El 26 de mayo del año 2003 figura como una de las fechas más negras de la democracia española. Ese día, 62 militares españoles, a bordo de un avión que no cumplía las más básicas condiciones de seguridad, perdieron la vida al estrellarse el aparato en el que viajaban en Trabzon, Turquía. Unas muertes que quedaron marcadas en la historia de nuestro país no solo por ser víctimas del peor accidente aéreo sufrido por el Ejército del Aire en toda su existencia, sino también por la desgarradora sensación de que todo aquello se podría haber evitado. Si el entonces Ministerio de Defensa, dirigido por Federico Trillo, no hubiera cometido toda una serie de imprudencias y negligencias que después se demostrarían en el recorrido judicial del caso, probablemente, esa tragedia no habría sucedido. Ese avión fue un Yakolev 42, de fabricación rusa y de tripulación ucraniana, que fue subcontratado por el Gobierno sin ningún tipo de fiabilidad sobre su seguridad ni su capacidad para realizar el vuelo que trasladaba a los militares españoles.

De la tragedia se cumplen este viernes 20 años. Dos décadas donde se ha demostrado que el desinterés del Gobierno de Aznar por estos militares no terminó cuando el Yak-42 se estrelló. Sus familias, que a día de hoy siguen reclamando justicia, tuvieron que soportar, además del dolor de la pérdida de sus seres queridos, un constante maltrato, desatención y desamparo por parte de la administración del PP. Actualmente, tanto la vía judicial como política del accidente están cerradas, pero las familias siguen convencidas, pese a ello, de la gravedad de lo acaecido en ese infausto día de mayo del 2003. "Sabemos que estamos en posesión de la verdad, no de nuestra verdad, sino de la verdad, pero nos falta la justicia, que es lo que se nos ha negado desde el principio", afirma Francisco Cardona, cuyo hijo, el sargento Cardona, murió en el accidente.

Ese 26 de mayo, el abandono por parte de las autoridades españoles hizo que aquellos jóvenes (la tripulación tenía de media 34 años de edad) perdieran la vida de una forma que ninguno de ellos se imaginaba. "Ellos no querían morir de esa manera, yo creo que todos tenían asumido que iban a una misión de riesgo y podía haber un tiroteo, una explosión de una mina... pero morir de esa manera no. Sirviendo a esa bandera sí, pero morir de esa manera no", recuerda Cardona. 

Dos décadas después de la tragedia, las familias siguen recordando a los fallecidos y reclamando por su memoria. En el año 2017, recibieron uno de los pocos reconocimientos proporcionados por la administración después de estos 20 años con la publicación de un informe del Consejo de Estado. Este confirmaba algo que esas familias sabían desde el principio: el accidente se podía haber evitado. Lo conocían porque, antes de subir al fatídico Yak-42, muchos de sus seres queridos les contaban el verdadero miedo que sentían de montarse en el aparato. Algunos pedían que rezaran por ellos, otros, como el hijo de Cardona, relataba las negligentes condiciones en las que estaban los pilotos que luego iban a dirigir ese avión, consumiendo bebidas alcohólicas. Después de ese informe, el Ministerio de Defensa admitió su responsabilidad catorce años después de que se produjera la tragedia. Catorce años tarde.

Antes del 2017, las familias tuvieron que sufrir un interminable periplo judicial que Cardona define como "difícil" y que tenía como objetivo hacer justicia por sus seres queridos. Porque los tripulantes del Yak-42 no solo fueron abandonados por el gobierno en el momento de la escandalosa subcontrata y de la negligente gestión del traslado, también después de su fallecimiento al negar su responsabilidad y al realizar una paupérrima identificación de los cadáveres, a la que Cardona se refiere más bien como una "no identificación". La rápida repatriación de los cuerpos y las prisas para realizar, por parte de las autoridades, el funeral de estado a los fallecidos, hizo que no se pudieran llevar a cabo de forma correcta las autopsias ni las identificaciones, haciendo llegar a algunas familias restos incorrectos y con cuerpos incompletos. Los cadáveres tampoco contaban con la documentación necesaria para el traslado ni tampoco con el certificado de defunción. El caso llegó a la Audiencia Nacional, donde se demostró la negligente identificación de, al menos, 30 cuerpos de los militares después de mucha pelea por parte de las familias.

De ese juicio solo se derivaron tres condenas, al general Vicente Navarro, el comandante José Ramón Ramírez y el capitán Miguel Sanz. El primero no entró en la cárcel por enfermedad y murió al poco tiempo y los otros dos fueron indultados por el Gobierno de Rajoy, no llegando así a entrar en la cárcel por un escándalo tan grave como este. Además, Federico Trillo, premió a varios de los responsables de la repatriación de los cuerpos, entre ellos al general Navarro, con ascensos y condecoraciones como la Gran Cruz Militar. El propio ministro sería luego nombrado como embajador de España en Londres.

Después de esa sentencia, las familias recibieron un nuevo varapalo cuando el actual ministro del Interior y, por entonces juez de la Audiencia Nacional, Fernando Grande-Marlaska, decidió archivar la causa contra la cúpula militar del ministerio de Trillo al ver su responsabilidad en la tragedia como "irrelevante".

El asunto de la no identificación de los cuerpos no se terminó con el juicio, ya que en el año 2018, Turquía contactó con el Ministerio de Defensa de España para informar del hallazgo de una extremidad de una víctima del Yak-42 en el cementerio turco de la ciudad de Macka. Había sido inhumada allí tan solo dos meses después del accidente al no haberse podido identificar. Además, Turquía también informó de que existían 23 tarros con muestras biológicas que aún estaban almacenados en el Instituto Anatómico Forense de Estambul. Todas ellas fueron enviadas a España y puestas en manos de las familias, una vez ya habían sido identificadas por las autoridades turcas.

Durante todo el proceso también se descubrió, por ejemplo, que las cajas negras del Yak-42 estaban estropeadas, que ni el vuelo tenía seguro, ni todo el dinero había ido a la compañía aérea y que un piloto tenía la licencia de vuelo caducada. Todo ello sucedió bajo un intento constante de las autoridades militares y políticas de presionar y dificultar la investigación, tal y como denuncian las familias y también el sucesor de Trillo en el ministerio, el socialista José Bono.

Este 20º aniversario es para Francisco Cardona "una fecha de recuerdo sobre todo para los familiares. Igual para los autores de aquella tropelía les da igual, pero para quienes lo hemos sufrido no es lo mismo". "Yo creo que en mi caso y en el de mi mujer hemos aprendido a sufrir de otra manera diferente, en contra de nuestra voluntad", añade, aludiendo a su sensación después de estos 20 años.

El 14 de enero de 2022 se inauguró en el Parque del Oeste de Madrid un monumento que recuerda a los 62 militares españoles fallecidos. El acto contó con la presencia de la ministra de Defensa, Margarita Robles, y del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. Fue un pequeño gesto de reparación para unas familias que reclaman un mayor reconocimiento. "A mi me parece muy bien que se hagan 15 o 20 homenajes en Madrid a las victimas del terrorismo, pero todos son victimas del terrorismo. Hay algunas victimas de un terrorismo que nadie quiere admitir y que están olvidados por parte de la inmensa mayoría", reivindica Cardona, que reclama que su hijo y los otros 61 jóvenes murieron en un acto de terrorismo político.

A la pregunta de si la democracia española ha aprendido algo, 20 años después de la tragedia, el padre del sargento Cardona opina que depende a quién se pregunte. "Algunos han aprendido y otros se han callado y han metido la cabeza bajo tierra", concluye.

"Fallecieron dando lo mejor de sí mismos, sus vidas jóvenes, para dar la paz y la libertad a otros”, solemnizó Margarita Robles hace poco más de tres meses en referencia a los más de 100 militares españoles muertos en Afganistán.

La toma de Kabul por los talibanes, con su ideología fundamentalista y opresiva a cuestas, oscurece hoy las palabras de la ministra de Defensa, pronunciadas el 13 de mayo con motivo del regreso a España de las últimas tropas destinadas al país centroasiático. Sí, la palabra "libertad" suena ahora casi a sarcasmo.

Tras cerca de 20 años de participación en el conflicto, con el servicio de más de 27.000 hombres y mujeres, más de 3.500 millones de euros gastados y 104 muertos, entre ellos los 62 del Yak 42, España deja su operación internacional más larga y que más bajas ha causado en democracia –según recalca en un informe el Instituto de Seguridad y Cultura–, sin haber cumplido el objetivo central de consolidar un Estado estable, democrático y con derechos garantizados en el que los fundamentalistas no fuesen un actor político clave.

Todas las sombras que se pretendía disipar –Afganistán como infierno para la mujer, refugio de terroristas y epicentro de una crisis de refugiados– se ciernen ahora sobre la tierra de los "señores de la guerra".

La participación española

El análisis del papel español obliga a mirar al 11S. Bush reaccionó de manera fulminante tras concluir que el régimen talibán daba amparo a Bin Laden. Era el inicio de la "guerra global contra el terrorismo", que encontraría continuidad en Irak bajo la falsa excusa de las armas de destrucción masiva. A diferencia de la invasión de Irak, la invasión de Afganistán sí tuvo amparo de la ONU. España se sumó desde el minuto 1. El Consejo de Ministros, en sesión de 27 de diciembre de 2001, aprobó el despliegue con José María Aznar como presidente y Federico Trillo como ministro de Defensa.

Las primeras tropas, 350 militares, llegaron en enero de 2002. El primer objetivo era prestar apoyo médico y logístico, así como buques y helicópteros, a la misión "Libertad Duradera", nombre que casi 20 años después ha quedado dramáticamente desmentido con la toma de Kabul por los talibanes.

Hasta 2014, la participación española se enmarcó en la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad (ISAF), una coalición de la OTAN liderada por Estados Unidos. España se hizo cargo de la reconstrucción de la provincia de Bādgīs, al noroeste, con capital en Qala-i-Naw. La participación española estuvo "principalmente dirigida a contribuir a la estabilización y la gobernanza de Afganistán", según el balance del Instituto de Seguridad y Defensa, centrado en asuntos de defensa y extremismo. 

El grueso de las fuerzas españolas empezó a retirarse a partir de 2015, con la práctica finalización de las operaciones de combate y el comienzo de la operación Apoyo Decisivo, bajo mando de la OTAN. España mantuvo en torno a medio millar de efectivos, "centrados en el adiestramiento, asesoramiento y mentorización" de militares y policías afganos, según Defensa. A ello se sumaba el control del aeropuerto de Herat, al oeste del país. A finales de 2015, una vez Obama había anunciado ya la salida progresiva de sus tropas, España dejó Herat y redujo su despliegue a un contingente mínimo en Kabul. En 2018 adaptó su aportación a esta misión con el despliegue de una Fuerza de Operaciones Especiales, unidad que se replegó el en mayo de 2021, en lo que supuso el regreso a casa de las últimas tropas en el país centroasiático, en la estela de Estados Unidos. 

104 muertos, 3.500 millones y el Yak 42

La guerra ha supuesto para España 104 muertos, según el Departamento de Seguridad Nacional del Gabinete de la Presidencia del Gobierno. Los fallecidos son 97 militares, tres guardias civiles, dos policías nacionales y dos intérpretes.

Tres hechos trágicos marcan el capítulo luctuoso. El primero es el accidente en 2003 del avión Yak 42, cerca del aeropuerto de Trebisonda, en Turquía, con 62 militares muertos. La responsabilidad del accidente fue de Defensa, siendo ministro Federico Trillo, según dictaminó el Consejo de Estado. El caso se elevó a escándalo por las deficiencias del vehículo, la errónea identificación de los cuerpos y las mentiras denunciadas por los familiares. María Dolores de Cospedal, siendo ministra de Defensa, llegó a pedir perdón "en nombre del Estado". Otro accidente, en este caso de un helicóptero Cougar, costó la vida a 17 soldados españoles en 2005 al sur de Herat. El tercer acontecimiento fue el ataque a la embajada en Kabul en 2015, que causó la muerte de dos policías. La embajada "no contaba con la seguridad necesaria", según el Instituto de Seguridad y Cultura, que considera que los dos accidentes y el asalto "plantearon dudas sobre la gestión del despliegue, tanto a nivel de recursos como operativo".

El coste de la participación española ha superado holgadamente los 3.500 millones. La cifra fue aportada por Defensa al cierre de la misión de la ISAF. Es decir, se deja fuera al menos el periodo 2015-2021. infoLibre preguntó al ministerio por el coste total, sin respuesta. Álvaro De Argüelles, especialista en estudios internacionales y derecho y colaborador de El Orden Mundial, recalca que el grueso del esfuerzo se realizó entre 2002 y 2014, con lo que esos 3.500 millones pueden ser una cifra "representativa" del coste de la guerra para las arcas públicas, aunque lógicamente por lo bajo. "Desde 2015, el papel español ha sido mucho menos relevante", añade. El Centro Delàs de Estudios por Paz suma a los 3.500 millones casi 198 millones más de la participación española en la operación paralela Libertad Duradera.

Un legado en peligro

El balance de Defensa destaca la tarea de adiestramiento, 1.400 misiones de desactivación de explosivos, los trabajos en el aeropuerto de Herat y la creación de infraestructuras de primera necesidad. "Las misiones españolas han tenido esa impronta humanitaria y de empatía con los más vulnerables, en orfanatos y colegios de Qala-i-Naw, siendo testigos de la integración de niños y niñas en sus aulas", señalaba Defensa en mayo.

De Argüelles, de El Orden Mundial, coincide en destacar que, al haber sido asignada a España una provincia "relativamente estable, sin máximo riesgo militar", las tareas se centraron en el "desarrollo de la zona". "Cuando llegó España [a Bādgīs], ni siquiera podía hacer aterrizajes, porque no había un kilómetro de carretera asfaltada. A veces se habla de áreas medievales, y es en cierto modo un cliché, pero lo cierto es que es una zona muy atrasada", señala De Argüelles, que destaca el papel de la Agencia de Cooperación.

El avance talibán, señala De Argüelles, tendrá un impacto especialmente negativo en todo lo relacionado con las fuerzas policiales y militares afganas, así como con el intento de construir un "nuevo Estado". ¿Qué quedará ahora de eso, elementos centrales del empeño español? Poco, es de temer. "Quizás lo que quede sean las infraestructuras", añade el investigador, pendiente aún de qué uso les darán los talibanes. Y está también, dice, "la semilla" dejada, sobre todo en derechos de las mujeres. Semilla que ahora puede ser pisoteada. Le preocupa además el destino de todas las armas facilitadas por Occidente a policías y militares locales.

En la estela de Estados Unidos

En un artículo de mayo en eldiario.es, Jesús Núñez Villaverde, codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria, hacía un balance aún más sombrío, poniendo el énfasis en el "férreo secretismo", así como en el "empeño en hacer pasar por acción humanitaria" la reconstrucción de Qala-i-Naw, "cuando en realidad eran acciones que servían al cumplimiento de la misión militar". No obstante, la causa central de crítica es que el papel de España haya venido determinado, más que por la realidad de Afganistán, por el deseo de contentar a Washington, en especial como compensación de la retirada de Irak en 2004 con José Luis Rodríguez Zapatero.

"La manera de restañar la herida [...] fue aumentar el volumen del contingente en Afganistán, aunque para ello hubiera que retirar el desplegado hasta aquel momento (marzo de 2006) en Haití. Se atendía, así, no a las necesidades afganas, sino a la urgencia por recuperar una buena relación con EEUU, aunque eso conllevara el subsiguiente enfado de Brasil (como líder de la operación de la ONU en Haití) y una pérdida de protagonismo en el ámbito latinoamericano", añade Núñez Villaverde, para quien ningún gobierno ha tenido "estrategia propia".

Es un diagnóstico de todos los analistas: España ha ido actuando conforme guiaba la Casa Blanca, tanto con Bush como con Obama, Trump –cuya Administración acordó con los talibanes en 2020 la salida de las tropas de EEUU– y finalmente con Biden, que aceleró la salida. "Eso, inevitablemente, nos hace compartir sus equivocados enfoques y, del mismo modo, una derrota sin paliativos", analiza Núñez Villaverde.

También observa enfoques equivocados Alejandro Pozo, investigador del Centro Delàs de Estudios por la Paz, que ya hacía un diagnóstico crítico en un análisis de 2014, donde recalcaba que "la misión más costosa de la historia del intervencionismo militar español, tanto en términos humanos como económicos", se había servido de un barniz humanitario que disimulaba la realidad. "Al menos 92 de cada 100 euros destinados por España a Afganistán han sido estrictamente militares, para financiar las operaciones ISAF y Libertad Duradera. Los 8 euros restantes tendrían una lógica [...] de mejora de la aceptación de la población local y de facilitación de la presencia militar y su seguridad. En España, esos proyectos han contribuido a justificar políticamente la presencia militar en Afganistán", escribía Pozo, que alertaba de que ni el desarrollo en infraestructuras se prolongaría más allá de la intervención militar, ni el terrorismo había sido neutralizado, ni el avance en derechos se había consolidado. Ahora, en conversación con infoLibre tras la toma de Kabul por los talibanes, se expresa desde la "tristeza", pero también desde la "rabia" por una intervención militar que considera errónea y de la que ve a España como comparsa de los intereses de Estados Unidos.

"Entre no hacer nada, que era lo que Estados Unidos hacía en Afganistán por su población antes del 11S, y desplegar cientos de miles de soldados hay muchas opciones que no se han explorado. Se optó por la intervención militar y ahí entró España, sin chistar", señala Pozo, que rechaza el argumento a favor de la guerra, usado durante las últimas dos décadas, según el cual Afganistán había mejorado significativamente gracias a la intervención. "EEUU ha gastado 1 billón de dólares, que era 400 veces el PIB de Afganistán en 2001, a pesar de lo cual sigue ocupando la antepenúltima posición en el Índice de Desarrollo de Género de 2019 del PNUD y la última en el Índice de Paz Global del Instituto por la Economía y la Paz. Lo que está pasando es tristísimo, pero no es que se haya pasado del cielo al infierno. Las mejoras alcanzadas no se corresponden ni de lejos con un gasto de esas dimensiones".

¿Qué se podía haber hecho? Pozo señala que Afganistán arrastra un problema histórico de intervencionismo, siendo escenario de "miniguerras frías" entre India y Pakistán o Arabia Saudí e Irán, entre otras. "La estrategia de EEUU, en vez de trabajar para reducir esas injerencias y crear relaciones diplomáticas y de cooperación, ha sido tirar bombas. Se han dedicado a intentar ganar influencia y reducir la de rivales directos, observando a Afganistán como un espacio vacío que se podía ocupar", explica.

¿Y España? El Gobierno, dice Pozo, "tiene que dar una explicación". Como recuerda el investigador, el comandante del mando de Operaciones, general Francisco Braco, le dijo al rey "misión cumplida" en mayo, una afirmación que el tiempo pone más que en cuestión. "Si la misión era echar un cable a Estados Unidos, en efecto, sí, ha sido una misión cumplida. Pero esto jamás se ha explicado. Estados Unidos no necesitaba nuestra fuerza militar. Hemos sido más útiles con la cesión de espacio aéreo y bases militares y dando cobertura política internacional a la intervención. El coste ha sido de más de cien vidas y 3.500 millones. ¿Para qué ha servido, exactamente? Ahora deben explicarlo".

La teoría y la realidad

La situación actual, con los talibanes dominando Kabul, conmociona al mundo. Pero había voces que advertían de un escenario así. El Instituto Español de Estudios Estratégicos, un think tank encuadrado en Defensa, publicaba esta alerta en marzo, en un informe de Óscar Ruiz, militar destinado en el Cuartel General de la OTAN en Bélgica, y Pilar Rangel, profesora de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Málaga: "La multitud de factores (terrorismo, drogas, Pakistán, corrupción, refugiados, pobreza extrema...) hacen temer lo peor si se produce una salida del país poco planeada y precipitada por parte de las tropas aliadas, pudiendo dejar esta situación a Afganistán a merced de los talibanes, que ni ocultan su deseo de instaurar un Estado Islámico con estricta aplicación de la sharía, ni por el momento han cortado sus vínculos con Al Qaeda".

Esta advertencia contrasta con las palabras optimistas de la ministra de Defensa, Margarita Robes, en abril: "Las líneas generales del plan de repliegue propuesto por los EEUU ofrecen margen suficiente para asegurar que se consoliden los progresos democráticos alcanzados en el país en materia de derechos humanos, educación y el bienestar de las mujeres y los niños". 

Álvaro De Argüelles advierte de otro flanco todavía abierto: la salida de los residentes españoles, el personal de la embajada y los afganos que han colaborado. En descargo del Gobierno, señala, puede alegarse que "nadie esperaba que el avance talibán fuera de tal velocidad, si bien deja una pregunta en el aire: "¿Por qué no se hizo al revés? ¿Por qué no se sacó primero a toda la gente y después se hizo la retirada militar?".

Los exministros Rodrigo Rato y Federico Trillo han negado este jueves en el juicio por el presunto pago de la reforma de la sede nacional del PP con dinero de la caja b la veracidad de los apuntes del extesorero del PP Luis Bárcenas sobre la supuesta contabilidad paralela del partido. "Son falsos", han dicho ambos exdirigentes, que han asegurado que no han cobrado ningún sobresueldo, según informa Europa Press.

"Desconozco esas anotaciones, su origen, no tienen nada que ver conmigo, no sé lo que representan", ha afirmado el exvicepresidente del Gobierno y exministro de Economía Rodrigo Rato, que ha sido el primer testigo de la undécima sesión de la vista oral que celebra la Audiencia Nacional y en la que ha comparecido por videoconferencia. Afirmación similar ha manifestado después el expresidente del Congreso de los Diputados y exministro de Defensa Federico Trillo, quien también ha comparecido en calidad de testigo: "No reconozco ni mi persona ni, no ya pagos, sino cobros que yo haya recibido", ha dicho, al tiempo que ha recordado que no ha sido citado a declarar en ningún momento durante la instrucción de este procedimiento.

Antes de iniciar su declaración, el tribunal ha recordado a Rato que tiene derecho a no contestar si alguna pregunta puede perjudicarle en el procedimiento en el que aún se encuentra inmerso por el presunto origen ilícito de su patrimonio y por el que la Fiscalía Anticorrupción acaba de solicitar 70 años de prisión. Además, en octubre de 2020 salió de la cárcel tras obtener el tercer grado por la condena de cuatro años medio por el uso de la tarjetas black de Caja Madrid y Bankia.

El que también fuera de director gerente del FMI, que ha reconocido que tiene una relación "esporádica" y "cordial" con Luis Bárcenas al que conoce desde los "años 80", ha asegurado que éste nunca le ha entregado dinero. Por ello, dice que no tiene "ninguna explicación" sobre los apuntes que según el extesorero se refieren a él ni "a otros".

Según le ha explicado el abogado Virgilio Latorre, que ha representado a la acusación popular Adade, que solicitó su testifical, en los apuntes contables de Bárcenas aparecen pagos semestrales a "Rodrigo R." entre los años 1997 y 2004 y que según el extesorero corresponden con Rato. Así, preguntado si recibió algún complemento a su sueldo durante la etapa en la que fue miembro del Ejecutivo, Rato ha negado este extremo y ha subrayado que no "entiende" porqué aparece su nombre, ya que "no responde a ninguna relación económica que pudiera tener".

"En lo que a mí se refieren (los apuntes) son falsos", ha dicho, al tiempo que ha explicado que durante esos años sus retribuciones salariales las abonaba la Tesorería de Hacienda por ser miembro del Gobierno. Ha añadido que anteriormente le pagó el Grupo Parlamentario Popular, del que formó parte, y que no ha cobrado nada del propio partido desde el año 1989 cuando dejó de tener algún cargo orgánico en el mismo. "Desde luego no he recibido ningún pago por ese conducto", ha insistido para señalar que desconoce el "origen y la intención" de los 'papeles de Bárcenas', los cuáles, según ha dicho, sólo ha visto en medios de comunicación.

Asimismo, a preguntas del abogado de Izquierda Unida Raúl Maíllo, ha señalado que no puede "descartar" que en alguna ocasión él haya adelantado una cantidad para sufragar algún viaje de trabajo y que después el partido se lo haya compensado, pero ha recalcado que eso no era lo habitual.

A Rato también se le ha preguntado si en alguna ocasión vio algún comportamiento "extraño" o "delirios" en Bárcenas, tal y como calificó este miércoles el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy la conducta del extesorero conservador. El exvicepresidente del Gobierno de José María Aznar ha señalado que nunca ha tenido una "relación profesional" con Bárcenas pero que entiende que no ha habido nada raro cuando ha estado en la gerencia del PP durante "30 años". Tampoco ha "tenido conocimiento de nada irresponsable" en relación al extesorero, ha dicho al inicio de su comparecencia.

Trillo no se reconoce en los papeles de Bárcenas 

Por su parte, el exministro de Defensa Federico Trillo, que también ha declarado por videoconferencia, ha asegurado que no se "reconoce" en los apuntes de Bárcenas, ya que se le atribuyen los pagos bajo el nombre de "Federico" y, según ha destacado, en el partido "nadie" le llama así, "sino Fede o Federico Trillo". Tampoco da valor los propios documentos conocidos como 'papeles de Bárcenas' porque "uno años aparece en euros, otros en pesetas, unos años aparece, otros no".

De hecho el que también fuera embajador de España en Reino Unido ha aseverado que no supo de la existencia de estas anotaciones hasta 2018 cuando fue llamado a declarar en el Congreso de los Diputados en la comisión de investigación sobre la financiación irregular del PP. Trillo se ha mostrado enfadado cuando una de las acusaciones populares le ha indicado que parte del dinero que habría recibido en negro, según Bárcenas, fue para sufragar los costes de su defensa en el caso del Yak-42, avión militar que se estrelló en Turquía en mayo de 2003 y en el que perdieron la vida 62 militares españoles. "No voy a entrar sobre el Yakolev. Bastante dolor ha causado y me ha causado", ha zanjado.

Al hilo, ha recordado que entre 2008 y 2011 coordinó las defensas de Bárcenas, del expresidente de la Comunidad Valenciana Francisco Camps y "otros compañeros" cuando estalló el caso Gürtel y que en esos años, en los que tuvo una "constante y estrecha relación" con el extesorero del PP, ha admitido, "jamás" éste "admitió ni un solo segundo que hubiera una caja b en el PP" o que se abonaran "retribuciones atípicas" y "menos aún que hubiera salido dinero al extranjero".

Así, preguntado también por si estas cantidades anotadas por Bárcenas tienen alguna relación con una posible compensación por la pérdida retributiva al dejar la Presidencia del Congreso para convertirse en ministro, Trillo ha incidido en que ni entiende las anotaciones, ni ve "ninguna relación". Por último, el exministro también ha calificado de "cuento" que Bárcenas le haya entregado este supuesto complemento salarial en vez de que lo hiciera el también extesorero Álvaro Lapuerta porque hubiera una situación de "tensión" entre éste y el exministro. "Es falso (...) y ya vale porque con el señor Lapuerta tuve una excelente relación. Ahí el cuento les ha salido un poco rana".

"La letra era de Bárcenas"

En la sesión de este jueves también ha declarado como testigo el director de El País en 2013 El País, cuando el diario publicó una copia de los denominados papeles de Bárcenas. Javier Moreno ha explicado que antes de publicar estos documentos realizaron una serie de comprobaciones para asegurarse que eran veraces. Ha señalado que un perito realizó un examen grafológico que mostró que "la letra era de Bárcenas" y que los apuntes "no habían sido redactados de una tirada", ya que había "variaciones" en el trazo de la letra y en la tinta.

También contrastaron que entre las anotaciones del extesorero sobre la caja b del PP y la contabilidad oficial del partido que estaba ya en el sumario del caso Gürtel había "coincidencias muy reveladoras". Según ha explicado el periodista, quien ha indicado que su equipo también habló con donantes que contaron el modus operandi de la financiación del partidomodus operandi , una de esas coincidencias fueron los apuntes sobre donaciones de empresarios que superaban los límites legales establecidos en aquel momento y que poco después aparecían en las cuentas oficiales del partido desglosadas en cantidades inferiores a las fijadas como tope legales.

Los expresidentes José María Aznar y Mariano Rajoy desfilarán como testigos ante el tribunal que ha de dirigir la vista oral de los papeles de Bárcenas, y lo haránjunto con aquellos que durante dos décadas y de manera sucesiva conformaron la verdadera plana mayor del PP.  El juicio, para el que sigue sin haber fecha a punto de cumplirse cinco años desde el auto que en mayo de 2015 ordenaba su celebración, pondrá en primerísimo plano la contabilidad secreta que Luis Bárcenas plasmó de su puño y letra entre 1990 y 2008.

Tras un periodo casi en barbecho, el protagonismo de la caja B se ha acrecentado en los últimos meses con la investigación judicial sobre la denominada Operación Kitchen. Es decir, aquella que, capitaneada por el comisario José Manuel Villarejo en 2013, pagada con fondos reservados y desarrollada con medios policiales y parapoliciales a espaldas del juez que ya investigaba la caja B, sometió a espionaje a Bárcenas y su entorno para evitar que el extesorero conservase documentación incriminatoria.

La asociación de abogados Adade, que ya en el macrojuicio de Gürtel cuya sentencia desencadenó en 2018 la moción de censura contra el PP logró que el tribunal obligase a declarar a Rajoy, es la que ahora logra sumar a la lista a Aznar. Bajo su mando inició su meteórico despegue la trama empresarial de Francisco Correa, cuya participación en la boda de Ana Aznar y Alejandro Agag nunca ha dejado de planear sobre el expresidente.

Si marcó un hito el testimonio de Rajoy, quien siendo presidente y de forma inédita en España tuvo que comparecer como testigo, ahora serán dos los exjefes de gobierno llamados a prestar testimonio veraz en un proceso por corrupción. El PP, que en el primer juicio de esta compleja y extensísima causa fue declarado beneficiario económico de la trama –figura que carece de connotaciones penales– se halla en esta pieza solo como responsable civil subsidiario.

Además de Aznar y Rajoy, se relevarán en la silla de los testigos quienes a partir de 1990 ocuparon el segundo puesto en la jerarquía del PP, es decir, todos los secretarios generales. Por orden cronológico son estos: Francisco Álvarez Cascos (1989-1999), Javier Arenas (1999-2003), Ángel Acebes (2004-2008) y María Dolores de Cospedal (2008-2018). Entre septiembre de 2003 y octubre de 2004, ese cargo lo ocupó Rajoy. 

Deben comparecer igualmente como testigos otros pesos pesados del PP en esas dos décadas. Entre ellos, los exministros Federico Trillo, estratega jurídico del partido durante años; Rodrigo Rato –ahora encarcelado por las tarjetas black y en espera de sentencia por la salida a Bolsa de Bankia–; José María Michavila; y quien tras ser titular de Medio Ambiente con Aznar fue luego presidente de Baleares, Jaume Matas, que cumple ya condena por corrupción.

Asimismo, desfilarán Juan Gabriel Cotino, exdirector general de la Policía, luego conseller y presidente de las Corts en Valencia y ahora a punto de sentarse en el banquillo de los acusados por otra de las ramas de Gürtel, la de la visita del papa; Pío García Escudero, expresidente del PP madrileño y presidente del Senado con Rajoy como presidente; el ex senador Luis Fraga y los exdirigentes del PP navarro Jaime Ignacio del Burgo y Calixto Ayesa.

Entre todos estos testigos cuya declaración ha admitido el tribunal hay un nexo común adicional al de la militancia que compartieron o siguen compartiendo en el PP. Y ese nexo son las anotaciones contables manuscritas de Bárcenas. La mayoría aparece como perceptores de sobresueldos. Todos ellos lo han negado. Y buena parte lo hizo durante el primer juicio de Gürtel, donde ya se vieron forzados a acudir como testigos.

La credibilidad de Rajoy

En aquella vista, Rajoy negó no solo el cobro de sobresueldos sino la existencia de una contabilidad opaca y proclamó una ignorancia casi absoluta sobre las cuentas del partido. Aquello condujo al tribunal a cuestionar su "credibilidad".

Qué hará Aznar cuando llegue su turno –justo antes que Rajoy– constituye de momento una incógnita, aunque este lunes ofreció una pista que a ciertas fuentes jurídicas relacionadas con el caso produjo sorpresa: porque, según el primer presidente del PP tras la refundación del partido en 1989, el juicio de los papeles de Bárcenas en nada le concierne. A través de su cuenta de Facebook, el expresidente afirmó esto: "En relación con la noticia recogida hoy por medios de comunicación en la que se afirma que puedo ser citado como testigo en la causa relativa al presunto pago de las obras de reforma de la sede nacional del Partido Popular con supuesto dinero irregular, he de recordar que dejé la presidencia de dicho partido en 2004, varios años antes del periodo en el que al parecer esas obras se llevaron a cabo".

Esas palabras sugieren que Aznar figura entre quienes creen que el hecho de que la primera sentencia de Gürtel certificase la existencia de una financiación ilegal del PP deja ahora la caja B fuera de la panoplia de hechos que se someterán a juicio en la pieza de los papeles de Bárcenas. Pero no es así. Porque, en efecto, las revelaciones de Correa en el juicio que condujo a la sentencia de 2018, ahora pendiente de revisión por el Tribunal Supremo, obligaron a reabrir parte del caso. Básicamente, lo que el jefe de la red corrupta dijo fue que distintos empresarios pagaban mordidas a cambio de contratos públicos. El cobro del 3% –sostuvo– era una "práctica" habitual.

Pero la reanudación parcial de las investigaciones sobre ese aspecto del caso no impide al tribunal pronunciarse sobre los hechos señalados en el auto que marcó el inicio de una lenta aunque irrevocable cuenta atrás hacia el juicio. Como si tratase de disipar cualquier eventual duda, el mismo juez que en mayo de 2015 había dictado el auto de apertura de juicio, José de la Mata, firmó una breve resolución donde enumeraba los hechos sujetos a la vista oral: la "existencia y funcionamiento de una caja B en el PP", los "trabajos de remodelación de la sede del PP en Génova 13", por los que supuestamente el partido pagó 1,5 millones en negro; la ausencia de "declaración del Impuesto de Sociedades 2008 por el PP" y la "compra de acciones de Libertad Digital".

En la parte de la pieza cuyo juicio "nada" lo impide, solo compartirán banquillo cuando llegue el momento cuatro acusados, dado que el quinto inicial -el extesorero Álvaro Lapuerta- falleció en junio de 2018. Y hay dos personas jurídicas que se arriesgan a ser declaradas responsables civiles subsidiarios: el PP y la empresa Unifica, responsable de la reforma.

Aquí, la Fiscalía solicita penas de reclusión abismalmente inferiores a las de la pieza principal, pero el calibre político es sustantivo porque otra sentencia condenatoria sacaría de nuevo a la superficie la financiación del PP. Bárcenas, que en espera de lo que resuelva el Supremo ya cumple la condena de 33 años que recibió por Época 1, es el principal inculpado y se arriesga a que se le impongan cinco años más de cárcel. Los otros tres encausados son el exgerente del PP Cristóbal Páez; el dueño de Unifica, Gonzalo Urquijo; y su socia Belén García.

El ex ministro de Defensa y exdiputado del PP, Federico Trillo, ha asegurado este martes ante la comisión de investigación sobre la supuesta financiación ilegal de su partido que nunca cobró sobresueldos en dinero negro del PP y que no conoce "ningún tipo de caja" ni de cuentas paralelas en su organización. Trillo, que ha llegado a la reunión de la comisión de investigación acompañado de la portavoz del Grupo Popular, Dolors Montserrat, ha indicado que sí percibió "retribuciones complementarias" o "complementos de sueldo" pero que fueron declarados a Hacienda.

Según su relato, dejó de cobrarlos cuando fue elegido diputado por primera vez en 1989, y los volvió a percibir, habiendo dejado ya el Gobierno, entre 2008 y 2012, cuando fue nombrado por Mariano Rajoy para ocuparse de coordinación de Derechos y Libertades Públicas del PP. El que fuera embajador de España en Londres también ha comentado que no ha tenido "nunca" responsabilidades financieras en el PP. "No conozco las cuentas ni ningún tipo de caja", ha aseverado, antes de añadir que le parece "normal" que los secretarios generales del partido hayan negado también conocer esas cuentas paralelas porque no era su función y que los órganos de dirección no cuestionaran la financiación porque era "visada" por el Tribunal de Cuentas.

Pago al defensor de Naseiro

Trillo se ha desvinculado de los supuestos pagos en negro en el PP cuando se le ha preguntado por una anotación del extesorero Luis Bárcenas, quien declaró que fue el exministro quien ordenó en 1990 el pago de un millón de pesetas a Manuel Cobo del Rosal, defensor del anterior tesorero Rosendo Naseiro. "Yo no sé qué es esa caja b. ¿Usted cree de verdad que si existiese una caja era como las huchas del Domund que estaban a las puertas del partido?", le ha preguntado al portavoz de ERC en la comisión, Gabriel Rufián.

Durante la comparecencia de Trillo ha salido a relucir la dimisión de María Dolores de Cospedal como secretaria general del PP a cuenta de unas grabaciones en la que le encargaba trabajos al excomisario José Manuel Villarejo. Trillo ha explicado en respuesta a la portavoz de Unidos Podemos, Noelia Vera, que no conocía esas conversaciones, los encargos, ni esas supuestas "estrategias" respecto al caso Gürtel, en el que él defendía al partido. Además, ha dejado caer que le parece "correcta" la decisión de Cospedal de dejar la política por esa cuestión.

Trillo también ha confesado que no tiene "ningún entusiasmo" por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía. Lo ha hecho cuando se le ha recordado que ésta unidad de investigación sostiene que recibió 36.000 euros después del accidente del Yak-42 y que con esa caja se pagó la defensa de algunos militares implicados. Tras calificar de "exceso" que se intente vincular la supuesta financiación ilegal del PP con el caso de aquella "tragedia" en la que murieron 62 militares españoles, Trillo ha indicado que no tiene "mal concepto" de la Policía Nacional, pero sí de "comisarios al frente de la UDEF". "No puedo aceptar que un comisario al frente de una investigación de la UDEF llame al presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, para notificarle un auto de la Audiencia Nacional sin garantías de formalidad. Este tipo de personas no me gustan nada", ha remarcado.

'Gürtel' y Rubalcaba

El portavoz del PNV, Mikel Legarda, le ha preguntado si, tras la sentencia sobre la primera etapa de la Gürtel del pasado mes de mayo, sigue sosteniendo que el caso fue "un montaje" del exministro del Interior socialista Alfredo Pérez Rubalcaba. Tras sacar pecho de su "muy eficaz colaboración" con Rubalcaba que dio origen el Pacto Antiterrorista, Trillo ha puntualizado que sostuvo en su momento que la Gürtel fue una "operación" porque siempre "tuvo la impresión de que detrás de la incursión del caso Gürtel había otras cosas que luego se han confirmado con las cintas que se han conocido ahora". Se refería a las grabaciones en las que parecen Villarejo, el exjuez Baltasar Garzón y la entonces fiscal y ahora ministra de Justicia, Dolores Delgado. "Quizá ellos no podrían aclarar más sobre todo esto", ha apuntado.

Respecto a la sentencia de la Gürtel, el exministro ha recordado que a él no se lo cita "ni una sola vez" que no es firme y que, además, no incluye una "condena" a su partido. Por otra parte, Trillo ha negado que su nombramiento como embajador en Londres fuera un pago de Rajoy por los "servicios prestados" al PP y ha dicho que no podía saber a qué servicios se refería exactamente el expresidente del partido cuando se los

agradeció verbalmente pero sin entrar a "calificarlos". "Yo qué sé a qué se refiere un gallego cuando dice eso", ha soltado.

En otro momento ha negado "rotundamente" que favoreciera a determinadas constructoras como ACS y Dragados para que participaran en la reconstrucción de Irak tras la guerra en la que España colaboró como miembro del Pacto de las Azores. "No es mi caso, por ahí no me van a coger, lo intentaron pero lo vio todo el Tribunal de Cuentas y no favorecí a ninguna empresa", ha recalcado ante la portavoz de Unidos Podemos, Noelia Vera.

"Hay una cosa que está clara: nos engañaron entonces y nos engañan ahora". Son las duras palabras de uno de los miembros de la Asociación de Familiares de víctimas del Yak42, Francisco Cardona, padre del sargento Francisco Cardona Gil, uno de los 62 militares españoles que el 26 de mayo del año 2003 viajaba a bordo del avión. En conversación con este diario, no puede contener su indignación. Este lunes, el Ministerio de Defensa informó de que las autoridades turcas habían confirmado que una extremidad inferior de una de las víctimas fue enterrada en la ciudad de Macka, en Turquía, porque no pudo ser identificada.

La noticia saltó a la luz este lunes, pero Cardona ya lo sabía. Precisamente por eso, fue el responsable de que la institución dirigida por María Dolores de Cospedal se pusiera en contacto con las autoridades turcas para confirmar "la posible permanencia en suelo turco de restos mortales de las víctimas", según anunció el propio Ministerio en una nota de prensa. "Lo hice por una cosa muy sencilla, ni mi mujer ni yo conservamos ningún resto de mi hijo y sé que en Turquía hay restos biológicos de algunas de las víctimas", lamenta. Y no lo dice con desconocimiento. De hecho, Javier Jiménez-Ugarte, el que era número tres de Federico Trillo en Defensa en aquel momento, envió una carta a los familiares de los fallecidos asegurando que había constancia de que algunos restos habían sido enterrados en Turquía. Los definió entonces como "pequeñísimos restos" y "tejidos", pero no aclaró qué se hizo con ellos. Fue en el año 2004. "Entre esos restos había un fémur que los turcos enterraron en Macka. Y ahora nos dicen: 'No se pudo traer porque no se sabía de quién era'. Y yo me pregunto: ¿Y por qué no lo traen para hacerle las pruebas pertinentes de ADN?", critica Cardona. 

En enero de este año, se puso en contacto con Defensa y, en paralelo, con el Ministerio de Asuntos Exteriores. "Nadie me decía nada", critica. "Yo lo único que quería era un documento del Gobierno de España que me permita hacer las gestiones oportunas en Turquía para poder sacar los restos de mi hijo y traerlos aquí", cuenta. Está convencido de que los restos biológicos de su hijo continúan en Turquía porque ni él ni su mujer conservan ninguno.

Tras más de cinco meses sin respuesta, Cardona pidió una reunión con responsables del Ministerio. Y el encuentro tuvo lugar este lunes, "siete minutos antes" de que Defensa difundiera la información que había recibido supuestamente de las autoridades turcas. "Desde enero hubo muchas llamadas pero ninguna respuesta, hasta que el lunes nos reunimos en una dependencia del Ministerio, en Madrid", relata. Cuando Cardona y su mujer emprendieron el camino para llegar a tiempo a la reunión, fijada para las 12.00 horas del mediodía, recibieron una llamada. "Nos dijeron que la reunión sería a las 13.00 porque la persona que se reuniría con nosotros había recibido una llamada del Ministerio dándole instrucciones para el encuentro que iba a mantener con nosotros", recuerda.

Restos biológicos “destruidos”

"La sorpresa fue que a la media hora o tres cuartos de estar reunidos nos dijeron que acababan de recibir un documento de las autoridades turcas diciendo que los restos biológicos de los fallecidos y de los familiares que se fueron a hacer pruebas de ADN a Turquía hacía tiempo que habían sido destruidos. Esto es mentira", afirma con rotundidad Cardona. "Mentira", llega a repetir hasta tres veces. En ese momento, decidieron levantarse y salir de la reunión. En la sala, dejaron a la teniente coronel Begoña Arameindía, la directora de Apoyo al Personal de Defensa, al coronel Barco y a otro comandante. 

"A los pocos minutos de salir, el Ministerio lanzó una nota de prensa con esa información. Qué casualidad que la recibieran poco antes de la reunión que íbamos a tener", ironiza. 

La ministra, María Dolores de Cospedal, defendió este martes en el Congreso, ante la Comisión sobre la presunta financiación ilegal del PP, la actuación de su Ministerio. Según su respuesta a preguntas del diputado de ERC Gabriel Rufián, Defensa puso en marcha el pasado mes de enero las gestiones con Turquía para averiguar si quedaba en el país algún resto orgánico de las víctimas. Las pesquisas, explicó, dieron como resultado que las autoridades del país comunicaran "hace poco tiempo" que habían encontrado una extremidad "que no sabían a quién pertenecía". Cospedal aseguró, además, que la información es "muy confusa", pero daba a entender que la extremidad había sido enterrada antes de la identificación de los cadáveres. 

Ante esta afirmación, Cardona solicitó el documento enviado por Turquía para poder acreditar que la información era cierta. Y que había sido recibida con fecha de este 28 de mayo. "Me dijeron que no me la podían dar, y yo les contesté que estaban poniendo en duda mi paternidad y la de mi mujer sobre ese resto que había sido encontrado allí", cuenta. "Ha sido una cortina de humo para pararnos. Ya nos mintieron en 2003, y nos están mintiendo ahora. Que se han destruido es mentira. Mientras no me lo demuestren, lo seguiré pensando", insiste. Según creen, ni el resto ha sido destruido ni la comunicación que confirma que continúa habiendo restos de militares españoles en Turquía fue recibida este lunes.

Volver a pasar por el “trauma” de las pruebas de ADN

Después de que Defensa informara de que las autoridades turcas les habían confirmado el hallazgo del resto biológico, este lunes 10 familiares de víctimas del Yak42 ajenas a la asociación volvieron a solicitar la creación de una comisión de investigación que depure las responsabilidades políticas en la tragedia. Además, denunciaron que, 15 años después del siniestro, se les soliciten pruebas de ADN para conocer a quién pertenecía ese resto biológico. "Ahora, tras comunicarlo a la prensa, nos llaman para solicitarnos pruebas de ADN 15 años después... ¿Esto es serio? ¿En qué país vivimos?", denunciaron a través de una nota de prensa. 

"¿Y si ese resto es de mi hijo? ¿Yo no puedo hacer las pruebas para saberlo?", reclama Cardona, que critica que las familias, tres lustros después, tengan que volver a pasar por el "trauma" de someterse a ese proceso. "¿Es normal?", se pregunta varias veces. "Esto es un machaque psicológico tremendo", aseguró Rosario Benítez, viuda del comandante José Antonio Fernández, este lunes a infoLibre. 

El problema, según relata Cardona, es que no se hicieran en su momento. Como aseguraron las autoridades turcas a Defensa –según el propio Ministerio– en su momento esa extremidad fue enterrada en Turquía porque no se sabía a quién pertenecía. "¿Pero por qué no lo trajeron y se hicieron las pruebas?", se pregunta. 

"Hicimos un esfuerzo desde el principio para identificar y recuperar todos los restos y se hicieron identificaciones y traslados de acuerdo a los parámetros españoles", dijo el entonces ministro Federico Trillo, a pesar de que su secretario de Defensa, Jiménez-Ugarte, reconoció que algunos restos de los fallecidos fueron enterrados en Turquía. Según explicó a El Periódico de Aragón en 2004, los restos, que no habían sido identificados, "fueron pocos". 

“Ojalá se pusieran en contacto conmigo”

"Ahora estoy intentando hablar con Defensa, pero nadie se pone al teléfono. Ojalá se pusieran en contacto conmigo. Ahora nadie quiere saber nada", lamenta Cardona. "Pero yo voy a insistir", asegura. 

La ministra Cospedal prometió hace más de un año un "cambio de criterio" del Gobierno sobre el accidente. Y el propio presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy, prometió a las víctimas que obtendrían "satisfacción moral y jurídica". Y, sin embargo, no ha llegado ninguna de las dos. Lo hicieron en una fecha muy concreta: pocos días después de que el Consejo de Estado reconociera la responsabilidad patrimonial del Estado en la tragedia.

"Hay, pues, anteriores a la fecha del siniestro, hechos que habrían permitido a la Administración ponderar el especial riesgo concurrente en el transporte de tropas en que se produjo el accidente", asegura el informe de la institución, que también explica que "pudieron ser advertidas circunstancias que habrían llamado a la adopción por los órganos competentes de medidas que pudieran haber despejado el riesgo que se corría".

La ministra pidió perdón a los familiares de las víctimas "en nombre del Estado"perdón. Lo hizo "de corazón". Pero su promesa del cambio de criterio todavía no ha llegado, pues 15 años después las víctimas continúan denunciando el maltrato psicológico al que, aseguran, están siendo sometidas.

La vehemente andanada de Álvaro Pérez contra el marido de María Dolores de Cospedal y un amigo de infancia de Rajoy, ambos "atizantes que soltaban el mondongo" y de los que lamentó que ni estén en el banquillo ni nunca nadie les haya llamado a declarar por los papeles de Bárcenas, marcó este martes la cima de su comparecencia ante la comisión del Congreso que investiga la presunta financiación ilegal del PP.

Pero el hombre de Gürtel en Valencia regresó a la prisión de Valdemoro, donde cumple condena por el caso Fitur, dejando tras sí no solo su queja por el hipotético "privilegio" que ha salvado al empresario Ignacio López del Hierro, que ha anunciado una querella, y a Ángel Piñeiro, "el edecán de Rajoy", de aparecer en los grandes medios y de afrontar cualquier trámite judicial –la Audiencia denegó que declarasen en los papeles aunque figuran en ellos.

Quien durante años fue la cara visible de Orange Market se marchó tras haber aventado también un puñado de nombres y datos a modo de aviso: aviso medido en todos los casos pese a que por momentos se le veía descender por una pendiente atropellada en la que parecía a punto de revelar algún dato inédito y de máxima relevancia.

En sus casi dos horas y media de comparecencia, El Bigotes disparó a discreción contra el PP y sus aledaños... pero con salvas de aviso. Formalmente, las salvas de aviso constituyen una ceremonia de saludo naval y no una maniobra hostil de advertencia. En la práctica, Pérez hizo las dos cosas: la primera, saludar a quienes un día le entregaron una tarjeta vip para la sede de Génova que todavía guarda como "recuerdo" y hoy le tratan como a un "apestado"; y la segunda, dejar la sala José Pedro Pérez Llorca del Congreso, allí donde se reúne la comisión de investigación, como un campo de paint ball jalonado de delatores avisos o marcas de pintura. De momento, nadie en la trama Gürtel ha quemado todas las naves. Pero el aviso permanece. Condenado a 12 años por los contratos valencianos de Fitur, Pérez mantiene recurrida la sentencia ante el Supremo.

El Bigotes incluyó al presidente del Senado, Pío García Escudero, en la lista de interlocutores habituales durante su larga etapa de trabajo para el PP, mencionó a los ya clásicos Jesús Sepúlveda y Ana Mato, aprovechó para recriminar a la justicia que "el cuñado del rey se pasea por el lago de Ginebra mientras yo estoy en Valdemoro", subrayó que al diputado y dirigente del PP Juan Carlos Vera también le regaló un coche Correa y, sobre todo, introdujo nombres nuevos de primer orden:  Federico Trillo, José María Michavila y Esteban González Pons.

"Veo el plano del hemiciclo y sigo viendo a los mismos", clamó a punto de finalizar su intervención en respuesta a una pregunta de Podemos sobre si comparte lo dicho por Correa de que más que una trama Gürtel existía una trama del PP. El diputado de Podemos Txema Guijarro perdió la oportunidad de repreguntar quiénes eran esos mismos. Su compañera Carolina Bescansa lo intentó pero fuera ya de tiempo. Y el preso de Valdemoro, contento de estar "calentito" en la Cámara Baja durante una mañana, se zafó con una acusación genérica y una queja que sonó amarga: "Pasan caminando por el fuego cruzado y no les pasa nada".

Casi al inicio de la comparecencia, el socialista Artemi Rallo, cuya pregunta sobre si había visto alguna vez a López del Hierro por la sede del PP fue la que desató la furia de Pérez sobre el marido de Cospedal, ya había inquirido por los interlocutores básicos con quienes se reunía. El interrogado contestó así: "Bárcenas nunca jamás. Pío o Ana Mato cuando estaban ejerciendo, cuando controlaban el partido estaban en algunas reuniones pero no en todas. [Juan José] Matarí casi siempre. [Javier] Arenas cuando era secretario general. Con Rajoy no tenía ese tipo de reuniones".

"Gente importantísima de este país"

Pérez actuó casi como un experto en el arte del suspense cuando, por ejemplo, dijo que el financiero Ramón Blanco Balín, arquitecto de la estructura societaria de la trama, asesoraba a "gente importantísima de este país". Raudo, el diputado de Ciudadanos Toni Cantó le tendió el guante: "Tráceme un perfil". El interpelado no lo recogió: "No soy yo quien lo va a decir, lo saben muchos periodistas que no se atreven ni a poner la pluma". Una de las grandes incógnitas irresueltas del caso Gürtel es la identidad de los usuarios de una cuenta puente denominada Soleado,Soleado, descubierta en Suiza y con la que también operó el grupo de Francisco Correa.

Y fue así, deslizándose y midiendo, como el factótum de Francisco Correa en Valencia introdujo nuevos nombres en el ya abigarrado mapa de relaciones del PP con la trama Gürtel –"trabajábamos para el PP en toda España", precisó–. Lo hizo, para empezar, con el marido de Cospedal y el amigo de pupitre de Rajoy. Y siguió avanzando por esa senda cuando soltó que la empresa que realmente se llevaba "todas las adjudicaciones" de eventos institucionales en Valencia era Engloba, investigada en el caso Taula –eso lo dijo a medias– y que pertenece a un empresario "que lo hacía todo en todas las consejerías, bien relacionado con Esteban González Pons [portavoz de la delegación del PP en el Parlamento Europeo y exconsejero valenciano] y con el hermano de Ana Michavila [la ex jefa de gabinete de Francisco Camps y hermana del exministro José María Michavila]".

¿Y a cambio de qué conseguía Engloba esas adjudicaciones? Cuando se lo preguntó Cantó, Pérez no dudó un segundo: "Pues imagino que igual que nosotros pero con otros empresarios, es que si no es imposible". O sea, que según Pérez también a esa mercantil, al igual que a Orange Market, eran contratistas públicos de la Generalitat quienes le abonaban servicios que en realidad tenían por destinatario al PP.

Para el próximo juicio de la serie 'Gürtel', El Bigotes tiene ya casi perfilado "el tercer testamento"El Bigotestercer testamento, anunció. Dado el contexto en que pronunció esa afirmación y su capacidad para el aviso, eso podría indicar que Pérez prepara nuevas revelaciones en el próximo juicio sobre la visita del Papa a Valencia.

Perfectamente rasurado, con voz desgarrada en los instantes en que se erigió en una suerte de portavoz de los presos españoles pero recreándose las más de las veces en un estilo zumbón y deliberadamente plagado de improperios, Pérez citó a Rajoy para decir que nunca fueron amigos lo que se dice amigos, que jamás hablaban de dinero y que si le escribió una carta en reclamación de una deuda pendiente del PP gallego con las empresas de Gürtel fue porque era "el que mandaba". Citó también al presidente para recordarse viajando en su compañía a Argentina y yendo juntos a una óptica a renovar sus gafas: una simple anécdota pero que repitió tres veces, exactamente tres. Y le citó por último para enmendarle de manera implícita o sutil la plana sobre la verdadera razón por la que rompió amarras con el grupo de Correa –la contratación del ex jefe de gabinete de Aznar, Antonio Cámara, con quien "Rajoy se llevaba a palos" y no el aviso de Lapuerta invocado por el presidente– así como sobre la fecha misma de esa ruptura: "Once meses después del dramático atentado de Atocha" y no a mediados de 2004, que es lo que sostiene el líder conservador. Como colofón sobre el tema, Pérez sostuvo lo siguiente: "No se puede demoniazar al señor Rajoy porque haya habido una serie de personajes que hayan hecho perrerías".

Pérez citó a Federico Trillo, "que era un poco el director de orquesta" en estrategia jurídica. El que –vino a decir– aconsejó a Camps que dejase en la cuneta a los dos acusados del caso de los trajes –Víctor Campos y Rafael Betoret– que se reconocieron culpables para evitarse el juicio. Fue Camps, relató, quien les dijo "iros para allá". Y allí que los dejó.

De todo lo que este martes dijo El Bigotes, fue su retrato verbal sobre Camps y su exconsejero Juan Cotino –"solo tiene amigos en los altares"– el que más verdad rezumó: es decir, el que sin ninguna duda transmitió el mensaje de que, sea cual sea el motivo, en Álvaro Pérez no queda ni una brizna de simpatía por quien antaño era su "amiguito del alma". Ni, por supuesto, por Cotino, con quien se verá las caras en el próximo juicio sobre la visita del Papa a Valencia. La forma en que contó el episodio de los trajes marcó el cénit de su relato sobre Camps: "Si el Supremo dice que yo no le he regalado trajes, yo no le pienso llevar la contraria". Y todo el mundo entendió.

Pero si hubiera que levantar un podio de rencores, probablemente Álvaro Pérez situaría allí, junto a Camps y a Cotino, al yerno de José María Aznar, Alejandro Agag. A él, el mismo que le había presentado a Francisco Correa cuando El Bigotes trabajaba en el Berlín Cabaret, el amigo a quien ayudó a preparar su boda, le dedicó el compareciente esta parte de su relato: "Yo tenía una estrecha amistad, una muy estrecha amistad con el señor Agag, que me enteré en un programa de televisión de que seguía vivo porque nunca me llamó desde que saltó esto".

El expresidente del Gobierno José María Aznar ha recordado la recuperación del islote de Perejil hace 15 años y ha aprovechado para agradecer a las Fuerzas Armadas su "servicio a España" en esa operación que puso fin al mayor conflicto diplomático con Marruecos de las últimas décadas.

"Mi agradecimiento a las Fuerzas Armadas cuando se cumplen estos días 15 años de la recuperación del islote de Perejil. Gracias a todos los que participaron en esa operación al servicio de España", ha publicado en su página personal.

Aznar ocupaba el Palacio de la Moncloa cuando militares marroquíes desembarcaron bajo el argumento de una operación antidroga en el islote Perejil, situado a diez kilómetros de Ceuta y a unos 200 metros de la costa marroquí.

Tras seis días de conflicto diplomático, Aznar ordenó al entonces ministro de Defensa, Federico Trillo, el inicio de una operación militar para desalojar a los militares de Marruecos.

La operación tuvo lugar finalmente el día 17 de julio de 2002 con el desembarco en Perejil de miembros de las Fuerzas Armadas españolas, que detuvieron a los marroquíes y colocaron en el islote la bandera de España.

Trillo explicó entonces la operación: "Al alba y con tiempo duro de levante... con fuerte levante, 35 nudos de viento, salieron cinco helicópteros, tres helicópteros Cougar que transportaban dos equipos de operaciones especiales, con un total de 28 soldados que llegaron a la isla Perejil, y otros dos helicópteros Bolkov que se quedaron sobrevolando la zona en misiones de apoyo".

Con casi un año de retraso, la Comisión del Estatuto de los Diputados trasladó este jueves al Pleno del Congreso su dictamen [aquí en PDF] con las actividades privadas de los parlamentarios. Aquellas con las que compatibilizan el escaño. El informe recibió luz verde como en todas las ocasiones anteriores. Pero la gran novedad estuvo en que no ocurrió por unanimidad. El principal partido de la oposición, el PSOE, votó en contra.el PSOE, votó en contra.

Los socialistas, que abogan por la dedicación exclusiva, pretendían que una treintena de parlamentarios del PP, Unidos Podemos y Ciudadanos explicaran con detalle ante la Comisión del Estatuto de los Diputados las actividades para las que solicitaban compatibilidad. El grueso de estas estaban relacionadas con el ejercicio de la abogacía o la consultoría. Se pretendía evitar casos como los que, en su día, afectaron a ya exparlamentarios como Federico Trillo, Vicente Martínez-Pujalte, Gustavo de Arístegui o Pedro Gómez de la Serna, episodios que destaparon lucrativas actividades privadas al margen del escaño y con el mínimo control previo.

¿Es este dictamen una garantía de que no volverán a repetirse casos en los que los diputados bordean el régimen de incompatibilidades para aprovecharse de su cargo público en sus negocios privados? La respuesta es no.

Es innegable que el contexto político y social de tolerancia hacia la corrupción ha cambiado en los últimos años. Pero este cambio, forzado en parte por la llegada de nuevos partidos al hemiciclo, no ha llevado todavía a una reforma del reglamento del Congreso de los Diputados que dote a la Cámara, o a alguna de sus comisiones, de la capacidad de controlar que sus señorías no se saltan la ley en lo que a las incompatibilidades se refiere. Estos controles, coinciden todos los partidos, tendrían que ser periódicos. No basta, subrayan, con una revisión cuanto se hace la declaración de actividades. Requiere, además, de revisiones periódicas.

Régimen de sanciones

Otro asunto pendiente es el del establecimiento de un régimen de sanciones para aquellos que incumplan el reglamento o mientan en los documentos que entregan a la Comisión del Estatuto de los Diputados. Hasta la fecha, cuando los escándalos han estallado ha sido gracias a investigaciones periodísticas, no al control de la Cámara. Y, en ocasiones ha bastado con una rectificación por parte de los afectados para dar por zanjado el tema a efectos parlamentarios.

Al menos en los discursos públicos, todos los partidos del hemiciclo están convencidos de que hace falta más transparencia en esta materia y mayor número de controles. Lo que evidenció la votación de este jueves es que no todos están de acuerdo en el cómo y en el cuándo. Así, mientras el PSOE consideraba clave que una treintena de diputados fuesen más claros sobre las actividades para las que solicitaban compatibilidad, el resto vieron con buenos ojos que se aprobase el dictamen y, a partir de ahí, implementar todas las mejoras necesarias.

Desde Unidos Podemos fueron muy insistentes en que Izquierda Unida, formación integrante de este grupo parlamentario, ya intentó en otras legislaturas que se implantase la dedicación exclusiva con la oposición de la Cámara, el PSOE incluido.

Iniciativas que no prosperan

Ante las críticas del resto de partidos de abogar ahora por cambios y no haber hecho nada en los últimos años, ni cuando el PSOE tuvo mayoría absoluta, el portavoz socialista, Luis Carlos Sahuquillo, recordó que cuando estallaron los escándalos que afectaron a Federico Trillo y Vicente Martínez-Pujalte, llevaron una iniciativa a Pleno que no prosperó. Una información del diario El Paísdestapó las labores de asesoría para empresas especializadas en obra pública de los ya exdiputados del PP Federico Trillo o Vicente Martínez-Pujalte.

El citado diario se topó con los nombres de estos dos políticos en una investigación sobre las empresas beneficiadas por los parques eólicos en Castilla y León. El exministro de Defensa había cobrado, entre 2006 y 2008, 354.560 euros; Martínez-Pujalte, por su parte, se había embolsado 75.000 euros entre otoño de 2008 y 2009. El canal de percepción de este dinero había sido los despachos de asesoría con los que ambos complementaban sus actividades parlamentarias, unas actividades autorizadas por la Cámara.

Estos escándalos llevaron a los socialistas en octubre de 2014, bajo el liderazgo de Pedro Sánchez, a anunciar una iniciativa para que sus señorías tuviesen dedicación exclusiva. La iniciativa no prosperó, pero sí el compromiso de no permitir más actividades a sus diputados que el escaño. 

Un año después, estallaba otro escándalo con similares ingredientes y nuevos protagonistas. El Mundo informaba de que un embajador, y exdiputado, Gustavo de Arístegui, y un diputado del PP, Pedro Gómez de la Serna, cobraban "comisiones millonarias en el extranjero". Su tarea, autorizada por el Congreso según aseguraron los protagonistas, era hacer labor de lobby para empresas españolas en Latinoamérica y África.

Sin desvelar los clientes

A día de hoy, el Parlamento no se ha dotado de ninguna vacuna contra casos similares. En el dictamen de esta XII Legislatura, se autoriza a un total de 16 parlamentarios (12 del PP, dos de Unidos Podemos, uno del PSOE y uno de Cs) al ejercicio de la abogacía. En el PSOE hacen una precisión. Su parlamentario autorizado para estas funciones, Pedro José Muñoz, es un caso particular: tiene permiso para ejercer como letrado "en procedimientos judiciales y asesoramiento jurídico a miembros o cargos" de su partido, "sin retribución, minuta, ni contraprestación económica ni de cualquier otro tipo, por esas actuaciones".

El dictamen no recoge en el resto de los 15 parlamentarios autorizados quiénes serán los clientes. quiénes serán los clientes. Como tampoco ocurre en el caso de los dos diputados, ambos del PP, que han obtenido licencia para realizar tareas de asesoría: Teófilo de Luis y Javier Ruano. Ni en el de los cinco diputados del PP, seis de Ciudadanos, uno de Podemos, uno del PDeCAT y uno de UPN que declaran ejercer actividades empresariales.

¿Qué dice la ley?

La LOREG refleja que la actividad parlamentaria "será incompatible con el desempeño, por sí o mediante sustitución, de cualquier otro puesto, profesión o actividad, públicos o privados, por cuenta propia o ajena, retribuidos mediante sueldo, salario, arancel, honorarios o cualquier otra forma". Pero hay una serie de excepciones que la Comisión del Estatuto de los Diputados se encarga de analizar.

El ejercicio de la abogacía ha sido tradicionalmente una de las tareas para la que más compatibilidades han demandado sus señorías. El dictamen de la citada comisión que tiene pendiente llegar a pleno recoge sobre este tipo de actividades –iguales requisitos cita para economistas, médicos, farmacéuticos y veterinarios– que esta actividad es susceptible de autorización "con las limitaciones" de "no poder percibir honorarios o cualquier otra forma de remuneración del sector público estatal, autonómico o local y no poder invocar o hacer uso de su condición de parlamentario para el ejercicio de la actividad" y sin que "pueda suponer menoscabo de la dedicación absoluta a las tareas parlamentarias". Igual coletilla se añade en los expedientes de quienes piden permiso para hacer labores de asesoría.

¿Y los funcionarios?

Pese a que todos los grupos parecen compartir la necesidad de introducir mayores controles, el cambio reglamentario y legal se antoja muy complicado. Porque los partidos parten de posiciones muy dispares e incluso dentro de los partidos hay sensibilidades diferentes.

Sectores del PP, por ejemplo, llevan tiempo exhibiendo su malestar por el hecho de que iniciativas como la de la exclusividad están conduciendo a que la política acabe siendo un espacio reservado para los funcionarios. Quienes así opinan defienden que sólo ellos pueden permitirse dar el salto de su puesto al escaño teniendo garantizado el reenganche tras dejar el cargo público. "Y encima, cobrando trienios", añade un diputado en conversación con infoLibre.

Al menos 92 parlamentarios de esta legislatura son funcionarios. Por grupos parlamentarios, es el PP el que más funcionarios congrega: 37. Le sigue, a poca distancia, con 35, el Partido Socialista. En el Grupo de Unidos Podemos se contabilizan 9 funcionarios, 6 en Ciudadanos, 2 en el PNV, 2 en el Grupo Mixto y 1 en ERC. En porcentaje, representan el 26,2% de la Cámara.

"Nada objetan ustedes a los funcionarios de la percepción compatible de trienios, nada a los docentes o a la creación literaria o a los abogados que trabajen para el partido –nada que objetar a ninguna actividad declarada por el Grupo Socialista–, pero debo decirles que eso no suena a criterio, no es una norma; es más bien un filtro, un filtro que favorece específicamente a los diputados del Grupo Socialista", se quejó este jueves en el Pleno el diputado del PP y presidente de la Comisión del Estatuto de los Diputados, Leopoldo Barreda.

"Su posición afecta a quiénes y cómo pueden acceder a la política; su posición amenaza con convertir el Legislativo en un coto cerrado, en un área reservada a algunos grupos sociales, en un Parlamento alejado de la sociedad. Parece que el PSOE quiere un Parlamento solo para ricos, funcionarios y oportunistas de la política; solo para quienes tengan asegurado el bienestar, tengan reserva de plaza en la Administración o puedan probar en política como se probarían una camisa o unos zapatos, y por supuesto con la misma responsabilidad", añadió.

Unidos Podemos y ERC han presentado este martes la comisión de investigación que quieren que constituya el Senado sobre la guerra de Irak, en la que plantearán la comparecencia entre otros de los entonces presidente del Gobierno, José María Aznar, ministro de Defensa, Federico Trillo, y secretario de Estado de Comercio, Juan Costa, según ha informado Europa Press.

Sara Vilá y Jordi Martí, portavoces de los dos grupos, han dado a conocer la iniciativa que tendrá que ser debatida y votada en el próximo Pleno del Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta. Ambos han defendido la necesidad de esta investigación parlamentaria y han asegurado que lo ven como una "oportunidad de oro" para que PP y PSOE impulsen la transparencia y ayuden a "mejorar la calidad democrática" del país.

Sin el apoyo del PP la comisión de investigación no saldrá adelante y ambos grupos se plantearán entonces intentarlo en el Congreso, aunque han admitido que dependerá de qué partidos se sumen en la Cámara Alta.

Vilá ha explicado que la propuesta parte del trabajo de la comisión Chilcot constituida en el Reino Unido y que tras siete años de investigación, el pasado verano presentó sus conclusiones: la guerra de Irak pudo ser evitada y no eran tales las certidumbres que se difundieron sobre la existencia de armas de destrucción masiva, con las que se justificó la invasión de aquel país.

La senadora ha defendido que se investigue también en España por qué el país se sumó a la invasión de Irak, qué pasó y cómo pasó, una guerra que costó la vida de once militares y dos periodistas españoles y de miles de otras vidas, ha dicho, por ninguna de las cuales "se ha hecho justicia". Vilá ha dicho también que Irak es un país desde entonces "desestabilizado" y que sigue en guerra tantos años después "por esa decisión de Aznar y su vicepresidente, Mariano Rajoy".

El senador de ERC ha dicho por su parte que esta comisión del Senado tendría que "dirimir responsabilidades, hacer justicia y reparar a las víctimas", pero también aclarar si se manipuló la realidad para crear un contexto favorable a la invasión y a los intereses de empresas que podrían beneficiarse después de la reconstrucción del país.

Junto a los dos senadores ha comparecido en rueda de prensa una portavoz del colectivo Ceosi (Campaña Estatal contra la Ocupación y por la Soberanía de Irak). Sara Sánchez ha asegurado que la situación de aquel país se ha deteriorado desde la invasión de 2003 y que presenta "cifras escalofriantes" de muertos, desescolarización de niños y retroceso para la mujer.

El papel de Aznar

La iniciativa llega meses después de que el partido morado pidiera sin éxito la comparecencia de Aznar en el Pleno del Senado por este mismo asunto y a raíz del citado informe Chilcot. Con la comisión de investigación, los dos partidos quieren que estudie la participación de España en la guerra de Irak del año 2003 y el papel "que jugó" el entonces presidente del Gobierno, José María Aznar, "para intentar legitimar la invasión" de aquel país.

En ese informe del Reino Unido, entre otras cosas, se subrayaba que el exprimer ministro británico Tony Blair y Aznar acordaron poner en marcha una estrategia de comunicación para intentar demostrar que "estaban haciendo todo lo posible para evitar" la guerra. Según se añadía, ese pacto entre Aznar y Blair se concretó en una reunión que ambos mantuvieron en Madrid el 27 y 28 de febrero de 2003, menos de un mes antes de la invasión de Irak.

Unidos Podemos y ERC reclaman que este asunto sea precisamente uno de los que investigue la comisión del Senado: qué medios de comunicación "participaron" en esa estrategia y qué cargos públicos colaboraron. Además de estudiar el papel de Aznar y su "obstinación" en la alianza trasatlántica, exigen que se determine por qué el Gobierno decidió seguir con la intervención en Irak "aún sabiendo que no había armas de destrucción masiva".

Posible beneficio para empresas españolas

En concreto, quieren que se aclare en qué consistía "el esfuerzo económico" que España estaba dispuesta a hacer en la reconstrucción del país, según palabras del entonces secretario de Estado de Comercio y Turismo, Juan Costa. "A qué empresas beneficiaba dicha reconstrucción y a quién pertenecían esas empresas", preguntan los dos partidos.

También afirman que la comisión debe aclarar "cuál fue el papel del ministro de Defensa, Federico Trillo, respecto a la posible demanda de que las empresas españolas pudieran beneficiarse de la guerra", así como qué destino tuvo y cómo se repartió el fondo de 50 millones de la Agencia Española de Cooperación Internacional para ayuda humanitaria en Irak.

Por último, Unidos Podemos y ERC creen que la comisión del Senado tiene que investigar "qué influencia ha tenido" esa guerra en la actual situación de Irak, en el crecimiento de Al Qaeda "y el surgimiento del Estado Islámico".

"Nos sentimos tristes, cansados, pero dignos de nuestros 62". Con estas palabras ha comparecido el viernes Miguel Sencianes, presidente de la Asociación de los Familiares de las Víctimas del Yak-42, quien ha solicitado la comparecencia de María Dolores de Cospedal en el Congreso de los diputados, después de que el Ministerio de Defensa reconociera la responsabilidad patrimonial de la Administración en el accidente. Sencianes ha exigido que la ministra "presente a toda España el expediente" para que la oposición pueda "formular sus iniciativas", y ha pedido además el compromiso de Defensa "para que el próximo año se realice un homenaje" a los 62 militares fallecidos en 2003, coincidiendo con el 15 aniversario de la catástrofe.

La resolución de Defensa, ha señalado Sencianes, "pone fin al expediente administrativo instado por la asociación en el año 2004", y las conclusiones, a su juicio, evidencian que "la mayor catástrofe del Ejército español en tiempos de paz se pudo evitar". Según el expediente, a través de una valoración conjunta, habría podido llamarse "a la adopción por los órganos competentes de medidas que pudieran haber despejado el riesgo que se corrió". Sencianes ha insistido en que "lo que ellos llaman accidente" y en realidad fue un "vuelo ilegal, se habría evitado si Federico Trillo hubiera tenido en cuenta las advertencias sobre la falta de seguridad de estos vuelos".

Sobre el entonces ministro de Defensa, el presidente de la asociación ha recordado que "Trillo aseguraba en el Congreso que según todos los informes técnicos el vuelo era seguro y que el accidente se debió a un error humano. Hoy, 14 años después, hemos desmontado sus mentiras: fue un vuelo ilegal y no era apto para volar".

El informe de Defensa "viene a demostrar que las cosas se hicieron mal", y pone de relieve que "los culpables tienen nombres y apellidos". Sencianes ha recordado que los principales responsables continúan ocupando puestos en la Administración Pública. "Señor Trillo, es usted un gran mentiroso, ni los militares estaban bien identificados ni el Yak-42 era un buen avión", ha apostillado Sencianes, quien ha reprochado al exministro que les tratase "como peseteros". El presidente de la asociación ha reiterado su demanda de que Trillo deje el Consejo de Estado, al que se reincorporó en febrero tras abandonar la embajada española en Londres. Francisco Cardona, vicepresidente de la asociación, ha condenado además "el gran miedo del PP hacia Federico Trillo".

Por otro lado, Sencianes se ha dirigido a Javier Jiménez-Ugarte, número tres de Trillo en Defensa cuando ocurrió el siniestro, para señalar que los familiares no entienden su puesto en el Alto Comisionado de la Marca España, después de haber sido el "encargado de mentir sobre" los 62 muertos. Se ha referido también al general Luis Alejandre, para censurar que "reciba dinero como cargo del PP y como tertuliano de RNE", y al juez Grande-Marlaska, a quien ha criticado por haber hecho un sobreseimiento libre negándoles "la posibilidad de reabrir un juicio", por no haber visto "indicios de negligencia" y por haberles dicho a los familiares "que la identidad de los fallecidos era inocua e intrascendente, sin relevancia penal".

Finalmente, Sencianes ha elogiado la tarea de José Bono, y ha reconocido "su valentía en aquellos primeros momentos de su paso por Defensa". El presidente de la organización ha finalizado la comparecencia asegurando a la ciudadanía que "la corrupción mata", y que 14 años después "una firma hace real" su verdad. "Dejamos la lucha en los ciudadanos, y que se haga real la regeneración democrática que tanto necesitamos", ha concluído.

El Ministerio que dirige Dolores de Cospedal admite ahora que no atendió las advertencias del riesgo que suponían estos vuelos, un peligro que tanto el expresidente José María Aznar como el entonces ministro Federico Trillo negaron reiteradamente en su día.

El Ministerio de Defensa reconoce la responsabilidad patrimonial de la Administración en el accidente del Yak-42 en el que fallecieron 62 militares españoles, según consta en la resolución del expediente administrativo relativo a las solicitudes de indemnización formuladas por los familiares de las víctimas.

La ministra María Dolores de Cospedal ha firmado la resolución del expediente que el Ministerio abrió tras el informe del Consejo de Estado que responsabilizaba por primera vez al Departamento del accidente registrado en Turquía el 26 de mayo de 2003 en el que fallecieron los militares que regresaban de una misión en Afganistán en un avión Yakolev.

"Tras años de procedimientos administrativos y judiciales, la Administración reconoce su responsabilidad", concluye el informe en sus fundamentos de derecho. La ministra ya reconoció la responsabilidad de la Administración el pasado mes de enero y pidió perdón a las víctimas en nombre del Estado.

La resolución administrativa del Ministerio, a la que ha tenido acceso Europa Press, recoge las principales conclusiones del Consejo de EstadoConsejo de Estado respecto a la asunción de responsabilidad patrimonial. E indica que "han podido constatarse hechos anteriores a la fecha del siniestro que habrían permitido a la Administración ponderar el especial riesgo concurrente en el transporte de tropas en que se produjo el accidente".

Según asume, tras el accidente se produjeron "unas lesiones antijurídicas" que los familiares de las víctimas "no tienen el deber jurídico de soportar". Estas "lesiones antijurídicas" deben ser reconocidas por el Ministerio según las normas vigentes, acepta el expediente, que añade que también tienen que ser asumidas "como expresión del respaldo institucional al reconocimiento, respeto y memoria de los militares españoles que dieron su vida por la defensa de los intereses nacionales y en favor de la paz de la comunidad internacional". 

"Se subraya el merecido respaldo al patriotismo de miembros de las Fuerzas Armadas y también al de su entorno personal, ya que lo dilatado del procedimiento y los errores y circunstancias posteriores a la tragedia no han hecho sino más intenso el duelo", acepta.

No se pagarán nuevas indemnizaciones

Sin embargo, esta resolución concluye que la asunción de responsabilidad administrativa no significa el pago de nuevas indemnizaciones, como reclamaban algunos de los familiares de los 62 militares fallecidos.

El expediente incide en "el importante despliegue resarcitorio derivado de los distintos mecanismos que han operado en el presente caso" y por tanto concluye que "no puede sumarse una indemnización por responsabilidad patrimonial de la Administración".

Además, la resolución administrativa incide en que el Acuerdo de Ventas suscrito con NAMSA, como responsable de contratar el vuelo, no supone "un total y completo traslado de las responsabilidades sobre la ejecución del contrato a NAMSA con simultáneo y total desapoderamiento de competencias de seguimiento y control por la Administración Militar concernida".

"Así se desprende de la interpretación literal de sus cláusulas, reconocedoras de determinadas competencias traducibles en deberes de control y seguimiento", sostiene.

No se abonó precio alguno por el vuelo

Además, el Ministerio de Defensa "ha podido constatar" que no se abonó precio alguno por el vuelo siniestrado al recibirse una comunicación oficial en ese sentido de NSPA, la actual agencia que sustituye a NAMSA ene l marco de la OTAN.

Según detalla, de la cantidad de 149.000 euros en que consistía el precio contratado, 95.360 euros correspondían al pago de las horas de vuelo, 38.740 euros al precio del combustible y 14.900 euros a las tasas de aterrizaje y handling.

Sin embargo, "y a pesar de las nuevas indagaciones realizadas", el Ministerio asegura que no se ha logrado obtener más documentación sobre el aspecto concreto de las subcontrataciones de los diferentes vuelos de transportes de tropas que pudieron efectuarse al amparo de las previsiones del contrato celebrado entre NAMSA y Chapman.

Jiménez-Ugarte, para situarnos, era secretario general de Política de Defensa en las fechas en que familiares de los 62 militares fallecidos se interesaban desesperadamente por comprobar si sus restos habían sido correctamente identificados antes de devolverlos a España urgentemente para ser sepultados cuanto antes. Había grandes motivos para dudarlo, puesto que los médicos enviados por Defensa a Turquía no eran forenses ni especialistas en necroidentificación. Trillo designó a Ugarte como responsable de la relación y comunicación con los familiares de las víctimas.

Rosario Benítez, viuda de uno de los comandantes muertos, escribió una carta pública a principios de 2004 en la que concluía: “Sólo me queda preguntar ¿a qué o a quién hemos enterrado?” El señor Jiménez-Ugarte, diplomático de carrera,  respondió con un escrito sellado por el Ministerio de Defensa en el que recriminaba a la viuda “la muy negativa imagen” que estaba dando del equipo médico y le lanzaba el siguiente reproche: “Sería más solidario por su parte no escribir cartas como ésta que sólo sirven para hacer sufrir más a todos sus compañeros y compañeras”. A Curra Ripollés, hermana de otro comandante que murió en ese avión chatarra que nunca debió volar porque no cumplía las condiciones mínimas, Jiménez-Ugarte la trató de “loca” y hasta le dio la tarjeta de un psiquiatra amigo suyo para que fuera a verle. Incluso envió a la madre de Curra una extensa carta que incluía su currículum para recordarle esa cosa tan marca España: no sabe usted con quién está hablando. Cuando se le preguntó a Trillo si le parecía correcto el trato que su subordinado estaba dando a las víctimas, se permitió contestar: “Lamento que se esté haciendo electoralismo con todo esto”.

La indignación de las familias es tan comprensible como justa. La ha expresado en infoLibre Sara García Díaz, hermana del cabo David García Díaz, en este texto en el que afirma: “Impotencia es la palabra que a muchos esta semana nos ha invadido al leer la noticia”.

Rajoy y la "satisfacción moral"

Mientras esperan a que la ministra Cospedal concluya la investigación que prometió tras el informe del Consejo de Estado que certificó oficialmente por primera vez la responsabilidad del Ministerio de Defensa en el siniestro del Yak, las familias de los muertos ya han podido comprobar el concepto que Mariano Rajoy tiene del respeto a la memoria de las víctimas. El pasado 31 de enero, Rajoy recibió en la Moncloa –casi catorce años después– a un grupo de familiares que le escucharon pronunciar palabras reparadoras y hasta esperanzadoras: “A partir de ahora las cosas se van a hacer bien. Trabajaremos para una resolución que les dé satisfacción moral y jurídica, sin ningún condicionamiento político”.

De momento, aquí la única “satisfacción” debe de sentirla el señor Jiménez-Ugarte, a quien el Gobierno del PP nombró en 2012 embajador en Suecia y ahora le permite incorporarse nada menos que al órgano encargado de cuidar y fomentar la Marca España. Antes ya se había encargado de indultar a los únicos militares condenados por las falsas identificaciones de los fallecidos (otro de ellos murió antes de entrar en prisión). Federico Trillo, premiado en su día con la embajada en Londres, ha regresado a su plaza del Consejo de Estado, que acaba de concederle la prórroga para que no tenga que jubilarse, si lo desea, hasta los setenta años.

Aunque nadie pueda discutir la “legalidad” de todos estos pasos, es obvio que el concepto de “satisfacción moral” de Rajoy es bastante peculiar. Con el caso de Jiménez-Ugarte no puede escudarse en que la cosa no tiene nada que ver con él, como sostiene respecto al Consejo de Estado presidido por su amigo y padrino político José Manuel Romay Beccaría. Porque resulta que el Alto Comisionado para la Marca España “depende funcionalmente del presidente del Gobierno”, como se especificaba en el Real Decreto por el que se creó en 2012, aunque orgánicamente esté ubicada su oficina en el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.

Por último, ya va siendo hora de que se informe con detalle de ese emporio presidido por Carlos Espinosa de los Monteros, expresidente de Iberia, de Mercedes Benz España y vicepresidente no ejecutivo del grupo Inditex, entre un rosario de cargos y honores que incluye el de Marqués de Valtierra. Tiene rango de secretario de Estado, sin sueldo aunque con todos los gastos y viajes cubiertos. Fue designado a dedo por el propio Mariano Rajoy, y no hay forma de que Exteriores aporte con absoluta transparencia los datos sobre los recursos públicos y privados que maneja Marca España y a qué se destinan. Colaboran en el lobby casi todas las principales empresas españolas, y su objeto consiste –como su propio nombre indica– en cuidar y fomentar la imagen de España. Mientras no tengamos más datos, queda la duda de si la Oficina del Alto Comisionado produce más beneficio a España o a determinadas compañías particulares y privadas, por muy españolas que sean. 

De momento, la incorporación de Jiménez-Ugarte demuestra muy poco respeto a lo que cualquier ciudadano de bien entiende como Marca España, pero además es toda una apuesta por la transparencia, teniendo en cuenta que, como recuerda Miguel González en El País, Ugarte "maniobró para que las familias del Yak-42 no descubriesen la verdad".

El Pleno del Parlamento de Cantabria ha rechazado este lunes la proposición no de ley promovida por Podemos, en coordinación con las familias de las víctimas cántabras del accidente del Yak-42, para declarar persona non grata al exministro de Defensa Federico Trillo. La iniciativa ha recibido el voto en contra del PP y la abstención de PRC, PSOE y Ciudadanos, informó Europa Press.

Estos tres grupos han intentado modificar la propuesta de resolución, a través de una enmienda de sustitución en la que proponían instar al Gobierno de Cantabria a transmitir al Gobierno central la condena del Parlamento por la gestión del accidente del Yak-42, asumiendo todas y cada una de las conclusiones del dictamen del Consejo de Estado, así como a homenajear a título póstumo a las víctimas cántabras, mediante reconocimiento oficial y público de su trabajo en pro de la paz mundial.

El diputado de Podemos Alberto Bolado ha dicho que las familias conocen el contenido de la enmienda y "no están dispuestas a aceptarla", por lo que la ha rechazado, a la vez que ha reprochado a PRC, PSOE y C's su "cobardía y falta de valor", "disfrazada de un rigor y conocimiento técnico" del que, a su juicio, "carecen por completo".

En su primera intervención, Bolado ha leído una carta de los familiares de las víctimas cántabras, en la que pedían a los grupos parlamentarios el apoyo a esta iniciativa que "no pasaría si no a ser algo meramente simbólico, un pequeño homenaje y reconocimiento a nuestros familiares, los fallecidos en esta comunidad, pero también para sentar precedente, sea cual sea su color político, para el resto de comunidades".

Podemos Cantabria ha registrado este viernes una iniciativa en el Parlamento regional para que se declare al exministro de Defensa Federico Trillo "persona non grata" en esta Comunidad, y que el Gobierno e instituciones autonómicas se abstengan de contar con él en los actos que organicen, según ha informado Europa Press.

El grupo morado en la Cámara ha presentado una proposición no de ley en este sentido, que se debatirá en un próximo Pleno, y de la que ha dado cuenta este viernes el diputado Alberto Bolado, en una rueda de prensa en la que ha estado acompañado por familiares cántabros de afectados por el accidente del avión YAK-42 de mayo de 2003 en Turquía, en el que fallecieron 62 soldados españoles.

Bolado ha considerado que se trata de una iniciativa "de justicia" en la que factores políticos deben quedar en un "segundo plano", ha señalado en alusión al posible apoyo a la PNL de otras formaciones con representación parlamentaria.

Y es que el objetivo último es que Trillo "sepa que aquí no se le quiere", ha resumido Sara García, hermana de David, uno de los dos cántabros fallecidos en el siniestro aéreo, junto con Miguel Ángel Calvo Puentes, representado por su hermano Jesús.

Sara, acompañada por su otra hermana, ha señalado que la declaración del ministro de Defensa del PP cuando sucedieron los hechos como "persona non grata" en esta región es algo "simbólico", "sin repercusión", que tal vez para él no tenga importancia, pero sí para ellos, "por el respeto y honor a nuestros familiares, a todos sus compañeros que ya habían volado jugándose la vida, cosa que él jamás hubiese tenido narices a hacer".

Esta misma petición ya ha salido adelante en Cartagena (Murcia), ciudad natal de Trillo, y en Lalín (Pontevedra), de donde era uno de los fallecidos. En ambos municipios se le ha declarado "persona non grata".

A juicio de Sara García, éste es "el único nombramiento" que se merece Trillo, y no otros como embajador de Londres, cargo del que dimitió el pasado mes de enero tras conocerse el informe del Consejo de Estado que responsabiliza al Ministerio que él dirigía del accidente del Yak-42 por el "pésimo" estado del avión, por lo que ya había numerosas quejas sobre la mesa.

Después de recordar que llevan casi 14 años de "duelo permanente" y "dolor constante", la hermana de David ha censurado el "lamentable" comportamiento de Trillo, por "esconder la verdad, manipular los hechos y disfrazarlos", y que se haya tratado a los familiares de las víctimas como "mera mercancía".

Además, ha negado las palabras del exministro y ha asegurado que "nunca" han pedido "dinero", sino "solo la verdad" y que se actuara con "transparencia", para lo cual reclaman, tras el dictamen del Consejo de Estado que les ha dado la "razón", una comisión de investigación.

De igual modo, los allegados a los soldados que murieron en el siniestro rechazan el "mísero perdón" de la actual ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, que "poco o nada sabe del tema". "Que se deje de hablar de dolor y se hable de jurisprudencia", ha reivindicado Sara, para asegurar que los familiares piden asimismo que se "depuren responsabilidades" y que "esto no vuelva a ocurrir".

"El empeño de la ministra Cospedal en poner en duda el poder encontrar o no una documentación que deberían haber tenido desde un primer momento en su poder, y que de hecho no dudamos que tienen, quizás solo haya que abrir un cajón, demuestra el buen hacer de esta ministra, que no se molesta en aclarar que hay una vía de responsabilidad patrimonial abierta por la cual se pide el dictamen del Consejo de Estado que es vinculante a la sentencia que a día de hoy seguimos esperando".

Por su parte, Jesús Calvo ha agradecido a Podemos esta iniciativa parlamentaria, presentada precisamente a petición de los familiares. Con esta PNL también se persigue "demostrar que nadie esté por encima de la Ley" y que las instituciones democráticas muestren el rechazo a un comportamiento que consideran "anti patriota". "La mentira y desprecio a las leyes de nuestro país no va en la línea del respeto que merecen los miembros de las Fuerzas Armadas, que se dejan la vida fuera de nuestras fronteras defendiéndonos", ha apuntado Bolado.

El exministro de Defensa Federico Trillo se ha incorporado este jueves a su puesto de trabajo como letrado mayor en el Consejo de Estado, y ha acudido tanto a la reunión de su Sección, la octava, como a la de su Comisión Permanente, han informado a Europa Press fuentes de la institución.

Trillo obtuvo la semana pasada la luz verde del Consejo para recuperar su plaza de letrado mayor, tras haber estado en situación de servicios especiales desde 1989, pero no tenía por qué acudir físicamente a su despacho hasta este jueves, ya que los jueves es el día en que se reúne su Sección.

El exministro y exembajador en Londres ha llegado a la sede del órgano consultivo alrededor de las 8.30 horas de este jueves. A las 9.00 se ha reunido su Sección y a las 10.00 la Comisión Permanente. Las fuentes han precisado que los letrados mayores tienen que asistir a la Comisión Permanente cuando se despachan asuntos de su Sección.

Trillo es letrado mayor de la Sección Octava, que despacha los asuntos procedentes de los Ministerios de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, y de Ciencia e Innovación y está presidida por el consejero permanente Enrique Alonso.

Su vuelta a la plaza de funcionario que tiene en el Consejo de Estado se produce apenas un mes después de pedir su relevo como embajador en Londres. El Gobierno pensaba inicialmente cesarlo junto con otros embajadores que veían cumplido su mandato, pero él pidió acelerar la decisión.

Todo ello poco después de que se conociera un informe del Consejo de Estado, la misma institución a la que ahora se reincorpora, que reconoce responsabilidad patrimonial del Estado en la tragedia del Yak 42, en el que murieron 62 militares españoles que regresaban de Afganistán el 26 de mayo de 2003.

Los familiares de los 62 militares fallecidos en el accidente del Yak-42 han denunciado este viernes la incorporación de Federico Trillo al Consejo de Estado después de que este mismo órgano emitiera un informe a principios de enero responsabilizando a Defensa del siniestro sucedido en el año 2003."Nuestros peores presagios se han confirmado. Federico Trillo ya  ocupa un sillón en el Consejo de Estado", lamentan las víctimas en un comunicado.

El presidente de la asociación, Miguel Sencianes, reconoce en la nota que el exministro de Defensa "tenía su plaza", pero se pregunta si "reúne condiciones de dignidad y responsabilidad acreditadas para que la ocupe".

Federico Trillo, que abandonó la Embajada de España en Londres días después de conocerse el informe del Consejo de Estado, ha ingresado como letrado mayor del citado organismo consultivo, siendo uno de los ocho letrados mayores adscritos a las diferentes secciones que analizan las iniciativas del Ejecutivo.

Ante esta situación, las víctimas critican "que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no impidiera este escándalo indecente haciendo las cosas bien tal y como se comprometió en persona con la Junta Directiva de la Asociación". En este sentido, consideran que el Consejo de Estado "ha de encontrar la fórmula" para evitar la incorporación del exministro conservador. 

"Urgimos al Consejo de Estado para que tome medidas y excluya al señor Trillo de su función de letrado asesor de ese organismo, que tanto debe hacer por preservar el estado de derecho en democracia", exigen, tras añadir que "no vale todo", y tras denunciar que "permitiendo este tipo de situaciones se ampara al que obra sin responsabilidad y se protege al hombre capaz de mentir para salvar". Como ejemplo de buena praxis, señalan la iniciativa de algunas localidades a la hora de condenar a Trillo, como Cartagena, que lo ha declarado "persona non grata".

Finalmente, Sencianes no quiere olvidar, en nombre de las víctimas y sus familiares, que Trillo "se burló de España" al "mentir a las familias y mentir en el Congreso". "Escándalos como este no sólo hacen daño a la sociedad sino que hacen más inmadura nuestra democracia", sentencian.

La Comisión Permanente del Consejo de Estado ha tramitado este jueves la reincorporación del ex ministro de Defensa Federico Trillo, responsable político de la tragedia del Yak-42,a su puesto de letrado en la institución, apenas unos días después de que lo solicitase oficialmente, según ha informado Europa Press.

Trillo ejercerá como letrado en la Sección Octava del Consejo, la que revisa los asuntos procedentes de los Ministerios de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino y de Ciencia e Innovación y que está a cargo del consejero Enrique Alonso. Según ha informado laSexta, el exministro volverá a su plaza de funcionario este mismo viernes.

Así, volverá a su antigua plaza menos de un mes después de haber pedido su relevo como embajador en Londres, poco después de que se conociera un informe del Consejo de Estado –la misma institución a la que ahora se reincorpora– que reconoce responsabilidad patrimonial del Estado en la tragedia del Yak-42. El Gobierno pensaba inicialmente cesarlo junto con otros embajadores que veían cumplido su mandato, pero él pidió acelerar la decisión.

En ese accidente, ocurrido el 26 de mayo de 2003, cuando Trillo era ministro de Defensa en el Gobierno de José María Aznar, murieron 62 militares españoles que regresaban de su misión en Afganistán. Más de trece años después, el Consejo de Estado ha establecido que hubo relación entre la tragedia y el funcionamiento de la Administración.

Las familias de las víctimas le reprochan no haber pedido perdón por la tragedia, no sólo por la contratación del avión sino por la identificación incorrecta y apresurada de los cuerpos de los fallecidos en el accidente. Los militares condenados por esto fueron indultados por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012.

Desde 1989, Trillo se encontraba en situación de "servicios especiales", puesto que desde entonces ha ocupado puestos políticos. Ese año obtuvo un escaño de diputado por Alicante y fue elegido vicepresidente segundo del Congreso, institución que presidió entre 1996 y 2000.

En el segundo Gobierno de José María Aznar fue nombrado ministro de Defensa y, tras perder el PP las elecciones, en 2004, pasó dos legislaturas como diputado de la oposición junto a Mariano Rajoy, que tras llegar a la Moncloa a finales de 2011 le nombró embajador en Londres.

La hermana de uno de los fallecidos en el accidente del Yak-42, Sara García Díaz, ha iniciado una petición en Change.org para declarar al exministro de Defensa Federico Trillo persona non grata en las comunidades autónomas en las que nacieron las víctimaspersona non grata del suceso. Estas regiones son Comunidad de Madrid, Castilla y León, Aragón, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Galicia, Cantabria, Andalucía, Asturias, Cataluña, Extremadura, La Rioja, Canarias, Murcia, País Vasco, la ciudad autónoma de Ceuta y el territorio marroquí de Ifni, hasta 1969 una provincia española. García pide que estos territorios se sumen a la decisión de las localidades de Lalín (Pontevedra) y Cartagena (Murcia), que ya han declarado persona non grata al exdirigente. Cartagena es la ciudad de nacimiento de Trillo.

En la petición, García –quien ya escribió una carta abierta al exministro donde decía sentir "vergüenza" y "asco" por su gestión– enumera las razones que le han llevado a tomar la iniciativa. Afirma que Trillo "no solo no admite su culpa", sino que además "se niega a pedir perdón y sigue justificando su lamentable labor" tanto a la hora de esclarecer el suceso como en las propias actuaciones de la cartera que dirigía que, según los familiares, desembocaron en el fatídico accidente. La hermana de uno de los fallecidos recuerda que el exdirigente "conocía el mal estado en el que volaban sus militares" y pasó por alto "más de 14 quejas" en las que los soldados le advertían del deterioro de aviones como el Yak-42. 

En nombre de los familiares afectados por el accidente del Yak-42, García ruega "al Gobierno de España y a los gobiernos autonómicos de cada región de nacimiento de los militares" que se siga la determinación que han tomado en Cartagena y Lalín y se nombre a Federico Trillo persona non grata. 

Desde que se conoció el dictamen del Consejo de Estado en el que se señalaba al Ministerio de Defensa como responsable del accidente, en el que murieron 75 personas, la Asociación de Familiares de Víctimas del Yak-42 no se ha dejado de mover. Entregaron en el Ministerio de Asuntos Exteriores casi 137.000 firmas, recabadas por infoLibre, para exigir la destitución de Trillo como embajador de España en Londres. Este martes las familias se encuentran reunidas con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, quien la pasada semana mostró su predisposición a un encuentro.