"Es chocante, sí. Más que sorprendente, porque sabemos que esto existe, es chocante. Actúan a las claras, sin disimulo".

Quien así habla es Miguel Alba, responsable de Desigualdad y Sector Privado de Oxfam Intermón, tras darse un rápido paseo por la oferta digital offshore disponible en España. A golpe de clic, uno puede montarse desde España, con unas pocas y sencillas gestiones y asistido telemáticamente, una compañía en una jurisdicción considerada paraíso fiscal por la UE y la Hacienda nacional. Sí, es como suena. Empresas privadas ofrecen servicios de constitución de compañías en jurisdicciones offsore, es decir, en el extranjero, a menudo en territorios de tributación, cooperación y transparencia bajos. Los principales alicientes están claros: pocos impuestos y mucha discreción. Se trata, subrayan empresas prestadoras de estos servicios, de una práctica legal de elusión fiscal, no de evasión.

Foster Swiss, con oficinas centrales en Ginebra (Suiza) y un cuadro de dirigentes donde se destacan las carreras en Credit Suisse, presume de ser "una de las consultoras más activas en la creación de empresas offshore a nivel internacional", con más de 10.000 clientes sobre todo en Latinoamérica y Europa, incluida España. Ofrece servicios de apertura de sociedades y cuentas bancarias en más de 120 países, entre ellos Seychelles, Vanuatu y Samoa, todos ellos destinos que figuran en el listado de "países y territorios no cooperadores a efectos fiscales" de la UE y también en el catálogo de "jurisdicciones no cooperativas de la Agencia Tributaria". Otras opciones, fuera de los listados oficiales pero en el punto de mira de las asociaciones por la justicia fiscal, son Andorra, Delaware –Estado norteamericano donde hay más empresas que habitantes–, Luxemburgo y Suiza.

Con un capital muy bajo o incluso sin capital, estas firmas son ideales para fondos de inversión o sociedades de comercio electrónico. Foster Swiss expresa a las claras los alicientes. "¡Pagar menos impuestos merece la pena!", proclama en su web, que recuerda que las sociedades en los territorios y jurisdicciones offshore están exentas del impuesto sobre sociedades, sobre beneficios y dividendos, sobre sucesiones y sobre actividades económicas. Y afirma, promocionando sus servicios de "planificación holding": "Si IKEA o APPLE paga CERO impuestos, su empresa también puede". ["En IKEA cumplimos escrupulosamente con todos nuestros compromisos fiscales, que son, además, una de nuestras principales vías de contribución allá donde estamos presentes", señala la multinacional de origen sueco y remite a dos enlaces: aquí y aquí. Apple no respondió al mensaje de infoLibre].

La compañía suiza insiste en que todo es "totalmente legal", porque no se trata de "evasión", sino de "elusión fiscal", es decir, de "aprovechar todos los recursos legales para pagar menos impuestos". Aquí, aclara Foster Swiss, no hay "lavado de dinero". "La elusión fiscal se puede lograr por medios legales, siempre y cuando se cumplan las leyes y tratados existentes", señala. Entre las obligaciones que Foster Swiss especifica está la de "notificar a las haciendas locales la constitución de una sociedad y la apertura de una cuenta bancaria". Así evitaremos "encontrarnos con sorpresas", subraya.

En declaraciones por escrito a infoLibre, el director general, Manuel García, insiste en que todo es "absolutamente legal" y apunta el dedo acusador contra las grandes empresas, mencionando a Google, Microsoft e Ikea, que "sangran a las arcas del Estado" en "connivencia con los gobiernos", algo que no está al alcance de las empresas pequeñas y medianas. Sobre el ofrecimiento de destinos offshore en las listas de la UE y España, el directivo de Foster Swiss afirma: "Sí, obviamente, muchos de ellos lo están pero hay que entender qué significa esto, qué lobbies internacionales son los que marcan las directrices". A su juicio, la falta de "peso internacional" de España hace que acepte listas negras con destinos que excluyen a países como Holanda o Luxemburgo, de facto "paraísos fiscales y no cooperadores".

Offshore Company Corp, compañía con oficina principal en Hong Kong y presencia en Estados Unidos, Lituania y Vietnam, también ofrece la constitución de sociedades en jurisdicciones incluidas en los listados oficiales europeo y español, como es el caso de Seychelles. ¿Alicientes? "Los detalles de los accionistas y beneficiarios finales no están sujetos a divulgación pública. No pague impuestos, derechos de timbre u otros impuestos recaudados en Seychelles", recoge la propia promoción de los servicios de la compañía. Offshore Company Corp no responde a la comunicación remitida por infoLibre.

Si responde en cambio Foster Swiss, para quien su oferta offshore permite que se "democratice" una práctica que –según se concluye de sus respuestas– es el pan nuestro de cada día de la élite empresarial. "Nunca ha existido ninguna empresa cotizada en el IBEX que no cuente con decenas de empresas de ésta índole", asegura su director, Manuel García. Y añade: "Hoy en día es una opción para cualquier pequeño y mediano empresario español".

"Actualidades: lo que revelan los 'Paradise papers' y por qué es una buena cosa", se lee en la web de Merrit Middle East, compañía radicada en Dubai, en Emiratos Árabes Unidos, una escisión del grupo de Hong Kong Merrit. Se dedica a crear sociedades offshore en Emiratos, una de las más ricas petromonarquías árabes, para actuar como empresas de importación-exportación, consultoría, asesoría o cabeza de holding.

La sociedad, aclara Merrit, no puede tener actividad en Emiratos, aunque sí cuenta bancaria, y entre sus alicientes están: "Ningún impuesto: no hay impuesto de sociedades, no hay retención, no hay IVA. No hay intercambio de información con el extranjero". Más: "Los Emiratos no pondrán nunca problemas a nivel jurídico y fiscal para sus clientes y socios". De nuevo, la compañía –que no responde a las preguntas de infoLibre– defiende el carácter legal de su actividad, al tiempo que advierte a sus posibles clientes de que deberá responder a "ciertas preguntas" sobre la actividad de la sociedad en Emiratos, que no está en la lista negra de la UE ni de España pero sí de la organización Tax Justice Network.

En cuanto a Panamá, está en la lista europea, no en la española. Legal Solutions Panama, firma con sede en Panama City y oficina en Madrid, ofrece la apertura de empresas offshore en dicho país centroamericano sin moverse de España. ¿El gancho? "Cualquier profesional o pyme con beneficios superiores a 30.000 dólares puede beneficiarse de una sociedad offshore con una reducción de costes de hasta el 75%".

Preguntada por los requisitos para la legalidad, la directora general, Kathia Rivera, responde: "Esta es una muy buena pregunta, toda vez que es verdad que las personas piensan que tener una sociedad fuera de España es ilegal, cosa que no es así. Como ciudadanos tenemos el derecho de constituir una empresa en cualquier país del mundo, siempre que cumplamos los requerimientos que nos exijan las leyes del país en el cual residimos y tenemos nuestra residencia fiscal".

Rivera afirma que los conocidos papeles de Panamá, o Panama papers a nivel internacional, "hicieron mucho daño a nuestra actividad y prueba de ello fue el decrecimiento sistemático, durante los años siguientes, de la inscripción de sociedades en Panamá". "No fue justo que a la investigación se le denominara Panama papers, ya que no sólo se trataba de la filtración de documentos de una firma ubicada en Panamá, sino que lo realmente llamativo es que la firma panameña creaba las sociedades principalmente fuera de Panamá, en otros paraísos fiscales. Es decir, las sociedades estaban creadas en su gran mayoría en otras jurisdicciones [como] Islas Vírgenes Británicas, Bahamas, Seychelles, y si sumamos todas las sociedades offshore que fueron creadas en estas jurisdicciones, podemos afirmar que sobrepasan, con creces, las creadas en Panamá. Por tanto, Panamá no es el mayor paraíso fiscal mundial como se ha querido transmitir a raíz de los Panama papers", añade Rivera, que reivindica las medidas introducidas tras el escándalo para para evitar la llegada de "fondos opacos". "Vienen mejores días para Panamá. No perdemos la esencia pero sí establecemos mecanismos que nos alejan de proteger blanqueadores, personas políticamente expuestas y terroristas", concluye la directora de la compañía, única empresa latinoamericana en la feria de servicios jurídicos Expo Spain Legal 2022, celebrada en Madrid.

LABE, con más de treinta años de experiencia y sede en el Paseo de la Castellana, en Madrid, es un despacho de abogados dedicado –entre otras tareas– a la constitución de empresas offshore, que según la propia firma tienen como "beneficios" la reducción de impuestos –"optimizar fiscalidades"–, la privacidad y la protección de activos ante demandas, embargos y otras acciones legales. "En general, es legal tener una sociedad offshore. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las leyes fiscales de diferentes países pueden diferir en cuanto a cómo se tratan", señala la compañía, que no responde a las preguntas de este periódico.

Desde la Agencia Tributaria, fieles a su máxima de no comentar casos concretos, se limitan a enmarcar legalmente la cuestión, sin nombrar ni valorar la actividad de ninguna empresa. "Las sociedades offshore, que es un concepto anglosajón sin traducción jurídica concreta en España, se rigen por la normativa mercantil y de toda índole del país donde se constituyen. A efectos de España, lo obligado es la adecuada declaración de todas sus rentas por parte del contribuyente español. Y para ello analizar el uso que se da a esa sociedad constituida en el extranjero. La Administración Tributaria puede utilizar los sistemas de intercambio de información internacional".

José María Mollinedo, secretario general del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda, afirma que una clave legal está en acreditar que hay un "motivo legítimo" para montar la sociedad y que no es "una pantalla" e insiste en la necesidad de dotar a las administraciones de normas y herramientas para evitar que las jurisdicciones offshore acaben sirviendo para propósitos indebidos. ¿Como cuáles? Según Mollinedo, entre estos –que no atribuye a ninguna compañía en concreto– está la posible ocultación de activos o ingresos tributables en España, posibles tarjetas para tener acceso a dichos activos, el posible uso de sociedades tapadera para desplazar beneficios al extranjero, incluyendo la posible utilización de "facturas ficticias o cobrando de más (o de menos) en transacciones entre entidades afiliadas”. Tomando como referencia los criterios de la OCDE, Mollinedo cita como el posible mecanismos de defraudación de "mayor sofisticación" la creación por parte de multinacionales y entidades financieras de estructuras que desplazan "artificialmente" sus ingresos hacia jurisdicciones de baja tributación y gastos hacia jurisdicciones de alta tributación".

Se consulte donde se consulte, la respuesta sobre la legalidad es siempre la misma: es legal, siempre que... Es decir, si se cumplen unos requisitos. "Crear sociedades offshore no es ilegal. Tampoco lo es tener dinero en paraísos fiscales, pero sí podría llegar a serlo si su creación se produce para ocultar patrimonio (con ánimo de eludir el pago de impuestos), o la procedencia ilícita de un capital", explica la gestoría Ficotec. Obviamente, prácticas así hay que demostrarlas, no van de suyo con la mera constitución de la sociedad. Añade Ficotec en su web: "Si bien las sociedades offshore no tributan en el país en el que se domicilian, los activos y bienes con los que operan sí deben haber liquidado los correspondientes impuestos en el país en el que se originaron". Ese es el abecé de la mecánica. Pero Ficotec enciende la alerta: "La práctica nos indica que a través de estas sociedades opacas se pueden realizar múltiples operaciones económicas que se ocultan a la Administración", entre ellas "impago de impuestos y blanqueo de capitales". Ficotec afirma que para prevenir el delito el elemento fundamental es la "información", precisamente la madre del cordero.

ILP Abogados, en un apartado de su web con información que orienta a quien esté pensando en montar una sociedad offshore, recuerda obligaciones básicas para hacerlo dentro de la normativa, como las impuestas por la Ley del Impuesto sobre Sociedades, que establece que las empresas españolas que tengan filiales en países o territorios calificados como paraísos fiscales deben declarar y tributar por las rentas obtenidas allí, o la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, que fija que las entidades financieras deben informar a la Agencia Tributaria sobre las operaciones "sospechosas" que realicen con empresas offshore.

Para Miguel Alba, de Oxfam Intermón, el gran problema está en que, más allá de las obligaciones fijadas en la letra legal, las empresas offshore se deben básicamente a las reglas del país en el que se forman, que por su propia naturaleza suele ser laxa, y se benefician de lo que a su juicio es el gran déficit: la "falta de gobernanza global" a nivel fiscal. "Los movimientos transnacionales de capitales trascienden la soberanía de los Estados. Nosotros reclamamos que sea la ONU la que asuma a papel, como también que los listados [de paraísos fiscales] sean mucho más ambiciosos de lo que son ahora".

"Pero, ¿y esto es legal?". La pregunta surge ante la lectura de la información publicada por infoLibre y titulada así: Un grupo controlado desde las Islas Caimán gestiona casi la mitad de los pisos del plan de alquiler de Ayuso. Y la respuesta, una vez analizada la legislación y recabadas opiniones de expertos, es que a priori sí. "¿Y no se puede hacer nada?". Aquí la respuesta se complica. Sí, en teoría se podría, al menos para dificultarlo. Pero hacerlo con garantías exige reformas legales que llevarían a una batalla judicial con las empresas afectadas. Mientras estas reformas no se llevan a cabo, el margen para intentar evitar situaciones como la desvelada por este periódico se reduce al mínimo.

El contraste está servido. Por un lado, una estructura empresarial con presencia en territorios de escasa o nula tributación y cooperación judicial. Por otro, un acuerdo con la Administración, la misma que tiene entre sus cometidos la recaudación fiscal. Y no tiene por qué ser un contrato lo que marca el contraste. Puede ser también una ayuda pública. Un ERTE, por ejemplo. De hecho, en España el debate se abrió en 2020, precisamente por los ERTE. Era otro contexto. La pandemia de covid-19 parecía haber anulado certezas inmutables. Se hablaba de desglobalización, de reindustralización, de intervencionismo... Y de excluir de los beneficios del Estado a empresas en paraísos fiscales.

Con el trauma económico acompañando al golpe sanitario, a los desbordados gobernantes les quedaba al menos alzar banderas de solidaridad con el pueblo sufrido. Y no había figura que encarnase mejor la insolidaridad que un paraíso fiscal. Así que se desató una especie de carrera. Empezó Dinamarca, que introdujo en un paquete de ayuda por valor de 13.400 millones de euros una enmienda que vetaba el acceso a empresas en paraísos. Ideas similares se extendieron por Francia, Italia, Polonia, Holanda, Bélgica, Austria... Y España.

Aquí la ola no llegó con excesiva fuerza, pero llegó, en parte por el empeño de Más País. El decreto-ley de mayo de 2020 de defensa del empleo recogía lo siguiente: “Las empresas y entidades que tengan su domicilio fiscal en [...] paraísos fiscales [...] no podrán acogerse a los ERTE”. Desde su misma publicación hubo dudas sobre su utilidad por dos motivos: 1) Los listados español y europeo de paraísos fiscales dejaban –y dejan– fuera buena parte de los territorios problemáticos. 2) Quedaba abierta una gatera para empresas con filiales o matrices en territorios de baja tributación. Aunque es difícil cuantificar el impacto exacto de la medida –una empresa podría autoexcluirse de la convocatoria al conocer el decreto–, todo apunta a que fue cero o irrelevante. infoLibre preguntó esta semana al Ministerio de Trabajo (Sumar), sin respuesta.

Al menos aquella iniciativa dejó un rastro. Y lo siguió Mònica Oltra. En 2021, la entonces vicepresidenta del Govern de la Comunitat Valenciana y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas recogió el testigo al anunciar su propósito de vetar la contratación para gestionar residencias de mayores a compañías que "operen" en paraísos fiscales. Oltra entraba en un área clave: la investigación publicada por infoLibre sobre la gestión de las residencias ha evidenciado la pertenencia de algunas de las principales empresas del sector a estructuras societarias que pasan por jurisdicciones como Luxemburgo o Jersey.

Una vez pasado a la letra pequeña, el anuncio de Oltra se concretó en un decreto que establecía que la adjudicataria de un contrato debía comprometerse "a evitar la evasión fiscal en el marco de la prestación contractual, así como a garantizar la correcta tributación de las rentas derivadas del contrato". La fórmula establecida para hacerlo es la "declaración responsable". ¿En qué ha quedado aquello? La actual Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda de la Comunitat Valenciana asegura que dicha declaración "nunca llegó a introducirse en las licitaciones" porque hubo informes jurídicos que concluyeron que "contraviene la Ley de Contratos del Sector Público", explica dicho departamento [ver aquí la respuesta completa]. No obstante, Compromís cita una licitación en 2022 para la construcción de una residencia, un centro de día y tres viviendas tuteladas en cuyo pliego venía un anexo con la declaración responsable [ver aquí la respuesta completa y aquí el pliego con el citado anexo en la página 88].

Un funcionario autonómico afirma que la cláusula valenciana "es novedosa", pero que "básicamente consiste en que la empresa diga lo obvio, que cumple la ley". Y añade que el hipotético impacto de las declaraciones responsables, aun siendo un intento de "abrir camino", queda lejos de lo que recogieron algunos titulares al anunciarse la medida, cuando se leyó que "Oltra prohíbe que empresas que operan en paraísos fiscales puedan gestionar residencias" o que "El País Valencià excluirá a empresas que operen en paraísos fiscales de la gestión de residencias de mayores". "Eso es mucho decir. Lo máximo que se puede afirmar es que la declaración lanza un mensaje interesante, que exige a las empresas un gesto de buena voluntad y que, si hay después un trabajo de supervisión, aporta transparencia", añade el citado funcionario.

Lo cierto es que el Gobierno de la Comunitat Valenciana no tenía margen para llevar mucho más lejos sus pretensiones, según los especialistas consultados. Porque cualquier iniciativa para limitar el acceso a fondos públicos a empresas vinculadas a paraísos fiscales se enfrenta a dos obstáculos. El primero, la propia definición –o más bien indefinición– de "paraíso fiscal", lo que afecta a los listados sobre los mismos. La UE trabaja con un listado de 16 "países y territorios no cooperadores a efectos fiscales" y la Agencia Tributaria con otro de 24 "jurisdicciones no cooperativas". Aunque el listado español pone el listón más alto –en el de la UE ni siquiera está Islas Caimán–, lo cierto es que ni en uno ni en otro hay países de la propia UE. Esto, que puede parecer lógico, supone a juicio de grupos como Tax Justice Network (TJN) un corsé que hace inviable una acción eficaz.

El informe de TJN El eje de la evasión fiscal estima que los Estados de la UE pierden más de 24.700 millones/año en impuestos de sociedades por esquemas fiscales que pasan por Luxemburgo, Países Bajos –ambos en la propia UE–, Suiza y la red de Territorios de Ultramar y Dependencias de la Corona de Reino Unido. “Las jurisdicciones que figuran en la lista negra de la UE causan menos del 2% de las pérdidas fiscales mundiales”, concluye otro informe de Tax Justice Network, cuyo listado de los diez paraísos fiscales más dañinos sí incluye a Países Bajos, Suiza y Luxemburgo.

Tove Maria Ryding, coordinadora de fiscalidad de la European Network on Debt and Development (Eurodad), sitúa el listado de la UE como cogollo del problema. "La UE no puede, debido a las normas de unanimidad de la UE para decisiones fiscales, criticar a los Estados miembros de la UE. También se ha mostrado muy reacia a criticar a los grandes países de la OCDE que tienen prácticas nocivas, como Suiza", explica Ryding, que incluye a Irlanda junto a Luxemburgo y los Países Bajos en el listado de países de la UE con "prácticas fiscales perjudiciales". La lista de la UE, añade, es "una broma", porque los países que la integran son "irrelevantes".

infoLibre preguntó a Eurodad se le constaba que en países de la UE se hubieran consolidado medidas de limitación de acceso a contratos, convenios o ayudas para empresas vinculadas directa o indirectamente a paraísos fiscales, haciendo firme la idea surgida con el covid-19. La "respuesta rápida y sencilla" es que no, señala. "Es muy cierto que hubo intentos en este sentido durante la pandemia, pero quedaron varados", añade.

Esta respuesta vale no sólo para los países europeos que Eurodad llama paraísos fiscales, sino también para jurisdicciones consideradas así oficialmente. Lo demuestra el caso de España, donde hay empresas con contratos con la Administración que forman parte de estructuras que pasan por jurisdicciones que la propia Agencia Tributaria considera "no cooperativas". Por ejemplo, las Islas Caimán.

¿Cómo ocurre algo así? Aquí llegamos a otro obstáculo. Si el primero eran los listados, el segundo es la legislación. Sus lagunas, más bien. La directiva europea sobre contratación no recoge la posibilidad de establecer prohibiciones ni criterios de valoración que no tengan relación con la ejecución del contrato. En cuanto a España, la ley obliga a estar al corriente con Hacienda, pero no permite negar el acceso a la contratación pública por dónde se tributa, cuánto menos por dónde tributa una filial o una matriz, siempre que sea legal. Todo ello deja "un margen escaso", explica Santiago Lesmes, abogado especialista en derecho administrativo. "Tenemos un problema jurídico de base: la elusión fiscal –no la evasión, la elusión– es legal".

A juicio de Lesmes, combatir el problema exigiría una reforma de la Ley de Contratos del Sector Público para dejar fuera a las empresas que practiquen la elusión y una ampliación del listado de jurisdicciones opacas o no cooperativas. Pero aquí apunta a un quid: "Eso perjudicaría a la inmensa mayoría de compañías del IBEX 35, que tienen filiales en paraísos fiscales y son contratistas de la Administración". Lesmes cita a Oxfam Intermón, que en un informe de 2023 analiza 24 empresas que han cotizado en el IBEX para concluir que sólo dos, Endesa e Indra, no tienen ninguna filial en paraísos fiscales, categoría en la que Oxfam incluye a Luxemburgo e Irlanda, pero también otras jurisdicciones como Islas Caimán, Barbados o Jersey, que la propia Agencia Tributaria recoge en su lista. El destino preferido del IBEX es Delaware, que no figura en el listado de la UE ni de la Agencia Tributaria a pesar de que hay un dato que hace sospechar seriamente de su condición: tiene más empresas que habitantes.

El catedrático de Derecho Administrativo de la Complutense Julio González coincide con Lesmes en que introducir reformas eficaces en listados y normas "perjudicaría al IBEX". A su juicio, ahí está la clave de que, durante la tramitación de la ley en 2017, el PP tumbara las enmiendas en este sentido PSOE, Podemos y ERC, como recuerda en este artículo. "Pero ahora, con la actual mayoría, tampoco se está impulsando esa reforma", recalca.

González recuerda cómo, a raíz del cambio de sede de Ferrovial a Países Bajos, hubo voces que reivindicaron su exclusión de la contratación pública. "Si Ferrovial se va a Países Bajos para pagar menos impuestos, entonces, que sea Países Bajos y no España los que les den contratos de obra pública, ¿no? El dinero público español mejor invertirlo en contratos con empresas que pagan sus impuestos aquí", declaró el entonces portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique. Aquel propósito no se concretó. Parece lógico: se antoja difícil que España, un miembro de la UE, pudiera vetar a una empresa con sede en otro país de la UE y que cumple la ley. Más cabe cuestionarse que tampoco se puedan poner límites a empresas controladas por otras en destinos que sí son oficialmente opacos o no cooperadores, o que tengan filiales allí.

Este periódico preguntó a las dos fuerzas del Gobierno, PSOE y Sumar, por sus planes para limitar el acceso a beneficios públicos de empresas con vínculos con paraísos fiscales. Por parte del PSOE, no hay respuesta. Carlos Martín Urriza, portavoz de economía de Sumar, afirma que su partido tiene la voluntad, recogida en su programa, de "combatir los paraísos fiscales", aunque añade que es pronto para adelantar las medidas concretas. La reforma legal para introducir limitaciones está "dentro de nuestro ideario", así como hacer cambios para garantizar la "transparencia" y la "responsabilidad fiscal", asegura.

A falta de una reforma legal, ¿qué pueden hacer las administraciones? La organización que ha intentado facilitar respuesta a esta pregunta es Oxfam, impulsora de la iniciativa Zona Libre de Paraísos Fiscales, que ofrece a los ayuntamientos una guía para evitar la contratación de empresas con presencia directa o indirecta en territorios opacos y de baja o nula tributación. La guía incluye una cláusula, para meter en cada contrato público, que obliga a la empresa a no derivar a paraísos fiscales dinero de las rentas derivadas de la ejecución de dicho contrato. Al igual que en la vía Oltra, se tira del recurso de la "declaración responsable"

Lesmes, uno de los autores de la guía, cree que la campaña ha tenido utilidad "pedagógica", pero no le consta la exclusión de ninguna empresa de ningún proceso. "Incluso en el caso de los [más de 90] ayuntamientos que apoyan esta iniciativa, es decir, ayuntamientos que tienen una voluntad que en muchos otros casos no existe, hay un problema de dificultad técnica. Muchas veces los funcionarios de intervención tienen dudas legales", afirma. Dudas incrementadas por informes como el de 2018 de la Junta Consultiva de Contratación de la Generalitat de Cataluña, que niega la viabilidad jurídica de prohibir la contratación con empresas domiciliadas en paraísos fiscales, por supuesto también si el vínculo es a través de otras firmas del grupo. Pero los límites legales no son los únicos. "Un ayuntamiento que dejara fuera a una empresa se tendría que enfrentar a sus abogados. Y non todos tienen recursos para hacerlo. Es la lucha de David contra Goliat", dice Lesmes.

"¿Cómo valora la gestión de la construcción de 2.840 pisos del plan VIVE por parte de un grupo empresarial controlado desde las Islas Caimán?". Esta es la pregunta que ha planteado el Grupo Parlamentario Más Madrid en la Asamblea regional al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso (PP) tras haber desvelado infoLibre que un grupo controlado desde las Islas Caimán gestiona casi la mitad de los pisos del plan de alquiler de la comunidad.

A través de una batería de iniciativas, el diputado Pablo Padilla solicita la comparecencia de María José Piccio Marchetti Prado, directora general de Vivienda y Rehabilitación, y de Jorge Rodrigo Domínguez, consejero de Vivienda, ante la Comisión de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Asamblea. Ambas comparecencias son solicitadas al "objeto de informar sobre la gestión de 2.840 pisos del plan VIVE a manos de un grupo empresarial controlado desde las Islas Caimán". Más Madrid también pide la comparecencia de representantes de las empresas Saturn Holdco SA, OCM Redes Holdco Sarl y Oaktree Opportunities Fund Xb Holdings (Cayman) LP para explicar "sus actuaciones en relación al Plan Vive de la Comunidad de Madrid".

De los 6.500 pisos del plan de "alquiler asequible" de Ayuso cuya construcción ya ha sido adjudicada, todos ellos ubicados en suelo público, casi la mitad (2.840) está en manos Saturn Holdco SA. Cabeza de un grupo empresarial que en España agrupa a 31 mercantiles del sector inmobiliario, la documentación a que ha tenido acceso infoLibre constata que Saturn Holdco SA tiene como socio único a la firma luxemburguesa OCM Redes Holdco Sarl. Documentos oficiales confirman a su vez que OCM Redes Holdco Sarl es propiedad al 100% de Oaktree Opportunities Fund Xb Holdings (Cayman) LP, con un capital social cifrado en 512.000 euros distribuidos en 11 series de acciones. Oaktree, a secas, es la marca de un megafondo estadounidense con múltiples ramas, buena parte de ellas en las Caimán, territorio británico de ultramar caracterizado por tributación cero y cooperación judicial nula.

En declaraciones a este periódico, Pablo Padilla subraya que "cuando se trata de [Isabel Díaz] Ayuso y la vivienda, llueve sobre mojado". El parlamentario añade que Díaz Ayuso suma "un nuevo palo en la rueda" tras "entregar la construcción de la vivienda asequible a una empresa opaca que opera en un paraíso fiscal". Padilla define la maniobra del Gobierno regional como "el perfecto resumen de la política inmobiliaria del Gobierno de la Comunidad de Madrid: alfombra roja para la especulación y obstáculos para jóvenes y familias que las pasan canutas para pagar el alquiler". "Desde Más Madrid queremos explicaciones, que el Gobierno y sus secuaces den la cara y defender los derechos de los inquilinos e inquilinas", ha finalizado el diputado.

Uno de los paraísos fiscales más célebres, las Islas Caimán, ha emergido entre las costuras del plan de “alquiler asequible” lanzado por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso —el Plan Vive— y cuyas primeras 1.700 viviendas ya están desde octubre en fase de comercialización. De los 6.500 pisos cuya construcción ya ha sido adjudicada, todos ellos ubicados en suelo público, casi la mitad (2.840) está en manos de un grupo controlado desde el archipiélago caribeño: Saturn Holdco SA.

Cabeza de un holding que en España agrupa a 31 mercantiles del sector inmobiliario, la documentación a que ha tenido acceso infoLibre constata que Saturn Holdco SA tiene como socio único a la firma luxemburguesa OCM Redes Holdco Sarl, y así lo atestiguan sus últimas cuentas anuales, las de 2022. Documentos oficiales confirman a su vez que OCM Redes Holdco Sarl es propiedad al 100% de Oaktree Opportunities Fund Xb Holdings (Cayman) LP, con un capital social cifrado en 512.000 euros distribuidos en 11 series de acciones y cuyos titulares resulta imposible conocer. Oaktree, a secas, es la marca de un megafondo estadounidense con múltiples ramas, buena parte de ellas en las Caimán, territorio británico de ultramar caracterizado por tributación cero y cooperación judicial nula.

Este diario no logró el viernes contactar con Saturn Holdco SA, cuya sede central, así como la de varias de sus filiales, se encuentra en Madrid. Tampoco hubo respuesta a las preguntas remitidas a la Consejería de Vivienda. La primera, si fueron Saturn Holdco SA y Dorsono Investments SLU —adjudicataria de otras 3.496 viviendas— las únicas candidatas que se presentaron al concurso del Plan Vive, que deja en manos de los concesionarios la construcción de las viviendas y la explotación de los alquileres durante 50 años. La segunda cuestión era esta: si conocía la Comunidad de Madrid la vinculación de Saturn Holdco SA con Oaktree Opportunities Fund XB Holdings (Cayman) LP.

El documento oficial que acredita cómo Saturn Holdco SA está dominada por la citada compañía de las Islas Caimán es el acta de la asamblea general extraordinaria que la luxemburguesa OCM Redes Holdco Sarl celebró el 16 de octubre de 2018. En la resolución cuarta se lee —en inglés y en francés— lo que sigue: “Como consecuencia de las declaraciones y resoluciones precedentes, el accionariado de la Sociedad está ahora compuesto por: Oaktree Opportunities Fund Xb Holdings (Cayman) L.P”. A partir de ahí, el texto enumera las 11 clases de acciones.

La legislación española obliga a las empresas que acudan a un concurso a estar al corriente con Hacienda. Pero no prevé ninguna barrera que cierre la puerta de los contratos públicos a las empresas cuyo vínculo con paraísos fiscales implica un potencial daño severo para su país y el esfuerzo tributario de la mayoría de sus ciudadanos. En marzo de 2023, el catedrático de Derecho Administrativo de la Complutense Julio González publicó un artículo donde resumía la situación: “Durante la tramitación de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público de 2017, PSOE, Podemos y ERC  presentaron enmiendas al Proyecto de Ley, que coincidían en considerar una prohibición para contratar el tener localizadas filiales en paraísos fiscales. Una realidad que tienen todas las empresas del IBEX35. La mayoría conservadora que estaba en la Comisión que tramitó la ley impidió que saliera adelante. Tanto es así que la Disposición adicional quincuagésima, que lleva por título “Paraísos Fiscales”, no incorpora medidas vinculadas a la contratación pública”. El Gobierno actual tampoco ha efectuado ningún cambio en la normativa.

Anunciado el 28 de agosto de 2019 por el entonces consejero de Vivienda, David Pérez, el Plan Vive preveía en aquel momento 25.000 viviendas en una comunidad donde los precios de venta y alquiler no han dejado de dispararse. Cuatro meses más tarde —exactamente, el 19 de diciembre— se constituyó Saturn Holdco SA. En septiembre de 2021, la Comunidad adjudicó los tres primeros lotes del plan: dos fueron para Dorsono y uno para Saturn. A final de aquel año, la Consejería de Vivienda formalizó la concesión demanial [la del uso exclusivo de los suelos públicos adheridos al plan] con dos filiales de los grupos ganadores: Madrid Affordable Housing 2021 SA, en el caso de Dorsono; y Tarvos Activos Inmobiliarios SAU, en el de Saturn Holdco SA.  

Un 18% más caras

Ahora, ya no son 25.000 las viviendas previstas por el Plan Vive. Solo 6.500 en números redondos y repartidas en 12 localidades muy o relativamente próximas a la capital. El Gobierno madrileño mantiene su promesa oficial de que los precios de alquiler serán “hasta un 40% inferiores a los de mercado”. Pero una visita a la web desde la que los interesados pueden cursar su solicitud, www.convivemadridalquila.com abre serias dudas sobre la veracidad de tal afirmación. Por ejemplo, para un piso de 76,4 metros cuadrados útiles y tres dormitorios más “1 o 2 parkings + 1 trastero” en San Sebastián de los Reyes -a menos de 17 kilómetros de la capital-, la web publicita una renta mensual “desde 1.088 euros”.

¿Qué significa ese “desde”? De momento, lo que se sabe por la web habilitada es que la concesionaria —Saturn Holdco SA, cuyas primeras promociones son las ya abiertas a quienes aspiran a un “alquiler asequible”— no solo ejercerá la potestad de filtrar a los solicitantes que deben ser admitidos sino que agregará picos a la renta mensual. Por ejemplo, los dos asteriscos que coronan la casilla de precios de San Sebastián de los Reyes conducen a la siguiente explicación: “Adicional a la renta del inmueble, se repercutirán los gastos de los servicios comunitarios (limpieza, mantenimiento, jardinería, piscina, gimnasio, conserjería, suministros de las zonas comunes, etc.) hasta un máximo del 18% de la renta mensual. Asimismo, el concesionario repercutirá a los arrendatarios mediante un prorrateo mensual sin ningún sobrecargo adicional —más allá del límite anteriormente previsto—, el importe del Impuesto de Bienes Inmuebles y de las tasas de basuras u otras tasas municipales a las viviendas correspondientes a la finca”. Añadir un 18% a los 1.088 euros significa que el “alquiler asequible” de un piso de tales características en San Sebastián de los Reyes ascenderá a 1.284 euros.

La web de convivemadridalquila.com no dedica espacio a Saturn Holdco SA. La que figura junto a la Comunidad de Madrid es Culmia, gestora de activos del grupo donde Saturn Holdco ejerce el papel de matriz. Culmia es la heredera de Solvia Desarrollos Inmobiliarios, que en 2020 vendió el Banco Sabadell al fondo Oaktree.

Para la oposición madrileña, el Plan Vive no ofrece un alquiler realmente asequible. “Madrid —afirma el diputado de Más Madrid Jorge Moruno— carece de un parque de vivienda pública. Hay 0,3 viviendas sociales por cada 100 habitantes mientras que la tasa en España es de 0,9 y en la UE de 3,8”. “El mejor modelo del mundo —concluye el parlamentario— es Viena, donde el 78% vive de alquiler”. Para Moruno, el agujero del plan auspiciado por Ayuso no es que a él puedan acceder quienes tienen ingresos equivalentes a 7,5 veces el Iprem. “El problema —opina— no es que permitas el acceso a gente con buen pasar sino que a todos los demás nos dejas tirados”.

Desde las filas del PSOE, la diputada Cristina González arremete contra el Ejecutivo madrileño: “Se les ha llenado la boca con las viviendas del Plan Vive, que  tenía que ser para gente de pocos recursos y que en algunos casos ofrecen alquileres más caros que los del libre mercado. Han soltado tres mentiras: ni son asequibles, ni un 40% más barato ni el plan contempla las 25.000 viviendas que prometieron”.

El Real Madrid ha devuelto a Providence Equity Partners 136,03 millones de euros, poco más de la mitad –el 54,4%– de los 250 millones que recibió en virtud del contrato de cuenta en participación que había firmado en 2017 con una de las filiales luxemburguesas del fondo de inversión estadounidense, cuyos beneficiarios últimos son dos sociedades domiciliadas en las Islas Caimán. Así consta en las cuentas que esa filial, PQ Media Sàrl, ha depositado en el Registro Mercantil de Luxemburgo y que ha consultado infoLibre.

A cambio de esos 250 millones, el club debe remunerar al fondo con un tanto por ciento de la cantidad en que aumenten sus ingresos por patrocinio: un fijo de 6,25 millones de euros anuales, o el 10% de los ingresos netos obtenidos en cada ejercicio, más un importe variable, cuya cuantía total acumulada al cabo de los cuatro años de contrato no puede superar los 230 millones.

Al menos así era en el momento de la firma del contrato. Pero llegó la pandemia y el negocio del fútbol se vio tan afectado como el resto de la economía. De forma que, en los tres primeros ejercicios, la retribución a Providence quedó muy por debajo de las previsiones iniciales del club. Tan es así que ambas partes renegociaron el acuerdo en el ejercicio 2019/2020 –los ejercicios fiscales del Real Madrid coinciden con las temporadas deportivas, de junio a junio–: Providence aumentó de 200 a 250 millones el préstamo inicial, y el periodo de vigencia, en principio cuatro años prorrogables otros dos más, se extendió a un máximo de nueve años. Hasta 2027.

Es decir, de no haber renegociado el contrato y ampliado el periodo de reembolso, el Real Madrid debería haber devuelto ya en 2023 los 200 millones iniciales que Providence le ingresó. Y no habría podido, ya que en cinco años sólo ha podido pagarle 136 millones. Ahora tiene cuatro años más para abonar al fondo los restantes 114 millones que le quedan hasta completar los 250 millones finalmente concedidos.

Entrando en detalle, en junio de 2018, el primer ejercicio en que estuvo en vigor el contrato, el Real Madrid pagó a Providence un total de 12.653.593 euros. En 2019, le ingresó 16.473.333 euros. En 2020, 27.343.000 euros, según las cuentas depositadas en Luxemburgo por PQ Media Sàrl. En 2021, la cantidad ascendió a 36.981.000 euros y el año pasado, a 42.581.000. Es decir, en cinco años ha devuelto 136.031.926 euros. Las últimas cuentas que PQ Media Sàrl ha depositado en el Registro de Luxemburgo se refieren al año fiscal que termina en junio de 2022; es decir, aún no entregado las de 2022/2023, el ejercicio cerrado en junio de este año.

Pese al aumento en las cuantías de los reembolsos experimentado en los dos últimos ejercicios, las cifras siguen aún lejos de las presupuestadas originalmente por el club de Florentino Pérez. También después de superado el bache de la pandemia, cuando los estadios estaban cerrados.

Tal y como revelaron los documentos de Football Leaks compartidos por la revista Der Spiegel con la red European Investigative Collaborations (EIC), de la que forma parte infoLibre, la entidad blanca había programado un pago de 27,66 millones para 2019 y otro de 61,22 millones para 2020. Para 2021, la previsión era retribuir al fondo con 63,5 millones de euros más. Football Leaks es un proyecto de investigación periodística que destapó el lado más oscuro de la industria del fútbol, a partir de una filtración de más de 70 millones de documentos: desde el fraude fiscal de Cristiano Ronaldo y Mourinho hasta los de Messi y Neymar, pasando por los mecanismos pergeñados por el Manchester United y el Paris Saint Germain para burlas las reglas del juego limpio financiero de la UEFA.

Para cumplir con lo comprometido, el Real Madrid está obligado a aumentar considerablemente sus ingresos por patrocinios. Al menos ésas eran sus expectativas cuando firmó el contrato con Providence en noviembre de 2017. De hecho, el plan que el entonces recién contratado director global de Patrocinios, David Hopkinson, presentó al club al hacerse cargo de la tarea consistía en elevar a entre 113 y 195 millones de euros los 68 millones en que estaban presupuestados los ingresos por este concepto en 2019, excluidos los dos principales contratos, Adidas y Emirates. También quedan fuera del acuerdo con el fondo los patrocinios deportivo y comercial de la camiseta y de los naming rights –derechos sobre el nombre– de los estadios y campos de entrenamiento.

Pero, según puede comprobarse en las cuentas anuales del club, los ingresos por licencias y patrocinio no han tenido la explosión esperada. En 2019 crecieron sólo un 0,38% respecto al año anterior. En 2020 aumentaron un 8,5% y en 2021 el alza anual fue del 6,7%. Ese año alcanzaron los 278,48 millones de euros. Pero en 2022 la cifra cayó un 16,9%, tras reducirse a 231,28 millones, y en 2023, hasta junio, se han encogido aún más, hasta 231,7 millones, una cifra inferior incluso a la de 2018, cuando ascendieron a 239,68 millones de euros.

En el informe económico, el Real Madrid sólo menciona el contrato con Providence en una breve nota donde se hace constar un “saldo acreedor” derivado de ese acuerdo por importe de 4,07 millones de euros en el último ejercicio, etiquetado como “acreedores de marketing”. En ese capítulo no figura ninguna cifra correspondiente al ejercicio anterior.

“Estos acuerdos suponen debilitar la economía de los clubes a medio plazo”, advierte Marc Ciria, presidente de la gestora financiera Diagonal Asset Management, “tienen un coste financiero muy alto y no aportan valor a los clubes”. A su juicio, son “pan para hoy y hambre para mañana”: ayudan a pagar las facturas pero, si los ingresos no aumentan en la magnitud esperada, dañan su competitividad en el futuro.

Ciria, que formó parte de la candidatura de Joan Laporta en las elecciones del FC Barcelona de 2015 destaca, además, que este tipo de acuerdos –LaLiga ha suscrito también un contrato de cuenta en participación con otro fondo, el británico CVC– no se firman con las condiciones de “una entidad financiera normal”, sino que, por el contrario, éstas suelen ser “más agresivas en el retorno”. “Lo visten como ‘tengo un partner estratégico que me va a ayudar a desarrollar mi negocio digital’ pero, en realidad, es un préstamo participativo de toda la vida”, critica.

La cifra de negocio del Real Madrid tampoco ha recuperado aún los niveles precovid. En el ejercicio cerrado el pasado junio, ascendió a 804,49 millones de euros, un 11,5% más que en 2022, pero aún un 2,2% por debajo de los 822,1 millones que ingresó en el ejercicio 2019/2020. También los beneficios del club han disminuido en 2023, un 8,6% respecto al año fiscal anterior, cuando ganó 12,93 millones de euros. En 2019, el club obtuvo unos beneficios de 38,4 millones de euros, casi el triple.

Aunque para 2024 ha presupuestado un aumento de ingresos totales del 11%, hasta los 939,54 millones, el Real Madrid prevé que los beneficios caigan hasta los 6,35 millones, una cifra que equivale a la mitad de lo que ganó en cada uno de los dos últimos ejercicios. El club de Florentino Pérez, según declara en el último informe económico, confía en que el fin de las obras del estadio Santiago Bernabéu este mismo año le permita aumentar sus ingresos en 2024, cuando cree que todas las líneas de negocio estarán ya “a plena explotación”.

Las grandes empresas del IBEX 35 suelen incorporar en sus informes anuales, desde hace años y forzadas por las obligaciones legales y reputacionales de transparencia, una declaración en la que niegan tener presencia en paraísos fiscales o incluso se comprometen a no crear filiales en esos territorios de baja o nula tributación y opacos para la Hacienda española. Muchas de las mayores compañías precisan que no hacen negocios en los países incluidos en las listas de paraísos fiscales del Gobierno español y de la Unión Europea. Ambas son cortas, distintas y su composición varía con los años, cuando Bruselas y Madrid introducen o suprimen uno u otro territorio en decisiones que tienden a ser polémicas. Ninguna de ellas, además, incluye a los estados miembros de la UE que se consideran seudoparaísos por su laxitud fiscal: Luxemburgo, Irlanda, Países Bajos, Malta y Chipre.

Pese a esas precauciones, las 35 mayores compañías de España mantenían en 2019 un total de 740 filiales en países de baja o nula fiscalidad, según el último informe de la ONG Intermón Oxfam, publicado en noviembre de 2020. Entre ellas se encuentran las cuatro grandes empresas eléctricas, en el centro de la polémica ciudadana y política por los precios de récord que están cobrando en los últimos meses en el recibo de la luz. Precisamente este miércoles marcará un nuevo máximo histórico al alcanzar los 190 euros el megavatio hora (MW/h). De acuerdo con la información que las propias compañías publican en sus informes anuales de 2020, Iberdrola, Naturgy, Endesa y Red Eléctrica poseen al menos 89 filiales en paraísos fiscales o en territorios con bajos impuestos. La mayoría corresponden a Iberdrola, que suma 58. Naturgy tiene 28. Red Eléctrica sólo dos y Endesa una.

En su Informe de Transparencia Fiscal, Iberdrola se prohíbe a sí misma constituir y comprar “sociedades residentes en paraísos fiscales o en territorios o países incluidos en la lista negra de jurisdicciones no cooperadoras”. Con una excepción: que la empresa se vea “obligada a ello por tratarse de una adquisición indirecta como parte de un grupo más amplio adquirido”. También asegura que entre sus “sociedades participadas controladas” no hay ninguna situada en paraísos fiscales de la lista española –que incluye a 32 países– ni en la lista negra de la UE –sólo 12 naciones–.

Pero si crea o adquiere una sociedad en un país de la lista gris de la UE –sólo nueve países– con el que España no tiene convenio para evitar la doble imposición, la empresa presidida por Ignacio Sánchez Galán se obliga a sí misma a aprobar la operación en el consejo de administración. Es un procedimiento que Iberdrola denomina “seguimiento especial” y que también establecen Naturgy y Endesa.

Tales declaraciones y cautelas no son óbice para que Iberdrola posea un total de 47 filiales en Delaware (Estados Unidos), que no figura en ninguna de las listas anteriores, pero que exime de impuestos a las empresas allí registradas si no tienen actividad en el estado, ofrece grandes exenciones fiscales a las que sí la tienen y permite a los propietarios de las sociedades mantener su identidad en secreto. Así se ha convertido en el territorio de bajos impuestos favorito de las compañías del IBEX, adelantando incluso de los Países Bajos, por el número de filiales que han constituido en un pequeño estado del este con más empresas registradas que habitantes.

Iberdrola justifica su abultada presencia en Delaware por “su derecho mercantil y consolidada jurisprudencia” que, añade, proporciona “una gran seguridad jurídica en el ámbito mercantil”. Además, la eléctrica asegura que todas sus filiales en ese estado “tienen su domicilio fiscal y pagan los impuestos en los estados donde se encuentran los centros de actividad del grupo fiscal consolidado del que forman parte”. Niega, por tanto, que esas sociedades le reporten “ventaja fiscal alguna”. Por lo general, explica Intermón Oxfam, existe una sociedad en Delaware con el mismo nombre que otra situada en otro estado, de la que es filial (Atlantic Renewable, Avangrid Renweables, Vineyard Wind, PPM).

De Catar a Bermudas

La eléctrica tiene, además, sociedades en países de la UE con régimen fiscales preferenciales, baja tributación y opacidad: tres en Irlanda, de las cuales una es una financiera –Iberdrola Finance Ireland, DAC–, una en Países Bajos –Iberdrola International BV–, otra en Chipre –Rokas Aeoliki Cyprus, Ltd– y una más en LuxemburgoLuxemburgo –Iberdrola RE, SA–, una aseguradora. Finalmente, cuenta con Iberdrola QSTP LLC en Catar, otro país con fiscalidad laxa que estuvo en la lista negra de la UE hasta marzo de 2019.

En 2020 Iberdrola compró la australiana Infigen Energy, propiedad de dos sociedades radicadas en el paraíso caribeño de las islas Bermudas: Infigen Energy (Bermuda) Limited y BBWP Holdings (Bermuda) Limited, que la eléctrica dice haber liquidado ya. En su listado de filiales aparecen además otras tres sociedades con el mismo nombre, dos situadas en Luxemburgo y una más en Malta, todas ellas ya inactivas.

Finalmente, posee dos sociedades en Bulgaria, cuyo tipo del impuesto sobre beneficios es de sólo el 10%. Una de ellas es una inmobiliaria –Iberdrola Inmobiliaria Real State Investments–. También en Hungría, con el tipo de sociedades más bajo de la UE, un 9% –el de Irlanda es del 12,5%–, cuenta Iberdrola con una filial de renovables. Y en Costa Rica otra más de ingeniería.

A diferencia del resto de las eléctricas, Iberdrola publica los impuestos que paga “país por país”, una información que la UE aprobó antes del verano para las multinacionales que facturen más de 750 millones de euros durante dos años y que aún no es obligatoria. Según sus propios datos, en 2020 la eléctrica de Sánchez Galán pagó 843 millones de euros en impuesto de sociedades por sus negocios en todo el mundo. De esa cantidad, 361 millones corresponden a España, pero no pagó ni un euro en Chipre, Costa Rica, Irlanda, Luxemburgo o Catar, por ejemplo. En Países Bajos, le devolvieron dos millones de euros. El año pasado se apuntó unos beneficios brutos de 5.053 millones de euros. “La constitución de sociedades del grupo Iberdrola obedece a criterios objetivos de negocio y no a estructuras de ingeniería fiscal”, concluye la eléctrica en su informe de transparencia fiscal.

Naturgy, seguros y sociedades de cartera

Naturgy suma 28 filiales en paraísos fiscales, aunque su información fiscal pública es mucho más reducida que la que proporciona Iberdrola. De hecho, sólo publica los beneficios que obtiene y los impuestos que paga en seis países –España, Argentina, Brasil, Chile, México y Panamá–; el resto los agrupa bajo las rúbricas “resto de Latinoamérica” y “resto del mundo”. En su informe anual de 2020 niega tener filiales en los territorios de la lista negra española, como tampoco en 2019. Y cifra en 214 millones de euros el impuesto de sociedades abonado por sus beneficios globales, de los cuales 65 los ha pagado a la hacienda española.

Naturgy posee una aseguradora en Luxemburgo –Natural Re SA–, así como una firma de servicios financieros –Clover Financial and Treasury Services, DAC– y cinco comercializadoras en Irlanda. En Países Bajos cuenta con una sociedad de cartera –Unión Fenosa Gas Infraestructures BV– y una empresa de servicios financieros –Naturgy Finance BV–. En Panamá ha constituido dos sociedades de cartera –Distribuidora Eléctrica de Caribe SA y Generación Eléctrica del Caribe SA– y cinco filiales de distribución eléctrica, ingeniería y servicios. En Puerto Rico son cinco las firmas controladas por Naturgy, de las cuales tres son sociedades de cartera. En Costa Rica posee otras tantas, de generación eléctrica e ingeniería. Finalmente, en Singapur cuenta con una comercializadora de gas, Naturgy LNG Singapore Pte. Ltd. Pero, según sus propios informes, la compañía de Francisco Reynés está presente también en Omán y Taiwán. En 2019, además, hacía mención en su memoria del traslado de dos filiales –Buenergía Gas & Power Ltd y Ecoeléctrica LP– desde las Islas Caimán hasta Puerto Rico y de la liquidación de Gasoducto del Pacífico, también con sede en las mismas islas del Caribe.

Endesa y Red Eléctrica, sólo en Luxemburgo y Países Bajos

Endesa sólo informa de una sociedad en Países Bajos, International Endesa BV (IEBV), que liquidó en 2020. En su informe anual declara que sólo hace inversiones “en o a través de” paraísos fiscales “si existen importantes motivos económicos que lo justifiquen” distintos al de “minorar la carga tributaria”. “Endesa nunca ha utilizado entidades radicadas en paraísos fiscales con la finalidad de ocultar el verdadero titular de rentas, actividades, bienes o derechos”, sostiene. En cambio, “en el pasado” sí que ha tenido “alguna actividad no relevante” en otros países que, sin ser considerados paraísos fiscales por la Agencia Tributaria, “son considerados por determinados observadores externos” como territorios con una tributación más favorable que la española. No cita cuáles.

Endesa ganó 1.788 millones de euros brutos en 2020. Y pagó 229 millones en concepto de impuesto sobre sociedades.

Red Eléctrica Española (REE) dice en su memoria que no desarrolla actividad alguna en los paraísos fiscales de las listas española y europea, pero cuenta con una empresa de reaseguros en Luxemburgo,Luxemburgo Redcor Reaseguros, S.A (REDCOR), y una financiera en Países Bajos, Red Eléctrica de España Finance BV (RBV), constituida en 2003 para hacer emisiones de deuda, que trasladó a España el pasado mes de abril. Un portavoz de REE indica que instalarse en el Gran Ducado es una “práctica habitual” en el ámbito de los reaseguros por la “flexibilidad” que ofrece. La compañía asegura haber pagado 192 millones de euros en impuesto de sociedades en España en 2020, tras obtener unos beneficios de 726 millones.

Basta con darse un paseo por algunos de los despachos que ofrecen en internet sus servicios para hacer negocios en Luxemburgo. El Gran Ducado es una “excelente plaza financiera” y el “paraíso ideal para las grandes fortunas”, cuya “beneficiosa fiscalidad” a la par que “extraordinaria reputación en confidencialidad y privacidad” venden los gestores de alta gama. “Una magnífica elección para disfrutar de una baja o nula tributación”, no lo dude. “Luxemburgo nunca había sido más atractivo [que ahora] para domiciliar fondos y holdings intermedios”, un anuncio irresistible. Gracias a la “actitud liberal” de sus autoridades hacia los inversores extranjeros, tal y como la glosan los profesionales de la consultoría internacional, el 90% de las empresas registradas en Luxemburgo están controladas por ciudadanos foráneos. Tanto capital atrae el pequeño país que la inversión extranjera directa entrante multiplica por 58 su PIB y la inversión extranjera saliente por 67, según destaca el informe Mejorar la política contra el blanqueo de capitales, elaborado por el Parlamento Europeo en 2020.

Al Gran Ducado han acudido hasta 1.558 ciudadanos españoles que poseen o gestionan sociedades en ese paraíso de baja fiscalidad. Ellos son el objeto de OpenLux, la investigación de infoLibre en colaboración con la organización internacional OCCRP iniciada esta semana para aportar transparencia sobre su identidad, intereses y operaciones. 

El secreto del éxito del pequeño país se basa en una combinación de factores que lo convierten en un caso único en el mundo. Luxemburgo es miembro de la Unión Europea y, al mismo tiempo, la sexta jurisdicción financiera más secreta del mundo, además del sexto paraíso fiscal corporativo del planeta, de acuerdo con la clasificación de Tax Justice Network, una organización de investigadores y activistas contra la evasión de impuestos. El Parlamento Europeo considera al Gran Ducado el peor territorio, por delante de Países Bajos y Suiza, en lo que a blanqueo de dinero se refiere. Y sin dramatismos: la culpa no es tanto de la corrupción o las drogas como del secreto financiero y los bajos impuestos. Esa fórmula proporciona a las empresas extranjeras una rentabilidad 11,5 veces superior a la de las empresas locales. Sólo que estas sociedades también son peculiares: el 91% de los flujos de capital foráneo antes citados –5.000 millones de dólares en 2019, la segunda mayor entrada de inversión tras Estados Unidos– no se explican por que detrás exista una actividad económica real, destaca el informe del Parlamento Europeo.

Con una extensión un poco menor que Vizcaya pero la mitad de su población, cada uno de sus 626.000 habitantes habría sido así capaz de captar casi ocho millones de dólares anuales.

Impuesto de sociedades, IVA, rendimientos de capital

¿Qué ofrece Luxemburgo a inversores, empresarios y millonarios de todo el mundo para haberlo convertido en un paraíso fiscal en plena UE?

Obviamente, bajos impuestos. Ser miembro –fundador– del club comunitario no impide al Gran Ducado disfrutar de uno de los tipos impositivos más bajos del mundo, sumando impuestos sobre beneficios y cotizaciones sociales, que el informe del Banco Mundial y PwC Paying taxes 2020 cifra en el 20,4%, muy lejos del 47% de España, el 48,8% de Alemania, el 59,1% de Italia o el 60,7% de Francia.

Así, Luxemburgo grava con sólo un 15% los beneficios de las empresas con ingresos por debajo de los 175.000 euros, mientras que las que facturan entre esa cantidad y 200.000 euros pagan un fijo de 26.250 euros más un plus del 31% sobre la base imponible que supere los 175.000 euros. Por encima de 200.000 euros de volumen de negocio, el tipo es del 17%. El tipo máximo es del 24,94% –en España es del 25%–, en el que se incluyen un 7% de tasa de solidaridad –fondo para el empleo– y un 6,75% de tasa municipal en la capital del Gran Ducado. Estos tipos pueden, además, reducirse en gran medida si se hace uso de las exenciones de hasta el 25% durante ocho años que se ofrece a las nuevas empresas extranjeras. Sin olvidar que Luxemburgo también tiene el tipo máximo de IVA más bajo de toda la UE, el 17% –un 21% en España–.

Pero el mayor atractivo para el capital extranjero es otro: Luxemburgo no practica retención alguna ni en los intereses ni en los royalties de los pagos que las filiales creadas en el Gran Ducado hacen a sus matrices en terceros países, y ofrece exenciones a los dividendos si las sociedades cumplen determinadas condiciones. Lo mismo ocurre con las plusvalías, las ganancias de capital obtenidas por la venta o transferencia de activos. En España, los rendimientos del capital tienen un gravamen del 19% si se dirigen a otro país comunitario, y del 24% si se trata de terceros países.

La Comisión Europea no deja de incluir en sus recomendaciones semestrales a Luxemburgo que la ausencia de retención y las exenciones antes citadas se traducen en una elusión “total” del pago de impuestos si el país receptor tampoco los grava. Por lo que apremia al país del que procedía su presidente entre 2014 y 2019, Jean-Claude Juncker, a combatir la planificación fiscal abusiva que las leyes tributarias luxemburguesas permiten utilizar a las empresas. En la última recomendación de 2020, sin embargo, la Comisión admite que el Gran Ducado “no ha anunciado todavía reformas concretas para combatir la planificación fiscal agresiva”. Aunque sí ha elaborado un proyecto de ley para eliminar el blindaje fiscal de los intereses y royalties enviados a los países incluidos en la lista negra de paraísos de la UE, que sólo incluye a una docena de territorios.

Un modelo societario para cada necesidad

Bruselas también destaca en sus tirones de orejas a Luxemburgo que es el país del mundo que más inversión directa recibe a través de entidades de propósito especial, o sociedades instrumentales. Según las cifras aportadas por el informe del Parlamento Europeo, el 38% de las entradas de capital extranjero en el Gran Ducado y el 32% de las salidas se producen a través de estas entidades, creadas para alcanzar un objetivo concreto y definido de antemano. Están diseñadas para evitar que el riesgo se transfiera a los propietarios de la entidad. Sólo se dedican a comprar y financiar activos muy específicos, y pueden adoptar muy diferentes formas societarias: desde sociedades anónimas o limitadas hasta fideicomisos, o fundaciones como las stichting holandesas. También en Reino Unido o la isla de Jersey, por ejemplo, se pueden constituir este tipo de sociedades.

En España acaba de cerrarse el plazo de audiencia pública del anteproyecto de Ley del Mercado de Valores que regulará las sociedades cotizadas con propósito especial para la adquisición o SPAC, cuyo único objetivo inicial es obtener fondos mediante una oferta pública de acciones, para encontrar después, en un plazo de dos años, una empresa donde invertirlos. Así, esta segunda sociedad termina siendo una empresa cotizada que sirve a la primera para salir a bolsa sin pasar por los trámites requeridos para una oferta pública de acciones. En Estados Unidos se han puesto de moda entre deportistas millonarios y cantantes. El anteproyecto vende las SPAC como “un mecanismo alternativo a la salida a Bolsa tradicional”, pensado sobre todo para “empresas en desarrollo” y como manera de diversificar las fuentes de financiación. También existen las ETVE (Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros), que disfrutan de un régimen fiscal especial, con exenciones en dividendos y plusvalías.

Luxemburgo ha creado un abanico propio de sociedades con sus propios regímenes fiscales, que se adaptan a las necesidades de inversores extranjeros ávidos por rebajar sus facturas fiscales y por ocultar cualquier vínculo con sus activos. La sopa de letras es amplia. Las soparfis (Sociedad de Participación Financiera) pueden quedar exoneradas de tributar por los dividendos pagados si poseen al menos el 10% del capital de una filial en Luxemburgo o una participación de 1,2 millones de euros durante un año. Lo mismo ocurre con los dividendos recibidos de su matriz. Tampoco tributan por las plusvalías si venden acciones –y poseen un 10% del capital o seis millones de euros en acciones de la filial durante un año–. Estas sociedades se utilizan para gestionar participaciones de filiales.

Para gestionar el patrimonio de los más ricos se crearon en 2007 las SPF (Sociedad de Gestión de Patrimonio Familiar), que no pueden realizar actividades comerciales ni poseer bienes inmuebles o propiedad intelectual, pero sí comprar y vender desde acciones y metales preciosos hasta dinero en efectivo o divisas o fondos de inversión. Están exentas del impuesto de sociedades y de patrimonio. Tampoco se les retiene nada por dividendos ni por plusvalías.

Ventajas fiscales tienen igualmente las sicavs, las sociedades de inversión colectiva, allí conocidas como ucits, que también sirven para albergar grandes patrimonios empresariales o familiares. Para constituirse, necesitan un capital social de 1,25 millones de euros, mientras que en España hacen falta 2,4 millones. Si se trata de un SIF (Fondo de Inversión Especializado) basta con un solo inversor; en España son necesarios 100 para crear una sicav.

Finalmente, las sicar son sociedades de inversión de capital riesgo, para las que es necesario un capital mínimo de un millón de euros. Están exentas del impuesto de patrimonio, pero tributan por sus beneficios, aunque con exenciones por dividendos, plusvalías e intereses.

Esta colección de beneficios fiscales ha levantado las protestas del resto de los Estados miembros de la UE, que en algunos casos requieren, a través de sus respectivas normas contra la evasión, que las sociedades registradas en Luxemburgo proporcionen pruebas de que no son entidades vacías, meras empresas buzón. Para ello deben poseer lo que se llama sustancia fiscal. Los despachos dedicados a crear y gestionar estas estructuras recomiendan a sus clientes abrir una oficina real, contratar empleados e incluso obtener ingresos de actividades distintas a las de holding. “Estas medidas tienen un coste; sin embargo, una de las razones más importantes para crear una entidad de propósito especial es beneficiarse de ciertas ventajas fiscales, que superan con creces los costes de creación de la sustancia fiscal”, explican con absoluta franqueza.

De hecho, la oferta corporativa luxemburguesa también puede presumir de otras comodidades más prosaicas, como una gran simplificación de trámites, por ejemplo. Los gestores prometen completar en sólo 10 días la constitución de una sociedad en el Gran Ducado.

El resto de los miembros de la UE, cómplices

Luxemburgo también acaparó la atención mundial cuando se hicieron públicos los denominados tax rulings, acuerdos fiscales que su gobierno había firmado entre 2002 y 2010 con 343 empresas, entre ellas algunas de las principales multinacionales del planeta, desde Amazon y Apple hasta Ikea o Vodafone. Como desvelaron los Luxleaks en 2014, los intermediarios entre las autoridades del Gran Ducado y las compañías habían sido los cuatro gigantes de la consultoría internacional: PwC, KPMG, Ernst & Young y Deloitte. Gracias a esos acuerdos, las multinacionales no pagaban ni un 1% de sus beneficios en impuestos. Tras el escándalo, los tax rulings siguen siendo legales, pero los Estados miembros tienen que informar sobre los que firman.

Se trata, pues, de un primer ejercicio de transparencia en un país que se ha convertido en un centro financiero mundial gracias a la opacidad, vendida al inversor extranjero como discreción y confidencialidad. Tras la crisis financiera de 2008, la mayor presión sobre los paraísos fiscales más descarados forzó a muchos capitales a trasladarse a una plaza un poco más regulada como Luxemburgo. Según la OCDE, el principal inversor en el Gran Ducado son las Bermudas, con un 13,5% del capital, por delante incluso del Reino Unido, con un 13,1%, Irlanda –12,1%– y Países Bajos –9,3%–. Otro centro offshore puro, las Islas Caimán, es el sexto país con más filiales en el pequeño país europeo.

La publicación en febrero de las revelaciones de OpenLux sobre el Registro de Luxemburgo dio lugar a un debate en el Parlamento Europeo donde el presidente de la subcomisión de Asuntos Fiscales, el holandés Paul Tang, tachó de “vergonzoso” que entre los 10 principales paraísos fiscales figuren dos países europeos: Luxemburgo y Países Bajos. En el pleno también se repitieron los llamamientos a romper el “tabú” y señalar claramente a ambos como paraísos fiscales dentro de la Unión Europeaseñalar claramente a ambos como paraísos fiscales dentro de la Unión Europea. “Todo el mundo apunta a Luxemburgo, pero ¿realmente debemos creer que un pequeño Estado puede convertirse en el segundo centro financiero del mundo tras EEUU sin la complicidad de los demás Estados miembros de la UE?”, preguntó al pleno el italiano Piernicola Pedicini. Otros eurodiputados pidieron a la Comisión que abriera un procedimiento de infracción para garantizar que Luxemburgo cumple con las leyes contra el blanqueo y la evasión fiscal. “La UE tiene un problema grave con Luxemburgo y, seis años después de LuxLeaks, el país sigue sin dar pasos suficientes para acabar con prácticas propias de un paraíso fiscal”, resumió el español Ernest Urtasun, tras recordar que en el Gran Ducado “esconden su riqueza” oligarcas, élites corruptas, traficantes de armas, organizaciones mafiosas y criminales ambientales”.

La sociedad luxemburguesa PQ Media Sàrl ha pagado ya al Real Madrid 150 millones de euros, las tres primeras aportaciones establecidas en el contrato de cuenta en participación –silent partnership en inglés, asociación silenciosa en castellano– que firmó en noviembre de 2017 con una filial luxemburguesa del fondo Providence Equity Partners cuyos beneficiarios últimos son dos compañías de las Islas Caimán. Así lo acredita la propia PQ Media Sàrl en las cuentas que ha depositado en el Registro Mercantil de Luxemburgo y que ha consultado infoLibre. 

Esa estructura de compañías instrumentales montada por el fondo de inversión estadounidense se ha mantenido intacta estos cuatro años, aunque Providence ha creado sociedades nuevas y otras han cambiado de nombre. PQ Media Sàrl se llamaba antes PQ VII Sàrl, por ejemplo. Con este último nombre figura en el esquema que hizo el Real Madrid sobre la estructura montada por el fondo para los pagos al club y que se reproduce al inicio de esta información. Es una operativa habitual de este tipo de fondos para operaciones en Europa: crean diversas sociedades en Luxemburgo, que tienen al final como propietaria a otras compañías con sede en un territorio de baja o nula tributación, como las Islas Caimán o Jersey.

A cambio de esos 150 millones, el club debe remunerar al fondo con un tanto por ciento de la cantidad en que han aumentado desde entonces sus ingresos por patrocinio: un fijo de 6,25 millones de euros anuales, o el 10% de los ingresos netos obtenidos en cada ejercicio, más un importe variable, cuya cuantía total acumulada al cabo de los cuatro años de contrato no puede superar los 230 millones. En los tres primeros ejercicios, no obstante, la retribución a Providence ha quedado muy por debajo de las expectativas. 

Las cuentas del ejercicio 2018/2019 depositadas por PQ Media Sàrl en el Registro de Luxemburgo constatan el acuerdo para pagar al Real Madrid 200 millones en cuatro años.

En junio de 2018, el primer ejercicio en que estuvo en vigor el contrato, el Real Madrid pagó a Providence un total de 12.653.593 euros. En 2019, le ingresó 16.473.333 euros. Y en 2020, 27.343.000 euros, según las cuentasdepositadas en Luxemburgo por PQ Media Sàrl. Por tanto, hasta ahora le ha retribuido con un total de 56,47 millones de euros. Muy lejos de las cantidades que en principio había presupuestado el club de Florentino Pérez en mayo de 2018.

Los documentos de Football Leaks compartidos por la revista Der Spiegel con la red European Investigative Collaborations (EIC), de la que forma parte este periódico, revelan que la entidad blanca programó un pago de 27,66 millones para 2019 y de 61,22 millones para 2020. Para el ejercicio en curso, la previsión era pagar al fondo con 63,5 millones de euros más. Es decir, en los tres primeros años del acuerdo con Providence, el Real Madrid sólo ha podido remunerar al fondo con el 55,6% de las cantidades previstas, que para los tres primeros años del acuerdo sumaban 101,48 millones de euros. No ha conseguido, por tanto, aumentar sus ingresos por patrocinio en la medida esperada. Ni antes ni después de la pandemia.

De hecho, el año pasado renegoció con Providence el acuerdo, que en principio debía proveer al Real Madrid con 200 millones de euros al cabo de cuatro años, hasta 2021. Un negocio de "cuenta en participación" consiste en que el fondo actúa sólo como “partícipe inversor”, aportando dinero, pero no puede intervenir en la gestión del club. Éste, a su vez, retribuye a Providence con una parte de sus ingresos por patrocinios. El contrato de 2017 preveía una prórroga de hasta dos años sobre los cuatro inicialmente previstos, si el fondo no obtenía el rendimiento prometido a su inversión. Como está siendo el caso. El nuevo acuerdo ha ampliado el plazo para devolver el dinero al fondo hasta nueve años e incluido un “aumento de los ingresos”, según explica el club sin mucha precisión en su última memoria anual.

Para cumplir con lo comprometido, el Real Madrid debería haber duplicado sus ingresos por patrocinios. Al menos ésas eran sus expectativas cuando firmó el contrato con Providence en noviembre de 2017. Y en eso consistía el plan que el nuevo director global de Patrocinios, David Hopkinson, presentó al club cuando se hizo cargo de la tarea: elevar a entre 113 y 195 millones de euros los 68 millones en que estaban presupuestados los ingresos por este concepto en 2019, excluidos los dos principales contratos, Adidas y Emirates, que quedan fuera del acuerdo con el fondo de inversión.

Las cuentas del ejercicio 2019/2020 depositadas por PQ Media Sàrl en el Registro de Luxemburgo muestran los pagos del fondo Providence al Real Madrid en los tres últimos años y los respectivos reembolsos por parte del club.

En la memoria anual, el club no detalla sus ingresos por patrocinio, sino que los incluye en un epígrafe más amplio con los que obtiene por licencias. En el ejercicio 2018/2019, los ingresos por patrocinio y licencias sólo crecieron en 927.000 euros respecto al anterior, hasta 240,6 millones. Los ingresos totales procedentes de comercialización –que comprenden también las ventas en tienda, excluidas del negocio con Providence– y publicidad incluso descendieron en 31.000 euros y se quedaron en 295,17 millones. Para el ejercicio siguiente, el 2019/2020, el de la pandemia de los estadios vacíos, se habían presupuestado unos ingresos comerciales de 371,28 millones, pero no se consiguieron más que 312,1 millones, tal y como consta en el último informe económico publicado. Para el ejercicio que terminará el 30 de junio de 2021, el club ha presupuestado una partida aún menor, 301,93 millones.

Toda la estructura societaria hasta las Islas Caimán

De acuerdo con la documentación depositada en el Registro Mercantil de Luxemburgo, y tal y como ha quedado desvelada por Football Leaks, la estructura que utiliza Providence Equity Partners para este acuerdo con el Real Madrid es una telaraña de sociedades.

PQ Media Sàrl, antes con el nombre de PQ VII Sàrl, es un vehículo instrumental, y así la define el director financiero del Real Madrid, Julio Esquerdeiro, en uno de los correos que dirige a su superior adjuntando un análisis de la estructura societaria de Providence. Se creó con un capital social de sólo 20.000 euros, que fue ampliado a 220.000 euros el 26 de junio de 2018. Un día después, el Real Madrid le ingresó su primera retribución, de 12,65 millones de euros, a cambio de los 50 millones que PQ Media Sàrl le había proporcionado una semana antes, el 20 de junio, como estipulaba el contrato firmado por las partes en noviembre de 2017.

En el análisis que el director financiero envía al resto de la directiva, también deja claro que los beneficiarios últimos son dos sociedades domiciliadas en el paraíso fiscal de las Islas Caimán: “¡Dos compañías radicadas en las Islas Caimán y domiciliadas en un edificio de George Town donde hay miles de empresas domiciliadas garantizan el pago al club de 200 millones por parte de una sociedad luxemburguesa de 20.000 euros de capital social! Parece una broma, pero me temo que va en serio”.

Según puede rastrearse en los documentos del Registro luxemburgués, entre mayo y junio de 2018 se produjo el traspaso del negocio con el Real Madrid a otras sociedades de Providence, pero siempre manteniendo el mismo esquema: compañías instrumentales en Luxemburgo y beneficiarias últimas en las islas Caimán. Ese mismo mes de mayo, PQ VII Holdco Sàrl, accionista único hasta entonces de la sociedad con la que el Real Madrid firmó el contrato en 2017, pasó a denominarse PQ Media Holdco Sàrl. Sólo unos días después, el 14 de junio, la matriz de esa sociedad, PLT VII Holdco Sàrl transfirió todas sus acciones a otra filial de Providence denominada PEP European Investments Sàrl. Esta sociedad está participada por PQ Investment Sàrl, accionista principal de una sociedad en comandita, PEP European Investment VIII. En ella actúa como administrador PEP European Investment GP, cuyos propietarios son las dos empresas de las Islas Caimán a los que se refiere el director financiero del Real Madrid en su correo. El negocio con el Real Madrid, que había sido suscrito por los fondos listados con el número romano VII, se traspasó a otros con idéntico nombre pero con el número romano VIII: Providence Equity Partners VIII-A LP y Providence Equity Partners VIII LP.

Simplificando esta sopa de letras y números: las dos sociedades de las islas Caimán que ahora poseen el negocio con el Real Madrid son Providence Equity Partners VIII-A LP y Providence Equity Partners VIII LP. Todas las demás interpuestas en Luxemburgo son “vehículos instrumentales, constituidos ad-hoc sin otra actividad efectiva más allá de la que se relacione con la inversión actual”ad-hoc, describe Julio Esquerdeiro.

Las cuentas de 2017 depositadas por PQ Media Sàrl en el Registro de Luxemburgo informan de que la inversión en el Real Madrid ha sido parcialmente garantizada por Citibank.

Préstamos entre filiales y crédito del Citibank

“Esta es una estructura que, según nuestros asesores fiscales, suelen utilizar los fondos en sus inversiones en España pues así minimizan su coste fiscal: evitan tributar en España y a través de la residencia en Luxemburgo, país que siendo miembro de la UE tiene al mismo tiempo un régimen de tributación favorable en especial para este tipo de estructuras de inversión, consiguen minimizar la tributación a través de una estructura de préstamos intercompañía”, detalla el director financiero en otro correo poco antes de la firma del contrato con Providence. En las notas que acompañan a las últimas cuentas de PQ Media Sárl depositadas en Luxemburgo, correspondientes al ejercicio fiscal 2019/2020, aparecen dos préstamos que esta sociedad debe devolver a otras filiales de Providence: uno por 27,34 millones de euros a su accionista indirecto PEP European Investments VIII SCSP, que vence el 1 de julio de 2020; y otro de 53,7 millones a su matriz, PQ Media Holco Sàrl, que vence el 30 de junio de 2023.

Esquerdeiro también advierte a la directiva del club de los problemas de solvencia de estas sociedades: “Ninguna tiene el patrimonio para realizar las aportaciones del contrato, cuyos fondos les deberán ser proveídos mediante préstamos”. En las notas adjuntas a las cuentas de PQ Media Sàrl correspondientes a 2017, la sociedad reconoce que la inversión en el Real Madrid ha sido “parcialmente garantizada por Citibank”. Fue con una sucursal de esa entidad financiera en Tampa (Florida) con la que las dos entidades de las Islas Caimán, “en nombre” de la luxemburguesa PQ Media Sàrl, garantizaban a través de una letra de créditoal Real Madrid el pago de los 50 millones anuales aportados por el fondo de inversión, según consta en el documento de Football Leaks que ha reproducido infoLibre. 

La misma sociedad que utilizó para comprar Masmóvil

La matriz de PQ Media Sárl fue también la sociedad que Providence utilizó para hacerse con la empresa española de telefonía Másmóvil, en la que entró en julio de 2016 tras comprar el 18% de las acciones. El año pasado utilizó PEP European Investments, el accionista indirecto de PQ Media Sàrl, para invertir en Lorca Aggregator Limited, una sociedad domiciliada en otro territorio de baja tributación, la isla de Jersey, y con la que, acompañado de otros dos fondos, KKR y Cinven, se hizo con el 99% de las acciones de Másmóvil.

Esa misma filial le ha servido a Providence para adquirir las empresas británicas Closerstill –organización de eventos– y TES Global –educación–, así como la finlandesa de marketing en internet Smartly.io Solutions.

El diputado del grupo Verdes/Alianza Libre en el Parlamento Europeo Ernest Urtasun ha preguntado a la Comisión Europea si va a investigar las operaciones financieras que hacen los grandes clubes de fútbol con empresas situadas en paraísos fiscales. Urtasun utiliza la información publicada por infoLibre sobre el contrato del Real Madrid con el fondo Providence Equity Partners, que le proveerá de 200 millones de euros procedentes de sus hóldings en las Islas Caimán, para solicitar al Ejecutivo de Bruselas una respuesta escrita sobre las transacciones de los equipos de fútbol en “territorios no cooperadores”.

“Las revelaciones de infoLibre y Football Leaks sobre un pago de 200 millones de euros al Real Madrid son muy preocupantes y demuestran la gran opacidad en las operaciones financieras del mundo del fútbol”, advierte el eurodiputado. Según resalta, “este tipo de esquemas, donde participan una empresa de actividad legítima, con varias empresas pantalla radicadas en paraísos fiscales offshore y en Estados miembros [de la UE]” son habituales y muestran los “patrones muy similares” que multinacionales y multimillonarios utilizan para “mover y ocultar” su riqueza y eludir el pago de impuestos.

El parlamentario recuerda que “no es la primera vez” que ha instado a la Comisión a actuar “contra la evasión fiscal de los traspasos internacionales, los esquemas de derechos de imagen y la remuneración de los agentesla remuneración de los agentes en el mundo del fútbol”. “Es un negocio fuera de control”, critica, donde a las grandes cantidades de dinero evadidas se suma el reconocimiento social de sus estrellas.

Además, Urtasun pregunta a la Comisión Europea si comparte la opinión del Parlamento Europeo de que las Islas Caimán no han realizado suficientes reformas como para ser excluidas de la lista negra de paraísos fiscales. Bruselas la retiró en octubre de 2020 porque considera que el archipiélago ha adoptado las reformas sobre fondos de inversión colectiva que le había pedido. Pero el eurodiputado lo duda. Por el contrario, el Parlamento de Estrasburgo aprobó el pasado 21 de enero una resolución en la que pedía cambios en la lista negra de paraísos fiscales, que considera “ineficaz”. En ese texto, los eurodiputados critican que territorios como las Islas Caimán o Bermudas hayan salido de la lista sólo con “cambios cosméticos” y con meros compromisos sobre la aplicación de futuros cambios.

Paraíso fiscal para España, pero no para la UE

Según el informe sobre justicia fiscal que elabora la organización independiente Red de Justicia Fiscal (Tax Justice Network), las Islas Caimán son responsables del 16,5% de las pérdidas tributarias del planeta. “Son el mayor centro financiero opaco del mundo”, subraya el eurodiputado.

La lista negra de paraísos fiscales de la Unión Europea se compone actualmente de 12 territorios: Samoa Americana, Anguila, Barbados, Fiyi, Guam, Palau, Panamá, Samoa, Seychelles, Trinidad y Tobago, Islas Vírgenes Americanas y Vanuatu. La lista del Gobierno español la integran 33 enclaves. Entre ellos, las Islas Caimán.

Por este motivo, el parlamentario del grupo Verdes/Alianza Libre pregunta también a la Comisión Europea si va a intervenir en la reforma del proceso de elaboración de esa lista negra “a la luz de fallos” que a su juicio tiene, como demuestra la publicación del contrato del Real Madrid con el fondo Providence.

La Agencia Tributaria debería abrir una investigación sobre la operación suscrita en 2017 por el Real Madrid con el fondo de inversión Providence Equity Partners, que utiliza una estructura societaria basada en hóldings domiciliados en Luxemburgo y en el paraíso fiscal de las Islas Caimán, según ha declarado el presidente del sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha), Carlos Cruzado en la Cadena Ser.

“Estamos acostumbrados a ver estos entramados societarios, que van de la ilusión al incumplimiento legal”, aseguró Cruzado al ser preguntado por la información publicada por infoLibre a partir de los documentos de Football Leaks compartidos por Der Spiegel con la red European Investigative Collaborations (EIC).

En noviembre de 2017 el Real Madrid firmó un contrato de cuenta en participación (silent partnership en inglés) con la filial luxemburguesa de un fondo de inversión estadounidense, Providence Equity Partners: a cambio de recibir 200 millones de euros en cuatro años, el club le retribuiría con una parte de sus ingresos por patrocinio. La provisión de esa cantidad por parte de la sociedad de Luxemburgo está garantizada por dos hóldings domiciliados en el paraíso fiscal de las Islas Caimán.

El club blanco fue consciente desde el primer momento de los riesgos “reputacionales y de imagen” que contraía al firmar un acuerdo con una “sociedad instrumental” cuyos beneficiarios últimos están radicados en un paraíso fiscal. La advertencia la hizo el propio director financiero en correos electrónicos que envió al resto del equipo directivo del Real Madrid. También alertó de los riesgos fiscales: si la Agencia Tributaria inspecciona al club y considera que la sociedad luxemburguesa no es el beneficiario efectivo de los pagos del Real Madrid, podría calificar de “fraude de ley” la interposición de esa filial para “obtener una ventaja fiscal”. “Las probabilidades de que esto ocurra son muy elevadas”, subraya.

“La Agencia Tributaria debería abrir una investigación para comprobar si el Real Madrid hizo la retención legal”, ha explicado Carlos Cruzado. Además, explica, el fondo creó “una sociedad ad hoc en Luxemburgo, con un capital social muy pequeño, 20.000 euros, a todas luces insuficiente para las cantidades del contrato, y con sociedades en las Islas Caimán que avalan los pagos del fondo, por lo que da la impresión de que es una operación diseñada para evitar la retención del 24% que corresponde a los paraísos fiscales”.

Según establece la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas No Residente (IRNR), las retribuciones que el Real Madrid paga al fondo deberían sufrir una retención del 10% si la sociedad receptora estuviera enclavada en Estados Unidos –Providence tiene su sede social en Rhode Island–, del 19% si estuviera en España, pero del 24% si la entidad se encuentra en un paraíso fiscal. En cualquier caso, las leyes españolas, continuó detallando Carlos Cruzado, incluyen toda una serie de claúsulas anti-paraísos fiscales para evitar que las sociedades y los particulares puedan eludir el pago de impuestos.

“El viernes está en Madrid John Hahn, CEO de un fondo muy, muy grande que se llama Providence, y le gustaría tomarse un café contigo”, le propone Santiago Foncillas al director general del Real Madrid, José Ángel Sánchez Periáñez, en un correo electrónico del 3 de octubre de 2016. Foncillas fue consejero delegado en España de la casa de apuestas Bwin, antiguo patrocinador del club blanco, y es hijo del fundador del Círculo de Empresarios y presidente de Dragados del mismo nombre. Ahora al frente de una consultora llamada Advisia Advisory Services, le pregunta a Sánchez Periáñez, que suele firmar sus correos como JAS, si tiene un “hueco” para ver a Hahn: “Creo que quieren hablar de la Champions”. Foncillas le recomienda porque es uno de sus clientes y, como toda presentación, explica a JAS que el fondo acaba de comprar Yoigo con una inversión de 360 millones de euros. “Fueron dueños de Ono y de Marca”. El primer ejecutivo del Real Madrid no parece muy impresionado, tiene que salir de viaje y no volverá hasta finales de la semana siguiente. “Encantado de verle un día de éstos, pero habrá que buscar otro momento”.

Sin embargo, el contacto se produjo, enseguida, y fue fructífero. El fondo quería hablar de algo más que de la Champions. Un mes después, el 16 de noviembre, John Hahn, que no era el consejero delegado de Providence sino el jefe de su negocio internacional, escribe a José Ángel Sánchez no sólo agradeciéndole su “generosidad”, sino además prometiéndole que trabajará con toda la rapidez necesaria en un proyecto que ensalza como “superinteresante” para el fondo. Ambos se emplazan a continuar sus conversaciones la siguiente semana: “Honestamente creo que tenemos ante nosotros una oportunidad colosal”, avanza un Sánchez Periáñez que parece ya más entusiasmado.

Con sede en Rhode Island, el fondo Providence Equity Partners tiene presencia en España desde hace años: Masmóvil, Yoigo, Pepephone... También poseyó participaciones en Ono y en Retos Cartera, que fue el dueño al 100% del grupo Recoletos hasta que éste se unió a Unidad Editorial, la propietaria de El Mundo y Marca. Ahora lleva ya más de tres años asociado al Real Madrid. Una alianza de gestación laboriosa y ejecución delicada, que incluyó fichajes de directivos estrella, también no pocos roces en el proceso de encaje. Y dinero procedente del paraíso fiscal de las islas Caimán, a través de dos filiales de Providence radicadas en ese territorio.

El 21 de noviembre de 2016, una delegación del fondo de inversión viajó a Madrid en una visita de dos días para empezar a negociar con el club. John Hahn y el director general, Joshua Empson, figuraban al frente del equipo estadounidense. Así consta en los documentos de Football Leaks compartidos por la revista Der Spiegel con la red European Investigative Collaborations (EIC), a la que pertenece infoLibre. La agenda incluyó un tour por el estadio Santiago Bernabéu y la ciudad deportiva de Valdebebas, cena en Zalacaín y vuelo en jet privado a la capital portuguesa el día 22 para ver el partido de la Champions League entre el Real Madrid y el Sporting de Lisboa. Los blancos ganaron 1-2. Florentino Pérez hizo de anfitrión. Y Key Capital Partners, la empresa de servicios financieros de Anas Laghrari, el gurú financiero del presidente blanco y de ACS, lo organizó todo. También fue la intermediaria que asesoró a las partes en las negociaciones que se extendieron los siguientes meses.

El Real Madrid firmó el contrato de cuenta en participación con una filial de Providence domiciliada en Luxemburgo, creada con un capital de sólo 20.000 euros.

infoLibre ha preguntado al Real Madrid por los detalles del acuerdo, pero el club no ha querido responder a las reiteradas solicitudes de este periódico para obtener sus comentarios. La caja negra al final de esta información reproduce las preguntas que han quedado sin contestación. 

Apenas había transcurrido un mes del partido, el 23 de diciembre de 2016, cuando el Real Madrid ya firmó con Providence una carta de intenciones, no vinculante, por la que el fondo de inversión se comprometía a pagar 500 millones de euros, en un acuerdo de 10 años, divididos en tres partes: dos de 200 millones cada una y una de 100 millones más, a cambio de recibir un porcentaje –el 23,75%– del aumento que experimentaran los ingresos del Real Madrid por la explotación de determinados derechos comerciales: buena parte de los que obtiene por patrocinios y los derivados de su plataforma digital. El club ha presupuestado para el ejercicio en curso unos ingresos de 616,8 millones de euros, un 14% menos que el anterior. Sólo las obras de reforma del Santiago Bernabéu, el macroproyecto en el que estará embarcado el Real Madrid hasta agosto de 2022, supone una inversión de 575 millones. Para sufragarlas, ha suscrito un crédito a 30 años por esa cantidad, apoyado en una emisión de bonos en Estados Unidos.

INVERSOR, PERO NO GESTOR

La materialización del primero de esos compromisos les costó a ambos casi un año de negociaciones. Hasta el 10 de noviembre de 2017 no se firmó el contrato de cuenta en participación –que en inglés recibe el más sugerente nombre de silent partnership, 'asociación silenciosa'– por el que el Real Madrid recibiría 200 millones de euros hasta 2021 a cambio de pagar al fondo estadounidense una parte de sus ingresos por patrocinio. Se trata de un contrato de colaboración en el que el fondo interviene como “partícipe inversor”, aportando dinero, y el club merengue actúa como gestor. Es decir, el Real Madrid continúa administrando en exclusiva los contratos con los patrocinadores y facturándoles, por lo que Providence no puede intervenir en ese negocio ni en la estructura organizativa del club ni en su estrategia, pero sí tiene derecho a recibir toda la información sobre dichos contratos que considere necesaria para velar por sus intereses, puede asesorar en la materia para maximizar el beneficio y el club debe rendirle cuentas sobre la explotación de esos derechos. En vigor desde el 1 de julio de 2017, el contrato se extendía hasta la misma fecha de 2021, con una posible prórroga de dos años más si Providence no conseguía en ese plazo un determinado rendimiento. En 2020, no obstante, el acuerdo fue renegociado, con “un aumento de los ingresos y una extensión de los posibles años de vigencia hasta un máximo de nueve años”, según informa el propio club en su informe económico, publicado el pasado mes de diciembre.

Providence Equity Partners se compromete a aportar 50 millones de euros al año al Real Madrid.

Dicha retribución se compone de una cantidad mínima de 6,25 millones de euros anuales, o el 10% de los ingresos netos obtenidos en cada ejercicio, y de un importe variable, cuya cuantía total acumulada al cabo de los cuatro años de contrato no puede superar los 230 millones. El primer ejercicio en que estuvo en vigor la alianza silenciosa, el Real Madrid pagó a Providence un total de 12,737 millones de euros –6,25 millones de la parte fija y 6,487 de la variable–. En el segundo, la cantidad presupuestada se multiplicaba hasta casi 30 millones de euros –29,934 millones, 6,25 fijos y 23,684 millones de la parte variable–. Para el tercero, 61,22 millones. Y para el cuarto, 63,5 millones. Para el año fiscal de junio de 2018 a junio de 2019, el club había presupuestado unos ingresos totales por patrocinios de 131,5 millones –el anterior había conseguido 130,2 millones– y preveía aumentarlos hasta los 165,63 millones en el 2019/2020.

Pero Providence obtiene sus rendimientos sólo de una parte de los derechos comerciales del Real Madrid. Quedan fuera del “perímetro de negocio” establecido en el contrato tanto el patrocinio técnico y comercial de su camiseta, y el nombre del estadio y la ciudad deportiva, como los contratos actuales, sus renovaciones e incluso las sustituciones de patrocinadores tan relevantes como Telefónica –10 millones de euros–, Nivea, Audi, Sanitas, Microsoft, Hankook, Codere, Hugo Boss... Es decir, el objetivo del club debía ser multiplicar los ingresos totales por patrocinios hasta los 200 millones de euros al cabo de los cuatro años de contrato. A cambio, conseguía un refuerzo financiero de unos 175 millones netos.

“Parece una broma, pero me temo que va en serio”

Pero, ¿con quién firmó el Real Madrid este sustancioso acuerdo? Porque no fue con Providence Equity Partners LLC, la matriz del fondo de Rhode Island, sino con una de sus múltiples filiales, PQ VII Sàrl, domiciliada en Luxemburgo. Constituida el 18 de enero de 2017, justo cuando comenzaban las negociaciones con el Real Madrid, tenía un capital de sólo 20.000 euros. “Es una sociedad instrumental cuyos beneficiarios últimos son dos sociedades domiciliadas en el paraíso fiscal de las Islas Caimán”, explica el director financiero del club, Julio Esquerdeiro, a José Ángel Sánchez, al director del área jurídica, Javier López Farré, y a José Luis del Valle, secretario general de ACS y asesor jurídico de confianza de Florentino Pérez.

Los hóldings de las Islas Caimán que aportan los fondos que Providence paga al Real Madrid.

En el correo, con fecha del 30 de octubre de 2017, adjunta un esquema de la estructura societaria en powerpoint. Detrás de esa primera sociedad luxemburguesa hay otra, PQ VII Holdco SARL, creada el mismo día que la anterior, con idénticos capital y sede sociales, y participada a su vez por una tercera sociedad, PLT VII Holdco Sàrl. Ésta posee un capital social de 7,7 millones de euros y fue constituida en enero de 2016. Es propiedad en un 53,5% de Providence Equity Partners VII-A LP y en un 46,5% de Providence VII Global Holdings LP, ambas con domicilio en Ugland House, George Town, la capital de las Islas Caimán. La sopa de letras y números romanos de Providence es aún un poco más densa: detrás de ambas aparece una tercera filial, Providence Equity GP VII-A LP, y detrás de ella PEP VII-A Limited, las dos registradas en el mismo paraíso fiscal caribeño. Todas figuran en la garantía de disponibilidad de fondos preparada por ambas partes el 1 de noviembre.

“¡Dos compañías radicadas en las Islas Caimán y domiciliadas en un edificio de George Town donde hay miles de empresas domiciliadas garantizan el pago al club de 200 millones por parte de una sociedad luxemburguesa de 20.000 euros de capital social!”, recalca exaltado el director financiero en otro correo posterior, del 2 de noviembre, sólo una semana antes de la firma del contrato. “Parece una broma, pero me temo que va en serio”, concluye.

Una enmienda al acuerdo inicial sirve para que las sociedades de las Islas Caimán garanticen los pagos con una letra de crédito del Citibank en Miami.

Para superar esa aparente debilidad, el 20 de noviembre, el Real Madrid y Providence firmaron una enmienda parcial al contrato de 10 días antes en el que las dos sociedades de las Islas Caimán garantizan al club el pago de 175 millones de euros mediante una carta de crédito emitida por una sucursal de Citibank en Tampa, en el estado de Florida.

El Real Madrid fue consciente de los peligros de esta estructura desde el primer momento. Ya el 1 de diciembre de 2016, apenas iniciadas las negociaciones, Julio Esquerdeiro elaboró una nota interna de trabajo donde, además de explicar las particularidades del contrato en cuenta de participación, advertía de que “la estructura de inversión a la que acuda el inversor [Providence] deberá evitar los riesgos reputacionales y de imagen que para el Real Madrid pudieran derivarse de la misma, debiendo por tanto ajustarse dicha estructura a una práctica habitual que no plantee riesgos fiscales al Real Madrid”. Por ese motivo, recomendaba que la “contraparte” del club en el contrato fuera “una entidad residente a efectos fiscales en España participada directa o indirectamente por el inversor”. No fue así.

Posible fraude de ley

Además de los problemas de reputación, el club se enfrentaba a otros riesgos más onerosos, los fiscales. “Dada esta estructura, fácilmente comprobable por la Agencia Tributaria, la exención de retención en los pagos del Real Madrid a PQ VII SARL, por ser sociedad residente en la UE, será cuestionada con casi total seguridad por la Agencia Tributaria, que recalificará los pagos considerando el beneficiario efectivo, en este caso, un paraíso fiscal, y por tanto, obligando al Real Madrid a practicar una retención del 24% en los pagos a Providence”, alertaba el director financiero del club el 30 de octubre.

La carta del Citibank que garantiza al Real Madrid los pagos del fondo Providence.

Estas estructuras, aclara Esquerdeiro, “suelen utilizarlas los fondos en sus inversiones en España pues así minimizan su coste fiscal: evitan tributar en España y, a través de la residencia en Luxemburgo, país que siendo miembro de la UE tiene al mismo tiempo un régimen de tributación favorable en especial para este tipo de estructuras de inversión, consiguen minimizar la tributación a través de una estructura de préstamos intercompañía”. Dice que no son ilegales, pero avisa: si el fisco, en una de sus inspecciones considerara que la sociedad luxemburguesa no es el beneficiario efectivo de los pagos del Real Madrid, podría calificar de “fraude de ley” la interposición de esa filial para “obtener una ventaja fiscal”. “Las probabilidades de que esto ocurra son muy elevadas”, insiste. En el caso de que esa sociedad estuviera en EEUU, la retención que debería practicar sería del 10%; si estuviera en España, del 19%. Pero si radicara en un paraíso fiscal, se elevaría al 24% antes citado.

Por supuesto, Providence quería sus pagos íntegros, sin ningún descuento por motivos fiscales, lo que supondría que el Real Madrid debería aumentar las cuantías al fondo en la misma cantidad que le fuera retenida por Hacienda. Un sobrecoste para el club que Julio Esquerdeiro calculaba entre 7,2 y 20,5 millones de euros en los cuatro años de contrato, contando con que debiera abonar al fondo unos 65 millones de euros por encima de los 200 millones aportados por Providence, que son considerados renta del capital mobiliario –intereses– por las leyes españolas. Así que ambas partes estuvieron discutiendo sobre la cláusula fiscal del contrato, la número 13, casi hasta el último minuto. “Traslada el riesgo fiscal al Real Madrid”, se queja el club. Finalmente, consiguió eliminar el párrafo que obligaba a los blancos a pagar a Providence el íntegro pactado, independientemente de la retención fiscal al que obliga la Hacienda española.

El Real Madrid ha tenido que afrontar una cuantiosa factura con la Agencia Tributaria por el esquema que utilizaba –al igual que otros clubes españoles y europeos– para pagar parte del salario de sus jugadores a través de sus agentes. Como publicó en su día infoLibre apoyado en los documentos de Football Leaks, el club merengue pagó 80 millones de euros a los agentes de sus jugadores entre 2011 y 2014, de los que Hacienda le obligó a regularizar 28 millones. El Real Madrid ha recurrido ante el Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC) todas las regularizaciones a que le ha obligado el fisco desde que la inspección empezó a investigar los pagos a los agentes de los futbolistas. Pero antes de eso ha ingresado las cantidades que le pedía la Agencia Tributaria. Sólo en 2016, por ejemplo, tuvo que pagar 9,2 millones de euros por salarios no declarados de sus jugadores, además de una multa de 6,5 millones.

Pero hay un segundo riesgo más allá del fiscal, explica el director financiero: Hacienda podría negar la deducción del 25% en el impuesto de sociedades de la retribución que el club pague al fondo y que éste considera un gasto. Unos 15 millones de euros para los 65 millones de intereses antes citados, pero que podrían ser muchos más si el fisco hiciera una “interpretación extrema y asimétrica” y cuestionara también la deducción de los 200 millones que tiene que devolverle el Real Madrid a Providence.

Además, advierte de nuevo del problema de solvencia de las filiales caribeñas y luxemburguesas del fondo: “Ninguna de estas sociedades tiene el patrimonio para realizar las aportaciones del contrato, cuyos fondos les deberán ser proveídos mediante préstamos”.

Cambio del fondo VII al VIII

Así y todo, el acuerdo se firmó y el Real Madrid consideró suficiente la carta en la que, por un lado, las dos sociedades de las islas Caimán garantizaban la provisión de fondos a la filial luxemburguesa –mediante “acciones ordinarias, participaciones preferentes, préstamos subordinados o no subordinados de los accionistas, certificados de bonos preferentes u otros valores o préstamos”– y por otro, la carta de crédito del Citibank que sustituyó a los pagarés inicialmente establecidos como forma de pago.

Sólo seis meses después de la firma, en mayo de 2018, los acuerdos fueron modificados. Providence quería traspasar los pagos de los fondos numerados con el VII romano a los numerados con el VIII, algo que le permitía el propio contrato de 10 de noviembre: “El partícipe no gestor [Providence] puede ceder, todos o parte de sus derechos y obligaciones surgidos de este acuerdo con cualquier fondo de inversión o empresa que sea administrada o asesorada por Providence Equity Partners LLC o sus afiliados”, establece en su cláusula 12.

Con una salvedad: se prohíbe la cesión si esos fondos o empresas tienen una participación directa o indirecta no sólo “en entidades que sean adjudicatarias, licenciatarias, subadjudicatarias o sublicenciatarias de los derechos audiovisuales del Real Madrid” o en otras que sean competidoras del club, sino también, más sorprendentemente, “en fondos o empresas domiciliados en un paraíso fiscal, tal y como se define en la legislación española”. Las Islas Caimán figuran en la lista de paraísos fiscales de la Hacienda española.

El traslado se ejecutó a lo largo de 2018, de forma que las dos sociedades de las islas Caimán que ahora tienen el negocio con el Real Madrid son Providence Equity Partners VIII-A LP y Providence Equity Partners VIII LP. Los cambios también afectaron a la denominación de alguna de las empresas que Providence tiene en Luxemburgo. PQ VII Sàrl, la sociedad que figura en el contrato con el club blanco, se llama ahora PQ Media Sàrl y en junio de 2018 amplió su capital, de los exiguos 20.000 euros iniciales a 220.000.

Una puerta robusta en el centro de Budapest. Al otro lado, una escalera oscura y glacial conduce a una verja metálica que bloquea el acceso al segundo piso. Rui Pinto, la fuente de Football Leaks, invita a los periodistas a entrar en su apartamento. Desde esta pequeña vivienda de dos habitaciones, el portugués de 30 años ha sacudido el mundo del fútbol, bajo el seudónimo de John.

El 17 de enero, Rui Pinto fue puesto bajo custodia policial y luego bajo arresto domiciliario a petición de la Justicia portuguesa, que le acusa de robo de datos e “intento de extorsión”. “Este es mi nuevo amigo”, sonríe mientras muestra el brazalete electrónico que cuelga de su tobillo. En estos momentos intenta evitar su extradición a Portugal, donde se enfrenta a una pena de prisión.

Desde la primavera de 2016, este denunciante ha proporcionado más de 70 millones de documentos confidenciales, es decir, 4 terabytes de datos, a Der Spiegel, que los ha compartido con Mediapart (socio editorial de infoLibre) y otros miembros de la red de periodismo de investigación EIC. Se trata de la mayor filtración en la historia del periodismo. Los documentos han dado lugar a una ola de revelaciones demoledoras sobre la cara negra del negocio del fútbol y han desencadenado varias investigaciones judiciales en varios países europeos, entre ellos Francia. Y uno de los hechos más notables ha sido la condena en España de Cristiano Ronaldo por fraude fiscal.

Mediapart, Der Spiegel y el canal de televisión alemán NDR pudieron entrevistarse con Rui Pinto en Budapest durante dos días, en la que es su primera entrevista desde su arresto. El denunciante revela que sus documentos no se limitan al mundo del fútbol.

En los discos duros incautados en su casa por la Policía húngara, había 10 terabytes de datos, incluidos seis terabytes que no habían sido facilitados a los medios de comunicación miembros del consorcio EIC. En esta ingente cantidad de documentos inéditos hay revelaciones sobre sociedades offshore y cuentas bancarias en las Islas Caimán, uno de los peores paraísos fiscales del mundo. “Estos datos tienen un potencial similar al de los Papeles de Panamá”, dice John.

Estos discos duros y su valioso contenido están ahora en el centro de la batalla judicial entre Rui Pinto y su país. Portugal reclama a Hungría todos los documentos incautados. Rui Pinto impugna tanto su extradición como la entrega de dichos datos. Teme que puedan ser utilizados en su contra y duda de la voluntad de Portugal de utilizarlos para abrir investigaciones fiscales y judiciales.

El denunciante cuenta ahora con la Fiscalía Financiera Nacional francesa (PNF), a la que desea facilitar todos los datos, para que puedan ser compartidos con otros fiscales europeos a través de la organización Eurojust. Bélgica y Suiza ya han confirmado su interés. Pero también Estados Unidos, como parte de la investigación por violación contra Cristiano Ronaldo.

PREGUNTA: ¿Es usted un hacker, señor Pinto?hacker

RESPUESTA: No me considero un hacker, sino un ciudadano que ha actuado en interés público. Mi único objetivo era revelar los actos ilegales que afectan al fútbol.

P: ¿Puede decirnos cómo obtuvo más de 70 millones de documentos confidenciales y, en algunos casos, extremadamente delicados relacionados con el negocio del fútbol?

R: Lancé un movimiento espontáneo de revelaciones sobre la industria del fútbol. Pero no estoy solo en este proyecto. Con el tiempo, ha habido más y más fuentes que han compartido sus datos conmigo y la base de datos ha crecido. Lo que significa que no soy el único preocupado por este tema.

P: Fue detenido a raíz de una orden de detención europea emitida por un fiscal portugués que le acusó de robo de datos, sobre todo del club Sporting de Lisboa, y de publicar correos electrónicos confidenciales en 2015. ¿Qué tiene que decir al respecto?

R: Estoy dispuesto a explicar este punto a las autoridades judiciales, pero discrepo con esta descripción de los hechos.

P: La Justicia portuguesa también le acusa de utilizar estos datos para intentar chantajear a la empresa Doyen Sports en otoño de 2015.

R: La única razón por la que me puse en contacto con Doyen fue para confirmar que habían hecho algo mal. Quería saber cuánto estaban dispuestos a pagar para evitar que se publicaran las revelaciones.

P: Pues parece un chantaje.

R: No, sólo quería saber cómo eran de importantes estos documentos y las informaciones para Doyen. Pensé que podría averiguarlo cuando supiera cuánto estaba dispuesto a pagar Doyen por mi silencio. Nunca tuve la intención de coger su dinero. Sólo quería revelar las prácticas de Doyen.

P: Incluso autorizó a un abogado, que se suponía que negociaría un acuerdo amistoso. Se reunió con el director general de Doyen, Nelio Lucas.

R: Quería ver cuánto le ofrecerían. Mientras él negociaba, seguí leyendo los documentos y pensé que si permitía que me compraran, no sería mejor que la gente de este negocio. Así que escribí a Doyen y les dije que se quedaran con su dinero. No se pagó ni un centavo. Lo que hice fue muy ingenuo. Hoy, visto con perspectiva, lo lamento. Pero niego haber cometido un delito.

P: Los investigadores portugueses también sospechan que usted remitió al FC Porto correos electrónicos de su gran rival, el Benfica de Lisboa. La publicación de estos documentos, que incriminan gravemente al Benfica, provocó un escándalo en Portugal. ¿Está involucrado en esto?

R: No he visto ninguna declaración oficial de las autoridades que establezca ningún vínculo entre mi persona y el escándalo del Benfica. Una revista publicó un artículo sobre este tema el otoño pasado. Cambió mi vida. Mi foto salió en la primera plana de los periódicos de todo el país. Mi cuenta de Facebook y mi dirección de correo electrónico se vieron inundadas de amenazas de muerte.

P: ¿Alguna vez ha ganado dinero con la información confidencial que ha obtenido sobre la industria del fútbol?

R: Seré muy claro en la respuesta: no, nunca.

P: ¿Ha recibido alguna oferta para vender sus datos?

R: Varias. Una vez recibí un correo electrónico anónimo en el que me ofrecieron más de medio millón de euros. He rechazado todas estas propuestas.

P: El abogado que negoció con Doyen en su nombre en 2015 ya lo había representado en un litigio con el Caledonian Bank, con sede en las Islas Caimán. Los medios de comunicación portugueses informan de que usted robó 300.000 dólares de este banco. ¿Es eso cierto?

R: No es lo que sucedió en realidad.

P: Entonces, ¿cuál es la verdad?

R: No estoy autorizado a hablar de ello en detalle porque he firmado un acuerdo de confidencialidad con el banco. Una cosa es cierta: si hubiera cometido un delito penal, el banco me habría llevado ante la Justicia. El caso nunca fue remitido a un tribunal y mis antecedentes penales están limpios hasta la fecha, en Portugal y en todos los demás países del mundo.

P: ¿Cuál fue el motivo de ese litigio con el Caledonian Bank?

R: En aquel momento, los bancos portugueses estaban en quiebra. Con la crisis económica, la gente perdió su medio de vida de la noche a la mañana. Al mismo tiempo, cada vez más dinero salía de Europa. Era obvio que había un problema. Quería examinar más de cerca este fenómeno y entender el sistema offshore.

P: ¿Qué encontró?

R: Ejemplos concretos de cómo algunas personas transfieren enormes cantidades de dinero fuera del país y las envían a paraísos fiscales. Cuando vi esto, sentí una creciente sensación de injusticia.

P: Este tipo de datos podría ser de gran interés para las autoridades fiscales.

R: Lo sé. Lo sé. Lo sé. Por eso los guardé. Estos datos tienen un potencial similar al de los papeles de Panamá. Muestran cómo las Islas Caimán han sido utilizadas a gran escala para el lavado de dinero y la evasión de impuestos.

P: ¿Qué ocurrirá con estos datos?

R: Me gustaría compartirlos con las autoridades fiscales y judiciales. Estos documentos revelan cómo los hombres de paja y los banqueros facilitan la evasión fiscal.

P: Los que se oponen a Football Leaks afirman que sus documentos no deben ser utilizados porque han sido obtenidos por medios ilícitos.Football Leaks

R: Otros afirman que los datos han sido manipulados, falsificados o sacados de contexto. Alegan que, por lo tanto, los datos no pueden ser admitidos como prueba ante un tribunal. Creo que eso es absurdo. Los documentos son auténticos, eso es todo lo que importa.

P: Cuando obtuvo los datos, ¿tenía una agenda u objetivos concretos?

R: Investigué quiénes eran los principales protagonistas de esta industria futbolística deshonesta, qué agentes y consultores se veían involucrados con más frecuencia en transacciones retorcidas. Quería dar a conocer estos hechos.

P: En Francia, algunos seguidores del Paris Saint-Germain (PSG) consideraron que Football Leaks ponía demasiado al PSG en el punto de mira y no lo suficiente a los demás clubes. ¿Qué opina?Football Leaks

R: He visto estas reacciones en las redes sociales, pero es absurdo. No tenía en el punto de mira a ningún club, federación o país en particular. Si tengo datos de interés público sobre un club, ¿por qué no debería compartirlos con los medios de comunicación?

P: Durante la primera entrega de Football Leaks, obtuvo muchos documentos sobre Cristiano Ronaldo. ¿Por qué de él? Football Leaks

R: Ronaldo es mi jugador favorito, lo considero el futbolista más completo de la historia. Pero su comportamiento fuera del terreno de juego debe ser juzgado de una manera totalmente diferente en materia de Derecho penal. Los datos de Football Leaks han aportado grandes revelaciones sobre él. No me importa si mi jugador favorito o mi club favorito son imputados. Football Leaks demostró que no se dirigía en contra de nadie en particular.

P: ¿Ve alguna diferencia entre un denunciante y un hacker?hacker

R: No me considero un hacker, sino un usuario normal de herramientas informáticas. Y no creo que haya ninguna diferencia entre un individuo que revela documentos obtenidos dentro de su empresa y otro que obtiene sus documentos desde fuera. En ambos casos, se trata de denunciantes que alertan de hechos graves que han permanecido en secreto: infracciones éticas, actos que pueden ser castigados y delitos penales. En el mejor de los casos, estos denunciantes consiguen lanzar un debate público y desencadenar la apertura de investigaciones por parte de las autoridades.

P: ¿Alguna vez ha tenido la sensación de que estaba haciendo algo ilegal?

R: No, no hasta la fecha. El Parlamento Europeo, los medios de comunicación europeos y muchas autoridades de investigación han analizado mis datos. Estoy convencido de que hice lo correcto.

P: ¿Ha llegado a tener dudas?

R: Sí, a menudo me he sentido decepcionado por el resultado y, en particular, por la forma en que han trabajado algunas autoridades de investigación. Tomemos como ejemplo la evasión fiscal sistemática en la industria del fútbol en España. Los investigadores españoles se mostraron satisfechos con recuperar algunos millones de impuestos de los jugadores, pero no estaban interesados en la raíz del problema. Los agentes, abogados y banqueros no fueron investigados. Sin embargo, son ellos los que mueven los hilos y han puesto en marcha el fraude.

P: ¿Cómo ha reaccionado?

R: Seguí adelante. Quería aumentar la presión sobre las autoridades y sensibilizar a la opinión pública. Pensé que en algún momento algo tendría que cambiar.

P: Una vez dijo que sus modelos eran Edward Snowden y Antoine Deltour, famosos denunciantes. ¿Se compara con ellos?

R: No quiero compararme con ellos. No hice todo esto por ego, no necesito ser conocido. Nunca he tratado de convertirme en el mayor denunciante del mundo, sino de denunciar tantos delitos como sea posible.

P: No sabemos mucho de usted. ¿Creció en Portugal?

R: Procedo de Vila Nova de Gaia, una ciudad atlántica muy próxima a Oporto.

P: ¿A qué se dedican sus padres?

R: Mi padre está jubilado. Diseñó calzado durante más de 30 años y ha viajado mucho por Europa. Mi madre se quedó en casa. Murió de cáncer cuando yo tenía 11 años. Fueron tiempos difíciles para mí.

P: ¿Fue buen estudiante?

R: Iba un paso por delante de los otros niños porque ya sabía leer y escribir a la edad de cuatro años.

P: ¿Quién le enseño a leer?

R: Aprendí solo, viendo partidos de fútbol. Veía muchos partidos y dibujaba las camisetas y jugadas de los partidos. En un momento dado, empecé a escribir las palabras que decía el comentarista, quién marcaba, el resultado final y cómo se había jugado el partido.

P: ¿Cómo reaccionaron sus padres?

R: Todo el mundo se sorprendió. Mi padre no estaba particularmente contento. Me dijo que no debería ver el fútbol con tanto fanatismo porque acabaría destruyendo mi vida.

P: ¿Era bueno en la escuela?

R: No iba mal. Era muy bueno en historia. En cambio, en matemáticas, química y física era un desastre.

P: ¿Disfrutó de su etapa escolar?

R: Sí. Jugué mucho al fútbol y formaba parte del equipo de futbol sala de mi escuela. Además, era muy popular porque era un poco rebelde. A menudo tenía largas discusiones con los profesores cuando me daba cuenta de que no estaban seguros de ciertas cosas. A veces estas discusiones fueron demasiado lejos, porque tengo problemas para saber cuándo parar.

P: Después estudió historia en la universidad. ¿De dónde le viene este interés?

R: Si quieres entenderte a ti mismo, al mundo y a tu país, tienes que estudiar historia. Porque los seres humanos siempre cometen los mismos errores. Siempre.

P: Nunca se licenció en historia. ¿Por qué?

R: Cuando estaba en la universidad, mi relación con Portugal cambió. Muchos de mis amigos dejaron el país porque ya no veían ninguna perspectiva debido a la crisis económica. Los políticos y empresarios codiciosos arruinaron un país que una vez fue próspero.

P: ¿Cómo gestionó la situación?

R: Primero hice un semestre Erasmus en Budapest, luego, después de un año en Portugal, me mudé. Me encanta esta ciudad. La luz, el Danubio, los castillos y los puentes. Me gustaría quedarme aquí para siempre. Descubrí que había un sector de actividad aquí para mí. Mi padre estaba muy interesado en el comercio de antigüedades, y yo también. Hay muchos tesoros en Europa del Este.

P: ¿Quiere decir libros antiguos?

R: Y carteles. Se pueden encontrar aquí a precios muy bajos, uno o dos euros, que a veces se pueden revender por 150 euros o más. Me ganaba la vida ayudando a mi padre en este negocio de comercio de antigüedades.

P: ¿Cómo surge la idea, en otoño de 2015, de abrir la web Football Leaks?Football Leaks

R: Soy aficionado al fútbol desde niño y me di cuenta de que, tras la sentencia Bosman [que liberalizó los traspasos de jugadores en Europa en 1995], el fútbol se estaba moviendo en la dirección equivocada. Los mejores jugadores jóvenes eran transferidos cada vez antes a las Ligas más grandes y a los mejores clubes. Las competiciones están dominadas por un puñado de clubes muy grandes. Lo que provocó mi deseo de poner en marcha el proyecto Football Leaks fue el escándalo de la FIFA en 2015, así como las irregularidades que vi en muchos fichajes en Portugal, y el hecho de que cada vez más fondos de inversión como Doyen estaban entrando en el mercado y comprando los derechos económicos de los jugadores. Entonces empecé a recopilar datos.

P: ¿Cómo logró sus conocimientos técnicos? ¿Ha estudiado informática?

R: Nunca.

P: ¿Cómo comprobó los datos?

R: Leí. He leído mucho. Todos los días, pasaba horas sentado frente a los documentos y analizándolos. Cuanto más leía, más sorprendido estaba.

P: ¿Sobre qué?

R: Muchos documentos se referían al empleo de compañías offshore, la forma en que los agentes deportivos se escondían detrás de los hombres de paja para llevar a cabo evasión fiscal a gran escala.

P: ¿Cuándo se dio cuenta de que estaba haciendo enemigos?

R: La empresa Doyen puso a investigadores privados tras de mí. Una poderosa asociación de clubes hizo lo mismo. También había una joven que se me acercó en una fiesta. Coqueteó conmigo, pero noté que algo iba mal. Me pidió mi número y se lo di. Quería ver qué tramaba.

P: ¿También era detective?

R: No, era periodista de un tabloide inglés de gran tirada. Pero no me enteré hasta varias semanas después, cuando recibí un sms: “Oye, sabemos que eres el tipo de Football Leaks. Trabajo para un bufete de abogados. Nos interesan sus documentos”. Quería engañarme.

P: ¿Por qué tardó tanto la Policía en encontrarle?

R: Buena pregunta. Siempre he tenido un apartamento en Budapest. He llevado una vida completamente normal aquí.

P: En nuestras entrevistas previas [con el periodista de Spiegel Rafael Buschmann, cuando Rui Pinto era anónimo], nos dijo que cambiaba de lugar cada dos días.

R: Viajé mucho, sí. Pero con mi documento de identidad. No me he ocultado.

P: Tiene una novia húngara. ¿Qué le dijo cuando le arrestaron?

R: Mantuve el secreto, pero mi novia se dio cuenta de que había algo sospechoso, pero yo era muy ambiguo. Quería protegerla. Cuando me arrestaron, casi se vuelve loca. Pero ha permanecido fiel a mí y me ayuda a superar este trago.

P: ¿Cómo y dónde fue arrestado en Budapest?

R: A primera hora de la noche, el 16 de enero. Volvía de un supermercado con mi padre, que había venido a visitarme con mi madrastra. Cuando doblamos la esquina de la calle donde está mi apartamento, dos policías vestidos de civil se me acercaron. Revisaron mi documento de identidad y tuve que vaciar mis bolsillos y mi mochila. Luego me mostraron la orden de detención europea, sólo en húngaro, y me esposaron.

P: ¿La policía registró su apartamento?

R: No tenían orden de registro. Usaron mi llave para acceder al apartamento. Mi madrastra se sorprendió cuando, de repente, se encontró frente a nueve policías en la cocina. Me dijeron que preparase mis cosas. Uno de ellos me dijo: “Nunca volverás aquí”.

P: ¿Pudo ponerse en contacto con un abogado mientras estaba bajo custodia policial?

R: Me prohibieron hacerlo. Me despedí de mis padres y les dije que todo iría bien. Luego me llevaron a una comisaría. Estuve encerrado en una celda para dos. Por la noche, un guardia venía cada media hora, encendía y apagaba la luz de mi litera. Sólo lo hizo conmigo.

P: ¿Cuánto tiempo estuvo en la celda?

R: Dos noches. Luego me llevaron a la audiencia, donde el juez decidió ponerme bajo arresto domiciliario.

P: ¿La policía húngara se incautó de algún objeto en su apartamento?

R: De mi ordenador, una decena de discos duros, tres teléfonos móviles y algunos otros dispositivos electrónicos.

P: ¿Son estos datos de interés público? ¿Podrían descubrir delitos penales?

R: Sin duda.

P: Esos discos duros, ¿están encriptados?

R: No deseo responder a esa pregunta.

P: ¿Cuál es el volumen de esos datos?

R: Diez terabytes, seis de los cuales aún no he transmitido.

P: ¿Tiene usted u otros miembros de Football Leaks una copia de estos datos?Football Leaks

R: Tampoco puedo responder a esa pregunta.

P: Las autoridades portuguesas solicitan a Hungría su extradición y la transmisión de sus datos. ¿Qué cree que pasará con estos datos si la Justicia portuguesa consigue recuperarlos?

R: Los húngaros no deberían entregarles estos discos duros, porque la orden de detención solo cubre las acusaciones que se remontan a 2015. Creo que los portugueses quieren tener en sus manos todos mis datos para preparar nuevos procedimientos legales contra mí.

P: ¿Qué espera?

R: Espero que los fiscales de toda Europa se reúnan y demuestren a las autoridades húngaras y portuguesas que mi información es de gran interés público y que necesitan estos documentos para llevar a cabo sus investigaciones y perseguir delitos penales, que son mucho más graves que hacer la denuncia.

P: ¿Con qué autoridades se ha puesto ya en contacto?

R: Con varias. Sé que mi abogado francés, William Bourdon, está en contacto con fiscales suizos y belgas. Pero hasta ahora, sólo me he reunido con investigadores franceses [de la Fiscalía Financiera Nacional, PNF].

P: ¿Cuándo se celebró la primera reunión?

R: A finales de 2018, en París.

P: ¿Reveló su identidad a la Fiscalía Financiera Nacional?

R: Sí. Les dije que era John.

P: ¿Remitió documentos a la Fiscalía Financiera Nacional?

R: Lo único que puedo decir es que coopero con ellos.

P: ¿Qué hay de la investigación abierta en Estados Unidos contra Cristiano Ronaldo, acusado de violación por una mujer estadounidense, que él niega?

R: Sé que se ha abierto una investigación penal, pero no quiero hacer ningún comentario.

P: ¿Han contactado con usted las autoridades americanas?

R: Sí.

P: ¿Compartió algún documento como parte de esta investigación americana sobre Cristiano Ronaldo?

R: La investigación está en curso, prefiero no hacer comentarios.

P: ¿Alguna autoridad fiscal o judicial ya se ha puesto en contacto con usted después de las primeras revelaciones de Football Leaks en diciembre de 2016?Football Leaks

R: He recibido algunos correos electrónicos de las administraciones fiscales, incluyendo uno de Múnich (Alemania).

P: ¿Cómo reaccionó en ese momento?

R: Algunos de estos investigadores eran bastante torpes. Los investigadores financieros ingleses me pidieron desde el primer momento que facilitara mi nombre y lugar de residencia. Todo un despropósito cuando contactas con un denunciante que quiere permanecer en el anonimato. Por supuesto, no contesté. En ese momento, no tenía abogado. Necesitaba tiempo para desarrollar una estrategia que asegurara mi protección. Pero incluso entonces, la solicitud francesa de cooperación era la más creíble.

P: ¿Por qué?

R: Los franceses me parecieron muy determinados y profesionales. Me dejaron claro que se toman muy en serio los casos de corrupción, blanqueo de dinero y de evasión fiscal en el fútbol. Sentí que podía confiar en ellos y que necesitaba un socio fuerte. Los investigadores franceses pueden iniciar investigaciones a través de Eurojust. Puedo compartir mis datos con ellos y ellos pueden compartirlos con otros. Me parece que Eurojust permite a las autoridades judiciales europeas coordinar sus acciones. Un solo punto de contacto es suficiente. Si otros países desean seriamente realizar investigaciones, pueden ponerse en contacto con Francia. Y pueden contar conmigo.

P: Después de las revelaciones de Football Leaks, ¿han intentado ya las autoridades futbolísticas ponerse en contacto con usted?Football Leaks

R: Ni la FIFA ni la UEFA han contactado con Football Leaks. Es frustrante. En las entrevistas que di bajo el seudónimo John, dije varias veces que si se ponían en contacto conmigo para aclarar ciertos hechos, transmitiría documentos. Pero nunca recibí una sola petición.

P: ¿Por qué se opone a su extradición a su país de origen?

R: Estoy bastante seguro de que no tendré un juicio justo en Portugal. El sistema judicial portugués no es totalmente independiente; uno se enfrenta a muchos intereses ocultos. Por supuesto, hay fiscales y jueces que están haciendo su trabajo con seriedad. Pero esta mafia del fútbol está en todas partes. Quieren enviar un mensaje, para demostrar que nadie tiene interés en oponerse a ellos.

P: ¿Teme acabar en la cárcel en Portugal?

R: Estoy nervioso porque soy el blanco de los ataques, sobre todo de los aficionados del Benfica Lisboa. Desde el otoño pasado, he recibido muchas amenazas de muerte en Facebook. Puse estas amenazas en manos de los investigadores franceses y ellos consideraron que debían ser tomadas en serio. Me temo que si pongo un pie en una prisión portuguesa, especialmente en Lisboa, no saldré vivo de ella.

Traducción: Mariola Moreno

Leer el texto en francés:

La última ampliación de capital por valor de 563 millones de euros ejecutada por Prisa ha permitido la entrada de nuevas caras en el accionariado del conglomerado mediático. Una de ellas es la firma de inversión Adar Capital Partners Ltd., capitaneada por el financiero israelo-argentino Diego Alfonso Marynberg, que ha pasado a controlar el 5,79% del grupo mediático a través de su principal fondo: Adar Macro Fund Ltd. En total, el hedge fund ha adquirido 29,8 millones de títulos con un valor en bolsa de unos 56 millones de euros.

En la comunicación de adquisición de derechos de voto remitida el pasado 21 de febrero a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Adar Capital Partners Ltd. situaba su domicilio social en Jerusalén (Israel). Sin embargo, como ha podido comprobar infoLibre, tanto la compañía como su fondo insignia están registrados mercantilmente a miles de kilómetros de distancia, en las Islas Caimán. A preguntas de este periódico, un portavoz de Adar Capital Partners reconoció que la firma está asentada en el paraíso fiscal y asegura que ya se han puesto en marcha para corregir los datos en poder del organismo regulador.

“Esta discrepancia fue solucionada ayer –en referencia al martes– con nuestro bufete de abogados en España, dado que la compañía opera desde Israel pero tiene su registro en Caimán”, señaló un portavoz de la firma de inversión, que además anunció que "las próximas comunicaciones" ya  "mostrarán el efectivo domicilio de registro”.

Marynberg, el inversor que apostaba por Venezuela

Adar Capital Partners Ltd., que hace unos días se convirtió también en el accionista mayoritario de la inmobiliaria española Neinor Homes, se define en su web como una firma que “proporciona asesoramiento de inversión a instituciones, family offices y fondos de inversión privados, esencialmente en América Latina y Europa”. Sólo su principal fondo, Adar Macro, gestiona en la actualidad activos por más de 1.600 millones de euros.

La firma de inversión tiene como fundador y gestor a Diego Alfonso Marynberg, un financiero israelo-argentino que ahora usa con menor frecuencia su nombre en español y se hace llamar "Zev" (así figura por ejemplo en la página web de la compañía). El nuevo accionista del Grupo Prisa, cuyo buque insignia –el diario El País– lleva años criticando con dureza a los Gobiernos chavistas, se ha enriquecido durante bastante tiempo haciendo negocios en la Venezuela de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

Marynberg lleva invirtiendo en el país latinoamericano desde al menos 2006. En ese año, por ejemplo, cerca del 90% del capital que manejaba Geo Equity Opportunities I Ltd., el fondo radicado en las Islas Vírgenes Británicas que controlaba el financiero israelo-argentino por aquel entonces, estaba invertido en empresas venezolanas. De hecho, su principal activo era Mercantil Servicios Financieros CA, empresa que poseía el segundo mayor banco del Estado bolivariano.

En 2013, su nombre volvió a saltar a la palestra después de que varios medios venezolanos publicasen que el Banco Central de Venezuela estaba negociando con Goldman Sachs poner 1,45 millones de onzas de oro como garantía de un préstamo del banco de inversión estadounidense. En la operación, Adar Capital Partners Ltd. actuaría como intermediario, llevándose una comisión del 0,25%. Un portavoz de la firma confirmó este martes a infoLibre que esa propuesta “existió” pero que no se llegó a materializar nunca.

Apple, que deriva dos tercios de sus beneficios a Irlanda donde la compañía está prácticamente exenta del pagos de impuestos; Whirpol, que hace circular sus beneficios entre sus filiales offshores para reducir su fiscalidad a la mínima expresión; Nike, que ahorra mil millones de euros y que sólo paga el 2% en impuesto de sociedades vía los Países Bajos; Facebook, que lleva el grueso de sus beneficios a las Islas Caimán... Como siempre que se producen nuevas revelaciones sobre la magnitud de los fondos ocultos en paraísos fiscales y sobre la ingeniería financiera que los permiten, los Paradise Papers han provocado la indignación de los responsables políticos franceses y europeos. Y, sin embargo, pese a las aparentes buenas voluntades y el anuncio de diferentes medidas que se pregonan regularmente, el fenómeno de los paraísos fiscales no decae. Y no es para menos: forma parte del sistema económico mundial nacido del cuestionamiento, hace 40 años, del modelo de posguerra.

La magnitud del fenómeno impide justificar la idea de que es la única “deriva” del sistema. En realidad, es imposible encontrar una multinacional que no disponga de filiales offshore y, a día de hoy, gran parte de las pymes de los países desarrollados y también de los países en vía de desarrollo están afectados. Le Monde publica las estimaciones de Gabriel Zucman, economista de la Universidad de Berkeley. Según los cálculos de Zucman, cada año los Estados dejan de ingresar 350.000 millones de euros en impuestos, es decir, el 0,5% de la riqueza creada anualmente en el mundo. En su obra, publicada el año pasado, La Richesse cachée des nations, Zucman afirma que la riqueza depositada en paraísos fiscales asciende a 7,9 billones de euros, es decir, el 8% de la riqueza financiera mundial.

Estos cálculos pueden quedarse cortos. Otras estimaciones consideran que el montante es mayor. Así, para la ONG británica Tax Justice Network, el dinero depositado en paraísos fiscales ronda entre los 21 y los 34 billones de dólares (entre 18,2 y 29,4 billones de euros). El flujo oscilaría entre 1 billón y 1,6 billones de dólares (entre 865.000 millones y 1,384 billones), es decir, el 2,1% del PIB mundial. Las definiciones de nociones como evasión fiscal y  paraíso fiscal son importantes en estas diferencias, pero las cifras son, en cualquier caso, muy importantes porque no se trata de datos aislados.

Tomemos como ejemplo los cálculos de Gabriel Zucman, según los cuales, cada año, Francia deja de ingresar 20.000 millones de euros, es decir el 1% del PIB. Esta cifra representa el 25% del déficit público francés y cuatro veces el déficit de la Seguridad Social. De modo que, estos fondos deben tomarse prestados, lo que aumentará el peso de la deuda y tendrá un peso mayor sobre los déficits futuros (y el efecto de bola de nieve de los intereses que se han de abonar, aunque sean modestos nominalmente, es importante). La otra opción es reducir el gasto o aumentar la carga fiscal que sufren aquéllos que no pueden evadir el pago. En los dos casos, la actividad se resiente ya que la crisis nos ha recordado la existencia de multiplicadores presupuestarios. Ese 1% del PIB afecta a la actividad actual y a la actividad futura. Y, cada año más, ya que pese a los anuncios, el fenómeno lejos de debilitarse se refuerza.

Sistemáticamente, este dinero que deja de entrar en las arcas públicas aumenta las desigualdades. Los más ricos y las empresas consiguen sacar provecho a la evasión y a la optimización fiscales, mientras que los bolsillos más modestos y las clases medias no pueden dejar de pagar impuestos; de ahí el aumento de las desigualdades. Pero el fenómeno también es indirecto: el flujo monetaria con dirección a los paraísos fiscales justifica también la tendencia a la baja de los gravámenes que se aplican a los más ricos y a las empresas. Y para financiar esas bajadas de impuestos, también hay que bajar las prestaciones sociales, es decir, reducir los servicios públicos, es decir subir los impuestos de los que los pagan. O, dicho de otro modo, de las clases medias. O las tres cosas.

¿No es ésa la lógica del Gobierno francés, del que forma parte Bruno Le Maire, quien no tiene palabras suficientemente duras para los paraísos fiscales pero que ha justificado la bajada de la fiscalidad sobre el capital por razones de competencia fiscal, competencia cuyas paraísos fiscales son la punta de lanza? La idea de que la bajada de impuestos contribuirá a la repatriación de capital es una utopía. Un estudio de dos economistas de la Universidad de Aston, en Birminghan, realizado en 2015, demuestra que “la bajada de la presión fiscal en los países de origen no cambia sustancialmente la tendencia de las empresas a la hora de montar filiales en paraísos fiscales”. La consecuencia es una huida hacia adelante continua, en una competición fiscal estéril donde el mejor postor dicta su ley. El verdadero coste de los paraísos fiscales es imposible de cuantificar, pero es notable cuando se tiene en cuenta el efecto en el tiempo que produce en las finanzas y en las políticas públicas.

A menudo se olvida que los paraísos fiscales no son un mero elemento marginal del sistema económico contemporáneo, constituyen uno de los motores principales. Debido a ellos, los Gobiernos se han ido decantando progresivamente a favor del sector privado en la economía y las multinacionales dictan sus leyes a los Estados, ejerciendo un chantaje permanente a los ingresos fiscales, pero también a las reglamentaciones financieras. El argumento siempre es el mismo: si los impuestos no bajan bastante, si las estructuras son demasiado rígidas, el dinero saldrá del país, se dirigirá a un paraíso fiscal y a otra parte... Esta presión ha conducido a una liberalización y a una creciente financiación de la economía.

No es casualidad si el fenómeno legal de los paraísos fiscales, que hoy es objeto de debates y que causa revuelo, ha ido a más con la globalización financiera. Gabriel Zucman subraya que entre 1980 y 2014 la riqueza depositada en paraísos fiscales se ha multiplicaba por diez. Los paraísos fiscales han prosperado gracias al rechazo del sistema económico de la posguerra. Para compensar la bajada de la rentabilidad y la inestabilidad monetaria fruto de la explosión del sistema de Bretton Woods, las grandes empresas trataron de evitar el pago de impuestos. Y los paraísos fiscales les ayudaron a construir un nuevo modelo económico.

Porque precisamente los paraísos fiscales son un elemento esencial de la financiación de la economía. Son lugares de proyección y de disminución de la liquidez. Lugares seguros, poco costosos, flexibles y discretos, las cualidades preferidas por la liquidez, que, también ella, domina la economía contemporánea. Gracias a los paraísos fiscales, ahora es fácil pasar rápidamente de una inversión a otra y reforzar con ello la competencia entre lugares y productos financieros. Los paraísos fiscales son vehículos de elección de la financiación, reforzando, por razones fiscales y reglamentarias, la rentabilidad de la actividad financiera con relación a la actividad real. Favoreciendo, después, la competición entre las inversiones.

Y si no había necesidad de los paraísos fiscales para inventar crear y vender las subprimes, éstas participaron en esta carrera de la desreglamentación y de la rentabilidad que justificó todas las innovaciones financieras. Según una obra de 2013 que lleva por título Tax Havens: How Globalisation Really Works, firmada por Ronen Palan, Richard Murphy y Christian Chavagneux, los paraísos fiscales tienen un papel activo en la inestabilidad y las crisis financieras. En la obra L’Économie mondiale en 2018, Anne-Laure Delatte, economista en el CEPPII, cuestiona esta conclusión, pero subraya que “la talla de las finanzas del shadow banking, en las Islas Caimán o en Irlanda, es completamente desmedido, hasta alcanzar el 170.000% y 1.400% del PIB, respectivamente”.

En realidad –y ésa es la función de los paraísos fiscales–, se ignora lo que los bancos hacen en estas jurisdicciones. Si es cierto una cosa: mejoran la rentabilidad de sus productos y esto no es inocuo porque ello influye en la financiación de la economía, que a su vez ejerce presión sobre la inversión real y sobre los actores de las políticas económicas.

Financiación, crecimiento de las desigualdades, competencia fiscal, destrucción del Estado del bienestar y de la protección social... los paraísos fiscales inciden en cada uno de estos fenómenos. En ese caso, en la lucha contra la optimización fiscal legal es esencial saber si esta batalla puede llevarse a cabo sin modificar profundamente la naturaleza del capitalismo financiero globalizado. Muchos responden afirmativamente y consideran que la lucha iniciada por las autoridades puede dar sus frutos. Anne-Laure Delatte afirma que “desde los años 80 y la financiación del capitalismo, los paraísos fiscales han aumentado su peso. Las autoridades no respondieron hasta después de la crisis financiera con el G20 de Los Cabos en 2012. Hay que esperar para poder sacar una conclusión de estas acciones”. Para Delatte, la llave es la movilización de la sociedad civil en contra de los lobbies. “La lucha contra los paraísos fiscales es un proceso político. El hecho de que el Consejo Constitucional rechace que las multinacionales elaboren un informe país a país es el fruto de las presiones del sector económico y necesitamos que la sociedad civil, con las ONG y los medios de comunicación, actúen en sentido contrario para presionar a los políticos”.

Pero el poder de los paraísos fiscales podría también residir en su papel sistémico, donde se encontraría la llave de las reticencias políticas. La lucha contra la optimización fiscal no puede limitarse a este fenómeno de manera aislada, debe proponer una alternativa al funcionamiento de la globalización porque lo que permite el auge de los paraísos fiscales es la liberalización de los flujos de capitales, motivado por la creencia de que esta liberalización permitía aumentar la riqueza garantizando una asignación óptima de recursos. Esta creencia es aún tenaz y limita singularmente la lucha contra la optimización fiscal.

Los políticos dan marcha a atrás ante la idea de reducir esta libertad de circulación del capital, al temer que pueda derivar en una reducción de la riqueza creada. En el caso de la UE, se añade otro riesgo: el cuestionamiento de la propia construcción europea. Por eso la UE sigue rechazando ver en Irlanda, Países Bajos, Luxemburgo, Malta o Chipre paraísos fiscales. Y por eso mismo las luchas son siempre parciales. Estamos frente a un fenómeno bastante cercano a los temores vinculados a la regulación financiera, donde se teme que yendo demasiado lejos se reduzca la aportación de las finanzas al crecimiento. Por eso, como con las finanzas, los responsables políticos se indignan notablemente pero a menudo dan un paso atrás, por miedo a desestabilizar un sistema económico del que son incapaces de imaginar cualquier superación.

Traducción: Mariola Moreno

Leer el texto en francés:

Ni la mala prensa, ni el riesgo para su reputación ni la ofensiva de gobiernos e instituciones internacionales a favor de una fiscalidad más justa. Las grandes compañías y bancos del ÍBEX 35 aumentan cada año su operativa en paraísos fiscales. En 2015 las 35 mayores empresas españolas poseían un total de 1.285 sociedades en territorios con bajos impuestos y fiscalmente opacos. De ellas, sólo 316 son filiales que realizan actividades productivas o comerciales relacionadas con el objeto social de la compañía matriz; el resto, casi un millar, tienen carácter financiero o instrumental, según la investigación que ha publicado el Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa sobre la información fiscal en las memorias anuales de las empresas del ÍBEX 35.

La cifra de estas sociedades sin actividad productiva casi duplica a la que el Observatorio contabilizaba en 2012, sólo 519, y ha crecido casi un 9% respecto a 2014. Lo que no ha cambiado es la preferencia de las 35 grandes por instalar filiales en Delaware (EEUU), donde han establecido 463. A gran distancia –169 empresas– se encuentran Holanda, Irlanda –110– y Luxemburgo –81–, tres países de la Unión Europea. Sólo después aparece en la lista Panamá, con 45 filiales españolas.

Todas las empresas del selectivo español poseen sociedades en paraísos fiscales, menos una, la semipública AENA. Sólo los bancos del ÍBEX suman 311 filiales en territorios offshore, de las cuales 216 pertenecen al SantanderSantander, la empresa que más tiene. Entre las compañías no financieras, ACS, la constructora de Florentino Pérez, es la campeona de las sociedades de ultramar, con 152. Le siguen Arcelor Mittal, con 145, y Repsol, con 120 filiales.

En su informe, el Observatorio ha incluido no sólo los territorios considerados paraísos fiscales “puros”, sino que también ha incorporado los nichos fiscales, aquellos países que permiten pagar pocos impuestos en determinadas condiciones, aunque para el resto la tributación sea normal. Es decir, ofrecen regímenes fiscales de privilegio para ciertas empresas y con la misma opacidad fiscal que los paraísos, según explica la Agencia Tributaria. De hecho, destaca, las inversiones directas en los paraísos fiscales “clásicos” se utilizan ya sólo para la “planificación abusiva más elemental, en ocasionadas relacionada directamente con entornos delictivos”. Por el contrario, “la planificación fiscal abusiva internacional más sofisticada, con sociedades interpuestas o conductoras de rentas desde o hacia el exterior” es patrimonio de estos nichos.

Además, de atenerse al listado de paraísos fiscales de la OCDE, por ejemplo, sólo habría dos en todo el planeta, Nauru y Niue, dos pequeñas islas del Pacífico. España tiene su propia lista, que en un principio incluía a 48 países y que cada año es más corta: con sólo firmar un acuerdo de intercambio de información han perdido su etiqueta de paraíso fiscal Trinidad y Tobago, Barbados, Luxemburgo, Andorra y Panamá. Según el Observatorio, en un plazo relativamente breve se les unirán Baréin, Bermudas, Chipre, Gibraltar, las islas de Guernesey y Jersey, Islas Caimán, la Isla de Man, Jordania y Omán.

Estructuras societarias opacas

El informe deja claro que las grandes del ÍBEX facilitan escasa o nula información sobre su presencia en paraísos y nichos fiscales, qué actividad desarrollan en ellos, qué impuestos pagan o qué porcentaje de su negocio global representan. Y si informan, los datos son o anecdóticos o genéricos, poco relevantes e insuficientes. Pese a que el 63% de ellas declara su adhesión al Código de Buenas Prácticas de la Agencia Tributaria, sólo nueve compañías hacen públicas sus complejísimas estructuras societarias, por ejemplo, y sólo dos explican qué impuestos de sociedades pagan en todos y cada uno de los países en los que están activas: Banco Santander –obligado por una directiva comunitaria transpuesta en España en 2014– y Mediaset, que sólo tiene presencia en España.

En buena parte de los casos, para obtener información sobre la presencia de las empresas en paraísos fiscales hay que acudir a los anexos de las cuentas anuales, lamenta el informe, donde las multinacionales se limitan a publicar un listado de sociedades dependientes. De forma que resulta imposible obtener una imagen de la estructura societaria, repleta de participaciones cruzadas, de estas grandes compañías.

Por ejemplo, ACS cuenta con 1.250 sociedades entre dependientes, asociadas y uniones temporales de empresas (UTE). Declara estar “presente” en 60 países y en seis paraísos/nichos fiscales a través de sociedades participadas: Suiza, Islas Caimán, Isla Mauricio, Bermudas, Uruguay y Gibraltar. Pero en su web sólo aparecen 34 empresas. Del resto sólo facilita el domicilio social en sus cuentas anuales, explica el informe del Observatorio. Además, Banco Santander tiene 350 sociedades dependientes; el BBVA, más de 400BBVA,; Acciona, 700; Inditex, 365…

Impuesto de sociedades

Por lo que respecta al impuesto de sociedades, las grandes empresas suelen publicar lo que pagan por áreas geográficas, en lugar de hacerlo país por país, lo que a juicio del Observatorio es “insuficiente”. Aun así, los autores del informe han calculado el porcentaje del impuesto de sociedades abonado por el BBVA respecto del beneficio antes de impuestos declarado en cada país donde opera. Y han encontrado grandes diferencias. Mientras en Suiza paga el 50%, en Francia un 48% o en Estados Unidos el 38%, resulta que en Reino Unido –incluidas las Islas Caimán– y en Hong Kong abona un 0%, en Venezuela sólo el 1%, y en Portugal y Chile el 9%. En el capítulo “otros”, el BBVA incluye los impuestos que paga en Holanda, Curaçao, Turquía, Rumanía y China, sin detallarlos.

Además, los grandes bancos incumplen la directiva de la UE que les obliga a informar sobre los países en que están presentes a través de sociedades participadas u oficinas de representación: Banco Popular omite qué hace en Hong Kong, Bankinter no publica sus resultados en Irlanda. Otras empresas también ocultan su actividad y los impuestos que pagan, como Red Eléctrica en Holanda y Luxemburgo. Repsol sólo informa de los países donde paga más de cuatro millones de euros en impuestos: 25 de los 51 territorios donde tiene negocios. Indra no desglosa sus contribuciones fiscales por países porque, según dice, pondría en peligro su posición competitiva.

El caso de Inditex es llamativo. Únicamente ofrece datos agrupados en cinco grandes bloques geográficos: España, Unión Europea, Europa no comunitaria, América, Asia y resto del mundo. El informe destaca la desproporción entre impuestos y volumen de negocio. Aunque España sólo representa el 17,7% de sus ventas, aportó el 40% de su contribución fiscal en 2015. Pero en Asia y resto del mundo, donde factura un 23%, paga un 11% de sus impuestos. “Es imposible saber la aportación que [Inditex] hace a países que tienen una alta relevancia en su producción, como Turquía, India, Bangladesh, Vietnam, Camboya, China o Marruecos”, lamentan sus autores.

Delaware, Holanda, Irlanda

El Observatorio también detalla la operativa de los grandes del ÍBEX en los paraísos/nichos fiscales. Así, en Delaware las filiales suelen tener doble dirección: la que aparece en las cuentas anuales y que puede estar situada en cualquier estado norteamericano, y otra en Delaware. Las empresas operan en California, Texas o Arizona, pero trasladan sus royalties u otros ingresos a la filial de Delaware, donde están exentas de tributación.

Holanda es utilizada para crear hóldings –que no pagan impuestos por los dividendos y ganancias de las filiales de las que poseen más del 5%– y para obtener financiación mediante emisiones de deuda. Gracias a lo que se conoce como el “conducto holandés”, las empresas no tributan por los intereses que pagan a sus acreedores extranjeros. Es lo que hace Endesa, a través de International Endesa BV, que posee el 100% de Endesa Capital Finance, con sede en Delaware y que lanzó una emisión de preferentes por importe de 1.500 millones de euros en 2003. Red Eléctrica también emitió deuda a través de una sociedad holandesa, RBV. ACS hizo lo propio en 2015, por importe de 297,6 millones de euros, a través de ACS Actividades Finance BV. En los Países Bajos, Telefónica posee una división de captación de fondos llamada Telefónica Europe BV, además de una sociedad de cartera, Aliança Atlántica Holding BV, una filial de gestión de tesorería Telfisa Global BV, y dos hóldings latinoamericanos, Panamá Cellular Holdings BV y Guatemala Cellular Holdings BV. También Gas Natural Fenosa cuenta con dos sociedades holandesas cuya actividad –tenencia de acciones– se sitúa en América: GPG México Wind BV y GPG México BV.

En Holanda Inditex cuenta con 16 empresas con actividad financiera o instrumental, una dedicada a la actividad inmobiliaria y otra más, ITX Merken BV, que gestiona acuerdos de franquicias. En todo el mundo, posee 16 sociedades dependientes de carácter inmobiliario –uno de los sectores de negocio preferidos del grupo de Amancio Ortega–, incluida Vastgoed Asia Limited en Hong Kong, otro territorio de “tributación blanda”.

La farmacéutica Grifols ha preferido Irlanda. En 2015 abrió su centro mundial de operaciones en Dublín, adonde ha trasladado su división de Biocencia y donde centraliza la tesorería de todo el grupo.

Familias con sociedades en paraísos fiscales

Los dueños de las mayores compañías españolas también aprovechan los paraísos fiscales. En el caso de Grifols, la familia propietaria posee el 8,55% de las acciones a través de Scranton Enterprises BV y otro 7% a través de Thorthol Holdings BV, ambas holandesas. Nuria Roura Carreras, miembro de la familia propietaria, cuenta con un 6,15% del capital de manera indirecta a través de Rodellar Amsterdam Holdings BV.

Los Entrecanales son dueños del 53,9% de Acciona mediante Tussen de Grachten BV y Wit Europese Investering BV, también radicadas en los Países Bajos. Además, los hermanos fundadores de Acciona, José María y Juan Crisóstomo, crearon hace 32 años una filial en Panamá, Esfingo Incorporated, con un capital de 20 millones de euros.

El 8,37% del Grupo Villar Mir, el mayor accionista de la constructora OHL, está en manos de una sociedad luxemburguesa, Tyrus Capital Event SARL. Además, la hija del dueño de OHL, Silvia Villar Mir de Fuentes es uno de los la administradores de European Art Gallery Limited, con sede en Londres pero vinculada a otra sociedad de la Isla Mauricio.

Nada familiar es, en cambio, la propiedad del 11,32% de la semipública AENA. Pertenece a The Children’s Investment Fund (TCI), ubicada en Luxemburgo y cuyo único accionista es una filial de las Islas Caimán. Otro tanto ocurre con IAG, la dueña de Iberia, cuyo mayor accionista es Qatar Airways Luxembourg, con sede en el Gran Ducado. Aunque también aparecen como propietarios la gestora de fondos Standard Life Investment (Holdings) Limited, con un 6% y filiales en Jersey, Hong Kong, Irlanda, Suiza y Singapur; Europacific Growth Fund, con un 5,26%; Capital Research and Management Company, con un 5%; BlackRock, con el 3%; Legal & General Investment Management Limited, que tiene el 3,23%, e Invesco, que posee el 1%. Todas ellas están domiciliadas en Delaware.

Los Inspectores de Hacienda (IHE) lo tienen claro: la riqueza oculta en paraísos fiscales “se halla en manos de los 50 principales bancos mundiales”. En España, las dos principales entidades financieras, también las de mayor presencia internacional, cuentan con una lista bien surtida de filiales y sucursales en territorios offshore, opacos en lo mercantil y con tributación mínima o inexistente.

Pese a que tanto Santander como BBVA anuncian en sus respectivos informes anuales que tienen planes –el segundo desde 2002– para reducir el número de centros en estos países tan señalados por la prensa y la opinión pública mundiales, lo cierto es que su presencia es mucho más que anecdótica. Si el banco de Ana Patricia Botín posee 21 sociedades en paraísos fiscales, la entidad presidida por Francisco González cuenta con nueve filiales y cuatro sucursales en territorios de ultramar. Sin contar sus negocios en Suiza y Luxemburgo.

Cinco emisoras de valores y dos sucursales mantiene abiertas el BBVA en las Islas Caimán: BBVA International Limited, BBVA Global Finance Limited, Continental DPR Finance Company, Garanti Diversified Payment Rights Finance Company y RPV Company. Estas dos últimas proceden del Grupo Garanti, un banco turco que el BBVA adquirió en 2015. Todas ellas tienen vivas emisiones en preferentes, subordinadas y títulos de renta fija que suman 3.264 millones de eurospreferentes.

Las dos sucursales en esas islas del Caribe se dedican a la banca corporativa. La memoria anual se preocupa de precisar que en estas dos oficinas “no prestan servicios de banca privada” y que sus actividades se desarrollan “bajo el más estricto cumplimiento de las normas” tanto de las Islas Caimán, donde están ubicadas, como de Estados Unidos, donde son “efectivamente administradas sus operaciones”. Entre ambas suman unos depósitos de 532 millones de euros. Una de ellas ha concedido créditos por importe de 807 millones.

También explica el banco que sus negocios en paraísos fiscales son examinados anualmente por el Departamento de Auditoría Interna: vigila que estas filiales y sucursales cumplen las leyes contra el lavado de dinero y la veracidad de la información que remiten a la matriz, y que respetan sus obligaciones fiscales. Además, las audita una empresa externa, Deloitte, la misma que ha contratado el Santander para sus centros offshore. Sólo una de las cinco sociedades del BBVA en Caimán, Continental DPR Finance Company, tiene otro auditor externo, que el informe no nombra. Tampoco explica por qué motivo no es auditada por la misma firma que las demás filiales.

El BBVA cuenta además con otras dos sociedades en Curaçao, en las Antillas Holandesas. Se trata del Banco Provincial Overseas NV y de Inversiones Banpro International Incorporated NV, una sociedad de cartera. En ambas mantiene vivas emisiones de preferentes. Ninguna las incluye el banco en su lista de paraísos fiscales, después de que España haya firmado un convenio de doble imposición con esta isla, que forma parte de los Países Bajos aunque con un estatuto especial. En Curaçao tenía ocultas dos cuentas con uno de los hijos de Jordi Pujol, Oleguer, con 2,8 millones de euros, según publicó en su día El Mundo.

El éxito de Delaware

Donde el BBVA ha desarrollado una gran actividad es en Delaware, en Estados Unidos, una de las plazas preferidas por las grandes empresas españolas para hacer negocios pagando impuestos mínimos. En 2013, las empresas del ÍBEX 35 tenían en ese estado un total de 222 sociedades, según un informe elaborado por el Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa. De ellas, 181, el 81%, estaban ubicadas en dos direcciones de la ciudad de Wilmington, una localidad de sólo 70.000 habitantes. Del BBVA el informe citaba 30 sociedades domiciliadas allí.

A día de hoy, en la lista de sociedades que aparece en su informe anual el banco sólo incluye cuatro: Compass Southwest LP –70 millones de euros de beneficios–, State National Statutory Trust II, y dos más en liquidación, Proxima Alfa Investments Holdings (USA) Incorporated y Proxima Alfa Investments Holdings (USA) II Incorporated. Según explica un portavoz de la entidad, el BBVA tributa por estas sociedades “de forma consolidada” a través de su sucursal en Nueva York y de su filial Compass. “El banco no se aprovecha aquí de ninguna situación especial en materia de impuestos”, indica.

Aunque Delaware no está considerado como un paraíso fiscal por la Hacienda española, sus ventajas tributarias a las empresas que se asienten pero no operen en el estado y la opacidad con la que permite operar a sus propietarios lo han puesto de mira. Sí que está en la lista de centros offshore del Parlamento Europeo y de la ONG Tax Justice Network. Y es en ese estado de la Costa Este donde se domicilió la sociedad propietaria del ático que primero alquiló y luego compró el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González. A su vez, el dueño último de esa sociedad era un antiguo socio del empresario Enrique Cerezo. Los tribunales deben decir ahora si el ático era un soborno a González a cambio de una recalificación urbanística.

Hong Kong y Singapur

El BBVA cuenta igualmente con una sucursal en Hong Kong, que le aportó 14 millones de euros de beneficios en 2015, según consta en su informe anual. Tiene 128 empleados. En 2014 y 2015 la entidad vendió sus participaciones en los bancos China CITIC Bank Corporation Limited (CNBC) y en el CITIC International Financial Holdings Limited, ambos con sede en Hong Kong.

También tiene una sucursal en Singapur, otro territorio que acaba de salir de la lista de paraísos fiscales españoles. Además, el banco ha abierto una oficina de representación en Abu Dabi, igualmente una plaza de casi nula imposición. Aunque las oficinas de representación no pueden abrir cuentas ni conceder préstamos, sí que pueden canalizar operaciones y clientes hacia otras sucursales del banco.

Finalmente, en 2013 el BBVA se deshizo de su filial en Panamá, que le compró Leasing Bogotá SA por 645 millones de dólares (568 millones de euros).

En Europa, el banco de Francisco González obtiene de su filial en Suiza 49 millones de euros. El año pasado pagó allí tres millones en impuestos, según consta en su informe anual de resultados. Sus cuatro sociedades en Luxemburgo aportan 14 millones de euros a sus beneficios totales.

Sabadell cultiva Andorra

El resto de los cinco grandes del ÍBEX no han llegado tan lejos, pero aun así tampoco han renunciado a las ventajas de los centros offshore. Banco Sabadell posee una filial con siete oficinas en Andorra, que le reportó 7,43 millones de euros de beneficios en 2015. También posee una sociedad para gestionar instituciones de inversión colectiva, Sabadell D'Andorra Inversions, dedicada a las sicavs, vehículos habituales de ahorro de las grandes fortunas. Y una firma de asesoría, Serveis D'Assessorament. El Principado dejó de ser considerado paraíso fiscal por España en 2011, tras firmar un acuerdo para el intercambio de información.

En Bahamas cuenta aún con el Banco Atlántico Bank & Trust, que se integró en el grupo en 2003, cuando el Sabadell compró el Banco Atlántico al BBVA. Un portavoz de la entidad que preside Josep Oliu explica que no ha podido cerrar su liquidación por culpa de “un viejo litigio que aún no tiene fecha de resolución”.

En liquidación se encuentra también el Sabadell Asia Trade Services Limited, con sede en Hong Kong. El banco confía en cerrarlo el próximo mes de julio. Ha trasladado su negocio a otra plaza también con baja imposición, Singapur. Allí presta servicio a clientes con negocios en Extremo Oriente, detalla la entidad.

Además, el Sabadell cuenta con una inmobiliaria en Tánger (Marruecos), una ciudad que disfruta de un régimen fiscal especial. En Dubai ha abierto una oficina de representación. La filial que poseía en Islas Caimán, Sabadell International Equity Limited, la cerró en 2014.

Más preferentes en el Caribe

El Banco Popular se instaló en las Islas Caimán para emitir preferentes y deuda subordinada, como buena parte de las entidades financieras españolas en los años 90, antes de que la ley permitiera vender estos instrumentos híbridos en España, en 2003. Hasta que estas emisiones no venzan, aseguran en el banco, la filial, BPE Preference Limited, seguirá activa. Suman 7,3 millones de euros.

En cambio, se encuentra ya en liquidación Popular Español Asia Trade Limited, en Hong Kong.

Caixabank cuenta con una participación del 17,24% del Bank of East Asia Limited, de Hong Kong. Un portavoz explica a infoLibre que no gestiona el banco, dedicado a la banca comercial, a prestar servicios a clientes con negocios en China. En cualquier caso, el dividendo que le correspondió en 2015 por esa participación asciende a 6,13 millones de euros. Posee también una sucursal en Tánger, donde atiende a empresas españolas o multinacionales que operan en la zona. Y oficinas de representación en Dubai y Singapur.

Finalmente, Bankia mantiene una filial en Islas Caimán y cuatro inmobiliarias en Holanda. La primera repite el caso del Banco Popular o del BBVA: sigue activa mientras no venzan las emisiones de deuda realizadas desde los años 90. Las sociedades holandesas proceden de la herencia recibida de Bancaja y de sus negocios inmobiliarios en México –investigados por la Audiencia Nacional–. Se encuentran a la venta, a la espera de un comprador. Tras ser nacionalizada en 2012, Bankia está obligada por Bruselas a deshacerse de todos sus negocios en el extranjero.

El memorando de entendimiento que negoció el Gobierno de Mariano Rajoy con Bruselas en 2012 para rescatar al sector financiero español obliga a Bankia a deshacerse de todo su negocio internacionalBankia. Entonces operaba en Holanda, Costa Rica, México, EEUU, Singapur, República Checa, Polonia, Marruecos, China, Islas Caimán, Cuba, Reino Unido, Portugal y Alemania. Hoy aún le quedan sociedades en China, Cuba, Marruecos, Portugal, Holanda y las Islas Caimán. Es decir, aún posee intereses en paraísos fiscales y países de baja tributación. Según su memoria anual, en las islas del Caribe mantiene Caymadrid Internacional Limited y en Holanda sobreviven cuatro inmobiliarias con resonancias mexicanas: Baja California Investments BV, Fortuna Investments BV, Riviera Maya Investment BV y Varamitra Real Estates BV. Todas ellas forman parte de la herencia envenenada recibida por Bankia de las cajas que la crearon en 2011: los turbios negocios inmobiliarios de Bancaja y las emisiones de deuda –renta fija y preferentes– de Caja Madrid en paraísos fiscales.

Caja Madrid creó en las Islas Caimán dos sociedades en los años 90: la citada Caymadrid Internacional Ltd y Caymadrid Finance Ltd. Con un desembolso mínimo de capital –1.000 dólares, 883 euros– y exentas del pago de impuestos, la primera se dedicó de 1990 a 1993 a un Programa de Papel Comercial Europeo, una emisión de pagarés a corto plazo por importe de 200 millones de dólares; la segunda, a la emisión de preferentes.

En 1994 Caymadrid Internacional Ltd amplió su operativa a renta fija a medio y largo plazo, por importe de un millón de dólares, que fue aumentando en años sucesivos hasta alcanzar los 8,5 millones en 2001. En 2002 hubo otra emisión de 7,99 millones. Como esas emisiones siguen vivas –algunas no vencen hasta 2032, otras hasta 2039– y Bankia no puede recomprarlas, la entidad presidida por José Ignacio Goirigolzarri no ha liquidado aún la sociedad offshore, asegura un portavoz.

En cualquier caso, precisa Bankia, es una operativa “totalmente transparente, de la que tiene conocimiento Hacienda: todos los suscriptores de bonos están identificados y, si alguno de ellos es español, debe tributar por ellos en España”.

La segunda filial en Caimán, Caymadrid Finance Limited, creada en octubre de 1999, se dedicó a emitir preferentes, 600 millones de euros luego ampliados a 900 millones. Como entidad codirectora actuó Lehman Brothers.

Prohibidas en España hasta 2003

Hasta 2003 las preferentes no existían legalmente en España. Así que los bancos constituyeron sociedades en el extranjero desde los años 90 para emitir este tipo de instrumentos, híbridos de deuda y acciones, con los que reforzaban sus recursos propios de primera categoría, su core capital, en una época en la que empezaba a dispararse la concesión de créditos fruto de la euforia inmobiliaria. Las Islas Caimán y otros paraísos fiscales, como Delaware, o países de baja tributación como Holanda y Luxemburgo, se convirtieron en lugares favoritos para decenas de emisiones de las cajas de ahorro –que no pueden captar capital del mercado emitiendo acciones– y de empresas cotizadas –Fenosa, Repsol–.

Hasta que el Gobierno de José María Aznar, con Rodrigo Rato al frente de la vicepresidencia económica, prohibió la emisión de participaciones preferentes en paraísos fiscales, que entre 1998 y 2003 sumaban los 15.100 millones de euros, según el Banco de España. Al tiempo, la Ley 19/2003 perdonóperdonó a bancos, cajas y sociedades cotizadas los impuestos de las emisiones realizadas hasta entonces, pero pasó a grabar sus dividendos de las nuevas en el impuesto de sociedades. Y obligó a las entidades a informar a Hacienda sobre la identidad de los titulares de las participaciones.

Desde ese momento, las preferentes se emitirían en España. Sólo dos meses después de aprobarse la ley, en septiembre, el Banco Santander hizo la primera emisión desde territorio español. Caja Madrid se estrenó en 2005. El resto es historia. Más de 400.000 inversores afectados sólo en las entidades nacionalizadas, cientos de condenas judiciales contra éstas y costes millonarios para ambas partes en uno de los mayores fraudes de la historia financiera de España.

Inmobiliarias mexicanas con sede en Holanda

Las cuatro inmobiliarias que aún permanecen en el balance de Bankia forman parte del grupo Grand Coral, un grupo constituido por la valenciana Bancaja, la propia Bankia y las sociedades de dos empresarios hoteleros de Benidorm, Juan Vicente Ferri y José Salvador Baldó. Bankia estaba asociada para este proyecto también con el constructor Enrique Ortiz, imputado en los casos Brugal y Gürtel.

En mayo de 2014 la entidad dirigida por Goirigolzarri demandó a Bancaja por administración desleal y apropiación indebida. El pasado mes de junio el juez del caso ordenó detener al expresidente de la entidad valenciana, José Luis Olivas, y a otros cuatro exdirectivos. Consideraba que los responsables de Bancaja también han cometido los delitos de estafa y blanqueo de capitales. Les impuso fianzas millonarias: 232,7 millones de euros en total. A los hoteleros de Benidorm, propietarios del grupo Mar Confort, los mandó a prisión, donde permanecieron cuatro meses.

Bankia acusa a los directivos de la caja valenciana de causarle un quebranto económico de 250 millones de euros. Para ello se apoyaba en un informe del Banco de España. Entre 2005 y 2009 Bancaja concedió préstamos por importe de 597,24 millones de dólares a Grand Coral, sin hacer tasaciones de los terrenos que esta empresa iba a comprar en México con el dinero, y sin constituir ninguna garantía. De esa cantidad, Grand Coral sólo pudo devolver 134,12 millones de euros.

Según el Banco de España, la empresa tenía dos niveles: uno formado por cuatro sociedades constituidas en Holanda, “que no realizan ninguna actividad”, y las sociedades mexicanas PPM y PDH, las que desarrollaban los proyectos inmobiliarios en el país norteamericano. Su gestión, asegura Bankia, estaba en manos de Ferri y Baldó, que de estas operaciones obtuvieron 140 millones de euros fraudulentamente, después desviados a cuentas en Suiza y Andorra.

Créditos para comprar terrenos sin tasación

El informe del Banco de España detalla la operativa que desangró Bancaja y luego engrosó el agujero de Bankia. La caja valenciana concedía créditos a Grand Coral para comprar terrenos en Cancún y Los Cabos, millones de metros cuadrados, que habían experimentado “elevadas revalorizaciones en los momentos anteriores a ser comprados”. En algunos caso, sólo un par de días antes de la operación. Las tasaciones se aportaban después de firmadas las compras. Y, cuando Grand Coral no pudo devolver los créditos, Bancaja no ejecutó las garantías, que ni siquiera se habían formalizado.

También ayudó a refinanciar el grupo mexicano-holandés, con un préstamo sindicado de 500,2 millones de euros. Grand Coral ni siquiera devolvió la primera cuota en enero de 2013 “pese a que el resultado comercial de las promociones” había sido positivo, destaca Bankia en su demanda.

Por si no fuera suficiente, Bancaja había comprado acciones de las tres sociedades holandesas del grupo “a precios no justificados”. Metió 100,52 millones de euros “mediante operaciones plagadas de irregularidades”: pagó una prima que el resto de los socios no abonó.

Pues bien, mientras el caso sigue en la Audiencia Nacional a la espera de una resolución, Bankia tiene puestas a la venta las cuatro inmobiliarias con sede en Holanda. “No es un paraíso fiscal”, asegura la entidad sobre el país europeo, que cuenta con un polémico régimen fiscal, mucho más permisivo que el resto de la UE. “Si estas sociedades”, añaden, “generan algún beneficio, tributan en el país de destino, en España”. Según las cuentas de Bankia de 2015, las cuatro inmobiliarias suman 166,83 millones de euros en activos, pero sólo una, Varamitra, ha cerrado con beneficios, 50.000 euros. Las otras tres sociedades pierden un total de 231.000 euros.

El Banco Santander posee 28 sociedades en paraísos fiscales, de las cuales 21 se encuentran activas y 7 inactivas. Según consta en su último informe de auditoría y cuentas anuales, al que ha tenido acceso infoLibre, la entidad que preside Ana Patricia Botín obtuvo de esas filiales offshore unos beneficios de 957 millones de euros en 2015.

A preguntas de este periódico sobre la actividad desarrollada en estos países opacos y de baja tributación, un portavoz del banco se remitió a su informe de auditoría y cuentas anuales como único comentario. En dicho documento asegura que en los “próximos ejercicios” prevé liquidar cuatro filiales y que los territorios donde tiene las que siguen activas no son considerados paraísos fiscales por la OCDE y la Comisión Europea. Tampoco responde si va a cambiar su política respecto a estos centros offshore en el futuro.

Donde más sociedades tiene la entidad financiera es en Bahamas, un total de ocho, que aportan al beneficio del grupo 522 millones de euros. En estas islas del Caribe también ha abierto una sucursal cuyos beneficios –50 millones de euros en 2015– tributan en México.

El Santander se presenta allí bajos diferentes marcas: Banco Santander Bahamas International Limited, con unas ganancias de ocho millones; Banif International Bank Limited, que informa de tres millones de euros en pérdidas; las sociedades de cartera Holbah II Limited, con un capital de 1.030 millones y unos beneficios de 251 millones de euros, así como Holbah Santander Limited, que tuvo un resultado de 251 millones en 2015; Santander Investment Bank Limited, que ganó 26 millones el año pasado, y Santander Bank & Trust Limited, con otros seis millones de beneficios. Además, posee el 55,62% de una gestora de fondos, Optimal Multiadvisors Ltd/Optimal Strategic US Equity Series.

En Bermudas sólo cuenta con una sociedad, dedicada al leasing y llamada Sovereign Spirit Limited, con un millón de euros de capital. En Panamá Banco Santander posee una filial que le aportó tres millones de beneficios el año pasado.

En las Islas Caimán ha abierto cuatro filiales, que ganaron nueve millones de euros en 2015. Tres de ellas –Santander Central Hispano Issuances Limited, Serfin International y Totta & Açores Financing Limited– carecen de actividad. Además cuenta con una segregated portfolio company denominada Santander Brazil Global Investment Fund PSC y gestionada desde Brasil, que aporta 365 millones de euros al beneficio del grupo. Y tiene tres sucursales.

El Canal de la Mancha

Santander también ha abierto filiales y sucursales en las islas del Canal de la Mancha. Cinco sociedades y una oficina en Jersey, que le aportan 11 millones de euros en beneficios. De ellas, una está inactiva, Whitewick Limited y otra, Abbey National International Limited, ha traspasado su actividad a la sucursal de Santander UK plc en Jersey. Posee dos gestoras de fondos de titulización, Fosse Trusted Limited y Langton Mortgagges Trustee Limited, y una empresa de leasing, A&L CF Jersey Limited con un capital de 105 millones de euros.

En Guernsey cuenta con otras cinco filiales. Guaranteed Investment Products 1 PCC Limited, una protected cell company que gestiona directamente desde Reino Unido. El banco participa igualmente en la firma de inversiones Olivant Limited, radicada en esa isla del Canal. Y está en proceso de liquidar Banesto Holdings Limited. También tiene una empresa de leasing, A&L CF Guernsey Limited, y una correduría de seguros, Carfax Limited.

En la isla de Man aparecen dos sociedades, ALIL Services Limited y A&L Services Limited, además de una sucursal. Según la información del propio banco, obtiene de ellas dos millones de euros de beneficios con un plantilla de 20 empleados.

Finalmente, en Hong Kong posee el Santander otras dos empresas: Santander Trade Services Limited y Trade Maps 3 Hong Kong Limited, una gestora de fondos de titulización.

Impuestos efectivamente pagados en 2015

Desde el 1 de enero de 2015, las entidades de crédito deben remitir al Banco de España y publicar por países el volumen de negocio, el número de empleados, sus beneficios brutos y los impuestos que pagan. Según los datos aportados por el Santander, cuenta con 131 trabajadores repartidos por Bahamas, isla de Man, islas Caimán, Jersey, Panamá y Singapur.

En Suiza trabajan para el banco un total de 161 personas. Los beneficios brutos (antes de impuestos) obtenidos por el Santander en este país suman 27 millones de euros. Y los impuestos efectivamente pagados en Suiza ascienden a 12 millones. No abona ni un euro por este concepto en Bahamas, isla de Man, Islas Caimán, Panamá y Singapur, aunque sí dos millones de euros en Jersey. En Singapur, con sólo 11 empleados gana cuatro millones al año.

De acuerdo con ese listado de impuestos efectivamente pagados, en España sólo ingresó 69 millones de euros en las arcas públicas el año pasado, la mitad que en Francia –119 millones–, pese a que en este país su volumen de negocio es 10 veces menor. Donde más impuestos pagó el año pasado es, sin embargo, en Reino Unido –582 millones de euros–, más que en Brasil –361 millones– aunque sus beneficios en el país sudamericano fueron un 60% superiores. En EEUU devengó 500 millones, que no pagó gracias a impuestos diferidos de ejercicios anteriores.

En total, el Santander como grupo consolidado de un centenar de empresas, pagó en 2015 un total de 2.205 millones de euros en todo el mundo, sobre unos beneficios brutos de 9.547 millones. En su memoria, la entidad presume de poseer la mayor red de oficinas de la banca internacional, 13.030 sucursales. Con 193.863 empleados, tiene 121 millones de clientes.

La Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) de la Agencia Tributaria confirma que una parte importante de los 458 millones cuyo destino no facilita el Banco Popular, y que se transfirieron desde cuatro cuentas en España entre 2003 y 2011 utilizando los servicios de una empresa investigada en Gürtel, acabaron en empresas radicadas en Panamá, según constata en un informe denominado Operación Arganda del Rey,  fechado el 1 de junio, y que ha sido remitido al juez que instruye el caso, José de la Mata.

Hacienda no ha conseguido saber en los dos últimos años dónde están los casi 460 millones que las empresas Belfast Link y EVES transfirieron desde España, sin pagar impuestos. Sin embargo, el funcionario plasma en un documento que muchos de los destinatarios del dinero, "únicamente identificados por su nombre",  reciben gran cantidad de transferencias por importes elevados, "y según la información disponible en la web son sociedades con residencia en Panamá".

El redactor del dossier resalta también que en la mayor parte de los casos tambien se desconoce el origen del dinero, que no ha tributado en España y reafirma las conclusiones anteriores: "Belfast Link es una sociedad interpuesta con la finalidad de dificultar que se conozcan las razones de determinados pagos y quién es el verdadero destinatario de los mismos".

Dos años sin aportar datos

Tal y como adelantó infoLibre, el motivo por el que la inspección de Hacienda permanece paralizada es porque el Banco Popular, que es el heredero del negocio financiero del Banco Pastor en el que operaban las empresas investigadas, lleva más de dos años sin aportar la información bancaria reclamada tanto por el juez como por la Fiscalía Anticorrupción y la propia Agencia Tributaria.

Este diario se ha puesto en contacto con un portavoz del Banco Popular, que ha asegurado que desconocía el contenido del informe de Hacienda, al mismo tiempo que ha negado que el banco no haya colaborado en la instrucción: "Siempre hemos aportado la documentación que nos ha pedido". El portavoz del banco se ha negado a suministrar a infoLibre más información sobre el destino del dinero, que según el estracto al que ha tenido acceso este diario incluye además de Panamá a sociedades radicadas en las Islas Caimán y otros paraísos fiscales.

En concreto, las divisiones del Banco Santander en las Islas Bahamas y el BBVA de Uruguay también utilizaron los servicios de Belfast Link. En el caso de Santander Trust, esta firma realiza varias transferencias de clientes suyos argentinos, que reciben en dólares el dinero. También aparecen empresas de paraísos fiscales como por ejemplo las Antillas Holandesas. De esta colonia antigua holandesa destaca el caso de la firma Jacksonport Corporation NV, cuyo nombre aparece en una de las denuncias del caso en el que se investiga el expolio de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM).

El anterior instructor del caso Gürtel, Pablo Ruz, fue alertado por las autoridades suizas de que Amando Mayo, uno de los imputados, había utilizado los servicios de Belfast Link para enviar 200.000 euros a un destino conocido. Fue entonces cuando el magistrado reclamó en agosto de 2013, por primera vez, toda la información referente a las cuentas de Belfast Link y EVES con la intención de bloquear ese dinero.

No pagaban impuestos

La Agencia Tributaria había elaborado cuatro meses antes, el 25 de abril de 2013, un informe en el que alertaba al juez de que las dos firmas podrían haber sido creadas para esconder la identidad de las personas que transferían el dinero y de los receptores. Y los funcionarios de Hacienda destacaban que los supuestos dueños de las sociedades eran ciudadanos que vivían fuera de España, por lo que ninguno había abonado sus impuestos en España.

El 13 de agosto de 2013 fue la fecha concreta en la que el juez Ruz reclamó al Banco Popular que identificara a los auténticos dueños de las cuatro cuentas bancarias desde las que se transfirieron los 458 millones de euros. En el auto del juez especificaba también que la documentación que debe enviar la entidad financiera deberá contener, según indica el juez en su auto, "la identificación de los beneficiarios de todas las operaciones de cargo en dicha cuenta y el origen de los abonos. En el caso de cheques, se deberá aportar fotocopia de los mismos".

Pero dos años después, la Agencia Tributaria todavía desconoce quiénes son los auténticos propietarios de las dos empresas investigadas, ya que el Banco Popular solo ha identificado a los fundadores de la empresa y a los representantes legales: "Por tanto, se desconoce la identidad del actual accionista único de la entidad", explica el funcionario de Hacienda en relación a Belfast Link en la página 165 del informe de 262 páginas.

"No se conoce la entidad, la oficina ni el número de cuenta beneficiaria de la transferencia en 9.056 operaciones por importe total de 571 millones de dólares. Por lo tanto, la entidad bancaria, en la mayor parte de las transferencias emitidas, solo facilita el nombre del beneficiario sin indicar su NIF ni número de cuenta o entidad destinataria de los fondos”, completa el informe de la Agencia Tributaria.

Además de las transferencias, la Agencia Tributaria tampoco tiene información sobre los 212 cheques que se ingresaron en la cuenta de Belfast Link que operaba en dólares. "En ningún caso se indica la cuenta ni se identifica con ningún otro dato la procedencia de los fondos, por lo que no es posible la identificación completa del origen de los mismos".

Otras cuentas sin identificar

El informe de Hacienda analiza una a una las cuatro cuentas conocidas que están vinculadas a Belfast Link y EVES, y llega a la conclusión de que estas dos sociedades podrían disponer de más cuentas, por lo que el montante transferido podría ser más elevado que los 458 millones conocidos hasta el momento.

Como la Agencia Tributaria no puede determinar el destino de todo el dinero, tampoco puede saber qué fue lo que pasó con los 200.000 euros transferidos por la trama Gürtel: "Por lo que no es posible la identificación completa del origen o destino de los fondos". Entre estos importes sin determinar se encuentran las transferencias realizadas el 14 de enero de 2008 y el 2 de junio de 2008 procedentes de una cuenta suiza del banco Coutts Bank, cuyo titular es la entidad Zorak Associated (Amando Mayo) y que dieron origen a la primera solicitud de información al Banco Pastor en relación a Belfast Link.

Pero el informe alerta también de que el dinero transferido por la red Gürtel podría ser mayor, habida cuenta de que en las dos transferencias figura la palabra "Guillermo": "Por ello se revisó si existían más operaciones con la misma referencia", localizándose otros 12 movimientos de ocho empresas en las cuentas por un valor superior a los 1,2 millones.

Además, el funcionario de Hacienda deja constancia de que algunas de estas ocho empresas recibieron un total 690.000 euros desde la cuenta de Zorak Associated. "Amando Mayo debería indicar el motivo por el que ha realizado las transferencias a esta cuenta e identificar al destinatario final del dinero", completa el informe de la ONIF fechado el pasado 1 de junio.

La residencia universitaria El Faro, en el barrio madrileño de Moncloa, tendrá 358 plazas, gimnasio, sala de juegos, lavandería y WiFi de alta calidad. Estará operativa para el curso 2016-17. El edificio lo diseña Javier Aguilar Viyuela, marido de Cristina Cifuentes, y el promotor delegado es Dionisio Ramos, ex alto cargo del PP en la Comunidad de Madrid que apareció relacionado con el Tamayazo. ¿Y los propietarios? No se sabe porque su verdadera identidad se oculta tras una trama societaria que pasa por Holanda, Luxemburgo y las Islas Caimán, de acuerdo con los documentos a los que ha tenido acceso infoLibre. Parte de la inversión se canalizó a través de Oaktree, uno de los principales fondos buitre del mundo.

La Universidad Complutense –cuyo rector era José Carrillo– adjudicó en marzó de 2014 la explotación de la residencia universitaria, por un periodo de 50 años, a la empresa Castellana Management SL. Creada en marzo de 2013, dos meses después se convirtió en su accionista único la empresa holandesa KSH Netherlands Holdings BV.

Esta adjudicación creó un importante malestar entre sectores progresistas que habían apoyado en su día a Carrillo, por el hecho de entregar terrenos de una entidad pública como la Complutense a una sociedad pantalla –Castellana Management SL– cuyos verdaderos dueños se desconocían. Un enfado que se incrementó al conocer la identidad de algunas personas relacionadas con el proyecto.

El 14 de mayo de 2015, El Confidencial Digital informó de que el arquitecto encargado de diseñar la residencia era el marido de Cristina Cifuentes, candidata del PP a la Comunidad de Madrid. Este jueves, Público desveló la participación en el proyecto de Dionisio Ramos, a través de la empresa Rya Residencias, en calidad de "promotor delegado".

La trama societaria

La versión oficial de la Complutense es que la concesión se realizó a una empresa británica experta en la explotación de residencias universitarias, The Student Housing Company, cuyo director general en España es Christopher Holloway. Este es además consejero de la sociedad Castellana Management SL, la sociedad que recibió la concesión. Pero la verdad es que resulta imposible saber quiénes son los verdaderos propietarios de la empresa española.

El accionista único de Castellana Management es, tal y como consta en el Registro Mercantil de Madrid, la empresa holandesa KSH Netherlands Holdings BV. Constituida el 3 de agosto de 2012, con un capital inicial de 18.000 euros, tiene a su vez como accionista único a una compañía de Luxemburgo: KSH Europe Holdings Sàrl.

Creada el 23 de mayo de 2012 como una sociedad limitada, KSH Europe Holdings Sàrl tiene como objeto social las inversiones financieras. El 27 de marzo de 2015 realizó una ampliación de capital, que quedó distribuido de la siguiente forma: el 79,2% de las participaciones son de otra sociedad luxemburguesa, denominada OCM Luxembourg EPF III Sàrl, y el 21,8% restante se reparte entre trece accionistas individuales.

Entre esos accionistas individuales están los tres consejeros de la española Castellana Management SL: el anteriormente citado Christopher Holloway (en la foto), Matthew Taylor y Thomas Stoorgard. Entre los tres controlan el 7,5% del capital de KSH Europe Holdings Sàrl. Un español, Antonio Miguel Muñoz Santiago, tiene el 1,3% de las acciones a su nombre. Este último figura también como apoderado en Castellana Management SL.

Por tanto, los británicos que gestionan la compañía en España son realmente accionistas minoritarios. 

¿Y quién está detrás de la luxemburguesa OCM Luxembourg EPF III Sàrl? Pues una sociedad radicada en el paraíso fiscal de las Islas Caimán denominada Oaktree European Principal Fund III Ltd., que pertenece a uno de los principales fondos buitre del mundo: Oaktree.

Oaktree European Principal Fund III Ltd. tiene un capital social de 1,27 millones de euros, repartido en diez tipos de acciones. Los dueños de las 400 acciones de clase D son los que reciben los beneficios de la inversión realizada en KSH Europe Holdings Sàrl. Esos desconocidos accionistas son, por tanto, los propietarios verdaderos de la mayoría del capital de Castellana Management SL, la sociedad española que recibió la adjudicación de la Complutense para explotar la residencia universitaria.

El representante en España de Oaktree es Carlos Gila, experto en "reestructuración" de empresas, que entre otros puestos desempeñó el de vicepresidente de La Seda de Barcelona. Gila fue administrador único de Castellana Management SL desde mayo de 2013 hasta febrero de 2015. Por tanto, en la época en que esta sociedad recibió la adjudicación de la Complutense. En otras palabras: cuando se realizó la concesión de los terrenos para explotar la residencia universitaria, Castellana Management SL estaba administrada por el representante en España de uno de los principales fondos buitre del mundo.

Este periódico intentó, sin éxito, conocer la versión de Carlos Gila y de Christopher Holloway.

El papel de Javier Aguilar y Dionisio Ramos

A preguntas de infoLibre, fuentes próximas a Javier Aguilar aseguraron de forma rotunda "que no tiene inversión alguna en el proyecto de la residencia universitaria. Ni un euro. Su participación se limita a ser uno de los arquitectos que dirige la obra". Otras fuentes añadieron que, en los últimos años, la situación económica del marido de Cifuentes "no ha sido precisamente boyante". El matrimonio tiene separación de bienes.

También negó cualquier inversión financiera en el proyecto Dionisio Ramos, aunque en este caso por otros motivos, no por su mala situación económica: "Aunque hubiese querido participar en el accionariado, no me habrían dejado. Los fondos de inversión no funcionan así".

Dionisio Ramos, amigo de juventud de Cifuentes, explicó a infoLibre su papel en el proyecto: "Hace cinco o seis años constituí la empresa Rya Residencias para participar en la explotación de residencias universitarias. Esa sociedad es accionista, por ejemplo, de la adjudicataria de la residencia Rey Juan Carlos de Vicálvaro. En los últimos tiempos, nuestra actividad se ha centrado más en lo que los anglosajones llaman project management,project management que aquí se traduce como promotor delegado. Y ese es mi papel en la residencia que la Complutense le adjudicó a Castellana Management".

El promotor delegado, continúa Ramos, "es una especie de consultor que se ocupa de que el proyecto avance. De que se cumplan los plazos, los presupuestos...". A cambio de su trabajo, percibe entre un 2 y un 5% del importe del proyecto.

De acuerdo con su versión, fue la cara visible de Castellana Management SL en España, Christopher Holloway, quien le ofreció ser el promotor delegado del proyecto. Y la decisión de elegir al marido de Cifuentes como arquitecto fue compartida: "A Castellana se había incorporado gente que había trabajado antes con Javier Aguilar. Yo llevaba 12 años sin trabajar con él, pero antes sí habíamos hecho cosas juntos. Así que tanto ellos como nosotros teníamos la tranquilidad de que Javier Aguilar era una buena opción. Y por eso lo contratamos". La época anterior en la que trabajaron juntos fue en los años noventa, cuando Ramos era vicegerente de la Complutense y Aguilar hizo diversas obras para la universidad.

"Sería bastante disparatado pensar que el equipo de Carrillo me iba a beneficiar precisamente a mí", concluye Dionisio Ramos, antes de ofrecer una explicación sobre el interés de los fondos de inversión por el sector: "En 2011 el Deutsche Bank publicó un informe recomendando la inversión en residencias universitarias en España. Y lo repitió en 2014. Así que se ha puesto de moda. Hay varios fondos que han invertido dinero".

La versión de Carrillo

En ese último punto coincide José Carrillo, que este viernes dejará de ser rector de la Complutense: "Si llegamos a saber que iba a aparecer Dionisio Ramos no le hubiésemos dado la adjudicación a Castellana Management, porque hay contra él una denuncia por temas económicos, así que tendríamos un motivo para no hacer esa concesión. Pero cuando se hizo, en marzo de 2014, no estaban ni Ramos ni el marido de Cristina Cifuentes".

El hecho de que Javier Aguilar sea el arquitecto del proyecto, razona Carrillo, "contribuye ahora a que se hable del tema por el momento político especial que vive Madrid".

José Carrillo defiende la absoluta legalidad de la adjudicación realizada: "Al ser un concurso público hay que adjudicárselo a la mejor oferta. Se presentaron cuatro empresas y la mejor oferta para la universidad fue la de Castellana Management, que está pagando".  En concreto, la Complutense recibirá 1,5 millones de euros de canon inicial y 120.000 euros de canon anual, durante los 50 años de concesión. 

"¿La alternativa cuál es? ¿No darle la concesión a la mejor oferta? Eso sería adjudicar a dedo", señala Carrillo, quien insiste en un tema: "Ni Ramos ni el marido de Cifuentes están en la empresa que recibió la concesión. Si luego esa empresa los contrata, es otro asunto. Pero nosotros nos enteramos un año después de la adjudicación de que habían contratado a Dionisio Ramos".

Carrillo cree que "no sería mala idea que en la adjudicación de bienes públicos se supiese quién es el beneficiario final, pero la ley ahora no establece ese requisito".

Por último, niega falta de transparencia en el proceso. Carlos Andradas, el ganador de las elecciones a rector, denunció durante la campaña, el oscurantismo de dicha adjudicación: "Nunca se facilitó al Consejo de Gobierno el pliego de condiciones del concurso de concesión demanial de la esquina de Cristo Rey, ni sabemos cuántas ni cuáles han sido las diferentes ofertas". La versión de Carrillo es otra: "Le entregué públicamente al señor Andradas, durante la celebración de un claustro, ese pliego de condiciones".