El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha anunciado este viernes que su departamento regulará los algoritmos para personalizar los precios y la publicidad que utilizan las empresas, a las que obligará a explicar los parámetros que usan, según informa EFE.

En el acto Derechos de las personas consumidoras y usuarias en el ámbito digital, celebrado con motivo del Día Mundial de las Personas Consumidoras, Bustinduy ha resaltado que su objetivo es que dichos algoritmos sean "transparentes y accesibles" para los consumidores, así como prohibir que cualquiera de estos parámetros sea discriminatorio o explote situaciones de urgencia o necesidad.

"Se trata de impedir que se asuman como válidas prácticas en pos de obtener un beneficio económico espurio y se violenten los derechos de las personas consumidoras", ha resaltado el ministro. Asimismo, las empresas tampoco podrán variar los precios que se personalicen de forma automática durante todo el proceso de compra, con el objetivo de evitar que las personas consumidoras sientan la presión de tomar decisiones apresuradas por la incertidumbre de las variaciones.

Para ilustrar qué supondrá la regulación anunciada, el Ministerio de Consumo ha utilizado el ejemplo de un servicio de transporte por coche que fija los precios de forma dinámica, es decir, con precios que varían. En este supuesto, la empresa tendrá que ofrecer una información clara al usuario de cómo se ha formado el precio que se le muestra: si ha sido por la distancia hacia el destino, por la hora del viaje, por la frecuencia con la que realiza ese trayecto o por la concurrencia de eventos masivos en la ciudad en la que se encuentre.

Además, se prohibirá que el precio del viaje se fije por razones discriminatorias, como por ejemplo que el cliente tenga una discapacidad, por su perfil racial, o porque se encuentre en una situación de emergencia o de necesidad, como que le quede poca batería en el móvil.

"Tenemos derecho a saber qué información están utilizando y por qué", ha subrayado Bustinduy, quien ha lamentado que se haya "normalizado" que el control de infraestructuras digitales esté en manos de actores privados que, en sus palabras, "persiguen sus propios intereses y beneficios sin que exista capacidad para poder limitar, orientar o controlar esas actividades".

El ministro ha hecho hincapié que con esta nueva regulación también se busca una mayor concienciación sobre el uso de datos personales, así como más control sobre la privacidad.

La asociación española de consumidores (Asescon) ha alertado este jueves de los precios gancho de las colecciones por fascículos, numerosas en enero, y que pueden suponer incrementos de hasta el 1.500%, empezando las entregas con un precio de un euro y pasar a los 15 euros a partir del quinto envío y hasta el último. En una nota de prensa que ha recogido EFE, la organización ha subrayado que existen una serie de prácticas "poco lícitas, pero muy comunes" que deben de ser tenidas en cuenta por los compradores, como los mencionados precios para atraer al consumo.

Además, la asociación ha subrayado que la variación futura del precio debe ir especificada en el fascículo, pero en numerosas ocasiones las empresas adjuntan esta información de manera casi ilegible con cuerpos de letra muy reducidos. Por otro lado, Asescon también ha remarcado que a veces los precios son equívocos porque la mayoría acaba en 99 céntimos: "Son los llamados precios psicológicos, no redondeados para que el producto parezca más económico de lo que en realidad es".

La asociación ha sugerido al consumidor que esté atento al número de entregas ya que, por lo general, rondan las 50 de media, cifra a la que en ocasiones no se llega. Según esta organización, se registran numerosas quejas y reclamaciones de consumidores que han visto como la serie que habían comenzado se suspende a la mitad, lo que se traduce en dinero invertido en un producto que finalmente se ha truncado.

Por ello, desde Asescon han insistido en que los consumidores calculen el precio del producto final sumando todos los fascículos porque, en muchos casos, adquirirlo en una tienda especializada supone un ahorro de más del 70%. Tal es el caso de la maquetas o cursos de idiomas, diseño, dibujo o informática.

En cualquier caso, Asescon ha recordado que la empresa que publica la colección está obligada a suministrarla hasta el final a quien lo requiera. Y una vez publicada se puede solicitar hasta el último ejemplar, aunque haya sido retirada del mercado por escasa demanda. 

La Unesco ha declarado al barrio granadino del Albaicín, junto con la Alhambra, Patrimonio de la Humanidad. Sus laberínticas calles y sus miradores son un reclamo dentro del esqueleto de la ciudad que ningún turista quiere perderse, lo que se ha convertido, de otro lado, en un auténtico quebradero de cabeza para los vecinos. Es más el pasado abril se creó la plataforma ciudadana Albayzín Habitable para luchar “contra el crecimiento ilimitado y corrosivo de la industria turística”. Una de sus miembros, Olalla Luque, aporta a infoLibre un significativo dato: “Hay 7.000 personas censadas, empadronas en el barrio, y las plazas turísticas, contando las hoteleras y las de apartamentos y pisos turísticos, son más de 7.000”, lamenta.

“Tenemos una compañera que vive en una calle donde hay 55 viviendas y sólo 11 son de vecinos, todas las demás son apartamentos turísticos, legales e ilegales, y hostales u hoteles. Cada vez hay menos vecinos y tiendas”, ejemplifica, para añadir: “En otra de las calles más importantes de la zona, había dos locales, uno era un bar y el otro una tienda, y los han convertido en apartamentos turísticos también”. Asegura que han realizado el trabajo de  “comprobar las casas que aparecen como turísticas en páginas de la Junta de Andalucía, con la realidad, y son muy diferentes”, critica. Han armado, de hecho, “un grupo de mapeos de apartamentos turísticos” con el que buscan lograr un dibujo “de las que son legales y las que no”, conscientes de que no es una tarea fácil. “En páginas webs como la de Mil anuncios se pueden alquilar apartamentos que ni siquiera se dan de alta como turísticos, aunque lo son, porque se ven los casilleros de las llaves puestos en las ventanas”, añade.

 “En otras ciudades como Barcelona o Valencia”, asevera Luque, “sí que hay algunos mapas sobre esto, pero en Granada no”, por lo que lo están “haciendo de forma manual”. Además, han presentado alegaciones “al borrador del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU)” de la ciudad para intentar ponerle coto a ese fenómeno, como antes elaboraron propuestas ligadas a “una consulta que se hizo sobre el futuro de la vivienda turística en Granada”. Y han solicitado un encuentro con la alcaldesa, la popular Marifrán Carazo, que esperan desde mayo.

De momento no ha habido respuesta a su petición de reunión, pero ya tienen clara sus demandas que pasan por cuestiones como que “se refuercen los equipos de inspección municipal, se revoquen licencias en zonas saturadas y donde el porcentaje de vivienda turística supere el 10% del total, se prohíba la transformación de bajos comerciales en pisos del alquiler temporal, o se reduzca a 15 personas como máximo el tamaño de los grupos de turistas, que bloquean el transporte público”. “Quién va a mantener el barrio patrimonio de la Humanidad si no hay vecinos”, se pregunta Luque, quien cierra apuntando que “en otros países” del entorno europeo “ya se han puesto medidas” contra la presión turística. Y esta no decrece en el conjunto del Estado.

El país recibió 64,3 millones de visitantes internacionales entre enero y agosto de este año, lo que es un 11,2% más que en el mismo periodo de 2023 y un nuevo récord. Histórico es, asimismo, el gasto que realizaron los turistas durante su estancia, que sumó 86.471 millones de euros y creció un 17,6%, según los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Únicamente en agosto viajaron a España 10,9 millones de personas, un 7,3% más que un año antes, que desembolsaron cantidades por valor de 15.363 millones de euros, un 13% más.

En ese contexto, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha abierto una investigación centrada en la publicidad de pisos turísticos ilegales, en el marco de sus competencias. “No podemos consentir que miles de viviendas que no disponen de licencia para esa actividad, sigan ejerciendo como tal”, ha defendido su máximo responsable, Pablo Bustinduy. A través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) propusieron a las ciudades que se adhirieran a la iniciativa. “La premisa es muy clara: si una vivienda no dispone de licencia para su uso turístico, la publicidad de ésta es ilegal y deber ser perseguida”, en palabras del ministro, para quien es “una manera de intervenir en una realidad que está afectando muy negativamente a la vida de millones de personas”, al tener “un impacto enorme sobre la oferta disponible de viviendas en alquiler, los precios y sobre el tejido social porque se están vaciando barrios”, según expuso en RTVE.

Si bien, por ahora, de acuerdo a lo trasladado por el ministerio a este periódico, sólo han “recibido información por parte de 36 municipios, correspondientes a diez comunidades autónomas” distintas. Cuando en España, a la luz de datos del INE de nuevo, hay un total de 8.132, es decir, que se han implicado el 0,4% del global, aunque no todos padecen los efectos de la llamada turistificación. Con todo, desde el área del Gobierno que comanda Bustinduy quieren dejar claro que la Dirección General de Consumo continuará adelante con unas “actuaciones tendentes a perseguir la publicidad de pisos turísticos que no cuentan con la habilitación preceptiva”. Al tratarse de acciones que “están abiertas”, han rehusado aportar más detalles sobre el asunto, para remitirse a lo comentado por Bustinduy, quien sí ha afirmado que “en ciudades como Madrid, hasta el 90% de las viviendas que se destina al alquiler turístico de corta duración, no dispone de licencia para ello”.

¿En qué puede acabar el proceso arrancado por el ministerio? El secretario general de Facua-Consumidores en Acción, Rubén Sánchez, cree que con multas. Mantiene que “es necesaria la colaboración entre el ministerio, las comunidades autónomas y los ayuntamientos para que cada uno actúe en el marco de sus competencias” de cara a “sancionar a las empresas que incurren en alquileres ilegales de pisos turísticos”. A su juicio, mientras el departamento ministerial de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, “puede sancionar a las plataformas que hagan publicidad ilícita a nivel nacional”, las autonomías y los municipios “pueden multar en sus respectivos ámbitos” territoriales y competenciales.

“¿Es normal que alguien sin licencia para esa actividad abra un bar, lo publicite y haga negocio, mientras los establecimientos legales a su alrededor intentan hacer las cosas bien y pagan impuestos?”, lanzan otras fuentes de la órbita de Sumar, para responderse: “No". "Pues con los alquileres turísticos debe ser igual. Si quienes especulan con esas viviendas sienten que se les vigila y se les multa, tendrán menos incentivos para hacer lo que hacen”, concluyen. Toca esperar todavía para conocer el resultado de la conjura del Ministerio de Consumo, de la mano de aún pocos municipios, contra los pisos ilegales.

El Gobierno estrecha el cerco alrededor de las aerolíneas de bajo coste en plena temporada veraniega. Después de varios meses de investigación, el Ministerio de Consumo ha decidido finalmente iniciar un expediente sancionador contra varias de estas compañías que operan en España al considerar que determinadas prácticas chocan con la legislación vigente. El Ejecutivo, a través de la Dirección General de Consumo, pone el foco, en concreto, en determinados sobrecostes. Entre ellos, el asociado al equipaje de mano. Algo con lo que las aerolíneas no pueden sacar tajada siempre y cuando el mismo responda "a las exigencias de peso y dimensiones". Así lo dijo la justicia europea. Y así lo están aplicando los tribunales españoles.

El equipaje siempre ha sido uno de los elementos con los que juegan estas aerolíneas low cost para incrementar el coste del ticket. Y, en concreto, el de mano, ese que llevan consigo las personas en la cabina de la aeronave durante el viaje. Una mochila o maleta pequeña por la que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ya ha dejado claro a las compañías aéreas que no pueden cobrar un coste adicional. Lo hizo hace casi una década, en respuesta a una cuestión prejudicial planteada por un juez español de lo contencioso-administrativo que llevaba un pleito contra Vueling Airlines.

Aquel caso se centraba en la imposición de un pago extra a una mujer por facturar cuatro maletas. Algo que las aerolíneas pueden fijar porque, según los magistrados, dicho servicio de facturación "no puede considerarse obligatorio o indispensable" para el transporte de los viajeros. Cuestión diferente es el equipaje de mano. "Debe considerarse, en principio, un elemento indispensable del transporte de los pasajeros y su transporte, por consiguiente, no puede ser objeto de un suplemento de precio, siempre y cuando dicho equipaje responda a las exigencias razonables relativas a su peso y dimensiones y cumpla con los requisitos de seguridad aplicables", recogía el fallo.

Esta resolución, que se dictó con el reglamento europeo para la explotación de servicios aéreos sobre la mesa, ha servido de base para los diferentes pronunciamientos que sobre esta cuestión han emitido en los últimos años varios juzgados españoles. El pasado mes de marzo, por ejemplo, el Juzgado de lo Mercantil nº1 de Albacete condenó a Ryanair a abonar a una persona 108,94 euros, más los intereses y costas, por las cantidades que la compañía le hizo pagar en el momento del embarque en diferentes vuelos "por el simple hecho de llevar consigo" una "maleta" que "por dimensiones y peso" podía "ser perfectamente transportada en cabina".

No es la única resolución en esa dirección. De hecho, en los últimos años esta compañía ha tenido que devolver cientos de euros a pasajeros por haberles cobrado un suplemento para embarcar el equipaje de mano, según refleja la base de datos de resoluciones del Poder Judicial. Sentencias que no solo hacen referencia a la jurisprudencia europea, sino también a la ley española. En este sentido, la Ley sobre Navegación Aérea obliga al transportista a transportar "juntamente con los viajeros, y dentro del precio del billete, el equipaje con los límites de peso, independientemente del número de bultos, y volumen que fijen los reglamentos".

Los tribunales, no obstante, también han dado la razón a Ryanair. Fundamentalmente, en aquellos en los que el equipaje de mano de los pasajeros no se ajustaba a las limitaciones impuestas por la compañía. Ocurrió, por ejemplo, el verano pasado, cuando un juzgado de lo mercantil de Pontevedra desestimó la demanda interpuesta por dos viajeros que habían tenido que pagar 91,98 euros para poder montar al avión con bultos de mayor tamaño del permitido. "No cabe exigir a las compañías aéreas, pues excedería de lo razonable, que no limite a los pasajeros el equipaje de mano", sostenía la jueza.

También un juzgado de la capital rechazó en septiembre de 2021 una demanda contra la compañía aérea en un caso parecido. En esta ocasión, la pasajera pedía a la aerolínea que le devolviese lo que había tenido que abonar por subir al avión con una tercera pieza de equipaje, cuando la tarifa del vuelo que ella había contratado le permitía solo montar en cabina con una pequeña maleta y una bolsa que pudiese colocar bajo el asiento. "La presencia de una tercera pieza de equipaje [...] supone la prestación de un servicio adicional y complementario que excede de la razonabilidad y fines pretendidos por el equipaje de mano", consideró el juez.

Ahora bien, ¿qué hay que hacer si, en el momento de embarcar, la aerolínea con la que viajas intenta cobrarte un suplemento por esa pequeña maleta que llevas contigo? "Primero, y para no perder la posibilidad de volar, al viajero no le quedará más remedio que transigir y afrontar el pago", explica Miguel Ángel Serrano, vicepresidente de la asociación de consumidores Facua. Si es posible, el experto también recomienda presentar una "reclamación" en ese mismo momento. Si no pudiera ser, hacerlo "por escrito" una vez se haya volado, exigiendo el reembolso del importe. "Y si no responde o se niega, habrá que acudir a los juzgados", sostiene.

El vicepresidente de Facua señala que los buenos precios que lanzan algunas de estas compañías luego acaban incrementándose a golpe de suplementos. "Al ofrecer vuelos tan baratos, haces que los posibles clientes se interesen antes por tu compañía que por otras. Ahora bien, luego cuando comienzas con el proceso de compra te terminas dando cuenta de que ese precio no es tan atractivo o, incluso, que es superior a otros", señala Serrano. Porque no solo es el equipaje de mano. Las compañías también cobran extras por, por ejemplo, seleccionar asientos. Algo de lo que depende que un grupo pueda viajar unido y no desperdigado por toda la aeronave.

Esta última cuestión también sobrevuela el expediente sancionador abierto por Consumo: "El ministerio ha ampliado el caso a los sobrecostes aplicados a otros servicios que tradicionalmente se incluían en el precio del billete, como la reserva del asiento contiguo a otro pasajero en el caso de menores o personas dependientes". "No es admisible que se cobre por eso en el caso de niños o personas que sufren alguna discapacidad", apunta Serrano. Cosa distinta, dice el vicepresidente de Facua, es que se pague más por tener, por ejemplo, un asiento más espacioso o que tenga una mejor posición en la aeronave.

Con todo esto sobre la mesa, el experto pide a los usuarios que estén atentos durante todo el proceso de compra del billete en este tipo de compañías. "Continuamente, se ofrecen servicios adicionales que muchas veces el cliente no quiere, como seguros médicos, alquiler de coches, transportes privados...", apunta. Y recuerda a los usuarios, de cara a las vacaciones de verano, que cuentan con derechos. Por ejemplo, a una compensación si se cancela su vuelo, si se retrasa o si se les deniega el embarque.

Facua-Consumidores en Acción ha denunciado que cuatro de cada diez inmobiliarias incumplen la prohibición de cobrar honorarios o gastos de gestión a los inquilinos, según un estudio realizado por la asociación sobre una muestra de 114 agencias repartidas en 11 capitales de provincia.

De esta manera, según los datos de Facua que ha consultado Europa Press, el 41% de las inmobiliarias analizadas siguen informando a las personas que buscan piso de que, en caso de que firmen el contrato de arrendamiento, se les cobrará una cantidad en conceptos tales como "honorarios", "gastos de gestión" o "comisión", pese a que la nueva Ley por el Derecho a la Vivienda introdujo que los gastos de gestión inmobiliaria y los de formalización del contrato correrán a cargo del arrendador.

Desde la asociación han señalado también que, de forma habitual, las agencias suelen pedir una mensualidad de la renta de la vivienda en cuestión, pero también hay quienes cobran una cuota fija, o el 10% de una anualidad del alquiler.

Facua ya se encuentra ultimando su ampliación de denuncias contra las nuevas inmobiliarias detectadas que infringen la normativa, tras la primera batería de denuncias contra 31 de ellas el pasado mes de junio.

En este sentido, ha pedido responsabilidad por parte de las autoridades de consumo autonómicas para que investiguen y abran los correspondientes expedientes sancionadores a las agencias incumplidoras.

El análisis realizado por Facua también revela que Madrid y Palma de Mallorca son las ciudades con mayor grado de incumplimiento por parte de las inmobiliarias, ya que tres de cada cuatro agencias de la capital se saltan la normativa y pretenden seguir cargando dichos gastos a los usuarios que buscan vivienda de alquiler.

En la ciudad balear, cinco de las seis empresas analizadas piden algún tipo de honorario o comisión a los inquilinos; mientras que Sevilla ocupa la tercera posición, con más de la mitad (53%) de agencias que vulneran la legislación.

En el lado contrario, de las inmobiliarias analizadas en Santiago de Compostela, Toledo, Valladolid y Zaragoza, ninguna de ellas intenta cargar dichos honorarios a los inquilinos y todas informan que corren "a cargo del arrendador, en aplicación de la nueva ley de vivienda".

El rastreo se ha realizado en Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Palma de Mallorca, Bilbao, Santiago de Compostela Toledo, Salamanca, Valladolid y Zaragoza, según Facua.

Por otro lado, Facua ha recordado a aquellos usuarios que se vean obligados a pagar este concepto para no perder la oportunidad de alquilar el piso, que pidan factura independiente por el concepto abonado o que haga el abono por transferencia indicando el concepto para, posteriormente, una vez firmado el contrato de alquiler y habitando ya el piso, pueden dirigirse a la inmobiliaria para solicitar el reembolso de dicha cantidad.

De la amenaza de lanzar una acción legal contra HP en defensa de los consumidores en cinco países por un problema con sus impresoras en 2021, Euroconsumers pasó a la colaboración con la multinacional en 2022. El cambio se explica por un acuerdo, con obligación de tratamiento "estrictamente confidencial" por las partes, por el que HP ingresaba a Euroconsumers 1,5 millones de dólares y la federación europea de asociaciones de consumidores renunciaba a acciones legales.

De los 1,5 millones de dólares, 150.000 eran para gastos de Euroconsumers y sus asociaciones nacionales en cuatro países europeos, entre ellos España. El resto del dinero, 1,35 millones, debía ser para los consumidores afectados, que iban a ser indemnizados con entre 20 y 50 euros y en casos excepcionales con 95 euros. Lo cierto es que, con el plazo de reclamación ya cerrado, hay menos de 600 posibles beneficiarios.

Así que la gran mayoría del dinero en teoría destinado a los consumidores no irá a parar a los consumidores. ¿Dónde irá a parar? El acuerdo preveía que el dinero sobrante se quedara para actividades de estas organizaciones en defensa de los consumidores. Y a eso es a lo que se va a dedicar.

Euroconsumers asegura que trató de dar difusión a la posibilidad de reclamar indemnizaciones y afirma que esperaba más beneficiarios –lo que hubiera supuesto menos dinero para las propias asociaciones–. La difusión del acuerdo no incluyó una sola rueda de prensa.

Todas las partes hacen un balance positivo del acuerdo. Eso sí, HP señala que está pendiente de recibir información sobre el número de beneficiarios y tanto Euroconsumers como la OCU afirman, en vista de los resultados: "Es necesario hacer una reflexión" [al final del texto se pueden leer íntegras las explicaciones de HP, Euroconsumers y OCU]. Mientras llega esa reflexión, el caso de las impresoras se cierra con Euroconsumers financiándose con fondos de la multinacional y un bajo impacto favorable del acuerdo sobre los consumidores.

Euroconsumers había amenazado en mayo de 2021 a HP con acciones legales en su contra por lo que llamaba entonces el "printergate". En una nota reclamaba a HP una compensación a los consumidores de España, Italia, Bélgica, Portugal y Brasil por una práctica "engañosa, perjudicial y contraria a la competencia". Así lo explicaba Euroconsumers: "HP ha promocionado que sus impresoras eran compatibles con cartuchos de terceros mientras que en la práctica no lo eran. Tras una actualización de firmware, los usuarios recibían un mensaje de error al instalar cartuchos de terceros en impresoras HP. Este mensaje de error hacía creer a los usuarios que el cartucho de terceros, en perfecto estado, era defectuoso y los obligaba a comprar otros más caros de HP, o incluso a sustituir su impresora". La asociación calificaba esta práctica de "ilegal" y recordaba que en EEUU HP había llegado a un acuerdo "aceptando compensar a cada demandante" con entre 100 y 150 dólares, con un coste de 1,5 millones.

Euroconsumers no se limitó a la advertencia pública, que tuvo amplio eco en los medios. También en mayo de 2021 "remitió una serie de reclamaciones extrajudiciales a HP", explica a infoLibre Javier Ramírez, abogado de la compañía. Las reclamaciones se basaban en una decisión de 2020 de la Autoridad Italiana de la Competencia, que había impuesto a HP una sanción de 10 millones de euros. "La ley italiana que permitió esa decisión deriva de la directiva sobre prácticas comerciales desleales de la UE. Esto significa que se pueden reclamar cargos similares en otros países europeos", señalaba Euroconsumers, que solicitaba a HP 150 euros para cada propietario afectado, "al igual que hizo en EEUU".

Y advertía: "En caso de no obtener una respuesta satisfactoria, Euroconsumers está dispuesta a iniciar una demanda colectiva". Pero esa acción colectiva no llegó a tener lugar. Porque HP y Euroconsumers llegaron a un acuerdo.

Ramírez (HP) recalca que, antes del acuerdo, la compañía llevó a cabo "acciones a nivel europeo" para corregir posibles problemas. "En consecuencia, se trata de un tema pasado, circunscrito a determinado periodo de tiempo y determinados modelos de impresora, por lo que HP inició un periodo de conversaciones con Euroconsumers a fin de [...] encontrar una solución amistosa", añade. Esa "solución" fue un acuerdo, firmado el 31 de mayo de 2022 y de contenido parcialmente confidencial, al que ha tenido acceso infoLibre.

El acuerdo está suscrito por dos partes. Por un lado, lo firman Euroconsumers y sus cuatro organizaciones nacionales asociadas en Europa: OCU (España), Altroconsumo (Italia), Deco Proteste (Portugal) y Association des Consommateurs Test Achats SC/Verbruikersunie Test Aankoop CV (Bélgica); por otro lado, pone su rúbrica HP Inc., en su nombre y en el de sus afiliadas en los cuatro países.

Hasta ahí el quién. Ahora, el porqué formal del acuerdo. El documento se asienta en una serie de premisas, entre ellas que Euroconsumers ha "amenazado con litigar". Es decir, el propio texto hace evidente que el acuerdo es –al menos en parte– una respuesta a dicha amenaza. La discrepancia entre los firmantes también está recogida. La federación sostiene que "HP incurrió en prácticas comerciales injustas y agresivas". HP, por su parte, recuerda que ha recurrido la decisión de Competencia en Italia –aún no hay fijada vista para la resolución– y niega cualquier vulneración legal.

Además de un quién y un porqué, el acuerdo tiene un cuánto. El texto recoge la creación de un fondo de 1,5 millones de dólares, que fueron ingresados por HP en una cuenta en Bélgica de Euroconsumers dentro de los treinta días siguientes a la firma. Un 10% era para los "gastos de administración" de las asociaciones. El 90% restante del dinero, 1,35 millones, debía ser en teoría para los afectados. Aunque el propio acuerdo recogía un plan B. Veamos el detalle.

Las indemnizaciones se calcularían en función del "precio medio teórico de venta" para diversos modelos de impresora. En números: 20 euros por una impresora de hasta 200 euros; 35 por una de entre 200 y 400; 50 por una de más de 400. La cuantía podría incrementarse puntualmente si un reclamante aportaba pruebas de que sus pérdidas fueron mayores. La cantidad, en cualquier caso, no podría superar los 95 euros.Tampoco el total de las indemnizaciones podía superar los 1.350.000 dólares. Si así fuera, las compensaciones se reducirían para que en ningún caso pasaran de ese techo.

Pero, ¿qué había previsto si las reclamaciones admitidas no alcanzaban los 1,35 millones de de dólares? En tal caso, el excedente no se repartía entre los reclamantes, de forma inversa a como se acordaba hacer si superaba esa cuantía. El compromiso alcanzado por HP y Euroconsumers –y sus organizaciones nacionales– es que las partes negociarán "una prórroga del periodo de reclamaciones y/o el uso de los fondos restantes en beneficio de los consumidores, incluyendo, pero sin limitarse a ello, el pago de campañas y actividades similares con vistas a la educación, formación y concienciación sobre los derechos de los consumidores en los países del acuerdo o destinar los fondos restantes a la investigación científica sobre materiales reutilizables, reciclables y degradables de forma natural o a cualquier otro objetivo relacionado con el medio ambiente".

Así que el acuerdo dejaba abierta la puerta a que los fondos acabaran sirviendo para financiar actividades de Euroconsumers y sus organizaciones. Y así va a ocurrir. Porque los datos recabados por este periódico indican que, en efecto, el total para los afectados queda lejos de los 1,35 millones de dólares.

El plazo de reclamaciones, que se abrió en septiembre de 2022, duró seis meses, pero fue prorrogado por otros tres. La ampliación terminó el 6 de junio. Es decir, el plazo está cerrado. Surgen ahora varias preguntas. La primera: cuántos beneficiarios de indemnización ha habido. La segunda: cuánto dinero han supuesto o van a suponer sus compensaciones y por lo tanto cuánto queda para las organizaciones. La tercera: qué destino se da al dinero restante. Para las dos primeras, las partes no ofrecen una respuesta exacta, aunque Euroconsumers y OCU sí admiten que la realidad queda lejos de las previsiones. Para la última pregunta, la contestación vendría a resumirse así: estamos trabajando en ello. Es decir, aún no está decidido en qué se empleará exactamente el dinero sobrante.

Hay pistas que dan una idea de qué números enmarcan la situación. Las asociaciones reservan en sus webs un espacio para esta iniciativa. De ahí se desprende un balance más que discreto en cuanto a número de beneficiarios. El pasado lunes, 20 de junio, ya con el plazo cerrado, OCU cuantificaba en 241 los "usuarios apuntados". Altroconsumo y Deco Proteste, en 151 y 28 los "participantes". Este periódico no ha encontrado datos de la asociación belga en su web. En respuesta por escrito, afirma que su previsión es 131.

De modo que hay constancia de 551 posibles beneficiarios. Y ese número, en realidad, es probablemente superior al de consumidores que al final serán indemnizados. Por ejemplo, en el caso de la OCU, no todos recibirán compensación, señala la asociación. En síntesis: incluso aceptando la hipótesis más al alza, que 551 consumidores recibieran una indemnización de 95 euros, la cuantía de las compensaciones sería de 52.345 euros [ver nota al final del texto]. Muy lejos de los en torno a 1,4 millones de euros que eran al cambio los 1,5 millones de dólares en junio de 2022.

Tanto Euroconsumers como OCU afirman estar "validando" las cifras definitivas, pero admiten que "no estarán muy lejos" de las publicadas por las asociaciones. Ambas entidades coinciden en dos ideas: "no podemos considerarnos satisfechos" y "es necesario hacer una reflexión".

Mientras tanto, HP espera. "Hemos solicitado y estamos pendientes de recibir la confirmación oficial por parte de Euroconsumers del número total de beneficiados", explica el abogado Javier Ramírez.

¿Por qué se reservaron 1,35 millones de dólares para consumidores, la cifra que a la postre permitirá a Euroconsumers disponer de unos fondos que en principio eran para afectados? La OCU explica que se negoció "la cifra más alta posible para no quedarse corto con los posibles afectados".

Tanto la asociación española como la federación a la que pertenece rebajan la importancia de que el dinero no acabe sirviendo para pagar indemnizaciones y señalan que es "reconfortante" que en el acuerdo figure una cláusula que permite gastar los fondos en "iniciativas orientadas al consumidor", una posibilidad –recalca HP– cubierta por la Ley de Defensa de los Consumidores y Usuarios. ¿Qué iniciativas? Euroconsumers afirma que discutirá con HP las actividades concretas a partir de julio.

Una recapitulación: tras una amenaza de acciones legales, Euroconsumers y sus asociadas firman un acuerdo con la compañía amenazada, como resultado del cual acabarán financiando actividades propias gracias al dinero de dicha empresa, mientras se beneficia de indemnizaciones un número de consumidores muy inferior al previsto.

¿Y qué gana HP? Aunque no obliga a nada en este sentido, el acuerdo minimizó las críticas de Euroconsumers, que además se comprometió por escrito "a no demandar o reclamar –o animar o apoyar a otros a demandar o reclamar– contra HP y sus afiliadas" por este caso. "Euroconsumers exonera, renuncia, absuelve y libera para siempre a HP y a sus afiliadas de todas y cada una de las reclamaciones, demandas, sentencias, acciones, pleitos, causas de acción, ya sean colectivas, individuales o de clase, relacionadas con la decisión del IAA [Autoridad Italiana de la Competencia]", señala el acuerdo.

Y añade: "Euroconsumers –incluyendo OCU y Altroconsumo en particular– se compromete [...] a no hacer ninguna presentación ante la CNMC [Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia] u otra autoridad pública que pueda socavar este acuerdo". "En caso de que OCU reciba una solicitud [de la CNMC u otra autoridad], a menos que la ley lo prohíba específicamente, OCU notificará sin demora a HP la solicitud y la respuesta propuesta", señala.

Euroconsumers y OCU coinciden en que se trata de un acuerdo "único en su género", porque se produce antes de la demanda. Ambas entidades recalcan que su compromiso de no emprender acciones legales no es genérico, sino que se ciñe a este caso. El abogado de HP señala: "El balance de este acuerdo es positivo tanto para los consumidores como para HP, ya que permite evitar un procedimiento judicial incierto, largo, complejo y costoso para todas las partes".

Dado el diseño del acuerdo, la cantidad de reclamantes –y por lo tanto de indemnizaciones, y por lo tanto de dinero sobrante– iba a venir condicionada por el alcance de las campañas de Euroconsumers y sus organizaciones para hacer saber a los potenciales beneficiarios de compensaciones la existencia de esta vía de reclamación.

Una nueva pregunta: ¿han hecho las asociaciones lo suficiente para difundir el acuerdo?

El acuerdo recoge que las partes deben tratar las negociaciones que lo forjaron y su ejecución de forma "estrictamente confidencial". El documento en sí no fue difundido por ninguna de las partes, aunque sí presentado al Ministerio de Consumo. Esta reserva parcial ha sido compatible con cierta difusión. El 7 de septiembre de 2022 Euroconsumers publicó en su web que había suscrito un acuerdo con HP. Ya no se hablaba de Printergate. Aquella nota informa de las indemnizaciones disponibles y enlaza a comunicaciones de OCU, Altroconsumo, Deco Proteste y Test Achats. Cada una habilitó en su web un espacio de difusión de la posibilidad de reclamar y percibir una indemnización.

No hubo rueda de prensa, confirma Euroconsumers, que un día después de la publicación del acuerdo, es decir, el 8 de septiembre de 2022, celebró una charla-coloquio sobre "el poder transfronterizo de los consumidores" donde se citaba el acuerdo. Al cierre de este texto, el vídeo tenía 129 visualizaciones. Eurconsumers alega: "Enviamos una nota de prensa en cada uno de nuestros países y a nivel europeo con un enorme alcance".

En cuanto a OCU, la asociación española asegura que informó por correo electrónico a través de cuatro envíos en septiembre y diciembre de 2022 y en mayo y junio de 2023 [esta última con el periodo de reclamación cerrado]. Ello supone, asegura, más de 1,5 millones de envíos, a los que se suman "20 publicaciones en la web y redes" y una en la revista Compra maestra. La asociación asegura que con ello ha cumplido la ley y actuado con "transparencia". HP no pone objeciones: "Nos parece que Euroconsumers y sus asociaciones integrantes han desarrollado esfuerzos suficientes".

Deco Proteste se remitió a las respuestas de Euroconsumers, al igual que la asociación belga, que además enlazó al contenido de tres comunicados [aquí, aquí y aquí].

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha presentado una denuncia ante Consumo "por la manera engañosa" con la que Netflix muestra sus ofertas de contratación, informa Europa Press.

Para la organización, "la ocultación de una tarifa básica no solo socava los derechos de los consumidores a una información transparente y de fácil acceso, sino que también bordea los patrones oscuros", en un momento en que la nueva política de Netflix "alienta a los consumidores a explorar sus diversas opciones".

OCU ha observado que en Italia y España el plan de suscripción 'básico' "no se presenta inicialmente a los clientes y solo aparece una vez que hacen clic en 'ver todos los planes'". A su juicio, no mostrar todos los planes de suscripción disponibles a primera vista "genera confusión y da la impresión errónea de que no hay alternativa más económica a una suscripción con anuncios siendo esta opción la 'estándar', que casualmente también es más cara que la suscripción 'básica' y que parece que de manera deliberada se deja fuera en la presentación inicial".

La organización de consumidores considera que estas prácticas "no solo infringen los derechos de los consumidores, sino que también están diseñadas intencionadamente para engañar a los usuarios".

Por este motivo, OCU y Altroconsumo, ambas organizaciones miembros de Euroconsumers, han presentado denuncias por prácticas comerciales engañosas ante sus respectivas autoridades nacionales de protección al consumidor, la AGCM italiana y la Subdirección General de Inspección y Procedimiento Sancionador en España, para que investiguen y en su caso sancionen este asunto.

También ha destacado que Francia y Alemania "se ven afectadas de manera similar, lo que permite a las autoridades calificarla como una 'infracción generalizada' y buscar un enfoque coordinado con sus contrapartes".

"OCU se oponen al uso de prácticas comerciales desleales como señuelo para engañar a los consumidores e insta encarecidamente a la plataforma de streaming a que ajuste su política de inmediato", sentencia la organización.

Los hipotecados a tipo variable están empezando a recibir el impacto, con efecto retardado, de las intensas subidas de tipos de interés que el Banco Central Europeo empezó en julio de 2022. Cada cierto tiempo, generalmente cada seis meses, los hipotecados deben renovar la cuota acorde al euríbor, un índice que va parejo a los tipos de interés. Estos han escalado desde el 0 hasta el 3,5% en apenas nueve meses, lo que supone el ascenso más vertiginoso desde los casi 25 años de historia del organismo. Y, en consecuencia, así están aumentando ahora las hipotecas.

Esta situación ha llevado a muchos hipotecados, en plena vorágine del precio del dinero, a plantearse renunciar a la volatilidad de la economía, y adjudicarse un tipo fijo que les aporte cierta tranquilidad. Sin embargo, varias asociaciones de consumidores constatan a infoLibre que esa decisión justo en este momento quizás podría ser perjudicial: los tipos de interés ya han subido, acometer el cambio de tipo ahora podría congelar el interés en el momento más caro, para beneficio del banco.

“Creo que es el peor momento, desde que empezaron a subir los tipos de interés, para cambiarse al tipo fijo”, explica a infoLibre Manuel Pardos, presidente de la asociación Adicae. “Es posible que el euríbor no vaya a subir mucho más de lo que ya ha subido en marzo. Podría ir algo más allá”, añade Pardos. 

Para el consumidor, la volatilidad del mercado puede ser algo difícil de entender y casi imposible de prever. La falta de cultura financiera juega a favor de los bancos, que disponen de un conocimiento preciso de los ciclos económicos y de una infinidad de datos útiles para prever los posibles cambios macroeconómicos y diseñar así las mejores estrategias para colocar sus productos. 

Una información que puede ser útil para el hipotecado a tipo variable que se encuentre agobiado tras el encarecimiento de su cuota es que los agentes económicos esperan que los tipos no vayan a subir mucho más, por lo que cambiarse a tipo fijo ahora no solo soluciona su problema, sino que le impedirá beneficiarse cuando estos bajen. Esta previsión, recogida en el portal Macrobond, que sintetiza el sentimiento de los inversores internacionales, se ha vuelto más probable tras el susto bancario.

Las intensas subidas de los tipos de interés, que han beneficiado a la banca española debido al enorme peso que tienen las hipotecas en sus activos, sí ha perjudicado enormemente a otros bancos. Un ejemplo fue el estadounidense Silicon Valley Bank, con una enorme exposición a la deuda pública, cuyo valor se desplomó como consecuencia de las subidas de tipos. Ante la certeza de que el banco lo estaba pasando mal, los clientes empezaron a retirar fondos, lo que intensificó la crisis del banco, creando un círculo vicioso de desconfianza. Dicha desconfianza terminó afectando a Credit Suisse, afectada por otros problemas financieros, que se tambaleó en una semana de infarto en el sistema financiero europeo y que culminó en su compra por parte del banco suizo UBS.

En febrero, antes del susto bancario, el Banco Central Europeo ya preveía que los tipos se mantendrían en torno el 3% en el primer trimestre de 2023 y en el 3,5% en el segundo. Este nivel se mantendría hasta empezar a descender a partir de 2024. Tras el susto protagonizado por los mencionados bancos, muchas casas de análisis han empezado a advertir que el escenario más probable es que los tipos no suban más y que estos vayan descendiendo ligeramente. 

“Los bancos, al igual que otros operadores de mercados, publican siempre estas cosas, pero no siempre son inteligibles para los que no tienen conocimientos financieros”, explica a infoLibre el analista financiero Javier Santacruz. “Sería interesante hacer un ejercicio de divulgación. ¿Por qué un consumidor tomaría ahora la decisión de cambiarse a un tipo fijo? Porque piensa que los tipos de interés van a seguir subiendo. Los tipos de interés, aunque puedan subir algo más, no será como se esperaba hace unos meses. Este es el escenario más probable, y es interesante que el consumidor tenga esta información para poder tomar una decisión”, añade Santacruz. 

Este martes, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha anunciado en Twitter que va a proponer que sea gratuito cambiarse de una hipoteca variable a tipo fijo. “Así podríamos evitar las subidas de cientos de euros mensuales que terminarán en impagos”, ha defendido la ministra de Derechos Sociales. No obstante, según el acuerdo al que llegó el Gobierno con las entidades financieras en el conocido como “Código de Buenas Prácticas”, ya incluye una disposición transitoria que obliga a los bancos a lo largo de 2023 a no cobrar comisión por ese cambio.

Fuentes del entorno de Belarra han puntualizado que la medida no consiste solo en la gratuidad, sino que va más allá de eso. Estas fuentes lo enumeran en tres puntos. La primera, es que la gratuidad se extienda más allá de 2023. La segunda, es que los bancos asuman “cualquier gasto derivado de la operación”, más allá de la propia comisión. Por último, en el caso de una subrogación –cambiar la hipoteca a otro banco que ofrezca mejores condiciones– que se obligue al banco de origen a realizar una oferta, para “activar el principio de competencia”. 

La asociación de consumidores financieros Asufin ha valorado que la idea no es mala de cara al futuro, pero llega tarde para los clientes que actualmente se encuentren asfixiados, y que podrían haber cambiado su hipoteca cuando el Banco Central Europeo anunció en verano la hoja de ruta con las vertiginosas subidas de tipos de interés. “Los cambios a tipos fijos por encima del 3% son totalmente desaconsejables en estos momentos, dado que incorporan una suerte de cláusula suelo que penalizará al cliente frente a futuras bajadas de los tipos”, explica la organización en un comunicado. 

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, los consumidores empezaron a abrazar masivamente las hipotecas a tipo fijo a partir de 2021, cuando las firmas superaron por primera vez en la historia a las de tipo variable. Esta tendencia se frenó en julio de 2022, con el encarecimiento del crédito, que provocó un rebote de las de tipo variable. No queda claro si este rebote se produce por elección de los consumidores, o por la reducción de ofertas de tipo fijo de los propios bancos. En enero de 2023, un 67,4% de los nuevos hipotecados usaron el tipo fijo, pese a que la oferta ya es menos económica.

En conversación con infoLibre, la responsable de comunicación de Asufin, Verónica Rodríguez, explica que “no hay que dejarse llevar por el alarmismo de los bancos” para seguir eligiendo el tipo fijo a toda costa: “Hacemos un llamamiento a la tranquilidad. Nadie sabe lo que va a pasar, pero según los mensajes que ha ido trasladando el Banco Central Europeo, se aproxima una moderación de las subidas”, añade Rodríguez.

El hipotecado a tipo variable, cuya cuota hipotecaria empiece a resultar asfixiante, dispone de varias herramientas. La primera: negociar para buscar una posible oferta mejor. Con su propio banco –novación de la hipoteca– y con los de la competencia –subrogación–. Esto ofrece dos complicaciones para los consumidores: el miedo y la pereza. Miedo a que se acabe firmando un contrato incluso peor por alguna cláusula que se escape al entendimiento del hipotecado. Y pereza por lo farragoso que supone estudiar todas las opciones, negociar con entidades financieras, decidir cual es la mejor decisión. 

“Las complejidades de negociar con la banca se abordan dedicándole mucho tiempo y buscando el asesoramiento de asociaciones como Adicae”, explica Manuel Pardos, presidente de este organismo. “Nosotros creemos que el hipotecado debe hacer un ejercicio que es obligatorio: un buen cálculo en una hoja de excel que incluya toda la vida del crédito en todas sus vicisitudes, plazos, tipos, etc. Es lo que le hacemos a un consumidor cuando nos pide asesoramiento. Es muy fácil hacerse un simulador propio”, explica Pardos.

En el mercado hay numerosas opciones y simuladores, algunos gratuitos y otros de pago. La asociación financiera Asufin publica el último día de cada mes un resumen de la evolución del euríbor y hace una previsión de cómo estima que van a evolucionar los tipos de interés, una información fundamental para cualquier persona que dude entre una hipoteca fija y una variable. 

“Consideramos que la oferta de tipos fijos ahora es elevada. Un tipo fijo a partir del 3% nos parece un error, y hay ofertas incluso por encima del 4%”, explica Verónica Rodríguez, de Asufin. Esta asociación estima que el euríbor, que cerró en marzo al 3,64% alcanzará el 4% en junio. A partir de ahí prevén varios meses de “meseta”, en los que el euríbor se mantendría a ese nivel, hasta que en el segundo semestre empiece a descender hasta terminar el año en un 3,7%. 

Como informó infoLibre, esta asociación ya acertó en julio de 2022 cuando alertó del enorme encarecimiento de hipotecas que iba a empezar a producirse, cuando en el mercado aún había ofertas muy económicas de tipos fijos. Mientras la patronal de las entidades bancarias estimaba un euríbor del 1% en diciembre, Asufin ya alertaba de que estaría por encima del 1,5%, una estimación que calificaba incluso de “conservadora”. El euríbor alcanzó el 2% en septiembre. 

Laura Martínez, portavoz de iAhorro, da fe de la gran cantidad de solicitudes de hipotecados que quieren cambiar al tipo fijo. Según sus datos propios, que ha podido consultar infoLibre, en enero de 2022, estas operaciones suponían el 3% respecto al total de actividades de la empresa. En julio de ese año suponían el 25%. En diciembre, el 44%. En marzo de 2023, el 56% de las operaciones que hace iAhorro es asesoramiento para la mejora de la hipoteca.

Este organismo cree que hay algunos perfiles concretos que sí podrían beneficiarse de pasarse a un tipo fijo: “Tenemos usuarios que vienen con unas hipotecas variables con diferenciales del 2% más el euríbor. Eso supone que pagan un 2% más el euríbor actual, de más del 3,5%, es decir, más del 5,5%. Estos perfiles sí pueden encontrar hipotecas a tipos fijos más económicas que eso”, añade Martínez. 

Martínez considera que una hipoteca a tipo fijo de en torno al 2,5% sí sería una buena hipoteca. Según los cálculos que han hecho cuatro expertos consultados por infoLibre, una hipoteca a tipo fijo del 2,5% sería una buena opción en este momento. El problema es que no es fácil encontrarlas. “La oferta promedio está entre un 3,5%, 3,75%, incluso 4%”, explica el analista Javier Santacruz. Según los últimos datos disponibles del INE, hace tres meses, la hipoteca media contratada era de 2,79%.

En caso de no encontrar una oferta mejor de la que actualmente se dispone: "Aguantar la respiración", explica Santacruz. "Apostar a que va a bajar en los próximos meses y beneficiarse cuando bajen un poco los tipos", añade el analista.

Si la cuota hipotecaria se ha convertido en algo asfixiante, el afectado dispone del Código de Buenas Prácticas, reformado en noviembre de 2022 por el Gobierno, que permite reestructurar toda la cuota hipotecaria. Según la información publicada por infoLibre en febrero, Caixabank, que es la entidad de mayor tamaño con diferencia, solo había recibido en esa fecha 820 solicitudes para acogerse al mencionado protocolo, por lo que el cómputo global no debe superar los varios millares de clientes. El Gobierno, cuando lo firmó en noviembre, esperaba que beneficiara a un millón de hogares.

De esta pugna de los consumidores de los bancos, el analista Javier Santacruz extrae una conclusión: "Se está notando cómo la competencia bancaria se está resintiendo en España. Todas las entidades siguen los mismos cánones. Aparte de Deutsche Bank, las entidades extranjeras que operan en España no tienen banca comercial. No tener una integración bancaria a nivel europeo hace que los niveles de competencia dentro de los países se estén mostrando reducidos", critica el analista.

Una sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid podría abrir la puerta a reclamar las cantidades indebidamente cobradas por cláusulas suelo desde el "mismo origen del préstamo", y no desde 2013, año establecido por el Tribunal Supremo al limitar los efectos retroactivos a la fecha de 9 de mayo de 2013, pese a haber sentencia firme, según explica Asufin e informa Europa Press.

La presidenta de la asociación, Patricia Suárez, ha afirmado que con esta sentencia "la Audiencia Provincial de Madrid restablece así una situación que era absolutamente injusta para miles de afectados que tenían una sentencia firme y que en los tribunales les estaban diciendo que se aplicaba el principio de cosa juzgada, es decir, que si ya habían reclamado y recuperado desde mayo de 2013 en adelante, no podían hacer lo propio por las cantidades atrasadas".

De esta forma, la asociación espera que el Tribunal Supremo convalide esta interpretación jurídica de la Audiencia Provincial de Madrid, porque "se restablecería así la injusticia que supuso para muchos afectados quedarse con una sentencia firme sin poder reclamar las cantidades abonadas de más por la cláusula suelo".

El tribunal, en la sentencia facilitada por Confilegal a Asufin, considera que "no concurre la excepción de cosa juzgada" y da la razón a la consumidora, condenando a la entidad, Credifimo, al pago por las cantidades indebidamente percibidas por aplicación de la cláusula suelo desde el 5 de octubre de 2007, fecha en que se firmó el préstamo hipotecario.

Igualmente, la Audiencia Provincial de Madrid recuerda que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea consideró en 2016 que la limitación en el tiempo establecida por el Supremo "equivale a privar con carácter general a todo consumidor que haya celebrado antes de aquella fecha un contrato de préstamo hipotecario que contenga una cláusula de ese tipo del derecho a obtener la restitución íntegra de las cantidades que haya abonado indebidamente a la entidad bancaria sobre la base de la cláusula suelo durante el período anterior al 9 de mayo de 2013".

Asismo, la sentencia del TJUE indicaba que esta limitación en el tiempo "sólo permite garantizar una protección limitada a los consumidores" de préstamos hipotecarios con cláusulas suelo, justificando que "no resulta compatible" con el derecho de la Unión Europea (UE).

Por ello, la Audiencia Provincial de Madrid declara en la sentencia la "íntegra estimación" de la consumidora y condena a la entidad al pago de la cantidad que se determine en la ejecución de la sentencia por las cantidades indebidamente percibidas desde el 5 de octubre de 2007, fecha en que se firmó el préstamo hipotecario, hasta el 30 de mayo de 2016.

Facua-Consumidores en Acción ha interpuesto este jueves una denuncia ante el Ministerio de Consumo contra Netflix por no fundamentar ningún motivo válido contemplado en los contratos para aumentar los precios, según informa Europa Press.

La denuncia ha sido presentada ante la Dirección General de Consumo del Ministerio de Consumo y las autoridades de protección al consumidor de las diecisiete comunidades autónomas, según ha comunicado la organización de defensa de los consumidores. Netflix comunicó en octubre la subida de precios de su plan Estandar y Premium, que pasaban a costar 12,99 euros y 17,99 euros, respectivamente.

La organización entiende que este aumento de tarifas responde a una cláusula de los términos y condiciones que reserva a Netflix la capacidad de cambiar sus precios cuando lo "considere oportuno", algo que Facua considera abusivo.

"Esta cláusula de los Términos de Usodebe reputarse como abusiva ya que la compañía pretende otorgarse la capacidad de modificar el contrato de forma unilateral, en cualquier momento y con base en circunstancias completamente indeterminadas", denuncia la asociación.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) reveló el pasado miércoles que algunas compañías eléctricas han inflado hasta en un 30% los recibos de la luz de sus clientes en el mercado libre aprovechando los cambios en los peajes que empezaron a aplicarse el pasado 1 de junio. Además de esa variación en los peajes, incluyeron un aumento en el coste de la energía facturada. Mientras unas empresas han informado al cliente de manera “transparente y comprensible” sobre ese coste adicional, dándoles la posibilidad de rescindir el contrato sin penalización, otras han mentido al consumidor asegurando que la subida en el recibo se debía únicamente al cambio en los peajes.

Pero la CNMC no ha hecho públicos los nombres de las eléctricas que han cometido lo que, según explica la Organización de Consumidores de España (OCU), puede constituir una infracción grave, castigada con multas de 600.000 a seis millones de euros. Ni tiene intención de hacerlo, por lo menos hasta que termine el procedimiento de supervisión a las compañías en que está embarcado el organismo, explica un portavoz. De momento, ha finalizado una primera fase, tras solicitar información a las 25 comercializadoras con mayor número de clientes, que poseen una cuota de mercado del 91% de puntos de suministro en el mercado libre en baja tensión. En la segunda, pidió información a las siguientes 18 empresas del ranking. Ahora está analizando los últimos datos para averiguar si éstas han inflado también los recibos. No se sabrá el resultado de la supervisión hasta dentro de unas semanas. Cuando finalice, la CNMC determinarási se trata de “una irregularidad en vías de corrección o de una infracción”. Sólo en este último caso abrirá un procedimiento administrativo, un expediente, y desvelará los nombres de las empresas infractoras.

“No se puede concluir sobre la comisión de un ilícito sin previa tramitación de un procedimiento en el que se incluya la posibilidad de alegación y prueba por parte de los administrados. No hacerlo así constituye una vía de hecho que queda al margen de cualquier Estado de Derecho y, además perjudicaría el posterior sancionado (al haberse ya prejuzgado la decisión en un informe previo)”, argumenta la CNMC.

Tanto Facua como la OCU han pedido por escrito a la CNMC que haga públicos ya los nombresFacua de estas comercializadoras. También que las sancione con carácter inmediato. El supervisor asegura que ha “solicitado” a las eléctricas que “regularicen” los recibos aplicando los “precios correctos”. “Muchas” de ellas, añade sin precisar más, ya han comenzado a hacerlo. Es decir, a devolver el dinero cobrado indebidamente. Un proceso, además, que también supervisará la CNMC. 

Sin embargo, para la OCU, la publicación de los nombres una vez concluido todo el procedimiento llegará “tarde”. “Los consumidores están con las manos atadas por la falta de transparencia”, explica a infoLibre su portavoz, Enrique García. No sólo desconocen a quién deben reclamar si se les ha cobrado de más, sino que ya de por sí se encuentran indefensos por culpa de una factura “artificialmente difícil” que es “territorio abonado para los abusos”“territorio abonado para los abusos”. También advierte de que no es suficiente con “pedir” a las compañías que regularicen los recibos, sino que debería “obligárseles” a hacerlo. “Estamos a disposición de las asociaciones de consumidores para compartir los análisis que estamos haciendo”, apunta por su parte la CNMC a preguntas de este periódico. Su portavoz niega que el consumidor quede “desprotegido”. “Seguiremos este tema hasta que se regularice la situación de todas las comercializadoras”, avanza.

Lo que dice la ley

La CNMC no publica los nombres de las empresas a las que inspecciona cuando investiga, por ejemplo, un posible cártel que distorsiona la libre competencia. Sólo lo hace una vez que abre el expediente administrativo. En el caso de los informes de supervisión –de sectores como el eléctrico, que tiene bajo su competencia–, no revelar la identidad de las empresas infractoras responde “más a una práctica” que al cumplimiento de una normativa interna, indica el portavoz de la CNMC. De hecho, el supervisor de los mercados está sometido a la Ley de Transparencia igual que cualquier otro organismo público. Para que no fuera así, la CNMC tendría que contar con un “régimen jurídico propio y específico de acceso a la información” en su ámbito, tal y como establece el Tribunal Supremo en una sentencia de noviembre de 2020, que resuelve un litigio de transparencia contra otro supervisor, la CNMV. Según el Alto Tribunal, la Ley de Mercados de Valores “no contiene un régimen específico y alternativo que desplace el régimen general de acceso a la información” contenido en la Ley de Transparencia, “ni limita o condiciona el acceso a la información en materias que no se encuentren protegidas por la confidencialidad”. En el caso de la CNMC, el breve capítulo VIII –sólo tiene dos artículos– de su reglamento de funcionamiento se limita a indicar que su actuación “se ajustará a lo dispuesto en la normativa vigente sobre transparencia”.

En la Ley de Transparencia, el artículo 14 enumera las limitaciones del derecho al acceso a la información pública, entre ellos “los intereses económicos y comerciales”. Pero como precisa el abogado y experto en Transparencia Miguel Ángel Blanes Climent, el Tribunal Supremo ya dejó claro en una sentencia de 2017 que esos límites deben ser “interpretados de forma estricta”, para no dejar sin efecto el derecho de acceso a la información pública. “La posibilidad de limitar el derecho de acceso a la información no constituye una potestad discrecional de la Administración”, dictaminan los jueces. La ley establece también que la aplicación de esos límites debe ser “justificada y proporcionada” y “atenderá a las circunstancias del caso concreto, especialmente a la concurrencia de un interés público o privado superior que justifique el acceso”.

En el caso de las infracciones cometidas por las eléctricas, el “interés público es indudable y más que notorio”, subraya Miguel Ángel Blanes, teniendo en cuenta además la trascendencia de los precios de récord de la luz en la economía de los hogares golpeados por la crisis del coronavirus. La normativa de protección de datos no prohíbe la publicación de los nombres de esas empresas, añade el experto, por lo que deberían publicarse para no aumentar la alarma social e incluso para defender la reputación de las compañías que no han inflado las facturas o, si lo han hecho, han informado a los clientes como exige la ley. Ahora, y mientras no se sepa quiénes son las infractoras, abunda el portavoz de la OCU, Enrique García, todas están bajo sospecha.

Tal vez por ese motivo Iberdrola y Endesa se han apresurado a asegurar que no han sido “contactadas” por la CNMC para ”corregir errores de adaptación de los contratos” y que han seguido la metodología marcada por el supervisor para los nuevos peajes eléctricos. Pocas horas después de que ambas empresas negaran estar en el grupo de las infractoras, la CNMC publicó en su blog datos que precisaban el volumen del abuso cometido con los clientes: sólo en el 1,4% de los contratos analizados en la primera fase de la supervisión se habían inflado los recibos, unos 240.000. De ellos, en 150.000 las comercializadoras no habían informado a los consumidores convenientemente.

Algunas de las posibles infractoras

A falta de lo que decida la CNMC cuando termine su supervisión, la OCU ya dio el pasado mayo alguna pista sobre quiénes son las empresas que han infringido, precisamente, las normas de transparencia del mercado eléctrico. Entonces denunció que ciertas empresas estaban cobrando un 27,3% donde sólo debería haberse subido un 8,5% el recibo. Y citaba a Esfera Luz y Eres Energía como las comercializadoras con mayores aumentos. Seguidas de Naturgy, LuceraLucera en su modalidad con precio fijo, Gana Energía y Holaluz.

Por el contrario, aseguraba, las compañías en cuyos precios habían repercutido sólo los cambios regulados eran Lucera con su tarifa indexada, Som EnergíaSom Energía y Goiener.

Curiosamente, una de las exigencias de la CNMC a las eléctricas es que sean transparentes, en cumplimiento de la Ley del Sector Eléctrico, que establece el derecho del consumidor a recibir el servicio “a unos precios fácil y claramente comparables, transparentes y no discriminatorios”, así como a ser “debidamente avisado de forma transparente y comprensible de cualquier intención de modificar las condiciones del contrato”. No puede ser de otra manera: el propio supervisor destaca en su reciente informe de supervisión “el carácter de servicio de interés económico general” que constituye el suministro de energía eléctrica.

La abogada de la asociación de consumidores y usuarios de joyas Consujoya, Magdalena Entrenas, ha señalado tras asistir a la declaración de los responsables de la empresa Tous ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz por presunta estafa, que los representantes de la firma catalana "no han podido negar la evidencia" del relleno no metálico de determinadas piezas de plata, y ha pedido que califiquen al producto de chapado. "Digan que es chapado, pero no lo vendan a precio de oro y plata cuando no lo es", ha indicado, según informa Europa Press.

Así lo ha manifestado a las puertas de la Audiencia Nacional, donde ha acudido a la declaración como investigados del representante de Tous, Josep Maria Bosch, y de una representante legal del laboratorio encargado de análisis de las piezas de la marca, Applus+Laboratories.

Según ha explicado Entrenas, Bosch habría confirmado ante el juez Santiago Pedraz que la marca hace un uso "subjetivo" de una técnica denominada de electroformado por la que los metales preciosos se van adhiriendo a un molde durante su fabricación. Y recuerda la abogada que ese tipo de técnica no está regulada en la Ley de metales preciosos ni en el reglamento que la completa.

En este punto, Entrenas ha apuntado que el propio Bosch ha explicado que con el electroforming adhieren con electricidad las partículas de material precioso al molde, y que ha llegado a hablar de "baño", a la hora de explicar el proceso al juez.

"Alegan que sin esa técnica no podrían hacer piezas de ese tamaño y volumen porque no tendrían estabilidad. Pero se niegan a entender que lo que venden es bisutería, y quieren hacerlo pasar como joyas de primera ley de oro o plata. Digan que es chapado, pero no nos vendan a precio de oro y plata cuando no lo es", ha añadido.

A Entrenas le ha sorprendido además "el rebuscado argumento" de la representante del laboratorio citado, dado que ha explicado que el método que siguen para analizar las piezas es la de "destrucción". Según la acusación popular, el laboratorio recoge una muestra, la destruye, pesan el metal y lo analizan, y si tiene la plata "ya le dan la ley".

El artículo 39 del reglamento

Por último, la acusación popular ha lamentado no haber podido interrogar a los investigados, aunque ha quedado satisfecha con las preguntas de Fiscalía, y ha resaltado que en ningún momento se ha citado el artículo 39 del reglamento, en el que se habla de que la composición de los objetos "será la misma para todas las partes de cada objeto con la excepción, en su caso, de las soldaduras".

"La ley será uniforme en todo el cuerpo del mismo, o en cualquier caso superior a la mínima admitida como oficial, con la misma salvedad anterior", reza el artículo.

Tous defiende que "todas" sus joyas son de oro y plata

Tous, por su parte, ha defendido que "todas" las joyas que comercializa bajo su marca cumplen con la legislación española y son de oro y plata de primera ley.

"Estamos satisfechos de cómo ha transcurrido la comparecencia. Tous es una compañía centenaria que siempre ha cumplido con la ley. Estamos tranquilos porque confiamos en la justicia con la que colaboramos estrechamente para esclarecer la situación", ha afirmado en un comunicado la presidenta de Tous, Alba Tous.

La firma ha insistido en que cumple con todos los estándares mundiales de certificación de metales de primera ley en España, y que cada una de sus joyas está certificada por laboratorios oficiales autorizados de los que recibe el contraste de origen y el de garantía.

Además, ha aclarado que la marca incorpora en todas sus piezas el certificado de garantía y autenticidad en el que se especifica la técnica utilizada y la ley de los metales preciosos.

En este sentido, ha indicado que el electroforming es una tecnología, "avalada por todos los órganos técnicos de la Administración Pública y expresamente permitida por ley, que Tous empezó a utilizar en joyería en 1996".

"Contamos con el apoyo de instituciones y organizaciones oficiales del gremio de la joyería, y particularmente con la Asociación Española de Joyeros, Plateros y Relojeros", ha defendido Alba Tous.

El apoyo de los joyeros

Precisamente, esta asociación, que representa a más de 3.800 empresas del sector joyero español, ha emitido un comunicado en el que defiende que "la práctica de relleno de piezas de joyería no implica fraude ni manipulación", sino que el electroforming es una técnica propia de fabricación que ofrece al consumidor joyas con más diseño a un precio más asequible.

La asociación ha incidido en que una joya de plata puede llevar ese relleno y ser una joya de plata de primera ley, diferenciando la plata y el oro de ley de la plata y el oro macizos.

"La joyería es igual que otro complemento. Una joya no tiene un precio por el oro que lleva sino por su diseño, su marca, los colores y las gemas que usa. Una cuestión es comprar oro o plata al peso y otra muy diferente es comprar una joya de oro o de plata", ha sostenido la asociación.

Fundada en 1920, Tous cuenta con presencia en más de 50 países con 700 establecimientos y un equipo integrado por más de 4.000 profesionales.

Este viernes se abre una de las etapas clave a la hora de impulsar la directiva que legislará sobre las demandas colectivas en los países europeos. La Comisión Europea, el Consejo Europeo y el Parlamento Europeo comienzan un diálogo a tres bandas –los conocidos como tríalogos– para ultimar los detalles de la propuesta, que nació hace cerca de dos años. Su objetivo principal tiene que ver con mejorar el acceso a la justicia por parte de grupos numerosos de ciudadanos afectados por un mismo escándalo. Un paso que, a priori, resulta positivo para los ciudadanos pero que a juicio de la plataforma Xnet encierra algunas "trampas".

En abril de 2018, la Comisión Europea confeccionó y planteó una directiva relativa a las "acciones de representación para la protección de los intereses colectivos de los consumidores". La propuesta, presentada como parte del proyecto New Deal for Consumers –Nuevo Marco para los Consumidores–, tenía por objeto implantar, perfeccionar y desarrollar las acciones de representación conjuntas para los ciudadanos de la Unión Europea. El planteamiento inicial se valía de un informe, elaborado meses antes por la propia Comisión, donde se detallaba que tan sólo diecinueve países miembros contaban con recursos colectivos de indemnización y donde se advertía de las diferencias en su funcionamiento.

La propuesta comenzó a superar aquel año las primeras barreras. Enseguida emitieron sus posicionamientos el Comité Económico y Social Europeo, además del Comité de las Regiones de la Unión Europea. Ya en marzo de 2019, el Parlamento Europeo desgranó su posición después de una primera lectura y en diciembre la propuesta aterrizó en el Consejo Europeo, que alcanzó un "acuerdo de compromiso" de cara al desarrollo de un proyecto. Este miércoles, la Comisión de Asuntos Jurídicos confirmó la posición negociadora del Parlamento Europeo.

Uno de los motivos más sólidos que empujaron a la Comisión Europea a sugerir el cambio de modelo tiene que ver con el escándalo del conocido como DieselgateDieselgate, un ejemplo de la imposibilidad para los afectados de ejecutar acciones colectivas en gran parte de los países miembros. Para evitar escenarios similares, la directiva abre la puerta a la acción colectiva, que limita a entidades muy concretas que deben cumplir con unos mínimos básicos, como las organizaciones de consumidores u otros organismos independientes. Entre las condiciones trazadas, se encuentra la ausencia de fines lucrativos o de acuerdos financieros con despachos de abogados.

Xnet recuerda que "ésta es una directiva de mínima transposición", de manera que aquellos países que ya cuenten con sistemas de acción colectiva "preservarán sus sistemas existentes a nivel nacional, los cuales coexistirán con un nuevo régimen común" al resto de países europeos. Pero ese régimen común, ese punto de partida, no resulta del todo satisfactorio. La propuesta "podría haber sido una gran oportunidad para atajar los vacíos de la multitud de sistemas colectivos nacionales existentes", sostiene la plataforma, "a la vez que extender la acción colectiva al resto de las jurisdicciones europeas que aún no cuenten con los mismos". No ha sido así.

Es cierto que la directiva "armoniza el derecho de los consumidores" y es una "buena noticia porque legisla" respecto a un problema palpable, pero "la izquierda no ha sabido ver la trampa" que habita en "los muchos matices". Así lo interpreta Simona Levi, fundadora de Xnet, en conversación con infoLibre.

La plataforma carga contra lo que entiende como "una limitación injustificada" del acceso a la representación colectiva por parte de la sociedad civil, cuya iniciativa se verá completamente supeditada a las clásicas asociaciones de consumidores. Es el modelo español y no es el ideal, reflexiona la portavoz de la organización. Por el contrario, la activista cree importante la coexistencia entre estas plataformas tradicionales y otras "ciudadanas ad-hoc de carácter temporal" que tengan como único objetivo la acción colectiva y cuya actividad cese tras el cierre del caso.

Otro de los puntos débiles de la directiva tiene que ver, en su opinión, con haber dejado al margen "la colaboración entre entidades" de diferentes países o incluso "la legitimación para actuar" fuera de las propias fronteras nacionales. Levi echa en falta una mayor libertad de movimiento, para que cada plataforma pueda acoger afectados de países vecinos, o conglomerar a los perjudicados por "abusos transnacionales" para que "puedan unirse" con el propósito de litigar de manera conjunta.

Finalmente, uno de los grandes ausentes del acuerdo es el refuerzo material y humano. "Una justicia lenta, no es justicia", destaca la organización, que plantea un límite temporal máximo para la resolución de los casos, con el fin de blindar "la tutela judicial efectiva".

En definitiva, lamenta Levi, "hay muchos aspectos positivos pero cierra la puerta para siempre a la autoorganización de los afectados por abusos sistémicos". Es importante, a su juicio, que los consumidores "puedan reagruparte ad-hoc, no de forma permanente constituyéndose en plataformas de consumidores".

Margen de actuación

Pero aún hay posibilidades de mejora. Simona Levi recuerda que los grupos parlamentarios todavía tienen margen de actuación para negociar la forma final que adoptará la legislación. Si bien las negociaciones entre los tres organismos europeos comienzan este viernes, el proceso hasta consolidar la directiva se prevé largo.

Por el momento, Xnet ha tratado de contactar con los diferentes grupos del bloque de la izquierda, pero todavía no ha obtenido respuesta. Con el inicio de la nueva etapa de negociación a tres bandas, la portavoz de la plataforma recuerda que "todavía estamos a tiempo" y pide que el nuevo marco legislativo no se convierta en "una oportunidad perdida".

La Audiencia Provincial de Madrid ha avalado en una resolución la veracidad de la investigación realizada por Facua sobre María Rosa Díez, responsable según la asociación de consumidores de difamaciones contra esta organización de consumidores a través de internet, informó Europa Press. Díez, condenada ahora en costas y que niega las difamaciones, había acudido a la justicia civil con una demanda de intromisión ilegítima en el derecho al honor contra Facua y su portavoz, Rubén Sánchez, por publicar que estaba detrás de diversas noticias falsas [ver aquí la información de Facua de 2017]. Reclamaba en su demanda 60.000 euros a Facua y otros 25.000 a Sánchez en concepto de daños morales, además de la publicación en la web de la asociación de la sentencia que se dictara condenándoles por intromisión en su honor. La demanda fue rechazada por el Juzgado de Primera Instancia número 62 de Madrid en noviembre de 2018. La Audiencia confirma ahora el archivo al considerar veraz la información de Facua. Díez insiste en que lo desvelado por la organización no es cierto.

El tribunal señala en los razonamientos jurídicos de su sentencia, a la que ha tenido acceso infoLibre, que los hechos deben de ser valorados "en el contexto de la discusión virtual" que ambas partes desarrollan en redes sociales como Twitter y que se remontan a 2013. Además, considera que prevalece el derecho a la información ejercido por Facua sobre el del honor, ya que la propia recurrente se presenta a sí misma como un "persona de relevancia social en redes". La Audiencia de Madrid subraya la veracidad de la información publicada por Facua, que responde a una investigación hecha "con toda la diligencia posible".

En dicha investigación, publicada por Facua en febrero de 2017, se puso de manifiesto que era Díez quien había comprado el dominio de internet desde el que se difundían originariamente los supuestos bulos, pasionporlasruedas.com, y también la persona que estaba detrás del perfil de Twitter de una falsa "plataforma de afectados por Facua".

En un comunicado, Facua señala que "Díez se dedica desde comienzos de esta década a vender cursos de redes sociales asegurando ser asesora de la Policía y la Guardia Civil –algo desmentido por ambos cuerpos– y hace unos años se autoproclamó como la 'guardia pretoriana' del presidente de Ausbanc, Luis Pineda", pendiente de juicio por extorsión. La organización de consumidores señala que "ambos [Díez y Pineda] emprendieron juntos campañas de difamación contra Facua" [ver aquí información en infoLibre sobre los insultos de Luis Pineda a Sánchez].

Una supuesta plataforma de afectados

"La empresaria –señala Facua en su comunicado– orquestó un montaje con el que logró que medios como Okdiario, Prnoticias y las cabeceras del andaluz Grupo Joly publicasen noticias en las que aseguraban que las víctimas del caso Volkswagen que se unieron a Facua habían interpuesto una querella por estafa contra la asociación de consumidores". Una investigación desarrollada por la organización y publicada en la web www.facua.org en febrero de 2017 señalaba a Díaz como la persona que había comprado el dominio de internet desde el que se difundió originariamente el "bulo", pasionporlasruedas.com, y también la persona que estaba detrás del perfil de Twitter de una supuesta "plataforma de afectados por Facua". Esa es la información cuya veracidad ha sido ahora avalada judicialmente, señala Facua.

La publicación de Facua relataba que la empresaria estaba detrás de "decenas de perfiles en Twitter y páginas webs", desde los que publicaba "todo tipo de montajes difamatorios, así como el hecho de que en la red hay multitud de informaciones en las que la acusan de acoso, amenazas, plagios, impagos, prácticas de spam y de insultar a alumnos que se quejan de la mala calidad de sus cursos de redes sociales", señala la organización.

La Audiencia de Madrid ha ratificado que ninguna de estas informaciones vulnera el honor de Díez y señala en su sentencia que al publicarlas, Facua se basó en diversas "fuentes y publicaciones".

Recurso ante el Supremo

Díez afirma que ha recurrido la resolución de la Audiencia ante el Supremo y recalca que lo que se afirma es que la información "es veraz, que no es lo mismo que verdad". Díez asegura que Facua quiere “romper” su “credibilidad” por la denuncia presentada por ella contra la organización de consumidores por “fraude en subvenciones”, según explica.

Desde el año 1983, cada 15 de marzo es el Día Mundial de los Derechos del Consumidor. Ya son 36 años conmemorando la fecha. No obstante, el movimiento en defensa de los consumidores comenzó mucho antes. Fue en la década de los años 60. En ese momento, cinco organizaciones de consumidores provenientes de Estados Unidos, Europa Occidental y Australia fundaron la International Organisation of Consumers Unions (IOCU). Es lo que hoy se conoce como Consumers International, una plataforma que ha crecido hasta las 200 organizaciones presentes en un centenar de países. También de España, representada a través de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), Facua-Consumidores en Acción y la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae). Su objetivo, según explican ellos mismos, es "fortalecer y defender los derechos de los consumidores en cualquier lugar". 

Porque es una meta en continuo movimiento. La sociedad ha cambiado mucho desde los años 60. Y la forma de consumir también. "Hace 20 años hablábamos de la globalización que ya sentimos. Ahora, con la sociedad de la información cabalgando a gran velocidad entendemos que el consumo va a sufrir una transformación. Ya la está sufriendo, de hecho. Por eso, será necesario un vuelco en la protección de los consumidores y en la legislación del consumo", afirma Manuel Pardos, presidente de Adicae, en conversación con infoLibre. "El 15 de marzo, que es el Día Mundial de los Derechos del Consumidor, se vive en España en medio de grandes problemas que no han sido resueltos", añade. Tanto en el ámbito del "consumo financiero como en el del no financiero". 

A nivel global, Consumers International ha marcado en el calendario este viernes con un lema: "Productos inteligentes de confianza". Lo que quieren, dicen, es enfatizar "la importancia de que los consumidores tengan acceso a productos y servicios digitales en los que puedan confiar". Pero eso es a nivel internacional. ¿Y en España? ¿Qué retos continúan teniendo los consumidores? 

Una mayor concienciación: del consumidor pasivo al consumidor activo

Fernando Móner, presidente de la Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU), no duda en su respuesta cuando se le pregunta qué retos continúan teniendo los consumidores. "Hay muchísimos", dice, tajante. Pero hay uno "primordial": "En España tenemos un nivel de protección al consumidor alto. Ya tenemos derechos, pero uno de los retos más importantes es conseguir darlos a conocer a la gente para que se muestren exigentes con el cumplimiento de los mismos", asegura. 

Y es que su protección es un derecho constitucional. El artículo 53 de la Carta Magna así lo especifica: "Los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos". Una voluntad que, más tarde, fue concretada en la legislación estatal, autonómica e, incluso, europea. Según recuerda la Agencia Europea de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aecosan), dependiente del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, hay 17 leyes estatales, 11 reales decretos y 17 reglamentos autonómicos, uno por cada comunidad. 

Una vez conocida la legislación, habría que abordar el siguiente reto, que llega de su mano de forma inevitable. "Hay que crear conciencia de verdadero consumidor", apunta Móner. Hacen falta, dice, consumidores "exigentes, racionales, responsables y críticos". "Pero eso no lo vamos a conseguir si no somos capaces de que en edades muy tempranas podamos hacerle llegar a la gente la información o la formación necesaria como consumidores", añade. No quiere, de este modo, que sean las distintas organizaciones sociales las que inviertan en formación. "Lo que no se enseñe en edades tempranas no se va a convertir en un hábito que se utilice de manera habitual en la edad adulta", sentencia. 

Establecimiento de sanciones: de la multa a la indemnización al consumidor

Pero un consumidor más concienciado no es suficiente si, cuando exige sus derechos, no consigue nada. En este sentido, Rubén Sánchez, portavoz de Facua, asegura que el principal reto consiste en que el "futuro gobierno asuma competencias en materia sancionadora contra las empresas que cometen fraudes que vulneran la normativa de protección al consumidor". Además, añade, esas competencias tienen que ser compartidas por las comunidades autónomas. "Los fraudes deberían ser multados por una autoridad independiente que esté marcada en el Ejecutivo central", dice. 

No obstante, la sanción no debe acabar solo en una multa a la empresa. Debe conllevar, también, algún tipo de compensación al consumidor que ha sufrido el fraude. "También habría que regular cuestiones que quedan pendientes desde hace muchos años, como el derecho a ser indemnizado después de haber sufrido un abuso, un error o una irregularidad por parte de una empresa", afirma Sánchez, que va un poco más allá.

Si no se indemniza es, en parte, porque los servicios de atención al cliente no funcionan de manera correcta. En este sentido, apunta a que "habría que incorporar la obligación" de que estos servicios se ofrezcan a través de "líneas gratuitas" en las que, además, haya "protocolos de obligación de respuesta a cualquier tipo de reclamación en un determinado plazo". Es decir, si se reclama, que se obtenga una respuesta. De la forma más rápida posible y, además, por escrito. "La obligación de responder debe ser por una vía telemática. Por ejemplo, por correo electrónico, dejando la contestación por escrito", dice. Así se evitarían, remata, "tantas y tantas quejas en las que siempre se queda todo en el olvido, el usuario no recibe respuesta y queda desamparado". 

Resolución de los conflictos enquistados: los abusos de la banca

Pero no todos los retos son tan generales. Hay otros más específicos que, según explican las fuentes consultadas por infoLibre, no se habrían producido con esas precauciones. Pero no se tomaron a tiempo. Y ahora hay conflictos abiertos y enquistados. El más flagrante tiene que ver con el sector financiero. Y es que la banca ha sido uno de los sectores más problemáticos para los consumidores. Sobre todo por lo que ha tenido que ver con los abusos hipotecarios. 

El último frente se abrió en octubre. El día 18 de ese mes, el Tribunal Supremo daba un importante varapalo judicial a la banca. Estableció que serían las entidades financieras, y no los consumidores, las que deberían hacer frente al pago del Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados (AJD). Pero esa jurisprudencia no llegó ni a los 20 días de vida. El 6 de noviembre el Alto Tribunal daba marcha atrás y se situaba del lado de los bancos. De nuevo, el pago del impuesto correría a cargo de los hipotecados. La decisión que había generado esperanzas en las asociaciones de consumidores, que pensaron que era la oportunidad para que miles de personas recuperaran el dinero que habían pagado de más, quedó en nada. 

Y ahí entró la política. El pasado 21 de febrero el Congreso de los Diputados aprobó la nueva ley hipotecaria, una transposición de una directiva europea que acumulaba ya tres años de retraso. Con ella, el Gobierno consiguió —in extremis— que la primera decisión del Supremo fuera la que prevaleciera. En otras palabras: el consumidor no volverá a pagar el impuesto sobre las hipotecas. Lo hará la banca.

Sin duda, fue un triunfo para los consumidores, que no siempre han podido celebrar una victoria en sus batallas con la banca. Las cláusulas suelo son un ejemplo de ello. Y es que todavía no se ha devuelto todo lo que se debe a los afectados: por la vía extrajudicial creada en enero de 2017 se han devuelto 2.199,81 millones de euros a un total de 488.113 afectados. Las preferentes son otro. Su solución, además, no parece cercana. Sin ir más lejos, el pasado mes de marzo la Audiencia Nacional confirmó el archivo de la investigación a la cúpula de Caja Madrid por la comercialización de este tipo de participaciones que, pese a su dificultad financiera, afectaron a miles de usuarios convencionales. 

"El 15 de marzo tendría que ser el día para reclamar derechos de los consumidores, y aquí se debe mucho dinero a muchas personas. La banca ha defraudado durante años a familias hipotecadas, y esos abusos tienen que ser denunciados. A la banca todavía le quedan muchos problemas", lamenta Pardos. Son, por ejemplo, el Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios —que está ahora bajo la lupa de la justicia europea— y las cláusulas de vencimiento anticipado —sobre la mesa del Tribunal de Justicia de la UE—. "La banca no quiere ni dialogar ni aceptar un sistema que le reconcilie con los usuarios. Lo que quieren es seguir con su predominio y prepotencia", denuncia. 

"Es un mercado donde seguimos teniendo contratos de adhesión donde el consumidor tiene muy poco que decir en cuanto a comisiones o cláusulas contractuales. Tiene que otorgarse a los consumidores la capacidad de poder intervenir en condiciones de igualdad", añade Móner. 

La problemática del sector eléctrico y el transporte

Pero no solo es la banca. Las batallas entre los consumidores y las empresas también están en el sector eléctrico o en el sector del transporte. Y es que, denuncian las organizaciones de consumidores y usuarios, todavía no hay manera de aclarar la factura de la luz que, por otro lado, cada vez es más cara. Este mismo miércoles, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, estimó que el fin de la suspensión temporal del impuesto del 7% a la generación de energía eléctrica a partir del próximo mes de abril podría suponer un alza de entre "dos o tres puntos porcentuales", lo que representará un encarecimiento en el recibo de la luz de "entre 0,5 y 1 euro por familia".

"Necesitamos un sistema energético transparente" y que no deje a nadie fuera, reclama Móner. "Los precios deben ajustarse al coste de producción más real y mantener un sistema que permita saber por qué se paga lo que se paga", añade. 

Habrá cambios en el sector antes de las elecciones. Al menos, así lo anunció el Gobierno este martes. Antes de que acabe la legislatura, el Ejecutivo aprobará la Estrategia de Pobreza Energética y real decreto por el que se regularán las condiciones para el autoconsumo de electricidad, ese por el que hace menos de un mes se manifestaron varios grupos ecologistas. Y es que para ellos, esta normativa es esencial para que los consumidores dejen de pagar los precios que han estado pagando hasta ahora. 

Por último, los expertos mencionan el reto del transporte. En este sentido, Móner reclama la modernización del ferrocarril y la vertebración de aquellos territorios 'olvidados'. Pardos, por su parte, reclama más protagonismo, por ejemplo, en el conflicto que enfrenta desde hace meses a los taxis y a las VTC. "El consumidor no tiene voz en ese conflicto. Los consumidores enviamos propuestas pero no se nos hizo caso. Se apela al 'todo para el consumidor, pero sin el consumidor', y ya sabemos a qué nos evoca eso", denuncia. 

"Los problemas que hoy sufre un consumidor los están sufriendo miles de personas al día. Por eso no solo hay que mejorar la regulación, sino que hay que centrarse en resarcir cuando alguien sufre un abuso", sentencia Sánchez. 

Fórum Filatélico, Afinsa, Arte y Naturaleza. Nombres que, al oído, resultan familiares. Sobre todo para las alrededor de 470.000 víctimas que dejaron esas tres compañías. Se convirtieron en eso, en víctimas, el 9 de mayo de 2006, hace casi 13 años, cuando los dos primeros grupos fueron intervenidos judicialmente por un presunto delito de estafa. Meses después, estos dos casos arrastraron al tercer grupo a la quiebra. Más de una década es demasiado tiempo como para que vuelvan a ser escuchadas. Porque, denuncian, nunca lo fueron. Ni en el terreno judicial —porque consideran insuficientes las penas impuestas a los responsables de las empresas— ni en el político. En ninguna de las cuatro legislaturas que han pasado desde entonces han conseguido el reparo institucional que buscaron desde el principio. Según denuncian, ninguno de los presidentes del Gobierno que han pasado por la Moncloa ha puesto nada de su parte para ello: ni José Luis Rodríguez Zapatero, ni Mariano Rajoy ni Pedro Sánchez.

No fue por falta de intentos. Algunos, incluso, llegados desde la política. El Congreso de los Diputados aprobó, por unanimidad y a través de una Proposición No de Ley (PNL) presentada por UPyD en 2014, "valorar la situación de los afectados por las empresas" y "la procedencia de adquirir o financiar, total o parcialmente, la deuda con los afectados, teniendo en cuenta las cuantías eventualmente recuperables en los procedimientos concursales". 

No fue exactamente lo que la Asociación de Consumidores de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae) quería, pero sí fue un paso. Lo que ellos proponían, recuerda su presidente, Manuel Pardos, a infoLibre, es que el Instituto de Crédito Oficial (ICO), una entidad de carácter público, adquiriera los títulos de los afectados por un precio equivalente del 85% de su nominal. Y esta propuesta la llevó también al Congreso de los Diputados Izquierda Plural (IU-ICV-CHA). Pero no prosperó. "Lo que al final aprobó el Congreso fue una ambigüedad", critica Pardos. Ambigüedad que, además, llegaba tarde para las víctimas de las tres estafas. Pero el problema es que todavía ni siquiera se ha dado salida a ese mandato de la Cámara Baja. No obstante, los afectados no solo cuentan con el apoyo del Congreso. También tienen el de las Cámaras autonómicas que aprobaron, explica Pardos, mociones similares a lo que reclamaban. 

El Consejo de Ministros de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó en el año 2007 una línea de crédito del ICO, según informan a este diario fuentes de la institución. En concreto, según se publicó entonces, se acordó "la instrumentalización de una línea de mediación de anticipos a cuenta por importe de hasta 500 millones de euros, destinada a los afectados del caso Fórum Filatélico y Afinsa". Cinco años más tarde, el Consejo de Ministros de Mariano Rajoy amplió esa financiación. Pero "pocas personas se acogieron a ella porque luego había que devolverla", explican fuentes de Adicae. 

"Nadie ha hecho nada después de aprobar la PNL", critica Pardos. Todo sigue igual. Y parece que lo seguirá estando, aunque el presidente de Adicae cree que, ante la convocatoria de elecciones, cabe la posibilidad de que se retome el tema en campaña. "Se prometen muchas cosas", denuncia.

Por eso, asegura que su asociación está trabajando ahora en nuevas acciones judiciales. "Adicae sigue empeñada en que tiene que haber algún tipo de solución política y judicial", explica. Creen, dice, que "tiene que haber alguna solución que permita que a las víctimas recuperar su dinero". "Seguiremos luchando en el terreno judicial", afirma. Se plantean hacerlo en forma de demanda por un "mal funcionamiento de la Justicia". 

450.000 afectados

La solución política y el reparo institucional no ha llegado para los afectados. Pero sí lo hizo la justicia. Primero, en Afinsa. Fue en febrero de 2016, diez años después de que el grupo fuese intervenido por un supuesto delito de estafa. Un delito confirmado por la Audiencia Nacional, que condenó a 11 de los 13 exdirectivos por la estafa piramidal con la compraventa de sellos que dejó un agujero de 2.574 millones de euros y afectó a más de 160.000 inversores, cuenta Pardos. No solo hubo estafa, también insolvencia punible y falseamiento de cuentas anuales. 

No obstante, en febrero de 2018 el Tribunal Supremo rebajó las penas. Pero más allá del proceso judicial por el que ha pasado la empresa, Pardos destaca que Afinsa tan solo ha devuelto el 10,5% del capital que había arriesgado. Muy pocos afectados, por tanto, han conseguido recuperar su dinero. 

En julio de 2018, 12 años después de la intervención judicial, llegó la sentencia de la cúpula de Fórum Filatélico. En este caso, la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional condenó a penas que iban desde los seis meses a los 12 años y cuatro meses de prisión para 20 de los 27 acusados en el "paradigma de las estafas piramidales", tal y como lo consideró la Fiscalía. No solo eso. Los condenados, además, debían indemnizar a los casi 200.000 afectados que dejó el fraude de compraventa de sellos con 3.700 millones de euros. Ahora, el caso se encuentra en el Tribunal Supremo por un recurso interpuesto por los condenados, indica Pardos. 

Adicae dijo entonces que el fallo fue un "fracaso total" y que la condena impuesta era "vergonzosa". La sentencia "demuestra que defraudar sale barato en España. Doce años después de la estafa, los afectados ven cómo el Estado de derecho les da la espalda", lamentó la organización entonces. Un argumento que, ahora, repiten: "Fue una sentencia muy light para haber sido semejante fraude", dice Pardos. Y añaden una queja: Fórum solo ha devuelto el 20,5% de lo arriesgado. Lo hizo, al igual que Afinsa, en dos plazos diferentes.

Arte y Naturaleza: nadie recupera lo invertido

Solo unos meses después de la sentencia de Afinsa se publicó la de Arte y Naturaleza. En diciembre, la Audiencia Nacional condenó a la cúpula de la compañía. La sentencia de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal consideró acreditado el delito de estafa mediante la compraventa de obras de arte. En concreto, argumentó la sentencia, los responsables de Arte y Naturaleza habían estafado 434 millones de euros a casi 19.360 personas mediante la apariencia de compraventa de obras de arte sobrevaloradas.

Según dijo el tribunal, copiaron la fórmula de estafa piramidal de, precisamente, Afinsa. Pudieron hacerlo porque su presidente y fundador, Guillermo García del Toro —a quien se eximió de responsabilidad porque falleció antes de que saliera la sentencia—, tenía experiencia como comercial de esa otra compañía. El ex director general de Arte y Naturaleza, Raúl García López, fue condenado a 13 años y cinco meses de prisión; el resto, a penas de entre siete y 13 años de cárcel. Penas que, no obstante, fueron rebajadas por el Tribunal Supremo tan solo dos años después. Sus víctimas, en cambio, todavía no han visto su dinero. "No han recuperado nada y no sabemos cómo ni cuándo lo harán", lamenta Pardos. 

No obstante, antes que el proceso judicial, los afectados esperaban que se resolviera el proceso concursal. Pero no ha sido así. "Nos dijeron que los juicios serían más largos que el concurso, pero al final ha ocurrido al revés", explica Pardos. Y es que las tres compañías, aun a día de hoy, se encuentran todavía inmersas en este procedimiento. 

Una solución política casi utópica para tres estafas piramidales

Según Pardos, seguirán luchando en el terreno judicial para conseguir el resarcimiento de las víctimas. Solo así, argumenta, se podrá llegar hasta la solución política. Una solución que, ahora, ve inalcanzable y que, además, no esperaban del nuevo Gobierno de Pedro Sánchez. "Hay un problema, y es que ya han pasado muchos años", explica. Tantos, que las asociaciones de afectados están cayendo en el olvido. Muchas de ellas, dice, están desapareciendo. "Renacen una vez al año para hacer una manifestación en mayo. Pero así no consiguen nada", lamenta. 

Las tres empresas pasaron a ser el "paradigma de las estafas piramidales" en España. De hecho, la propia Fiscalía llegó a calificar de este modo al entramado de Fórum Filatélico. ¿En qué consistió su estafa? La empresa prometía a sus inversores unas rentabilidades fijas y superiores a las tradicionales alegando una supuesta revalorización de los supuestos sellos en los que decía que invertía el dinero de los consumidores.

"Pero a lo mejor valían un 20% de lo que pagaban", dice Pardos. La rentabilidad, por tanto, no existía, sino que la empresa pagaba a sus inversores a través de los nuevos ahorros de nuevos clientes. El mismo modus operandi de Afinsa y de Arte y Naturaleza que, en lugar de con sellos, operaba con obras de arte. 

La asociación de consumidores Facua ha pedido que la Agencia Española de Protección de Datos investigue un fallo de seguridad en Change.org que permitía suplantar identidades para firmar y comentar peticiones, una "brecha" en la seguridad del portal cuyo alto riesgo niega la plataforma.

En la información difundida, Facua informa de que bastaba introducir un nombre, un apellido y una dirección de correo electrónico en cualquiera de las peticiones abiertas y pinchar en "firmar", para que la plataforma diese por válida la firma. Esto implicaba que, aunque los datos introducidos fuesen falsos, la firma computaba como válida sin pasar ningún control. Además, de acuerdo a la organización de consumidores, el portal le revelaba al suplantador el nombre y apellidos del usuario real que estuviera vinculado a la dirección de correo electrónico que había introducido, su localidad, profesión y fotografía de perfil.

Por su parte, Change.org ha respondido en una nota de prensa que "no ha habido una brecha de seguridad que requiera notificación a nuestros usuarios según el reglamento general de protección de datos". De acuerdo a la normativa europea, sólo se exige dicha comunicación a los afectados si el incidente entrañara alto riesgo para los derechos y libertades de las personas.

Change.org, según dice el texto publicado en su página web, dedica "considerable tiempo y esfuerzo para garantizar la seguridad de la plataforma, el respeto de las políticas de uso y el cumplimiento de las normas legales". No obstante, el portal reconoce que hay usuarios que puedan utilizarlo mal, pero destaca que desde 2017 "hemos recibido menos de 20 solicitudes de nuestros usuarios en España —menos del 0,00001%— solicitando la eliminación de su firma por considerar que ellos no habían firmado una petición determinada".

"A pesar de que el número de estos incidentes es extremadamente bajo, contamos con una serie de medidas destinadas a prevenir este tipo de mal uso de Change.org, medidas que seguimos mejorando en la actualidad", añade. Aun así, continúa, "ayer informamos de forma proactiva a la Agencia Española de Protección de Datos sobre esta queja y las medidas que hemos puesto en marcha en respuesta a la misma".

Este viernes 23 es Black Friday. La mayoría de los escaparates llevan semanas engalanados para la ocasión. Anuncian descuentos únicos, algunos sólo para este viernes y otros para semanas. Es el séptimo año que España celebra este día, importado desde Estados Unidos y cada vez más extendido. Tanto, que el 92% de los españoles prevé participar en la edición de este 2018, según un estudio realizado por Privalia. Así, muchos de ellos adelantarán las compras de Navidad, concretamente, el 51%. Otros (un 77%) aprovecharán para adquirir ese producto que tanto ansiaban a un menor precio. 

No obstante, a pesar de la expectación que crea cada año la celebración del Black Friday, alimentada en parte por la publicidad destinada a promocionarlo, las asociaciones de consumidores llaman a la calma, a no dejarse llevar por el descuento o por ese imperativo que anuncia "Aprovecha la oportunidad" en cada escaparate o en cada página web. No todo es lo que parece: a veces los descuentos no son los que anuncian y no siempre es la ocasión perfecta del año para comprar. 

"Sobre el papel, parece una buena ocasión para equipararte con lo que necesitas aprovechando buenos precios, pero no siempre es así: en realidad, son unos pocos productos 'señuelo' los que realmente bajan su precio", advierte la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). El Black Friday tiene algunos agujeros negros y hay que estar atento para no caer en ellos. 

1. Puede haber engaño en los precios

La OCU y Facua llevan advirtiéndolo mucho tiempo: no todos los descuentos son los anunciados. Y lo han probado. En las dos anteriores ediciones, la de 2016 y la 2017, la OCU monitorizó los precios de algunos productos durante un mes antes del Black Friday para saber si los comercios que se subían al carro de estas rebajas decían la verdad.

Hace dos años analizaron 1.600 productos de distinto tipo. De ellos, apenas el 13% redujeron su precio durante el viernes negro. Además, en la media de productos se detectó una subida que rondó el 2%. El año pasado la tónica fue muy similar. Por ello, la organización recuerda que la Ley 7/1996 de 15 de enero de regulación del comercio minorista establece que "siempre que se oferten artículos con reducción de precio, deberá figurar con claridad, en cada uno de ellos, el precio anterior junto con el precio reducido". "Se entenderá por precio anterior el menor que hubiese sido aplicado sobre productos idénticos en los 30 días precedentes", añade la norma. 

"Hay algunas rebajas realmente engañosas en las que o bien se inventa el descuento o se sube el precio unos días antes para después volver al original", denuncia Rubén Sánchez, portavoz de Facua. Neus Soler, experta en márketing de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), coincide con él: "No aplicar el descuento que se publicita es una práctica que se ha extendido bastante", critica. 

Pero controlarlo es complicado. Según Soler, primero habría que demostrarlo y para ello habría que controlar todos los comercios. "Si se pudiera, se podría sancionar", asegura. El problema de estas malas prácticas, afirma Soler, es que "se ensucia el concepto del Black Friday". "Y el consumidor no perdona", asegura. Así, "empieza a meter a todas las empresas en el mismo saco, acusándolas de manipular los precios, y esto tampoco es justo". 

2. El pequeño comercio, el más perjudicado

La mayoría de las compras que los consumidores realizan en este día se hacen por Internet. Así ha sido todos los años y así será este, según la Asociación Española de la Economía Digital (Adigital), que engloba a más de 500 empresas. Si se cumple su previsión, el Black Friday moverá 1.560 millones de euros a través de la red, lo que supone un 10% más que en la edición de 2017.

¿Qué revela esto? Que es el gran comercio el que puede aprovechar este día. Por contra, es el pequeño el que más perjudicado sale. "No tienen tanto personal y es un esfuerzo enorme que tampoco les interesa", explica Soler. "Se ven arrastrados a la vorágine del Black Friday, pero no les compensa", añade. Aun así, si quieren hacer caja de cara a Navidad, tienen que hacerlo. 

"La crisis económica marcó un punto de inflexión y la gente cada vez tiene más en mente aprovechar ofertas y promociones", explica la experta en un artículo publicado en la UOC. Así, si en 2012 la facturación del Black Friday representó el 1,63% del total de ventas hechas hace un año, en 2016 la cifra se disparó al 5,3%, según otro informe de Adigital. 

3. El peligro del imperativo "aprovecha la oportunidad"

El mensaje que lanzan los comercios en estos días está claro: aprovecha la oportunidad y benefíciate de los mejores descuentos. En síntesis, llaman al consumidor a aprovechar la oportunidad. Pero, ¿es esta cierta? Según Soler, Facua y la OCU, no. 

El próximo 26 de noviembre es el Ciber Monday, en enero llegan las rebajas, que se repiten en julio y, además, muchos comercios establecen otras temporadas de descuentos únicos en sus productos. Es decir, hay muchos días al año para comprar por un precio inferior al original. Entonces, ¿por qué aprovechar en el Black Friday?

"En 2017 [...] la conclusión fue que, para ahorrar, no hacía falta comprar en Black FridayBlack Friday: de hecho, respecto al precio que tenían en el mes anterior, casi la mitad de los productos (48%) del estudio de OCU no habían variado de precio, un 41% tenía un precio superior a ese mínimo del periodo y sólo un 11% cumplía los requisitos para poder indicar un precio inferior", afirmó la OCU. "En general, el análisis de precios del año pasado reveló que los productos durante el Black Friday eran en torno a un 2,5% más caros que el mínimo que alcanzaron en el último mes", añadió la asociación. 

"Hemos entrado en una dinámica de descuentos continuos. Antes teníamos sólo las rebajas de enero y julio y ahora se encadenan unas con otras", argumenta Soler, que afirma que esto no es más que la consecuencia de la "liberalización del comercio". Pero tiene otra consecuencia última, considera: "El consumidor empieza a entender el precio rebajado como el regular y hace entender a la marca que sólo comprará por ese importe, así que el comercio sólo podrá ofrecerlo así si reduce su calidad". 

Sánchez apuntala esta opinión y asegura que "no se trata de tener el Black Friday como el paradigma de los grandísimos descuentos". "No, es un día más de los muchos que hay a lo largo del año", explica. Por eso, argumenta que el precio real del producto no existe, ya que hay varios meses en los que se ofrece a uno más rebajado que en otros. 

4. El empleo que crea, "temporal, parcial y mal pagado"

UGT lo denunció el año pasado y lo ha vuelto a criticar este. El Black Friday"oculta un pésimo modelo laboral y económico". Las empresas, critica, tienen una "actitud de permanente conflicto con sus empleados, a causa de su desdén por el diálogo social, su tacañería salarial y el exceso de temporalidad". 

Además, critica el sindicato, los planes empresariales a medio y largo plazo "pasan, simplemente, por reducir el número de trabajadores hasta casi su erradicación". "De hecho, sus planes de robotización están empezando a dar sus frutos con un modelo laboral que ahonda en la polarización del mercado de trabajo, genera una dualidad en los puestos de trabajo que liquida las cualificaciones medias, o directamente las clases medias: sólo se contratan trabajadores muy cualificados o trabajadores para ofrecerles empleos precarios". 

Un ejemplo es Amazon. Precisamente, sus sindicatos han convocado una huelga para este viernes en la planta de San Fernando de Henares. Según informó CGT en un comunicado, en abril la multinacional del comercio electrónico decidió implantar "unilateralmente" el convenio del sector de la logística de Madrid en su almacén madrileño, uno de los dos centros logísticos de estas características en España.

"La caducidad del anterior convenio propio que regulaba las condiciones laborales del centro dio al traste con derechos que venían siendo históricos en el centro como el precio de la hora extra, las categorías profesionales, la garantía de subida salarial, el complemento de baja por incapacidad temporal y otros", señalaron. Además, los sindicatos también criticaron que las negociaciones llevaban atascadas desde la pasada huelga de julio, sin que la empresa hubiera hecho un movimiento sustancial en sus posiciones de degradación de condiciones.

Para este sindicato, la pelota está en el tejado de la empresa, "que deberá decidir si mantiene el pulso con su principal almacén del centro y sur del España paralizado en días clave de manera recurrente o si accede a garantizar la continuidad de derechos para sus trabajadores y trabajadoras". "En julio la empresa ya tuvo que hacer frente a su Prime Day sin poder contar con el almacén de San Fernando que funcionaba bajo mínimos rodeado por los piquetes informativos y un fuerte dispositivo policial", señalaron.

El Juzgado de Primera Instancia número 18 bis de Málaga ha condenado a Banco Santander a abonar de forma retroactiva el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (IAJD) de un préstamo hipotecario contratado en 2014 y cuyo fallo será recurrido por la entidad ante la Audiencia Provincial. Informa Europa Press.

El juez ha dictaminado que la entidad debe pagar al demandante la cantidad de 1.990,31 euros relativa a los conceptos de gastos de notaría, registro, gestoría e IAJD, más los intereses legales desde la fecha de los pagos. El fallo analiza las tres sentencias del Tribunal Supremo el pasado 16 de octubre, que supusieron un cambio en la jurisprudencia, y la deliberación final del Pleno de lo Contencioso, que estableció que sería el cliente quien pagase este impuesto. Finalmente, es el Real Decreto del Gobierno, que hace responsable de pagar el gravamen a los bancos, el que utiliza el juez para determinar que Santander debe abonar dicho impuesto, y no el cliente.

La sentencia argumenta que el contexto jurídico precisaba cubrir una laguna interpretativa con recientes cambios de criterio, dando un marcado carácter interpretativo al nuevo Real Decreto-ley 17/2018, que no tiene disposición transitoria, por lo que el juez aplica supletoriamente el Código Civil en cuanto a la retroactividad de las normas.

"Para este juzgador no cabe duda de que, en la presente controversia, el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados debe recaer su pago en la entidad prestamista, porque la disposición del Gobierno que se acaba de dictar resuelve una laguna interpretativa y, por tanto, y en cuanto tal, es tácitamente retroactiva, máxime cuando hablamos en nuestro campo de Derecho Civil, más concretamente de Derecho de Consumidores y cuando estamos ante un carácter tuitivo de tal rama jurídica, y cuando además el retorno o devolución del pago del impuesto en caso de nulidad es consecuencia misma y directa de la nulidad decretada en esta sentencia", reza el documento.

Por ello, el juez ha declarado la nulidad de la cláusula financiera quinta de la escritura del préstamo hipotecario suscrito relativa a los gastos, especificando a efectos interpretativos que por la generalidad de la misma, no se extiende a los gastos y/o primas del seguro para la conservación de la finca, hogar o incendio o gastos distintos a la garantía hipotecaria que pudieran haberse establecido. Aunque no ha accedido a la petición de desistimiento del IAJD, sí ha condenado a Santander a abonar la cantidad de 1.990,31 euros por gastos de notaría, registro, gestoría e impuesto de Actos Jurídicos Documentados.

Santander recurrirá ante la Audiencia Provincial

Banco Santander ha comunicado que recurrirá la sentencia ante la Audiencia Provincial y ha asegurado que este fallo del Juzgado de Málaga es contrario a la jurisprudencia del Tribunal Supremo recientemente establecida sobre el reglamento del IAJD y la establecida con carácter general sobre la cláusula de imposición de este gasto al sujeto pasivo del impuesto designado como tal por la norma. Desde el banco han señalado que la sentencia es "manifiestamente contraria" al artículo 9 de la Constitución y a las disposiciones del Real Decreto-ley recientemente aprobado, que "expresamente establece que será aplicable a los hechos imponibles devengados a partir de su entrada en vigor".

Asimismo, es contraria a otra dictada en la misma fecha por distinto magistrado en el mismo Juzgado que desestima una demanda en lo que se refiere al pago de este impuesto, que considera que debe ser abonado por el prestatario. Por todo ello, Banco Santander recurrirá ante la Audiencia Provincial. 

Por su parte, la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae) ha celebrado que el dictamen va en línea con las tesis defendidas por la asociación y ha recordado que hay miles de demandas similares en los juzgados. En cualquier caso, Adicae considera que la respuesta a esta cuestión no puede verse emplazada a "cientos de miles de demandas individuales", por lo que las demandas colectivas que la asociación prepara "siguen recibiendo las adhesiones de los consumidores".

Veinticuatro horas ha durado la alegría para los consumidores. El Tribunal Supremo ha anunciado este viernes que estudiará de nuevo a quién corresponde afrontar los pagos del Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados (AJD) en las escrituras ante notario de los préstamos con garantía hipotecaria. Sólo un día después de que el Alto Tribunal dictaminase que debían ser los bancos los que se hicieran cargo de dicho tributo –que es competencia de las comunidades autónomas–, el presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Luis María Díez-Picazo, ha optado por dejar en suspenso la nueva jurisprudencia marcada por sus propios magistrados, que suponía un completo viraje respecto a decisiones anteriores, y ha decidido avocar al Pleno de la Sala a que estudie recursos con un objeto similar para determinar si “debe ser o no confirmado” el giro jurisprudencial conocido ayer. Un movimiento que, según las fuentes jurídicas consultadas por infoLibre, “no es nada habitual” y que ha indignado a las asociaciones de consumidores.

El anuncio del Supremo vuelve a dar aire al sector bancario español, que llevaba veinticuatro horas conteniendo la respiración ante el posible impacto que podría tener sobre sus cuentas el último fallo del Alto Tribunal. El pasado jueves, la Sala de lo Contencioso-Administrativo dictaminó, en contra de la jurisprudencia del Supremo, que son los bancos, y no los clientes, los que deben abonar a las haciendas autonómicas este tributo. “Aun reconociendo la solidez de buena parte de los argumentos en los que descansa la jurisprudencia actual, debemos corregirla porque entendemos que el obligado al pago del tributo en estos casos es el acreedor hipotecario, sujeto en cuyo interés se documenta en instrumento público el préstamo que ha concedido y la hipoteca que se ha constituido en garantía de su devolución”, señaló la sentencia, que resolvía un recurso de casación de la Empresa Municipal de la Vivienda de Rivas Vaciamadrid contra un fallo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Abundando en este argumento, la resolución judicial, que salió adelante con cinco votos a favor y uno en contra, señalaba que la Ley del Impuesto Sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados afirma “expresamente” que la parte obligada a abonar el tributo será “aquel a cuyo favor se realice el acto”, condición que “sin duda ostenta el acreedor hipotecario”. "Desde esta perspectiva, no nos cabe la menor duda de que el beneficiario del documento (escritura notarial hipotecaria) que nos ocupa no es otro que el acreedor hipotecario, pues él (y solo él) está legitimado para ejercitar las acciones (privilegiadas) que el ordenamiento ofrece a los titulares de los derechos inscritos", reza la sentencia, que añade que solo a él le interesa la inscripción de la hipoteca (el elemento que determina el pago del impuesto), pues esta carece de eficacia alguna sin la incorporación del título al Registro de la Propiedad”, aseveró el Alto Tribunal.

“No es muy habitual”

El fallo fue muy celebrado por las asociaciones de consumidores de banca porque abría la puerta a que todas aquellas personas que habían pagado indebidamente el gravamen pudieran recuperar el dinero. Sin embargo, las reclamaciones van a tener que esperar después de que este viernes el presidente de lo Contencioso-Administrativo del Supremo haya decidido mantener en stand by el viraje jurídico. A través de un comunicado, Díez-Picazo ha acordado “con carácter urgente” que el Pleno de la sala, compuesto por 31 magistrados, estudie otros recursos de casación pendientes “con un objeto similar” a fin de decidir si el “giro radical” jurisprudencial dictaminado el jueves, “habida cuenta de su enorme repercusión económica y social”, debe ser o no confirmado. Fuentes jurídicas consultadas por este diario señalan que se trata de un movimiento inusual. “No es muy habitual que después de dictar una sentencia se reúna el pleno para decidir sobre la misma jurisprudencia”, señalan.

Carlos Carnero, el abogado que ha representado a la EMVS de Rivas Vaciamadrid en el proceso, cree que la decisión tomada por Díez-Picazo es fruto de la “alarma social que se ha generado”. “Como este tema ha causado tanto revuelo, y como hay muchos más recursos pendientes, el presidente ha decidido que sea la Sala en pleno la que dictamine sobre los próximos recursos, porque la jurisprudencia se hace cuando hay dos sentencias en la misma línea. Ahora mismo, sólo hay una doctrina anterior y una sentencia contradictoria”, explica Carnero en conversación telefónica con infoLibre. No obstante, apunta el letrado, si el Pleno de lo Contencioso-Administrativo decide tumbar el giro dado en la sentencia de este jueves “tendrán que argumentarlo muy bien”. “La Sección Segunda, que es la que dictó el fallo, la componen magistrados que son expertos en impuestos, mientras que el Pleno lo componen expertos de otras muchas materias. Por tanto, se tendrá que dirimir mucho”, sentencia.

Lo que dejan claro las fuentes jurídicas pulsadas por este diario es que el Pleno de lo Contencioso-Administrativo lo que no va a poder hacer es “revisar la suspensión” dictaminada en la sentencia del jueves del artículo 68.2 del reglamento de aplicación del Impuesto Sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, que sostenía que el pago del tributo recae sobre el hipotecado y no sobre el banco. Con los recursos que serán analizados, el Pleno deberá decantarse entre tres posibles opciones: mantener el cambio de criterio y que paguen las entidades; volver al punto de partida y que sean los que soliciten la hipoteca los que tengan que hacer frente al gravamen; o establecer que los bancos se tienen que hacer cargo del impuesto pero sólo a partir de esta sentencia. 

"Escándalo" que "huele muy mal"

La decisión del presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo ha caído como un jarro de agua fría sobre los consumidores. La Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae) ha calificado de “fiasco incomprensible” los “cambios de criterio” del Alto Tribunal, al que han acusado de abandonar “la protección de los consumidores, dictada tan claramente ya por las directivas europeas”. “Han visto que esto afecta a millones de personas y han dicho: ‘Vamos a parar esto porque se nos puede echar encima”, señalan fuentes de Adicae, que explican que mantendrán las protestas convocadas para este sábado con el objetivo de “presionar”. “La banca lleva muchos años amedrentando y chantajeando a la sociedad civil, al Gobierno y a la justicia”, ha aseverado en rueda de prensa Manuel Pardos, presidente de Adicae, que ha pedido a la banca abandonar “toda esa inercia conservadora del siglo XIX”.

También se ha mostrado crítica con la decisión del Tribunal Supremo la organización de consumidores Facua, que a través de un comunicado ha señalado que no entienden “que apenas un día después se vuelva a plantear una cuestión que previamente había resuelto con una sentencia firme”. “Esto es un escándalo y huele muy mal”, ha aseverado el portavoz de la asociación, Rubén Sánchez. Una postura crítica a la que también se han adherido algunos dirigentes políticos. “Es indignante leer que un magistrado apela a la ‘repercusión económica y social’ cuando los afectados son los bancos. Cuando los afectados eran gente desahuciada no veíamos estas cosas. Poderoso caballero. Alucinante”, ha aseverado el líder de Podemos, Pablo Iglesias, a través de su cuenta de Twitter. “Ha bastado que la banca proteste 24 horas contra esta sentencia para que el Tribunal Supremo, servilmente, adopte esta cuestionable decisión”, han apuntado desde Izquierda Unida.

A pesar del último giro del Supremo, el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) sigue animando a los consumidores a reclamar la devolución de lo que pagaron por el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados. En este sentido, todos aquellos ciudadanos que formalizaran el préstamo en los últimos cuatro años –es decir, en los ejercicios que todavía no han prescrito fiscalmente– podrán pedir que se les devuelva el dinero, más intereses de demora, a las haciendas autonómicas, que luego enviarán requerimientos de pago a los bancos. En el caso de que hayan pasado más de cuatro años, desde el sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha) explican que los consumidores podrán emprender acciones legales alegando que ha existido por parte de las entidades un enriquecimiento ilícito. En total, según los datos manejados por Adicae, tendrían derecho a reclamar la devolución del importe alrededor de ocho millones de personas.

Situación de "incertidumbre"

El movimiento del Tribunal Supremo ha supuesto un balón de oxígeno para el sector bancario, que ha conseguido frenar la sangría en Bolsa. Este viernes, después de la jornada negra del jueves en la que los bancos del Ibex se dejaron más de 5.500 millones de euros de capitalización, las entidades financieras han vuelto a subir ligeramente, aunque no han logrado recuperar ni 350 millones. Si el Pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo decidiese finalmente mantener el criterio marcado en la sentencia de la Sección Segunda, el impacto económico para el sector sería importante. La agencia de calificación crediticia Moody’s, por ejemplo, calculó el pasado mes de marzo que el coste para el sector podría ser superior a los 4.000 millones, mientras que la casa de análisis Kepler Cheuvreux lo ha llegado a situar en 6.000 millones. Para JP Morgan, la decisión hace peligrar el 7% de los beneficios de los bancos españoles en 2020.

Las fuentes del sector bancario y las jurídicas consultadas no entienden cómo se ha dejado que la situación llegara a este punto. Todas coinciden en señalar que, teniendo en cuenta que era una cuestión de especial relevancia, el recurso resuelto el pasado jueves debería haberse llevado desde el primer momento ante el Pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo. Ahora, se ha creado una situación de “incertidumbre” tanto para los consumidores como para las entidades financieras. De hecho, algunos bancos han decidido bloquear de sus portales web las secciones de hipoteca hasta tener más datos para no ofrecer publicidad engañosa a los clientes. Fuentes del sector consultadas por este diario defienden que no afrontarán ningún pago hasta que la sentencia no salga en el BOE. Algunas entidades han decidido mantener que el pago lo hagan los clientes pero incluyendo una cláusula en el contrato en la que se comprometen a "reclamar ante Hacienda" el dinero abonado por los hipotecados si se decide finalmente mantener el criterio dictaminado el pasado jueves por el Supremo.