El cantante Julio Iglesias ha interpuesto una demanda a elDiario.es, su director Ignacio Escolar y otros cuatro responsables del periódico digital, a los que acusa de elaborar un "montaje periodístico" contra él basado en la denuncia por abusos sexuales de dos exempleadas en su residencia en República Dominicana, que fue archivada por la Fiscalía por falta de competencia.

"Los hechos denunciados no obedecen a una manifestación aislada o puntual, sino que se insertan en una auténtica campaña de desprestigio y linchamiento mediático, materializada a través de distintas vías concertadas y mediante la publicación sistemática de contenido en días sucesivos en los que se va intensificando el daño causado", sostiene el cantante en su demanda, de 33 páginas, a la que ha tenido acceso EFE.

La demanda, paso previo a la presentación de una querella por injurias con publicidad y calumnias, "sin perjuicio de la posible responsabilidad en otros ilícitos penales", ha sido interpuesta ante el Tribunal de Instancia de Madrid (sección civil) y en ella solicita la comparecencia de los demandados a un acto de conciliación.

El abogado reclama que, para evitar la interposición de una querella, reconozcan "expresamente el comportamiento ilícito y el daño producido, poniendo fin a la gravísima y constante vulneración del derecho fundamental al honor, a la intimidad personal y familiar, a su propia imagen y al derecho a la presunción de inocencia" del cantante.

Además, que rectifiquen sus informaciones y que eliminen las noticias relacionadas con este asunto, tanto las almacenadas en la web de elDiario.es como en el podcast La casa de Julio Iglesias.

También, que se comprometan a no publicar en el futuro ninguna información que difame o denigre a Iglesias, al que deberán indemnizar solidariamente en la cantidad que se cuantifique pericialmente, "lo que se anticipa en cifras de importante cuantía económica".

Según el escrito, los demandados forman parte de "una organización más amplia, formada por una pluralidad de personas, que habrían participado en la elaboración de un montaje periodístico" contra Julio Iglesias, a través del diario.es, y de otros medios como la agencia de noticias en español de TelevisaUnivision N+ Univision, contra la que también anuncia acciones.

"Los demandados, desde la primera publicación del 13 de enero de 2026, han venido vulnerando (de manera deliberada, reiterada y sistemática) el derecho fundamental al honor del Sr. Iglesias, a través de comentarios falsos e injuriosos y calumniosos (...), con la única finalidad e intención de menoscabar su imagen pública, así como minar la reputación –personal y profesional–, erosionar gravemente su propia consideración y estima personal, y también su estabilidad y salud mental", expone el abogado.

En dichos artículos, prosigue, se atribuye de manera directa al cantante la comisión de delitos, "dando como ciertos los hechos que se contienen en una denuncia en cuya elaboración habría participado el propio medio a través de un supuesto 'trabajo de investigación', sin que en el momento de la difusión de aquellas opiniones se hubiera verificado judicialmente su veracidad".

"El medio no se limitó a dar cuenta de la presentación de la denuncia, sino que difundió los hechos denunciados como reales, incluso haciendo un montaje con actrices profesionales", denuncia el escrito.

Para lograr "un mayor impacto y materializar el daño", prosigue, se habilitó un espacio denominado 'Investigación Julio Iglesias', "destacando especialmente las noticias difamantes frente a aquellas que desvirtúan los hechos o conducen al archivo del procedimiento, que, por otra parte, ni siquiera se ha judicializado, en la medida en que quedó archivado en el seno de la Fiscalía de la Audiencia Nacional".

A esto añade, la publicación del podcast La casa de Julio Iglesias que no solo puede reproducirse a través de la página web del periódico, sino que se ha insertado, también, en el espacio de que dispone dicho medio en YouTube o Spotify.

En dichos artículos y el podcast "se atribuye de manera directa a mi mandante la comisión de delitos, entre otros, contra la libertad sexual, contra los derechos de los trabajadores y de explotación y trata de seres humanos, a los que se alude en términos absolutos, sin respetar, siquiera mínimamente, el derecho a la presunción de inocencia", lamenta el abogado.

España es uno de los países europeos con condiciones laborales "muy malas y precarias" para los periodistas, junto a Croacia, Grecia, Hungría, Malta y Rumanía, indicó este martes la Plataforma del Consejo de Europa para reforzar la protección del periodismo y la seguridad de los profesionales.

En su informe anual, esa Plataforma del Consejo de Europa -una organización que no forma parte de la Unión Europea y que vela por los derechos humanos en el continente- recoge las conclusiones del Monitor del Pluralismo en los Medios de Comunicación sobre esas condiciones.

Únicamente dos de los 34 países analizados ofrecen buenas condiciones de trabajo a los periodistas: se trata de Dinamarca y Alemania, mientras que en otros cinco (Bélgica, Estonia, Finlandia, Países Bajos y Suecia), los riesgos para la seguridad de los reporteros son limitados.

"Las condiciones laborales de los periodistas son deplorables en la mayor parte de los Estados de la UE, con salarios bajos y regímenes de Seguridad Social débiles o inexistentes", concluye el Monitor del Pluralismo.

Aunque España aparece en el furgón de cola en lo que respecta a las condiciones contractuales, eso contrasta con la situación de riesgo en el ejercicio de la profesión, que está lejos de ser de las más preocupantes.

En 2025, la Plataforma del Consejo de Europa lanzó seis alertas de amenazas graves para la libertad de los medios, una menos que en 2024, cuando para el conjunto de los 48 países supervisados fueron 344, con un incremento "significativo" del 29% respecto al año anterior.

Esas alertas se concentraron sobre todo en Rusia (50), Turquía (49), Georgia (35), Serbia (35) y Ucrania (27) y tuvieron que ver principalmente con la invasión rusa de Ucrania y con los territorios que Moscú controla.

Los autores del informe hicieron hincapié en que, un año más, la guerra de Rusia contra Ucrania fue "la mayor fuente de peligro para los periodistas" en Europa en 2025.

Del total de las alertas, 90 tuvieron que ver con los ataques contra la seguridad y la integridad física de los periodistas, lo que incluye los asesinatos por drones rusos de los ucranianos Olena Hramova, Yevhen Karmazin y Tetyana Kulyk y del fotoperiodista francés Antoni Lallican, así como la muerte del turco Hakan Tosun tras una agresión brutal.

A esas muertes hay que añadir la utilización por unos pocos países de la privación de libertad como instrumento para controlar a los medios, subraya el Consejo de Europa, y añade que el 31 de diciembre pasado había 148 periodistas detenidos en Europa, de los cuales 36 en Azerbaiyán, 32 en Rusia, 27 en Bielorrusia, 26 en territorios ucranianos controlados por Rusia, 24 en Turquía, dos en Armenia y uno en Georgia.

También otras prácticas como las intimidaciones, las tentativas de apropiación de medios o la represión transnacional, con agresiones físicas contra periodistas en manifestaciones por parte de la policía, de políticos o de los propios manifestantes, que fueron particularmente violentas en Georgia, Serbia y Turquía.

Todos esos elementos se vieron en parte atenuados por iniciativas de varios Estados o a escala europea para mejorar el ejercicio de la libertad de prensa, entre las que cita la aprobación por el Gobierno español de un proyecto de ley orgánica dirigido a sus profesionales y para proteger sus fuentes.

La Plataforma del Consejo de Europa pone el acento en que en ese proyecto de ley por primera vez se ofrece "una protección jurídica completa del secreto profesional de los periodistas, consagra de forma explícita su derecho a no revelar sus fuentes ni a entregar documentos no publicados".

Y además prohíbe la instalación de dispositivos de espionaje en los dispositivos de los periodistas, si no está amparada y justificada por un juez con carácter excepcional.

A ese respecto, la Plataforma del Consejo de Europa señala que la Audiencia Nacional en febrero de 2025 reabrió el procedimiento sobre la utilización del programa espía Pegasus contra periodistas y responsables políticos para solicitar cooperación a la justicia de Francia e Israel.

“En España el poder ni se crea ni se destruye: se transmite, se negocia y se protege”, o eso considera el economista y sociólogo Andrés Villena (Elche, 45 años), que acaba de publicar el libro Las élites que dominan España. Una historia alternativa desde 1939 (Libros del KO, 2026). El texto de Villena está lleno de nombres y de senderos que conectan núcleos de poder, pero se vertebra sobre la hipótesis de la continuidad, de un sistema que no depura, sino que integra, los intereses de aquellos que tienen poder para hacerlos valer. Durante la dictadura primero, por la fuerza; después, mediante el poder del dinero; y, finalmente, apoyándose en el discurso. 

“Se hace también necesario el consenso, convencer y persuadir a los dominados”, lanza en la introducción, donde advierte al tiempo del papel que juega aquí “el ruido” de las redes sociales y, cómo no, el de los medios tradicionales como la prensa escrita y la televisión, a cuya “guerra de licencias” y filiaciones políticas dedica un capítulo al final del libro. 

Villena explica a infoLibre que la complejidad para abordar una reforma que corte con estas dinámicas endogámicas requiere de “un debate regeneracionista” sostenido en el tiempo. “El libro es un intento de mostrar la importancia de un debate que parta de lo que tenemos y que muestre lo difícil que es cambiarlo”.

Como anécdota, el libro iba a ser publicado por la editorial Ariel, perteneciente al Grupo Planeta, pero un cambio de opinión de última hora hizo que acabara siendo editado en Libros de KO. “La experiencia con la editorial fue muy buena porque trabajé con un corrector y una editora que estaban entusiasmados con el proyecto, pero de la noche a la mañana se acabó todo y la editorial nos hizo saber que el libro no podía publicarse durante 2026”, señala Villena. “Iba a ser uno de los lanzamientos estrella de la editorial Ariel y estaba respaldado por un informe legal que decía que los datos y nombres que se ofrecen no suponían ningún riesgo de vulneración del derecho al honor”.

Aún así, afirma el autor, la publicación se canceló “de manera unilateral”, incluso tras haber eliminado fragmentos en los que se citaba al grupo. “Se me ofreció la posibilidad de firmar una indemnización de 2.000 euros, siempre sujeta a una cláusula de confidencialidad que hubiera hecho imposible esta conversación”, remata. Finalmente, el trabajo terminó cambiando de editorial con la plena colaboración de Planeta, que cedió todo el trabajo de edición que habían hecho. “La razón de fondo la desconozco y aventurar algo sería especular”, sentencia.

En el libro se tocan cuatro estamentos: el capital, con apellidos recurrentes en la banca española; las empresas, repasando la genealogía de las grandes compañías del Ibex; la Iglesia y el Estado. Esos son los cuatro escenarios en los que se mueve este trabajo que discurre por el último medio siglo. “Del aperturismo tecnócrata del franquismo a la reconversión industrial; de las privatizaciones del PP y del PSOE a las crisis de la burbuja inmobiliaria. Cambian los contextos, no los que mandan”.

Dice al comienzo del libro que “nos queda poco tiempo para olvidar a nuestros enemigos y preguntarnos por qué la democracia parece fracasada”. ¿Qué diagnóstico hace de la democracia en el marco de estas relaciones de poder? 

Conectándolo con la actualidad más inmediata, ha habido un acto reciente de Rufián y Emilio Delgado en el que se preguntan qué nos pasa o qué puede hacer la izquierda para evitar que crezca Vox. Es un plan ambicioso, pero que al mismo tiempo lucha en un ámbito estrecho como es el de conseguir ese escaño que sobra. Mi aportación, lo que intento mostrar, es cómo opera una estructura de poder que funciona de manera dinámica desde 1939 y cómo dificulta los cambios.

En el texto explica que desde el franquismo hay apellidos que se repiten en el poder. ¿Por qué ese poder es tan impermeable a los cambios? 

Si articulas el poder como una malla más densa, con distintas dimensiones —ya hemos visto lo que está pasando con los jueces, con las tramas del ministerio del Interior o con el poder bancario— ves que es una cultura mucho más compleja, que tiene mucha capacidad de adaptarse a los cambios. No estamos hablando de un poder aislado, estamos hablando de un Estado complejo relacionado con las grandes empresas y que lleva siglos funcionando.

Existe además un mecanismo de promoción mediante el cual personas que quieren desafiar al sistema, a medida que van subiendo, también van contribuyendo a mantenerlo, de manera que ese sistema va realimentando su legitimidad y se mantiene como una estructura muy rígida y muy difícil de modificar. Sin necesidad de planificar o de conspirar activamente, todas esas dinámicas de cambio son absorbidas.

Esa estructura de poder compleja de la que habla está llena de pequeños detalles: amistades, padrinos de bodas, compañeros de clase… ¿Qué señalan estos matices y anécdotas personales que tendemos a desdeñar?

El papel de las relaciones personales en el estudio de las relaciones de poder parece, a priori, que debería ser secundario, pero yo no he dejado de ver en mi investigación historias que me han parecido relevantes. Por ejemplo, todas estas reuniones que se producen en los años 60 y 70 en la finca la Dehesilla, donde se crean conexiones y amistades que luego influirán en la realidad política, como la relación de la UCD y el PSOE.

¿Es un capital que va más allá del color político?

Estas relaciones personales llevaban a que las carreras de muchas personas corrieran paralelas. El testigo de la boda de Miguel Boyer (ministro de Economía con Felipe González) e Isabel Preysler era José María Amusátegui, que fue un hombre del franquismo que acabó presidiendo el Banco Central Hispano. Son amistades que se convierten en un capital social, que se cimentan sobre posiciones sociales y aspiracionales parecidas.

Claudio Boada, por ejemplo, fue presidente del Instituto Nacional de Industria; luego Felipe González lo recupera para el Instituto Nacional de Hidrocarburos —que terminará llamándose Repsol— y después la élite socialista lo pone al frente del Banco Hispano Americano. Pues bien, hoy el hijo de Claudio Boada es el presidente de Blackstone. La capacidad de adaptarse y de persistir es enorme y, si tú eres diplomático o tienes un puesto de poder y puedes dar a tus hijos una educación, ellos luego pueden aspirar a un puesto de ese rango. Es el capital social.

Termina el libro con una llamada a la respuesta ciudadana cívica y responsable, pero en este marco de relaciones de poder, ¿qué margen hay para el cambio?

Había un diputado de Podemos que decía algo así como que los miembros del sistema saben muchísimo y tendríamos que estudiar 12 o 14 horas para enfrentarnos a ellos si queremos cambiar algo. Es una pelea con la maquinaria del Estado, que es milenaria, pero eso no quiere decir que el intento sea inútil; es un primer paso para cambiar las cosas.

El pasado miércoles estaba nublado y hacía frío en Washington DC. Ese día, trescientos periodistas de The Washington Post recibieron por correo electrónico la notificación de su despido. No hubo dramatismo, ni discursos épicos. Solo la voz aséptica del editor ejecutivo Matt Murray confirmando por videoconferencia lo que ya se rumoraba: un tercio de la plantilla quedaba en la calle. Entre los despedidos, corresponsales en zonas de guerra, reporteros veteranos que habían cubierto el Watergate, editores de secciones que llevaban décadas definiendo el pulso cultural de Estados Unidos. El diario que puso contra las cuerdas a Nixon, que publicó los Papeles del Pentágono, que desafió históricamente al Gobierno del país, que acuñó el lema "La democracia muere en la oscuridad", acababa de apagar muchas de sus propias luces.

La paradoja de lo ocurrido es enorme. Quien prometió salvarlo lo está ahogando. El multimillonario Jeff Bezos, uno de los más relevantes oligarcas tecnológicos de EEUU, compró el Post en 2013 por 250 millones de dólares, una cifra ridícula para una institución con siglo y medio de historia. La familia Graham, que tradicionalmente había controlado el periódico e impulsado algunas de las páginas más importantes del periodismo en todo el mundo, vendió porque no podía, o no sabía, cómo mantenerlo vivo en plena gran recesión.

Bezos llegó envuelto en el aura del visionario tecnológico. Era el hombre que había revolucionado el comercio mundial a través de Amazon y prometía hacer lo mismo con el periodismo. Durante años, cumplió. Bajo la dirección de Martin Baron, el legendario periodista que hizo posible la investigación que retrata la película Spotlight (2015), la redacción creció hasta superar los mil periodistas, el diario alcanzó la rentabilidad y se convirtió en trinchera informativa frente al primer mandato de Trump. Bezos presumía de no interferir, de respetar la independencia editorial como un dogma sagrado. Pero ese pacto se ha roto, y las grietas ya no admiten reparación.

El cambio no fue súbito, sino una lenta erosión que muchos prefirieron no ver. Tras la jubilación de Baron en 2021, el Post comenzó a sangrar: 77 millones de dólares de pérdidas en 2023, cien millones en 2024. La designación de Will Lewis* como director ejecutivo a finales de 2023 marcó un punto de no retorno. Lewis, procedente del imperio Murdoch, llegó con un historial manchado por escándalos de hackeo telefónico en el Reino Unido y una visión del periodismo más cercana al espectáculo que a la investigación rigurosa. Los choques con la redacción fueron inmediatos. Veteranos reporteros dimitieron en protesta. La moral se desplomó.

Pero las pérdidas económicas no explican por sí solas esta debacle. Bezos es el tercer hombre más rico del planeta, con una fortuna que supera los 200.000 millones de dólares. Cien millones anuales de déficit representan para él lo que para un ciudadano medio perder unas monedas en el sofá. La cuestión no es si puede permitirse mantener el Post, sino si quiere hacerlo. Y las evidencias sugieren que la respuesta es negativa.

Octubre de 2024 trajo la primera señal inequívoca. A once días de las elecciones presidenciales, con el editorial de respaldo a Kamala Harris ya redactado y programado, Bezos ordenó cancelarlo. El Post llevaba décadas respaldando a unos u otros candidatos presidenciales; romper esa tradición justo cuando Trump trataba de regresar a la Casa Blanca y después de haber sido un medio muy crítico con el magnate durante su primer mandato no parecía una casualidad. La hemorragia fue instantánea: entre 250.000 y 500.000 suscriptores cancelaron en cuestión de días. Martin Baron, ya retirado pero todavía influyente, no se contuvo: lo calificó de "destrucción de marca autoinfligida, cobardía ante un momento crucial".

Lo que siguió confirmó los peores temores. En febrero de 2025, Bezos emitió un mandato editorial: el Post no publicaría artículos de opinión que no se alinearan con su ideología de "libertades personales y mercados libres". El editor de opinión, David Shipley, renunció de inmediato. La independencia editorial, ese muro de contención entre el dueño y la redacción, había sido derribada sin disimulo.

Pero la mordaza editorial ya había empezado a apretar meses antes, cuando la caricaturista Ann Telnaes, ganadora del premio Pulitzer, renunció al Post tras diecisiete años en el diario. El detonante fue la censura de una viñeta que mostraba a Jeff Bezos, Mark Zuckerberg (Meta) y a Sam Altman (OpenIA) arrodillados ante una estatua de Donald Trump, entregándole bolsas de dinero. Fue la primera vez en casi dos décadas que el periódico "mataba" uno de sus trabajos por el tema que trataba. Telnaes lo denunció públicamente: Shipley, el mismo editor que dimitiría semanas después por el mandato ideológico de Bezos, justificó entonces la censura alegando "repetición temática". La excusa convenció a pocos.

El episodio Telnaes no fue un incidente aislado, sino un ensayo general de lo que vendría después. La viñeta censurada señalaba precisamente lo que estaba ocurriendo: la genuflexión de los oligarcas tecnológicos ante el poder político.

Mientras tanto, Amazon —la gran criatura de Bezos— invertía 75 millones de dólares en un documental hagiográfico sobre Melania Trump. El timing no podía ser más transparente: Trump acababa de volver al poder, y Bezos tenía contratos multimillonarios con el Gobierno federal para Blue Origin y Amazon Web Services. ¿Coincidencia? Incluso observadores benévolos lo consideraron un soborno apenas disimulado.

Los despidos de febrero de 2026 no son solo un ajuste contable, sino la culminación de una estrategia: reducir el Post a un medio dócil, incapaz de incomodar al poder. Deportes, eliminado. Libros, desmantelado. Corresponsalías en Ucrania y Oriente Medio, cerradas. La cobertura local, que durante décadas había sido el alma del diario, queda reducida a lo mínimo. Todo esto mientras Bezos multiplica su fortuna y Amazon bate récords de beneficios.

Para muchos analistas, la agonía del Post no es un caso aislado, sino un síntoma de una enfermedad sistémica que aqueja al periodismo contemporáneo. La primera lección que deja lo ocurrido es que la independencia editorial no es negociable, y la riqueza no la garantiza.

Durante años, la fascinación por el nuevo tiempo digital abonó la idea de que los magnates tecnológicos serían los nuevos mecenas de la prensa, salvadores ilustrados que rescatarían cabeceras históricas de la bancarrota. Pero estos millonarios no son filántropos desinteresados; son hombres de negocios con intereses colosales que chocan frontalmente con la misión del periodismo de fiscalizar al poder.

El Post ha aprendido la lección más dura: cuando tu dueño tiene contratos gubernamentales de miles de millones, cuando depende de regulaciones favorables para sus imperios tecnológicos, el periódico se convierte en rehén. Cada investigación incómoda, cada editorial crítico, cada reportaje que incomoda al gobierno puede poner en riesgo esos contratos. Y cuando llega el momento de elegir entre la verdad y los negocios, el periodismo pierde.

La segunda lección es tecnológica. Bezos apostó fuerte por la innovación, porque se suponía que la salvación del periodismo iba a venir de la mano de quienes dominan el espacio digital. Desarrolló Arc Publishing, un sistema de gestión de contenidos que vendió a decenas de medios, incluido el diario español El País. Modernizó la infraestructura digital del Post y lo convirtió en referente de velocidad y usabilidad.

Pero la tecnología resultó ser un espejismo. Mientras The New York Times diversificaba sus contenidos con juegos, cocina, podcasts y adquisiciones como The Athletic, creando un ecosistema de suscripción robusto, el Post seguía dependiendo del tráfico desde Google y redes sociales. Cuando la inteligencia artificial generativa empezó a absorber ese tráfico —el 50% cayó en tres años—, el modelo colapsó. La tecnología puede optimizar la distribución, pero no sustituye al periodismo de calidad ni crea, por sí sola, un modelo de negocio sostenible.

La tercera lección es organizativa. El periodismo de calidad requiere inversión constante, no solo en tecnología sino en personas. Reporteros experimentados, editores rigurosos, corresponsales con años de especialización. Estos profesionales no salen de programas de formación intensiva y de corta duración ni se sustituyen con algoritmos. El Post tenía ese capital humano, acumulado durante décadas. Y lleva años destruyéndolo en nombre de una rentabilidad que, paradójicamente, nunca podrá alcanzar mientras su principal activo, la credibilidad, siga en entredicho.

Frente al desastre del Post, The New York Times ofrece un contraste revelador. Ambos son periódicos de referencia, con historias centenarias y prestigio global. Pero mientras el Post se desangra, el Times prospera: supera los diez millones de suscriptores, genera beneficios consistentes y mantiene una redacción robusta. ¿La diferencia? El Times sigue siendo propiedad de la familia Sulzberger, que, con sus más y sus menos, ha priorizado sistemáticamente la independencia editorial sobre los beneficios a corto plazo. No es que los Sulzberger sean inmunes a los errores o las presiones, pero su compromiso con el periodismo como misión, y no como activo fungible, ha marcado la diferencia.

Bezos, en cambio, trata al Post como hizo con tantos sectores antes: una industria obsoleta que necesita "disrupción". Pero el periodismo no es el comercio minorista. No se puede optimizar con algoritmos ni se mejora despidiendo a un tercio de la plantilla. La confianza del lector, ese activo intangible pero crucial, tarda décadas en construirse y se destruye en días.

"Estamos presenciando un asesinato", escribió la periodista Ashley Parker en The Atlantic. El The Washington Post que ayudó a tumbar a un presidente corrupto, que desafió al Pentágono, que definió el periodismo de investigación estadounidense durante medio siglo, está siendo ejecutado por su propio dueño.

"La democracia muere en la oscuridad", proclama todavía el lema del Post. La realidad es que también desaparece cuando quienes controlan la información deciden que el periodismo es solo otro sector más esperando ser optimizado.

*El director ejecutivo de 'The Washington Post', Will Lewis, presentó su dimisión este sábado.

El periodismo en España sufre por la inseguridad de los periodistas, el incremento de las presiones políticas y económicas, el uso de litigios intimidatorios contra los medios, las dificultades de acceso a la información pública, la elevada concentración de la propiedad mediática y nuevas formas de censura o restricciones digitales.

Al menos eso es lo que denuncia la Plataforma por la Libertad de Información (PLI) en su informe sobre la situación en España en 2025, que acaba de ser publicado. La PLI es una organización dedicada a proteger y promover los derechos a la libertad de expresión y a la libertad de información. Fue creada en noviembre de 2014 por un amplio grupo de medios, colectivos de periodistas, juristas y organizaciones sociales preocupados por las amenazas crecientes a estos derechos fundamentales.

En el informe recientemente presentado, la plataforma reseña diferentes episodios que califica como vulneraciones de la libertad de prensa en nuestro país, a partir de los cuales concluye que existe un proceso de erosión progresiva, resultado de la acumulación de presiones políticas, judiciales, económicas y digitales.

La organización documenta lo que denomina “un patrón sostenido de ataques y acoso a periodistas”, que combina agresiones físicas, intimidación durante coberturas informativas y campañas de hostigamiento digital.

El acoso digital, aseguran, “adquirió una dimensión especialmente preocupante” el año pasado. “Se documentaron campañas de amenazas de muerte, insultos racistas y señalamiento coordinado contra periodistas, en algunos casos impulsadas o amplificadas por actores políticos”.

Estas campañas, sostenidas en redes sociales, tienen un “efecto acumulativo”: erosionan la reputación profesional, afectan a la salud mental de los informadores y pueden conducir a la autocensura o al abandono de determinadas coberturas. Organismos como la OSCE han advertido reiteradamente que “el acoso en línea debe considerarse una amenaza real a la libertad de prensa, y no un fenómeno menor o inherente al debate público”.

Uno de los hitos más graves de 2025, señala la PLI, fue la imputación de cuatro periodistas por revelación de secretos tras publicar información de interés público relacionada con el caso del fiscal general del Estado, un caso recogido por la Comisión Europea en su Informe sobre el Estado de Derecho.

Es un caso, subrayan, que podría sentar un precedente peligroso, al normalizar la intervención penal en la actividad informativa. “El riesgo principal es el efecto desaliento: cuando los periodistas perciben que informar sobre determinadas investigaciones judiciales o policiales puede acarrear imputaciones personales, se reduce la disposición a investigar y publicar, incluso cuando existe un claro interés público”.

La plataforma se hace eco también de la persistencia de problemas en el acceso a la información pública en el marco de la ley de secretos oficiales, una norma de origen franquista que sigue sin reformarse, a pesar de que ha sido discutida en varias ocasiones en el Congreso.

La Comisión Europea, recuerda el informe, identifica además prácticas administrativas e institucionales que afectan de forma directa al trabajo de los periodistas. Entre ellas, el aumento de comparecencias oficiales sin turno de preguntas, la restricción del acceso de determinados medios a actos informativos y los retrasos recurrentes en la respuesta a solicitudes de información pública, que impiden a los profesionales acceder a datos en plazos compatibles con el ciclo informativo.

Son formas de “censura indirecta” o de baja intensidad que debilitan de manera sistemática la capacidad de los medios para fiscalizar al poder y que, cuando se normalizan, erosionan la rendición de cuentas y el pluralismo informativo, afectando de manera desigual a los medios más críticos o con menor capacidad de acceso privilegiado.

Por lo que se refiere a los medios públicos, la PLI recuerda los riesgos de politización de los órganos de gobierno de RTVE derivados de la reducción de los umbrales exigidos para su elección en el Congreso, así como las movilizaciones de profesionales de las radiotelevisiones públicas autonómicas en defensa de su independencia editorial.

El análisis de los casos de 2025, sostiene esta plataforma, muestra que las vulneraciones a la libertad de prensa en España no responden a un único patrón, sino a “la convergencia de múltiples presiones que operan de forma simultánea”. Agresiones y acoso, judicialización, restricciones informales, reformas normativas controvertidas y opacidad financiera configuran un entorno en el que el periodismo puede seguir ejerciéndose, pero a un coste creciente.

Desde la perspectiva del Estado de derecho, el riesgo no es solo la existencia de incidentes aislados, sino “su normalización”. Cuando informar implica asumir riesgos personales, legales o económicos desproporcionados, la libertad de prensa se vacía progresivamente de contenido, incluso sin necesidad de censura explícita.

El informe también señala la preocupación de sus redactores por algunas reformas legislativas en curso, desde la regulación del secreto profesional —que temen pueda acabar debilitando su protección— hasta el proyecto de ley de información clasificada, con capacidad para establecer prohibiciones de publicación durante plazos muy prolongados.

También hay una referencia a la reforma del reglamento del Congreso que estableció nuevas normas para los periodistas acreditados y que la PLI considera, en algunos supuestos, una amenaza para el trabajo periodístico. Y una última al proyecto de ley que aplicará en España el Reglamento Europeo de Libertad de los Medios (EMFA, por sus siglas en inglés), al que esta organización atribuye riesgos de restricciones indirectas a la libertad de información, inseguridad jurídica para medios y periodistas y un posible efecto disuasorio en el entorno digital.

Para corregir estos problemas, la plataforma propone, en primer lugar, definir con claridad y precisión los límites de derechos clave del periodismo, como el secreto profesional, el acceso a las fuentes o los sistemas de acreditación, para evitar interpretaciones arbitrarias o aplicaciones desproporcionadas. A ello se suma la exigencia de que cualquier reforma sea plenamente compatible con la normativa europea y los estándares internacionales, de modo que España no quede en una posición de menor protección de la libertad de información que otros países de la UE. En este marco, se subraya la importancia de reforzar los controles independientes, mediante órganos de supervisión imparciales que puedan revisar sanciones impuestas a periodistas o medios y actuar como garantía frente a posibles abusos.

En segundo lugar, las recomendaciones de la PLI insisten en proteger de forma específica a los medios digitales e independientes, evitando que reformas como la del derecho de rectificación se conviertan en barreras de entrada al mercado informativo o fomenten la autocensura.

También reclaman una mayor transparencia en la clasificación de la información secreta, con plazos de desclasificación realistas, mecanismos de revisión y criterios claros de interés público en la futura ley de información clasificada.

Por último, el informe advierte de la necesidad de establecer garantías efectivas para que las sanciones por pérdida de acreditaciones no se utilicen como herramientas políticas destinadas a limitar el acceso de medios críticos o de alternativas informativas al espacio público.

El Media Board, el organismo que reúne a los reguladores de medios de los 27 países de la Unión Europea —entre ellos la Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia (CNMC) en España— quiere que Bruselas avance en una regulación homogénea para la actividad de los creadores de contenido, más conocidos como influencers digitales.

Tras analizar la situación en cada país y compartir estudios y propuestas, el Media Board ha señalado como uno de sus objetivos clave garantizar un marco regulatorio “adaptable a los desarrollos futuros y, al mismo tiempo, claro, accesible y comprensible para todas las partes interesadas”.

Entre las medidas que propone el informe aprobado, se incluye una definición compartida de influencer, adaptable al tamaño y particularidades de cada mercado, dejando a los Estados miembros decidir eventuales umbrales. Además, plantea establecer un conjunto de normas comunes que los influencers deben respetar en sus actividades, como la protección de menores, la transparencia publicitaria y la prevención del discurso de odio.

Si estas normas se estandarizan, deberían orientarse a proteger los derechos de los consumidores —con transparencia publicitaria, etiquetado claro de anuncios y divulgación de patrocinios—; limitar la publicidad de productos nocivos como alcohol, tabaco o medicamentos; proteger a los menores; regular la recopilación de datos personales de los seguidores; y prevenir el discurso de odio, manteniendo al mismo tiempo la libertad de expresión. Una legislación común también permitiría aplicar sanciones transfronterizas en caso de infracciones que afecten a audiencias en varios Estados.

En España, los influencers más populares y con mayores ingresos —los definidos por la ley como “usuarios de especial relevancia”— ya están obligados a cumplir ciertos requisitos, como identificar de forma clara los contenidos que les reportan ingresos o regalos o asegurarse de que sus mensajes no sean perjudiciales para menores ni les induzcan a comportamientos peligrosos. 

En teoría, deben también respetar los principios generales de la comunicación audiovisual, como la dignidad humana, la igualdad de género, la inclusión de personas con discapacidad, la diversidad cultural y lingüística, y la veracidad de la información. También deberían fomentar la alfabetización mediática y la conciliación de la vida personal y familiar.

En la práctica, sin embargo, la supervisión en España es limitada: la CNMC solo revisa los contenidos a petición de parte, y ni siquiera tiene forma de saber quiénes ingresan más de 300.000 euros al año, el umbral para ser considerados usuarios de especial relevancia.

El Media Board considera que una definición común de influencer y el establecimiento de principios compartidos podrían ser útiles, especialmente a partir del concepto de responsabilidad editorial, que activa la aplicación de la Directiva Europea de Servicios de Comunicación Audiovisual (AVMSD). Atribuir esta responsabilidad a los influencers permitiría aplicar de manera secuencial las obligaciones correspondientes de la normativa audiovisual europea.

Sin embargo, el regulador europeo no se plantea ir tan lejos como la CNMC española, que quiere ampliar la definición de influencer hasta reconocerles derechos similares al secreto profesional de los periodistas.

Cuando el Media Board propone integrar a los influencers como prestadores de servicios de comunicación audiovisual, no se trata de considerarlos “periodistas” ni “medios” tradicionales, sino proveedores de servicios audiovisuales a demanda, equiparables a plataformas de vídeo bajo demanda o canales digitales que ofrecen contenidos de forma continuada.

El eje central es la responsabilidad editorial: ser considerado prestador audiovisual implica que el influencer decide qué contenidos se publican, cómo se presentan y con qué finalidad —informativa, comercial, promocional o de entretenimiento—. 

Esa capacidad de control activa la aplicación de la directiva audiovisual europea, lo que obliga a respetar normas sobre protección de menores, transparencia publicitaria, restricciones en publicidad de productos sensibles, prevención del discurso de odio y recopilación y uso de datos personales.

La propuesta del Media Board no determina qué influencers entrarían en esta categoría. Su inclusión dependería de criterios cualitativos y cuantitativos —alcance, regularidad, finalidad económica, tipo de audiencia— que podrían adaptarse a cada mercado según tamaño, idioma o impacto real. 

En ningún caso se les reconocería como periodistas ni podrían acogerse al secreto profesional; tampoco asumirían las mismas obligaciones que un medio tradicional. El objetivo es regular actividades con impacto mediático real.

La mayoría de los miembros del Media Board y los observadores consultados coinciden en que un enfoque armonizado podría garantizar condiciones de competencia equitativas y un nivel mínimo de protección a escala europea. Sin embargo, reconocen que las diferencias entre los mercados locales pueden dificultar un enfoque uniforme.

Muchos reguladores nacionales advierten que la falta de legislación común en la UE puede generar lo que se conoce como forum shopping (una treta que consiste en trasladarse a otro país de la UE con reglas más laxas o menos exigencias legales, con el fin de minimizar obligaciones sobre publicidad, protección de menores o transparencia, y así aprovecharse de las diferencias entre marcos normativos nacionales), lo que comprometería principios clave de la normativa audiovisual europea, como la protección de menores. 

Además, una regulación fragmentada podría generar conflictos legales o incoherencias, por ejemplo, respecto a tipos de publicidad permitidos en ciertos servicios en línea. También se subraya la necesidad de informar mejor a los influencers sobre las obligaciones de los servicios audiovisuales a demanda, ya que muchos desconocen que podrían estar sujetos a estas normas, exponiendo su contenido a restricciones inesperadas.

Dos de las reformas legislativas más importantes del plan antibulos que el presidente Pedro Sánchez ordenó poner en marcha en 2024, como reacción a las informaciones falsas que han sido utilizadas para imputar a su esposa, Begoña Gómez, dieron este martes un paso más en el Consejo de Ministros.

La modificación de la ley que regula desde 1984 el derecho de rectificación, con el objetivo de adaptarlo al ecosistema mediático actual de Internet, agilizar su tramitación y facilitar su ejercicio, será enviada en los próximos días al Congreso. Más retraso lleva la reforma de la ley de protección del derecho al honor y a la propia imagen, que data de 1982. Este martes ha pasado el primer filtro para convertirse en anteproyecto de ley y salir, en las próximas semanas, a información pública, por lo que no es probable que vuelva a la mesa del Consejo de Ministros a corto plazo. Esto demorará el inicio de su tramitación en la Cámara Baja como mínimo hasta otoño.

El Ministerio de Presidencia, responsable de ambas iniciativas, no facilitó a infoLibre el articulado de la doble reforma, de manera que resulta imposible examinar, de momento, cuál es su ambición real y hasta qué punto van a cambiar una regulación que se viene aplicando desde hace más de cuarenta años.

Según el titular de este departamento, Félix Bolaños, el objetivo de la primera reforma, la del derecho de rectificación, es ampliar su ejercicio a los entornos digitales cuando alguien se sienta afectado por la difusión de hechos que considere falsos. Si la ley consigue superar la tramitación en las Cortes, para lo cual deberá afrontar un largo debate, las plataformas digitales y los usuarios relevantes de redes sociales —aquellos que tengan más de 100.000 seguidores en una red o más de 200.000 en todas las plataformas en las que estén presentes—, y no solo los medios de comunicación convencionales, tendrán que atender las solicitudes de rectificación que les sean presentadas, siempre y cuando admitan haber difundido hechos falsos o inexactos.

En caso contrario, como ya ocurre en la actualidad, los afectados podrán invocar la protección de los jueces, que seguirán siendo quienes decidan si procede o no difundir la rectificación. La novedad será que los llamados usuarios de redes sociales y plataformas con muchos seguidores —al igual que los medios digitales— deberán implementar un mecanismo gratuito, accesible y visible que permita enviar fácilmente la solicitud de rectificación.

El plazo para presentarla pasará a ser de diez días naturales si la información ha sido publicada en medios de comunicación tradicionales, o de veinte si ha sido difundida en medios digitales o en cuentas de influencers. Podrán ejercer este derecho los menores de edad que tengan “la necesaria madurez”, ha dicho el ministro, y, en todo caso, los mayores de 16 años. En el caso de personas fallecidas, podrán solicitarlo sus ascendientes, descendientes, hermanos, cónyuge o pareja, o quienes hayan sido designados expresamente.

El Gobierno quiere que los medios digitales que rectifiquen a petición de los afectados o de los jueces estén obligados a crear un nuevo enlace a la información original, con relevancia semejante a la que tuvo la publicación inicial, y que las plataformas en línea la difundan en un lugar visible junto con la información original. Deberán hacerlo, según la propuesta, en el plazo de tres días, y no tendrán que incluir solo hechos, sino que será posible “incorporar opiniones o valoraciones que no resulten excesivas ni sean impertinentes en el objeto de la rectificación”.

La nueva ley simplifica el procedimiento judicial al que pueden acudir los ciudadanos a los que se les deniegue la rectificación, aunque se desconocen los mecanismos concretos a través de los cuales el Gobierno quiere conseguir este objetivo.

Bolaños, en cualquier caso, dio por seguro que, cuando la reforma sea aprobada y entre en vigor, los “desinformadores habituales dedicados al bulo de manera diaria” tendrán más difícil seguir haciendo su trabajo. “Se trata de que cualquier ciudadano esté protegido frente a injerencias, desinformaciones, falsedades, inexactitudes y mentiras que le afectan”, subrayó, y de que tenga, por tanto, “un derecho fácil, accesible, rápido y ágil para poder rectificar esa información”.

Más lenta va la preparación de la prometida reforma de la ley del derecho al honor y a la intimidad personal. Aunque en España ya se podía invocar esta norma para perseguir imágenes falsas susceptibles de dañar la propia imagen, Bolaños la ha presentado como una vía para perseguir los deepfakes: contenidos audiovisuales falsificados mediante técnicas de inteligencia artificial que permiten manipular o generar imágenes, vídeos o audios hiperrealistas en los que una persona parece decir o hacer algo que en realidad nunca ocurrió.

Para mejorar la persecución de este tipo de prácticas, que no existían cuando se promulgó la ley original en 1982, el borrador de la reforma plantea considerar ilegítimo el uso sin autorización de la imagen o la voz de una persona que haya sido creada, simulada o manipulada con IA o tecnologías similares. Existe, no obstante, una salvedad: en el caso de personas con proyección pública, en un contexto creativo, satírico o de ficción, se podrá utilizar inteligencia artificial, siempre que se haga constar que se trata de imágenes falsas.

Lo único que ha trascendido del anteproyecto, que el Gobierno tampoco ha querido difundir, es que, en materia de consentimiento, se quiere impedir que compartir imágenes personales en una red social suponga que terceros puedan utilizarlas en otras redes o canales de difusión.

Según Bolaños, el texto mejorará también la protección de los menores y establecerá en 16 años la edad a partir de la cual se podrá prestar consentimiento para facilitar la propia imagen.

Por primera vez, si la norma consigue ser aprobada, se regularán los casos de personas ya fallecidas, ampliando las personas que pueden ejercer el derecho en su nombre, incluyendo, por ejemplo, a las parejas de hecho o a quienes mantuvieran una relación de afectividad análoga a la matrimonial. También será posible que la persona afectada pueda, mediante testamento, prohibir la utilización de su imagen o de su voz para fines publicitarios, comerciales o de naturaleza análoga tras su fallecimiento.

A petición del Ministerio de Igualdad, que ya promovió una medida similar a través de un anteproyecto de ley sobre violencias vicaria pendiente todavía de examen en el Consejo de Ministros, Bolaños ha anunciado que, para proteger a las víctimas de delitos, se considerará un daño al honor que el victimario obtenga algún tipo de rendimiento económico o proyección personal cuando alguien produzca un contenido audiovisual contando lo ocurrido.

Si la ley, que ahora es un mero borrador, llega algún día a entrar en vigor, los jueces dispondrán de criterios para calcular las indemnizaciones a partir de la gravedad de las intromisiones en el honor: repercusiones sociales, reincidencia, gravedad de las expresiones empleadas, etc. En ningún caso la indemnización podrá tener carácter simbólico.

Seguirán exceptuadas, en todo caso, las informaciones protegidas por el derecho a la información, como la difusión de comunicaciones privadas con contenido noticiable por referirse a asuntos de interés general.

Las leyes originales de 1982 y 1984 han sido sometidas en numerosas ocasiones a interpretación por parte del Tribunal Constitucional (TC), que ha sido clave en el desarrollo y aplicación de los derechos al honor, a la intimidad, a la propia imagen y al derecho de rectificación en España, especialmente en su relación con la libertad de expresión y de información. Desde los años ochenta hasta hoy, su jurisprudencia ha definido límites, ponderaciones y garantías fundamentales.

El TC ha señalado que el derecho al honor no es absoluto: debe ponderarse con la libertad de expresión e información. Cuando la información versa sobre asuntos de interés general o personas públicas, el derecho a la información prevalece; pero si se invade el ámbito estrictamente privado sin relevancia pública, prevalece el derecho a la intimidad u honor.

Eso sí, la información debe ser veraz para estar protegida, lo que, en términos del TC, significa que debe ser producto “de una investigación diligente”; o, lo que es lo mismo, que el informador haya realizado, con carácter previo a la difusión de la noticia, una labor de averiguación de los hechos sobre los que versa la información y haya efectuado la referida indagación con la diligencia exigible a un profesional de la información. A nadie se le exige una “verdad absoluta”, sino una “forma de proceder” en aras de la protección de los derechos del público a la formación de una opinión pública libre, basamento de la democracia.

La doctrina constitucional también establece limitaciones para los cargos públicos, que están obligados a soportar un nivel mayor de crítica que los ciudadanos en general.

Esta interpretación, claramente favorable a la buena praxis periodística, es muy diferente en el caso del derecho de rectificación, en el que el TC no requiere demostrar falsedad ni daño al honor para ejercerlo: basta con sostener que lo difundido es inexacto o perjudicial para el afectado. Algo que no cambiará con la reforma que promueve el Gobierno, que mantiene el derecho a ejercer la rectificación a criterio del solicitante, aunque los hechos difundidos sean ciertos. La redacción de la ley del derecho de rectificación, tal y como se aprobó en 1984 y que el Gobierno planea conservar, facilita rectificar informaciones falsas, pero también verdaderas. Lo que a menudo se ha traducido en abusos.

El grupo privado de comunicación Henneo, levantado en torno al hegemónico Heraldo de Aragón, será al menos durante tres años más quien controle la información y realice los programas de actualidad, entretenimiento y deportes que la televisión pública regional, Aragón TV, ofrezca a los ciudadanos de esta comunidad. Con opción a dos años y nueve meses más de prórroga automática sin concurso.

La entrada en vigor de estos contratos, por un valor conjunto de 67,4 millones de euros, ha tenido lugar en pleno periodo electoral —Aragón vota el próximo 8 de febrero—. Sin embargo, las adjudicaciones tuvieron lugar el año pasado, antes de que el presidente regional, Jorge Azcón (PP), decidiese adelantar la convocatoria.

Por volumen, estos contratos consumirán en torno al 40,6% de todo presupuesto de la radio y la televisión aragonesa a lo largo de tres años.

De hecho, aunque el PP le ha dado continuidad, el modelo de televisión pública de contenidos privatizados fue puesto en marcha por el PSOE. Y, en ambos casos, el gran beneficiario ha sido el grupo propietario de Heraldo de Aragón, el diario más influyente de la comunidad, lo que en la práctica ha garantizado a sus dueños una influencia mediática sin parangón.

La Corporación Aragonesa de Radio y Televisión (CARTV), la entidad de la que dependen Aragón TV y Aragón Radio, siempre ha estado bajo control gubernamental: sus órganos rectores —el consejo de administración y la dirección general— se eligen por mayoría absoluta del parlamento regional —las Cortes de Aragón–, la misma que elige al Gobierno autonómico.

En la actualidad, el consejo tiene mayoría de PP y Vox, y su directora general es Raquel Fuertes, ex jefa de prensa y ex jefa de gabinete de Roberto Bermúdez de Castro cuando era portavoz y consejero de Presidencia y Justicia del Gobierno de Aragón entre 2011 y 2015, durante el mandato de Luisa Fernanda Rudi (PP) y actual consejo del Ejecutivo de Azcón. Durante ocho años y tres meses, Fuertes trabajó además en el departamento de comunicación del grupo Henneo, el mismo que acaba de recibir el contrato millonario con la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión.

Las empresas del grupo que han obtenido las adjudicaciones son Factoría Plural SL, Chip Audiovisual SA y Global Studio News SL. La primera tendrá en sus manos la “elaboración de 1.300 horas de contenidos audiovisuales bajo la iniciativa, encargo y supervisión de Televisión Autonómica de Aragón, destinados a integrarse en su parrilla de programación, en sus canales de difusión y en sus plataformas digitales”. Esta empresa se hizo con el contrato por 30.085.263,32 euros, IVA incluido, sin tener siquiera que competir con otra oferta, según los datos recogidos por el Portal de la Contratación.

Chip Audiovisual SA obtuvo, por su parte, la adjudicación para la “elaboración de contenidos para la producción de los distintos programas y formatos informativos de los canales de difusión de Televisión Autonómica de Aragón y de sus plataformas digitales”. Lo consiguió por 26.604.314,67 euros, IVA incluido, imponiéndose en este caso a una empresa del grupo Prensa Ibérica, propietario de El Periódico de Aragón y controlado por el empresario Javier Moll.

La tercera empresa de Henneo beneficiada por estas adjudicaciones es Global Studio News SL. En este caso, obtuvo el contrato de elaboración de “contenidos para la producción de los distintos programas y formatos deportivos de los canales de difusión de Televisión Autonómica de Aragón, de Radio Autonómica de Aragón y de sus plataformas digitales” por un total de 10.761.278,68 euros, IVA incluido. En este caso, su oferta se impuso a la del grupo Séptima Media, presidido por Alejandro Samanes Prat, según fuentes del grupo aragonés.

La adjudicación de estas tareas a empresas del grupo da continuidad al dominio prácticamente absoluto del ecosistema mediático aragonés que desde hace décadas ha venido ejerciendo Heraldo de Aragón y que en los últimos años se ha ido expandiendo gracias a la influencia de otras empresas de comunicación, de producción audiovisual y de servicios tecnológicos.

Henneo ya es uno de los grupos de comunicación y tecnología más importantes de España, con el Heraldo de Aragón, diario fundado en 1895, como pieza nuclear. A partir de ese buque insignia, la compañía ha desarrollado un vasto ecosistema mediático que integra medios de ámbito nacional, económico y regional, producción audiovisual, servicios de publicidad y plataformas tecnológicas. Entre sus principales medios figuran 20minutos —uno de los diarios digitales más leídos de España—, el económico La Información y publicaciones especializadas como Cinemanía, además de Heraldo de Aragón y el Diario del Alto Aragón.

Fuentes del grupo consultadas por infoLibre subrayan que Factoría Plural, la encargada de realizar los programas de Aragón TV, “es la tercera productora en horas de producción de España y trabaja, además de en Aragón, para las televisiones autonómicas de Extremadura y Madrid. Anteriormente, también lo hizo en Valencia y tiene proyectos en RTVE, en HBO y en otras plataformas y cadenas nacionales”.

De lo que no hay duda es de que Aragón TV cuenta con el respaldo de la audiencia. Cerró 2025 con un 12,2 % de cuota de pantalla, el mejor resultado de los 19 años de historia de la cadena, solo por detrás de Antena 3. De hecho, es la televisión autonómica pública con mejor desempeño, solo por detrás de la catalana TV3 y muy por encima de Telemadrid, la gallega TVG, La 7 de Murcia, la valenciana À Punt o Canal Extremadura.

Sus informativos, que también elabora Henneo a través de Chip Audiovisual SA, registran cifras que refuerzan su capacidad de influir en la opinión pública: las dos ediciones de Aragón Noticias promediaron en 2025 un 23% y lograron aventajar a la segunda opción en un punto (Antena 3, 22%), muy por encima de sus demás rivales.

Además de su actividad editorial, Henneo ha impulsado una importante diversificación empresarial que la sitúa en varios segmentos estratégicos del sector. Su plataforma publicitaria Alayans integra servicios de comercialización y análisis de datos que gestionan campañas tanto para medios propios como externos. 

La consultora tecnológica Hiberus, vinculada al grupo, ha consolidado a Henneo en el campo de la transformación digital y la tecnología aplicada al periodismo, con una plantilla que supera los 4.500 trabajadores y una expansión internacional en sectores de desarrollo de software y big data. Esta empresa acaba de firmar un acuerdo con Telefónica Tech para la adquisición de los negocios de esta filial de la operadora de telecomunicaciones Telefónica en Colombia, México y Chile.

Henneo declara un crecimiento sostenido: en 2024, el grupo registró un aumento del 22,3% en su cifra de negocio, superando los 297 millones de euros, y reforzando su presencia en los mercados audiovisual, tecnológico y publicitario.

La influencia del grupo tiene una dimensión tanto regional como nacional. En Aragón, Heraldo de Aragón y sus medios asociados son referentes informativos con una penetración que, según estimaciones del propio grupo, alcanza al 90% de la audiencia de la comunidad autónoma. Esta posición ha convertido a Henneo en un actor central en la configuración del panorama mediático aragonés, donde sus contenidos tienen un impacto significativo en la opinión pública y en el debate local sobre política, sociedad y economía. 

A nivel nacional, cabeceras como 20minutos y La Información contribuyen a su visibilidad y alcance, situando al grupo entre los principales editores de noticias digitales en España y otorgándole capacidad de influencia en la conversación mediática sobre asuntos de interés general.

El propietario mayoritario del grupo son los miembros de la cuarta y quinta generación de la familia De Yarza, tradicionalmente vinculada a Heraldo de Aragón, que mantiene el control del capital junto a Ibercaja Banco.

Pero el grupo no publica la actual distribución de la propiedad, pese a que así lo ordena desde febrero de 2025 el Reglamento Europeo de Medios (EMFA, por sus siglas en inglés). No obstante, en la estructura de gestión figuran destacados miembros de esa familia, como Fernando de Yarza López-Madrazo, en calidad de presidente, e Íñigo de Yarza López-Madrazo, consejero delegado.

La Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia (CNMC) ha pedido al Gobierno que modifique el anteproyecto de ley de regulación del secreto profesional de los periodistas para que este derecho pueda también ser invocado por los influencers.

En su amparo a esta actividad, que casi en su totalidad está en manos de personas ajenas al periodismo y, por tanto, libres de las obligaciones de buena praxis y deontología a las que sí están sujetos los profesionales de la información, la Comisión se contradice a sí misma al afirmar, en el mismo dictamen, que el secreto profesional solo se puede invocar para proteger la información “veraz”. ¿El motivo? Que “la desinformación y los discursos de odio en ningún caso pueden verse amparados en el secreto profesional de los profesionales de la información”.

La propuesta de la CNMC ha sido muy mal recibida por las organizaciones profesionales que defienden el reconocimiento de este derecho a los periodistas profesionales —trabajen o no en plataformas sociales— y no a los influencers. En los registros públicos del regulador, que preside Cani Fernández, no consta que sus directivos hayan recibido nunca a representantes de los periodistas, pero sí, este mismo año, a la organización que agrupa y defiende los intereses de los influencers: la Asociación de Profesionales de Influencia Digital.

La Comisión ni siquiera quiere que el reconocimiento del secreto profesional se limite a los llamados usuarios de especial relevancia (UER), que la ley define como aquellos que obtienen elevados ingresos y disponen de un gran número de seguidores. Su propuesta es que cualquiera que hable en redes sociales y se defina a sí mismo como difusor de información pueda invocar un derecho que siempre ha sido patrimonio del periodismo profesional, sin “umbrales de seguidores o limitaciones adicionales como los recogidos en la normativa nacional actualmente vigente”.

La clave es que la CNMC considera a los “vloggers”, “influencers” o “prescriptores de opinión” como “prestadores de servicio de comunicación audiovisual” a partir de la Ley Audiovisual española, que equipara a los UER con las emisoras de televisión o con las cadenas de radio.

El Reglamento Europeo de Libertad de Medios (la EMFA, por sus siglas en inglés), en cambio, es mucho más restrictivo. En su definición de un servicio de medios de comunicación caben las emisiones de televisión o de radio, los servicios de medios de comunicación audiovisuales a petición, los pódcast de audio o las publicaciones de prensa. Pero excluye expresamente “los contenidos generados por los usuarios y cargados en una plataforma en línea, salvo que constituyan una actividad profesional prestada normalmente a título oneroso, ya se trate de una compensación económica o de otro tipo”.

En realidad, a la Comisión lo que le gustaría es que el anteproyecto del Gobierno no incluyese ninguna definición concreta de profesional de la información para así “abarcar un amplio espectro de agentes profesionales de los medios de comunicación que entran en el ámbito de aplicación de la definición de servicio de medios de comunicación, incluidos los profesionales independientes”.

La propuesta de equiparar a los influencers con los periodistas a efectos del secreto profesional parece partir de una confusión: el secreto profesional, de acuerdo con el derecho de la información generalmente aceptado, no es un privilegio corporativo ni un derecho individual ligado al hecho de comunicar, sino una garantía democrática asociada al ejercicio de una función muy concreta. 

Protege a la ciudadanía, no al emisor. Su razón de ser es permitir que informaciones de interés público —especialmente aquellas que afectan al abuso de poder— puedan ver la luz sin que las fuentes sufran represalias. Desvincular el secreto profesional de esa función —que no es, ni de lejos, el estándar por el que se guían los influencers, salvo que sean periodistas en ejercicio de su profesión— es vaciarlo de sentido.

En el periodismo, el secreto profesional está indisolublemente unido a un marco de responsabilidades y a un código deontológico. No existe como un derecho aislado, sino como parte de un ecosistema que incluye la disciplina de verificación, la rendición de cuentas, el derecho de rectificación, la existencia de editores responsables y la sujeción a códigos deontológicos que no rigen en el mundo de los “prescriptores de opinión” de las redes sociales.

El periodista que protege a una fuente responde también ante su medio, ante los tribunales y ante la sociedad. El influencer, en cambio, opera mayoritariamente como una marca personal: decide contenidos, fuentes y enfoques sin controles editoriales, sin obligaciones equiparables de corrección y, en muchos casos, sin transparencia sobre intereses económicos o contractuales.

Para muestra, un botón: la asociación que les representa en España y a la que la CNMC tiene como interlocutor fue creada hace ahora un año por doce agencias “de marketing de influencia y de representación de creadores de contenido” (Bushido Talent, Grupo GO, Hamelin Agency, In Management, Keepers, Let’s Be Group, Lolita Manager, Nickname, Okiko/Creatives, SO Media Group, Tkers y Youplanet) todas ellas ajenas al periodismo profesional.

Equiparar ambas figuras supone, por tanto, otorgar una protección jurídica reforzada sin exigir las contrapartidas que históricamente la justifican. Es una asimetría peligrosa. El secreto profesional dejaría de ser una herramienta excepcional para proteger informaciones sensibles de interés general y pasaría a convertirse en un blindaje potencial para la opacidad.

En un entorno digital donde proliferan la propaganda encubierta, las campañas coordinadas y la desinformación, permitir que un creador de contenido invoque el secreto profesional sin un marco claro de responsabilidades abre la puerta a abusos evidentes.

El secreto profesional, concebido como garantía frente al poder, podría convertirse así en un instrumento funcional al propio poder económico o político que financia o instrumentaliza determinados discursos. Una herramienta pensada para proteger la verdad podría terminar protegiendo la manipulación.

Además, esta equiparación contribuye a una confusión ya muy extendida entre informar e influir. El periodismo persigue —al menos normativamente— el interés público, la exhaustividad y la proporcionalidad; la lógica de los influencers responde a la visibilidad, el impacto y la monetización de la atención. No se trata de una diferencia moral, sino funcional. Confundir ambas actividades bajo el mismo paraguas jurídico no amplía derechos: diluye los criterios que permiten a la ciudadanía distinguir entre información verificada y contenido persuasivo.

Si cualquiera que comunica puede invocar el secreto profesional, este deja de ser una garantía excepcional. La consecuencia no es una mayor protección de la libertad de expresión, sino una mayor dificultad para exigir responsabilidades cuando se difunden falsedades o se manipula deliberadamente a la opinión pública.

El anteproyecto del Gobierno, aprobado a finales de julio, fue sometido a información pública el pasado verano, sin que desde entonces el Ejecutivo haya sido capaz de darle forma definitiva y de someterlo a consideración final en el Consejo de Ministros.

El borrador inicial definía a los periodistas, etiquetados como “profesionales de la información”, sin exigir ninguna clase de titulación para el ejercicio profesional, como “toda persona física o jurídica que se dedique profesionalmente a la búsqueda, tratamiento y difusión de información veraz de interés público, a través de cualquier medio de comunicación, con la finalidad de hacer efectivo el derecho a la información”.

Los criterios jurídicos y profesionales generalmente aceptados sugieren que, para considerar que hay “dedicación profesional” a la búsqueda, tratamiento y difusión de información veraz de interés público, esta debe ser habitual, no esporádica. No basta, por tanto, con publicar contenidos informativos puntuales o en redes sociales: tiene que ser una ocupación principal o una forma de vida y tiene que ejercerse, además, a través de medios a los que se pueda pedir “responsabilidad editorial” o, lo que es lo mismo, que se hagan corresponsables de lo difundido.

Su trabajo debe versar, además, sobre “información veraz” de interés público. Algo que, en España, ha fijado el Tribunal Constitucional: aquella que es producto “de una investigación diligente; esto es, que el informador haya realizado, con carácter previo a la difusión de la noticia, una labor de averiguación de los hechos sobre los que versa la información y haya efectuado la referida indagación con la diligencia exigible a un profesional de la información”.

Y debe ser “de interés público”, lo que exige que afecte o concierna al bien común, al funcionamiento democrático o a los derechos de la ciudadanía, más allá del simple interés o curiosidad del público (la deontología periodística exige no confundir lo que el público quiere saber con lo que el público necesita o tiene derecho a saber para ejercer sus derechos, tomar decisiones informadas o exigir responsabilidades).

¿Y qué significa que el trabajo que se desarrolla deba tener como objetivo hacer efectivo el derecho a la información? Pues que quien quiera ser periodista no se dedique a la producción de contenidos orientados únicamente a entretener, persuadir, hacer propaganda, marketing o crear opinión sin base informativa. Y que se sujete a normas deontológicas (las reconocidas por los colegios profesionales, la FAPE o por organismos como la Unesco o el Consejo de Europa).

Esta es la clave que la CNMC no ha tenido en cuenta: esta definición excluye, por ejemplo, a creadores de contenido o influencers que informan de temas sociales, pero sin tratamiento periodístico ni sujeción editorial; a activistas, portavoces o personas que publican información útil o relevante, pero no de forma profesional ni bajo estándares periodísticos; y a ciudadanos que difunden información, aunque sea veraz, incluso relevante, pero lo hacen sin estructura, continuidad ni responsabilidad editorial.

Un juzgado de Madrid ha condenado a Meta a pagar 479 millones de euros a 87 editoras de prensa digital española y agencias de noticias por haber obtenido ventaja competitiva publicitaria para Facebook e Instagram de forma desleal infringiendo las normas europeas de protección de datos, según informa EFE.

En una sentencia, el Juzgado de lo Mercantil número 15 de Madrid estima de forma parcial las pretensiones de los medios -que reclamaban 551 millones de euros- al entender que Meta utiliza indebidamente datos personales protegidos de los usuarios de Facebook e Instagram para insertar publicidad en esas redes sociales.

Esa es la condena principal de la sentencia dictada por el juez Teodoro Ladrón Roda, contra la que cabe recurso y por la que Meta, en principio, tendría que pagar esta cuantía a las editoras de prensa y sociedades cesionarias de derechos de explotación de publicidad demandantes.

Pero, además, la compañía matriz de Facebook e Instagram tendrá que abonar más de 60 millones en concepto de intereses, 2,5 millones para resarcir a la agencia Europa Press más otros 328.000 euros de intereses, y cerca de 14.000 euros deberá pagar a Radio Blanca.

Así lo ha establecido el juez tras la demanda de AMI contra el gigante tecnológico estadounidense al considerar que entre el 25 mayo de 2018 y el 31 julio de 2023 utilizó datos personales sin un consentimiento válido para así reforzar su negocio publicitario y restar ingresos a los medios de información.

En concreto, las cabeceras de prensa le acusaban de incumplir el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) europeo, aprobado en 2018, que supuso un antes y un después en el uso de la información personal ya que se obligó a las empresas a obtener consentimiento expreso y claro de los usuarios para poder utilizar sus datos personales y venderles publicidad personalizada.

Ahora, el juez ha entendido también que esta infracción de las normas le ha dado una ventaja competitiva y "desleal" respecto al resto de los medios digitales y las agencias de noticias, como consecuencia del abuso de dominio" y dado "el enorme volumen de la base de datos de usuarios de Meta en España" y "como consecuencia del abuso de dominio".

"Esta ventaja es significativa -argumenta- porque Meta ha podido tratar una cantidad de datos de cada usuario mucho mayor que si hubiera utilizado la base del consentimiento" que establece el reglamento europeo, que hubiera exigido el consentimiento explicito del usuario".

El magistrado fundamenta la sentencia en la Ley de Competencia Desleal, que considera como tal prevalerse en el mercado de una ventaja competitiva adquirida mediante la infracción de las leyes.

Meta, según el juez, "no ha fallado en utilizar la tecnología adecuada para conseguir muchos y buenos perfiles para realizar la publicidad comportamental". "Ha fallado -prosigue- en la forma de obtener y utilizar los datos personales porque ha incumplido el RGPD en el periodo relevante".

Según la sentencia, Meta "usó los datos de millones de usuarios de forma ilícita, obteniendo así una ventaja competitiva que jamás podrán igualar las demandantes que también realizan 'publicidad on line en display'", fundamentalmente, en prensa digital. La 'publicidad on line en display' es la que aparece cuando se lee gratuitamente una noticia de prensa en un periódico digital.

El dinero ganado por Meta infringiendo el reglamento deberá repartirse al resto de los competidores del mercado publicitario español, en función de la cuota de mercado que tenía la prensa digital durante esos cinco años.

La resolución, que todavía no es firme y que puede ser recurrida en apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid, podría marcar un precedente relevante en el sector publicitario español y podría tener repercusiones en el ámbito europeo.

Durante décadas, y todavía hoy, los descendientes del dictador Francisco Franco han exhibido impunemente su patrimonio y sus privilegios, en particular en la prensa rosa y los programas del corazón, sin rendir cuentas del origen de sus bienes y escapando al escrutinio de su riqueza. La banalización de la familia del tirano no ha normalizado el franquismo en España, según los expertos consultados por infoLibre, aunque sí ha permitido a sus miembros navegar cómodamente en democracia como si fuesen parte natural de la aristocracia o del famoseo.

“Se les ha tratado, también en la prensa seria, como si fuera una familia cualquiera. Y no son una familia cualquiera. Es una familia que no tuvo que salir de España, no se les incautó nada, no tuvieron que dar cuenta de nada y así siguen viviendo tan felices”, sostiene Ana Martínez Rus, profesora titular de Historia Contemporánea de la Complutense madrileña.

Los descendientes del dictador, “sobre todo la nieta, la hija y el bisnieto”, han sido portada habitual de ¡Hola! y de muchas revistas del corazón. “Y aunque parezca frívolo, me parece relevante, porque da muestra del blanqueamiento del dictador, de su familia, del régimen, como si fuera una familia aristocrática más” que alardea de “sus múltiples fincas, pisos y todo el patrimonio inmobiliario con el que la familia de Franco se lucró”.

Lo ocurrido, sostiene Martínez Rus, dice mucho de “cómo se hizo la transición de la dictadura a la democracia. Aquí a esta familia no se le han pedido cuentas, no se le ha juzgado”. Ha habido una “operación mediática” de banalización, alimentada también por la prensa seria, que entronca con “esa ley que amnistiaba a los presos políticos, pero también autoamnistió al régimen” y que “ha impedido hasta fechas muy recientes un debate sobre ese periodo tan siniestro de la historia de España”.

Las cosas, lamenta, no han cambiado mucho, a pesar de que en los últimos años algunas iniciativas, como la recuperación del Pazo de Meirás o la exhumación de los restos del dictador, hayan permitido retratar a sus herederos con las raíces de su bienestar.

“Se debería desmitificar a estos personajes”, que “como mínimo deberían estar escondidos, no tener una proyección mediática. Se les ha reído mucho las gracias en este país”, concluye la profesora de la UCM.

Es verdad que la apreciación de la familia durante estos años es muy diferente dependiendo de quién esté mirando, como señala a infoLibre el hispanista británico Paul Preston. “Supongo que el impacto de las actividades de la familia de Franco dependía de la situación de los que las observaban. Para la clase obrera”, remarca, “la natación en el lujo de los Martínez-Bordiú habría provocado revulsión, pero la ansiedad de participar en cacerías y conseguir invitaciones al Pardo de ciertos sectores sociales contaría otra historia”.

No le falta razón. La España más politizada, los hijos y nietos de la represión, con sus familias en las cunetas, difícilmente podían ver con complacencia las escenas de insustancial superficialidad protagonizadas por las idas y venidas de los herederos de Franco en las páginas del papel couché.

El historiador y catedrático de Comunicación Audiovisual de la Universidad de València, Vicente Sánchez-Biosca, comisario de una exposición sobre el No-Do —junto a Rafael Tranche— que se inaugura en la Filmoteca Española el 4 de diciembre, destaca que de todos los “envoltorios” con los que Franco supo vestirse para convertirse “en omnipresente”, el más codiciado por la familia, especialmente su esposa, “posiblemente fue su emparentamiento con la nobleza”. “Quedan las celebraciones en La Granja el 18 de julio de cada año como testimonio de la escenografía a la que aspiraba”, aunque lo cierto, explica, es que la imagen del Franco enriquecido sólo ha sido un enfoque de estudio en los últimos años.

Sánchez-Biosca no cree, en todo caso, que el tratamiento frívolo de la familia del dictador en democracia haya servido para normalizar el franquismo en la sociedad española. “No es común declararse franquista e incluso la derecha española ha tomado mucho cuidado en evitar esa identificación”, asegura.

Tampoco cree que la controversia que el franquismo provoca todavía hoy, 50 años después de la muerte de su figura central, sea un fenómeno exclusivo de nuestro país. La “suposición de que todos estos asuntos” relacionados con la memoria “han sido resueltos sin problemas” en otros países “no resiste la lectura de los libros de historia”, explica. “En Alemania, por ejemplo, se habló mucho de la desnazificación (Entnazifizierung) o de ese ajuste de cuentas con lo que llamaron ‘superación del pasado’ (Vergangenheitsbewältigung)”.

Es verdad, admite, que la figura de Franco ha vuelto a los debates públicos “en relación con su enriquecimiento” y, sobre todo, por el Valle de Cuelgamuros y su exhumación. Pero, en su opinión, “la relevancia de Franco sobre la opinión pública española es considerablemente leve”.

La normalización de la familia Franco se cimentó sobre dos pilares tras la muerte del déspota: la inercia legal y patrimonial de la dictadura y su proyección social a través de la prensa del corazón. Franco dejó a su esposa e hija una vasta fortuna que incluía 22 propiedades inmobiliarias (Palacio de Meirás, casas en Madrid, fincas), participaciones en empresas y dinero en cuentas, cuyo valor exacto sigue siendo objeto de controversia, pero que fue la base de su poder económico durante las primeras décadas de la democracia.

Un músculo financiero de origen más que dudoso que se combinó con la decisión de Juan Carlos de Borbón, el heredero político del tirano, de permitirles conservar los títulos nobiliarios creados por Franco, como el de duquesa de Franco (otorgado a su única hija, Carmen Franco Polo) y el de Marqués de Villaverde (para su yerno), lo que perpetuó su estatus formal dentro de la nobleza española.

Su hija y su yerno, Carmen Franco Polo y Cristóbal Martínez-Bordiú, tuvieron durante años una vida acomodada y absolutamente integrada en círculos empresariales y de la alta sociedad, blindados por su riqueza y estatus. Fue la nieta del dictador, Carmen Martínez-Bordiú, la figura central de la banalización de la familia. Sus matrimonios, divorcios, relaciones sentimentales y aparición constante en revistas del corazón la convirtieron en una celebridad. Y su matrimonio con un Borbón, pretendiente además al trono de Francia, reforzó la imagen de la familia como parte de la aristocracia y la realeza española y europea, diluyendo aún más en la cultura popular su origen dictatorial.

A ella hay que sumar, entre otros, a María de la O, Merry, casada brevemente con Jimmy Giménez-Arnau; Francisco, Francis, empresario con intereses inmobiliarios y el más activo en la defensa pública del legado de Franco; Mariola, la más discreta, casada con Rafael Ardid, cuyos descendientes, Jaime y Francisco de Borja, están muy integrados en el mundo empresarial (al primero lo retratan a menudo como el nuevo rey del ladrillo en Madrid).

“Está claro que, en el lado derecho del paisaje mediático, la familia Franco ha tenido un trato similar a la familia real”, concede Sebastiaan Faber, profesor de Estudios Hispánicos en el Oberlin College de Estados Unidos, una referencia para la educación progresista norteamericana. “Se ha visto como un objeto de fascinación y de admiración, asociado con valores patrióticos y, en efecto, cierto aire aristocrático. Pero no estoy seguro de que ese tratamiento simpático de la familia per se haya ayudado a ‘normalizar’ el franquismo”, añade en línea con el punto de vista de Sánchez-Biosca.

Sí es verdad, asegura, que “ha sido parte de una actitud generalizada entre la derecha política y cultural, a la que le ha costado sobremanera distanciarse del franquismo —actitud facilitada por las estructuras de impunidad creadas por la Transición y el difícil acceso a los archivos de la dictadura—”.

Pero no ha habido poca crítica de parte de las y los historiadores. Investigaciones hay, algunas extremadamente reveladoras, subraya. La pregunta es: “¿por qué parte de la cultura española ha sido tan poco receptiva a esas investigaciones críticas?”

Para explicar esa “falta de receptividad”, señala dos elementos. El primero es bien conocido: el sistema educativo, que sigue, por regla general, reservando muy poco espacio a la enseñanza sobre la dictadura franquista y la Transición, y todavía menos oportunidad “para que los alumnos reflexionen y debatan sobre la conexión entre ese (lejano pero no tan lejano) pasado y su propio presente”.

El segundo elemento que señala Faber es más revelador: “El peso de las inversiones afectivas que siguen teniendo muchos españoles en una imagen positiva —o al menos no negativa— de la historia española, el franquismo incluido”. Esos lazos “son difíciles de modificar, porque están muy vinculados con las identidades (individuales y colectivas), las relaciones familiares, el amor y el respeto a los antepasados, la atracción de la nostalgia, el rechazo del ‘otro’, etc., más aún cuidando que las guerras culturales de los últimos 15 años sólo han servido para enrocar esas posiciones”.

Según Faber, académico, historiador y crítico cultural especializado en la historia y la política contemporánea de España, “hablar de la responsabilidad de los medios” en relación con el blanqueamiento de la familia Franco es un asunto complicado si se tiene en cuenta que una parte de ellos está vinculada a empresas multinacionales “cuya misión no es informar o educar, sino maximizar ganancias” y “otra gran parte” tiene como misión “apoyar a los partidos y líderes políticos que los subvencionan”.

“Dicho esto”, añade, “es tanto más importante que los medios que sí responden a misiones más propiamente periodísticas inviertan recursos en una cobertura verdaderamente informativa y crítica del pasado, colaborando, en lo posible, con personas e instituciones que se dedican a investigar ese pasado (no solo historiadores, sino también politólogos, antropólogos, sociólogos) y con el sistema educativo”.

Actúan como si no fuese con ellos. Los gobiernos autonómicos están ignorando la aplicación, en sus respectivos ámbitos territoriales, del Reglamento Europeo de Libertad de Medios (EMFA, por sus siglas en inglés) que entró en vigor el pasado mes de agosto. En particular, la necesidad de designar o crear un organismo independiente para gestionar el registro de medios, supervisar la radiotelevisión pública autonómica y vigilar el reparto de publicidad institucional.

En el ámbito estatal no es que el Gobierno se esté dando mucha prisa. Pero, al menos, y aunque el texto lleva meses acumulando polvo en algún cajón de la Cámara Baja, ya ha remitido al Congreso un proyecto de ley con el objetivo de dejar esta responsabilidad en manos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el organismo que ya tenía encomendada la supervisión del sector audiovisual.

Lo que dice la norma europea es que cada Estado miembro debe contar con una autoridad reguladora nacional independiente, con poderes suficientes, funciones claramente separadas del Gobierno y garantías de autonomía funcional y financiera, encargada de supervisar a los medios —incluidos los públicos— conforme a los estándares de independencia editorial, gobernanza y financiación establecidos por el reglamento. Una previsión que, en el caso de los Estados descentralizados, como es el de España, el Gobierno central comparte con las comunidades autónomas, lo que obliga a cerrar entidades semejantes a escala de cada territorio.

La EMFA exige, además, reformas legales para implementar procedimientos de nombramiento y cese del órgano de dirección de los medios públicos autonómicos que garanticen su independencia, mandatos estables y financiación suficiente, así como salvaguardas contra interferencias políticas en la gestión y en las decisiones editoriales.

Del mismo modo, el reparto de publicidad —también la autonómica— debe realizarse con transparencia y reglas no discriminatorias: los poderes públicos deben difundir criterios, procedimientos, importes y beneficiarios; y los medios tienen la obligación de divulgar el total anual de publicidad estatal recibida, además del detalle de sus propietarios.

Para vigilar todo esto, en lo que atañe a cada comunidad autónoma, deberían designarse o crearse organismos independientes, pero nadie ha dado el paso. La mayoría llevan años ignorando su necesidad. Desde 2022 debían haber puesto en marcha un supervisor imparcial en materia audiovisual. Tenían la obligación de hacerlo y solo tres comunidades, al menos sobre el papel, disponen de algo parecido: Cataluña, Andalucía y la Comunitat Valenciana.

Esta semana, cinco entidades catalanas, lideradas por el Col·legi de Periodistes, dieron el paso de exigir “un gran acuerdo parlamentario” para “crear por ley” un Consell de la Informació i la Comunicació de Catalunya como organismo independiente encargado de aplicar las previsiones de la EMFA: el registro de medios, la transparencia sobre la propiedad y los ingresos por publicidad institucional, la promoción del pluralismo, la consecución de espacios digitales seguros y la protección del trabajo de los periodistas.

Es solamente un primer paso, pero nadie más lo ha dado. Y no parece que esté en los planes del resto de los gobiernos autonómicos.

Cataluña, Andalucía y la Comunitat Valenciana, como los tienen, envían a representantes de sus consejos audiovisuales a las reuniones de coordinación que convoca periódicamente la CNMC. Lo que deja en videncia al resto comunidades y revela hasta qué punto los gobiernos autonómicos —de todos los colores políticos— mantienen un control directo del espacio audiovisual y no tienen la menor intención de cambiar de estrategia con la EMFA.

El País Vasco (PNV) envía a un representante de su Departamento de Cultura y Política Lingüística, y Galicia (PP) al director general de Medios, que depende directamente del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. Asturias (PSOE) está representada por la Consejería de Ciencia, Empresas, Formación y Empleo del Gobierno del Principado; La Rioja (PP), por la Consejería de Hacienda, Gobernanza Pública, Sociedad Digital y Portavocía. Murcia (PP), a su vez, envía a un representante de la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital del Gobierno de Fernando López Miras.

En representación del Gobierno de Aragón acude el Departamento de Presidencia, Interior y Cultura del Ejecutivo presidido por Jorge Azcón (PP). Castilla y León supervisa su sector audiovisual también directamente desde el Ejecutivo, a través de la Consejería de Movilidad y Transformación Digital del Gobierno liderado por Alfonso Fernández Mañueco (PP).

El modelo se repite en Canarias, donde la supervisión independiente tampoco existe y está en manos de la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento del Gobierno autonómico, presidido por el nacionalista Fernando Clavijo

Navarra, con la socialista María Chivite al frente, tampoco se salva. En vez de un organismo independiente, se ocupa de la supervisión el Departamento de Presidencia e Igualdad del Gobierno foral. Extremadura, que en diciembre inaugurará el nuevo ciclo electoral y a cuyo frente está María Guardiola (PP), tampoco se ha resistido a sortear la supervisión imparcial del sector audiovisual: en este caso, es la Consejería de Hacienda y Administración Pública la que se encarga de todo.

En Illes Balears, con Marga Prohens a los mandos (PP), se ocupa la Consejería de Presidencia, Función Pública e Innovación. En Madrid, bajo la responsabilidad de Isabel Díaz Ayuso, cabeza visible del ala más radical del partido que preside Alberto Núñez Feijóo, está en manos de la Consejería de Digitalización.

El incumplimiento de la EMFA es flagrante. Todas las comunidades tienen la obligación de exigir que los medios de su ámbito territorial hagan pública su propiedad, así como el detalle de sus ingresos por publicidad institucional. Deben, además, hacer transparente y sujeto a reglas conocidas ese reparto. Y no solo eso: las que tengan medios públicos deben adaptar sus leyes reguladoras para que puedan trabajar con independencia. De momento, la única que lo ha hecho es Galicia, y fue justo para lo contrario: reforzar el control político de la mayoría parlamentaria del PP.

Si tenemos en cuenta lo publicado en estos días en las páginas culturales, parecería que lo más importante que ha ocurrido en el último quinquenio es que Rosalía haya sacado una canción. Como me falta sensibilidad para el pop y vivo asediado por el fomo (la manera cool de llamar al miedo de no enterarse de la misa la media), me entregué a la lectura de los sesudos análisis y las aceradas críticas. Cuál fue mi sorpresa cuando, para el artículo número veintitantos, no había encontrado ni lo uno ni lo otro: lo que no era propaganda era glosa.

No quisiera encarnar —¡de nuevo!— al crítico ceñudo que, apestando a alcanfor, se queja de la música que escuchan los jóvenes y protesta porque los suplementos no dediquen más espacio al último ciclo de madrigales; pero me pareció pertinente considerar el entusiasmo con el que los medios de comunicación se han entregado a la campaña publicitaria orquestada por una superestrella musical distribuida por Sony Entertainment.

No podemos ponerle una pega a la maniobra de Rosalía: su equipo parece haber detectado cuanta tendencia sopla a su favor y, amalgamándolas, han fabricado un producto que ha encandilado a youtubers, comentadores variopintos (Losantos se declara fan) y a la mismísima Conferencia Episcopal Española. "Lo religioso está de moda", me aseguraba hace unas semanas una amiga que trabaja para una editorial profana de tiradas largas. Los columnistas conservadores se frotan las manos, atisbando ese porvenir de Dios, patria y familia por el que tanto han suspirado. También, y a eso vamos, en las secciones de cultura (en las que tanto hay que bregar para colocar una paginita más allá del obituario o el estreno del último blockbuster) florecen sin racanería sobreanálisis sobre qué querrá decir cada nimio detalle puesto, precisamente, para que los listillos de cada casa saquen a relucir su sagacidad.

Comprendo la estrategia: parece evidente que, entre otros perejiles, lo de Rosalía da tráfico y no hay cabecera que renuncie a unos clics. Sorprende, sin embargo, que el planteamiento general de la conversación no sea tanto desmenuzar si la copla tiene interés, sino precipitarse por un terraplén de sobreanálisis y desgloses de referencias e intenciones, un ejercicio más propio de talmudistas que de periodistas o críticos. En la prensa cultural, todo señalamiento es publicidad. Da igual si se escribe a favor o en contra. Cuando un crítico (o un periodista) escoge tal o cual artefacto —de entre los centenares que tiene a su disposición esa misma semana— para dedicarle el poquísimo espacio del que dispone afirma, implícitamente, que el elegido le merece más atención que los desdeñados.

Entiendo que los medios generalistas (incluso, los especializados) no pueden privar a sus lectores del evento mainstream de la temporada —esencialmente, porque si no irán a leerlo en la competencia—, pero hay algo pernicioso en sobredimensionar la cobertura que se le da (la publicidad que se le hace) a la maniobra mercadotécnica de una gran discográfica. Una cosa es colocar anuncios para financiar al periódico, otra que tan pronto la Columbia Records toque el silbato, los articulistas de medio país dejen lo que están haciendo para aventurar, en párrafos y párrafos, qué elaboradísima metáfora se habrá cifrado en cada fotograma de un videoclip.

Hará unas semanas, los intelectuales más notables de nuestro país apagaron sus pipas, cerraron sus incunables y se precipitaron sobre sus teclados para rebatir la opinión que, sobre hábitos de lectura, acababa de parir una tal María Pombo, a quien no se le conoce expertise al respecto. Aquel episodio, particularmente bochornoso, difiere de este en un asunto mollar: la influencer, con su boutade, no promocionaba ningún curso para desincentivar la compra de libros. Y sí, entiendo que las nuevas producciones de una artista tan influyente como Rosalía merezcan artículos de doble página. La cuestión es desde dónde se enuncian y con qué propósito se articulan. No sé si nos deja en muy buen lugar imitar a esos pececillos que rondan a los tiburones, a ver si así meriendan algo. La de asuntos que se habrán desechado esta semana porque había que tomarse en serio el barniz teológico de la portada de un LP.

El régimen legal de la televisión privada en España contiene una paradoja. La concesión y la renovación de licencias de televisión privada, a diferencia de lo que sucede en otros países de nuestro entorno, depende directamente del Consejo de Ministros, lo que en teoría otorga al Gobierno de turno un poder enorme a la hora de configurar el espacio mediático audiovisual convencional.

Pero, en realidad, nadie vigila el cumplimiento de las exigencias legales que entraña una concesión de televisión. Y ni siquiera el Gobierno puede retirar o cancelar una licencia, aunque los contenidos de una emisora incumplan reiteradamente la Ley Audiovisual.

En un mundo cada vez más volcado en las plataformas de contenido, en el que cada vez se consume menos televisión en directo, el asunto puede parecer poco relevante. Pero las cifras dicen lo contrario. En la última temporada de televisión convencional en España, cada persona dedicó 169 minutos al día (2 horas y 49 minutos) a esa actividad, según datos de Barlovento. El consumo ha caído un 30% en una década, pero alcanza todavía a 27,5 millones de espectadores diarios. Y eso es una cifra aún muy importante en términos de mercado publicitario e influencia política.

Antena 3, Telecinco, Cuatro y La Sexta, por citar solamente las emisoras privadas más importantes, están obligadas por ley a respetar normas básicas en su programación que nadie vigila. Entre ellas destaca no incitar a la violencia, al odio o a la discriminación contra un grupo o miembros de un grupo por razón de edad, sexo, discapacidad, orientación sexual, identidad de género, expresión de género, raza, color, origen étnico o social, características sexuales o genéticas, lengua, religión o creencias, opiniones políticas o de cualquier otro tipo, nacionalidad, patrimonio o nacimiento. 

También deben respetar el honor, la intimidad y la propia imagen de las personas y no emitir ninguna provocación pública a la comisión de ningún delito, en particular de terrorismo, pornografía infantil o incitación al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo, una parte del mismo o contra una persona determinada por motivos racistas, xenófobos, por su sexo o por razones de género o discapacidad.

¿Recuerdas las movilizaciones ultras de Torre-Pacheco (Murcia) y las declaraciones y consignas contra los extranjeros que emitieron en aquellos días televisiones públicas y privadas? La ley no prohíbe informar sobre manifestaciones o reproducir declaraciones de interés público, pero exige que se haga sin amplificar ni legitimar el discurso de odio. Es decir, informar sí, pero difundir o alentar no. Lo mismo puede decirse de la emisión de insultos o de la incitación al odio contra dirigentes políticos o periodistas.

Nadie, sin embargo, vigila lo que hacen los programas. No hay una autoridad audiovisual específica encargada de hacerlo porque el Gobierno (la última reforma la llevó a cabo el Ejecutivo de Pedro Sánchez) prefirió dejarlo en manos de la Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia (CNMC), que se limita a actuar cuando alguien le plantea una denuncia, nunca por propia iniciativa, y que reduce su atención al cumplimiento de las normas sobre protección de menores y publicidad.

Ni siquiera existen los códigos de conducta de autorregulación y corregulación que debería haber promovido la CNMC para, entre otras cosas, proscribir los contenidos que atenten contra la dignidad de la mujer o fomenten valores sexistas, discriminatorios o estereotipados, o para fomentar una imagen ajustada, respetuosa, apreciativa, inclusiva y libre de estereotipos de las personas de minorías raciales o étnicas. O para proteger a los usuarios de la desinformación.

Es verdad que la ley prevé sanciones para quienes no cumplan con sus obligaciones, pero hasta ahora la CNMC no ha pasado de perseguir las emisiones que puedan perjudicar a menores o que incumplan las normas de publicidad. Y la única sanción muy grave prevista en la ley que puede llevar aparejada la pérdida de la licencia de emisión no tiene que ver con los contenidos, sino con los dueños de la emisora. 

Solamente se puede revocar, por ejemplo, por haber perdido la licencia en los dos años precedentes o haberla vendido, cedido, transferido o alquilado sin permiso. Defender en los informativos que la Tierra es plana, que España sufre una invasión de africanos o decir que el presidente del Gobierno es un hijo de puta al que hay que echar, aunque sea de La Moncloa, solo da lugar a multas. Suponiendo que alguien pida a la CNMC que actúe y que este organismo lo haga.

En España es imposible, con la ley en la mano, que alguien pierda la licencia porque en un programa de televisión se insulte, se hagan afirmaciones xenófobas o negacionistas del cambio climático y en el que haya espacio para la desinformación propia de la extrema derecha. Pero no es un exotismo: en Francia ha pasado.

La Autoridad Reguladora de la Comunicación Audiovisual y Digital (ARCOM), responsable de garantizar la libertad de comunicación y el cumplimiento de las leyes en el sector en Francia —y quien además concede las licencias, no como en nuestro país— decidió expulsar a un canal de la TDT —C8— a partir de este año. 

Una resolución aún más llamativa porque desafía a Vincent Bolloré, el multimillonario responsable del todopoderoso grupo Vivendi, bien conocido en su país por su proximidad con la extrema derecha.

Vivendi, por cierto, lleva tiempo queriendo ampliar su presencia en España. Ya posee un 11,8% de Prisa, la sociedad matriz de El País y la Cadena SER, y no es ningún secreto que le gustaría hacerse con el control de ambos medios. Periódicamente, aparece citado, además, como un firme candidato a hacerse con el control de Mediaset, la compañía propietaria de Telecinco y Cuatro.

Aquí, en cambio, las televisiones privadas campan a sus anchas, sin que nadie se plantee siquiera revisar si han cumplido las obligaciones que conlleva su licencia antes de volver a concedérsela. 

Es lo que hizo el Gobierno de Pedro Sánchez el pasado mes de junio: renovar el derecho de Atresmedia (cinco canales), Mediaset (seis canales), Veo Televisión (dos canales) y Net TV (dos canales) a seguir emitiendo durante los próximos quince años, lo que, al menos sobre el papel, perpetuará el ecosistema audiovisual español, al menos el convencional, hasta el año 2040.

Un plazo muy largo, casi una generación, justificado en nombre de la seguridad jurídica a los operadores, pero que también da menos oportunidades a la competencia. Y muy superior a los tiempos que rigen el sector en nuestro entorno: diez años en Reino Unido, entre cinco y diez en Alemania y Francia, seis en Italia y ocho en Estados Unidos.

El único cambio previsto en ese panorama es la previsión del Gobierno de licitar una nueva licencia de TDT para un canal en abierto con cobertura nacional, lo que podría reconfigurar el panorama televisivo en el corto plazo. La fecha inicialmente prevista se había ido retrasando, pero este martes el Consejo de Ministros ha abierto el concurso: a partir del 20 de octubre y hasta el 20 de noviembre, cualquier operador interesado podrá presentar su candidatura a través de la sede electrónica del Ministerio para la Transformación Digital. 

Una vez cerrado el plazo, el Ejecutivo tendrá un año para decidir quién se lleva el codiciado espacio. ¿El objetivo oficial? Aumentar la representatividad de los “intereses y corrientes de opinión de la sociedad” a través de una oferta audiovisual con mayor número de contenidos y más diferenciada, asegura el Gobierno. Esta es la televisión a la que iba a aspirar Prisa, y a la que su presidente, Joseph Oughourlian, acabó renunciando.

El modelo español dista mucho de los principales europeos. En Italia manda la Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), que se encarga, entre otras cosas, de regular y vigilar la actividad de radios, televisiones y plataformas audiovisuales, proteger el pluralismo informativo y el derecho a la información. 

Tiene competencias sancionadoras, elabora informes y códigos de conducta, y asesora al Parlamento y al Gobierno italianos sobre políticas de comunicación y medios. Es el Gobierno el que decide la concesión de una licencia, pero siempre previo análisis y evaluación de AGCOM, que también puede proponer la revocación al ministerio correspondiente.

En Francia vigila y dilucida directamente el organismo independiente, Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM), con potestad efectiva para autorizar o renovar licencias y también para excluir canales por razones fundadas. Lo mismo sucede en el Reino Unido, donde es la Office of Communications (OFCOM) la que decide las licencias de emisión de las televisiones privadas.

En Alemania rige el modelo federal. Deciden las autoridades independientes de cada Land (Landesmedienanstalten), con una normativa marco que ha modernizado licencias y regulaciones.

En Estados Unidos existe una autoridad formalmente independiente, la Federal Communications Commission (FCC). Es quien resuelve sobre licencias y regulación, sin necesidad de aprobación posterior por parte de nadie. Pero su composición, aunque se renueva escalonadamente, la pone bajo sospecha, porque sus miembros son nombrados por el presidente y confirmados por el Senado. 

En la práctica, parece cualquier cosa menos independiente. El pasado mes de septiembre, el presidente Donald Trump instruyó al máximo responsable de la FCC, Brendan Carr, para que presionase a la cadena ABC con el fin de suspender el programa Jimmy Kimmel Live! tras unos comentarios del presentador sobre su actitud ante el asesinato de Charlie Kirk.

Carr, en una entrevista en un podcast conservador, advirtió que la FCC podría tomar medidas contra las emisoras afiliadas a ABC si no se actuaba contra Kimmel: “Podemos hacerlo por la vía fácil o por la difícil”, amenazó. La cadena, propiedad de Disney, dio marcha atrás ante las protestas que generó su decisión inicial y acabó reponiendo el programa de Kimmel.

Al Consejo de Estado no le gusta el proyecto de ley que el Gobierno ha enviado al Congreso para desarrollar la aplicación en España del reglamento europeo de medios. El órgano consultivo, que preside Carmen Calvo —la que fuera vicepresidenta del Gobierno de Pedro Sánchez entre junio de 2018 y julio de 2021—, ha planteado a la iniciativa tres observaciones de carácter “esencial”, lo que, según su reglamento interno, significa que, si no se tienen en cuenta, el texto que se apruebe podría contradecir normas superiores (como la Constitución o leyes básicas) o incumplir principios jurídicos fundamentales, como los de legalidad, competencia o procedimiento.

Los principales problemas del texto, que trata de aplicar en España el Reglamento Europeo de Libertad de Medios de 2024 (EMFA, por sus siglas en inglés), afectan a la evaluación de los procesos de concentración, a la previsión de creación de un registro de medios y al régimen sancionador, según el dictamen emitido por el Consejo de Estado.

En materia de evaluación de concentraciones de medios, el órgano consultivo critica que el procedimiento a seguir “apenas se perfila en el anteproyecto de ley” y se “remite —en términos excesivamente amplios— a un desarrollo reglamentario futuro”. “No se incluye ningún elemento valorativo para determinar en qué supuestos se deberá notificar la concentración, ni cuándo deberá entenderse que la operación puede tener repercusiones significativas sobre el pluralismo de los medios o en su independencia editorial. No se determina ningún umbral económico, ni se hace referencia al mercado relevante, ni se fijan parámetros que permitan acotar la discrecionalidad administrativa en la determinación de la relevancia de la concentración”.

No basta, dice, con dejarlo a un reglamento posterior, porque en otros sectores en los que los procesos de concentración están regulados (de la banca al sector eléctrico, por ejemplo), todo se establece por ley. “Cuando se trata de operaciones de concentración de empresas, es especialmente importante determinar cuándo debe producirse la notificación, así como establecer los plazos de respuesta y el sentido del silencio. Todas estas cuestiones deben quedar determinadas en el anteproyecto de ley, que no puede hacer una remisión en blanco al desarrollo reglamentario”.

En materia sancionadora, el Consejo de Estado cree que, en el caso de los servicios de prensa, resulta difícil determinar cuál será la autoridad competente para ejercer la supervisión y el control, así como, en su caso, la potestad sancionadora. Critica que se hayan incluido sanciones a empresas no reguladas por la EMFA, como fabricantes, desarrolladores e importadores de dispositivos o interfaces de usuario, o proveedores de sistemas de medición de audiencia, y propone regularlos en otras normas. Y advierte, sobre todo, que “la falta de sistemática” podría derivar en una superposición de infracciones y sanciones contraria a la ley.

El tercer asunto que más preocupa al órgano presidido por Carmen Calvo es el registro de medios. Asegura que no puede derivarse del reglamento europeo porque la norma europea “se limita a exigir la unificación de la información publicada” por los medios “en una base de datos nacional”. La precisión no es solo terminológica, argumenta, sino también conceptual, porque “no se trata de crear un registro administrativo de control (un instrumento de policía administrativa), sino de poner en funcionamiento un instrumento de transparencia, al servicio de ciudadanos y empresas, cuya finalidad es facilitar el conocimiento de la información sobre la propiedad de los medios”. La imposición de una nueva obligación de registro, sostiene el Consejo, “podría interpretarse como una restricción al libre ejercicio de la actividad periodística”.

La propuesta, concluye, “debe suprimirse”. Para cumplir con la EMFA, sugiere a continuación, bastaría con tomar como modelo “la base de datos de editoriales que actualmente existe en el Ministerio de Cultura. Puesto que la información habrá de ser publicada por los prestadores del servicio, la función de la CNMC consistirá en crear una base para facilitar que los datos puedan ser consultados por cualquier interesado”.

El Consejo de Estado se ha fijado también en los asuntos que forman parte de la EMFA, pero que el Gobierno no ha incluido en el proyecto de ley. Algunos, como la regulación de la publicidad institucional, el Ejecutivo planea desarrollarlos en una norma específica. Pero hay otros, como la necesidad de garantizar la independencia de los medios públicos, que ni siquiera están en la agenda de La Moncloa.

Los Estados miembros están obligados “a garantizar que los procedimientos de nombramiento de directivos y miembros del consejo de administración de los medios públicos y que los sistemas de financiación de tales medios garanticen su independencia editorial”, recuerda el dictamen. Y “resulta obligado designar una autoridad u organismo independiente, o establecer un mecanismo libre de influencia política, para hacer un seguimiento” del cumplimiento de las exigencias de independencia de la radiotelevisión pública.

Pero el Gobierno ha decidido ignorarlo, denuncia el Consejo, pese a tener un mandato expreso de la Unión Europea. No se modifica la Ley Audiovisual en este apartado ni la de radio y televisión de titularidad estatal ni la de financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española.

La lista de reproches que el órgano consultivo hace al proyecto de ley es extensa. Desde haber combinado en un único texto el desarrollo de la EMFA con la aplicación del Reglamento de Servicios Digitales (“hubiese sido conveniente dividir el contenido de la regulación proyectada en dos instrumentos normativos diferentes”), hasta haber decidido adaptar la norma europea de medios mediante una reforma de la Ley Audiovisual, lo que da lugar a “dificultades conceptuales y sistemáticas” que “no solo se proyectan sobre las relaciones entre la Administración y los medios, sino que plantean dudas respecto a cuál deba ser la autoridad territorial competente en cada caso”.

El dictamen lamenta “que la reforma proyectada suponga solo una adaptación parcial al Reglamento EMFA y deje de lado otras modificaciones importantes que resultan igualmente necesarias para la adaptación del ordenamiento español a sus exigencias”. Para corregirlo, propone “abordar una revisión sistemática de la ordenación de los medios en España, coherente con las nuevas exigencias que derivan de la norma europea”.

Una reforma que obligaría a modificar, derogar y, en su caso, refundir, precisa el Consejo de Estado, varias de las normas vigentes, en particular la Ley de Prensa de 1966, la Ley 29/2005 de Publicidad y Comunicación Institucional, la Ley 17/2006 de la radio y la televisión de titularidad estatal y la Ley 8/2009 de financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española.

“Aunque es indudable que una revisión así requiere de algún tiempo, parece evidente que un análisis ordenado de las disposiciones aplicables resulta imprescindible para cumplir adecuadamente con el Reglamento EMFA, habida cuenta de la importancia constitucional de los medios de comunicación”, subraya el Consejo.

Los reproches al proyecto de ley del órgano presidido por Carmen Calvo no acaban ahí. Critica que no se hayan incluido todas las definiciones técnicas previstas en la EMFA, la confusión que supone añadir previsiones que afectan a la prensa en una ley audiovisual, la dificultad de establecer el ámbito autonómico de los medios no audiovisuales o la existencia de imprecisiones en las competencias de la autoridad estatal y las que corresponden a las comunidades autónomas.

Medio centenar de universidades, agrupadas en la Asociación Española de Universidades con Titulaciones de Información y Comunicación (ATIC), han solicitado al Gobierno que la futura definición legal de periodista incluya la exigencia de una titulación oficial en la materia. Así lo reclaman en sus alegaciones al anteproyecto de Ley Orgánica reguladora del derecho al secreto profesional de los periodistas, que el Gobierno se propone enviar al Congreso.

Las universidades que imparten los grados de Periodismo, Comunicación Audiovisual y Publicidad y Relaciones Públicas se muestran de acuerdo en la necesidad de un marco legal que garantice la confidencialidad de las fuentes y la protección del secreto profesional. Pero, en una asamblea extraordinaria celebrada el 22 de septiembre, decidieron enviar al Ejecutivo un documento advirtiendo que dicha regulación debe asegurar también la integridad del sistema profesional de los medios. Para ello reclaman que el ejercicio profesional amparado por el secreto requiera formación universitaria específica y sujeción a códigos deontológicos, como garantías de veracidad, contraste y responsabilidad pública.

La cuestión es una derivada de la regulación del secreto profesional de los periodistas, reconocido por la Constitución de 1978, y una exigencia del Reglamento Europeo de Libertad de Medios (EMFA, por sus siglas en inglés), que la inmensa mayoría de los medios y el Ejecutivo están incumpliendo desde su entrada en vigor, el pasado agosto. InfoLibre es la excepción.

En el anteproyecto, el Gobierno no ha tenido más remedio que definir quién es periodista y, por tanto, quién puede invocar el derecho al secreto profesional. Y eso ha abierto una caja de Pandora que interpela directamente a los colegios profesionales de periodistas (una decena, que cubren amplias zonas de España, como Cataluña, Andalucía y Galicia, pero no Madrid) y a las facultades de comunicación, porque el borrador no exige ninguna titulación para ser considerado periodista.

De acuerdo con el anteproyecto, será reconocida como periodista “toda persona física o jurídica que se dedique profesionalmente a la búsqueda, tratamiento y difusión de información veraz de interés público, a través de cualquier medio de comunicación, con la finalidad de hacer efectivo el derecho a la información”.

En este artículo del borrador legal, las universidades apoyan de manera íntegra las alegaciones presentadas por los Colegios Oficiales de Periodistas, destacando la necesidad de precisar el sujeto profesional del derecho, evitar el intrusismo y preservar así la calidad informativa.

¿Y qué pasa con los profesionales en activo que no son titulados? La asociación de facultades, como los colegios, rechazan la normalización legal del ejercicio sin formación de la profesión periodística y proponen una solución transitoria que les reconozca la condición de periodistas, si tienen una trayectoria acreditada, que las universidades quieren que sea de al menos diez años.

Además, urgen al Gobierno a que, en un plazo máximo de doce meses, presente un Estatuto profesional del periodismo que ordene las categorías, funciones y estándares de cualificación y ejercicio, así como que evalúe la protección de derechos de autor sobre trabajos periodísticos en el contexto de la inteligencia artificial y la minería de datos.

Las universidades proponen una definición legal de “profesional de la información” como la persona que, contando con titulación universitaria específica en Periodismo o Comunicación o equivalente (o amparada por disposición transitoria), investiga, contrasta, elabora y difunde información veraz de interés público mediante técnicas periodísticas, y se rige por códigos deontológicos y regímenes de colegiación aplicables.

Entre las alegaciones presentadas, las universidades reclaman también la sustitución en el texto legal del término “protección del secreto profesional” por “derecho al secreto profesional”, ampliando su finalidad no solo a proteger a las fuentes, sino también a facilitar la participación informada de la ciudadanía en los asuntos públicos.

En paralelo, recomiendan definir los “medios de comunicación social” como soportes impresos, audiovisuales o digitales, con responsabilidad editorial identificable, cuya actividad sea ofrecer contenidos informativos de interés público elaborados por profesionales cualificados. Se excluiría así a agregadores, cuentas personales y productores de contenido sin responsabilidad editorial, para limitar el amparo del secreto profesional únicamente a los medios formalmente reconocidos.

Las Facultades de Comunicación exigen también reforzar las garantías procesales, asegurando que cualquier medida limitativa del secreto profesional requiera informe preceptivo del Colegio Profesional territorial o del futuro Consejo General, que, aunque no sea vinculante, debería ser considerado obligatoriamente en la motivación judicial.

Abogan asimismo por mecanismos claros de autorregulación canalizados a través de los Colegios y su futuro órgano nacional, así como por la participación consultiva de ATIC y las facultades en las materias formativas y deontológicas.

Los colegios profesionales de periodistas han manifestado, desde distintos ámbitos, su preocupación por la falta de precisión normativa del anteproyecto. Consideran imprescindible que la protección legal alcance únicamente a quienes cuentan con formación universitaria específica y que la norma no legitime el intrusismo profesional, defendiendo así la calidad informativa y el derecho de la ciudadanía a recibir información veraz.

Destacan también que el anteproyecto ignora o no reconoce las leyes autonómicas de creación y funcionamiento de los colegios, que son los verdaderos representantes profesionales en cada territorio y los encargados de la vigilancia y garantía del secreto profesional. Además, reclaman que se precise qué debe entenderse por “medio de comunicación” y que la calidad informativa sea protegida por el sistema de colegiación y autorregulación profesional.

Universidades y colegios profesionales coinciden en advertir que la conjunción de formación universitaria, códigos deontológicos y autorregulación colegial representa el sistema más eficiente para proteger las fuentes, a los profesionales y al propio derecho de la ciudadanía a una información rigurosa.

Con una definición de periodista como figura en el anteproyecto, basada en la “difusión de información veraz de interés público con la finalidad de hacer efectivo el derecho a la información”, el peso de quién es periodista o no estará en manos de quienes aprueben y supervisen el cumplimiento del código deontológico y la buena praxis profesional. Ese es exactamente el papel que reclaman para sí los colegios profesionales, los únicos representantes legales de los periodistas en España, en cumplimiento de la EMFA, que exige designar autoridades encargadas de auxiliar a los profesionales cuando necesiten protección de su derecho al secreto profesional.

El grupo mediático Libertad Digital celebra este año su 25º aniversario. El conglomerado, que agrupa a la emisora esRadio, dos periódicos digitales —Libertad Digital y LibreMercado— y una productora audiovisual —Cronos Multimedia—, festejó la ocasión con una gala por todo lo alto el pasado junio. 

El fundador, presidente y cara visible del grupo, Federico Jiménez Losantos, sentado junto a Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida, recibió el premio especial Libertad 2025, otorgado por el grupo que lidera, en un movimiento que recuerda al de Carmen Calvo recibiendo el premio Carmen Calvo, ampliamente criticado por Jiménez Losantos en su momento.

El premio que también se lleva año tras año es el del reparto publicitario madrileño. Las Administraciones que lideran los propios Ayuso y Almeida inflan de anuncios esRadio y Libertad Digital, los medios del grupo que lidera Losantos. Entre la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid destinaron al grupo 1,02 millones de euros en 2024.

El gasto del Ejecutivo de Ayuso es mayor, con 743.528 euros. Los restantes 274.136 fueron el desembolso del Ayuntamiento que lidera Martínez-Almeida. Estas grandes sumas se dan al mismo tiempo que, tanto el Gobierno autonómico como el municipal, apartan del reparto a los medios progresistas que no consideran afines, tal y como muestra la investigación 'Ayuso parte y reparte' de infoLibre.

A pesar de la línea editorial del Grupo Libertad Digital, radicalmente liberal en lo económico, la publicidad institucional, que es dinero público entregado directamente por Administraciones y Gobiernos, es fundamental para la supervivencia del mismo. 

El conglomerado tuvo en 2024 unos ingresos de 13,83 millones de euros, según las cuentas que presentó ante el Registro Mercantil. El resultado de las cuentas anuales fue positivo, pero solo por 477.777 euros. Sin el millón de Ayuso y Almeida, el saldo hubiera sido negativo.

Aun así, ese millón no va íntegramente a las arcas del grupo, ya que el gasto de las Administraciones incluye el IVA que estas tienen que pagar. Al tratarse de un impuesto, no lo ingresan los medios. Por tanto, tras descontar el tributo, Grupo Libertad Digital percibió 841.045 euros netos de la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid. Únicamente sin la parte de la Comunidad —614.486 euros sin IVA—, los medios de Losantos ya habrían terminado 2024 con un resultado negativo.

Lo cierto es que el Grupo Libertad Digital vive fundamentalmente de la publicidad. Según sus cuentas, esta supuso, entre la institucional y el resto, el 90,21% de sus ingresos en 2024. 

La publicidad y los acuerdos con Administraciones públicas también son fundamentales. Supusieron, según las propias cuentas del grupo, 2,84 millones de ingresos el año pasado: uno de cada cinco euros que entraron a sus arcas. Y cerca de un tercio de esos ingresos institucionales vinieron directamente de los Gobiernos de Ayuso y Almeida.

Ni en el caso de la radio ni en el del digital las audiencias justifican los emolumentos recibidos de ambas Administraciones madrileñas. Por poner un ejemplo: en enero de 2024 Libertad Digital contaba con una tercera parte de la audiencia que tenía elDiario.es. Aun así, ese año el digital de Jiménez Losantos recibió cuatro veces más dinero que el de Ignacio Escolar de la publicidad de la Comunidad de Madrid y nueve veces más del reparto del Ayuntamiento.

Esa inyección  sitúa al Grupo Libertad Digital como el séptimo que más se lleva de la tarta publicitaria de la Comunidad, por delante de grupos destacados como Vocento o Prensa Ibérica. En 2024 el gasto fue de 398.446 euros para esRadio y de 345.083 para Libertad Digital.

Tal y como ya ha explicado esta investigación de infoLibre, el gasto en la emisora de Losantos se traduce en 26.563 euros por cada décima de audiencia, lo que convierte a esRadio en la segunda más beneficiada en el reparto de Ayuso. Por ejemplo, la Cadena SER, aunque recibe más dinero en total, se tiene que conformar con 8.973 euros por cada décima de audiencia. Cuando se tiene en cuenta el número de oyentes, solo Radio Intereconomía sale mejor parada que esRadio.

A pesar de ello, a Jiménez Losantos parece no gustarle que se hable de sus ingresos por publicidad institucional. Cuando elDiario.es, allá por 2016, informó del trato preferencial que recibía Libertad Digital en materia de publicidad institucional del Gobierno central, entonces en manos del PP, el locutor cargó duramente contra el periódico, contra su director y contra la información publicada, que tachó de falsa a pesar de provenir de un informe del propio Ejecutivo de Mariano Rajoy. El presentador dejó caer que emprendería acciones legales, pero nunca lo hizo. 

En su propia web, la cabecera principal del grupo, Libertad Digital, se presenta como "el diario nativo en internet más longevo de la prensa española". Lo cierto es que varios digitales nacieron antes y siguen en activo, como recoge un estudio del catedrático de Periodismo Ramón Salaverría. En lo que sí parecen ser los primeros es en la buena relación con Ayuso. La presidenta madrileña ha concedido al menos tres entrevistas en el último año a esRadio; la última, este mismo 15 de septiembre.

Lo que también ha hecho Ayuso es ampliar su inversión publicitaria en el Grupo Libertad Digital, donde gastó un 7,02% más en 2024 que en 2023. La cifra asignada a EsRadio, 398.446 euros, se ha mantenido estable, siendo este año inferior al anterior en un 0,05%. El incremento en términos de grupo se explica porque el gasto en la web Libertad Digital subió un 16,55%, de 296.084 a 345.082 euros. 

Aun así, el grupo también se puede dar por satisfecho por la parte de esRadio. La Comunidad ha reducido en 2024 la publicidad en todas las radios generalistas: en la SER, 95.849 euros menos que en 2023; en la COPE, 112.555 euros menos, y en Onda Cero, 29.223. Al lado de esos descensos, los 207 euros que se recortan a esRadio son una nimiedad. 

La única excepción a esas caídas en las radios generalistas es Onda Madrid, que al igual que el resto de medios públicos autonómicos, ha visto aumentar los ingresos en publicidad institucional procedente del Gobierno madrileño en lo que parece una maniobra financiera para sanear sus cuentas.

En cualquier caso, el aumento de la publicidad al Grupo Libertad Digital no se ha dado solo en la Comunidad de Madrid. De hecho, en el caso de Almeida es aún mayor. El Ayuntamiento de Madrid gastó un 71,55% más en publicitarse en el grupo el año pasado, pasando de 159.798 a 274.136 euros.

El consistorio de la capital destinó 166.745 euros a publicidad institucional en esRadio, un 54,21% más que en 2023, y 107.391 euros en publicidad para la web Libertad Digital. En el caso del digital, el aumento fue de un 107,44% respecto a 2023, más del doble. Así, entre ambas Administraciones han alcanzado este 2024 la cifra de un millón de euros para anunciarse en los medios del grupo, lejos ya de los 854.535 euros que desembolsaron en 2023.

Los periódicos y los medios digitales se llevan gran parte de la tarta publicitaria de la Comunidad de Madrid. Pero no todos salen igual de bien parados. Tal y como demuestra la investigación 'Ayuso parte y reparte' de infoLibre, los medios de comunicación conservadores son los más beneficiados. Aunque esta tendencia se ha observado y denunciado en años anteriores, se ha exacerbado en el reparto realizado por la Comunidad de Madrid en 2024.  

En esta segunda entrega de la investigación, infoLibre desgrana los 279 medios —la cifra asciende a más de 300 si se tienen en cuenta también redes sociales y otro tipo de webs y plataformas digitales— que han recibido ingresos por publicidad institucional del reparto de 23,96 millones de euros de la Comunidad el año pasado. Esa cantidad es la más alta que ha gastado el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso desde que hace públicos los datos.

La distribución del dinero está marcada por la sobrerrepresentación de medios en el espectro de la derecha, que no solo se quedan la mayor parte del reparto publicitario, sino que también han absorbido la mayor parte del aumento de los fondos, especialmente algunos como El Debate, ABC y The Objective. Mientras, las cabeceras progresistas cuentan con unos ingresos desproporcionadamente bajos o quedan directamente excluidas, a pesar de contar en muchas ocasiones con más audiencia que otros medios conservadores que sí entran en el reparto de Ayuso.

El dinero que se destina a cada medio de comunicación muestra esa dinámica. Digitales como OK Diario o El Español se cuelan entre los diez medios que perciben más ingresos gracias a la publicidad madrileña. En cambio, no aparece un digital con una línea editorial progresista hasta la 39ª posición del listado, que ocupa elDiario.es. Otros, como infoLibre, directamente no obtienen ni un euro, a pesar de tener más audiencia y años de trayectoria que muchas cabeceras de derechas que sí ingresan dinero de Ayuso.

La tendencia del Gobierno de la Comunidad de Madrid a beneficiar a medios afines ha sido especialmente remarcable en el último ejercicio, como se aprecia al comparar el reparto de publicidad institucional con los resultados del Estudio sobre audiencias de medios de comunicación social del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). La última edición, realizada este mes de mayo, pregunta a los españoles por su periódico de referencia y les pide que lo valoren a nivel ideológico.

De los 22 principales medios nacionales analizados, los encuestados identificaron siete como de izquierdas, siete como de centro y ocho como de derechas. De las ocho cabeceras calificadas como de derechas, siete han ingresado más dinero de la publicidad madrileña en 2024 que el año anterior.

En cambio, de los siete medios considerados por los encuestados como de izquierdas, solo El Periódico aumenta respecto a 2023, y casi todos sus ingresos por la publicidad de la Comunidad de Madrid provienen de sus suplementos de viajes, no de la versión generalista. Otros tres, infoLibre, El Salto y Huffington Post, no han recibido fondos de la Comunidad de Madrid, y el resto que sí lo han hecho, El País, elDiario.es y Público, han obtenido menos cantidad que en el ejercicio anterior. 

De hecho, el único periódico considerado de izquierdas por sus lectores —siempre según la encuesta del CIS— entre los diez que reciben más dinero de la publicidad madrileña es El País. El Mundo, 20 minutos y el diario de PRISA —por este orden— son los periódicos que más ingresan. Los tres reciben publicidad tanto por sus ediciones impresas como por las digitales. Si atendemos solo a lo destinado a la publicidad online, OK Diario, El Español y El Confidencial reciben más fondos que El País. 

De los siete principales generalistas a nivel nacional que publican en papel y reciben dinero de la Comunidad de Madrid, El Mundo es al que más fondos se le adjudican, también si solo se tienen en cuenta los anuncios para las ediciones impresas: 486.364 euros. Le sigue El País, con 384.295 euros. Pero esto no quiere decir que ambos sean los más beneficiados.

En función de sus audiencias, La Razón y 20 Minutos son claramente las cabeceras que salen mejor paradas. Con 209.400 euros destinos a su versión impresa —447.829 sumando también la publicidad en web—, La Razón se sitúa como el quinto diario que recibe más publicidad de la Comunidad de Madrid para su edición en papel. En 2023 tenía un 0,4% de la audiencia de los periódicos impresos, según la Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación (AIMC). Por tanto, a la cabecera dirigida por Paco Marhuenda se le destinan 52.350 euros para publicidad en papel por cada décima de audiencia.

Con 339.876 euros destinados a su versión impresa, 20 minutos es el tercer periódico que más dinero recibe en publicidad en papel, pero escala a la segunda posición en relación a los lectores que tiene —igual que al sumar tanto el soporte digital como el impreso—. Con un 0,7% de la audiencia global de los periódicos en papel en 2023, el diario gratuito se lleva 48.554 euros euros por cada décima de audiencia en su edición física.

En el otro extremo del ranking, La Vanguardia recibe solo 25.473 euros por su versión física, lo que se traduce en 2.830 euros por cada décima de audiencia. En líneas generales, los medios editados en Barcelona entran en menor medida en el reparto de la publicidad madrileña. Entre los editados en Madrid, El País es el que sale peor parado, con 20.226 euros por cada décima de audiencia. Lejos de la ratio de 52.350 euros por décima de La Razón o la de 44.215 euros de El Mundo.

Sumando las ediciones digitales e impresas, El Mundo, que repite respecto al año pasado como el diario que más fondos recibe, aumenta sus ingresos del Gobierno de Ayuso en un 7,92%, mientras que El País —que baja de la segunda a la tercera posición desplazado por 20 Minutos— los ve reducidos en un 2,37%.

Pero las mayores subidas de los diarios conservadores las protagonizan El Debate y ABC, con un aumento del 80,61% y del 67,70%, respectivamente. La subida de ABC hasta los 679.028 euros le lleva de ser el séptimo generalista con más publicidad de la Comunidad de Madrid en 2023 al cuarto en este último ejercicio.

En el quinto lugar entre los periódicos que reciben más publicidad de Ayuso está OK Diario, que también ve aumentados sus ingresos en un 13,85% respecto al año pasado, y con sus 140.662 euros multiplica por casi siete los de elDiario.es, a pesar de contar con audiencias similares. 

Los 83.523 euros adjudicados a elDiario.es, con una línea progresista y crítica con la presidenta madrileña, suponen un 29,73% menos que los del año anterior. Son varios los medios con menor audiencia e impacto, pero de marcado carácter conservador y afín al Partido Popular, que superan holgadamente esta cantidad. Libertad Digital, Vozpópuli, El Debate y The Objective han aumentado sus ingresos este año y reciben más dinero que elDiario.es. 

Otro de los casos más llamativos es el de Periodista Digital: la cabecera que dirige Alfonso Rojo ha recibido este año un 23,05% más de dinero que en 2023, y supera en un 69,19% la cantidad recibida por la que dirige Ignacio Escolar, a pesar de que cuenta con 30 veces menos audiencia.

Igual o más sangrante es la situación de Público. Con 24.657 euros asignados en el reparto —un 10,05% menos que en 2023— a esta cabecera, de ámbito nacional, la superan medios hiperlocales como Chamberí 30 Días o Guía Aluche, e incluso webs de nicho como Bike, una publicación alemana de ciclismo en la que se insertaron anuncios de una campaña internacional sobre cicloturismo. 

Otros medios de comunicación progresistas, como infoLibre, La Marea, El Salto, Carne Cruda y CTXT, vuelven a quedarse sin un solo euro en el reparto de Ayuso, como ya pasó en otros ejercicios. Sin embargo, aparecen en el listado medios mucho más minoritarios y de ámbito muy específico, como iSanidad, con 3.630 euros, o infoVaticana, con 3.732 euros.

También entran en el reparto varias publicaciones relacionadas con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, como los boletines informativos Guardia Civil al día y Boletín Independiente de la Guardia Civil, de sendas asociaciones de la Benemérita, o la revista SUP informa, del Sindicato Unificado de Policía, el mismo que firmó un contrato de formación en defensa personal para sus agentes asociados con la empresa Desokupa.

Otra cabecera que ha experimentado una gran subida y que también supera a elDiario.es y a Público a pesar de tener una pequeña fracción de su audiencia es El Cierre Digital. El medio dirigido por Juan Luis Galiacho recibió el año pasado 38.115 euros de la publicidad de la Comunidad de Madrid, un 40% más que en 2023, a pesar de su conocido historial de desinformación. 

El Cierre Digital ha publicado bulos desmentidos por medios especializados en verificación, como Newtral y Maldita.es, e incluso mantiene en su web a día de hoy una entrevista inventada a Pablo Iglesias que nunca tuvo lugar, según explica a infoLibre el exvicepresidente. 

No es el único medio propenso a la desinformación al que el Gobierno de Ayuso ha decidido financiar con dinero de las arcas autonómicas. EDA TV, el canal de Javier Negre, que acumula condenas penales y denuncias por vulnerar el código deontológico, ha disminuido sus ingresos por publicidad de la Comunidad de Madrid un 19,82% respecto al año pasado, pero, aún así, se le han destinado 53.845 euros para campañas en el mismo. Esto supone algo más del doble de lo que se destina a Público o, directamente, 53.485 euros más de lo que va para infoLibre.  

"La comunicación institucional tiene que ser aplicada con criterios de servicio público, claros, de información, de concienciación y de interés para los ciudadanos como ya está ocurriendo. Y bajo estrictos criterios de audiencia y no a dedo", aseguraba la ya presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en 2019 en la Asamblea de Madrid. También presumía de haber reducido el gasto en esa publicidad institucional.

Cinco años después, la líder madrileña no cumple ni una cosa ni la otra. Ni está repartiendo su publicidad institucional bajo estrictos criterios de audiencia ni se ha reducido el gasto destinado a esta partida. Así lo demuestra la investigación 'Ayuso parte y reparte' realizada por infoLibre. En 2024 el Gobierno de Ayuso ha gastado más que nunca en publicidad y no hay rastro de los criterios objetivos. De hecho, la derecha mediática y los medios afines siguen siendo los grandes beneficiados de su plan de medios, mientras algunos del sector progresista son directamente excluidos del reparto de la tarta publicitaria.

Para llegar a estas conclusiones, infoLibre ha recopilado y analizado todos los gastos realizados por la Comunidad de Madrid en esta materia en 2024. La información proviene del plan de medios de ese último ejercicio publicado por el propio Gobierno autonómico, aunque el mismo no recoge de forma directa ni agrupada cuánto dinero se ha destinado a insertar publicidad en cada medio de comunicación.

Como para el resto de años, los datos del plan de 2024 no se han publicado unificados ni en un formato de fácil consulta. infoLibre ha unido y homogeneizado los 94 archivos correspondientes a cada uno de los lotes y olas de las 63 campañas institucionales del Ejecutivo regional. En total, se han contabilizado 4.284 pagos a medios de comunicación y otros servicios y plataformas, que supusieron un gasto de 23,96 millones de euros. 

Gracias a ese procesamiento de datos, que en el plan de la Comunidad se recogen en distintos formatos, infoLibre puede revelar los detalles del reparto del Gobierno de Ayuso. En cuanto a grupos mediáticos, hay cinco a los que se ha destinado más de un millón de euros: Radio Televisión Madrid (RTVM) —la empresa pública que gestiona la radio y la televisión autonómicas—, el Grupo PRISA, Unidad Editorial, Ábside Media —el grupo de comunicación propiedad de la Conferencia Episcopal— y el Grupo Planeta.

La investigación de infoLibre también permite ahondar en los datos medio a medio. Por ejemplo, la segunda posición del Grupo PRISA, a quien se le destinaron 2,25 millones de euros, se debe principalmente a El País —890.985 euros— y la Cadena SER —861.382 euros—. Esto los convierte en el cuarto y quinto medio que más dinero han recibido. Solo los superan Telemadrid, El Mundo y 20 minutos. 

A pesar de su cuarta y quinta posición, el principal periódico y la principal radio del país —de línea editorial progresista— están infrarrepresentados en el reparto de Ayuso. En 2024 a la SER se le destinaron 861.382 euros, poco más que a la COPE, que obtuvo 831.551 euros. Pero la cadena de PRISA tenía 4,23 millones de oyentes diarios, según el último dato del Estudio General de Medios (EGM) anterior al reparto. La COPE ocupaba la segunda posición con 3,49 millones de oyentes. La radio de los obispos tenía un 17,49% menos de audiencia que la SER, pero solo recibió un 3,46% menos de dinero en el reparto de Ayuso.

Según el mismo EGM, a cierre de 2023, la edición impresa de El País tenía un 71,73% más de lectores que la de El Mundo. A pesar de ello, el Gobierno de Ayuso invirtió más en El Mundo, tanto en papel —486.364 euros frente a 384.295 en El País— como en la versión digital —659.955 euros frente a 506.690 en El País—. Los problemas con las estadísticas de audiencias de los medios digitales y la volatilidad de las mismas están a la orden del día, pero los datos de GfK DAM, la empresa que se encarga de las mediciones oficiales a día de hoy, sí que acostumbran a situar a El Mundo algo por encima de El País en cuanto a audiencia digital.

En cualquier caso, las comparaciones entre la COPE y la SER y El Mundo y El País son solo dos ejemplos. El reparto de la Comunidad está repleto de casos en los que se beneficia a los medios de derechas y a los más afines al Gobierno regional, mientras se relega a aquellos con una línea editorial más progresista, incluso aunque tengan más audiencia. 

En 2023 infoLibre y otros cuatro medios —La Marea, El Salto, Carne Cruda y CTXT— ya denunciaron el sesgo ideológico de la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid en el reparto de la publicidad. En 2024 Ayuso ha dejado a los cinco sin un solo euro de los 23,96 millones adjudicados por esta vía.

Otro ejemplo es el de elDiario.es, también con una línea editorial progresista. La Comunidad de Madrid destinó al periódico de Ignacio Escolar 83.524 euros. Para digitales conservadores con menos audiencia, como El Debate —propiedad de la Asociación Católica de Propagandistas— o Vozpópuli, se gastaron más del doble: 175.136 euros y 176.507, respectivamente.

Lo mismo le sucede a infoLibre, que se queda fuera del reparto de la tarta mientras medios conservadores con cifras de audiencia digital similares —a pesar del muro de pago para socias y socios que tiene este diario y que, como es obvio, empeora las estadísticas de visitas— se embolsan una buena cantidad. Es el caso, por ejemplo, de ESdiario, en el que el Gobierno de Ayuso gastó 154.358 euros.

La Comunidad de Madrid publica sus planes de medios en cumplimiento de la ley autonómica de transparencia, que se aprobó en 2019 con los votos en contra del PP. Así, los gastos de publicidad institucional, recogidos en el portal de transparencia de la Comunidad, se remontan solo hasta 2020. 

A pesar de la complejidad de la estructura de sus datos, a diferencia de la Comunidad de Madrid, otros Gobiernos autonómicos y el Gobierno central ni siquiera publican un desglose de lo que abonan a los medios de comunicación en concepto de publicidad institucional. 

La Junta de Andalucía, por ejemplo, proporciona datos sobre las agencias a través de las que compra los espacios publicitarios, pero no sobre los medios en los que inserta la publicidad. Otras comunidades, como Galicia, no proporcionan ninguna información sobre sus campañas de publicidad institucional. El Gobierno central publica informes anuales con el gasto por ministerio, pero no detalla qué medios se reparten el dinero. 

En 2024 el Gobierno gastó 70 millones de euros en publicidad institucional, tres veces más que la Comunidad de Madrid en el mismo periodo. Sin embargo, el total del territorio nacional tiene siete veces más población que la región madrileña, lo que significa que el Gobierno de Ayuso destina más del doble que el Ejecutivo central en términos de gasto por habitante. Además, Moncloa redujo el gasto un 22,06% desde los 90 millones desembolsados en 2023, mientras que la Comunidad de Madrid lo aumentó un 10,31%.

Puesto en perspectiva con el presupuesto total de cada administración, un euro de cada 5.440 que el Estado gastó en 2024 fue a parar a publicidad institucional, mientras que en el caso de la Comunidad de Madrid fue un euro de cada 1.150. 

La principal partida de la Comunidad de Madrid es la que destina a la publicidad online, con 10,40 millones de euros el año pasado; la mayor parte de la cual, 7,97 millones, va para la versión web de medios nacionales. Tras la publicidad digital, los gastos más abultados son los de la radio —con 4,60 millones de euros— y la prensa impresa —con 3,76 millones—.

Pero el grueso de la subida del gasto en 2024 se concentra en otro sector: el de la televisión, que ha aumentado más del doble, pasando de 1,26 millones de euros a 2,93. Por su parte, la cantidad destinada a los medios nacionales online crece un 23,67%; mientras que los medios radiofónicos han recibido un 5,81% más. El único soporte que ha perdido inversión respecto al plan de medios de 2023 es el de la publicidad exterior: un 12,93%.

Además, prácticamente desaparecen del reparto las webs de hoteles, venta de entradas y planes, que pasan de 1,22 millones en 2023 a poco más de 20.000 euros en 2024. El descenso se debe a que en 2023 la Comunidad realizó una campaña para incentivar el turismo a través de anuncios en agencias de viajes online y webs similares, algo que no se ha repetido en 2024. 

Por otra parte, el plan de medios de este último ejercicio incluye también el cine como formato para insertar publicidad. La Comunidad de Madrid destinó a esta categoría casi 128.000 euros, como parte de su campaña de prevención contra las drogas, la segunda más costosa de todas las realizadas por el Gobierno de Ayuso el año pasado.

Las normas aprobadas el martes por la Mesa del Congreso para concretar quiénes tendrán derecho a una acreditación como periodistas en la Cámara Baja y quiénes no, en aplicación de la reciente reforma del reglamento impulsada por todos los partidos —a excepción de PP y Vox— para poner freno a los activistas y agitadores ultras que desde hace algunos años boicotean ruedas de prensa y acosan a periodistas, han provocado una intensa discusión profesional y han dividido a las organizaciones que representan a los informadores.

Fuentes de la Asociación de Periodistas Parlamentarios, de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) y de la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP), que han sido interlocutores de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, en la preparación de estas normas, las defienden y anticipan cierta flexibilidad en su aplicación.

El documento, aseguran, lo único que hace es poner sobre el papel lo que ya era práctica habitual, incluida la decisión de no acreditar de forma permanente a medios con menos de diez empleados, radios que solo emitan por Internet u organizaciones de noticias cuya base de distribución sea YouTube.

La interpretación que hacen es que las empresas más pequeñas no son generalistas o no tienen ámbito nacional y que las credenciales permanentes deben reservarse a este tipo de medios. Lo cual no significa que los demás —los especializados o de ámbito local o autonómico— no tengan derecho a acreditaciones puntuales, como sucedía hasta ahora, precisan.

La mayoría de estas organizaciones defienden normas como la prohibición de captar imágenes de los diputados en sus escaños, con excepción de María Rey, presidenta de la APM, que las considera contrarias al derecho a la información.

Todas, sin embargo, están a favor de que el Consejo Consultivo, que asesorará a la Mesa en caso de que esta deba decidir la retirada de una acreditación, no tenga mayoría de periodistas y esté en la práctica dominado por los partidos. El motivo es sencillo: no quieren que los periodistas decidan (aunque el órgano sea consultivo) sobre el derecho de nadie a estar acreditado en el Congreso. Es trabajo de la Mesa, subrayan.

La sensación general es que habrá que ir viendo cómo funcionan todos estos mecanismos que, en última instancia, lo único que pretenden es establecer normas para castigar a los activistas y agitadores que desde hace algún tiempo boicotean ruedas de prensa y acosan a periodistas que solo tratan de hacer su trabajo. Por primera vez habrá sanciones para quienes actúen de manera inapropiada y que pueden dar lugar a la retirada de la acreditación.

El documento no incluye referencia alguna a la necesidad de cumplir las obligaciones establecidas en el vigente Reglamento Europeo de Libertad de Medios (EMFA, por sus siglas en inglés), que ya se ha convertido en la norma fundamental de la regulación de los medios en el continente y que es de obligado cumplimiento en España. Cumplir la EMFA no será, por consiguiente, incentivo alguno para obtener la acreditación en el Congreso.

No obstante, la norma no ha gustado a todo el mundo. La Agrupación de Periodistas de UGT expresó su “profunda preocupación” por unas normativas que considera “un retroceso preocupante para nuestra profesión y una amenaza grave a la pluralidad informativa en el Parlamento”, aunque al día siguiente acabó retirando el comunicado de su web sin dar más explicaciones. El texto original juzgaba “absolutamente equivocado” el criterio de concesión de acreditaciones, que “no resolverá el verdadero problema: el intrusismo de agitadores, pseudoperiodistas y pseudomedios”. Decía que les preocupaba especialmente que se haya establecido como requisito para la acreditación contar con al menos 10 trabajadores en plantilla, “una medida que discrimina claramente a pequeños medios y proyectos autogestionados, habitualmente impulsados por profesionales independientes con escasos recursos iniciales. Los periodistas y fotoperiodistas autónomos, sostienen, van a ser penalizados en su trabajo”.

El sindicato socialista denunciaba, además, que no se les hubiese consultado la creación del nuevo Consejo Consultivo de Comunicación Parlamentaria, “lo que evidencia que la reforma se ha hecho al margen de quienes representamos a los profesionales”. Y pedía expresamente a los partidos que reconsiderasen estas medidas y abriesen un diálogo “para garantizar una regulación que proteja tanto la seguridad de los diputados como la pluralidad informativa”.

En una línea parecida se han pronunciado varios colegios profesionales de periodistas, las únicas organizaciones acreditadas por ley para representar a la profesión. El de Andalucía asegura que el documento aprobado por la Mesa está “repleto de imprecisiones y responde a intereses espurios que nada tienen que ver con la defensa del ejercicio periodístico y el derecho a la información, sino de intereses políticos y de entidades privadas”.

Esta entidad coincide en la necesidad de establecer una serie de normas para facilitar el trabajo, tanto de quienes dirigen las tareas informativas en el Congreso como de quienes desarrollan la labor periodística en los medios, pero no comparte “el miedo que parece tener la Mesa de la Cámara a llamar a las cosas por su nombre”, al hablar de “redactores literarios” o “representantes de medios” en vez de “periodistas, esto es, trabajadores profesionales con una formación universitaria que desarrollan una importante función social para preservar y garantizar el derecho a la información”.

No se trata, subrayan, de actuar de buena fe, sino de hacerlo “de acuerdo al interés informativo y la ética deontológica”. Andalucía, como otros colegios, cree además que no hay motivo que justifique que “una televisión o radio digital, sometida como lo está a la normativa audiovisual, no pueda quedar acreditada para cubrir la actividad del Congreso”. Anuncian que presentarán propuestas de mejora para reclamar, entre otras cosas, la presencia de los colegios en el Consejo Consultivo de Comunicación Parlamentaria. “Delegar las decisiones en los grupos políticos es politizar el derecho a la información. Deben ser los órganos de autorregulación de la profesión reconocidos por la Ley —es decir, los colegios profesionales— quienes se pronuncien y valoren dichos comportamientos”.

En parecidos términos se han manifestado el Colegio Profesional de Galicia (CPXG) y el de Castilla y León. El primero, que también pide participar en las negociaciones para revisar las normas, considera que “los criterios recogidos en este texto resultan restrictivos y discriminatorios, al excluir a los medios de menor dimensión empresarial sin valorar su profesionalidad ni su audiencia real”. Del mismo modo, critica que también queden “en una situación de marginación aquellos proyectos periodísticos que emplean fórmulas innovadoras y plenamente legítimas, como la radio digital o plataformas de difusión en línea como YouTube, que forman parte del ecosistema informativo actual”.

El segundo tacha el documento de “despropósito tanto en las formas como en el contenido”. “Es inaceptable que los colegios de periodistas de España se enteren por la prensa sobre el contenido definitivo de la normativa que regirá la actividad profesional periodística en el Congreso de los Diputados.”

La norma “excluye de la acreditación a los profesionales freelance o autónomos que, aun teniendo número de colegiación o registro profesional, no están adscritos a un medio de comunicación concreto, sino a varios”. En cuanto al Consejo Consultivo, “es inadmisible que sus miembros sean en su mayoría políticos, lo que pone sin duda en peligro la libertad de expresión y el derecho a la información, ya que serán los políticos quienes evalúen la sanción a los periodistas”.