La titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Ceuta ha estimado el recurso de reforma interpuesto por la Fiscalía y ha acordado el archivo de la causa contra 16 guardias civiles a los que el 24 de septiembre decidió procesar por delitos de homicidio por imprudencia grave con resultado de muerte y denegación de auxilio en su actuación en la frontera del Tarajal el 6 de febrero de 2014. El caso no llegará a juicio, "exclusivamente por aplicación de la doctrina Botín", es decir, porque Fiscalía no ve delito y no hay acusación particular.

Según explica en el auto a cuyo contenido ha tenido acceso Europa Press, la magistrada decreta el sobreseimiento provisional respecto a la totalidad de los investigados por los mencionados delitos y mantiene el archivo provisional y libre que ya dictó inicialmente sobre los de lesiones y prevaricación administrativa de los que también se les venía acusando.

"Estamos en presencia de indicios de delito de homicidio imprudente y de indicios de delito de denegación de auxilio, los cuales no protegen bienes jurídicos difusos, colectivos o meta-individuales, no habiéndose personado acusación particular hasta la fecha, por lo que no siendo posible en este caso abrir juicio oral", razona.

La instructora mantiene que la actuación de los guardias en su intento de contener a un grupo de unos 300 migrantes indocumentados cuando nadaban intentando entrar irregularmente en Ceuta "son encuadrables, indiciariamente, en los tipos de injusto recogidos en el auto de continuación por los trámites del procedimiento abreviado" que indujo el procesamiento de los agentes.

Sin embargo, concluye que "pese a los indicios de criminalidad" procede atender "en lo sustancial" el recurso de reforma del Ministerio Público "por motivos diferentes de los esgrimidos, pero en todo caso de obligado cumplimiento por cuanto las restantes defensas han interesado el sobreseimiento de la causa y las acusaciones populares han mostrado su voluntad de presentar acusación todas ellas".

Dado que "en este momento procesal no hay acusación particular" y aunque las familias de varios de los al menos catorce fallecidos la madrugada de autos han pedido personarse en las diligencias, la jueza asume que "la legitimación de la acusación popular para impetrar válidamente la apertura de juicio oral se ve restringida por la llamada doctrina Botíndoctrina Botín".

Concluye así que "en el procedimiento abreviado no es admisible la apertura del juicio oral a instancias, en solitario, de la acusación popular" salvo en supuestos excepcionales que no aprecia en la causa del Tarajal.

Se refiere al criterio de la Audiencia Nacional aplicado en una causa sobre el banquero Emilio Botín que avaló el Tribunal Supremo en el año 2007, interpretando la Ley de Enjuiciamiento Criminal en el sentido de que no cabe acordar la apertura del juicio oral sólo a instancia de la acusación popular: es necesaria una acusación pública o una particular, es decir, la de un perjudicado directo.

A la luz de la jurisprudencia y la legislación vigente concluye que "el juez instructor, frente a la pretensión de sobreseimiento deducida por el Ministerio Fiscal, como es el caso de estos autos, estaría obligado a acordar el sobreseimiento pese a los indicios de criminalidad que hubiere podido apreciar o pese a la solicitud que hubiera efectuado la acusación popular".

Se da la circunstancia de que la misma jueza instructora ha rechazado en dos ocasiones la personación en el procedimiento de familiares de seis de los fallecidos durante aquella actuación policial en febrero de 2014 al entender que no reunían los requisitos.

Todos de nacionalidad camerunesa, formularon solicitud para ejercer la acusación particular el 23 de febrero de 2015 y volvieron a intentar acudir al procedimiento a principios de este mes, cuando la jueza había acordado procesar a los 16 agentes investigados.

En esta causa ejercen la acusación popular CEAR, la Coordinadora de Barrios, el Comité René Cassin, Sociedad Humana, Asociación Pro Derechos Humanos y el Observatori DESC, que tienen cinco días para recurrir esta decisión antes de que devenga firme.

La causa contra Cristiano Ronaldo por sus prácticas tributarias no es sino una más del puñado de investigaciones que emprendió en 2015 la Agencia Tributaria en el mundo de los futbolistas de élite. Antes que él fueron inspeccionados Alexis, Mascherano, Adriano, Eto’o y Xabi Alonso. Después les tocó a Falcao, Carvalho, Di María y Coentrao. La cesión de sus derechos de imagen a sociedades pantalla ubicadas en paraísos fiscales era la nota común a todos ellos. Las investigaciones terminaron en la Fiscalía, que es lo que ocurre cuando un inspector detecta fraudes superiores a los 120.000 euros y, además, aprecia dolo, intención de engañar. El expediente administrativo se convierte en un caso penal.

Pese al ruido mediático que han ocasionado estos casos, lo cierto es que desde 2011 el número de denuncias por delito fiscal que la Agencia Tributaria ha presentado a la Fiscalía ha sufrido un descenso vertiginoso. Entonces interpuso 1.014, que sumaban 909 millones de euros de cuotas defraudadas. Seis años después, sólo 225 han llegado a los tribunales, con una cantidad defraudada de 327,83 millones, según consta en las memorias anuales de la Agencia Tributaria, que aún no ha publicado la de 2018. El desplome de las denuncias es del 78%. En millones de euros, la caída llega al 64%. El año en que más fraude se denunció a la Fiscalía fue 2004, con un total de 1.052,4 millones de euros. Y el ejercicio con mayor número de denuncias fue 2003, con 1.015.

También se han reducido año a año las denuncias por blanqueo de capitales, desde 136 en 2013 –en 2011 fueron 126– hasta 59 en 2017. El año en que más volumen de fraude por este delito se denunció fue 2014, 486 millones. En 2017 la cuantía se redujo a 64,24 millones de euros, casi ocho veces menos.

Ante estos datos, la Agencia Tributaria responde que “lo relevante” es “la calidad de las sentencias”: “Más del 71% de las dictadas en 2017 en materia de delito fiscal son totalmente favorables a la Agencia y un 4% parcialmente favorables”, explica a infoLibre, “6,7 puntos por encima de 2016 y cinco por encima de la media de 2012 a 2016”. Destaca, además, el crecimiento de 10 puntos en 2017, hasta un 22,5%, de las sentencias favorables con conformidad, que llevan aparejado el pago previo de la deuda con el fisco. Pero, sobre el descenso de las denuncias, la Agencia Tributaria elude mencionar cualquier tipo de causa interna u operativa y para explicarla recurre a factores externos como la crisis económica o al efecto disuasorio de las medidas contra el fraude que, además, visten de positivo la caída de cifras.

Por ejemplo, apunta al pinchazo del sector inmobiliario, “protagonista” de muchas de las denuncias por delito fiscal antes de la crisis. También al “decalaje de cinco o seis años” que advierte entre la fecha de las operaciones sospechosas y la denuncia ante el fiscal, debido a la complejidad de los expedientes y a su larga duración. “Las denuncias que se han venido efectuando en los últimos años son, en gran medida, de años afectados por la crisis”, cuando disminuyó la actividad económica y los beneficios de las empresas, asegura.

El secretario general del Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha) lo rebate en declaraciones a infoLibre. Las denuncias al fiscal no dejaron de aumentar precisamente en los primeros años de la crisis, desde 2008 hasta 2011, y con la recuperación económica, a partir de 2014, tampoco han crecido en número. “Tenemos hasta cuatro años para investigar cada caso antes de que prescriba”, precisa.

Tramas del IVA y gastos financieros abusivos

Según la Agencia Tributaria, otro motivo de la caída de las denuncias es la eficacia de las medidas antifraude, “que han puesto fin a algunas de las conductas” que en años previos habían terminado en la Fiscalía. Se refiere el organismo a tramas del IVA que ahora se han solucionado mediante la ampliación de los supuestos en que debe aplicarse la “inversión del sujeto pasivo” –cuando es el destinatario del servicio o bien, y no su prestatario o vendedor, el que lo hace constar en su declaración del impuesto– y a la deducibilidad de gastos financieros abusivos, que se ha limitado. “Ese límite no es una medida antifraude, sino que está pensada para reducir los créditos fiscales”, replica Mollinedo, quien además deja claro que si una operación “figura en la contabilidad de una empresa, no hay ánimo de ocultar y, por tanto, no hay dolo ni delito”. Sólo habría ánimo de defraudar si las operaciones consignadas fueran ficticias, no basta con que se cometa una negligencia.

Es lo que ocurrió con Iker Casillas, recuerda el responsable de Gestha. Los inspectores concluyeron que el exportero del Real Madrid y hoy del Oporto no tuvo “ánimo de eludir las obligaciones fiscales”, por lo que se llevó a cabo un “ajuste con discrepancias en la interpretación de la normativa”, sin sanción económica. Los dos millones de euros que pagó fueron por “diferencias sobre el modo de aplicar el tratamiento fiscal a determinados ingresos”.

Respecto al IVA, la inversión del sujeto pasivo sí se creó como medida de lucha contra el fraude. Con esta fórmula se intenta evitar que las empresas aprovechen que el comercio de bienes dentro de la UE está exento de IVA para eludir el pago utilizando varias filiales del mismo grupo. En estos casos, Hacienda no sólo no cobra el IVA de la operación, recauda menos, sino que, además, paga la devolución soportada por una de las empresas.

“Ojalá tuvieran efecto disuasorio”

La Agencia Tributaria cree que estas medidas contra el fraude y las investigaciones de sus inspectores han generado un “efecto disuasorio” en los contribuyentes, que han “cambiado de actitud”. También han aumentado las regularizaciones voluntarias de contribuyentes tras cometer “irregularidades”, lo que se traduce en “excusas absolutorias que han evitado la denuncia”, destaca la Agencia. Incluso habla de “cambio de cultura fiscal”.

José María Mollinedo lo pone igualmente en duda. “Ojalá tuvieran efecto disuasorio”, plantea, “si fuera ése el caso, se notaría en los resultados de recaudación de la Agencia Tributaria”. Y no es así, subraya. España es el tercer país que menos ingresa por IVA de la Unión Europea, con un 6,5% del PIB, sólo por delante de Irlanda –4,5%–, Luxemburgo e Italia –ambos con un 6,3%–. Tampoco se ha recuperado la recaudación del impuesto de sociedades, pese a sí que lo han hecho los beneficios empresariales: el fisco aún ingresa por este concepto casi la mitad que en 2007, “no sólo por los créditos fiscales acumulados durante los años de crisis, sino también porque hay muchos ingresos que no se incorporan y no tributan”, añade.

Además, los ingresos obtenidos gracias a las que se conocen como declaraciones extemporáneas –fuera de plazo– desmienten ese “cambio de cultura fiscal” que cita la Agencia Tributaria. “Aumentaron hasta la amnistía fiscal, pero desde entonces no se han recuperado”, resume el secretario general de Gestha. Llegaron a su máximo en 2011, con una recaudación de 1.223,33 millones de euros, tanto por declaraciones extemporáneas sin requerimiento previo como por aquéllas realizadas tras una petición judicial. En 2017 se han recortado hasta 571,13 millones de euros, menos de la mitad que antes de la amnistía, aunque han crecido un 20% en los dos años anteriores.

Este tipo de regularizaciones sólo son aplicables si el reconocimiento y pago de la deuda con la Agencia Tributaria se realizan antes de que sus inspectores abran una investigación, antes de que el fiscal o el abogado del Estado presenten una denuncia o el juzgado de instrucción inicie actuaciones. Y no siempre evitan la denuncia por delito fiscal. No le sirvió, por ejemplo, a Emilio Botín. Tras aparecer su nombre en la lista Falciani por culpa de los 2.000 millones que la familia del banquero cántabro ocultaba al fisco en el HSBC, ingresó 211 millones en 2010 para regularizar la situación. Pero terminó igualmente imputado en la Audiencia Nacional un año después. El caso quedó archivado en 2012, pese a que el juez Fernando Andreu no descartaba que los Botín hubieran cometido un delito e insinuaba que la regularización carecía de “motivos altruistas”.

José María Mollinedo resalta que buena parte de las investigaciones que han terminado en los tribunales se han derivado de revelaciones periodísticas, desde los papeles de Panamá, y los de la Castellanala Castellana hasta Football Leaks, “no de actuaciones propias de la Agencia Tributaria”. El caso de Cristiano Ronaldo fue desvelado gracias a las investigaciones basadas en los documentos de Football Leaks, que fueron publicados en diciembre de 2016 por Mediapart[socio editorial de infoLibre] y el resto de medios que conforman la red EIC (European Investigative Collaborations).

Complejidades legales

La Agencia Tributaria esgrime también un motivo legal para justificar la caída del número de denuncias a la Fiscalía por delito fiscal: el nuevo sistema de liquidación vinculada al delito que se introdujo en la Ley General Tributaria en 2015, que permite el cobro inmediato de la deuda sin esperar a que haya sentencia condenatoria. A juicio de la agencia, este mecanismo ha aumentado la complejidad en la tramitación de los delitos fiscales.

“Las actas de liquidación vinculadas a delito eran una necesidad, teniendo en cuenta la lentitud de los procesos judiciales, que en muchos casos terminaban convirtiendo en incobrables algunas deudas”, concede José María Mollinedo, pero niega que hagan más complejos los procedimientos. “Que haya delito complica el expediente, pero eso es algo que ha pasado siempre”, aduce, también antes de que existiera el tipo de acta. Gracias al nuevo sistema de liquidación, Leo Messi pagó antes de los dos meses de plazo establecidos por la ley, para conseguir después una rebaja en la pena de 21 meses de cárcel que le impuso la Audiencia de Barcelona en 2016 por tres delitos fiscales. Había defraudado 4,1 millones de euros entre 2007 y 2009 por no tributar en España por sus derechos de imagen. Cristiano Ronaldo, en cambio, superó ampliamente el plazo y no pagó al fisco hasta julio de 2018, por lo que tuvo que abonar no sólo 5,7 millones de euros por las cantidades defraudadas sino también 1,09 millones más por intereses de demora.

Actuaciones parciales, falta de competencias

Gestha hace su propio análisis sobre el hundimiento de las denuncias por delito fiscal, que achaca al hecho de que los técnicos de Hacienda, el cuerpo más numeroso –5.000 funcionarios, frente a 800 inspectores–, han dejado de tener competencias para seguir investigando si se topan con un ilícito penal. Cuando la cantidad defraudada supera los 120.000 euros, el expediente se declara “de especial dificultad sobrevenida” y el caso pasa a manos de un inspector. “Se desalienta así a los técnicos”, protesta Mollinedo. Este periódico se ha puesto en contacto con los Inspectores de Hacienda (IHE) para preguntarle por las causas del bajo número de denuncias ante la fiscalía, pero han declinado participar en este reportaje.

Además de las disputas entre cuerpos, puede haber otra razón que explique por qué cada año la Agencia Tributaria acude menos a los tribunales. “Se han preferido las actuaciones parciales a las generales”, indica José María Mollinedo. En su opinión, los responsables del organismo apostaron desde 2012 por “hacer deuda tributaria menos invasiva para las empresas”. Por ejemplo, sólo se comprueba el IVA de un ejercicio, pero no el impuesto de sociedades pagado por una sociedad. “Descubrir una trama de facturas falsas sólo puede hacerse con una investigación más en profundidad, con una actuación parcial no tienes elementos ni tiempo”, se queja.

La Agencia Tributaria niega con contundencia que estos dos factores estén detrás de la caída de denuncias ante la Fiscalía. Mollinedo, por su parte, cree que la solución también está en “denunciar mejor”. “Y en coordinarnos mejor con la Abogacía del Estado”, aconseja, “los funcionarios tenemos que aprender, pero igualmente la Fiscalía”. El dirigente de Gestha recuerda algún caso que terminó prescrito y archivado tras permanecer durante 10 años en un juzgado de instrucción. O el de Emilio Botín, cuando la Agencia Tributaria fue incapaz de verificar si la ingente cantidad de documentación que le proporcionó el banquero era cierta y completa. No pudo desentrañar la compleja red de sociedades, cuentas y personas involucradas en un esquema que se remontaba por lo menos a 1986 y cuyo dinero se remontaba, según alegó la familia, a la Guerra Civil.

Porque quienes sí aprenden, y con rapidez, son los delincuentes fiscales. “Que no son los empresarios, sino los asesores”, dispara el técnico de Hacienda.

El comisario Villarejo facilitó al BBVA que presidía Francisco González, en plena operación de Sacyr para tomar el control del banco, el contenido de supuestas conversaciones telefónicas en las que participaron el entonces jefe de la Oficina Económica de Moncloa, Miguel Sebastián, y la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega. Es lo que revelan este viernes Moncloa.com y El Confidencial en una nueva entrega que revela el supuesto encargo del banco al excomisario de espiar a todos los protagonistas de la operación que intentó, sin éxito, descabalgar a Francisco González de la presidencia del BBVA, operación que se denominó Trampa.

Según consta en la documentación a la que han tenido acceso estos dos medios digitales, Villarejo accedió al contenido 15.000 conversaciones teléfonicas entre noviembre de 2004 y febrero de 2005 por encargo del banco. Y entre esas conversaciones destaca una a tres bandas: Ignacio Rupérez, que en ese momento era jefe del servicio de estudios del Banco Santander; Pablo Sebastián y María Teresa Fernández de la Vega, vicepresidenta del Gobierno. Rupérez estaría implicado, según las sospechas de Villarejo, en el operación avalada por el Gobierno de asalto a la entidad y haría de enlace entre Emilio Botín, presidente del Santander, y otros protagonistas de la operación, como el entonces presidente de Sacyr, Luis del Rivero, y el industrial Juan Abelló.

Rupérez contactó el 18 de enero de 2005 con un teléfono de Presidencia del Gobierno. Al otro lado del teléfono estaba Sebastián. Ese día es muy significativo ya que se presentó ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores una denuncia contra Francisco González por presuntas irregularidades en la venta de su sociedad de bolsa, FG Valores, a Merrill Lynch en 1996. González sospechaba que Rupérez y Sebastián estaban detrás de la denuncia.

“Perdona, que antes no podía atenderte...”, comenzó disculpándose Sebastián con Rupérez, según la transcripción publicada por los dos digitales. “He comentado con el jefe y anda en otros temas...”, respondió Rupérez. El "jefe" sería Botín. “Si esto no le parece importante... no sé...”, contestó Sebastián. Rupérez comentó entonces que esa denuncia ante la CNMV provocaría la dimisión de González: “Con esto, el mercado le echa sin hacer más... Aunque Matías, cuando se lo conté... me dijo que no esta claro lo que va a hacer Manolo con la patata”. "Matías" sería Matías Cortés, abogado entonces de Prisa e implicado en la operación, y "Manolo" no sería otro que Manuel Conthe, presidente en ese momento de la CNMV.

Sebastián interrumpió a Rupérez para decirle que le iba a pasar el teléfono a otra persona. “María Teresa quiere comentarte algo... luego seguimos”. Era la vicepresidenta del Gobierno. “Cómo estás, Ignacio... y me cuenta Miguel [Sebastián] que Emilio está preocupado por su tema... [la Audiencia había abierto juicio oral contra Botín por el escándalo de las cesiones de crédito]”. “Transmítele que ya está hablado y no habrá problemas... aunque ya sabes cómo son en ese ministerio”, dijo De la Vega. “Vicepresidenta, me tranquilizan tus palabras y ahora mismo se las transmito al jefe, y del otro tema ya sabe Miguel que podéis seguir contando con nosotros...”, contestó Rupérez.

Ese "tema" no era otro que la ofensiva para controlar el BBVA. De la Vega calmó a su interlocutor: “Te dejo con Miguel y tranquiliza a todos... y tenéis el apoyo del presidente [José Luis Rodríguez Zapatero]". Sebastián cogió el teléfono y retomó la conversación con Rupérez. “Estamos todos muy nerviosos y el que tiene que estar preocupado es el calvo...”, concluyó el entonces jefe de la Oficina Económica del Gobierno.

La Iglesia, la gran empresa, históricos del PP y la familia Franco. La mezcla se produce en el patronato de la Fundación Madrid Vivo, que se define como "un puente entre la sociedad civil y la Iglesia de Madrid". "Una plataforma ciudadana y empresarial concebida para promover valores que están en la raíz de nuestra cultura", según la propia fundación. Liderada por el abogado Javier Cremades, presidente del bufete Cremades & Calvo Sotelo, Madrid Vivo cuenta con un patronato presidido honoríficamente por monseñor Carlos Osoro, arzobispo de Madrid. El presidente ejecutivo es el propio Cremades, conocido por ser uno de los abogados que han prestado apoyo legal fuera de Venezuela a Leopoldo López, destacado opositor a Nicolás Maduro. En el patronato se integran empresarios, altos ejecutivos y expolíticos conservadores de prolongada trayectoria. Y, junto a todos ellos, aparece en el patronato el "Exmo. Sr. D. Luis Alfonso de Borbón Martínez-Bordiú", bisnieto de Francisco Franco, erigido en máximo exponente del rechazo de la familia del dictador a su exhumación y en defensor de su legado.

Hijo de Carmen Martínez-Bordiú –nieta de Franco– y de Alfonso de Borbón –nieto de Alfonso XIII–, Luis Alfonso de Borbón es considerado por los legitimistas franceses heredero al hoy inexistente trono de Francia. No obstante, no es su faceta de inverosímil aspirante a rey la que más tiempo le consume. Vive esencialmente dedicado a su actividad empresarial en el Banco Occidental de Descuento, la firma de marketing Spanish Influencers y el gimnasio Reto 48. Y además ejerce el activismo político.

En las redes sociales prodiga los mensajes contra el Gobierno, a favor de los valores del tradicionalismo católico y en defensa de Franco. "Ya son más de 600 los militares que apoyan el Manifiesto [contra la exhumación]. ¿Lo habrán entendido los 'herederos de' y aspirantes a profanadores de tumbas?", se preguntaba en agosto en Twitter. En julio, en el contexto del debate sobre la exhumación, afirmaba en Instagram que la cruz del Valle de los Caídos representa "la reconciliación de las dos Españas", lo cual se opone a los "odios cainitas". "La historia condenará a quien profane este templo grandioso", escribía. Otras veces es menos elíptico, como el 24 de agosto, el día en que el Gobierno aprobó el decreto para la exhumación de Franco. "Hoy más que nunca se necesita UNA, GRANDE y LIBRE", anotó en Twitter, recuperando una reconocible divisa del franquismo.

Su activismo no se ha quedado en las redes sociales. En julio acudió a una protesta contra la exhumación en el Valle de los Caídos, como publicó El Mundo. La Fundación Francisco Franco lo eligió presidente de honor tras el fallecimiento de la anterior presidenta, su abuela Carmen Franco Polo. Luis Alfonso de Borbón "ha solicitado que pase un año desde el fallecimiento de su abuela", ocurrido en diciembre de 2017, para incorporarse oficialmente, explica Jaime Alonso, portavoz de la Fundación Francisco Franco. Emilio de Miguel, secretario de la fundación franquista, asegura que aunque De Borbón está "guardando un año de luto por su abuela", el cargo "ya lo ostenta". Medios como El País yEl Mundo se refieren a De Borbón como "rey de los Franco", en vista de su creciente protagonismo como referente de los herederos del dictador, algo que también ha destacado ABC.

infoLibre ha tratado de contactar con De Borbón a través de Spanish Influencers, Banco Occidental de Descuento y la Fundación Francisco Franco, sin éxito. El secretario de la FFF, Emilio de Mola, explicó que, "dada las circunstancias, y además debido a la gran cantidad de peticiones de entrevistas que recibe", De Borbón "ha decidido no atenderlas".

De Ángel Ron a Cebrián

Madrid Vivo integra en su patronato a Luis Alfonso de Borbón, elegido presidente de honor de la fundación franquista, junto a una pléyade de representantes de la empresa y la política. El presidente honorífico de Madrid Vivo es el cardenal Carlos Osoro, arzobispo de Madrid, clave en la posición de la Iglesia sobre la exhumación de Franco, a la que no se ha opuesto. Antes presidió la fundación Antonio María Rouco Varela, su predecesor en el arzobispado de Madrid, donde se produjo el relevo en 2014. Osoro preside dos reuniones del patronato al año, en las que expresa sus puntos de vista sobre cuáles podrían ser las mejores vías para canalizar el apoyo en defensa de "valores comunes de la Iglesia", pero carece de cualquier función ejecutiva, explican desde el arzobispado, donde aseguran desconocer incluso la pertenencia al patronato de De Borbón.

El vicepresidente de Madrid Vivo es Ángel Ron, expresidente del Banco Popular, institución financiera comprada por el Banco Santander e históricamente vinculada al Opus Dei. En el patronato también están Borja Prado, presidente de Endesa; el empresario, inversor y coleccionista de arte Juan Abelló, una de las mayores fortunas de España; Juan Luis Cebrián, expresidente de Prisa, presidente de honor de El País y asistente frecuente a las reuniones del elitista Club Bilderberg; José Cerdán, presidente de Telefónica Business Solutions; Antonio Fernández-Galiano, presidente de Unidad Editorial; Jaime de Jaraiz, presidente de LG Electronics España; Jacobo González-Robatto, presidente de Nueva Pescanova; Tomás Pascual Gómez-Cuétara, presidente de Calidad Pascual y de la Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas; Gonzalo Sánchez, presidente de Price Waterhouse Coopers España (PwC); José María Sánchez, director general en España de Prodware, partner tecnológico de Microsoft; y Joaquín Herrero, presidente de la gestora y asesora financiera Merchbanc, entre otros.

Ejecutivos, políticos y banqueros

En el mismo patronato está Carlos Madruga, presidente ejecutivo del Grupo Educare de colegios concertados, un sector en el que la Iglesia tiene un enorme poder. Mónica de Oriol, expresidenta del Círculo de Empresarios, es recordada por unas declaraciones en las que expresaba que era lógico no contratar a trabajadoras que pudieran quedarse embarazadas. David Hatchwell, otro de los miembros del patronato, pertenece a una destacada familia de capitalistas. De su mano Sheldon Adelson trajo a España su frustrado proyecto de Eurovegas. Hatchwell se ha lanzado al negocio de las socimi, según El Confidencial. Más nombres. Tomás García Madrid fue consejero delegado de OHL. Baldomero Falcones fue presidente de FCC. Ambos son ejecutivos de gran renombre. Leila Hayat es directora general del Chaabi Bank y presidenta de la Cámara de Comercio de Marruecos en España. La vicesecretaria de la fundación es María Flora Ruiz, miembro de la dirección de la Asociación de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas.

Todos los nombres citados aparecen en el listado de integrantes del patronato que ofrece la propia Fundación Madrid Vivo. En el mismo no sólo hay empresarios y ejecutivos. También están los exalcaldes de Madrid José María Álvarez del Manzano y Alberto Ruiz Gallardón, ambos del PP. Gallardón, que también fue presidente de la Comunidad de Madrid y ministro de Justicia, abrió tras dejar la política el despacho Ruiz Gallardón Abogados, desde donde ha colaborado con su colega Cremades en la defensa internacional de Leopoldo López, una causa que moviliza a otros miembros de la fundación, como Cebrián.

Álvarez del Manzano es socio del bufete Cremades & Calvo Sotelo, que es clave en la fundación. Tan clave que el propio Cremades es presidente de la misma y sus socios en el bufete Carlos de la Mata y Jenaro González del Yerro son secretario general y director gerente, respectivamente. También forma parte del patronato Benita Ferrero-Waldner, exministra de Exteriores de Austria, excomisaria Europea de Relaciones Exteriores y socia de Cremades & Calvo Sotelo.

En el mismo listado de patronos está el exministro de Exteriores con UCD Marcelino Oreja Aguirre, que fue en los 90 europarlamentario por el PP. Junto al marqués de Oreja aparecen el psiquiatra Enrique Rojas; el exdirector de Relaciones con los Medios de Comunicación de la Casa Real Juan González-Cebrián Tello; y el directivo de medios José Antonio Vera, reincorporado al cargo de director de Publicaciones de La Razón tras su paso por la presidencia de la agencia oficial de noticias EFE durante la etapa de gobierno de Mariano Rajoy. También está Manuel Bretón, presidente de Cáritas.

La fundación cita además como empresas colaboradoras a Endesa, Iberia, PwC, Acciona, Torreal, Excem, Gecesa, Unidad Editorial, Acens y Cremades & Calvo Sotelo.

Según Carlos de la Mata, secretario general de la fundación, fueron patronos y ya no lo son Emilio Botín, histórico presidente del Banco Santander, fallecido en 2014, y Juan Miguel Villar Mir, ex presidente de OHL. Se trata de dos de los empresarios más influyentes y mejor conectados con el poder del capitalismo reciente español. También fue patrona Esther Koplowitz.

Un nombramiento en 2014

¿Qué justificación tiene la inclusión de Luis Alfonso de Borbón, elegido presidente de la Fundación Francisco Franco, en el patronato de una fundación con lazos tan estrechos con Iglesia católica y vinculada a empresas de tanta relevancia social? Carlos de la Mata, secretario general de Madrid Vivo, afirma a preguntas de infoLibre que aunque es parte del patronato, De Borbón no participa en las actividades de Madrid Vivo. "En 2014 se invitó a formar parte del patronato a Luis Alfonso, pero la realidad es que por la razón que sea, vino a la sesión de nombramiento para aceptar, en concreto el 4 de junio de 2014, y no ha vuelto", asegura De la Mata. En la fecha de su nombramiento, el presidente aún era Antonio María Rouco Varela, estandarte de una línea ideológica de la Iglesia mucho más conservadora que la que actualmente encarna el cardenal Osoro.

"No sólo no asiste a las reuniones, sino que rara vez contesta a algún correo que se le manda con las convocatorias", añade De la Mata, que afirma que su periodo como patrono vence en junio de 2019, cuando "lo lógico y natural" será que De Borbón "pida no ser renovado o que la fundación le sugiera que se implique o no esté". De la Mata asegura que la fundación "nunca ha mirado su apellido" y que no le interesa ni la ideología ni los posicionamientos políticos de sus patronos, sino la ayuda que puedan prestar para la consecución de sus fines.

Empresa e Iglesia

El secretario general de Madrid Vivo desliga la actividad de la fundación de la política. "La fundación es un lugar de encuentro entre el mundo de la empresa y el mundo de la Iglesia", explica. Sitúa su origen en la Jornada Mundial de la Juventud de 2011, presidida por Benedicto XVI y organizada por Rouco, en la que las autoridades eclesiásticas "solicitaron la colaboración" de los empresarios. "Eso nos hizo al mundo de los empresarios entrar en contacto con el arzobispado y con el cardenal Rouco. Luego coincidimos las dos partes en que debía haber una cierta continuidad", señala.

De la Mata explica que la fundación no tiene plantilla y que los que más tiempo y esfuerzo le dedican son socios de Cremades & Calvo Sotelo que trabajan pro bono, es decir, desinteresadamente. Las actividades de mayor relieve público en las que ha participado la fundación han guardado relación con la promoción del "capitalismo humanista" y el arte religioso.

Los bancos asociados a la Asociación Española de Banca (AEB) obtuvieron un beneficio atribuido de 6.964 millones de euros durante el primer semestre, lo que supone un 18,6% más que en las mismas fechas del ejercicio anterior.

De acuerdo con la patronal bancaria, el aumento de este resultado se explica por el buen comportamiento del margen de intereses y los ingresos netos por comisiones, que han compensado los menores resultados de operaciones financieras y el incremento del gasto por impuestos. También han contribuido positivamente la tendencia decreciente de las provisiones para insolvencias y la contención de los gastos de explotación.

Concretamente, el margen de intereses creció un 4,4% anual hasta rondar los 29.000 millones de euros y representa una rentabilidad sobre activos totalmes medios (ATM) del 2,24%, unos 12 puntos básicos sobre la cifra registrada en junio del año pasado. Las comisiones crecieron un 8,4% anual.

El margen bruto de estas entidades, por su parte, se incrementó un 3,1% respecto a junio de 2016, hasta los 42.235 millones de euros, un crecimiento que, unido a la contención de los gastos de explotación, sitúa la ratio de eficiencia en el 48,2%.

Las dotaciones a fondos y las provisiones para insolvencias continuaron en el primer semestre con la tendencia decreciente que, "salvo puntuales excepciones", se ha venido observando durante los trimestres precedentes, explica la AEB.

Cae el volumen de activos

El volumen de activos del conjunto de estas entidades se situó en 2,5 billones de euros a cierre del semestre, cifra que es un 4% inferior que la contabilizada en junio de 2016.

En el último año, los créditos a clientes se han reducido un 2,4%, hasta los 1,5 billones de euros, mientras que los depósitos de clientes se mantuvieron en niveles similares a los del ejercicio anterior, en 1,4 billones de euros, con una disminución del 0,6%.

Tras la resolución y venta de Popular, el agregado de los balances de los grupos bancarios de la AEB presenta, en términos consolidados, un patrimonio neto de 184.804 millones de euros, un 7,2% menos que un año antes.

Esta variación se explica en parte, por el incremento de las reservas negativas por diferencias de conversión y, en parte, por la disminución de los fondos propios contables, del 3,9% anual, debida al efecto perímetro antes apuntado.

La ratio de capital de máxima calidad, conocida como CET1, se situó en el 12%, 15 puntos básicos menos que un año antes, mientras que la ratio BIS, de capital total, mejoró en similar cuantía hasta alcanzar el 14,9% a 30 de junio de 2017.

El Tribunal Supremo desestimó este martes el recurso presentado por el hijo del exbanquero Jaime Botín, Marcelino Botín-Sanz de Sautuola, que pretendía que Hacienda le devolviese 1,7 millones de euros que ingresó en 2010 en la declaración complementaria para evitar un posible delito fiscal.

La Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo confirmó el fallo de la Audiencia Nacional que ratificó la decisión de Hacienda de no aceptar la solicitud planteada en noviembre de 2012 por Botín, alegando que cuando lo hizo había prescrito el derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria.

Botín hizo en 2010 la declaración complementaria del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) correspondiente al ejercicio de 2005 para evitar un delito fiscal tras descubrirse que era poseedor de unas cuentas en el banco suizo HSBC. Esta misma Sala tiene pendientes de resolución cinco recursos similares planteados por Jaime Botín y por sus otros cuatro hijos.

La cuantía que el recurrente pretendía que Hacienda le devolviese era de 1.796.373 euros por el IRPF de 2005, y 273.699 euros del Impuesto sobre el Patrimonio del mismo ejercicio. El Supremo sólo admitió el recurso en relación a la primera cantidad, ya que la segunda no alcanzaba la cuantía necesaria (600.000 euros) para acceder al recurso de casación.

El Supremo explicó en su sentencia que la solicitud de devolución "después del pronunciamiento de la jurisdicción penal", sería "contraria a sus propios actos y hasta podría calificarse como fraude de ley". Según incidió, se realizó un ingreso para conseguir "la exoneración de la responsabilidad penal" con el fin de "burlar el pronunciamiento penal".

Excusa absolutoria

En este sentido, los magistrados del alto tribunal concluyeron que el ingreso de 7,1 millones de euros nunca tuvo el carácter de indebido que alegó el recurrente, sino que fue "debido, como así lo consideró el orden penal para la aplicación de la excusa absolutoria".

La resolución señaló que la presentación de la declaración complementaria "controvertida", considerada por el artículo 305.4 del Código Penal como "excusa absolutoria", se elimina la "punibilidad de un hecho delictivo por razones de política criminal". Sin embargo, subrayó que en la actualidad se constituye un "elemento negativo del delito que excluye la ilicitud penal".

Del mismo modo, constató que el artículo 305.1 del Código Penal que establece que "el que, por acción u omisión defraude a la Hacienda Pública (...) será castigado (...) salvo que hubiere regularizado su situación tributaria en los términos del apartado 4 del presente artículo".

Tras realizar la declaración complementaria en 2010, la Audiencia Nacional archivó las actuaciones penales que seguía en relación, entre otros, a Marcelino Botín, al aplicar la llamada excusa absolutoria del artículo 305 del Código Penal que exime de responsabilidad penal a quien regularice su situación tributaria en determinadas circunstancias.

El Banco Santander ocultó a la Agencia Tributaria los 379 millones que transfirieron entre Suiza y España los investigados por blanqueo de capitales tras destaparse la lista Falciani, según el auto del titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata conocido este miércoles, que basa su decisión en los sucesivos informes del Banco de España que han puesto al descubierto "una serie de operativas tendentes a la gestión, utilización y aprovechamiento de fondos, depósitos y valores, ocultos al Erario Público español".

Y por estas operaciones, De la Mata ha acordado llamar a declarar como investigados, por un delito de blanqueo de capitales, a siete directivos de Banco Santander –en su mayoría destinados a departamentos de prevención de blanqueo– y tres del banco BNP Paribas en la pieza separada de entidades financieras de la conocida como lista Falciani, que suministró el empleado del HSBC suizo Hervé Falciani y que revelaba los nombres de 130.000 titulares de cuentas no declaradas en sus países de origen en la entidad financiera.

Los citados a declarar son Ignacio Benjumea Cabeza de Vaca, secretario general de Banco Santander; José Manuel Arraluce, director de cumplimiento entre 2005 y 2014 de Banco Santander; Carlos Infesta Fernández, responsable de prevención de Área en el ámbito de banca mayorista; Carlos Fernández García, director del Departamento Central de Prevención de blanqueo de capitales entre 2005 y 2013; Jesús Álvarez Ramírez, también del mismo departamento, Jesús Rivero González, del Departamento Central de Extranjero, y Marta Mora Villarrubia, del Departamento de Instituciones Financieras. Los cuatro últimos tenían competencias en prevención de blanqueo.

En el caso de BNP, han sido citados José Andrés Fernández Espejel, director del Departamento de Cumplimiento Normativo entre 2005 y 2011, y Lucía Cuartero Lantero, también de ese departamento. Ambos estuvieron a cargo de la función centralizada de prevención de blanqueo. La última citada es Cristina Arévalo, que fue miembro de OCIC, órganos de control interno de la entidad.

Cuentas de los denunciados

"La utilización de cuentas ómnibus se ha venido justificando de manera genérica como una mejora para la eficiencia en los mercados, y Santander Investment y BNP Paribas Securities Services las vienen utilizando habitualmente, sin que sepan cuáles son los propietarios reales de los valores, que quedan ocultos. Sin embargo, los propietarios reales pueden quedar identificados en los sistemas informáticos de los bancos custodios sin mayor problema tecnológico, si quisieran", destaca el juez en su resolución.

En concreto, en una de las cuentas bancarias investigadas se canalizaron entre 2005 y 2008 a través de Banco Santander 1.070 operaciones por importe de 73.957.603 euros de clientes del HSBC Private Bank Suisse para hacer pagos en España a clientes de otros bancos y cajas españolas. Y 12.155.936 euros provienen de cuentas del HSBC titularidad de denunciados por delito fiscal en los procesos referidos, a los que se sumarían 1.393.363 euros que provienen de cuentas del HSBC donde los representantes de tales personas fueron asimismo denunciados.

De los 416.531.978 euros relacionados con la compraventa de valores en otra de las cuentas detectadas, 272.854.233 euros corresponden con operaciones de los denunciados españoles por delitos contra la Hacienda Pública.

En relación a otra cuenta, el juez De la Mata explica en el auto que de un total de 25.001.068 euros de valores traspasados, 9.917.217 euros corresponden a denunciados en España por fraude fiscal. En este período se detectaron una serie de traspasos con varias personas físicas. Asimismo, el magistrado destaca que una de las personas que transfirió el dinero gracias a los bancos cuyos directivos están imputados es Francisca Romasanta Rodríguez, la cual traspasó valores calculados en 18.273.743 euros. Esta mujer "es la esposa del empresario Luis O. C., el cual se relaciona con sociedades vinculadas a una estafa piramidal por 200 millones de dólares de Estados Unidos denunciada por la SEC norteamericana". La estafa a la que se refiere el juez De la Mata golpeó especialmente a los fondos de pensiones y ahorros de la estatal petrolera de Venezuela PDVSA.

El fallecido Emilio Botin junto al patrocinador de la Formula 1, Bernie Eclestone.

Además, el magistrado revela en el auto que entre agosto de 2007 y julio de 2010, el Santander obtuvo la custodia de los valores titularidad de la sociedad panameña North Stat Overseas Enter, de la familia Botín, si bien estos valores no sólo se ocultaban bajo dicha sociedad sino que también era titular el HSBC.

El auto del juez De la Mata precisa que este entramado permitió esconder la titularidad real de las acciones de Bankinter y que poseían, por valor del 8%, el expresidente de Banco Santander Emilio Botín y su hermano Jaime Botín Sanz, así como sus respectivos hijos. "La propiedad de tales valores se mantuvo oculta al Erario Público hasta que fue revelada por la comunicación que las autoridades francesas hicieron a la Agencia Tributaria española en el marco de los primeros procedimientos incoados como consecuencia de la aportación de la información de Hervé Falciani", especifica el auto

Los 2.000 millones de los Botín

La omisión de tributación de parte de la fortuna del exbanquero –se calcula que ocultó 2.000 millones de euros en el HSBC de Suiza y otras sociedades panameñas– dio lugar a la denuncia en la Audiencia Nacional contra Emilio Botín Sanz y Jaime Botín Sanz y sus respectivos hijos, por delitos contra la Hacienda Pública "pese a haber regularizado su situación con el pago de más de 200 millones de euros a Hacienda. Finalmente, tales diligencias fueron archivadas por aplicación de la excusa absolutoria del artículo 305.4 del Código Penal tras la regularización llevada a cabo por los investigados tras la notificación del expediente de gestión administrativa sobre los depósitos puestos de manifiesto en Suiza".

En el auto, el juez alude a la deficiente colaboración del Santander a la hora de aportar la documentación requerida, entre lo que destaca "el envío sistemático por parte del Grupo Santander de transferencias con el campo de ordenantes y beneficiarios en blanco; el error de no enviar las transferencias entre 2013 y 2015; la falta de explicación del contenido de los campos; la mezcla de operativas que han dificultado el análisis; y la inclusión en la documentación de campos con datos adicionales en valores sin relacionar con los datos generales".

De la Mata completa que los peritos del Banco de España analizaron cientos de operaciones de valores, registradas en las cuentas de HSBC Private Bank Suisse, "con el propósito de identificar a sus propietarios reales utilizando la información proporcionada por los custodios Santander Investment y BNP Paribas Securities Services España, con un resultado casi totalmente infructuoso. Excepto los traspasos de valores de ocho personas físicas de BNP y dos del Santander, el resto de propietarios reales permanece oculto bajo el registro de titularidad de HSBC Private Bank Suisse y de otros bancos. La información sobre las titularidades reales se ha obtenido sólo gracias a la base de datos construida con los datos facilitados por Hervé Falciani", completa el auto.

Falciani durante su comparecencia en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

Precisamente, a finales del pasado mes de febrero, el Tribunal Supremo confirmó la condena de seis años de cárcel por dos delitos contra la Hacienda Pública para el ingeniero español Sixto D.C., que había ocultado más de cinco millones de euros en cuentas bancarias suizas, aceptando de este modo como prueba válida la lista Falciani, informa Europa Press.

El alto tribunal distingue entre dos formas de obtención ilícita de datos a terceros: si lo hace la Policía, la prueba no es válida de acuerdo con el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que considera nulas las pruebas obtenidas violentando derechos o libertades fundamentales; si lo hace un particular sin conexión con los aparatos del Estado y que no busca prefabricar pruebas sino obtener lucro –como era el caso de Falciani–, sí se le puede dar validezFalciani.

infoLibre se ha puesto en contacto con un portavoz de prensa del Santander, que ha asegurado que la entidad financiera está estudiando el contenido del auto del juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, por lo que por el momento no hará ninguna declaración al respecto.

La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha confirmado el sobreseimiento provisional de la investigación por la comercialización de los productos financieros Valores Santander por los que estaban imputados los altos directivos del banco Ignacio Benjumea Cabeza de Vaca y José Antonio Soler Ramos como responsables de la venta de un producto "especulativo", según los querellantes, con el que la entidad financiera recaudó 7.000 millones de euros durante nueve días hábiles de 2007, según consta en cinco autos a los que ha tenido acceso infoLibre.

El ponente de uno de los cinco autos que confirman el cierre de la investigación desarrollada en la Audiencia Nacional por el juez Ismael Moreno, el magistrado Juan Francisco Martel Rivero, justifica la decisión del tribunal "al no resultar debidamente justificada la perpetración del delito de estafa que las dio origen, respecto a la actuación de los órganos directivos del Banco de Santander en el proceso de comercialización de los productos Valores Santander", especifica el auto, que mantiene la opción de que los afectados ejerzan acciones penales y civiles que procedan de "las actuaciones individualizadas producidas en la oferta y venta de los citados valores en las distintas sucursales de la citada entidad en territorio nacional".

El magistrado destaca que el juez que ordenó el archivo del caso en julio pasado, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2, Ismael Moreno, siguió "la estela marcada por el Ministerio Fiscal y la representación procesal de la entidad querellada", que según el auto de Juan Francisco Martel Rivero, "ofrecen sólidos argumentos para entender que, en el actual estado del procedimiento, la investigación desarrollada contra los órganos rectores del Banco de Santander no ha logrado desentrañar que en su seno se haya maquinado un conjunto de actividades con rasgos delictivos, tendentes a producir un masivo engaño en los inversionistas que optaron por colocar sus fondos en los denominados Valores Santander, ofertados en septiembre de 2007.

El juez Moreno archivó la querella

El juez Moreno ya había rechazado investigar la querella en 2014 en contra del criterio de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que defendía que existían indicios de la comisión de un delito de defraudación que afectaba a personas de todo el territorio nacional. Y la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal le ordenó admitir la demanda al sospechar que el banco podría no haber suministrado "convenientemente la oportuna información sobre el producto" a los clientes que lo adquirieron.

Sin embargo, ahora la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal considera que no restan "diligencias relevantes y útiles pendientes de practicar, puesto que las necesarias a los fines de averiguación de posible actividad delictiva se han desplegado en los dos años transcurridos desde que este tribunal, con composición personal no del todo coincidente, dictó el 13 de junio de 2014 un auto que ordenó la realización de los actos de comprobación de las presuntas defraudaciones denunciadas, con el amplio despliegue procesal que obra en la causa".

Además, el ponente del auto otorga una importancia relevante al hecho de que la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en sentencia de 1 de julio de 2015, rechazara "cualquier irregularidad en la comercialización general de los Valores SantanderValores Santander", al mismo tiempo que sostiene que el Santander "se aseguró de disponer de toda la información necesaria sobre sus clientes y de mantenerlos siempre adecuadamente informados, y que asimismo hubo una actividad selectiva en la comercialización del producto, consecuencia de las evaluaciones efectuadas por los comerciales del banco".

No hay múltiples afectados

Los magistrados ponen incluso en duda que se haya podido constatar que las supuestas irregularidades formales en la comercialización del producto haya afectado a múltiples perjudicados: "Teniendo en cuenta la comparación entre el número de reclamantes y el número de inversionistas (la entidad habla de 130.000 operaciones de suscripción). Y tampoco ha podido demostrarse que dichos productos se ofrecieran como inversión en renta fija, puesto que sus características y los riesgos que se asumían distan mucho de la denominada renta fija".

Pese a que el tribunal descarta la existencia de responsabilidades penales de los órganos directivos del Santander en la ideación y planificación para comercializar los Valores Santander, la magistrada Carmen Paloma González Pastor recuerda que el auto de archivo del juez Ismael Moreno "deja a los particulares que se consideren perjudicados el ejercicio de las acciones civiles o penales con respecto a los excesos, si se hubieran cometido en la fase de comercialización por los diversos comerciales de las distintas sucursales bancarias a lo largo del territorio nacional".

Los querellantes aseguraban en su querella que el banco, entonces dirigido por Emilio Botín, "comercializó el producto como si fuera seguro y con funcionamiento similar a un plazo fijo" cuando realmente se trataba de la adquisición de "obligaciones convertibles" que impedían al comprador "recuperar el capital invertido".

La Sección Tercera de la Audiencia Nacional juzgará a partir de este lunes a los presuntos responsables de una macroestafa sufrida por más de 1.600 familias que adquirieron derechos en viviendas turísticas en régimen de multipropiedad, sin que al final se les prestaran los servicios contratados, según la denuncia interpuesta por la Asociación de Consumidores Afectados por Mundo Mágico (Acama), encabezada por el abogado Damián Vázquez Jiménez.

La Fiscalía considera que los hechos pueden constituir un delito continuado de estafa, razón por la que apoyó el procesamiento de los presuntos autores del delito, y que se sentarán en el banquillo de los acusados este lunes 30 de enero. En el juicio también declararán, en este caso como testigos, 60 afectados por la actuación delictiva de los acusados. 

Los procesados por la presunta estafa, que supera los seis millones de euros, son los empresarios Antonio González Moral y Paul Alexander Van Zijll. La Audiencia Nacional también deberá decidir si condena como responsable civil subsidiario a tres entidades financieras, con las que los clientes formalizaron créditos para realizar la inversión. La mayoría se canalizaron a través del BBVA, aunque también se firmaron cantidades menores con Bankia (Caja Madrid) y Banco Santander.

Préstamos bancarios

Según los afectados, que reclaman sendas penas de ocho años de cárcel para los dos procesados, las entidades bancarias "conocían el sistema de venta de los acusados y colaboraron para conseguir un beneficio económico no sólo para Mundo Mágico Tour SA, el resto de empresas vinculadas y los acusados, sino para las propias entidades bancarias, que conseguían pingües beneficios con los intereses y comisiones de los prestamos, apertura de cuentas, colocación de otros productos, seguros, etc".

Ni BBVA ni Santander han querido hacer ningún comentario sobre este procedimiento, que se remonta a 2003, cuando se denunciaron los hechos. Por su parte, un portavoz de Bankia ha asegurado que los créditos vinculados a la compañía Mundo Mágico únicamente alcanzaron los 77.000 euros en el caso de la antigua Caja Madrid, y que han llegado a acuerdos con la mayor parte de sus clientes.

El instructor del caso Mundo Mágico, el titular del Juzgado Central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, explica que el procesado Antonio González Moral creó en 1998 la empresa "aparentando una solvencia patrimonial y una capacidad para cumplir sus compromisos vacacionales inexistente, y alardeando de acuerdos con firmas de reconocido prestigio, conseguían inducir a error o a conseguir la voluntad de las personas, que firmaban contratos que llevaban aparejada la obligación de pagos mediante la firma de contratos de préstamo, cuyo importe iba de inmediato e íntegramente a los imputados".

Según la asociación de afectados, la empresa Mundo Mágico obligaba a sus clientes a formalizar "en un tiempo récord contratos de préstamo con entidades financieras como BBVA, Banco Santander y Caja Madrid (Bankia)".

Los primeros contratos que realizaron los procesados ofertaban la compra en régimen de multipropiedad de semanas de vacaciones: "Dichas semanas en realidad no existían, bien porque no era real el complejo de apartamentos, bien porque no se habían comprado los inmuebles sobre los que más tarde realizar su división en propiedad compartida. Fundamentalmente, esto sucedió con la venta de apartamentos de multipropiedad en los complejos turísticos llamados Mar y Golf, Benalbeach, Hotel Apartamento Esmeralda o Esmeralda Beach Club, bien en su propio nombre bien, haciendo de supuesto intermediario de otra sociedad manejada por los acusados, Espinaquer 2000, bien utilizando esta última de manera directa", especifica el juez De la Mata.

"Un señuelo que nunca cobraban"

Con el paso del tiempo, los procesados optaron por comercializar un club de vacaciones: "Estos contratos garantizaban al cliente y a tres personas más el disfrute en plazos de entre 5 a 20 años de tres semanas de alojamientos anuales en diferentes establecimientos hoteleros. A cambio de dichos servicios, los perjudicados debían satisfacer el precio de la cuota de afiliación al programa de vacaciones, cuyo precio oscilaba entre los 3.005 y los 12.000 euros, incluyendo descuentos promocionales que se ofertaban como parte de la maniobra engañosa y que únicamente se pagaban en ocasiones a clientes más antiguos con el dinero de nuevos clientes a los que se ofrecía tal señuelo y que nunca cobraban", relata el magistrado.

"Todo el importe era transferido", según el juez, "a cuentas corrientes de dichas empresas de Mundo Mágico. Además, los clientes debían abonar cantidades cuyo precio medio oscilaba entre los 120 y los 408 euros por cada semana disfrutada", indica el auto, que completa: "El servicio que ofertaban no era algo real, en cuanto que no estaba respaldado por inmueble alguno y era de imposible cumplimiento, hecho éste del que eran plenamente conscientes los imputados".

El procesado Antonio González Moral utilizó otras sociedades "para simular las gestiones de venta y cobrar por ella; incluso, para optimizar el beneficio, se hacían ofertas de reventa por varias sociedades o nombres comerciales a la vez, a sabiendas de que ninguna de ellas realizaba trabajo alguno para ello, sin otra finalidad que seguir obteniendo dinero de sus víctimas", sostiene el auto. Las sociedades eran Realsa España, Terra Mítica, Costa Temática, BC Reventas y Gestión o Bayo Pizo.

El Consejo Empresarial para la Competitividad (CEC), compuesto por 15 grandes compañías y el Instituto de Empresa Familiar (IEF), ha acordado este miércoles proceder al cese de su actividad al considerar que se han cumplido los objetivos para los que se creó dicha asociación hace seis años.

Según explica el CEC en un comunicado, los miembros de este think tank han celebrado este miércoles su última sesión, que ha servido para analizar las perspectivas económicas de España y hacer un balance positivo de los seis años de su actividad y su contribución, desde el terreno de las ideas, a la mejora de la imagen internacional del país y su recuperación económica.

"Seis años después y consolidada la recuperación económica podemos sentirnos satisfechos del trabajo realizado y de haber cumplido los objetivos que motivaron la creación del CEC", ha afirmado el expresidente de Telefónica y presidente de lobby, César Alierta, cuyo mandato concluía este mes de febrero.

Asimismo, ha agradecido la contribución de todas las empresas que componen el CEC, de su equipo directivo, especialmente de su director general, Fernando Casado, y la labor de los impulsores, con un recuerdo especial a Isidoro Álvarez, Emilio Botín, José Manuel Lara y Leopoldo Rodés.

El CEC, cuyas empresas suman una facturación conjunta equivalente al 35% del PIB español, se constituyó en febrero de 2011, en plena crisis, como un think tank para aportar propuestas que mejoraran la competitividad, ayudaran a la recuperación económica y fortalecieran la confianza internacional en España.

El Consejo Empresarial para la Competitividad (CEC) se reúne este martes para echar el cierre tras cinco años, una breve existencia para el órgano que nació como el superlobby de las mayores empresas españolas. En realidad, el CEC lleva ya un año con ventilación asistida, desde que suspendió la reunión prevista después de las elecciones del 20 de diciembre. La salida de su principal impulsor, César Alierta, de la presidencia de Telefónica, y la muerte de dos miembros destacados como Emilio Botín (Banco Santander) e Isidoro Álvarez (El Corte Inglés) han terminado por dejar sin fuelle el grupo de los 17 más poderosos empresarios de España.

Aunque no son éstas las únicas razones del declive de un consejo que se fotografió al completo tanto con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en los jardines de La Moncloa, como con el rey Juan Carlos, en toda una muestra de fortaleza. El CEC no era un lobby al uso. “Su objetivo no era defender intereses sectoriales, actuando en un área, cuanto más concreta más efectiva, como hacen Seopan [el lobby de las grandes contructoras] o la patronal bancaria, por ejemplo”, explica Manuel Villoria Mendieta. catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos y miembro de Transparency International. Por el contrario, “sus fines eran estrictamente políticos”, apunta Juan Hernández Vigueras, miembro de la asociación ATTAC y autor de Los lobbies financieros.

“El CEC nació para crear un clima de opinión, para influir en la política económicainfluir en la política económica”, precisa Iván Medina, profesor de la Universidad de Valencia y uno de los autores de Los grupos de interés en España junto al catedrático Joaquim María Molins, de la Universidad Autónoma de Barcelona. El Consejo Empresarial de la Competitividad no es un think tank –a pesar de que así se presenta en su página web– como sí puede definirse el Círculo de Empresarios, ni una patronal al uso como la CEOE. Sobre el germen del Instituto de Empresa Familiar (IEF), nacido en 1992 e integrado por un centenar de compañías líderes en sus respectivos sectores, el CEC apareció en un momento marcado por la recesión económica, las movilizaciones sociales, la amenaza del rescate europeo y la crisis de imagen de la CEOE, embarrada con el encarcelamiento de su expresidente, Gerardo Díaz Ferrán.

Además, “frente a la CEOE, que siempre ha desarrollado una política más pactista, el CEC quería ser el interlocutor válido de las grandes empresas en política económica”, destaca Iván Medina, “querían tener una voz concreta y diferente a la de la patronal”. De ahí surgió el informe España 2018, que planteaba cómo reducir la tasa de paro al 12% ese año, haciendo reformas institucionales, aumentando el tamaño de las empresas, adelantando la reforma de las pensiones, ampliando la flexibilidad laboral, recortando aún más el gasto público o privatizando empresas públicas. Se trata de uno de los seis informes elaborados por el CEC desde 2011.

Personalismo e intereses enfrentados

No es su única obra. También ayudaron al Gobierno a vender en el extranjero la imagen de una España triunfadora que se sobreponía a la mayor crisis económica de los últimos 40 años. “El Ejecutivo”, precisa Iván Medina, “utilizaba a los campeones nacionales para publicitar la Marca España, para que explicaran al mundo que España era competitiva”. España emprende y exporta o España, un país de oportunidades tituló el CEC sus informes de 2013. Acciona, ACS, Ferrovial, Mango, Inditex, Mercadona, Iberdrola, Grupo Planeta, BBVA, Santander, Repsol… ofrecían la cara de éxito de una economía que superó los 6,2 millones de parados en 2013.

Sin embargo, el lobby del ÍBEX pecaba de “personalista”, a juicio de Juan Hernández Vigueras. César Alierta fue su principal impulsor y su único presidente. Pese a que, en teoría, el cargo debía ser rotatorio cada dos años. Con el abandono del aragonés, en plena incertidumbre política por la falta de Gobierno, y el escaso interés que su sucesor, José María Álvarez-Pallete, o Ana Botín y Dimas Gimeno, la nueva generación al frente de Santander y El Corte Inglés, parecen mostrar por el CEC, el lobby estaba tocado.

Y si a un posible problema de perdurabilidad se le añade la que Hernández Vigueras considera una “contradicción interna insuperable”, los intereses contrapuestos de grandes bancos y grandes compañías, el CEC “no podía durar mucho”, opina. Tampoco ayuda a su supervivencia el hecho de que el lobby no sea un órgano “institucionalizado”, carente de estructura y personal como sí tiene la CEOE, coinciden Hernández Vigueras y Medina. “Su actividad se limitaba a reuniones de amiguetes poderosos”, resume el asesor de ATTAC.

Misión cumplida

Juan Hernández Vigueras recalca que el Consejo Español de la Competitividad nació “en una coyuntura determinada y se acaba cuando ya está encauzada la política económica que querían”. “Ya no es la época de discutir la política económica, sino de la negociación colectiva, por ejemplo… ¿qué espacio tiene ahora el CEC?”, se pregunta Iván Medina. El momento político actual, responde a continuación, no da pie a “necesitar a los campeones nacionales” y la CEOE ha recuperado parte de su “prestigio” desde que Juan Rosell introdujo en la patronal “cierta transparencia, menor dependencia de las subvenciones o más oferta de servicios a los empresarios”.

De forma que, cumplida su misión –“aportar propuestas que mejoren la competitividad, ayuden a la recuperación económica y fortalezcan la confianza internacional en España”–, queda en manos del Instituto de Empresa Familiar casi en exclusiva el papel de lobby de las más pujantes empresas nacionales. Allí también se sientan miembros del CEC como Inditex, Ferrovial, Mango, Acciona y Mercadona. No hay que olvidar que el Instituto figura como miembro del CEC con tres representantes –Osborne, Prensa Ibérica y Barceló–. Además, a diferencia del Consejo Empresarial para la Competitividad, el IEF sí tiene una estructura permanente, su propio gabinete de estudios e incluso una red de 37 cátedras, en las que 200 profesores universitarios forman a más de 2.000 alumnos al año.

No es que el modelo de la CEC sea un invento español. Existe en otros países, recuerda Iván Medina. En el Reino Unido es el Institute of Directors (IoD), y desde hace mucho tiempo: fue creado en 1903. Pero el profesor de la Universidad de Valencia también cree que las empresas españolas no tienen necesidad de representación adicional: patronales, cámaras de comercio, círculos de empresarios, foros empresariales, el Instituto de Empresa Familiar… “Todos ellos tienen sus propios gabinetes de estudios y mesas donde negocian con los sindicatos, son órganos suficientes”, concluye.

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha reclamado al banco Santander todas las transacciones realizadas con el HSBC de Suiza de los últimos diez años, según confirmaron fuentes de la investigación a infoLibre.

Por su parte, la entidad presidida por Ana Botín afirmó en un comunicado que ha atendido dicho requerimiento suministrando "todos los datos disponibles". El banco garantizó, además, que prestará "en todo momento" la colaboración requerida por las autoridades.

La actuación del magistrado se enmarca en el denominado caso Falciani, que se inició después de que el informático suizo desvelara en la conocida como Lista Falciani los nombres de 13.000 titulares de cuentas no declaradas en el HSBC suizo y por tanto presuntos evasores de varios países, entre ellos de España.

Prescripción del blanqueo

El motivo de que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional limite su petición al Santander a la última década se justifica porque el delito de blanqueo de capitales prescribe a los diez años.

Entre los guardias civiles que han acudido este viernes por la mañana a las oficinas del Santander en el municipio madrileño de Boadilla del Monte había agentes expertos en el volcado de datos informáticos, indicaron a Europa Press fuentes de la investigación. Los agentes abandonaron la sede de la ciudad financiera a las 16:30 horas del mismo viernes, según ha podido saber este periódico.

La investigación arrancó en junio de 2013 con una denuncia formulada por la Fiscalía Anticorrupción gracias a los datos suministrados por Hervé Falciani. La denuncia detallaba hechos presuntamente constitutivos de delitos contra la Hacienda Pública y de un delito continuado de blanqueo de capitales cometidos por residentes en territorio nacional.

Juzgados territoriales

Determinando caso por caso la competencia judicial, el juez De la Mata ha concluido que por las cuantías supuestamente defraudadas, la competencia debe ser la de los juzgados del lugar donde residían fiscalmente los investigados en el momento de la consumación de los delitos, que fue en junio de 2008. Las 40 piezas se reparten ahora entre todas las comunidades autónomas salvo Aragón, Extremadura, Galicia, Asturias y La Rioja.

Por eso, este mismo viernes el juez ha acordado levantar el secreto de sumario en relación a 40 personas o grupos familiares residentes en España que podrían haber cometido un delito fiscal, pero no blanqueo de capitales.

Sin embargo, el juez De la Mata mantiene secretas las actuaciones en relación al tronco principal de la investigación, es decir por las transacciones entre la entidad bancaria española y la del banco HSBC en Suiza, dónde se encuadra la petición de información de este viernes en la ciudad del Santander en Boadilla del Monte. En esta pieza principal se desconoce la identidad de los investigados.

La investigación en España sobre la lista Falciani comenzó hace más de tres años, cuando el antiguo empleado del HSBC inició su colaboración con la Fiscalía Anticorrupción. De los 130.000 evasores fiscales que integraban su ya célebre lista, en torno a 2.700 eran españoles. Sus cuentas sumaban más de 1.800 millones de euros.

En mayo de 2013, la Audiencia Nacional abortó el intento del HSBC para que Falciani fuese extraditado. Formulada oficialmente por Suiza, que pretendía encarcelarlo, fue rechazada por el tribunal.

Un mes antes, y en una vista donde el informático puso el acento en cómo las componendas entre los poderes públicos y financieros habían dado alas a las “escandalosas” actuaciones del banco, la fiscal del caso, Dolores Delgado, había lanzado una demoledora definición sobre el banco suizo: “El HSBC es un paraíso fiscal en sí mismo”.

Delgado hizo mención expresa a cómo esa entidad acababa de ser multada con casi 2.000 millones de dólares en EEUU por no impedir que su red bancaria fuese utilizada para blanquear dinero procedente del narcotráfico.  

En España, el desembarco del HSBC se ha producido de la mano del Santander, que actúa como su entidad corresponsal. Entre las operaciones más relevantes figura la anunciada en enero por el Grupo Prisa, que anunció  un acuerdo con algunos de sus principales acreedores para llevar a cabo una emisión de bonos convertibles en acciones por importe de 100 millones de euros y ampliable hasta 150 millones como máximo. "HSBC, Santander y CaixaBank  –informó el diario El País– han comunicado ya a la empresa su compromiso de suscribir la emisión".

La decisión del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz de investigar la renuncia en 1999 por parte de la asociación Ausbanc de la acusación contra el entonces presidente del Banco Santander, Emilio Botín, muestra que al menos dos de estas acusaciones desistieron en su intención de investigar al banquero cántabro por el caso de las cesiones de crédito.

Luis Pineda, presidente de Ausbanc y en la cárcel al igual que el secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad, por extorsión, entre otros delitos, fue el primero que renunció, en 1999, a ser acusación particular de Botín y otros directivos. El banquero fallecido y varios colaboradores del banco fueron procesados por la jueza de la Audiencia Nacional Teresa Palacios como autores de un delito continuado de falsedad en documento oficial, tres delitos continuados de falsedad en documento mercantil y otros 30 contra la Hacienda Pública.

Hacienda inspeccionó en 1991 el Banco Santander y otras entidades financieras al considerar que habían realizado operaciones opacas. En concreto, y según la prensa de la época, el Santander protagonizó 45.000 cesiones de crédito entre 1987 y 1991. En ellas captó unos 2.400 millones de euros, al mismo tiempo que provocó un agujero estimado a Hacienda de 48 millones de euros.

Declaración de un abogado

Esta primera renuncia, según ha adelantado El Confidencial, ha sido denunciada por uno de los abogados de Ausbanc en su declaración ante el juez Pedraz, que "dispone de indicios que apuntarían a que la falsa asociación de consumidores pudo cobrar del Banco Santander a cambio de retirarse como acusación en la causa de las cesiones de crédito".

La pista clave la ha ofrecido un antiguo abogado de Ausbanc y Manos Limpias que está colaborando con los investigadores para reconstruir el origen de la trama. El testimonio de este letrado es especialmente relevante, porque participó en el caso de las cesiones, un procedimiento por el que Botín, otros tres directivos del Santander y 28 clientes de la entidad fueron procesados por la comercialización incluso entre fallecidos de este producto financiero.

Pero la renuncia de Ausbanc en el caso de las cesiones de crédito no fue la única que ha favorecido los intereses de Emilio Botín. El 24 de septiembre de 2012 la Asociación para la Defensa de Inversores y Clientes (ADIC), vinculada al empresario Rafael Pérez-Escolar, que formó parte del equipo del banquero Mario Conde en Banesto, y que desde un principio mantuvo un enfrentamiento con Botín, presentó un escrito desistiendo de su recurso de amparo en el Tribunal Constitucional. Esto provocó que el caso se archivara de forma definitiva.

José Luis Mazón

El abogado murciano José Luis Mazón consideró que Luis Pérez-Escolar Hernando, hijo del anterior responsable de la asociación ADIC, había traicionado a su padre, por lo que interpuso una denuncia contra la decisión de abandonar la acusación contra Botín y sus directivos.

Pero el titular del Juzgado de Instrucción número 48 de Madrid archivó en abril de 2015 la denuncia interpuesta por el abogado José Luis Mazón contra el notario Luis Pérez-Escolar Hernando, que el 24 de septiembre de 2012 renunció al recurso de amparo que había presentado la asociación Asociación para la Defensa de Inversores y Clientes (ADIC) contra la decisión de archivar el caso de las cesiones de créditos, dirigida contra el entonces presidente del Banco Santander, Emilio Botín.

La denuncia se presentó por un delito de corrupción entre particulares, y en la misma el abogado Mazón relataba que el denunciado y su padre, Rafael Pérez-Escolar, eran los directores oficiales de la asociación, y que el denunciado "vendió" a Emilio Botín, presidente del Banco de Santander , el recurso de amparo en el caso de las cesiones de crédito. El letrado murciano aseguró que, como contraprestación, recibió distintos préstamos "sin obligación de devolver".

No tenían vínculos con ADIC

El juez basó su sentencia, a la que ha tenido acceso infoLibre y adelantó el diario murciano Vega Media Press, en que ni el denunciado ni su padre, que había fallecido, tenían ninguna vinculación con la asociación ADIC. Pese a ello, todos los medios de comunicación asociaban a ADIC con el padre del querellado.

El recurrente era la Asociación para la Defensa de Inversores y Clientes (ADIC), vinculada al fallecido Rafael Pérez Escolar, consejero de Banesto en la época en la que lo presidía Mario Conde. La Asociación fue disuelta el año pasado.

Uno de los abogados de ADIC, en concreto Antonio Panea Yeste, siempre según la sentencia a la que ha tenido acceso infoLibre, ratificó que los Pérez-Escolar, tanto el fallecido padre como el hijo “nunca fueron miembros de ADIC, ni tuvieron participación en las mismas, ni hicieron aportaciones económicas de ningún tipo”.

Pero la sentencia incluye un párrafo de vital importancia para el abogado denunciante, José Luis Mazón: “El documento número 5 aportado en el escrito del letrado del denunciado de 12 de diciembre de 2014 recoge extractos de la cuenta de la sociedad Sagasta 2012 SL cuya titularidad corresponde a Luis Pérez-Escolar Hernando, que acredita el pago mensual de los préstamos concedidos a éste y a su hermano por importe de 15 millones de euros”.

De esta forma, el juez decretó el sobreseimiento libre de la denuncia interpuesta por Mazón “al no haber indicios de haberse perpetrado el delito que motivó la formación de la presente causa”.

Pero además, y según ha publicado el diario digital Vozpópuli, Botín ofreció a Iniciativa per Catalunya, que también formó parte de la acusación popular contra Botín: "Así, de golpe, me ofreció 100 millones de pesetas para empezar, más los gastos profesionales derivados del proceso si seguía los mismos pasos que Luis Pineda. Yo lo rechacé y le dije que este asunto lo llevaban nuestros abogados. Recuerdo que se pusieron en contacto con los del banco, pero, como es lógico, no aceptamos la misma oferta que Ausbanc sí admitió”, confirma Joan Saura al diario.

El Banco Santander anunció este jueves una reestructuración de su red de sucursales en España y de sus servicios centrales que conllevará el cierre de hasta 450 oficinas a lo largo del año y la previsión de reducción del personal de la entidad.

El banco presidido por Ana Botín se reunió este jueves con los sindicatos para presentarles un plan que prevé el cierre de hasta 450 oficinas y sucursales en todo el territorio nacional a lo largo del año y que conllevará además "un ajuste" de plantilla que la entidad todavía no estimó, indicaron a Europa Press fuentes del Santander.

Las mismas fuentes explicaron que las sucursales afectadas son oficinas de pequeño tamaño, con menos de tres empleados, y subrayaron que estas medidas no supondrán la desaparición del Banco Santander en ninguno de los más de 2.000 municipios en los que tiene presencia actualmente.

El plan inicial del Banco Santander pasa por integrar a los empleados afectados por el cierre de oficinas en otras sucursales de mayor tamaño y resolver con prejubilaciones el futuro de los trabajadores que no puedan ser recolocados mediante este sistema de traslados.

El fuerte incremento de los costes regulatorios, apuntaron fuentes de la negociación, es una de las causas de este plan de transformación que pretende desarrollar un nuevo concepto de sucursal con la adaptación de 350 oficinas durante 2016.

En cuanto al centro corporativo, estas mismas fuentes señalan la intención de mejorar su eficiencia con la digitalización de procesos, la reordenación de funciones para evitar duplicidades y la optimización de costes.

Desde los sindicatos se subrayó que la entidad les convocó a una reunión que mantendrán el próximo miércoles, día 6 de abril, para facilitarles información sobre el número de trabajadores afectados por esta medida. CCOO incidió, en cualquier caso, su voluntad para garantizar que cualquier proceso se lleve a cabo con medidas voluntarias y no traumáticas.

Además de estas medidas, el Banco Santander trasladó su intención de emprender un proceso de reordenacion de los servicios centrales corporativos, servicios centrales corporativos, ubicados en Boadilla del Monte (Madrid), con eliminación de las funciones que no aportan valor añadido.

¿En qué se asemejan Rodrigo Rato, Jordi Pujol, el fallecido Emilio Botín y hasta el rey emérito Juan Carlos I? Pues en que todos ellos han asegurado haber recibido de sus progenitores importantes cantidades de dinero en Suiza u otros paraísos fiscales que habrían permanecido ocultos a la Hacienda española durante décadas.

El exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato o el expresident catalán Jordi Pujol permanecen imputados en relación al descubrimiento de Hacienda, mientras que el president en funciones catalán, Artur Mas, ni está ni ha estado imputado tras conocerse en 2008 que sus padres habían dispuesto de fondos opacos en Liechtenstein.

Por su parte, el difunto padre de la actual presidenta del Santander, Ana Patricia Botín, vio cómo su caso y el de sus hermanos se archivaba tras ser avisados por Hacienda de que habían detectado que la familia disponía de importantes cantidades de dinero en Suiza que no habían tributado en España.

Declarados voluntariamente

El último en apuntarse al carro del origen filial de su dinero para justificar la existencia de los fondos opacos al fisco ha sido el expresidente del Gobierno y ex director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) Rodrigo Rato, quien en declaraciones realizadas a la Agencia Efe aseguró que todos los bienes de los que dispone en el extranjero tienen un origen familiar y que fueron declarados "voluntariamente" a Hacienda.

El exvicepresidente defendió su cumplimiento con la Hacienda Pública en cada una de las cuestiones requeridas. Así, en el caso concreto de los bienes en el extranjero, recalcó que todos ellos "tienen origen familiar" y fueron declarados "conforme a los criterios del propio Ministerio de Hacienda". Además, añadió que no dispone ni ha dispuesto anteriormente de otros bienes en el extranjero "no declarados".

Pero está claro que esta forma de defensa, independientemente de la credibilidad que se le dé, pone el foco en las familias de los dirigentes políticos y del banquero, que de esta forma serían los auténticos artífices, siempre según esta versión, de enviar a Suiza importantes cantidades de dinero que no han tributado en España.

infoLibre analiza, caso a caso, los polémicos "orígenes familiares" de las fortunas de los Rato, Pujol, Mas y Botín:

El patriarca de los Rato, condenado

Ramón Rato y Rodríguez San Pedro, padre del exvicepresidente del Gobierno, fue descendiente de Faustino Rodríguez-San Pedro Díaz-Argüelles, un político asturiano que llegó a ser ministro y alcalde de Madrid durante el reinado de Alfonso XIII. Su primer apellido da nombre a una conocida calle madrileña, en el barrio de Moncloa. Y por parte de madre, Rato es descendiente de una conocida familia asturiana: los Figaredo, relacionados con la minería.

Los periodistas Javier Cuartas (La Nueva España) y Ramón Tijeras, este último profesor de la Universidad Rey Juan Carlos, han trazado en diferentes publicaciones las andanzas de los Rato. El patriarca, Rodrigo Rato y Rodríguez San Pedro, fue encarcelado en 1966, en pleno tardofranquismo, por vaciar las entidades financieras Banco Murciano, Banco Medina y Banco de Siero, dejando a cientos de ahorradores desamparados.

Años después, Rato formaría parte de un episodio hasta cierto punto similar: la venta de preferentes a miles de ahorradores, que acabaron perdiendo gran parte de sus ahorros. En su libro Los Rato, el profesor Ramón Tijeras aporta datos concretos fruto de su investigación, que explica el motivo por el que el patriarca de los Rato, que falleció en 1998, acabó en prisión junto a su hijo, Ramón, hermano mayor de Rodrigo. (Uno de los relatos más detallados de las andanzas del patriarca de los Rato y sus herederos es el titulado Vendedor de burbujas, publicado por Alexánder Sequén-Mónchez en tintaLibre, donde se desmonta también alguna leyenda urbana).

Como consecuencia de esta causa, el Juzgado Especial de Delitos Monetarios condenó a tres años de cárcel y 176 millones de pesetas de multa al patriarca, y a dos años y 44 millones a Ramón. La Policía descubrió que a través de este banco se extrajeron un total de 70 millones de pesetas que fueron depositados en otras entidades suizas. Ramón Rato acabó siendo indultado por el régimen franquista. En su trayectoria posterior, este empresario creó el grupo de comunicación Rato, que acabó vendiendo casi todas sus emisoras a Onda Cero.

Según distintas informaciones, Rodrigo Rato consiguió en su etapa de vicepresidente que el Banco Argentaria le perdonara importantes deudas familiares. Además, según los correos de Blesa, el propio Rato se puso en contacto con el entonces presidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, para negociar la publicidad en sus radios.

Rodrigo Rato, que aprovechó la relación de Manuel Fraga, entonces presidente de Alianza Popular, con su padre para lanzarse a la política, acabó siendo vicepresidente del Gobierno bajo la presidencia de José María Aznar. Pero sobre todo fue nombrado director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), un puesto con rango de jefe de Estado. Su salida de este cargo marcó su decadencia, con cobros sospechosos desde la empresa Lazard, dirigida en España por su amigo y socio Jaime Castellanos.

Rato está imputado en la pieza principal del caso Bankia, de las tarjetas black y en el abierto sobre su patrimoniocaso Bankiatarjetas black personal denominado caso Rato. Este político del PP, que aparece también en los papales de Bárcenas como uno de los presuntos perceptores de la caja B controlada por Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta, también ha sido llamado a declarar como testigo en el caso Urdangarin.

La familia Pujol

Jordi Pujol i Soley, expresidente catalán que tenía muy en gala su cargo de molt honorable, conmocionó en julio de 2014 a la sociedad catalana y española en general al reconocer que durante toda su etapa el frente Generalitat había mantenido en Andorra fondos opacos por los que no había tributado en España. Y al igual que Rato, aludió a la herencia familiar para justificar que tuviera durante varias décadas este dinero, cuando en Cataluña aseguraba luchar contra el fraude fiscal.

"Mi padre Florenci Pujol i Brugat, dispuso como última voluntad específica que un dinero ubicado en el extranjero -diferente del comprendido en su testamento-, rendimiento de una actividad económica de la que ya se ha escrito y comentado, y que no estaban regularizados en el momento de su muerte en septiembre de 1980, fueran destinados a mis siete hijos y a mi esposa, porque él consideraba errónea y de incierto futuro mi opción por la política en lugar de seguir en el mundo de la actividad económica. Y más aún, porque habiendo vivido de cerca la época difícil de los años 30 y 40 tenía miedo de lo que podía pasar, y más de lo que podía pasarle a un político muy comprometido", aseguró Pujol, en un comunicado difundido a los medios de comunicación.

De esta forma, Pujol trataba de adelantarse a la investigación realizada sobre sus hijos, casi todos imputados en las diferentes causas abiertas. De hecho, según ha trascendido a los medios de comunicación, varios hijos regularizaron parte de los cuatro millones opacos heredados gracias a la amnistía fiscal acordada por el actual Gobierno del PP.

El comunicado de Pujol aporta más información, en la que trata de justificar los motivos por los que no regularizó ese dinero: "Lamentablemente no se encontró nunca el momento adecuado para regularizar esta herencia, como sí han podido hacer el resto de personas que se encontraban en una situación similar en tres ocasiones excepcionales a lo largo de treinta años de vigencia del actual sistema tributario. Finalmente ha sido en estos últimos días que los miembros de mi familia han regularizado esta herencia, con las consecuencias del nuevo marco legal aprobado para incentivar la última regularización excepcional de noviembre de 2012 y para penalizar extremadamente las regularizaciones posteriores", explica el comunicado de Pujol, en el que asegura ser el único responsable de las cuentas opacas de sus hijos.

En 1959, Florenci Pujol compró la Banca Dorca de Olot, futuro embrión de Banca Catalana, un proyecto fundado por él junto a su hijo Jordi y Francesc Cabana, donde trabajaría después. Al igual que ocurrió con el patriarca de los Rato, el de los Pujol fue condenado durante el franquismo. Fue en concreto en 1959 cuando Florenci Pujol fue condenado precisamente por evasión de capitales a Suiza.

La gestión de Banca Catalana fue calamitosa y culminó en una sonora quiebra de la entidad a principios de los años 80.  Necesitó 300.000 millones de pesetas de dinero público para evitar su desaparición. La gestión del propio expresident Pujol estuvo marcada por la polémica, y las investigaciones de la Fiscalía fueron finalmente archivadas en una decisión de carácter eminentemente político.

Los Botín, avisados por la Hacienda de Zapatero

Emilio Botín-Sanz de Sautuola y García de los Ríos nació el 1 de octubre de 1934, cuatro días antes de que estallara en Asturias la denominada Revolución de Octubre, que se extendió a otras partes de España. Y ese mismo 1 de octubre de 1934 su padre, Emilio Botín-Sanz de Sautuola y López, fue nombrado, al igual que lo había sido el abuelo de la saga, director general del Banco de Santander. 

Con el paso de los años, el hijo pasó a encabezar el banco, al mismo tiempo que su hermano Jaime Botín se aupaba al frente de Bankinter. En mayo de 2011 una docena de integrantes de la familia Botín recibió diversas comunicaciones de Hacienda, en las que se les informaba de que se habían detectado importantes movimientos de fondos en Suiza, por los que no habían tributado. La información provenía de la denominada lista Falciani, el exempleado del HSBClista Falciani que informó a la Fiscalía francesa de la identidad de centenares de defraudadores de todo el mundo.

Con esta comunicación, la Agencia Tributaria consiguió que los Botín abonaran más de 200 millones de euros al fisco español, aunque cercenó la posibilidad de que la justicia les acusara de delitos contra la Hacienda Pública. Además, los Botín consiguieron que la investigación iniciada en la Audiencia Nacional se archivara, acuñando la denominada doctrina Botín, que consiste en el archivo de las causas en las que solo hay una acusación y la Fiscalía no ve delito.

El secretario de Estado en aquella época, el socialista José Manuel Campa, acabó siendo fichado por el Santanderfichado en abril de 2014 como director del área de relaciones con inversores y analistas del banco regentado por la familia Botín.

El dinero del padre de Mas, en Liechtenstein

"Yo no quiero decir que no conocía que mi padre tenía esta situación a finales de los 80, pero nunca he recibido nada, y nunca he tenido cuentas fuera. Conocí esos recursos de mi padre a finales de los 80 o principios de los 90. A partir de ese momento, nunca pregunté nada. No me afectaba a mí, no eran recursos míos, ni nada que tuviera que ver con ningún partido. Nunca supe cómo eran las declaraciones de la renta de mis padres". Así reconoció el president en funciones de la Generalitat catalana Artur Mas que sabía desde hacía varias décadas que su padre, Artur Mas Barnet, dispuso de hasta 2,3 millones de euros en Liechtenstein y Suiza.

Mas, que no fue objeto de ninguna investigación judicial por este tema, hizo estas declaraciones en una comisión de investigación del Parlament sobre fraude fiscal, en la que los partidos de la oposición le preguntaron de forma directa sobre las cuentas del patriarca de los Mas, que regularizó en 2008 estos fondos.  En este sentido, el president en funciones explicó que su padre tuvo una causa judicial abierta por este tema, pero que acabó archivada. 

Las cuentas durmientes

Los citados políticos y los Botín no han sido, ni mucho menos, los únicos dirigentes españoles que han mantenido durante décadas cuentas en Suiza. En 1997, la Asociación de Banqueros Suizos (ABS) destapó un escándalo que tocaba al menos a una de las personas clave en el régimen del dictador Francisco Franco.

Los bancos suizos alertaron a las autoridades españolas de que 69 españoles eran titulares de cuentas corrientes que llevaban años sin realizar movimientos. Esta fue la razón por la que estas cuentas pasaron a ser conocidas como durmientes, en una investigación del diario El País firmada por José María Irujo.

En concreto, los bancos suizos, tal y como indica una información del diario de Prisa publicada el 7 de agosto de 1997, identificaron entre los españoles titulares de estas cuentas a Ramona Polo Martínez-Valdés, cuñada del general Franco. Al igual que los otros 68 españoles, la hermana de Carmen Polo abrió a su nombre una cuenta bancaria en Suiza antes de 1945, según la ABS.

Ramona Polo Martínez-Valdés aparecía como titular de una de las 1.756 cuentas cuyos herederos trataban de ser localizados para verificar si correspondían a las de los judíos que depositaron su fortuna en bancos helvéticos cuando huían de los nazis.

Su esposo, Ramón Serrano Súñer, ex ministro de Exteriores de Franco y que mantenía simpatías filonazis , y sus seis hijos -Fernando, Francisco, Jaime, José, Pilar y Ramón Serrano Súñer y Polo- figuraban también en la citada lista como apoderados de otras siete cuentas corrientes.

Serrano Súñer, que en esa época tenía 96 años, reconoció que abrió su cuenta y las de sus seis hijos para pagar los gastos de los colegios de estos últimos en Suiza, al tiempo que negó ser apoderado de nadie, y añadió que en su cuenta ingresaba también los beneficios de la sociedad Radio Transeuropea, de la que dijo ser accionista.

Pero la cuenta corriente suiza que más ha trascendido, sin duda, fue la heredada por el rey Juan Carlos I de su padre, Juan de Borbón, cuya existencia fue desvelada por El Mundo. Durante 1993, 1994 y 1995, según la Casa del Rey, Juan Carlos de Borbón tuvo una cuenta con fondos a su nombre en Suiza. En total, el padre del anterior monarca legó a sus tres hijos unos 6,6 millones de euros, incluyendo ahí el valor de los inmuebles. La Casa Real nunca ha llegado a aclarar si el anterior rey tributó o no por su herencia suiza.

Los Carceller en la Audiencia Nacional

Capítulo aparte merece también el empresario Demetrio Carceller Arce, propietario del grupo alimentario Damm. Nieto de Demetrio Carceller Segura, también ministro franquista a quien el historiador Josep Fontana le atribuye ser "el iniciador de la corrupción a gran escala" del franquismo. Al igual que Serrano Súñer, el primero de los millonarios de los Carceller mantuvo importantes nexos con el régimen nazi de Adolf Hitler.

Demetrio Carceller Coll, hijo de Carceller Segura, ha acabado acusado en la Audiencia Nacional de eludir el pago de impuestos en España. Además Carceller Coll, según el juez Pablo Ruz, simuló vivir en Lisboa para pagar menos impuestos en España.

Los Carceller integran junto con los Botín el colectivo de sagas familiares presentes en las cúpulas empresariales del Ibex 35, en las que también se puede incluir a los March, Entrecanales, Del Pino, Villar Mir o Koplowitz, supervivientes de un exitoso proceso de acumulación de fondos iniciado en el franquismo o incluso antes. También fue el caso de los Ruiz Mateos (Rumasa y Nueva Rumasa), Ybarra (descabalgado del BBVA), Banús, Meliá o Barreiros.

Si hay una familia de banqueros conocida en España, esa es la familia Botín. Fundadores de Bankinter y vinculados históricamente al Santander, están a punto de alcanzar la barrera de un siglo al frente del grupo de origen cántabro. Desde que en 1920 Emilio Botín y López –bisabuelo de la actual presidenta, Ana Patricia Botín– fuera nombrado primer presidente de la entidad, cuatro generaciones de Botín han pasado por el que hoy es primer banco de la eurozona por capitalización bursátil.

Para el gran público los Botín se hicieron especialmente conocidos en la etapa del tercero de los emilios, Emilio Botín, fallecido el pasado septiembre. Presidente del Santander entre 1986 y 2014, era un habitual de la prensa que no tenía reparos en fotografiarse con políticos, deportistas o empresarios. De Aznar a Zapatero, de Fernando Alonso a Pelé, de Juan Carlos I y Felipe VI a Dilma Rousseff, el catálogo de instantáneas es casi interminable.

Mucho más desapercibidos suelen pasar los problemas que han tenido diversos miembros del clan Botín con las leyes: la imputación por el hallazgo de su millonaria fortuna en Suiza, la multa a Jaime Botín por ocultar participaciones de Bankinter durante más de una década o el indulto de un Gobierno en funciones al número dos del Santander son sólo algunos ejemplos.

El último capítulo de esta saga es el hallazgo en Córcega de un Picasso, propiedad de Jaime Botín, cuya salida de España estaba prohibida por el Ministerio de Cultura y la Audiencia Nacional. La Fiscalía ha abierto un expediente gubernativo para determinar si hubo o no delito en ese traslado, pero ha evitado llamar "diligencias penales" a dicha investigación.

En todos los episodios anteriores del clan de banqueros frente a la ley hay un elemento que se repite: los Botín sortearon siempre con éxito cualquier posible consecuencia penal de sus actos. La responsabilidad la solventaron con el pago de multas más o menos importantes o gracias a la actuación de las autoridades.

1. Las cuentas millonarias de la familia en Suiza

Más de 200 millones de euros en declaraciones complementarias tuvo que pagar la familia Botín al completo por regularizar su multimillonario patrimonio acumulado en Suiza. En el caso, que investigó la Audiencia Nacional, doce miembros de la estirpe de banqueros –Emilio Botín, su hermano Jaime, cinco hijos del primero y otros tantos del segundo– fueron acusados de no presentar las liquidaciones del IPRF entre 2005 y 2009. El asunto se destapó cuando Hervé Falciani entregó la lista de clientes del HSBC a autoridades fiscales francesas y estas informaran a la Agencia Tributaria de los fondos de los Botín en Suiza.

¿Qué hizo entonces el fisco español? Avisó a los Botín de esa circunstancia y les pidió que regularizan la situación presentando las citadas complementarias correspondientes a "trust, fundaciones y otras figuras fiduciarias" de las que eran titulares. Aunque la Fiscalía Anticorrupción denunció los hechos, lo hizo desde el primer momento con el compromiso expreso de que, si las regularizaciones se hacían de forma "completa y veraz", archivaría las actuaciones.

Así sucedió: en mayo de 2011, Hacienda informó a la Fiscalía de la existencia de indicios de delito. Un mes después, el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu admitió a trámite la querella de Anticorrupción contra los Botín por presuntos delitos contra la Hacienda Pública y de falsedad documental. Apenas un año más tarde, en mayo de 2012, el propio Andreu archivó la querella al considerar que la regularización de los Botín era "correcta" y que se realizó antes de que la Agencia Tributaria comenzara a investigar a la familia.

2. el indulto a la mano derecha de Emilio Botín

Más sonado fue el indulto de Alfredo Sáenz, consejero delegado del Banco Santander y mano derecha del entonces presidente Emilio Botín. Se lo concedió el 25 de noviembre de 2011 el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, cuando estaba ya en funciones, con Franciso Caamaño al frente del Ministerio de Justicia y a apenas 20 días del último Consejo de Ministros de ese Ejecutivo. La decisión fue polémica, entre otras cosas, porque el perdón gubernativo se otorgó en contra del criterio del Tribunal Supremo.

El indulto anuló una condena de ese mismo tribunal a tres meses de prisión e inhabilitación para ejercer funciones en banca. El origen de la causa se remonta a 1994 cuando Sáenz, que presidía entonces Banesto, presentó una querella criminal por estafa y alzamiento de bienes –"a sabiendas de su falsedad" según el Alto Tribunal–. Lo hizo contra cuatro empresarios a los que reclamaba 3,6 millones de euros y que ingresaron en prisión de forma preventiva. Después el proceso se archivó y los afectados se querellaron contra Sáenz por denuncia falsa. Y ganaron: en 2009 la Audiencia Provincial de Barcelona condenó al banquero a medio año de cárcel e inhabilitación, pena que dos años después del Supremo rebajó a la mitad.

El fallo, en cualquier caso, forzaba al vicepresidente y consejero delegado del Santander –y hombre de confianza de Emilio Botín– a abandonar el cargo que ocupaba en la entidad. El indulto, por contra, le permitió continuar en el Santander. La decisión del Gobierno socialista contó con el apoyo de la Fiscalía, pero se adoptó con el rechazo frontal del tribunal que había impuesto la condena al financiero. 

Los magistrados de la Sala de lo Penal afirmaron que no concurrían razones de "justicia o equidad" para el indulto, ni tampoco cuestiones de "conveniencia pública" para otorgar la medida de gracia. También rechazaron otro de los argumentos que Sáenz incluyó en su petición de perdón: que su abandono del cargo podría poner en riesgo la "estabilidad" del sistema financiero español. Pese a todo, el indulto se concedió. "Se entendió que era razonable y punto", afirmó Zapatero.

En febrero de 2013, el Supremo estimó que el Ejecutivo del PSOE se extralimitó en sus funciones al afirmar que gracias al indulto a Sáenz no le afectaba ningún "impedimiento" para ejercer la actividad bancaria y anuló el indulto de forma parcial. El Alto Tribunal estableció que, aunque el Gobierno podía eliminar la parte de la condena referida al arresto de tres meses, no tenía la capacidad de evitar la inhabilitación, por lo que devolvió al Banco de España la decisión de si Sáenz debe ser o no inhabilitado.

Esa decisión nunca llegó. El Banco de España mantuvo el silencio hasta que, en abril de 2013, Sáenz anunció su salida "voluntaria" del Santander. Con esa operación, cobró la segunda mayor pensión de la historia de España hasta la fecha: 88,5 millones de euros, y los cobró de una sola vez, según figura en el informe de retribuciones de la entidad.

3. Una multa que se desvanece por la lentitud de economía y la cnmv

Otro episodio de largo recorrido y sin consecuencias, al menos por ahora, es el que afecta a Jaime Botín, expresidente de Bankinter y su principal accionista a través de una sociedad que atesora el 23% de las participaciones de la entidad. Sin embargo, hasta 2010, Botín se reconocía como dueño únicamente del 16,3%. La diferencia entre ambas cifras se correspondía con los títulos que el hermano del entonces presidente del Santander tenía ocultos en cuentas suizas y resulta clave porque implicaba que Botín tenía poder para controlar la entidad. La ocultación se prolongó durante más de una década, hasta que fue descubierta gracias también a la lista Falciani.

La CNMV calificó estos hechos de "infracción muy grave" y propuso al Ministerio de Economía que le impusiera una sanción de 500.000 euros –el máximo es de 600.000 en estos casos–, tal como finalmente ocurrió. Sin embargo, la multa fue anulada en diciembre de 2014 por la Audiencia Nacional a instancia de un recurso del banquero, al entender que se había superado el plazo legal máximo de 18 meses. Según el fallo, desde que comenzó la investigación hasta que se impuso la multa transcurrieron 1 año, 11 meses y 1 día, por lo que "aun por poco", el expediente sancionador estaba "caducado" cuando se resolvió.

Un día después de esa resolución judicial, la CNMV anunció que podría abrir un nuevo expediente sancionador contra Botín porque los hechos no han prescrito. La pasada semana, informó Expansión, el secretario de Estado de Economía firmó la sanción propuesta por el supervisor, que es de nuevo de 500.000 euros. La multa ya ha sido comunicada a Botín, quien previsiblemente recurrirá. Además, y al igual que ocurrió en el primer caso, una fundación que tiene al propio banquero como único beneficiario ha sido igualmente sancionada al pago de 200.000 euros por este expediente.

4. Un Picasso inexportable a la deriva

Un nuevo conflicto entre los Botín y la ley se desató el pasado 31 de julio, cuando agentes de la Aduana francesa abordaron el velero Adix, de 67 metros de eslora y propiedad de una sociedad radicada en la isla británica de Guernsey –considerada por España paraíso fiscal hasta el año pasado–. A bordo encontraron al capitán del barco, al actual vicepresidente ejecutivo de Bankinter, Alfonso Botín, y descubrieron un Picasso valorado en más de 26 millones de euros: Cabeza de mujer joven, propiedad de Jaime Botín, padre de Alfonso y hermano del fallecido Emilio.

Sobre el lienzo pesan dos órdenes que prohiben de forma expresa su salida de España: la primera data de 2012 y fue emitida por el Ministerio de Cultura. Ante un primer intento de Jaime Botín de trasladar la obra de España a Londres con la intermediación de la casa de subastas Christie's, la Administración la declaró "inexportable" por su gran valor. Botín recurrió y, ya en mayo de 2015, la Audiencia Nacional ratificó la prohibición y negó al banquero la posibilidad de exportar la pintura. Botín ha recurrido ese fallo en casación al Supremo, que por ahora no ha rectificado la decisión de la Audiencia.

Pese a esa doble prohibición, lo cierto es que el cuadro estaba muy lejos de territorio español. Además, de acuerdo con la información proporcionada por las autoridades galas, Jaime Botín tenía previsto embarcar días después en el Adix y el destino final de la pintura era Suiza. Aunque por ahora no se han iniciado diligencias penales contra el banquero, la Fiscalía ha abierto un expediente para determinar si se cometió algún delito. La Ley de Contrabando establece que exportar pinturas de este tipo sin autorización puede acarrear penas de prisión menor y multas millonarias.

La defensa de Botín sostiene, en cambio, que el cuadro siempre ha tenido "su domicilio permanente" en el extranjero, por lo que "no ha podido ser exportado ni licita ni ilícitamente". Los abogados del banquero añaden, en un comunicado remitido a este diario, que "la declaración de inexportabilidad provisionalmente dictada por el Ministerio carece de objeto" y que "la sentencia de la Audiencia Nacional (...) no es firme, ya que está recurrida en casación ante el Tribunal Supremo".

El exvicepresidente del Gobierno y exministro de Economía y Hacienda Rodrigo Rato comunicó este martes a Telefónica que presenta "temporalmente" su renuncia como miembro de dos consejos asesores de la multinacional para Latinoamérica y España, que ocupaba desde primeros de 2013, informaron a Europa Press fuentes conocedoras de la decisión.

La Comisión de Nombramientos de Telefónica nombró en enero de 2013 al también ex director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) y expresidente de Bankia como consejero asesor de Telefónica Latinoamérica y Telefónica Europa, cargos por los que percibía unos ingresos conjuntos de 200.000 euros anuales.

La compañía señaló entonces que, por su experiencia y trayectoria, el nombramiento reforzaba la visión global de Telefónica, presente en 25 países. Con la reorganización que la multinacional llevó a cabo en febrero de 2014 para simplificar su estructura desapareció la división para Europa y se reubicó a Rato en el consejo asesor para España.

La decisión de Rato se produce días después de que se conociera que se acogió a la amnistía fiscal aprobada por el actual Gobierno y del inicio de una investigación por supuestos delitos fiscales, de blanqueo y alzamiento de bienes.

En este sentido, la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, firmó un decreto el lunes en el que otorgaba a Anticorrupción la investigación iniciada en los juzgados de Madrid contra Rato. Se prevé que hoy o mañana la Fiscalía Anticorrupción recurra el auto del Juzgado de instrucción número 31 de Madrid, que se ha inhibido en el caso de la investigación al exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato en favor de la Audiencia Nacional.

Otros consejos

Rato perdió su puesto también en el consejo asesor internacional de Banco Santander en noviembre de 2014, cuando la entidad, ya con Ana Botín al frente, decidió disolver este órgano. El 17 de septiembre de 2013, el entonces presidente de la entidad, Emilio Botín, reincorporó a Rodrigo Rato como miembro del órgano, en el que el exvicepresidente del Gobierno había estado presente desde 2008 hasta que fuera designado para dirigir Bankia.

Un mes antes de perder su puesto en el Santander, el exministro de Economía y expresidente de Bankia dimitió como consejero de Servihabitat "por motivos personales". Rato había firmado como consejero de Servihabitat en marzo de 2014. Posteriormente, Rato se incorporó a la división de crédito del fondo Texas Pacific Group, socio de la inmobiliaria Servihabitat, donde permaneció unos meses.

El cuñado del rey Felipe VI, Iñaki Urdangarin, que era miembro del consejo de Telefónica Internacional, abandonó también su puesto por decisión propia para evitar cualquier "incidencia negativa" para el grupo el procedimiento judicial abierto por el caso Nóos.

Durante los ocho años de Gobierno de José María Aznar, de 1996 a 2004, Rato ocupó los cargos de ministro de Economía y Hacienda y vicepresidente del Gobierno. Durante este periodo el nuevo Ejecutivo continuó la oleada de privatizaciones iniciada en la etapa socialista. Algunas de las empresas más importantes que pasaron a formar parte del mercado privado fueron Endesa, Tabacalera (ahora en Altadis), Repsol, Telefónica, Argentaria o Gas Natural.

Fue hace dos años y empleó el plural. Hervé Falciani, exempleado del Hong Kong and Shangai Banking Corporation (HSBC) que ha puesto en la picota a 106.000 clientes de la entidad con cuentas opacas por valor de 78.000 millones de euros, concedió en 2010 una entrevista a Der Spiegelpara advertir sobre la forma en que los bancos (plural) captan capitales. "Los bancos como HSBC", explicó Falciani, "han creado un sistema para favorecer a los ricos a costa de la sociedad, ayudando en la evasión de impuestos y lavado de dinero".

La lista aportada por Falciani a las autoridades de varios países, entre ellos España, no sólo descubre la hipocresía –y probablemente los delitos fiscales– de dueños de grandes fortunas, sino los reclamos que ofrecen bancos como el HSBC para gestionar esas fortunas y obtener beneficios.

En EEUU, esa forma de atraer clientes y capitales ha costado multas cuantiosas al HSBC, Credit Suisse, UBS y Wegelin & Co, entre otros. En España no ha habido investigación. En 2010, cuando la lista Falciani llegó a España vía Francia, las autoridades optaron por apretar a los que figuraban en ella para recaudar lo más posible, pero no se abrió investigación sobre el HSBC.

Las últimas revelaciones del consorcio internacional de periodistas de investigación estiman que los españoles de la lista Falciani tenían 1.800 millones de euros en cuentas opacas suizas entre los años 2006 y 2007.

Invitaciones a clientes

"Invitan a sus clientes a eventos deportivos y culturales, donde se reúnen los intermediarios que explican cómo conseguir trasladar dinero a Suiza sin tener que transportar físicamente el dinero al otro lado de la frontera" explicaba Falciani en Der Sipegel. Los bancos, añadía, ofrecen en ocasiones –HSBC lo hizo– empresas pantalla para eludir el depósito del dinero en cuentas de la entidad.

Es así como el difunto banquero Emilio Botín y su familia utilizaron un entramado de sociedades opacas en Panamá y las Islas Vírgenes con testaferros para esconder quién estaba detrás de los 2.000 millones depositados en sus cuentas, según informó El Confidencial, el medio que junto a La Sexta forma parte del International Consortium of Investigative Journalists.

La familia Botín, como otros centenares de españoles descubiertos en la lista Falciani, regularizó su situación aprovechando la oferta que hizo el Gobierno de Rodríguez Zapatero tras ser detectados: presentar declaraciones complementarias para evitar sanciones.

La familia Botín pagó 211 millones para borrar la mancha fiscal. El Estado español no emprendió medidas contra la entidad. En su declaración como testigo en la Audiencia Nacional en el juicio por la extradición de Falciani, el secretario de Estado de Hacienda en la época, Carlos Ocaña, aseguró que la decisión de tomar medidas contra la entidad "excedía de nuestras competencias".

HSBC, en el radar

HSBC está en el radar de los supervisores bancarios de países como EEUU o Gran Bretaña desde hace tiempo. Pero en España, su actividad, más que polémica a la vista de los datos publicados, le ha salido muy rentable. En el auto de la Audiencia Nacional que denegó la extradición a Suiza de Falciani, se especifica que el HSBC cometió infracciones y fue sancionado en 2002, pero con cantidades mínimas.

En concreto, Economía multó al HSBC en 2002 por una infracción grave por incumplimiento de la obligación de identificación de clientes (sancionada con 925.000 euros), tres infracciones graves por incumplimiento de las obligaciones de examinar con especial atención cualquier operación vinculada al blanqueo de capitales, penadas con 300.000 euros y una infracción grave por incumplimiento de establecer procedimientos de control interno con una multa de 875.000 euros. El Supremo acreditó que la filial abrió 138 cuentas y puso como cliente a la matriz suiza, en lugar de a los clientes españoles.

En EEUU, vulnerar las reglas sobre blanqueo de capitales le salió al banco suizo mucho más caro. Para evitar un juicio penal, el banco accedió a pagar 1.470 millones de euros. Según los investigadores estadounidenses, el HSBC ignoró las leyes diseñadas para evitar el blanqueo de dinero y bloquear las transacciones con países sancionados por Washington.

La sanción estableció un récord en la época, aunque fue superada en 2014 por la multa a Credit Suisse: 2.200 millones de euros. No obstante, las acusaciones contra el HSBC eran tan gruesas que el juez que fijó la sanción, John Gleeson del distrito de Brooklin, fue criticado por blando.

Cárteles y drogas

Entre otras, las acusaciones contra el HSBC sostenían que se había convertido  en la "institución financiera preferida" por los cárteles mexicanos y colombianos, grupos de blanqueo de dinero y otras prácticas ilegales a través de lo que el Departamento de Justicia calificó como "impactantes brechas de supervisión".

El Departamento de Justicia Departamento de Justiciade EEUU elaboró el informe que sirvió de base a la sanción. El documento detalla cifras espectaculares sobre el manejo de capitales. Por ejemplo, sostiene que el HSBC envió desde México a EEUU 3.000 millones de dólares anuales entre 2004 y 2007 en billetes. La sombra de los carteles de la droga planeaba sobre las operaciones. La filial mexicana de HSBC, según los investigadores, recibía dinero de los carteles en efectivo –en cajas específicamente diseñadas– y transformaba los pesos en dólares, que enviaba a supuestos exportadores de Nueva York, que a su vez hacían negocio con empresarios de Colombia. Una red.

En México, Univisión ha detallado algunos de los supuestos clientes con cuentas opacas del HSBC. Entre ellos figuran el expresidente de la Bolsa Mexicana de Valores Luis Téllez Kuenzler; su antecesor en esa posición, Guillermo Prieto Treviño; y el exdirector de la Comisión Federal de Electricidad Alfredo Elías Ayub.

Miles de clientes

El comportamiento de HSBC, sancionado en EEUU, no es una excepción. En 2009, el banco UBS, también suizo, accedió a revelar el nombre de 4.450 clientes estadounidenses a los que ayudó a "gestionar" sus impuestos. La entidad pagó 544 millones de euros a la Administración estadounidense para evitar un proceso. El Falciani del caso UBS en EEUU fue un directivo que denunció la operativa del banco llamado Bradley Birkenfeld. Cobró 104 millones de dólares por el soplo.

Aunque los casos del HSBC y de UBS son espectaculares por lo que se ha descubierto en sus operaciones, las multas que han pagado quedan a años luz del trato cerrado por Credít Suisse el pasado año para evitar, lo mismo que sus colegas, sentarse en el banquillo y correr el riesgo de ver a sus directivos entre rejas. Credit Suisse aceptó pagar más de 2.000 millones de euros tras reconocer que había ayudado a evadir impuestos a sus clientes entre 2001 y 2008.

En 2006 Credit Suisse contaba con cerca de 22.000 cuentas bancarias de clientes estadounidenses por valor de 13.500 millones de dólares, de las que el 95 % no estaban registradas en la Internal Revenue Service (IRS), institución encargada de la recaudación de impuestos en EEUU.

Entre los condenados en EEUU por fomentar la evasión fiscal en 2013 se contó el banco privado más antiguo de Suiza, Wegelin y Co. La entidad, multada con 44 millones de dólares, cerró sus puertas. Pero lo interesante del caso es que en su declaración de culpabilidad, la entidad dijo que su actividad era el habitual de las entidades suizas. EEUU tomó nota.

[A la vista de los datos revelados por la #ListaFalciani, ¿merecen reprobación social personajes populares como Fernando Alonso?]

Si no vas a dimitir, ¿cómo hacemos?

Algunos fans de Alonso han criticado que se ensucie el nombre del piloto:

El fallecido Emilio Botín, ese empresario benefactor, parafraseando a un líder de Podemos, también está entre los evasores fiscales.

Soraya Sáenz de Santamaría, ¿qué opinará de aquellos ciudadanos que no tributan en España?

Una investigación coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y el diario francés Le Monde, Le Mondeque en España han adelantado el programa El Objetivo de Ana Pastor en La Sexta y elConfidencial.com, ha sacado a la luz la deliberada voluntad del recientemente fallecido presidente del Banco Santander de ocultar el rastro de una fortuna cercana a los 2.000 millones depositada en el HSBC suizo. Ni la Agencia Tributaria ni la Audiencia Nacional consideraron en su día que existiese delito fiscal alguno después de que la familia Botín regularizase su situación fiscal pagando 211 millones.

La investigación coordinada por Le Monde y el ICIJ se basa en la ya célebre lista Falciani: la información sustraida al HSBC por el informático Hervé Falciani en 2009 y entregada al fisco francés sobre la titularidad de numerosas cuentas procedentes de todo el mundo. De ella forman parte, según elConfidencial.com, 2.700 clientes, parte de ellos españoles.. La familia Botín (el fallecido Emilio, su hermano Jaime y todos sus hijos, entre ellos la actual presidena del Santander, Ana Patricia) eran hasta ahora los únicos nombres conocidos.

En la investigación ha salido a la luz como cliente del HSBC el nombre del campeón de Fórmula 1 Fernando Alonso, uno de los deportistas mejor pagaados del mundo. También los de otros pilotos como Michael Shumacher o Heikki Kavalainen, el campeón del mundo de motociclismo Valentino Rossi, los reyes de Marruecos y de Jordania, el futbolista Diego Forlán o los músicos David Bowie y Tina Turner.

La rama suiza del banco británico HSBC ayudó a numerosos clientes a evadir impuestos y esconder millones de dólares en bienes, asesorándoles sobre cómo evitar a las autoridades fiscales en cada país.

Los documentos muestran que la rama suiza del banco permitió a los clientes retirar dinero en efectivo, en ocasiones en moneda extranjera no usada en el país, creó sistemas para permitir a algunos clientes evadir impuestos, se confabuló con algunos clientes para esconder cuentas negras no declaradas a las autoridades fiscales nacionalesnegras y abrió cuentas a criminales internacionales, empresarios corruptos y otros individuos de riesgo.

Los documentos, que cubren el periodo entre 2005 y 2007, suponen la mayor filtración bancaria en la historia, sacando a la luz alrededor de 30.000 cuentas, con un valor total de unos 120.000 millones de dólares (alrededor de 105.890 millones de euros).

HSBC ha admitido los comportamientos ilegales de su rama suiza, afirmando que la misma no fue integrada totalmente tras su compra en 1999, lo que permitió que mantuviera unos estándares "significativamente más bajos".

En este sentido, el banco, el segundo más importante del mundo, ha reconocido que no tomó medidas contra la rama suiza hasta 2011. "HSBC fue dirigido en el pasado de una forma federada y las decisiones eran tomadas frecuentemente a nivel nacional", ha dicho.

El banco estuvo presidido en la citada etapa por Stephen Green, quien abandonó el cargo en 2010 para convertirse en ministro de Comercio en el Gobierno de David Cameron. Por el momento se ha negado a hacer declaraciones sobre las filtraciones.

Pese a que las autoridades fiscales de todo el mundo han tenido acceso confidencial a los documentos desde 2010, la naturaleza de la conducta de la rama suiza del HSBC no había salido a la luz hasta ahora.

Los documentos muestran que el banco asesoró a familiares de dictadores, a personas implicadas en casos de corrupción en África y a gente involucrada en el comercio de armas y de los conocidos como diamantes de sangre.

HSBC hace frente a investigaciones criminales y a cargos en Francia, Bélgica, Estados Unidos y Argentina a raíz de la filtración de los documentos, si bien por el momento no se han abierto acciones legales contra el banco en Reino Unido.