El PSOE quiere rebajar en el Congreso el contenido de la proposición de ley sobre bebés robados que firmó con sus socios parlamentarios y que Unidas Podemos urgió a desbloquear. Entre otras propuestas, las enmiendas socialistas cambian el nombre y la exposición de motivos, sustituyen el concepto víctima por afectados, suprimen los efectos penales remitiéndose al Código Penal y eliminan la propuesta de crear una Fiscalía Especial, según informa Eruopa Press.

Esta proposición de ley se registró en febrero de 2020 con la firma del PSOE, Unidas Podemos, ERC, Bildu, PNV, Junts, Más País-Equo, Compromís, el BNG y la CUP. Por cuestiones de cupo, para que no se le impidiera defender otras iniciativas, Unidas Podemos retiró su firma tiempo después, aunque no su apoyo.

El texto fue tomado en consideración por el Pleno del Congreso en junio de ese año, con el único voto en contra de Vox, pero desde entonces se guardó en un cajón y durante dos años y medio se fueron prorrogando los plazos de enmiendas. Al inicio de este año, Unidas Podemos exigió al PSOE reactivar su tramitación y, tras varias semanas, finalmente los socialistas accedieron a poner fin al plazo de presentación de enmiendas.

Pero cuando el PSOE ha registrado las suyas, a las que ha tenido acceso Europa Press, su idea ya difiere mucho de lo que firmó en 2020 pues ahora quiere cambiar el nombre y la exposición de motivos de la ley, así como buena parte de sus puntos clave.

De entrada, no quiere que la ley se llame de "bebés robados" y plantea rebautizarla como "proposición de ley sobre garantías los afectadas por la sustracción de recién nacidos", en coherencia con instrucciones del Ministerio del Interior sobre la materia.

Además ya no habla de "víctimas de delito" en el caso de bebés robados, sino de "personas afectadas por la sustracción de recién nacidos", y pretende eliminar de la exposición de motivos la alusión a un auto del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional de que fue titular Baltasar Garzón, en el que se hablaba de 30.000 niños apartados de sus madres, ya que considera que tal cifra es "una conjetura".

El PSOE también limita en ámbito de aplicación de la norma: "Se estima pertinente limitar la consideración de afectado a los parientes de una persona sustraída en línea recta y hasta el segundo grado de colateralidad, con lo que se comprendería un número de personas razonable", sostiene.

Igualmente, pretende quitar de la ley toda referencia a consecuencias penales pues considera que el Código Penal "ya tiene suficientes tipos penales para perseguir este tipo de delitos", y pide centrar la norma en "garantizar los derechos a la verdad". Es decir, su idea es facilitar que los afectados puedan acceder a la información que necesiten, pero no tanto señalar a los culpables de lo ocurrido.

En ese sentido, el Grupo Socialista considera que la ley sólo debe contemplar las indemnizaciones que acuerde la Justicia conforme al ordenamiento vigente y ahora rechaza la idea de crear un Fiscalía Específica sobre bebés robados, alegando que la Fiscalía general ya firmó un acuerdo de colaboración sobre este tema con los ministerios de Justicia, Interior y Sanidad en 2013, cuando gobernaba el PP con mayoría absoluta.

Por otro lado, el PSOE evita cargar las tintas en la exigencias de información a la Iglesia y, más que mandatos tasados bajo amenaza de demanda, prefiere apostar por convenios de colaboración con la Conferencia Episcopal, recordando que las relaciones con la Iglesia están reguladas en el convenio con el Vaticano.

Y respeto del Banco Estatal de ADN que figuraba en la iniciativa original, el PSOE se remite ahora a la regulación prevista en la ya vigente Ley de Memoria Democrática "para evitar solapamientos de funciones y dispersión normativa".

A la vista de estas enmiendas, la tramitación de esta ley puede abrir otra brecha con Unidas Podemos y con los aliados parlamentarios del Gobierno, ya que la filosofía del PSOE es muy distinta a la que planteaban las demás formaciones.

El hijo del extesorero del PP Luis Bárcenas y de Rosalía Iglesias ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón que acepte su personación como acusación particular en la causa en la que se investiga la denominada operación Kitchen, según han informado fuentes jurídicas a Europa Press.

Guillermo Bárcenas, vocalista de Taburete, ha hecho esta petición al considerarse perjudicado del operativo parapolicial creado en 2013 y sufragado con fondos reservados para espiar el entorno familiar y personal de la familia del extesorero del PP. Ahora el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 tiene que decidir si acepta esta petición o no.

Kitchen es la séptima pieza la macrocausa conocida como caso Villarejo, que se abrió en noviembre de 2018, tras un atestado policial que apuntaba a la existencia de aquel operativo que buscaba, y de ahí el nombre, entrar hasta "la cocina" de los Bárcenas utilizando a una persona de su confianza, para conseguir cualquier documentación comprometedora para el PP que se hubiera podido llevar.

El chófer de Bárcenas informaba a Villarejo

Esa persona de confianza sería el chófer del extesorero, Sergio Ríos, quien fue captado como confidente policial para llevar a cabo el objetivo de la operación: arrebatar dicha información con el fin de ocultársela a la justicia. Ríos mantuvo al tanto al comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo de los movimientos de Bárcenas y de su familia, según consta en el sumario de la causa en la que obran las grabaciones que el comisario hizo de todas las conversaciones.

En una de ellas, de enero de 2014, se escucha cómo el chófer informa a Villarejo de que ha hablado con los hijos del extesorero y que estos le habían comentado la situación en la que se encontraba su padre en el centro penitenciario de Soto del Real en el que se encontraba en prisión preventiva por el caso Gürtel.

Además del conductor y de Villarejo, entre los investigados en esta pieza separada del caso Tándem se encuentran el ex jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) Enrique García Castaño y el ex director adjunto operativo (DAO) Eugenio Pino. También ex ministro del Interior Jorge Fernández Díaz y el que fuera su número dos, Francisco Martínez.

El asalto del falso cura

Otros de los sucesos que podría estar relacionado con la operación Kitchen fue el asalto en 2013 de un falso cura en la vivienda de los Bárcenas en busca de "información que tumbe al Gobierno", según consta en un atestado policial incluido en el sumario.

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón llamó a declarar como investigado a Enrique Olivares García, condenado por secuestrar a mujer e hijo de Bárcenas y a una empleada doméstica, si bien el interrogatorio no llegó a realizarse porque el médico forense acreditó que no estaba en condiciones para declarar. Por este motivo, el magistrado retiró la imputación. Como perjudicados de la operación Kitchen ya declararon en diciembre de 2018 Bárcenas y su esposa, ambos ahora en prisión cumpliendo la condena firme impuesta por el Tribunal Supremo por la primera época de la trama Gürtel.

El que fuera gerente y tesorero del PP Luis Bárcenas, que permanece en la cárcel de Soto del Real desde mediados de 2018 tras ser condenado por la primera época de GürtelGürtel, aún tiene una causa abierta en la Audiencia Nacional, en concreto el de la conocida como caja B del PP. Con este horizonte en los tribunales y con la intención de lograr una reducción de condena para su esposa, Rosalía Iglesias, que afronta una pena de más de 12 años de cárcel, se abre la posibilidad de que decida colaborar con el Ministerio Fiscal.

No obstante, fuentes fiscales consultadas por Europa Press han negado la existencia de ningún pacto con el que fuera tesorero del PP, aunque reconocen que sí se han dado manifestaciones genéricas de colaboración por parte de Bárcenas, si bien las mismas no se han concretado.

Sin embargo, aún no es tarde para que el extesorero decida dar un paso al frente y colaborar con la justicia aportando datos clave y relevantes para la instrucción de causas como Gürtel o caja B. Aunque en todo caso, el primer movimiento, recuerdan esas fuentes consultadas, ha de partir del propio Bárcenas y no de la Fiscalía.

La condena por la primera época de 'Gürtel' 

Rosalía Iglesias ingresó en el módulo de mujeres del Centro Penitenciario de Alcalá-Meco este domingo 8 de noviembre después de recoger el pasado 30 de octubre la orden de entrada en prisión para cumplir la condena de 12 años y 11 meses por la primera época de la trama Gürtel,trama Gürtel después de que la Sala le concediera 10 días para ingresar en un centro penitenciario.

En la sentencia de 1.843 folios, dictada por unanimidad, la Sala concluyó que había indicios plurales y acreditados de que Iglesias conocía la procedencia delictiva del dinero y el incremento del patrimonio de su marido no justificado con sus ingresos ordinarios, y destacaba la conducta activa de la condenada.

"No sólo en la elaboración de tal documentación falsa relativa a operaciones inexistentes, sino también en su efectiva gestión de las cuentas bancarias abiertas a su nombre, en los ingresos mismos por ella verificados de esas cantidades de dinero que posteriormente se reflejaban en las declaraciones tributarias o en la operación relacionada con la compra de acciones de la entidad Libertad Digital para la apropiación de 149.600 euros de la caja B del PP, con cuyo importe emitió un cheque para la compra de un inmueble", señalaba.

Se da la circunstancia de que, hace unas semanas, Bárcenas inició los trámites para solicitar el traslado desde la cárcel de Soto del Real a la prisión de Alcalá Meco, donde ha ingresado su mujer.

El PP ha asegurado este martes que "no le preocupa nada" lo que el extesorero del PP Luis Bárcenas pueda decir a los fiscales que investigan el caso Gürtel tras su ofrecimiento a colaborar en el caso de la presunta caja B del PP coincidiendo con el ingreso en prisión de su mujer Rosalía Iglesias. A su entender, cuando una persona está condenada comete "locuras" y "muchísimas estupideces".

Así se ha pronunciado la portavoz de Interior, Ana Vázquez, al ser preguntada si inquieta al Partido Popular que Bárcenas pueda contar algo relativo a la contabilidad de la formación después de que El País haya informado de que se ha ofrecido a colaborar con los fiscales del caso.

En concreto, el diario señala que los abogados de Bárcenas, condenado a 29 años de cárcel, se han reunido con los fiscales Anticorrupción encargados del caso Gürtel y del caso de la caja B del PP para ofrecer la "colaboración" del extesorero ante el proceso que continúa vivo y pendiente de juicio sobre la presunta financiación ilegal de esa formación. Este paso se produce tras la sentencia del Tribunal Supremo que confirmó la pena de cárcel para su mujer.

"Bárcenas no tiene nada que ver con el PP"

En una entrevista en TVE, que ha recogido Europa Press, Vázquez ha subrayado que en este momento el extesorero "no tiene nada que ver con el PP". "Ni con Pablo Casado ni con el PP en general", ha apostillado.

Aunque ha asegurado que se puede colaborar con la Justicia en "cualquier momento", ha recalcado que debería haberlo hecho "desde el principio". "Entiendo que cuando estás condenado pues haces muchísimas estupideces", ha enfatizado.

Como prueba de ello, ha citado el encuentro este verano en la playa entre el expresidente de la Junta de Andalucía Manuel Chaves, "que está condenado por el mayor caso de corrupción en Andalucía, que son los ERE", "con el ministro de Justicia", Juan Carlos Campo.

"Es decir, cuando estás condenado eres capaz de hacer locuras,

pero también digo que cuando quieres colaborar hay que colaborar desde el primer momento con la Justicia", ha abundado la dirigente del PP.

"No nos preocupa nada lo que vaya a decir" 

Vázquez ha afirmado que al PP no le "preocupa nada ya lo que vaya a decir Bárcenas para poder salvar a su esposa de la prisión", al tiempo que ha señalado que él está en la cárcel y, por lo tanto, es el que debe ofrecer explicaciones por lo que ha hecho.

Dicho esto, ha indicado que el PP también está esperando a que los exconsejeros de la Junta de Andalucía Carmen Calvo, María Jesús Montero y Luis Planas, que son actuales ministros de Pedro Sánchez, colaboren también en el caso de los ERE.

"Ahora que Bárcenas puede colaborar, ellos también podían colaborar para esclarecer los más de mil millones de euros defraudados en Andalucía", ha manifestado la portavoz de Interior del PP en el Congreso.

El exministro del Interior Jorge Fernández Díaz ha llegado pasadas las 09.15 horas de este viernes a la Audiencia Nacional para comparecer como investigado ante el juez Manuel García Castellón por la operación Kitchen, operativo parapolicial organizado para sustraer información que guardaba el extesorero del PP Luis Bárcenas y que podría afectar al partido.

Fernández Díaz ha llegado unos 15 minutos antes de la hora a la que el titular del Juzgado Central del Instrucción número 6 le ha citado a declarar por estos hechos. Acompañado por su abogado, se ha bajado de un coche en la calle Génova de Madrid, esquina con la calle en la que se encuentra la Audiencia Nacional, donde le esperaban una decena de medios de comunicación.

Se da la casualidad que justo un minuto antes ha llegado a las dependencia de la sede judicial Rosalía Iglesias, mujer del extesorero del PP, y otras de las personas que fue objeto de seguimientos por la operación Kitchen dirigida por el comisario jubilado José Manuel Villarejo.

Sin embargo, Iglesias, que ha llegado acompañada de sus abogados, no se ha acercado a estas dependencias para asistir a la declaración del que fuera ministro del Interior, sino para recoger la ejecutoria de la sentencia que le condena a 12 años y 11 meses de cárcel por la primera época de la trama Gürtel, después de que la Sección Segunda de la Sala de lo Penal le comunicara este jueves que tiene 10 días –al igual que otros cinco condenados– para entrar en prisión.

Declara un día después que su número dos en interior

El exministro del Interior Jorge Fernández Díaz está citado a declarar como investigado, justo un día después de que el que fuera su número dos, Francisco Martínez, afirmara que este estaba al tanto de la operación montada para espiar a Bárcenas y su mujer.

El juez García-Castellón afirma en el auto en el que imputa a ambos cargos del Ministerio del Interior que es evidente la existencia de un encargo efectuado al principal acusado de la causa, el comisario jubilado y en prisión preventiva José Manuel Villarejo, "por personas vinculadas" al departamento que dirigía Fernández Díaz y encaminado a la obtención de información y documentación procedente de Bárcenas.

"La presencia de Jorge Fernández Díaz resulta necesaria, útil y pertinente, toda vez que las investigaciones practicadas hasta el momento permiten situar el centro nuclear de la operación en el Ministerio del Interior, desde donde se habría dirigido y coordinado toda la operativa, presuntamente, con la participación directa del ministro, y actuando por delegación de este, al parecer, el Secretario de Estado de Seguridad", recalca el juez.

Por todo ello, el magistrado instructor ha llamado a declarar al exministro para que pueda aclarar qué sabía de esta operación organizada y sufragada con fondos reservados para sustraer la información que el extesorero del PP guardaba y podía comprometer al partido con el fin de ocultársela a la Justicia.

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha concedido un plazo de diez días a los seis condenados a penas graves en el caso Gürtel,caso Gürtel entre los que se encuentra Rosalía Iglesias, esposa del extesorero del PP Luis Bárcenas, para su ingreso voluntario en prisión, informa Europa Press.

Además de a Iglesias, la decisión afecta al exalcalde de Pozuelo de Alarcón (Madrid) Jesús Sepúlveda, el exconcejal de Estepona (Málaga) Ricardo Galeote, el contable José Luis Izquierdo, María del Carmen Rodríguez Quijano -exmujer del líder de la trama, Francisco Correa- , y el exviceconsejero Carlos Clemente.

El Tribunal adopta esta decisión en una providencia notificada este jueves, una vez recibidos los informes del Ministerio Fiscal en los que no se opone a la concesión de plazo para el ingreso voluntario de los condenados a penas graves, en ejecución de la sentencia firme del Tribunal Supremo que confirmó la condena inicial de la Audiencia Nacional.

El pasado día 20, la Fiscalía Anticorrupción solicito que Iglesias entrara ya en prisión para cumplir la condena de 12 años y 11 meses de cárcel que le impuso el Supremo tras ratificar la sentencia de la Audiencia Nacional por los primeros años de actividades de la trama Gürtel (1999-2005). El Ministerio Fiscal pidió la misma medida para otros 10 condenados cuyas penas oscilan entre tres y 17 años de cárcel.

Rosalía, rehabilitación en prisión 

En su decisión de este jueves, los magistrados que juzgaron el caso rechazan las peticiones de suspensión de entrada en la cárcel que habían hecho las defensas de los condenados José Luis Izquierdo, Carmen Rodríguez Quijano y Rosalía Iglesias. En el caso de esta última, el Tribunal explica que no existe impedimento alguno para seguir tratamiento de rehabilitación en el centro penitenciario.

En su escrito, la Fiscalía alegaba para justificar los ingresos en prisión la existencia de riesgo de fuga en los condenas tras conocer la sentencia firme del alto tribunal, pese a que éste ha rebajado levemente las penas impuestas en la primera sentencia.

Así, pidió a la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, como tribunal sentenciado el inmediato ingreso en prisión de Iglesias y también de Rodríguez Quijano, que fue jefa de Gabinete del Ayuntamiento de Majadahonda, (17 años y ocho meses de prisión); del exalcalde de Pozuelo de Alarcón Jesús Sepúlveda (14 años y cuatro meses); el contable de la Gürtel, José Luis Izquierdo (13 años y 10 meses); del exconsejero de Inmigración de la Comunidad de Madrid Carlos Clemente (siete años y nueve meses); y del exconcejal de Estepona Ricardo Galeote (seis años y seis meses).

También pidió el ingreso en prisión del concejal de Majadahonda (Madrid) Juan José Moreno (17 años y dos meses) y de la a que fuera administradora de las empresas del Grupo Correa Isabel Jordán (14 años y 11 meses), aunque respecto a ambos el tribunal no ha adoptado un plazo para su ingreso en prisión.

Tampoco se pronuncia el tribunal sobre el abogado Antonio Villaverde (tres años y 11 meses); el exdiputado Jesús Merino (tres años y siete meses); el que fuera asesor de López Viejo, Pedro Rodríguez Pendás (tres años).

Quienes ya se encuentran cumpliendo condena desde entonces son el extesorero del PP (condenado a 29 años y 1 mes de prisión); el exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega (40 años y tres meses) y el exviceconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid Alberto López Viejo (27 años y 10 meses). El tribunal de Gürtel sí estimó la petición de Anticorrupción de entrada inmediata en prisión al considerar que existía riesgo de fuga.

Por su parte, Bárcenas ha iniciado los trámites para solicitar el traslado desde la cárcel de Soto del Real, en la que se encuentra desde entonces, a la prisión de Alcalá Meco donde previsiblemente ingresaría en los próximos días su mujer.

En cuanto a los líderes de la Gürtel, Francisco Correa (condenado a 51 años de cárcel) y el que fuera su número dos, Pablo Crespo (36 años y 8 meses), ya estaban en prisión en ese momento, pues entraron en febrero de 2017 -cuando aún se estaba celebrando el juicio por los primeros años de la trama corrupta- tras conocerse la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) por las irregularidades en el montaje del 'stand' institucional de la Generalitat Valenciana en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) en las ediciones de 2005 a 2009.

La Fiscalía Anticorrupción ve claro riesgo de fuga en los condenados a más de tres años de cárcel en la sentencia de la primera época de actividades de la trama Gürtel, entre ellos Rosalía Iglesias, la esposa del extesorero del PP Luis Bárcenas, por lo que ha solicitado su inmediato ingreso en prisión.

Así lo indica el Ministerio Público en un escrito remitido a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que es la que debe hacer efectivas las penas confirmadas la semana pasada por el Tribunal Supremo.

Según han informado fuentes fiscales a infoLibre, Anticorrupción reclama a la Audiencia Nacional la ejecución de la sentencia del Supremo, pero en concreto solicita que condenados a más de tres años de prisión sean notificados de forma inmediata para que entren en la cárcel sin más dilación.

Se trata de nueve condenados. Una de ellas, Rosalía Iglesias, deberá cumplir doce años y once meses de cárcel por delitos de blanqueo de capitales y como cooperadora de delitos contra la Hacienda Pública.

En la sentencia del Supremo, de 1.843 folios, la Sala concluye que había indicios plurales y acreditados de que Iglesias conocía la procedencia delictiva del dinero y el incremento del patrimonio de su marido que se justificaba con sus ingresos ordinarios. Así, destacaba la conducta activa de la condenada.

Además, señalan los magistrados que Iglesias realizó actuaciones para ocultar y posteriormente hacer aflorar dinero ilícitamente obtenido por su esposo. Y ahondan en que la defraudación atribuida a la mujer de Bárcenas se articuló a través de una serie de artificios en los que fue fundamental su intervención y que, de suyo, incompatibles con la ignorancia o el desconocimiento invocados por la acusada.

Posible cambio de prisión de Bárcenas

Precisamente, este mismo lunes trascendió que el extesorero del PP había iniciado trámites para solicitar el traslado de la prisión de Soto del Real a la de Alcalá Meco, ambas en Madrid, ya que en esta última es donde previsiblemente ingresará su mujer en los próximos días.

Además de Iglesias, la Fiscalía pide el ingreso inmediato en prisión para otros condenados por la primera época de actividades de la trama Gürtel, incluido el que fuera el contable de las empresas de Francisco Correa, José Luis Izquierdo (trece años y diez meses), y la administradora de las mismas, Isabel Jordán (catorce años y once meses).

Los demás son la exmujer de Francisco Correa y exjefa de Gabinete del Ayuntamiento de Majadahonda, Carmen Rodríguez Quijano (diecisiete años y ocho meses); el exconcejal de dicho ayuntamiento Juan José Moreno (diecisiete años y dos meses); y el exalcalde de Pozuelo de Alarcón Jesús Sepúlveda (catorce años y cuatro meses). También el exconsejero de Inmigración de la Comunidad de Madrid Carlos Clemente (siete años y nueve meses); y el exconcejal de Estepona Ricardo Galeote (seis años y seis meses).

Asimismo, Anticorrupción considera que el abogado Antonio Villaverde (tres años y once meses); el exdiputado Jesús Merino (tres años y siete meses); el que fuera asesor de Lotootrópez Viejo Pedro Rodríguez Pendás (tres años), también deberían entrar inmediatamente en la cárcel.

El Ministerio Público ya solicitó la entrada en prisión provisional de Iglesias y otros condenados en la sentencia de la primera época de Gürtel dictada por la Audiencia Nacional en mayo de 2018. La Sala de lo Penal determinó entonces el pago de fianzas para evitar su entrada hasta que la sentencia se hiciera firme por parte del Supremo. La esposa de Bárcenas llegó a pasar un día en la cárcel, tras lo cual abonó 200.000 euros para eludir temporalmente la ejecución de la pena.

El momento ha llegado con la firmeza de las condenas y ahora Anticorrupción pide que Iglesias, Galeote, Izquierdo, Rodríguez Quijano, Jordán, Villaverde, Moreno, Sepúlveda, Merino Clemente, y Rodríguez Pendás ingresen en prisión de forma inmediata.

Los que ya se encuentran cumpliendo condena desde mayo de 2018 son el extesorero del PP (condenado a 29 años y un mes de prisión); el exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega (40 años y tres meses), y el exviceconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid Alberto López Viejo (27 años y diez meses). El tribunal de Gürtel sí estimó entonces la petición de Anticorrupción de entrada inmediata en prisión al considerar que existía riesgo de fuga.

En cuanto a los líderes de la Gürtel, Francisco Correa (condenado a 51 años de cárcel) y el que fuera su 'número dos', Pablo Crespo (36 años y ocho meses)Gürtel, ya estaban en prisión desde febrero de 2017, tras conocerse la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) por las irregularidades en el montaje del 'stand' institucional de la Generalitat Valenciana en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) en las ediciones de 2005 a 2009.

La defensa del extesorero del PP, Luis Bárcenas, ha solicitado personarse como acusación particular en la causa sobre la operación Kitchen, el operativo policial que investiga la Audiencia Nacional y que se habría puesto en marcha en 2013 financiado con fondos reservados para robarle documentación sensible del partido que él se habría llevado cuando fue despedido.

Según han informado fuentes jurídicas la defensa de Bárcenas presentó un escrito solicitando personarse como acusación particular en la causa la pasada semana por entender que habría sido perjudicado en ese operativo policial con el que se habría captado con dinero público al que fuera su chófer para que le sustrajera los documentos. Kitchen es la séptima pieza del llamado caso Tándem por el que se investigan las actividades presuntamente delictivas del comisario jubilado José Manuel Villarejo, quien se encuentra en prision provisional desde noviembre de 2017 sospechoso, entre otros delitos, de organización criminal, cohecho, blanqueo y extorsión.

La investigación sobre la operación Kitchen se incorporó a la causa, parcialmente secreta, cuando parte de la documentación intervenida a Villarejo reveló indicios de que a partir del año 2013 estuvo pagando 2.000 euros al mes, provenientes de fondos reservados, al entonces chófer de Bárcenas y su esposa en calidad de confidente para hacerse con la documentación que podría haber conservado el extesorero tras su despido del PP.

Este operativo está siendo investigado por el magistrado de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional. No obstante, otro juez de este mismo tribunal, José de la Mata, se ha interesado por el caso, ya que en su caso está investigando la presunta financiación irregular del PP, por lo que tiene interés en conocer los documentos que en su día pudieran habérsele sustraído al extesorero. Así, de este modo, Bárcenas y su mujer, Rosalia Iglesias, están citados a declarar en calidad de investigados ante el juez De la Mata el próximo viernes, 21 de diciembre, para que aclaren cuál era esa información que les fue sustraída.

El Consejo de Ministros tiene previsto este viernes desclasificar la operación Kitchen en la que presuntamente se usaron fondos reservados para intervenir documentación del extesorero del PP Luis Bárcenas, a través de la captación como confidente de su chófer. Esto permitirá al Ministerio del Interior remitir a la Audiencia Nacional los recibís originales localizados en sus archivos. El pasado 23 de noviembre, el juez de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Diego de Egea, libró un auto para solicitar al Consejo de Ministros que desclasificara toda la documentación relativa a Kitchen, la séptima pieza del caso Tándem por el que se mantiene en prisión preventiva desde el 5 de noviembre de 2017 al excomisario José Manuel Villarejo.

Con esta operación policial encubierta se puso en marcha entre 2013 y 2014 por parte del excomisario José Manuel Villarejo —entonces adjunto a la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía— un plan para captar como confidente a Sergio Ríos, el chófer de Luis Bárcenas y su mujer Rosalía Iglesias. Para ello, presuntamente se usaron fondos reservados aprobados cuando Jorge Fernández Díaz era ministro del Interior del primer Gobierno de Mariano Rajoy. La operación coincidió con el escándalo sobre la fortuna del extesorero y los presuntos pagos en dinero negro a dirigentes del PP. Bárcenas ingresó en prisión el 27 de junio de 2013.

El Consejo de Ministros de este viernes estudiará el informe presentado por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, previo a la desclasificación del material que había quedado archivado como secreto, según han confirmado fuentes gubernamentales. Interior podrá entonces remitir a la Audiencia Nacional esa documentación, entre la que se encuentran los recibís originales con pagos a Sergio Ríos —en la actualidad agente de la Policía Nacional—, según adelantó el martes el diario El País.

De la Mata también espera un informe

Será a partir de hoy cuando el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska contestará a otro juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, quien, como instructor de la causa de los papeles de Bárcenas, ha pedido un informe urgente a la Secretaría de Estado de Seguridad para que le detalle qué personas autorizaron la operación Kitchen, ya que en su juzgado no había constancia del operativo.

De la Mata volvió a apremiar ayer al Ministerio del Interior para que le envíe este informe, desvelando que el pasado 3 de diciembre recibió un oficio de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía con un "Informe sobre la operación Kitchen". En la causa que instruye el juez De Egea se decidió abrir la séptima pieza, bautizada como Kitchen, tras recibir un informe que Asuntos Internos remitió a la Fiscalía Anticorrupción sobre la captación como confidente del chófer de Bárcenas.

Además de Villarejo, en el operativo intervino Enrique García Castaño, antiguo mando de los Servicios de Información detenido por sus vínculos con Villarejo, y que ha solicitado a este juez que se lo autorice para hablar sobre operaciones clasificadas por el uso de fondos reservados. El director adjunto operativo (DAO) de la Policía era por entonces Eugenio Pino, actualmente procesado en los Juzgados de Plaza de Castilla por el pendrive de la familia del expresidente catalán Jordi Pujol.

En la instrucción que dirige De Egea, por tanto, figuran ya las copias de esos recibís con pagos mensuales al chófer de Bárcenas y que Villarejo tenía en su poder, localizados durante los registros en la operación en la que fue detenido el excomisario, además de unos audios que acreditan esa operación encubierta, según confirman a Europa Press fuentes jurídicas.

Se levanta el secreto salvo para lo encriptado

La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha acordado este miércoles levantar parcialmente el secreto sobre la pieza principal de la operación Tándem, relativa a las actividades del comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo relacionadas con políticos de Guinea Ecuatorial. Con esta decisión, permitirá que las partes personadas accedan a toda la documentación, salvo la que permanece encriptada.

Los investigadores de Asuntos Internos de la Policía y de la Fiscalía Anticorrupción al frente del caso Tándem trabajan a la espera de que el juez De Egea autorice que los 40 terabytes de material incautado a Villarejo, pero inaccesible por estar encriptado, se remita al Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe), organismo con sede en León y dependiente del Ministerio de Economía y Empresa.

De Egea, como juez de refuerzo en la Audiencia Nacional, está estudiando la posibilidad de poner en libertad a Villarejo atendiendo a los problemas de salud del excomisario, a quien se impondrían medidas de control telemático, según han informado fuentes jurídicas y adelantó este miércoles el diario El Mundo. Esto ha sido denegado hasta ahora por la Sección Tercera de la Sala de lo Penal al entender que persiste el riesgo de fuga y de destrucción de pruebas.

Diferentes medios de comunicación han publicado grabaciones atribuidas a Villarejo y que afectaban a conversaciones privadas de Corinna zu Sayn-Wittgenstein, examiga del rey emérito Juan Carlos; a la ministra de Justicia, Dolores Delgado, o a la exsecretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, que se llegó a reunir en secreto con el excomisario en la sede del PP de Génova por mediación de su marido, el empresario Ignacio López del Hierro.

La Audiencia Nacional acaba de decretar prisión eludible bajo fianza de 200.000 euros para la mujer de Luis Bárcenas, para quien la Fiscalía Anticorrupción había solicitado el inmediato encarcelamiento incondicional por riesgo de fuga. Dominado ahora por dos jueces de la mayoría conservadora, el tribunal ha cumplido así todos los pronósticos sobre la principal incógnita abierta tras la sentencia de la pieza principal del caso Gürtel, que certifica la existencia de la caja B del PP, duda de la credibilidad del presidente del Gobierno y describe un "sistema de corrupción institucional".

El tribunal sostiene que el hecho de que su condena (15 años) sea inferior a la de su marido rebaja el peligro de huida. "Es cierto -dice el auto judicial- que contamos con el nuevo hito que supone haber dictado una sentencia condenatoria en contra de esta acusada, pero la pena es menor [que la de Bárcenas, sentenciado a 33 años], por lo que el riesgo de fuga no se puede considerar tan elevado". La sala añade que el hecho de que el extesorero se encuentre ya en prisión "es una circunstancia que puede paliar ese riesgo de fuga".

En principio y salvo en la improbable hipótesis de que aportase ya los 200.000 euros, Rosalía Iglesias ingresará hoy mismo en la prisión madrileña de Soto del Real, donde ya se encuentra su marido. Si deposita la fianza, recuperará la libertad y la mantendrá hasta que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre los recursos contra la sentencia. En caso de que pague la caución decretada, se le imponen medidas cautelares consistentes en retirada de pasaporte, prohibición de salida del territorio y presentaciones quincenales en el juzgado.

Como preveían distintos observadores, la decisión de dejarla en libertad bajo fianza ha beneficiado a los otros siete condenados para los que Anticorrupción también pedía cárcel inmediata sin remisión. De momento, salen también libres con medidas cautelares de restricción de movimiento pero sin fianza distintos condenados a penas superiores a cinco años y para los que Anticorrupción había pedido igualmente prisión incondicional: la exmujer de Francisco Correa, Carmen Rodríguez Quijano; el exconcejal de Majadahonda Juan José Moreno; el contable de la trama, José Luis Izquierdo; Antonio Villaverde, asesor fiscal y financiero de la trama; el exconsejero madrileño Carlos Clemente y el exconcejal de Estepona Ricardo Galeote.

Además de para Iglesias, el tribunal solo fija prisión eludible bajo fianza -de 100.000 euros en este caso- para Jesús Sepúlveda, que fue alcalde del municipio madrileño de Pozuelo y ha sido condenado a 14 años y cuatro meses. Si paga los 100.000 euros, estará sujeto a las mismas medidas cautelares que los otros condenados sobre los que ya se ha pronunciado la sala: retirada de pasaporte, prohibición de salida del territorio y presentaciones quincenales en el juzgado.

Durante esa comparecencia judicial -la denominada vistilla-, en la que la Fiscalía pidió el lunes su encarcelamiento, Rosalía Iglesias proclamó que no pensaba viajar a ningún sitio hasta que pudiera hacerlo con su marido. E invocó como argumento en favor de su libertad la soledad en que su ingreso en prisión sumiría al hijo de la pareja.

En la cárcel solo han ingresado por tanto los tres condenados con penas más altas y mayor riesgo de fuga: Luis Bárcenas (33 años y cuatro meses), el exconsejero madrileño Alberto López Viejo (31 años y nueve meses) y Guillermo Ortega, exconcejal de Majadahonda (38 años y tres meses). 

La sospecha que planea sobre el escenario

Condenado a 33 años y cuatro meses, el extesorero Luis Bárcenas ingresó el mismo lunes en la prisión de Soto del Real. La sospecha de que podría desvelar nuevos datos de alcance sobre la contabilidad B del PP si su mujer acababa en la cárcel planea sobre la escena política desde antes incluso de que la Audiencia Nacional hiciera pública la demoledora sentencia sobre la pieza principal del caso, la de la llamada Época 1, que analizaba básicamente hechos comprendidos entre 1999 y 2005 aunque se adentraba también en el examen de algunos posteriores. 

Rosalía Iglesias está condenada a 15 años por varios delitos, aunque la pena real que cumplirá serán nueve si el Tribunal Supremo ratifica la sentencia. Eso es así porque la normativa española prevé que el reo cumpla como máximo el triple de la pena más alta a la que haya sido sentenciado. En el caso de Iglesias, la pena más elevada que ha recibido es de tres años por el delito de blanqueo de capitales. 

Tras el apartamiento del magistrado progresista Ricardo De Prada bajo el argumento de que su situación de servicios especiales no le permite participar en el tribunal responsable de dictar las medidas cautelares, en la sala que ha resuelto sobre el futuro inmediato de Rosalía Iglesias permanecen dos miembros de la terna original: Julio de Diego, que fue clave para forzar la declaración testifical de Mariano Rajoy, y Ángel Hurtado, que ha expresado en un voto particular su discrepancia con la condena civil del PP como beneficiario económico de la trama o partícipe a título lucrativo.  En sustitución de De Prada, se ha integrado la presidenta de la Sección Segunda, María José Rodríguez Duplá, toda vez que el magistrado que por turno de reparto debería haber entrado, Juan Pablo González, está inhabilitado para rozar cualquier asunto vinculado a Gürtel.

La Fiscalía Anticorrupción había pedido prisión para 11 condenados por riesgo de fuga y al tratarse de penas elevadas. Además de para Bárcenas –sobre quien el tribunal recalca en su auto de prisión que mantiene oculta parte de su fortuna– , Ortega y López Viejo, el ministerio público solicitó cárcel para los siguientes: Ricardo Galeote (condenado a 7 años y 10 meses), la ya mencionada Rosalía Iglesias, (15 años y 1 mes ), el exalcalde de Pozuelo Jesús Sepúlveda (14 años y 4 meses) el contable de la Gürtel, José Luis Izquierdo (17 años y siete meses); la exjefa de gabinete de Majadahonda, Carmen Rodríguez Quijano (14 años y ocho meses); uno de los abogados de Correa, Antonio Villaverde (8 años y 2 meses); el exconcejal de Majadahonda Juan José Moreno (15 años y dos meses); el exmiembro del Comité Ejecutivo, el exviceconsejero de Inmigración de la Comunidad de Madrid Carlos Clemente (5 años y nueve meses).

Las fiscales Concepción Sabadell y Concepción Nicolás han seguido aquí el criterio de pedir prisión incondicional para todos aquellos que han sido condenados a más de cinco años, alegando para la mayoría de ellos el riesgo de fuga. De este modo, para el exdiputado del PP Jesús Merino (tres años y siete meses); el testaferro de Bárcenas, Iván Yáñez; el asesor de López Viejo, Pedro Rodríguez Pendás (tres años); y la mujer del exviceconsejero, Teresa Gabarra (cuatro años) se han interesado medidas cautelares, como la retirada del pasaporte, prohibición de salir de España y comparecencias quincenales.

La sentencia de la rama principal del caso Gürtel, la llamada Época 1, que certifica la caja B del PP, pone en duda la credibilidad del presidente y describe un "sistema de corrupción institucional", se ha convertido en una suerte de prueba de cargo de por qué la judicatura ha vivido desde 2015 una guerra abierta en torno a la presencia de jueces afines a la formación conservadora en los tribunales designados para enjuiciar las distintas piezas en que se divide la causa.

Desde 2015, seis jueces de la Sección Segunda de la Audiencia Nacional han ido siendo designados para formar parte de la terna que debía enjuiciar distintas piezas de Gürtel. De ellos, tres –los tres del sector conservador y mayoritario de la judicatura– acabaron sucesivamente excluidos por su cercanía al PP: Concepción Espejel, ahora presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia; Enrique López, instalado hoy en la poderosa Sala de Apelaciones; y Juan Pablo González.

Ahora, la decisión del Poder Judicial (CGPJ) de excluir por razones oficialmente administrativas al progresista José Ricardo de Prada de la sala que este miércoles debe desvelar si envía o no a prisión a la mujer de Luis Bárcenas y a otros siete condenados ha situado en el tribunal a otra magistrada conservadora: María José Rodríguez Duplá, presidenta de la Sección Segunda y una de las firmantes del voto particular con que cinco jueces se opusieron el pasado 8 de mayo al apartamiento de Juan Pablo González. 

Ese tribunal es el cuarto de la serie si se atiende a los sucesivos cambios en su composición, si bien solo el segundo –el que enjuició la pieza de Época 1– y este último han intervenido de algún modo en el proceso. Y todos los observadores consultados creen que será ese cuarto tribunal el que aplique un criterio benévolo que dé al traste con la solicitud de prisión incondicional formulada el lunes por la Fiscalía para Rosalía Iglesias y los otros siete condenados.

A la primera sala pertenecían Concepción Espejel, Enrique López y Julio de Diego. En el segundo, Espejel y López fueron sustituidos por el conservador Ángel Hurtado, presidente y ponente, y por De Prada, cuya coincidencia de criterio con De Diego terminó siendo crucial para forzar la declaración testifical de Rajoy y, sobre todo, en la redacción de la sentencia. En el tercer tribunal, designado para enjuiciar los papeles de Bárcenas y otras tres piezas del caso –la visita del Papa a Valencia, los contratos de Aena y los del Ayuntamiento de Jerez–, se incorporó Juan Pablo González, finalmente recusado, como sustituto de Julio De Diego.

Y en el cuarto, tras el apartamiento de De Prada bajo el argumento de que su situación de servicios especiales no le permite participar en el tribunal responsable de dictar las medidas cautelares, permanece De Diego porque en teoría se trata de la misma sala que juzgó la pieza de Época 1. En el puesto de De Prada, se ha integrado Rodríguez Duplá toda vez que Juan Pablo González está inhabilitado para rozar cualquier asunto vinculado a Gürtel.

Tras el paréntesis del segundo tribunal, que por la confluencia de De Prada y De Diego dio un vuelco a la mayoría –conservadora– que hace apenas tres años todas las fuentes jurídicas daban por segura, la correlación de fuerzas regresa al punto de origen: Gürtel vuelve a estar en manos del sector conservador.Gürtel  ¿Será esa misma tripleta –Duplá, Hurtado y De Diego– la que juzgue las piezas para las que inicialmente había sido nominado Juan Pablo González? Todavía no hay respuesta oficial a esa pregunta. Pero esa se perfila como una hipótesis probable, dado que en la Sección Segunda no hay más magistrados entre los que elegir.

Fuentes de la Audiencia aseguran que Rodríguez Duplá decidió ocupar la vacante de De Prada porque la normativa se lo permite dada su condición de presidenta de la Sección Segunda. Otras fuentes que conocen de primera mano el funcionamiento del tribunal aducen que Duplá dio ese paso porque quien, según las normas de reparto, había de sustituir a De Prada era precisamente Juan Pablo González. Y que dado que su recusación para todos los juicios de Gürtel hacía presumir que también aquí sería recusado, Duplá optó por incorporarse ella misma a la sala.

La recusación de González y el "criterio de Youtube"

Igualmente suscrito por Ángel Hurtado, también miembro del tribunal encargado de resolver sobre las medidas cautelares, el voto particular de Rodríguez Duplá y otros cuatro jueces en el asunto de Juan Pablo González ridiculiza el acuerdo por el que la mayoría de la Sala de lo Penal de la Audiencia aceptó su recusación. Aplicando la pauta seguida ya en 2015 respecto de Concepción Espejel y Enrique López, la Sala de lo Penal apartó a González recalcando que no se cuestiona su imparcialidad sino su apariencia de imparcialidad.

Pero el voto particular que firman Duplá y Hurtado sostiene que esa afirmación no se justifica ni explica mínimamente. "No sabemos si obedece a un criterio de Youtube; de Facebook, de Twitter o es producido por un medio de comunicación", escriben sus autores. El entrecomillado ilustra de manera gráfica su posición, antagónica a la auspiciada no solo por las acusaciones populares sino por la propia Fiscalía Anticorrupción, cuya investigación sobre la trama ha terminado derivando en la sentencia que desde el jueves pasado mantiene en jaque al presidente del Gobierno.

Es en esta guerra abierta en el seno de la judicatura donde se inscribe el apartamiento de De Prada. Acordado gracias al voto de calidad del presidente del Poder Judicial, Carlos Lesmes, –el asunto generó un empate de cuatro a cuatro en la comisión permanente del CGPJ–, el interrogante radica en si su exclusión forma parte de lo que, en privado e incluso en ciertos documentos públicos, las acusaciones populares llevan meses definiendo como una maniobra sostenida para lograr un tribunal a la medida del PP. 

"Un artificio" para apartar al progresista De Prada

Los portavoces oficiales del Poder Judicial aseguran que jamás ningún magistrado en situación de servicios especiales había solicitado que se le habilitase de nuevo para participar no ya en la redacción de sentencia de un juicio en el que hubiera tomado parte sino para resolver sobre las medidas cautelares y las eventuales solicitudes de aclaración que puedan formular las partes. Pero el hecho de que entre los cuatro vocales de la comisión permanente del CGPJ que apoyaron la continuidad de De Prada figure Fernando Grande-Marlaska, expresidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia y adscrito a la mayoría conservadora, añade incertidumbre al porqué real de la exclusión dictada en última instancia por Lesmes.

Por la tarde, la asociación progresista Jueces para la Democracia emitió un comunicado en el que califica de "artificio" los argumentos de Lesmes. Es un artificio, dice la asociación, distinguir la firma de la sentencia de la decisión sobre las medidas cautelares respecto a los condenados y de resolución de los recursos de aclaración, rectificación y subsanación. "La decisión del CGPJ es cuestionable constitucionalmente y erosiona aún más la imagen de independencia e imparcialidad de los tribunales ante la sociedad en los casos de corrupción pública", dice el comunicado. Las otras asociaciones judiciales no han emitido pronunciamientos oficiales.

Los tuiteros no han pasado por alto la súplica porque, cabe señalar, el vástago de los Bárcenas-Iglesias tiene 30 años...

La sentencia de la primera temporada de la serie Gürtel (vendrán más y se juzgarán asuntos aún más vergonzantes) establece ya conclusiones suficientes para que dejen al menos de ofender a la inteligencia de los ciudadanos (incluso de los españoles):

1.- El tribunal considera probado que el PP y la trama dirigida por Francisco Correa crearon “un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública central, autonómica y local a través de su estrecha y continua relación con influyentes militantes del partido”. Vamos, lo que viene a ser “un sistema de corrupción”. Nada de casos aislados.

2.- A lo largo de las 1.687 páginas de la sentencia, se describe “un auténtico sistema de defraudación del erario público” en el que Luis Bárcenas y Francisco Correa eran piezas fundamentales, ya que “tenían posibilidades de influir en los procedimientos de toma de decisión en la contratación pública de determinados entes y organismos públicos que dirigían o controlaban directamente a través de terceras personas”. Vamos, lo que viene a ser robar dinero público de forma organizada. Nada de “manzanas podridas” ni “cuatro ranas”.

3.- Queda detalladamente acreditado que las comisiones exigidas a empresarios a cambio de adjudicaciones no sólo iban a parar a los bolsillos de Bárcenas, Correa y compañía “también otras cantidades sirvieron para directamente pagar gastos electorales o similares del Partido Popular…”. Vamos, lo que viene a ser financiación ilegal. Nada de “diez o quince chorizos” que “se nos han colado” en el PP.

4.- Deja establecido la sentencia que no se trata de un latrocinio de carácter aislado en determinados municipios madrileños, porque otras cantidades del dinero exigido a las empresas “… fueron a parar como donaciones finalistas a la llamada ‘caja B’ del partido, consistente en una estructura financiera y contable paralela a la oficial, existente al menos desde el año 1989”. Vamos, lo que viene a ser el manejo de dinero negro en cantidades industriales (asunto de gran calado que queda pendiente de juzgar en la siguiente temporada de esta serie). Nada de “unos cuantos sobres para gastos de representación”.

5.- Se describe también perfectamente en la sentencia el mecanismo de la corrupción, que arranca con la adjudicación de contratos públicos a cambio de comisiones, pero que no acaba ahí: “Mediante el inflado de precios que se cobraban de las distintas administraciones públicas afectadas [los millonarios y constantes sobreprecios], la finalidad buscada era la obtención ilícita de importantes beneficios económicos a costa del erario público, o bien comisiones cuando la adjudicataria eran terceras empresas, que luego se repartían entre el Grupo Correa y las autoridades o cargos públicos electos o designados corruptos, que recibían cantidades de dinero en metálico, pero también mediante otro tipo de servicios o regalos prestados por diferentes empresas de esa trama… de las que en algunos casos se beneficiaron también sus familiares”. Vamos, lo que viene a ser recibir sobornos en metálico o todo tipo de prebendas que incluyen viajes de lujo, celebración de bautizos, bodas y comuniones, joyas o automóviles, del estilo de ese Jaguar del marido de Ana Mato que la exministra de la máxima confianza de Rajoy nunca vio en su garaje. Nada de “cuatro botellas de vino por Navidad”.

6.- Los magistrados firmantes del fallo no se creen el testimonio que en su día prestó Mariano Rajoy en sede judicial. Dudan que sea "verosímil" su versión y la de otros testigos que negaron la contabilidad paralela y el cobro de sobresueldos, que por cierto no sólo existían sino que eran "opacos" a Hacienda. Vamos, lo que viene a ser un varapalo mayúsculo a los ya escasos restos de credibilidad del presidente del PP y del Gobierno. 

Así que más allá de los titulares que hablan de las condenas penales y de las multas que tendrán que pagar los culpables (incluidos el PP y Ana Mato como partícipes a título lucrativo) la importancia medular de esta sentencia es que refleja un sistema organizado de corrupción política, financiación ilegal y enriquecimiento a costa de los recursos públicos que ha funcionado durante casi tres décadas a nivel nacional, autonómico y local en los dominios del Partido Popular. Podrán recurrir al Tribunal Supremo, acogiéndose a algunos argumentos del voto particular del magistrado que ya en su día se negaba a convocar a Mariano Rajoy siquiera como testigo. Pero el cúmulo de datos, documentos, testimonios, pruebas y confesiones ofrece una base firme para las altas penas de cárcel decididas y supone la confirmación del trabajo que hace casi diez años inició el juez Baltasar Garzón (y le costó la carrera) y del que de forma concienzuda y discreta desarrolló el juez Pablo Ruz antes de solicitar una plaza menos sometida a presiones políticas y a los focos mediáticos.

Mariano Rajoy tiene que asumir responsabilidades políticas sobre ese “sistema de corrupción institucional” de una vez por todas, porque además su papel y el de su partido sólo pueden empeorar en sucesivas temporadas de la serie GürtelGürtel. Luis Bárcenas ha demostrado ser el ‘tesorero-bomba’ que no sólo iba cargado de dinero negro y contabilidades paralelas, sino de suficiente información como para volar políticamente la sede de Génova. Ahora pueden entrarle más ganas de cantar que a su hijo en Taburete, al ver a su mujer condenada a 15 años de cárcel. La sentencia, en un párrafo que respira esa “formación de género” tan reclamada, rechaza el argumento de que Rosalía Iglesias no tenía conocimientos para ejecutar las acciones que se le imputan: sería relegarla “a poco más de un simple objeto, y esto no lo debe consentir el Tribunal”. (Este tribunal, porque el del caso Nóos, pese a estar formado por mujeres, no aplicó esa lógica a la infanta Cristina).

  Los efectos políticos

Rajoy prefiere seguir viendo “casos aislados”, y más aún teniendo ya aprobados unos Presupuestos que dilatan su calendario político hasta el mismo año 2020 en que acaba la legislatura. Si en el PP han sido capaces de dibujar al detenido Eduardo Zaplana como una especie de troyano de Ciudadanos, cabe esperar cualquier cosa a la hora de marcar distancias con un Bárcenas que conoce al milímetro las alcantarillas de Aznar (mudo) y las de Rajoy (en modo avión).

Salió de inmediato Albert Rivera diciendo cosas tan sonoras como raras: “Esto [la sentencia] marca un antes y un después en la relación del Gobierno con la oposición” y “trastoca todos los planes de la legislatura”. Daría hasta miedo, o provocaría una hecatombe en las bolsas y en la prima de riesgo si no fuera porque todos sabemos que se trata de puro postureo; que este ‘sorprendido’ Rivera ya le exigió a Rajoy en aquella investidura frustrada de Pedro Sánchez en marzo de 2016 que se fuera, que era “el presidente de la corrupción”. “España no se puede permitir un presidente como usted”, le espetó, incluso pidió al PP que cambiara de candidato porque “jamás” apoyaría Ciudadanos a Rajoy. ¿Por qué? Por “esto”, por la Gürtel, por la financiación ilegal, por la corrupción institucional… Por todo lo que todos sabíamos, incluido Rivera, que nunca vio “casos aislados” y que ahora se lleva las manos a la cabeza porque una sentencia dice que “¡en este casino se juega!”

Rivera pone el grito en el cielo contra Rajoy pocas horas después de haber puesto su voto (junto al PNV) para aprobar unos Presupuestos que garantizan al Gobierno exprimir la legislatura hasta 2020 si le place. El pasado domingo, en el acto con el que Ciudadanos presentaba su macroniana plataforma #EspañaCiudadana, Rivera hizo un discurso que ha provocado la hilaridad en las redes sociales durante días: “Recorriendo España yo no veo trabajadores o empresarios; veo españoles. No veo a jóvenes o mayores, veo españoles…” Sería para reírse si no fuera para llorar. En mi humilde opinión, el varapalo más contundente para Rajoy y el PP esta semana no es la sentencia de la Gürtel (políticamente ya amortizada por escandaloso que nos parezca), sino el informe del mismísimo Banco de España en el que, negro sobre blanco, puede comprobarse que los beneficios de las empresas crecen 16 veces más que los salarios desde 2014. Es el resumen más significativo e indignante de la cacareada ‘recuperación económica’: el dato que refleja en toda su magnitud la profunda desigualdad instalada en España por las políticas aplicadas. Rivera, claro, prefiere no ver “trabajadores o empresarios”, ni jóvenes o pensionistas, sino sólo “españoles” y, si es posible, españoles cegados, exaltados y enfebrecidos por una pulsión nacionalista tuneada de patriotismo. En realidad, si se le aplicara el suero de la verdad, uno imagina a Rivera clamando más bien: “sólo veo votos”.

Para que esta sentencia signifique de verdad “un antes y un después”, tendría que prosperar la moción de censura que el PSOE ha registrado el viernes por la mañana en el Congreso. Pablo Iglesias ya la propuso el mismo jueves y anunció su apoyo a Pedro Sánchez, confirmado por el líder de IU Alberto Garzón. Logre o no los números suficientes para hacer caer al Gobierno, desde luego la iniciativa obliga a Rivera a retratarse, a clarificar si finalmente está dispuesto a tumbar a Rajoy a los pocos días de darle aire hasta 2020. Lo cual explica la maniobra de Ciudadanos, que a los pocos minutos exige elecciones anticipadas o amenaza con apoyar, no la moción de censura socialista, sino una moción instrumental con el objetivo de convocar elecciones. una moción instrumental En Ciudadanos saben perfectamente que Rajoy no puede disolver las Cortes mientras esté en trámite una moción de censura, porque así lo precisa el artículo 115 de la Constituciónartículo 115 de la Constitución(lo cual explica que el PSOE registrara la moción con urgencia, incluso antes de reunirse su Ejecutiva). Vamos, que no se presta Rivera a facilitar la menor ventaja a Sánchez ni tampoco a sacar de inmediato al PP de la Moncloa, sino que simplemente intenta (está en su derecho) aprovechar al máximo la extrema debilidad del PP para seguir barriendo a su favor en las próximas citas electorales.

¿Y Rajoy qué opina de esto, como diría el abuelo de aquel exitoso spot? Pues ni se inmuta. Una vez más, recurre al discurso del miedo acusando a Pedro Sánchez (socio principal en la respuesta al independentismo) de actuar "contra la estabilidad de España y contra el interés de los españoles". Con la simplicidad que caracteriza sus (eficaces hasta ahora) discursos, Rajoy ha situado la iniciativa del PSOE entre la aprobación de los Presupuestos y un 155 en vigor, para responsabilizar Sánchez de pretender gobernar "con cualquiera" y "a cualquier precio". Como si él no hubiera pactado con el PNV a cualquier precio, incluyendo subidas de pensiones que hace sólo mes y medio eran "imposibles e inviables". Vamos, que Rajoy no da un paso atrás, ni siquiera a un lado, y mantiene su intención de agotar la legislatura. En estos tiempos en que cada "noticia-bomba" queda fagocitada por la siguiente, en pocas horas los focos ya se han trasladado al PSOE, a Ciudadanos o al PNV, en lugar de mantenerse en una sentencia que dibuja un agujero negro de la democracia española.

P.D. Además de compartir Presupuestos y pactos anticorrupción, Rajoy y Rivera también comparten un ojo de lince para elegir tesoreros y defenderlos. Si no fuera por la sentencia de la Gürtel, este artículo se habría centrado en los datos desvelados en infoLibre por Joana Oliveira y Manuel Rico sobre Carlos Cuadrado, responsable de las finanzas de Ciudadanos y empresario que parece tener la muy española y poco patriótica costumbre de mentir. Afronta varios procesos judiciales por sus negocios en Brasil, y sobre su existencia faltó a la verdad en sede parlamentaria, lo cual es un delito. Tiene toda la razón el PP al trasladar a la justicia los datos que hemos publicado y al reclamar que actúe la Fiscalía. ¿Qué dice Albert Rivera? Que se trata de una cuestión “privada” de su tesorero y un caso “resuelto en términos políticos”. Vamos, que sólo ve “españoles”. (Seguiremos informando). ----------------------------------------------------------------------(Este artículo ha sido actualizado al mediodía del viernes para recoger el registro de la moción de censura del PSOE, el anuncio de Ciudadanos y la respuesta de Rajoy).

La Audiencia Nacional ha condenado a 15 años y un mes de prisión a Rosalía Iglesias, mujer del extesorero del PP Luis Bárcenas, por utilizar, en connivencia con éste, procedimientos para ocultar sus propias rentas y las de su esposo, ingresando una parte de ellas en efectivo en cuentas de su titularidad abiertas tanto en España como en Suiza y simulando haber obtenido ese dinero de las ventas de cuadros. Esta sentencia corresponden a la pieza principal del caso Gürtel, la denominada Época 1 (1999-2005). 

Fuentes jurídicas consultadas por infoLibre explican que, aunque el fallo no sea firme como ocurre en este caso, lo habitual es que cuando las penas superan los seis años los condenados sí entren en prisión. En todo caso, esa es una decisión que tendrán que tomar los tres miembros de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que han dictado sentencia. Y siempre que lo reclame la Fiscalía, que pedía para ella 24 años de prisión y que ya ha pedido al tribunal que celebre el acto en el que decidirá si pide que Iglesias vaya ya a la cárcel, o las acusaciones populares, algo que se da por hecho aunque todavía no lo hayan anunciado públicamente. 

Existe un antecedente con la rama valenciana del caso Gürtel, en la que se investigaron amaños de contratos de la Generalitat valenciana para la Feria Internacional de Turismo (Fitur). Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, El Bigotes, fueron enviados a la cárcel tras ser condenados a 13 años de prisión por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) al considerar "el riesgo de fuga", "la gravedad de la pena a la que han sido condenados" y "los otros casos que tienen pendientes". 

La mujer de Luis Bárcenas, Rosalía Iglesias Villar, ha asegurado al tribunal que juzga la primera pieza del caso Gürtel que tenía y tiene plena confianza en su marido: "No me daba más explicaciones, parece una estupidez decirlo, pero me parece bien todo lo que hace él", ha asegurado en relación a la cuenta suiza a su nombre descubiertas por la Policía.

Iglesias Villar, que se ha negado a responder a la preguntas de la fiscal Concepción Sabadell y que sólo ha contestado a su abogada, Marta Giménez, explicó: "No sabía que había cuentas en Suiza".

Sin embargo la procesada, a la que la Fiscalía Anticorrupción le reclama 24 años y un mes de cárcel, expresó su "confianza total y absoluta, e incluso en los periodos más difíciles". A preguntas de su letrada, Iglesias Villar explicó que muchas de las firmas que aparecen en los documentos bancarios fueron realizadas por su marido con su autorización.

Preguntada por su letrada por la información bancaria que la sitúa como acompañante en las visitas que realizaba a las entidades bancarias para ingresar dinero en efectivo, Rosalía Iglesias explicó, al igual que hizo su marido, que los bancos de este país son diferentes a los de España, "en los que sí sabes que estás entrando a un banco".

Rosalía Iglesias Villar ha defendido su desconocimiento de los hechos, pero lo hizo porque confiaba en su marido: "Cuando acudía al banco era porque me decía mi marido, pues cuando salgas pasa un momento por el banco que hay una serie de documentos que tienes que firmar. Tampoco es que entrase en el detalle y que yo no quiero explicar, no soy tonta, pero vamos, si a mí mi marido me dice y no lo pongo jamás en cuestión ni lo he puesto ni lo pongo ahora mismo, que son unos documentos para firmar y que requiere mi firma, sé que gestiona una cartera de valores mía, pues doy por hecho que son compraventa de acciones", ha explicado al tribunal.

Además, cuando entraba en una entidad financiera con su marido para aportar ingresos en efectivo lo hacía por un garaje, y permanecía en un salón, sin saber nada de lo que hacía su marido: "Los bancos de Suiza no tienen nada que ver con España, dónde todo el mundo sabe que está entrando en un banco. Yo fui cuatro o cinco o seis veces, entrábamos en un edifico por el garaje, nos sentábamos en una sala de espera hasta que le llamaban y en algún momento no sé si me presentó a alguna persona", ha explicado la procesada.

Iglesias Villar ha explicado que no tenía ningún conocimiento de la actividad de su marido: "Yo nunca he consultado ninguna documentación de ningún banco, ni de España ni de Suiza", al mismo tiempo que relató que "jamás" había firmado ningún documento en Suiza: "Cada vez que le firmaba algo lo hacía en mi casa", ha completado la procesada, que también ha explicado que era habitual que le diera el DNI y el pasaporte a su marido: "¿Cuántas veces me lo ha pedido y lo sigo haciendo, y los pasaportes los guarda él siempre".

El extesorero del PP Luis Bárcenas, acusado junto a otras 36 personas por los primeros años de actividades de la trama Gürtel (1999-2005), ha destacado ante la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional –tribunal encargado de enjuiciar esta causa– que comenzó a comprar obras de arte en la década de los 80 porque le "gustaba" a su mujer, Rosalía Iglesias. En esta línea, ha apuntado que fue en 2002 cuando decidió "intentar ganar dinero" con estas operaciones.

Bárcenas ha precisado que él no ha intentado justificar los ingresos de dinero en sus cuentas de Suiza con la compra-venta de cuadros hasta 2007, tal y como dice la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en sus informes. Según ha dicho, estas operaciones las ha realizado hasta el año 2004.

A preguntas de la fiscal Concepción Sabadell –con la que ha comenzado una discusión– ha reconocido que ha adquirido obras de arte para su disfrute personal desde los años "ochenta y tantos", porque a su esposa –también acusada en esta causa– le "gustaba". Sin embargo, ha añadido que fue en diciembre de 2002 la primera vez que realizó esta operación para "intentar ganar dinero con el arte".

El extesorero "popular" ha indicado que era él, y no su mujer, el que tomaba "las decisiones de compra y venta de obras de arte" y ha apuntado que Iglesias sólo firmaba los documentos que él "le pasaba". En este sentido, ha afirmado que las declaraciones de la renta las realizaba junto a un asesor: "El asesor me llamaba, las veía, me las explicaba, y yo firmaba la mía y ponía un garabato en la declaración de mi mujer", ha indicado.

Bárcenas, que ha explicado varias de las operaciones de compra-venta de las pinturas, ha apostillado que, en una de ellas, el que fue tesorero de Alianza Popular Rosendo Naseiro le aconsejó, como "especialista en pintura del siglo de Oro", la compra de bodegones de Juan Van der Hammen. Ha recordado que, precisamente, para la adquisición de este cuadro pidió un préstamo de 300.000 euros.

El crédito fue denegado la primera vez que lo solicitó

El acusado pidió este crédito a un banco vasco, el cuál le denegó dicho préstamo por sospechas de fines especulativos, por lo que, según ha contado, se enfadó y cerró todas las cuentas que tenía con esta entidad financiera. En un segundo intento, solicitó los 300.000 euros al Banco Popular, que sí se lo concedió, y ha aseverado que sacó el dinero en billetes de 500 euros.

Bárcenas ha recordado que, efectivamente, la retirada del dinero para hacer el pago en efectivo hizo que Hacienda sospechase de esta operación, pero ha subrayado que finalmente no se abrió ninguna investigación al respecto.

Las "trabas" al voto exterior –de las que se han hecho eco los observadores de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE)– han constituido uno de los temas de debate de esta campaña. El colectivo de emigrantes lleva meses denunciando que la multiplicación de trámites a la que les obliga la reforma electoral de 2011 está generando una auténtica "masacre" con el voto exterior que se va evidenciar de nuevo con una bajísima participación el próximo domingo. Sin embargo, hay un dato que todavía se desconoce: cuántas personas tienen derecho a voto desde el extranjero y a las que, por tanto, afectan estos obstáculos para ejercer su derecho al sufragio. 

1.875.272 personas están inscritas en el Censo de Electores Residentes Ausentes (CERA) y, por tanto, tienen derecho a votar este 20-D por su condición de españoles residentes de forma permanente (al menos, desde hace más de un año) en el extranjero. De ellos, sólo 149.849 han manifestado su voluntad de votar, es decir, ha cumplimentado los trámites que establece desde 2011 la ley electoral, que obliga a este colectivo a rogar el voto antes de cada elección. Son apenas un 8% del total. 

Pero, ¿son estos 1.875.272 electores todos los españoles mayores de 18 años que viven en el extranjero y que, por tanto, tienen derecho a voto? La respuesta es clara: no. El CERA lo crea el Instituto Nacional de Estadística (INE) con los datos remitidos por los consulados a partir de otro registro, el Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero o PERE. Lo que ocurre es que el PERE no registra exhaustivamente a todos los españoles que residen en el extranjero, pues la inscripción es voluntaria y tampoco presenta grandes incentivos, tal y como se recoge en el informe La emigración de los jóvenes españoles en el contexto de la crisis, realizado por el Instituto de la Juventud (Injuve). Según el PERE a 1 de enero de 2015 había 2.183.043 emigrantes españoles registrados. Esta cifra es superior a la del CERA porque incluye a toda la población, incluida la que tiene menos de 18 años y no tiene derecho al voto. 

Entre las ventajas está la asistencia del consulado ante una eventual situación de urgencia, aunque el principal aliciente es la posibilidad de participar en las elecciones convocadas en España. No obstante, desde la reforma electoral de 2011, este colectivo ya no puede votar en las municipales, lo que puede verse como un desincentivo, especialmente para aquellos españoles que llevan poco tiempo fuera y tienen todavía fuerte vinculación con España o esperan regresar a medio o corto plazo. 

Los costes de inscribirse –tal y como recoge el informe de la Fundación Alternativas La nueva emigración española. Lo que sabemos y lo que no– sí son altos. El primero, el mero desplazamiento a la ciudad donde se encuentre el consulado, que puede estar a cientos de kilómetros de donde vive el emigrante. También influye el hecho de que la inscripción como residente en el extranjero conlleva la baja en el padrón en España. Esto puede provocar, por ejemplo, que una persona no pueda seguir inscrita como posible beneficiario de una vivienda de protección oficial. 

La principal rémora, no obstante, tiene que ver con el acceso a la sanidad. El decreto que en 2012 expulsó a los inmigrantes sin papeles del acceso a la atención sanitaria normalizada también restringió el derecho de los españoles a conservar la tarjeta sanitaria si permanecían más de 90 días en el extranjero y habían agotado su prestación de paro. Esta medida provocó un gran rechazo entre la emigración, tanto que el Gobierno accedió el pasado verano a revertirla en parte reconociendo el derecho a la cobertura sanitaria a los emigrantes que estén trabajando en países con los que España no tiene acuerdos y que antes quedaban fueran del sistema público. 

Una muestra sesgada

Los citados informes del Injuve y de la Fundación Alternativas han corroborado que la realidad que reflejan registros como el CERA o el PERE constituyen una muestra pequeña y algo sesgada de la emigración española. Y así se puede comprobar también cruzando datos de estos registros con los de los países de destino. Ambos documentos tomaron el ejemplo de Reino Unido porque actualmente es el principal destino de la emigración española en Europa y ofrece gran cantidad de datos estadísticos. 

Para trabajar en el Reino Unido, así como para recibir ayudas sociales –desempleo, pago del alquiler, exención del pago de ciertos impuestos, sostenimiento de hijos...– es preciso estar registrado en el Sistema Nacional de Seguridad Social Británico. Pues bien, esta entidad cifró en 54.203 las inscripciones de españoles entre marzo de 2014 y marzo de 2015, frente a los 12.731 que se habrían marchado a vivir durante 2014 a ese país según el PERE, el registro en el que se basa el censo CERA. 

Esta comparación permite apreciar claramente como aun teniendo en cuenta que la Seguridad Social británica sólo registra a trabajadores y personas que se benefician de ayudas sociales y, por tanto, deja fuera a estudiantes y menores, el número de emigrantes españoles que se registra cada año en la Seguridad Social británica es sensiblemente superior al de españoles que se han inscrito en el consulado y que registra el PERE. 

Para votar el 20-D, los emigrantes no registrados en el Censo de Electores Residentes Ausentes (CERA) tenían dos alternativas. O viajar a España y ejercer su derecho al sufragio directamente en urna. O intentar acceder a otro registro consular, el del ERTA (españoles residentes temporales en el extranjero) para votar por correo desde su actual lugar de residencia. De este último registro el INE, al menos por el momento, no ha ofrecido datos ni de cuántas personas lo integran ni cuántas de ellas han rogado el voto para poder participar en las elecciones del próximo domingo. 

Además, la Marea Granate, el colectivo de jóvenes expatriados que en los últimos años está poniendo cara a la nueva emigración, viene denunciando que consulados y embajadas llevan a cabo una "muy discutible y en ocasiones inconsistente" interpretación de la reglamentación aplicable. La consecuencia de esto, aseguran, es que se está dificultando la inscripción como residentes temporales a personas que llevan menos de un año viviendo en su país de destino. Y hacerlo como permanente, denuncian, lleva aparejado los citados desincentivos. 

La conclusión es que saber de forma exacta cuántos españoles residen en el extranjero y, por tanto, se ven afectados por las "trabas" al voto exterior no es posible. En el Censo de Electores Residentes Ausentes (CERA) sólo se incluyen las personas que se han dado de alta en los consulados. Pero no hay datos oficiales publicados sobre el número de españoles que están residiendo en el exterior de forma temporal ni, lógicamente, de los que no se han registrado. Estos últimos, claro está, podrán ejercer su voto este 20-D sólo si regresan a España. 

¿A quién perjudica estas trabas?

No existen sondeos que anticipen cuál puede ser el sentido del voto de los emigrantes españoles este 20-D. No obstante, los resultados de comicios anteriores sí pueden dar una idea de a qué partidos han apoyado de forma mayoritaria. 

El escrutinio de las autonómicas del pasado mayo evidenció que los llamados residentes ausentes respaldan, en general, a la izquierda y, en particular, a un partido emergente como es Podemos. De hecho, la formación de Pablo Iglesias fue la más votada entre la emigración en ocho de las 13 autonomías en las que hubo elecciones autonómicas. En cinco de ellas, prácticamente uno de cada tres electores que ejercieron su derecho al voto apostaron por Podemos: Aragón (32,3%), Canarias (29,3%), Castilla-La Mancha (29,9%), Madrid (29,1%) y Murcia (29,5%). También fue primera fuerza en Asturias (23,1%), Cantabria (23,6%) y Baleares (21,8%).

Las únicas dos autonomías en las que el PP ganó las elecciones entre los emigrantes fueron Castilla y León y La Rioja. Además, Compromís ganó en la Comunitat Valenciana, el PSOE en Extremadura y UPN en Navarra. No obstante, la participación en estas elecciones fue bajísma, apenas llegó al 3%. En las generales de 2011 el PSOE fue el partido que ganó en 37 de las 52 circunscripciones, mientras que el PP lo hizo en 14 y Amaiur en una, en Gipuzkoa.

La interpretación del resultado de las últimas autonómicas evidencia que la instauración del voto rogado ha desincentivado el voto de la emigración de más edad y más ligada al bipartidismo y que las fuerzas emergentes podrían ser las grandes beneficiadas de un aumento de la participación del voto exterior que, con los datos disponibles, no se va a producir. 

La presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Ángeles Pedraza, subrayó este lunes que los tuits del concejal de Ahora Madrid Guillermo Zapata "son de hace cuatro años", así que lamentó que se utilicen ahora "como lanzadera política".

"A las víctimas no se nos puede utilizar para hacer política", dijo en declaraciones a los periodistas con motivo de los cursos de verano de la Universidad Complutense de Madrid en el Escorial. Por este motivo, Pedraza no quiso valorar la imputación de Zapata.

"Soy la más reivindicativa y la más peleona en este caso, pero creo que ahora no podemos, porque esos tuits son de hace cuatro años, que para mí es igual de grave, pero entonces no se dijo nada", argumentó.

Por otro lado, aseguró que le da "mucha pena" que algunos líderes de Podemos, empezando por Pablo Iglesias, piensen en el acercamiento de los presos de ETA al País Vasco pensando "en cómo están los familiares de los presos". "Él dice que es una tragedia, pero para mí tragedia es no poder recorrer 1.500 kilómetros para poder ir a ver a mi hija, por ejemplo, al puerto de Santa María, porque estuviera en la cárcel. Yo y todas las victimas de España solo podemos ir a los cementerios", añadió.

En este sentido, matizó que aunque entiende que "existen unos derechos humanos", las víctimas no tienen "la culpa de que haya familiares que sus hijos sean asesinos".

Pedraza insistió en su tesis de que el Gobierno "no está haciendo lo suficiente" para atender a las víctimas del terrorismo. "Los terroristas de ETA ya no matan pero queda detrás un duelo y un dolor", insistió, y añadió que el Gobierno debería tener una "sensibilidad especial para atender a las víctimas".

Pedraza, que presentó en estos cursos universitarios un informe sobre las víctimas del terrorismo se mostró disgustada con que, con motivo del Día de las Víctimas del Terrorismo –que se celebró el sábado– el Gobierno hiciese hincapié en que se habían gastado 113 millones de euros en indemnizaciones y ayudas a las asociaciones, porque cree "que todas las víctimas devolverían el dinero que se les ha dado de indemnización" por tener a sus familiares. No obstante, reconoció que las víctimas en España son unas privilegiadas en el aspecto psicosocial y de atención psicológica.

En cuanto a que en el Pacto Antiterrorista no estén todos los partidos políticos, Pedraza dijo que "es muy grave" porque "es un problema global" y que no solo tienen que estar unidos los españoles sino "todo el mundo". Insistió en que después del 11-M se debería tener claro que "a cualquier ciudadano de cualquier partido político le puede suceder" un acto terrorista.

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha pedido este viernes un "pacto de generaciones", que considera "fundamental en el cambio político" que pretende liderar su formación y que "va a tener una imagen muy concreta: abuelos y abuelos votando con sus nietos y nietas el día 24 y votando también por sus nietos y sus nietas que se han tenido que ir del país, para que puedan volver".

Así lo ha indicado en un acto público en la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Valencia, en el que ha tildado de "equivocación muy grave" la afirmación del presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, de que "la regeneración democrática y política pasa por gente nacida en democracia". A su juicio, "puede tener muchas consecuencias electorales sobre su partido".

"Necesitamos a los que peinan canas, a los protagonistas del cambio político de este país, a los abuelos y abuelas, a los padres y madres que se partieron la espalda trabajando para que sus hijos pudieran tener una vida mejor, lo que se concreta en servicios públicos y en derechos sociales". "Por eso, para el cambio político necesitamos a los que nacieron antes del 78 y a los que nacieron después", ha sentenciado Iglesias, quien ha valorado el esfuerzo de las generaciones anteriores, que "votaron con ilusión en el año 82 y son absolutamente imprescindibles para el cambio político".

Al inicio de su intervención, ha planteado a los asistentes, que le han recibido al grito de "sí se puede" y han llenado tanto el salón de actos como cinco aulas habilitadas para seguirlo en pantalla, que le formularan preguntas por escrito para "construir diálogo, que parece que otros no se atreven".

"En política no es bueno esconder la cabeza"

"Ya me gustaría ver a Rajoy en un centro universitario contestando a preguntas o debatiendo en general", ya que "se ha hecho una propuesta de un debate a cuatro", pero "parece que PP y PSOE han dicho que no". Además, ha apuntado que hace dos días aceptó la propuesta de un canal de televisión de tener "un cara a cara con Rivera" y están "esperando respuesta". "En política no es bueno esconder la cabeza como un avestruz", ha sentenciado.

En cuanto al balance de los cuatro años desde el surgimiento del 15M, ha indicado que "puso sobre la mesa las claves para entender a Podemos como heredero del 15M" y ha precisado que si bien "es un movimiento social irrepresentable, creó los elementos sociales para que la posibilidad del cambio se pudiera materializar" y, en Podemos, han "sido capaces de concretar buena parte de esos elementos del cambio", básicamente "entender que la corrupción es una forma de gobierno" y la "centralidad de la defensa de la prosperidad y los derechos sociales como base de la democracia".

"Resultados irreversibles" de Podemos y del 15M

Para Iglesias, "el 15M ya ha producido resultados irreversibles y Podemos también". "Algunos se han quitado la corbata, remangado la camisa y, de repente, nuestro discurso empieza a ser el de todos los actores". "Me divierte mucho oír a Pedro Sánchez hablar de élites privilegiadas, de los de abajo y arriba y de organizar asambleas. Me sorprende ver a Monago haciendo videos musicales de rap en los que trata de jugar con la palabra Podemos y orgulloso de que hayamos cambiado el lenguaje político de este país, en el que llevamos meses sin pronunciar casta, pero todo el mundo la utiliza para definir a las élites políticas y económicas", ha dicho.

Según Iglesias, "algunos pensaron que el 15M no tendría consecuencias políticas" e "incluso se permitieron arrogancias del tipo 'estos indignados de las calles lo que tienen que hacer es presentarse a las elecciones', pero ahora ya no lo dicen".

En su opinión, este movimiento "fue la mejor expresión de la frustración de sectores de las clases medias y asalariadas que sintieron que se les había tomado el pelo, que se les había prometido un futuro de prosperidad y de consumo que resultó no ser real y, seguramente --ha añadido--, si el 15M fue la mejor expresión social de esa crisis del régimen político español, la mejor expresión política fue Podemos".

"Traducir políticamente la frustración"

Ha apuntado, en este sentido, que su formación tuvo "desde el principio una irreverencia, un carácter popular, plebeyo a la hora de decir se puede traducir políticamente esa frustración de una mayoría de la población que tiene la sensación de estar gobernada por sinvergüenzas y privilegiados a los que les no afectan recortes que aplican al resto de la gente y, al mismo tiempo, convertir en programa una intuición de buena parte de la gente que tiene la sensación de que no hay democracia de verdad y que, en última instancia, gobiernan los que no se presentan a las elecciones".