino también “imprescindible”, porque el sistema financiero depende de las políticas que se apliquen al mercado de trabajo, aseguró el gobernador en la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados. Cuando mejore el empleo, bajará la morosidad y las entidades financieras sobrevivirán, explicó. Allí reclamó la suspensión de los convenios colectivos “durante dos o tres años” para que empresarios y trabajadores sean “libres” de pactar rebajas de salarios que salven a las compañías. Esos días se debatía en la Cámara Baja la reforma laboral que había elaborado el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, cuyo “alcance y eficacia” Fernández Ordóñez veía “limitados” porque dejaba fuera la negociación colectiva.

El incendio: pensionistas con vivienda propia

Su sucesor, Luis María Linde, continuó criticando las reformas laborales por quedarse cortas. La de 2012, la misma que el ministro de Economía de entonces, Luis de Guindos, no dudó en vender en Bruselas como “muy agresiva”, no había sido eficaz a la hora de crear empleo, por lo que Linde reclamaba “medidas adicionales” para, entre otras cosas, flexibilizar aún más lo salarios. Es lo que dijo en la presentación del informe anual del Banco de España en 2013: contratos fuera de las condiciones salariales establecidas en los convenios y supresión del salario mínimo para “grupos específicos de trabajadores con mayores dificultades” para conseguir un empleo. Y eso que el supervisor sí reconocía en sus informes que el único objetivo alcanzado por la reforma laboral de 2012 de entre los que el Gobierno había declarado como tales era precisamente la rebaja general de salarios. Pero ni había cambiado la “pauta de destrucción de puestos de trabajo” anterior ni había reducido el abuso de los contratos temporales.

Tampoco olvidó Linde las pensiones: invitó al Ejecutivo a adelantar el retraso de la edad de jubilación a los 67 años, que la reforma de 2011 había aprobado que se aplicara de forma paulatina hasta 2027. Además, ante la Comisión del Pacto de Toledo, que debate cada cinco años en el Congreso cómo actualizar el sistema público de pensiones, Luis María Linde defendió el fomento de los planes privados para “complementar” las prestaciones del sistema público.

Aunque las declaraciones que más encendieron los ánimos las pronunció en una conferencia organizada por la Asociación Española de Directivos (AED) y patrocinada por Caixabank, donde resaltó el alto porcentaje de jubilados que en España poseen una vivienda. Esa “renta en especie”, aseguró, no se tiene en cuenta cuando se analizan las pensiones. Ni cuando se compara la cuantía de las pensiones en España con las de otros países europeos. El porcentaje es en Alemania 20 puntos inferior, apuntó Linde. El alboroto provocado forzó al Banco de España a matizar enseguida las declaraciones de su gobernador. “En modo alguno puede entenderse que [el alto porcentaje de jubilados con vivienda propia] pueda ser argumento para determinar la revisión que se aplique [a sus pensiones]”.

Más tarde, el propio Linde pidió disculpas en el Congreso por “el conflicto creado” alrededor de sus manifestaciones: “Nunca dije que ese dato se tuviera en cuenta para no subir la pensión, o subirla menos a unos o a otros, o para hacerse hipotecas inversas o que la gente vendiera sus casas”.

Tampoco fue muy popular su reiterada defensa de la moderación salarial, que considera la base de la competitividad frente al resto de los países de la UE, mientras él se subía el sueldo un 5,8% en 2014. Según la Encuesta de Estructura Salarial que elabora el INE, ese año el salario medio bruto de los españoles había crecido sólo un 0,7% respecto al año anterior.

Tres gobernadores del Banco de España pero un discurso que casi no ha variado en la última década, con crisis económica y con recuperación. Y que va a chocar con las políticas anunciadas por el nuevo Gobierno. No sólo por el salario mínimo, sino también por la prevista derogación de buena parte de la reforma laboral de 2012 y por la suspensión de las dos medidas estrella de la reforma de las pensiones de 2013: el Índice de Revalorización (IRP) y el factor de sostenibilidadel factor de sostenibilidad. Ambas han sido defendidas con fruición por el Banco de España para garantizar la sostenibilidad del sistema recortando el gasto público en pensiones. El acuerdo de gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos se compromete a eliminar definitivamente tanto el IRP como el factor de sostenibilidad.

La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, ha asegurado que confía "plenamente" en que el Pacto de Toledo "todavía tenga solución" y de que "en aras de que millones de pensionistas están esperando una solución, se vuelva a convocar la comisión y se pueda llegar a un acuerdo antes de las elecciones".

Así lo ha manifestado este miércoles en la sesión de control al Gobierno celebrada en el Pleno del Congreso y recoge Europa Press, tras ser acusada por la portavoz de En Marea, Yolanda Díaz, de haber buscado un recorte en las pensiones en la revisión de sus recomendaciones. Valerio ha afeado a Díaz que le "achaque al PSOE lo que pasó el martes" cuando "la mayor parte de las informaciones" que le han llegado es que fue la propia Díaz la que cuestionó unas recomendaciones ya debatidas "después de más de dos años y medio de trabajo", y que esto "dio lugar a que el PP aprovechase la coyuntura para decir que 'aquí ya no hay acuerdo y que hasta aquí hemos llegado'".

En Marea la acusa de no haber hecho 'nada'

Todo ello después de que la portavoz de En Marea pidiera a la titular de Trabajo que le dijera a los pensionistas "que ayer querían recortar las pensiones en el Pacto de Toledo" y le exigiera los prometidos cambios en la ultraactividad de los convenios colectivos o las condiciones del contrato de trabajo a tiempo parcial.

Díaz ha recordado que así se lo comprometió en octubre, pero que "desde entonces" el Gobierno "no ha hecho nada". "Promesas incumplidas con este grupo, con la sociedad española y los sindicatos de clase", ha clamado Díaz, que le pedido al Gobierno socialista que "acaben ya con la reforma laboral del PP".

"Queremos hechos y no palabras", ha apostillado Díaz, que ha aludido al "eslogan" del PSOE de cara al próximo proceso electoral, que pregunta qué España quiere: "Le vamos a decir la España qué queremos: esa en la que los jóvenes puedan volver del exilio y puedan trabajar con dignidad, en la que las mujeres cobren idénticos salarios y que los españoles no tengan que trabajar en negro porque su pensión es de 600 euros", ha dicho.

Cambios laborales sin fecha

"Señoría, relájese un poco. Me gusta mucho su vehemencia, pero es arrolladora", ha replicado Valerio, que a renglón seguido le ha afeado su actitud en la reunión de este martes en el Pacto de Toledo, cuando Unidos Podemos se desmarcó de los preacuerdos alcanzados.

Asimismo, durante su intervención ha reivindicado que "se puede luchar contra la precariedad" modificando la reforma laboral —Díaz le había cuestionado si podía combatirse sin derogar las reformas laborales— pero también a través de acuerdos como el Plan director por el trabajo digno o el Plan de choque a favor del empleo digno para jóvenes, o la propia subida del salario mínimo, medidas ya impulsadas.

En todo caso, Valerio ha vuelto a insistir que, antes de agotar la legislatura, el Gobierno aprobará a través de un decreto ley cambios en la reforma laboral. "La reforma laboral, no se preocupe, que todavía está la figura del decreto ley y la traeremos, y espero que ustedes la convaliden", ha dicho. Al salir del Pleno del Congreso, Valerio ha asegurado ante los medios de comunicación que aún no conoce cuándo va a aprobarse dicho decreto. "No lo puedo decir porque todavía no lo sé", ha zanjado la ministra de Trabajo.

Los grupos parlamentarios dieron este martes por rotas las negociaciones del Pacto de Toledo entre acusaciones mutuas de “irresponsabilidad”, “falta de respeto al consenso”, “traición a los pensionistas” y obediencia a “intereses partidistas”. “El 28 de abril se nos ha echado encima”, resume el diputado de Compromís Ignasi Candela, en referencia al adelanto electoral. Las prisas fueron el argumento que esgrimió Unidos Podemos para dejar el pacto sobre el sistema público de pensiones “para la próxima legislatura”. “En el último borrador todas las recomendaciones seguían muy abiertas y habría sido muy forzado debatirlo todo antes del jueves [por mañana]”, explica a infoLibre Aina Vidal, diputada de En Comu Podem, integrado en el grupo de Unidos Podemos.

Después de una reunión de sólo una hora y cuando la mayoría de los grupos acariciaban un acuerdo buscado durante más de dos años, los portavoces de la comisión parlamentaria han puesto punto final a sus trabajos. Ni PP ni Unidos Podemos quieren ya que se celebre este jueves el debate de las 23 recomendaciones –21 más dos nuevos apartados bis dedicados a la economía digitalizada y la juventud– que deberían servir de guía al Gobierno para mantener en el mejor estado de salud posible el sistema público de pensiones.

La diputada de la formación morada Yolanda Díaz había sorprendido al resto de los miembros de la comisión con el anuncio de que su grupo iba a presentar votos particulares a todas las recomendaciones, no sólo a las tres que había adelantado previamente: edad de jubilación, contributividad y sistemas complementarios de pensiones. Una enmienda a la totalidad de un texto que estaba avanzado, “pero no tanto como para dejarlo cerrado en cuatro días”, precisa Aina Vidal. Así que, añade, Unidos Podemos ha preferido aparcarlo hasta la próxima legislatura antes que “aprobar vaguedades”. Ni en la definición de lo que es una pensión “suficiente”, ni en las pensiones de las mujeres, ni en la confianza del sistema de los jóvenes ni en las fuentes de financiación, el contenido del borrador satisfacía a la formación morada, apunta. “No se ha roto ningún pacto, porque aún no existía”, ha rebatido por su parte la diputada Yolanda Díaz. “Para traicionar a los pensionistas, con nosotros que no cuenten”.

En el argumento ha coincidido el PP. Su portavoz, Gerardo Camps, repite que las recomendaciones no estaban “lo suficientemente maduras como para cerrar deprisa y corriendo el Pacto de Toledo” y que el acuerdo “corresponderá a otro Congreso”, el que salga de las urnas el 28 de abril. “El PP se ha encontrado cómodo en la posición que ha traído Podemos por sorpresa”, interpreta por su parte el diputado de Ciudadanos Sergio del Campo, quien no duda en acusar a la formación morada de llegar con la “intención dinamitar el pacto”. “Lo han roto los extremos”, zanja.

Reunión extraordinaria

Pese a lo que parece una fractura definitiva, PSOE, PNV, PDeCAT, Compromís quieren aún que se celebre una última sesión para que cada grupo “se retrate”. Sin embargo, el resto de los partidos no lo ven apropiado. En todo caso, la Mesa de Portavoces se reunirá este miércoles para votar si se reúne una comisión extraordinaria o no. “No tiene lógica celebrarla si no hay acuerdo, reunirnos para acuchillarnos no tiene sentido”, rebate Sergio del Campo. Otro tanto dicen PP y Unidos Podemos. Y ambos suman la mayoría en la comisión. Ignasi Candela, en cambio, sí que considera necesario “dar explicaciones sobre lo que ha pasado, después de dos años y medio de trabajo”. Carles Campuzano, del PDeCAT, lamenta que Unidos Podemos esté dando “razones a quienes defienden que las políticas de pensiones hay que dejarlas en manos de los tecnócratas, que miran por la eficiencia del sistema y no por su equidad y suficiencia”. Íñigo Barandiaran, del PNV, ha criticado que la falta de acuerdo genere intranquilidad en los pensionistas y dudas sobre el propio sistema público.

“Todos hemos cedido, hemos sacrificado una parte de nuestras propuestas y hemos sido constructivos”, explica Mercè Perea, la portavoz del PSOE. Por ejemplo, detalla, evitando pedir la derogación de la reforma de las pensiones de 2013 para sumar al PP. Pero el adelanto electoral lo ha trastocado todo. “Ahora no se trata de PP o PSOE, sino del futuro colectivo”, subraya, tras criticar a Unidos Podemos por ponerse del mismo lado que PP y Ciudadanos y al PP por “esconderse detrás de Podemos”.

¿Decreto del Gobierno para salvar la recuperación del IPC?

Desde que se constituyera la comisión en noviembre de 2016, y después de una treintena de comparecencias de expertos y un arduo trabajo para acercar planteamientos a menudo antitéticos, los grupos anunciaron el pasado septiembre un preacuerdo en una de las recomendaciones, la segunda, para revalorizar las pensiones según suba el IPC. Fue el resultado, también, de la presión que desde la calle ejercieron miles de jubilados, que protestaron en toda España durante meses reclamando “pensiones dignas”. Ya antes, el Gobierno del PP había pactado con el PNV subir las pensiones un 1,6%, dejando aparcado el 0,25% que le marcaba el Índice de Revalorización de las PensionesÍndice de Revalorización de las Pensiones (IRP) creado en la reforma de 2013. Además, el factor de sostenibilidad, la otra creación de esa ley, aprobada en solitario por el PP, quedó en suspenso, igualmente por decisión del Ejecutivo de Mariano Rajoy, hasta 2023, cuando debiera haber empezado a aplicarse este año para recortar las nuevas pensiones en función de la esperanza de vida de cada generación.

Ahora ese preacuerdo puede quedar como papel mojado. Para evitarlo, Unidos Podemos, así como los sindicatos CCOO y UGT, se han apresurado a pedir al Gobierno que apruebe por decreto la vinculación de las pensiones al IPC. Este mismo lunes, en una entrevista en Telecinco, la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, se mostró dispuesta a hacerlo. “Ha sido incapaz de aprobarlo en estos ocho meses de Gobierno”, critica Aina Vidal. Sergio del Campo no concede su apoyo a la medida sin haber leído primero la letra del posible decreto. “La subida según el IPC tenía sentido en un marco genérico que incluía otras reformas paramétricas –retraso de la edad de jubilación, aumento del periodo de cálculo de la pensión–, pero por sí misma es una medida complicada”, opone.

Es decir, puede que del trabajo realizado por el Pacto de Toledo en estos más de dos años no quede ni rastro. Ni siquiera está garantizado que sirva para la comisión que se forme tras las próximas elecciones. Y cuya composición puede ser muy distinta a la actual. Puede que esos nuevos diputados quieran empezar de cero. En cualquier caso, 2019 será un año perdido a efectos de reformar el sistema de pensiones, mientras el déficit de la Seguridad Social continúa encaramado en máximos históricos: 18.650 millones de euros es la previsión para este año incluida en los Presupuestos del Estado recién rechazados en el Congreso. 

Por eso era fundamental un acuerdo, sobre todo para revisar los ingresos del sistema, más aún si la previsión de gastos va a seguir aumentando, debido al aumento del número de pensionistas, a la mayor cuantía de sus prestaciones y a su revalorización anual según la inflación.

Así, el Pacto de Toledo había redactado un borrador donde se instaba al Gobierno a pagar con impuestos –en lugar de con cotizaciones como ahora– los incentivos a la contratación indefinida, los subsidios asistenciales y las prestaciones de maternidad, además de a homologar los regímenes especiales con el régimen general de los asalariados y equiparar las cotizaciones de los autónomos con sus ingresos reales, entre otras medidas para mejorar los ingresos del sistema y reducir sus gastos.

Primer pinchazo del Pacto de Toledo

Ésta es la primera vez, desde la firma del Pacto de Toledo en 1995, en que la revisión de las recomendaciones sobre pensiones se cierra sin acuerdo. La comisión tiene el encargo de realizar ese trabajo cada cinco años. Lo hizo en 2003 y en 2010. Y en cada una de esas ocasiones se tomó su tiempo. La primera revisión se prolongó desde junio de 2000 hasta el 30 de septiembre de 2003, y amplió las 15 recomendaciones iniciales hasta 21. Pese a que hubo elecciones generales en marzo de 2004 –y autonómicas en Madrid y Cataluña–, el envite se solucionó con una redacción genérica que limó oposiciones.

También la revisión que concluyó el 29 de diciembre de 2010 había comenzado dos años antes y se enfrentaba a otra múltiple convocatoria electoral en 2011: municipales en mayo, elecciones autonómicas en 13 comunidades y generales en noviembre. Pero la tensión política no impidió el acuerdo. Eso sí, entonces hubo 27 votos particulares, entre ellos uno a la totalidad del texto firmado por IU, ERC, BNG y Nafarroa Bai. La diputada de UPyD Rosa Díez presentó 21 votos particulares. En la anterior revisión de las recomendaciones, en 2003, el número de votos particulares se quedó en 11.

La diferencia esta vez estriba en que entonces la Seguridad Social tenía superávit: 7.400 millones de euros en 2003, en pleno auge económico, y 2.383 millones en 2010, cuando ya la crisis había empezado a hacer mella en las cotizaciones.

El PSOE, el PDeCAT, el PNV y Compromís han solicitado a última hora de este martes celebrar una comisión extraordinaria del Pacto de Toledo en el Congreso con el fin de debatir y votar las recomendaciones con las que han venido trabajando los últimos años e intentar que se consiga algún tipo de acuerdo antes de la disolución de las Cortes Generales, informa Europa Press.

Los cuatro portavoces de estas formaciones en el Pacto de Toledo han registrado esta solicitud horas después de que la reunión prevista por la mañana acabara en fracaso después de que el PP y Unidos Podemos, que suman mayoría en la Mesa de la Comisión, mostraran su rechazo a celebrar esta comisión y dieran por cerrados los trabajos del pacto. Pese a esta solicitud, PP y Unidos Podemos siguen teniendo la llave para convocar esta sesión. Además, Ciudadanos también se ha mostrado contrario a celebrar la convocatoria después del enfrentamiento vivido este martes en la comisión.

Se tiene que saber que hemos trabajado

"Lo de hoy ha sido un despropósito. La ciudadanía tiene que saber de qué hemos estado hablando", ha reivindicado Mercè Perea, portavoz de los socialistas en la comisión, que ha exigido contar con "una nueva oportunidad" para poder cerrar un acuerdo.

Iñigo Barandiaran, del PNV, ha criticado la "ruptura" explicitada por Unidos Podemos, pues pese a reconocer su derecho a presentar votos particulares, cree que "no existen motivos de calado" para ese rechazo, y destacando las cesiones que han aceptado todos los grupos.

Por parte del Grupo Mixto, Carles Campuzano, del PDeCAT, ha lamentado que Unidos Podemos "ha debilitado la política" puesto que la falta de acuerdo en el Pacto de Toledo "va a dar razones a aquellos partidarios de que las políticas de pensiones hay que dejarla en manos de los tecnócratas". "Han hecho un flaco favor al Estado del Bienestar", ha dicho.

"La izquierda política no puede estar en nada de acuerdo con lo que se ha hecho hoy, que se ha hecho un gran favor a la derecha política y económica de este país", ha abundado Ignasi Candela, de Compromís, criticando una decisión "unilateral" de "una parte" de Unidos Podemos en la reunión de este martes.

La Comisión del Pacto de Toledo ha acabado su reunión de este martes sin poder cerrar un acuerdo sobre la revisión de sus recomendaciones, tras la cual PP y Unidos Podemos, con mayoría en la comisión, han manifestado su rechazo a celebrar nuevos encuentros en busca de un acuerdo antes de concluir la legislatura, informa Europa Press.

Según el calendario que manejaba la comisión que preside la diputada del PP Celia Villalobos, los grupos tenían previsto celebrar este jueves un debate en comisión sobre sus recomendaciones, con idea de elevarlas al Pleno de la próxima semana, el último de la legislatura.

Sin embargo, en poco más de una hora, los grupos han abandonado la comisión tras constatar la imposibilidad de cerrar un acuerdo. Según han comentado los diputados presentes en la reunión, Unidos Podemos ya ha anticipado que, tal y como estaban redactadas las recomendaciones, presentaría votos particulares a la gran mayoría de ellas.

"Hasta aquí hemos llegado"

Aunque había opción de celebrar nuevas reuniones de la Mesa y Portavoces previas a la comisión, tanto el PP como Unidos Podemos han mostrado sus discrepancias. "Sería un circo, no sería favorable al propio Pacto de Toledo. Creo que hasta aquí hemos llegado", ha dicho la portavoz de Unidos Podemos, Aina Vidal.

Por su parte, su homólogo del PP, Gerardo Camps, ha señalado que "corresponderá a otro Congreso" el alcanzar a un acuerdo. "No creemos que haya que convocar una Mesa para que se pongan más de manifiesto las diferencias entre los grupos políticos", ha dicho.EL PP: EL ACUERDO "LE CORRESPONDERÁ A OTRO CONGRESO"

Por su parte, su homólogo del PP, Gerardo Camps, ha señalado que "corresponderá a otro Congreso" el alcanzar a un acuerdo. "No creemos que haya que convocar una Mesa para que se pongan más de manifiesto las diferencias entre los grupos políticos", ha dicho Vidal.

El PP cree que el acuerdo de corresponde a otro Congreso 

Pese a reconocer que los grupos estaban "muy cerca del acuerdo" y que "es algo penoso que después de tanto trabajo no haya podido culminarse con acuerdo", Camps no cree que estuviera "lo suficientemente maduras como para poder cerrar aprisa y corriendo el Pacto de Toledo". De hecho, ha puesto en duda que, ante la proximidad de unas nuevas elecciones tras las que "van a venir otros" grupos y los actuales tendrán otra representación, el actual Congreso cierre un acuerdo. "Les correspondería a ellos tomar una decisión al respecto", ha señalado.

Más de dos años sin acuerdo  

El fin de los trabajos para renovar las recomendaciones del Congreso para el sistema público de pensiones pone fin a más de dos años de trabajo, desde que en noviembre de 2016 iniciara una ronda de más de treinta comparecencias, y después en fase de ponencia para renovar las 21 recomendaciones e introducir dos nuevas, una dedicada a la juventud y otra a la economía digital y a la robotización del empleo.

Tras haber dado por concluida la reunión, cuando varios diputados han abandonado la sala, Villalobos ha vuelto a convocarlos. Desde fuera era posible escuchar varios gritos. "Estoy triste y jodida", ha dicho la presidenta al salir, rechazando realizar declaraciones a los medios sobre cómo había concluido su comisión.

El PSOE reta a los grupos a debatir en comisión 

Pese a que PP y Unidos Podemos han descartado nuevas reuniones, el PSOE ha retado a los grupos a celebrar un nuevo debate y posicionarse en base a unas recomendaciones. "Las recomendaciones están hechas y el trabajo está hecho. Hay medidas que se pueden implementar. ¿Eso no lo podemos aprobar?", se ha preguntado la portavoz del PSOE, Mercè Perea.

El PSOE ha calificado de "falta de respeto al consenso y a la democracia" que Unidos Podemos haya planteado nuevos votos particulares –a los tres que ya había anunciado– y que el PP, a su juicio, "aproveche la estela para presentar el programa electoral".

"Podemos le ha facilitado el trabajo al PP" 

Carles Campuzano, del PDeCAT, ha criticado el "acto de irresponsabilidad" de Unidos Podemos, pues cree que "las distancias no eran insalvables" y "el trabajo estaba suficientemente maduro". "Ha facilitado que otros grupos que no tenían demasiado interés en renovar los acuerdos se hayan sentido cómodos", ha lamentado, señalando que "tampoco ha ayudado la decisión de Sánchez de anticipar las elecciones tan pronto". "Este interés partidista también ha ayudado al fracaso del Pacto de Toledo", ha aseverado.

Sin embargo, el portavoz del PNV, Iñigo Barandiaran, ha apuntado que, pese a que ya se conocía el adelanto electoral, los grupos dieron su aval al calendario propuesto por su grupo de celebrar este martes una reunión y debatir y votar las recomendaciones en comisión el jueves. "No supuso ningún problema para ese acuerdo. Puede que algún matiz hayan encontrado en la convocatoria electoral, o determinados enfrentamientos en partidos como Podemos", ha dicho.

Asimismo, ha advertido de las consecuencias que supone dar al traste con un acuerdo pues "deshacerlo ahora supone también frustar que en el futuro este grado de avance sea posible". "Podemos le ha facilitado el trabajo al PP", ha criticado.

Compromís no entiende a Unidos Podemos 

También ha cargado contra la postura del grupo confederal una de las formaciones que le acompañó en las pasadas elecciones, Compromís. "Cuando un partido político que se dice del cambio, viene y rompe en el Pacto de Toledo, sin ningún tipo de argumentación, porque le da absolutamente la gana, no se entiende", ha dicho su portavoz, Ignasi Candela, que cree que ante "el debate de si el Pacto de Toledo era necesario o no, tendrían que haber respondido hace mucho tiempo". "Si no, nos han hecho perder el tiempo", ha aseverado.

"Ha sido una sorpresa que nos vengan hoy con estas", ha reconocido el portavoz de Ciudadanos, Sergio del Campo, que cree que con este planteamiento la comisión "se ha partido por la mitad" puesto que el PP "también tenía objeciones" en varias recomendaciones. "Todo parecía indicar que se podía llegar a un acuerdo. El populismo al final ha roto el Pacto de Toledo", ha dicho.

PP indica que la vía decreto sería una trampa

Por otra parte, el PP ha alertado al Gobierno que, pese a tener "legitimidad formal" para poder aprobar a nuevos decretos, una vez convocadas las elecciones, el hecho de que se plantee aprobar cambios vía decretos ley "no es jugar limpio en el juego político". Y mucho menos si afectan al sistema de pensiones", ha incidido.

Sin embargo, este es uno de los puntos exigidos por Unidos Podemos, que cree que el Gobierno tiene argumentos suficientes, al existir ya un preacuerdo en la subida de las pensiones. "Si bien es cierto que no hay un acuerdo global, existe uno cerrado en la revalorización de las pensiones", ha dicho Vidal, que ha pedido "blindar por fin" estas prestaciones a la inflación