La renta disponible de los hogares ha caído un 4,3% este año, más de lo que se recortó durante la crisis financiera, por culpa de la inflación desbocada. De no ser por la crisis de precios, la renta de las familias españolas habría subido un 3,5% en euros corrientes, es decir, lo mismo que creció durante la época de recuperación, entre 2015 y 2019. Este es uno de los datos que ha destacado Raymond Torres, miembro del Consejo Económico y Social (CES) y presidente de su Comisión de Trabajo, en la presentación de una jornada sobre Perspectivas de la Economía Española.

La inflación es la gran protagonista este año, ha subrayado Torres, hasta el punto de que es la responsable de que la economía española sea ahora “un 4% más pobre”, tal y como se refleja en la relación de intercambio, la diferencia entre el aumento de los precios de las importaciones, un 25%, y el de las exportaciones, un 10%. Ese desfase, explicó, se traduce en una pérdida de ingresos para todo el país. El reto es, por tanto, cómo repartir esa pérdida de renta.

Los hogares ya la están sufriendo, pese a la resiliencia del mercado de trabajo. España tiene ahora ocupados al 70% de sus activos de entre 20 y 64 años, el máximo de la serie histórica y por encima del nivel alcanzado en el tercer trimestre de 2007, cuando la burbuja inmobiliaria empujó a la economía hasta su tasa mínima de paro. Torres citó los 400.000 nuevos puestos de trabajo creados desde diciembre de 2021 y el efecto de la reforma laboral en el aumento de los contratos indefinidos, que se han multiplicado por cuatro.

“No entendemos del todo lo que está pasando en el mercado laboral”, confesó el economista, que atribuyó el crecimiento del empleo en medio de las turbulencias de precios y la desaceleración económica a dos factores. Primero, el cambio demográfico que está reduciendo el número de jóvenes que entran en el mercado laboral mientras aumenta el número de quienes se jubilan y se ha detenido la llegada de emigrantes. Segundo, un cambio de gestión de las plantillas de las empresas, que con la reforma laboral están dando más estabilidad al empleo. Por su parte, el presidente del CES, Antón Costas, habló también de un cambio en la cultura empresarial, que ya no defiende la temporalidad como antes.

El panorama, en cualquier caso, sigue abonado a la incertidumbre. Aunque Torres coincide con el Banco de España en que el cuarto trimestre la economía cerrará en positivo, no está tan seguro de lo que ocurrirá en 2023. “La cuesta de enero puede durar tres meses…”, advirtió. El sobreahorro acumulado durante la pandemia, con una tasa del 25% en el segundo trimestre de 2020, una cifra histórica, según destacó, se ha quedado en el 8,5% en el segundo trimestre de este año. Con ese colchón, los hogares han resistido la inflación y mantenido el consumo, el motor de la economía española. Pero que se agote el ahorro –se han perdido 10.000 millones en depósitos bancarios desde el verano– puede empezar a notarse en las tiendas. Entonces llegará el momento en que se produzca un efecto escalón, cuando se acabe el ahorro. Ya están o han estado en recesión técnica –dos trimestres seguidos con PIB negativos– Alemania, EEUU o Países Bajos. Y ello pese a que, a su juicio, la inflación ha tocado techo, tras suavizarse los cuellos de botella en las cadenas de suministro y bajar los precios de las materias primeras y los fertilizantes.

Aun así, la economía española debe seguir luchando contra la inflación “con una estrategia de anestesia local”, en palabras de Antón Costa: focalizando las ayudas en los hogares y empresas más débiles. Tanto Torres como Costas aludieron a la importancia de un pacto de rentas que vaya más allá de los salarios –como han firmado en Portugal y Alemania, citaron–. Y a los impuestos a energéticas y bancos. “Los beneficios caídos del cielo han dejado de ser un término demagógico para ser utilizados como un concepto de política fiscal por la CEOE, la UE, Estados Unidos e incluso por la academia”, resaltó Antón Costas. También señalaron ambos la importancia de los Fondos de Recuperación europeos, que pueden ser “la única partida expansiva en los próximos años”. 

La economía mundial está sufriendo en lo que lleva de década toda una “concatenación de calamidades” que parecen no tener fin: la pandemia, la ruptura de las cadenas de suministro internacionales, la invasión de Ucrania. En palabras de Antón Costas, presidente del Consejo Económico y Social (CES), la economía española se enfrenta a dos “corrientes inversas”: la recuperación briosa tras el coronavirus y el repunte de la inflación provocado por el encarecimiento de la energía. El CES, órgano consultivo del Gobierno en el que están representados tanto los sindicatos como los empresarios, consumidores y expertos, presentó este miércoles la Memoria de 2021, fruto del trabajo de sus 60 consejeros en más de una veintena de reuniones. Además de un análisis sobre los principales hitos laborales y económicos del pasado año, Costas y Raymond Torres, presidente de la comisión de trabajo que ha elaborado la memoria, plantearon alternativas a algunos de los mayores obstáculos con los que se topa España en una salida de la crisis marcada por la guerra.

Según se recoge en la memoria, la inflación ha hecho perder un 1,38% de poder adquisitivo a los salarios pactados, que en 2021 quedaron por debajo del 1,7% de media firmado en los convenios colectivos. Esa merma fue superior a la sufrida en 2012 y 2013, en lo peor de la anterior crisis, o en 2017, ya durante la recuperación posterior. “De esta forma se truncó la tendencia de crecimiento de los salarios pactados reales que había predominado, con la excepción de 2017, desde la recuperación iniciada en 2014”, explica el CES. En lo que ha transcurrido de 2022, la subida media de los salarios pactados es del 2,4%, por lo que se sitúa ahora más de seis puntos por debajo de la inflación, que alcanzó el 8,7% en mayo, apuntó Raymond Torres.

Así que, para repartir el coste del aumento de los precios –y los costes – “de forma equilibrada” y evitar los llamados efectos de segunda ronda –que se contagie la inflación de precios a los salarios y éstos, a su vez, alimenten la subida de bienes y servicios–, los sueldos pueden mejorarse, pero con ciertas cautelas. Torres se remitió a la posición expresada por el economista jefe del BCE, Philip Lane, según la cual si los salarios crecen un 3% es posible mantener la inflación en el entorno del 2%, el objetivo de este órgano supervisor. Tanto los sindicatos como la patronal propusieron subidas del 3,5% para este año en las fracasadas negociaciones del acuerdo salarial marco. Pero no es la única opción. Torres mencionó también alzas según la inflación subyacente –que excluye los precios de la energía y los alimentos–, en estos momentos situada en el 4,9%. Y el recurso a que las empresas acuerden con los sindicatos compensaciones de la inflación puntuales y no consolidables para sus plantillas. “Hay márgenes empresariales que permiten esas compensaciones”, aseguró, como la que ha aprobado Telefónica, un bono de 250 euros para los empleados de Telyco, su filial de tiendas. A su juicio, esta solución sería más adecuada para evitar los efectos de segunda ronda –que aún no se han producido en España— que las cláusulas de revisión salarial.

Precisamente la inclusión de estas actualizaciones de sueldos a final de año, cuando la inflación supera la subida pactada en convenio, ha sido el motivo de la ruptura de las negociaciones salariales entre sindicatos y patronal. Los empresarios no quieren ni oír hablar de cláusulas de garantía, mientras que CCOO y UGT las consideran imprescindibles para evitar la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores.

La memoria del CES cifra en un 13,3% los convenios colectivos que en 2021 poseían cláusulas de revisión salarial, una proporción baja que afecta a un pequeño número de trabajadores, el 16,3%. Ambos son porcentajes muy similares a los de 2020 e inferiores a 2019, apunta.

A fin de compensar el impacto de la inflación en los hogares más vulnerables, Antón Costas propuso también “transferencias directas” para aquellos que se encuentren en los tres o cuatro últimos deciles de la renta. Se trataría, describió, de un mecanismo similar al del Ingreso Mínimo Vital (IMV), pese a que la memoria critica los “problemas de gestión” que lastran la “cobertura y eficacia” de esta ayuda. El CES no sólo se refiere a la “brecha digital” entre la Administración y la población más vulnerable a la que está destinado el IMV, sino también a las “dificultades de acceso a la prestación”. “Muchos hogares en situación de pobreza desconocen la existencia del IMV y/o carecen de recursos para tramitarla”, detalla la memoria, “de hecho, entre los hogares en situación de pobreza severa, más de dos tercios no han solicitado la prestación y sólo una cuarta parte ha conseguido realizar el trámite con éxito”.

Costas defendió el uso de políticas “predistributivas” antes que “redistributivas” para combatir la desigualdad. Hay que aumentar la protección social, destacó, sobre todo teniendo en cuenta que un 20,9% de los hogares se encontraban en riesgo de exclusión social, mientras que en 2018 eran el 16%. “Es mejor y más eficiente preparar que reparar”, destaca la memoria del CES, que propone destinar más recursos a la “inversión social de futuro” en capital humano, infancia, familias o igualdad de género.

Sobre lo que no se pronunciaron Costas y Torres fue sobre la subida de las pensiones según evolucione la inflación. Dejaron la decisión al acuerdo de los agentes sociales y a cómo negocien un posible pacto de rentas y la segunda parte de la reforma de las pensiones.

En cualquier caso, añadió Raymond Torres, será difícil conseguir un reparto equilibrado de los costes asociados a la inflación cuando uno de los elementos que la generan sigue “desbocado”, en alusión a la energía. La memoria critica por ineficaz la bonificación de 20 céntimos a gasolina y gasóleo, porque no ha conseguido rebajar los precios de los combustibles y porque, además, se trata de “una medida fiscal regresiva que choca con el objetivo de descarbonizar la economía”. En su lugar, Raymond Torres considera más adecuada la solución aprobada por Italia: destinar el impuesto del 25% a las compañías eléctricas por sus beneficios caídos del cielo a compensar a familias y empresas por la subida del precio de la luz. O la medida francesa, limitar al 4% el alza de la factura eléctrica este año. El economista aseguró que ambas iniciativas son “más sencillas” que el tope al gas diseñado por España y Portugal. Pero tampoco descartó la necesidad de medidas estructurales, como la reforma del mercado eléctrico.

Antón Costas alabó la reacción de la Unión Europea a la crisis del coronavirus, suspendiendo las reglas fiscales, poniendo en marcha un programa de vacunación masiva y aprobando los millonarios fondos de recuperación. Esa respuesta, tan distinta a la que dio a la crisis financiera, “se va a mantener ahora con la guerra”, aseguró. Remedando una frase de San Agustín, defendió la necesidad de “un horizonte de castidad financiera y fiscal, pero no ahora mismo”. Y negó que exista riesgo de estanflación, de alta inflación sin crecimiento económico. La economía no repite el escenario de los años 70, abundó, porque un crecimiento del PIB en torno al 4%, como está previsto para este año, aún es “uno de los mayores avances de todos los países, gracias al turismo, las exportaciones, el dinamismo del mercado laboral y el Plan de Recuperación”.

A su juicio, la única solución para acabar con los desequilibrios estructurales de la economía española es “crear buenos empleos, para más personas y en más lugares, en el mundo rural y en pequeñas ciudades”. Y para ese objetivo, los fondos de la UE “marcan el rumbo” mediante la creación de “mejores empresas”, más productivas, y el desarrollo de “buenas políticas industriales y de innovación” centradas en el territorio, que tracen estrategias “más allá de lo que las compañías harían por sí solas”.

El sindicato USO ha pedido al Defensor del Pueblo que interponga un recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 47 bis del Estatuto de los Trabajadores que crea el Mecanismo Red, los nuevos ERTE permanentes. En concreto, USO cree que el mecanismo diseñado para las crisis sectoriales –también hay Red cíclicos, como el que se va a aplicar a las agencias de viajes– es contrario a la libertad sindical porque sólo se permite activarlo a los sindicatos “más representativos a nivel estatal”, lo que excluye a USO, entre otras centrales sindicales.

Los Red sectoriales facultan a las empresas solicitar la suspensión de los contratos o la reducción de la jornada de sus plantillas para recualificarlas y hacer frente así a “cambios permanentes” o “necesidades de transición profesional”. A cambio, los trabajadores reciben prestaciones y las empresas se benefician de descuentos en las cuotas a la Seguridad Social. El mecanismo es autorizado por el Consejo de Ministros, pero las patronales y los sindicatos “más representativos a nivel estatal” pueden instar su activación a través de una comisión tripartita donde se sientan con el Gobierno.

En su reclamación al Defensor del Pueblo, USO argumenta que así diseñado, el mecanismo deja fuera a sindicatos que, aun no siendo más representativos a escala nacional, sí lo son en determinados sectores. Para tener esa representatividad la ley establece que deben obtener el 10% de los delegados o miembros de comité de empresa en las elecciones sindicales celebradas en todo el país. Sólo dos cumplen ese requisito: CCOO y UGT. En el ámbito autonómico, deben alcanzar el 15% de los delegados o miembros de los comités. Son tres: ELA-STV y LAB en el País Vasco y CIG en Galicia.

Pero también los hay que son los más representativos en un sector porque poseen el 10% de los delegados o miembros de comités de empresa. Es el caso de USO entre los tripulantes de vuelo, los vigilantes de seguridad o los trabajadores de la limpieza, asegura el sindicato. Pero también de otros como Satse en la enfermería o de CSIF en las administraciones públicas.

Es decir, advierte USO, puede darse el caso de que CCOO y UGT, aun sin representatividad en determinados sectores o siendo minoritarios en ellos, insten la activación de un Red, mientras que los sindicatos con más delegados queden excluidos del mecanismo.

Además, a estos se les priva del derecho a la información, la que el citado artículo obliga a proporcionar a sindicatos y patronal antes de que decida el Consejo de Ministros, pero también la que sobre el sector afectado y su tejido productivo el Gobierno debe facilitar a los agentes sociales transcurrido un año de la puesta en marcha de un Red, para evaluar posibles modificaciones.

USO ha acudido al Defensor del Pueblo porque los sindicatos no pueden presentar un recurso de inconstitucionalidad contra una ley. Según la Constitución, sólo están legitimados, además del presidente del Gobierno, 50 diputados y 50 senadores. También el Defensor del Pueblo. En cualquier caso, USO pide al organismo encabezado por Ángel Gabilondo que advierta al Gobierno de que, aun reconociendo la legalidad de que los sindicatos más representativos a nivel estatal formen parte de la comisión tripartita, esa mención no es “ni exclusiva ni excluyente” de otras centrales sindicales representativas en otros ámbitos. El Defensor del Pueblo ya ha emitido recomendaciones similares en Cantabria, por ejemplo, donde USO ha conseguido entrar en el Consejo Económico y Social autonómico tras una larga disputa con CCOO, UGT y el Gobierno de Miguel Ángel Revilla.

El Defensor del Pueblo tiene un plazo de tres meses para presentar recurso ante el Tribunal Constitucional desde que la ley en cuestión se publica en el BOE. Por tanto, deberá interponerlo antes de que acabe marzo, puesto que el real decreto-ley de la reforma laboral se publicó el 30 de diciembre.

El sindicato USO libra una batalla permanente para conseguir acceso a todo tipo de organismos, foros y comisiones públicos donde sólo se sientan CCOO y UGT como sindicatos más representativos. Y ha ganado algunas. La última, el pasado mes de septiembre, cuando la Audiencia Nacional falló a su favor e hizo posible su presencia en el Consejo de Desarrollo Sostenible del Ministerio de Fomento. “No resulta razonable ni objetivo que se limite la participación a los sindicatos más representativos, cuando las funciones del Consejo de Desarrollo Sostenible exceden de la representación institucional, siendo más correcto, de acuerdo con el derecho fundamental a la libertad sindical, admitir la participación de otras organizaciones sindicales de carácter nacional, aun cuando no tengan el carácter de más representativas”, establece la sentencia de la Sala de lo Contencioso, que alude a la jurisprudencia asentada por el Supremo y el Constitucional en el mismo sentido.

Además, en 2012, USO consiguió que le permitieran abrir el procedimiento para fijar coeficientes reductores y anticipar la edad de jubilación, a lo que sólo tenían derecho CCOO y UGT. Dos años antes, pudo sentarse en el Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas, dependiente del Ministerio de Trabajo. En 2006, el Supremo reconoció que USO podía participar en la comisión de seguimiento del Fondo de Reserva de la Seguridad Social –la hucha de las pensiones. Pero ya en 1990 el Tribunal Constitucional había permitido al sindicato integrarse en la Comisión Nacional de Elecciones Sindicales, donde hasta entonces sólo estaban CCOO y UGT.

Los argumentos de ambos sindicatos a favor de su participación exclusiva en estos y otros órganos se basa en que la “diferencia de trato” es “constitucionalmente admisible”, porque se basa en “un criterio objetivo e imparcial como es la mayor representatividad”. Ésta, sostienen, les otorga “un régimen particular” con una serie de “prerrogativas” que no se reconocen a los sindicatos que “no gozan de ese nivel de audiencia electoral”.

El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo (antiguo Inem) subió en octubre en 56.844 desempleados respecto al mes anterior (+1,67%), su segunda menor alza en este mes desde 2007, cuando estalló la crisis, según ha informado este viernes el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

El volumen total de parados alcanzó a finales de octubre la cifra de 3.467.026 desempleados, manteniéndose en su nivel más bajo de los últimos ocho años, según ha destacado Empleo.

Dentro de la serie histórica comparable, que arranca en 1996, la evolución del paro en los meses de octubre siempre ha sido desfavorable por el fin de la temporada veraniega. El mayor repunte del desempleo en este mes se produjo en 2008, cuando a las listas del SEPE se apuntaron 192.658 parados.

El de octubre de este año es el segundo incremento más bajo desde 2007, sólo mejorado por el del año pasado, cuando el número de desempleados aumentó en 44.685 personas. En los últimos ocho años, la subida media del paro en los meses de octubre supera las 90.000 personas.

En términos desestacionalizados, el paro bajó en octubre en 23.690 personas.

En el último año el paro se ha reducido en 297.956 desempleados (-7,9%) y entre enero y octubre acumula un recorte de 235.948 personas.

El paro sólo bajó en octubre en la construcción, con 5.190 parados menos, y en el colectivo sin empleo anterior (-173). Como es habitual tras el fin de la temporada estival, el desempleo se incrementó principalmente en los servicios (+50.985 parados), seguido de la agricultura (+9.194 parados) y la industria (+2.028 desempleados).

El desempleo aumentó en octubre en 15 comunidades autónomas, lideradas por Cataluña (+14.698 parados) y Andalucía (+12.971) y sólo bajó en País Vasco (-1.990 desempleados) y Comunidad Valenciana (-1.858 parados).

Récord de contratos fijos

El número de contratos registrados durante el mes de octubre ha sido de 2.032.184, cifra un 8,8% superior a la del mismo mes de 2016.

En octubre de 2017 se han registrado 202.542 contratos de carácter indefinido, el 9,97% del total, con un incremento del 21,4% sobre igual mes del ejercicio anterior.

Se trata del "mejor dato desde el inicio de la recuperación", según Empleo, que ha destacado además que con este incremento se acumulan 45 meses de alzas interanuales en la contratación fija y que ésta está creciendo a un ritmo tres veces superior a la contratación temporal (+7,6%).

La Seguridad Social destinó en el presente mes de octubre la cifra récord de 8.831,6 millones de euros al pago de las pensiones contributivas, casi un 3% más que en el mismo mes de 2016, según datos publicados este martes por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

El gasto global del conjunto de pensiones llegó a superar el 8% interanual en la antesala de la crisis (2008). Tras 17 meses subiendo a tasas interanuales superiores o iguales al 3%, en octubre de este año se ha bajado de esa cifra, aunque por poco (2,97%).

El número de pensiones avanzó en octubre un 1,1% respecto al mismo mes de 2016, hasta 9.552.302 pensiones, nuevo máximo histórico.

Aunque la tasa de crecimiento interanual de octubre no es de las más altas dentro en la serie histórica de la última década, con ella ya se acumulan 21 meses consecutivos de crecimientos superiores al 1%. En términos mensuales, el número de pensiones se incrementó un 0,1% en octubre, con algo más de 12.600 nuevas pensiones.

La pensión media de jubilación se situó al inicio del presente mes en 1.068,38 euros mensuales, un 1,9% más que en igual mes de 2016.

Por su parte, la pensión media del sistema, que comprende las distintas clases de pensión (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y a favor de familiares) se situó en octubre en 924,56 euros mensuales, lo que supone un aumento interanual del 1,8%.

Los tres años de recuperación tras la crisis económica más larga desde la posguerra han mejorado el panorama social gracias al crecimiento del empleo –1,2 millones de ocupados más desde 2014– y a un “incipiente aumento de las rentas de las familias”, según concluye el Consejo Económico y Social (CES) en su Memoria de 2016. No obstante, la institución, que reúne a la patronal y los sindicatos más representativos, también revela las “secuelas” que esa prolongada y dura crisis ha dejado en la sociedad española y su mercado de trabajo.

  1. Pérdida de población activa

La reactivación de la economía ha reducido el número de parados en 1,6 millones entre 2013 y 2016. Pero no todos los que han dejado las listas del desempleo han encontrado un trabajo. En estos tres años muchos de ellos han abandonado el mercado laboral. De ahí que la población activa –las personas entre 16 y 65 años dispuestas a trabajar– se haya recortado en 367.000 personas durante ese trienio. Sólo en 2016 se perdieron 100.000 activos. Y no sólo se debe a un fenómeno demográfico, apunta el CES, por la menor natalidad y la salida del país de los inmigrantes, sino también a una menor participación laboral. La bajada, de hecho, se concentra en los menores de 40 años, sobre todo entre los más jóvenes, porque prolongan sus estudios ante la falta de expectativas laborales. Sin olvidar que las mujeres siguen 10 puntos por debajo de los hombres en lo que a integración en el mercado de trabajo se refiere.

  2. Más desanimados

El descenso de la población activa también es culpa del aumento en el número de desanimados, quienes no buscan empleo porque no creen que vayan a encontrarlo. En España eran el 7,4% de la población activa en 2013 y el 5,4% en 2016, casi dos puntos por encima de la media de la UE. Son 336.400 personas. Además, su número ha aumentado entre los mayores de 50 años en el último año, el único grupo de edad que crece entre los desanimados. Otro dato preocupante: en 2007 en España había casi medio millón de personas que, según la definición de Eurostat, la Oficina Estadística de la UE, se consideran activos potenciales –pueden trabajar pero no buscan empleo por motivos no objetivos pero ajenos a su voluntad–, de los cuales 188.800 eran desanimados. Pues bien, en 2016, los activos potenciales son casi los mismos que antes de la crisis, 514.200, pero la cifra de desanimados es casi el doble que entonces.

  3. Paro de larga duración

Casi la mitad de los parados españoles –el 47,8%– son de larga duración, llevan más de un año sin trabajar. Y sólo se reduce su número entre los que están desempleados menos de dos años. Por el contrario, los que llevan cuatro años o más en el paro han crecido 7,1 puntos porcentuales entre 2013 y 2016: son el 18% de los desempleados, 760.000 personas. Además, el paro crónico entre los trabajadores de más edad se ha triplicado desde el comienzo de la crisis y ya son el 31,8% de los desempleados.

  4. Pérdida de empleo en la industria

Desde 2007 la industria ha perdido en España a 720.000 ocupados, un 24%. Según los sectores, la industria del mueble ha recortado un 50% su empleo y la textil, un 46%. A juicio del CES, esta pérdida de trabajadores “probablemente no es reversible”. La construcción ha empezado a recuperarse, pero aun así, ocupa ahora a 1,7 millones de personas menos que en 2007. La protagonista de la recuperación es la hostelería, que desde 2013 ha ganado el doble del empleo que perdió con la crisis y tiene 150.000 trabajadores más que en 2007. Sólo las plantillas de los servicios de alojamiento han crecido un 15% en 2016.

Por el contrario, han sufrido “descensos marcados” la I+D – un 6,4% en 2016– y las actividades profesionales, científicas y técnicas –un 17,2% desde 2008–. También el empleo público: las administraciones públicas han reducido sus plantillas desde 2011 en 186.000 personas.

El CES advierte igualmente de la “polarización” que está sufriendo el empleo, puesto que crecen más los empleos en los extremos: los más cualificados, los técnicos y profesionales, un 5,3% en 2016, y los menos cualificados, los peones, un 10,9%. En cualquier caso, esta disparidad no consigue revertir la “preminencia de las ocupaciones relacionadas con la hostelería y el comercio”.

Tampoco el empleo autónomo ha despegado con la reactivación económica, pese al impulso que el Gobierno le ha dado estos años con todo tipo de incentivos, ayudas y campañas mediáticas. Mientras que desde 2013 se ha recuperado cerca de una tercera parte del empleo asalariado perdido durante la crisis, el empleo por cuenta propia no ha recobrado ni el 20%.

  5. El contrato temporal es el rey

La tasa de temporalidad española –26,1%– es la segunda más alta de la UE, después de la polaca. En 2016, los contratos temporales crecieron un 6,8%, cuatro veces más que los indefinidos. Entonces se registraron en total 19,98 millones de contratos, un 7,6% más que el año anterior e incluso un 1,7% más que en 2007, antes de la crisis. Pero respecto a esa fecha se firmaron 1,9 millones de contratos temporales más y medio millón de contratos indefinidos menos. De hecho, el peso de los indefinidos en la contratación total ha caído 3,3 puntos respecto a 2007. Es decir, tras ocho años de crisis y recuperación, se mantiene la estructura de los contratos, pero más extremada aún.

Es más, la Memoria del CES revela que, pese al descenso que ha experimentado en el último año el empleo a tiempo parcial, el número de los contratos por horas, tanto temporales como indefinidos, es muy superior al que había en 2007, mientras que el de los de jornada completa de ambos tipos es muy inferior. “La contratación indefinida y a tiempo completo se ha convertido, a la salida de la crisis, en el caso menos frecuente”, concluye.

  6. Bucle empleo/paro

Otro fenómeno achacable a la reactivación económica tal y como se está desarrollando es la cada vez menor duración de los contratos, que el CES atribuye no sólo a cambios en la composición sectorial del empleo, sino también a un aumento del encadenamiento de los contratos y de la rotación laboral.

La duración media de un contrato en España no llegaba en 2016 a 51 días. Ha caído 28,1 días desde 2007. Pero es que, además, los contratos ultrabreves, de hasta una semana, son cada día más numerosos –el 28,1% de los que se firmaron en 2016–.

En consecuencia, también aumenta la rotación de los trabajadores, el número de personas que combinan periodos de empleo y de paro en un mismo año. La tendencia se confirma acudiendo a los datos sobre altas en las prestaciones por desempleo que publica el Ministerio de Empleo. Éstas pueden ser iniciales o reanudaciones. Las últimas, cuando se trata de contratos temporales, fueron en 2016 1,44 millones, casi el doble de las 791.200 iniciales. En el caso de altas en el subsidio de desempleo por falta de cotización para cobrar la prestación contributiva, las reanudaciones ascendieron a 926.000, triplicando las 288.000 iniciales. La elevada cifra de reanudaciones de las prestaciones es una buena muestra del gran número de episodios de empleo y paro, pero también revela que esa rotación se está concentrando, además, en una parte de la población laboral, destaca el CES. De otro modo, el 66% de todas las altas en prestaciones y subsidios de desempleo son reanudaciones, lo que demuestra lo difícil que resulta en España encontrar un trabajo estable. Es más, el 53% de quienes cobran una prestación tienen derecho a una durante seis meses o menos, consecuencia de haber trabajado antes con un contrato temporal o encadenando los más breves.

  7. Intermediación laboral a medio gas

Con un 18% de paro, la intermediación laboral –los servicios destinados a encontrar trabajo a los desempleados– es fundamental, recuerda el CES. Los servicios públicos de empleo autonómicos tuvieron un índice de colocación del 10% en 2016, más de tres puntos por encima del año anterior, pese a que enviaron un 32,4% menos de ofertas a demandantes de empleo. El 70,5% de esas colocaciones corresponden a trabajadores que no cobraban prestaciones. Sólo un 1% de las ofertas fueron rechazadas.

Las agencias privadas de colocación, por su parte, colocaron al 3,8% de los desempleados que les envió el ministerio, 12.333 personas. En 2016 recibieron del Gobierno un total de 175 millones de euros para cumplir con este cometido. La Memoria del CES se queja de la “falta de transparencia y la ausencia de datos completos y detallados” sobre la actividad de estas agencias.

  8. debilitamiento de la protección social

El Consejo Económico y Social alerta de los “síntomas de debilitamiento” que, a su juicio, presenta el sistema de protección social español. Los motivos, “el descenso continuado de la cobertura y la creciente asistencialización”. El primero se refiere a que el sistema de prestaciones por desempleo sólo protege a la mitad de los parados: en 2016, al 55,1% de los registrados en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). En 2010, la cobertura alcanzaba al 78,4%. Según la memoria, el recorte se debe no sólo a la reducción del paro, sino también a la pérdida de prestaciones que supone la prolongación del desempleo. Un desamparo que no parecen subsanar los sucesivos planes para parados de larga duración que agotan las prestaciones: Renta Activa de Inserción, Plan Prepara y Programa de Activación para el Empleo (PAE).

La segunda causa de debilitamiento del sistema es el cada vez mayor peso de los subsidios asistenciales –426 euros– respecto de la prestación contributiva –la cuantía depende del salario, la media en 2016 fue de 800 euros–. El aumento de las ayudas asistenciales se debe, otra vez, a la cronificación del paro. Y la consecuencia es un mayor riesgo de pobreza entre los desempleados: en 2016 el 46,5% de ellos se encontraba en situación de pobreza, según la Encuesta de Condiciones de Vida que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE). Sobre todo si se tiene en cuenta que los subsidios son mayoritariamente percibidos por los parados de más de 55 años: suman el 42,1% de sus beneficiarios. Además, determinan la pobreza futura. Estas ayudas no cotizan a la Seguridad Social, excepto el subsidio para mayores de 55 años –el SEPE ingresa la cotización, pero por la base mínima–, por lo que se recorta en buena medida la cuantía de la futura pensión.

El Consejo Económico Social (CES) cree que hay cierta mejoría en la situación social por la evolución del mercado de trabajo y el "incipiente" aumento de las rentas familiares, aunque cree que todavía quedan demasiados hogares al margen de la recuperación.

En concreto, en su Memoria Socioeconómica y Laboral de 2016, aprobada el 31 de mayo de 2017 y que ha sido presentada este martes, la institución pone de relieve que hay un nulo "crecimiento vegetativo y de inversión en el saldo migratorio", que la inercia demográfica sigue inclinándose hacia el envejecimiento y que los parados tienen cierto "desánimo"parados, por lo que tienden a no buscar empleo porque creen que no lo van a encontrar.

Así, también apunta que existe una polarización en el empleo, que registra crecimientos más altos en los grupos ocupacionales que están en los extremos, como son los técnicos y profesionales y las ocupaciones elementales.

En esta línea, el CES considera que, aunque se refuerza el peso en los extremos, "no es suficiente para revertir la preeminencia de las ocupaciones relacionadas con la hostelería y el comercio". También destaca el descenso de afectados por regulaciones de empleo y las bajadas significativas en reducción de jornada y suspensión temporal.

Respecto a la contratación, plantea la necesidad de introducir otras formas de impulso a la contratación indefinida y destaca que el contrato indefinido de apoyo a emprendedores, a pesar de que es un 37,2% superior al de 2015, sigue "lejos" de lo que se registró en la anterior modalidad "de fomento".

El 'pinchazo' de la garantía juvenil

El CES cree que hay una falta de evaluación de las actuaciones contempladas en el Plan Anual de Políticas de Empleo. Además, en esta línea, también entiende que el Sistema Nacional de Garantía Juvenil "no está teniendo los resultados esperados por la precipitación de su puesta en marcha".

Por ello, considera que es necesario explicar el desarrollo concreto de las actuaciones que se van a realizar en este ámbito y señala que no hay una evaluación que recoja acciones realizadas y su efecto en la incorporación al empleo.

La institución apuesta por mejorar la gestión entre las empresas y los centros formativos, dar un impulso progresivo a la formación dual y porque se incluya un sistema de evaluación planificado y con continuidad, que permita detectar impactos y sugerir reorientaciones sobre las acciones desarrolladas, entre otras iniciativas.

Además, subraya que no se ha publicado ninguna oferta estatal con los excedentes de fondos procedentes de la cuota de formación profesional y que la digitalización y las nuevas tecnologías pueden incidir en la demanda y oferta de trabajo.

Los salarios siguen ganando poder adquisitivo

Respecto a la negociación colectiva y a la actuación del III Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva 2015-2017 (AENC), CES afirma que se registró en 2016 por tercer año consecutivo una ganancia de poder adquisitivo, después de que los salarios reales pactados avanzasen un 1,29% en 2016.

El CES cree que entre los retos de mayor envergadura se encuentran la sostenibilidad financiera del gasto social, reforzar la calidad de servicios y suficiencia de prestaciones y la eficiencia en gestión, lo que requiere de cooperación entre las administraciones y la mejora de los mecanismos de evaluación.

En el panorama económico, el organismo cree que la reorientación de la política presupuestaria de la Unión Europea, que ha pasado a ser menos restrictiva, supone "un importante cambio en la aplicación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento".

Sobre el mercado de la vivienda, el CES destaca el aumento de la demanda de vivienda, aunque el acceso sigue "obstaculizado" por el desempleo, la temporalidad y los niveles salariales, "en un entorno en el que los precios todavía son elevados a pesar del descenso", por lo que el alquiler está avanzando como opción. Así, cree que las medidas urgentes aplicadas en esta materia desde 2012 "no parecen suficientes".

La reforma laboral creó un nuevo tipo de contrato indefinido que, en palabras de la ministra de Empleo, Fátima Báñez, iba a convertir a las pymes en los “grandes contratadores” de España. Cuatro años después, sin embargo, el contrato de apoyo a emprendedores no ha disparado las ganas de contratar de las empresas más pequeñas y ni siquiera es indefinido. El pasado mes de diciembre el 97% de los contratos de emprendedores que se firmaron no incluían ni incentivos fiscales ni bonificaciones a la Seguridad Social. Es decir, sólo 289 de los 9.646 registrados se acogieron a estas deducciones. Porque, si el empresario despide al trabajador antes de tres años, debe devolver las ayudas. Así que los sindicatos sospechan que la resistencia de las pymes  –sólo pueden ofrecer estos contratos las empresas de menos de 50 trabajadores– a aprovechar estos incentivos se debe a que están utilizando de forma fraudulenta el contrato estrella de la reforma laboralestrella.

En su primer año de vida, el 85% de los contratos de emprendedores firmados obviaron las deducciones. Por tanto, desde entonces ha crecido 12 puntos el desinterés empresarial por estas ayudasdesinterés, según las cifras publicadas por UGT en un informe sobre los cuatro años de reforma laboral.

El Ministerio de Empleo reconoce que las bonificaciones “no son un factor determinante” a la hora de optar por un contrato de emprendedores. En ese diagnóstico coincide con los sindicatos y el Consejo Económico y Social (CES). Ambos sitúan el mayor atractivo del nuevo contrato en su inusual y polémico periodo de prueba, un año. El Estatuto de los Trabajadores establece un periodo de prueba de seis meses como máximo para técnicos titulados y de dos meses para el resto. Hasta julio de 2014 la legalidad del año de prueba no fue refrendada por el Tribunal Constitucional.

Pero su constitucionalidad no ha despejado las dudas sobre el uso que las empresas le están dando. El CES, en su memoria de 2014, la última que ha elaborado, reclama que se ponga el punto de mira en “la vida media” de los contratos de emprendedores, de la que no existe “información oficial”. También lo exigen los sindicatos. Y no sólo porque el rechazo de los empresarios a aprovechar los incentivos se deba a que el contrato de emprendedores, lejos de ser indefinido, a duras penas alcance los tres años de duración.

“Sospechamos que se puede haber convertido en un agujero de precariedad, al utilizarse el periodo de prueba de un año como un contrato temporal pero sin indemnización”, explica Ana Viñas, del gabinete económico de UGT. Desde el 1 de enero de 2015, despedir a un contratado temporal implica pagarle una indemnización de 12 días por año trabajado. Pero el empleado que no supera el periodo de prueba carece de derecho a compensación. “Despido libre y gratuito”, traducen los sindicatos.

UGT pide por carta datos oficiales

En mayo de 2013 la entonces secretaria de Estado de Empleo, Engracia Hidalgo, cifró en un 35% los contratos de emprendedores que se rescinden antes de alcanzar el año de vida. El ministerio no ha vuelto a hacer público el dato. Un portavoz de Empleo, no obstante, aseguró a infoLibre que ese porcentaje se ha mantenido estable a lo largo de estos cuatro años. Es lo que el departamento de Báñez comunica verbalmente a los sindicatos cuando preguntan, apunta Ana Viñas. El pasado 8 de enero UGT envió una carta a la Subdirección General de Estadística del Ministerio de Empleo para reclamarle datos oficiales sobre la duración de los contratos de emprendedores. Aún no ha recibido una respuesta.

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) sólo publica en su web cifras sobre el número de estos contratos que se registran cada mes, distribuidos por comunidades autónomas, sexo y edades. Pero no divulga cuántos contratos se acogen a los incentivos y cuántos no, tampoco cuántos pasan el periodo de prueba. Ni ofrece cifras sobre la duración general de los contratos indefinidos, protesta la economista de UGT. De forma que resulta difícil confirmar que la supervivencia de los contratos de emprendedores es similar a la que tienen el resto de los indefinidos, tal y como mantiene el Ministerio de Empleo.

En cualquier caso, según constata un estudio de CCOO, la duración de los contratos indefinidos no ha dejado de reducirse desde 2012: si entonces hacía falta firmar 1,20 contratos para conseguir un empleo estable, en 2015 ya eran 1,45.

La última memoria del CES facilita, no obstante, cifras sobre el número de contratos con bonificaciones y el tipo de trabajador acogido a éstas, remitiendo como fuente al SEPE. El número de trabajadores menores de 30 años contratados cayó un 31,6% en 2014 respecto al año anterior. Y ello pese a que suponen una deducción fiscal para el empresario de 3.000 euros más una bonificación en las cuotas de la Seguridad Social de 3.300 euros durante tres años. La contratación de desempleados, que permiten al empresario acceder a un descuento fiscal equivalente al 50% de la prestación que tengan pendiente de cobrar, ha descendido un 43,6%. El 65,3% de los contratos con incentivos se firmaron en 2014 con mayores de 45 años, que dan derecho a la pyme a una bonificación anual de 1.300 euros durante tres años.

Escaso éxito entre las pymes

Estas cifras permiten concluir al CES que el contrato de emprendedores no ha tenido impacto en los menores de 30 años o en los desempleados beneficiarios de prestaciones. A su juicio, además, el número total de los que se firman le parece “insuficiente para impulsar la contratación indefinida y muy por debajo de la anterior modalidad, los contratos de fomento del empleo”. Aunque en 2015 han aumentado un 23% respecto al año anterior, sólo representan el 12,4% de los contratos indefinidos.

El ejercicio pasado se registraron 128.385 contratos de emprendedores en las oficinas públicas de empleo. Su número no ha hecho más que crecer desde 2012, pero su presencia en el mercado laboral no deja de ser tímida. Pese a que el Gobierno intentó estimularlo permitiendo, en noviembre de 2013, que también pudieran acogerse a esta modalidad los empleos a tiempo parcial. Hay que recordar que los indefinidos en España apenas alcanzan el 8% de los contratos anuales. Entonces, si se comparan con el volumen total, los de emprendedores sólo representan el 0,69%.

En 2013 y 2014 el Ministerio de Empleo elaboró una Encuesta Anual Laboral. Preguntó a casi 10.000 empresas de toda España por sus perspectivas de contratación, si iban a aplicar medidas de flexibilidad o cómo gestionaban sus necesidades de formación. Casi 5.900 de ellas tenían menos de 50 trabajadores. En 2014 el 88,6% contestaron que no habían firmado ningún contrato de apoyo a los emprendedores.

El mayor número de ellas, casi una tercera parte, explicaban que ese tipo de relación laboral no se adaptaba a sus necesidades. Y el 10,4% aseguraba que había renunciado a ese contrato por “las condiciones de mantenimiento del empleo” que se exigen a las empresas: no sólo mantener contratado al trabajador durante tres años, sino además no haber despedido en los seis meses anteriores por causas objetivas sentenciadas como improcedentes o haber ejecutado un Expediente de Regulación de Empleo (ERE).

91 contratos en una empresa de 22 trabajadores

Además de las sospechas que despiertan las cifras y la falta de información oficial, los casos que llegaron a los tribunales proporcionan ciertas pautas de comportamiento. En marzo de 2014 el Juzgado de lo Social número 5 de Tenerife condenó a una empresa de apartamentos turísticos que desde que se aprobó la reforma laboral, en febrero de 2012, firmó un total de 91 contratos de apoyo a emprendedores, pese a que su plantilla no superaba los 22 trabajadores. A fecha de marzo de ese año, de hecho, sólo tenía 19 empleados. De esos 91 contratos indefinidos, 52 fueron rescindidos por la empresa alegando que el trabajador no había superado el periodo de prueba. Sólo tres sobrepasaron el año de duración, pero tampoco mucho más, porque finalizaron por despido improcedente en mayo y junio de 2013. Además, una despedida de los 52 que no superaron el periodo de prueba fue empleada de nuevo por la empresa hostelera, pero con un contrato eventual, según deja constancia la sentencia.

Otro de estos 52 trabajadores fue quien demandó a la empresa ante el juez. Fue contratado el 28 de diciembre de 2012 y despedido el 27 de diciembre de 2013; es decir, un día antes de que se cumpliera el año de prueba. Se trataba de un camarero de comedor y bar, que cobraba un sueldo bruto anual de 1.107,96 euros.

El juez concluyó que la empresa había perpetrado un “fraude de ley”, al utilizar el contrato indefinido de apoyo a emprendedores únicamente para “satisfacer las necesidades ordinarias o temporales de mano de obra, ahorrándose el pago de indemnizaciones por cese de los trabajadores, sin perseguir en momento alguno los fines previstos en el artículo 4 de la Ley 3/2012 [que creó ese contrato], y sin que parezca que los ceses en periodo de prueba obedezcan a algo distinto de la pura conveniencia” de la empresa.

En otra sentencia anterior, el Juzgado de lo Social número 2 de Barcelona dictó la improcedencia del despido de un trabajador sólo ocho días antes de que acabara el año de prueba. Según el juez, el puesto de trabajo del despedido no “requería un año para que el empleador evaluara sus capacidades”: se trataba de un peón cuya misión era “trasladar neumáticos de un sitio a otro” dentro de una fábrica.

Los 15,5 millones de euros que 83 consejeros y directivos de Caja Madrid se gastaron durante nueve años a cargo de tarjetas opacas a Hacienda se han cobrado, hasta el momento, 16 dimisiones. De cargos políticos, pero también sindicales y empresariales.

Desde la Casa Real, donde ha renunciado Rafael Spottorno (223.900 euros) como consejero de Felipe VI, hasta el presidente del PP en el distrito madrileño de Arganzuela, José Nieto Antolinos (19.800 euros), el inusitado goteo de renuncias parece de todo menos concluido. El PP ha abierto expediente a los usuarios de tarjetas con el carné del partido. El PSOE ha anunciado que expulsará a los militantes que las hayan usado y no puedan justificar los gastos. IU ha abierto una investigación sobre los suyos. CCOO ha suspendido a los seis cargos del sindicato que figuran en la lista. UGT ha abierto expedientes.

En las empresas, públicas y privadas, también han tenido repercusiones las 'tarjetas b'. El gerente de la Empresa Municipal de la Vivienda de Boadilla del Monte (Madrid), Manuel José Rodríguez González (37.100 euros), ha dejado su cargo. En Ifema, la institución ferial dependiente de la Comunidad de Madrid, han renunciado los dos representantes que allí tenía la Fundación Especial Caja Madrid: su presidenta, Carmen Cafranga (175.200 euros), y Antonio Cámara (178.000 euros). Juan Iranzo ha abandonado su cargo como vocal en el Consejo Económico y Social (CES) mientras la semipública Red Eléctrica de España (REE) “estudia” el futuro como consejero de la empresa de quien también ejerce como decano del Colegio de Economistas.

Incluso en empresas privadas ajenas por completo a la caja de ahorros se han producido ceses, los del vicepresidente de la empresa de comunicación Burson Masteller, Juan Astorqui (293.000), y del presidente de Inversis, Luis Gabarda (139.700 euros). Rodrigo Rato (99.037 euros) ha dejado la inmobiliaria Servihabitat, filial de Caixabank. Se mantiene, en cambio, como asesor de Telefónica.

Pero aún siguen en sus puestos, algunos muy elevados, una buena parte de los implicados en el escándalo.

1.– En la clasificación de consejeros y directivos de Caja Madrid agraciados con 'tarjetas b', Ricardo Morado Iglesias, responsable de sistemas de la caja, ocupa la tercera plaza por gasto realizado: 448.300 euros entre 2003 y 2013. Morado Iglesias dispuso del 80% en efectivo. El directivo, que salió de la entidad en 2010 tras la llegada de Rodrigo Rato a la cúpula de Bankia, fue fichado por el Banco Santander “en 2010 o 2011”, según confirmaron fuentes de la entidad. Su destino: el área de sistemas que preside Ana Botín.

“No se trata de un alto cargo ni de un puesto de gran responsabilidad”, puntualizan en el Santander. “Morado es un directivo de nivel medio que se incorporó al banco cuando ya había abandonado Bankia”, explican las mismas fuentes. El Santander declinó comentar la adopción de posibles medidas por un asunto del pasado del directivo que, según afirman, no ha afectado a su labor en la entidad.

Morado fue uno de los tres miembros de la cúpula de Caja Madrid que salió de la entidad al poco de llegar Rodrigo Rato, en enero de 2010. Acompañó en la salida a Miguel Blesa y Juan Astorqui, el responsable de comunicación. No se fue de vacío. Entre los tres salientes recibieron una indemnización de casi seis millones de euros. Blesa cobró 2,8 millones; Astorqui, 1,4 millones y Morado, 1,8 millones.

La entidad explicó en su momento que tanto Blesa como Morado salieron con un pacto de no concurrencia por el que durante dos años no podrían trabajar en ninguna entidad que pudiera hacer la competencia a Caja Madrid. La trayectoria de Morado en Caja Madrid le incluyó en la demanda que UPyD interpuso contra una docena de directivos de Caja Madrid que entre 2007 y 2010 se repartieron 72 millones de euros en incentivos. Morado pudo haberse embolsado 6,2 millones.

2.– Estanislao Rodríguez Ponga (255.400 euros), además de gestionar un despacho de abogados en el Paseo de la Castellana de Madrid, “trabaja en el área de administración de El Corte Inglés”, según fuentes de la empresa, que no quisieron precisar con qué cargo. Pero negaron que haya sido consejero. Hasta el pasado 18 de septiembre estuvo en el consejo de administración de Móstoles Industrial, una de las empresas del grupo. Donde sí ejerce ese cargo es en Testa Inmuebles en Renta, la compañía patrimonialista propiedad al 99,5% de Sacyr. En ese mismo consejo se sienta junto a otro de los incluidos en la lista de las tarjetas, Miguel Corsini.

3.– El expresidente de Renfe Miguel Corsini (46.700 euros) figura además en los consejos de Mutua Madrileña y de Laboratorios Rovi.

4.– Luis Blasco Bosqued (51.600 euros) es el presidente de Telefónica Argentina. Preguntado por infoLibre sobre el futuro de su directivo, un portavoz se limitó a responder que “de momento” la compañía que preside César Alierta no iba a hacer declaraciones.

5.– Francisco José Moure Bourio (127.300 euros) es consejero de Isolux Corsán. Una portavoz de la empresa de construcción y energía declinó hacer comentario alguno sobre un tema que calificó como “personal”.

6.– Elena Gil García (72.500 euros) ejerce de consejera independiente en Jazztel, también en el consejo asesor de Expansión, el periódico económico de Unidad EditorialExpansión. Además, preside el International Women's Forum en España, una organización de mujeres “preeminentes” que promueve el liderazgo femenino en todo el mundo. Además de socia fundadora de APK Renting, una empresa de gestión y alquiler de flotas de vehículos creada en 2004 con la participación de Cajamadrid, es socia de Bultaco Motors, la mítica marca española de motos. Según el currículo queha colgado en la red profesional Linkedin, Elena Gil se sienta también en el consejo asesor de La Salle International Graduate School y en la comisión directiva de la Asociación Española de Directivos (AED).

7.– Juan Manuel Iranzo Martín (46.800 euros) no se queda atrás en la acumulación de consejos. Además de sentarse aún en el de la semipública Red Eléctrica de España (REE) y de Fertiberia, figura en el consejo asesor de Fujitsu Techology Solutions España. También es vocal del Consejo Asesor del Ministerio de Sanidad. De momento sólo ha dimitado de su puesto como vocal en representación del Gobierno en el Consejo Económico y Social (CES). Finalmente, preside el Club de Consejeros de España.

8.– En una empresa 100% pública, Tragsa, trabaja Javier de Miguel Sánchez (172.700 euros), como gerente de zona en Madrid. La compañía estatal, dependiente del Ministerio de Agricultura, tampoco quiere aclarar cuál va a ser el futuro de su directivo, que fue alcalde de El Escorial por el PP y a quien incluyó en plantilla mientras negociaba el mayor ERE en un grupo público, 1.336 despidos.

9.– Cándido Cerón Escudero (79.200 euros) fue hasta el pasado 23 de septiembre consejero y secretario de Domayo y Alcalá Gestión 2009, una SICAV en la que, también hasta esa misma fecha, Santander Investment era la entidad depositaria. La ha sustituido ahora Deutsche Bank.

10.– Matías Amat Roca (389.000 euros). Es miembro de la comisión ejecutiva de Global Vía, participada al 50% por Bankia y FCC y que gestiona concesiones de ferrocarriles y autopistas. Preside asimismo una asesoría de empresas, AGM Human Solutions. Al tiempo, es socio en un fondo de capital riesgo llamado Pujanza Kapital de otros altos cargos de Caja Madrid: Ildefonso Sánchez Barcoj (484.200 euros) e Ignacio de Navascués Cobián (195.000 euros). También son socios dos hermanos del anterior: Emilio y José Luis. Ignacio Navascués ejerce además de letrado en el despacho N&N Abogados.

10.– Francisco Javier López Madrid (34.800 euros) ejerce de consejero en Obrascon Huarte Lain, Fertiberia y OHL, la constructora de Villar Mir, de quien es yerno. Es uno de los tres directivos de CEIM, la patronal madrileña, que aparecen en la lista de los 86 usuarios de 'tarjetas b'. También preside Tressis Sociedad de Valores, una empresa de servicios de inversión.

Los otros altos cargos de CEIM implicados son su presidente, Arturo Fernández (37.300 euros), y su secretario general, Alejandro Couceiro (70.200 euros).

11.– También figuran entre los usuarios de las tarjetas opacas al fisco Miguel Muñiz de las Cuevas (20.800 euros), que forma parte del consejo asesor del Teatro Real –dependiente del Ministerio de Cultura–, y José Luis Acero Benedicto (10.200 euros), miembro del consejo social de la Universidad Complutense de Madrid, donde representaba a la Fundación Caja Madrid.

12.– Antonio Romero Lázaro (252.000 euros), profesor de Sociología de la Uned, es consejero de Iniciativas Editoriales Sistema, que publica la revista Temas y funciona, a través de la Fundación Sistema, como un laboratorio de ideas del guerrismo. José María de la Riva Ámez (208.900 euros) también es profesor, honorario, de Geografía en la Universidad Autónoma de Madrid, y posee una consultoría que lleva su mismo nombre. Rubén Cruz Orive (233.700 euros) está relacionado igualmente con el mundo de la educación. Preside la Fundación GSD Innovación Educativa, que pertenece a la cooperativa de colegios laicos Gredos San Diego.

Juan Gómez Castañeda (128.100 euros) es catedrático de Hacienda Pública de la Universidad Complutense y Darío Fernández Yruegas Moro (69.800 euros), traumatólogo en la Fundación Jiménez Díaz de Madrid. Otro profesor, del IESE, era Ramón Ferraz Recarte (397.900 euros), que daba clases de Contabilidad y Control. Ahora sólo aparece en los registros su participación en una empresa de alquileres para estudiantes por internet, Ragooh Alquileres.

13.– Rafael Pradillo Moreno de la Santa (14.300 euros) es el propietario del restaurante Florida Park, situado en el parque de El Retiro de Madrid. Pero también posee una constructora, La Fama Industrial, y una promotora inmobiliaria, Aprovip Viviendas Protegidas 2006. Fue presidente del PP en el distrito centro de Madrid. Quien conserva su cargo aún en el mismo partido es Jorge Rábago Juan Aracil (8.000 euros), director del departamento de Telegenia del PP. Al tiempo que socio de la asesoría MAS Consulting Group, se sienta en el consejo de administración de Telemadrid y es profesor de ICADE y de la Universidad Pontificia de Salamanca. Además, figura en su página de Linkedin como patrono de honor de la Fundación Jean François Revel, una institución de ideología ultraliberal.

14.– Finalmente, en la lista de usuarios de 'tarjetas b' destacan otros dos nombres. El primero, Alberto Recarte García Andrade (139.900 euros), expresidente de Libertad Digital, el grupo que encabeza el periodista Federico Jiménez Losantos. Es presidente y consejero delegado de la constructora Centunion Española y de la promotora Inversiones Loarga. El segundo, José María Fernández del Río Fernández, que fue presidente y consejero delegado de Aguas de Fuensanta e Innovación de Bebidas, ambas propiedad de la familia de Rodrigo Rato. El pasado abril Aguas de Fuensanta fue adquirida por Global SMM 2009, una sociedad formada por empresarios mexicanos de origen asturiano.

El Consejo Económico y Social (CES) ha propinado un segundo varapalo al Gobierno en poco más de tres meses. El primero fue el 26 de septiembre, cuando emitió un dictamen contra el anteproyecto de ley de las pensiones, y el segundo esta tarde, esta vez contra el anteproyecto de ley de mutuas de la Seguridad Social. En ambos casos, el “no” del CES ha sido posible gracias al voto en contra de la CEOE. En septiembre, el Gobierno había aumentado las bases máximas de cotización, y ahora acaba de ampliar la obligación de cotizar a las retribuciones en especie. Ambas medidas han despertado el enojo indisimulado de la patronal.

Aunque el CES es un órgano meramente consultivo, resulta significativo el voto en ambos proyectos legislativos de la CEOE, alineada con el rechazo de los sindicatos. En el consejo se sientan también las cofradías de pescadores, las organizaciones de agricultores, las cooperativas, las empresas de la economía social, los consumidores y la Administración. Su dictamen, pedido por el Gobierno, es preceptivo pero no vinculante.

No obstante, a diferencia de lo ocurrido con el anteproyecto de ley de pensiones, en el caso de las mutuas la CEOE emitirá un voto particular. El dictamen final del CES critica que se dejen en manos de las mutuas las altas médicas en los casos de incapacidad temporal por enfermedad común, precisamente el punto más polémico de la norma. Según la intención del Gobierno, si en cinco días la propuesta de alta de las mutuas no ha sido contestada por el médico de atención primaria del trabajador, éste tendrá que reincorporarse. Los sindicatos critican que este silencio administrativo atenta contra la seguridad jurídica y creen que el sistema público de salud ya tiene mecanismos suficientes y eficaces para controlar estos procesos.

La CEOE no está de acuerdo y su voto particular destacará que las mutuas serán igual de competentes a la hora de gestionar las enfermedades comunes que lo son ya ocupándose de las profesionales. A la propuesta de dictamen se presentaron dos enmiendas, una de la patronal y otra del grupo de expertos. Uno de estos últimos se pronunció a favor de la venta de las sociedades de prevención de las mutuas, que según el anteproyecto de ley deberá completarse antes del 31 de diciembre de este año. A partir de ese día, las que queden serán liquidadas. La enmienda no salió adelante por la oposición de la CEOE y los sindicatos, según las fuentes consultadas.

Ahorro y cautelas

El dictamen aprobado por el CES también pide al Gobierno que establezca “mecanismos eficaces de gobierno y participación de los representantes de las empresas y los trabajadores” en la dirección de las mutuas. Además, defiende la extensión de la obligatoriedad de la prestación por cese de actividad a los autónomos.

El Gobierno asegura que, gracias a su anteproyecto de ley, la Seguridad Social se ahorrará 511,36 millones de euros en el pago y gestión de prestaciones por incapacidad temporal. El texto también equipara las retribuciones de los directivos de las mutuas a las correspondientes del sector público –lo que redundará en un ahorro adicional de 25 millones de euros– y prohíbe a éstos y sus familiares hasta el cuarto grado mantener cualquier tipo de relación comercial o contractual con estas entidades.

Además, les obliga a vender antes del 31 de diciembre sus sociedades de prevención, lo que supondrá la salida simultánea al mercado de un paquete de 18 empresas, el 55% del sector, con un volumen de negocio de 545 millones de euros.

La CEOE ha despedido al director de su departamento de Relaciones Laborales, José de la Cavada, después de meses de negociaciones para pactar una salida que finalmente ha sido abrupta. Esta mañana la gerente de la patronal, Ana Plaza Arregui, le ha entregado a De la Cavada la carta de despido. Tras sus polémicas declaraciones públicas y arrastrando dos demandas por acoso laboral de sus propios empleados, la marcha de De la Cavada se daba por segura desde hacía semanas; eso sí, negociada. Sin embargo, las diferencias sobre la cuantía de su indemnización han resultado insalvables. La cuerda se ha tensado tanto, aseguran las fuentes consultadas, que la relación laboral ha terminado en un despido objetivo con la indemnización legal: 20 días por año trabajado.

De forma que la próxima vez que De la Cavada se encuentre con sus antiguos empleadores es muy probable que sea en los tribunales. Según las fuentes, el directivo no disimuló su contrariedad ante la decisión final de la gerencia. Fuentes de la CEOE han confirmado que las condiciones exigidas por el ya ex director de Relaciones Laborales para marcharse eran "inasumibles", por lo que, añaden, "no ha quedado más remedio que plantear un despido objetivo".

José De la Cavada saltó a los titulares por sus polémicas declaraciones: en 2010 pidió un contrato basura para jóvenesbasura, sin derecho a paro y sin cuota empresarial, y el pasado junio criticó que los trabajadores dispusieran de cuatro días libres por defunción de un familiar ahora que “ya no se viaja en diligencia”. Además, los empleados de su departamento le denunciaron ante la Inspección de Trabajo por “trato humillante” y por su “sistema autoritario de gestión”. Una de sus subordinadas, jefa de área, reclamó 680.000 euros de indemnización a la CEOE por el acoso laboral y moral al que, según adujo, la sometía.

En los últimos meses la dirección de la patronal negoció con De la Cavada su salida. Primero reclamó su regreso al Consejo Económico y Social (CES), donde ya había sido vocal de la CEOE, en la que ingresó en 2008. Pero la oferta no cuajó. Finalmente, la dirección tampoco ha accedido a las pretensiones económicas de De la Cavada y se ha resuelto su despido sin mayores compensaciones que el mínimo legal.

El pleno del Consejo Económico y Social (CES) ha aprobado, con sólo ocho votos en contra y tres abstenciones –de 54 emitidos–, un dictamen sobre la reforma de las pensiones que pide al Gobierno la retirada de su propuesta de sustituir el IPC por un índice de revalorización que hará perder poder adquisitivo a los jubilados. “Es una llamada de atención al Gobierno”, resumió el responsable de Protección Social de CCOO, Carlos Bravo. El texto no sólo contó con el apoyo de CCOO y UGT, sino también de la CEOE.

Votaron en contra los seis expertos nombrados por el Gobierno, que habían presentado 10 enmiendas al texto previo que se había aprobado en comisión, tras casi dos semanas de negociaciones entre los tres grupos que conforman el CES. En este órgano consultivo están representados los sindicatos, la patronal, las cofradías de pescadores, las organizaciones de agricultores, las cooperativas, las empresas de la economía social, los consumidores y la Administración. Su dictamen, pedido por el Gobierno, es preceptivo pero no vinculante. No obstante, el CES pide al Ejecutivo que, en vista del amplio consenso alcanzado y de la trascendencia del asunto, “lea adecuadamente el mensaje”, aunque lo reciba sólo unas pocas horas antes de que apruebe mañana el anteproyecto de ley en el Consejo de Ministros.

El documento definitivo no sólo reprocha al Gobierno la pérdida de poder adquisitivo que sufrirán las pensiones si se aplica el mencionado índice de revalorización, según la Seguridad Social tenga déficit o superávit. También destaca lo difícil que será recuperar ese poder adquisitivo y recomienda al Ejecutivo que establezca elementos adicionales “de corrección” que “modulen” el índice de revalorización.

El dictamen critica, además, que la reforma sólo tenga en cuenta las variables demográficas que afectan a la evolución del gasto del sistema de pensiones, pero no haga mención alguna a la evolución de los ingresos. Y pide al Gobierno que estudie vías alternativas de financiación para la Seguridad Social.

La importancia del plazo

Las 10 enmiendas de los expertos que representan a la Administración intentaban suavizar el texto, suprimiendo lo que consideraban “expresiones que transmiten alarma”, pero también pretendía que se suprimiera la solicitud al Gobierno para que retire el índice de revalorización. Sólo consiguieron que el pleno aprobara dos enmiendas. La primera eliminó una apelación a “recuperar el Diálogo Social”, porque “no se ha roto”, argumentaban los expertos del Ejecutivo.

Sin embargo, el dictamen no deja de afearle al Gobierno las prisas con que ha remitido a los agentes sociales el anteproyecto de ley, así como el hecho de que el CES lo esté examinando cuando aún deberá sufrir modificaciones durante su tramitación parlamentaria y la negociación con los agentes sociales.

La segunda enmienda consiguió limar el párrafo donde el CES asegura que la pérdida de poder adquisitivo de las pensiones en momentos de crisis no llegará a recuperarse. Ahora el dictamen matiza que “en principio” no llegará a recuperarse, y recomienda al Gobierno que establezca medidas complementarias para recobrarlo “cuando las circunstancias lo permitan, en el medio o largo plazo”.

El representante de UGT en el pleno, Frederic Monell, anunció que su sindicato presentará un voto particular porque ese añadido “no responde a la idea del dictamen”. “Decir que el poder adquisitivo se recuperará a medio y largo plazo es lo mismo que decir que no se va a recuperar”, protestó Monell.

"Cuando sea posible"

Sin embargo, el vicepresidente de la CEOE Javier Ferrer mencionó expresamente ese retraso en la compensación de la capacidad adquisitiva de las pensiones como una de las razones de su apoyo al dictamen final: “Estamos de acuerdo [con que se recupere el poder de compra], pero cuando sea posible, y deseamos que sea pronto”. A la patronal no parece incomodarle que el dictamen pida al Ejecutivo la retirada del elemento más polémico de su reforma, el índice de revalorización. “No vamos a decirle al Gobierno lo que tiene que hacer”, justificó Ferrer el voto de la CEOE, “pero sí le hemos mencionado que existen otras posibilidades distintas a las del anteproyecto de ley y que debería contemplarlas”.

Porque contra lo que sí se han manifestado su rechazo los empresarios es la subida de las bases máximas de cotización que acaba de anunciar el Ministerio de Empleo. Una medida ya prevista en la Ley 27/2011, la última reforma de las pensiones, que contó con el apoyo de patronal y sindicatos pero recibió el voto en contra en el Parlamento del PP. La subida, en cambio, cuenta con el beneplácito de los sindicatos, dispuestos a discutir cualquier iniciativa para aumentar los ingresos de la Seguridad Social.

Voto particular de los expertos del Gobierno

“El dictamen carece de soporte técnico adecuado, es un informe político”, argumentó el no de los expertos del Gobierno su portavoz, Juan Iranzo, quien fue hasta el pasado marzo vicepresidente del Instituto de Estudios Económicos, el think tank de la CEOE. A su juicio, no se pueden poner obstáculos al ajuste fiscal, es necesario abandonar la vinculación al IPC de las pensiones y los salarios, y no se pueden obviar las “recomendaciones” de la Unión Europea.

De ahí que, además, el grupo de expertos vaya a presentar un voto particular. “Para nosotros es irrenunciable que se elimine la petición al Gobierno de que retire el índice de revalorización de las pensiones”, resaltó Iranzo. Otro de los representantes del Ejecutivo en el CES, el catedrático de la Universidad de Valencia José María Goerlich, presentará también otro voto particular, a título individual, por el mismo motivo.

Los representantes del sindicato vasco ELA-STV y del gallego CIG se abstuvieron porque, aunque les satisface la crítica al Gobierno del dictamen, no comparten su contenido. Tampoco apoyaron la reforma de 2011.

El Consejo Económico y Social (CES) pide al Gobierno que “reconsidere” su decisión de sustituir el IPC por un índice de revalorización según los ingresos y gastos de la Seguridad Social como figura en el anteproyecto de ley sobre reforma de las pensiones. En la propuesta de dictamen que hoy discutirá el CES en sesión plenaria, el organismo asegura que ese índice producirá “una pérdida de poder adquisitivo de las pensiones en contextos de crisis como la actual, que además no llegará a recuperarse”pérdida de poder adquisitivo.

Es más, destaca que, aun obteniendo superávit la Seguridad Social en los próximos años, “difícilmente las revalorizaciones de pensiones superarían el tope mínimo, el 0,25%, ya que, posiblemente, se neutralicen éstos con los déficit obtenidos anteriormente”. La consecuencia, alerta el CES, será una “disminución significativa de la pensión en términos reales”. El documento, al que ha tenido acceso infoLibre, recomienda al Gobierno que establezca “algún elemento adicional de corrección” que “module” el índice de revalorización y en caso de superávit, “proporcione una actualización que preserve el poder adquisitivo”.

El dictamen, aprobado en la Comisión de Trabajo de Relaciones Laborales, Empleo y Seguridad Social del CES, también critica que el Gobierno quiera aplicar el índice de revalorización a todas las pensiones contributivas, “sin diferenciar por clases ni cuantías”, porque atenta contra la “equidad” del sistema. El organismo le recuerda que el 50% de las pensiones contributivas no llegan a 650 euros mensuales y que el 27,7% necesitan complementarse para alcanzar la cuantía mínima.

Además, reprocha al Ejecutivo que los elementos que alimentan la fórmula del nuevo índice se basen en “estimaciones y previsiones de múltiples variables en el largo plazo”, que además de estar sujetas a “un alto grado de incertidumbre”, muestran “un margen de error”. Tampoco le parece adecuado el “alto grado de discrecionalidad” que permite dicha fórmula, puesto que algunas de sus variables, explica, “dependen de decisiones políticas”. Exactamente lo contrario que argumenta el Ejecutivo, quien defiende que ha diseñado un mecanismo que quedará libre de las necesidades electorales del Gobierno de turno. Por último, el dictamen echa en falta que el anteproyecto de ley no mencione si el índice se va a aplicar también a las pensiones no contributivas.

El CES es un órgano consultivo del Gobierno en el que están representados los sindicatos, la patronal, las organizaciones de consumidores, las cooperativas, las empresas de la economía social y también la Administración. El dictamen que emita en este caso, aunque preceptivo, no es vinculante. Y podrá ir acompañado de votos particulares.

Sin mencionar los ingresos

El que se presentará hoy para su aprobación en el pleno del CES hace suyos buena parte de los argumentos esgrimidos por los sindicatos y la oposición sobre la reforma de las pensiones. Y critica sin aspereza pero con contundencia los puntos fundamentales del anteproyecto que el Consejo de Ministros aprobará el viernes. No sólo el índice de revalorización, sino también el factor de sostenibilidad, que el Gobierno quiere aplicar a partir de 2019 y que reducirá la cuantía inicial de la prestación según el aumento de la esperanza de vida de cada generación.

Así, al CES dice “preocuparle” la “automaticidad” de ese factor, por lo que reclama al Ejecutivo que module su aplicación combinándolo con otras variables “con incidencia positiva sobre los ingresos”, como el empleo, la actividad económica o la participación laboral, a imitación de lo que hacen otros países del entorno europeo. Porque el primer reproche al Gobierno que sale de la boca del CES se refiere al hecho de que la reforma sólo tenga en cuenta las variables demográficas que afectan a la evolución del gasto del sistema de pensiones, pero no haga mención alguna a la evolución de los ingresosingresos, “marcada en los años más recientes por el desplome del empleo”. Es la consiguiente reducción de las cotizaciones sociales el principal factor, dice el CES, que explica el deterioro del saldo presupuestario de la Seguridad Social. De ahí que el dictamen recomiende al Gobierno que estudie “vías alternativas de financiación del sistema”.

En realidad, el dictamen comienza sus críticas al anteproyecto con una enmienda a la totalidad, asegurando que éste no se ajusta al mandato establecido en la Ley 27/2011, la última reforma del sistema de pensiones, “ni en la formulación concreta del factor, ni en el plazo previsto para su entrada en vigor”. Después el CES dice echar en falta que el texto del Gobierno diferencie entre “retos coyunturales”, como la caída de la afiliación a la Seguridad Social, y problemas estructurales, los vinculados al envejecimiento de la población.

Desde las bases de datos hasta las medias móviles

Pero después el dictamen extiende sus críticas hasta los detalles más técnicos. Así, censura que el anteproyecto no mencione si el factor de sostenibilidad se va a aplicar sólo a las pensiones contributivas y, en concreto, a las pensiones de incapacidad permanente. También cree que debería concretar qué bases de datos va a utilizar para configurar el factor de sostenibilidad, ya que “la Seguridad Social no ha publicado hasta la fecha tablas de mortalidad actualizadas”. Y le insta a determinar si, para elaborar los datos de esperanza de vida, va a usar proyecciones lineales, “con el consiguiente factor de incertidumbre”, o datos reales calculados a posteriori.

Finalmente, el CES ataca incluso la “volatilidad” de la fórmula diseñada para calcular el factor vinculado a la esperanza de vida. Sólo utiliza dos valores de ésta en un periodo de cinco años para hallar la variación media interanual. Así que pregunta por qué no se emplean medias móviles de todos los años del quinquenio, tal y como se opera en el caso de los ingresos y gastos del sistema para calcular el índice de revalorización de las pensiones.

A toda prisa

Además de las críticas de fondo, el CES se queja duramente del procedimiento que el Gobierno ha seguido para reclamar su dictamen. “En esta ocasión”, protesta, “la solicitud se ha hecho coincidir en el tiempo con las consultas a los agentes sociales, grupos parlamentariosconsultas, la Comisión del Pacto de Toledo y diferentes agentes y sectores representativos, lo que resulta inadecuado al tener que dictaminar un texto que todavía no cuenta con el suficiente grado de madurez” y, por tanto, sufrirá modificaciones sobre las que no va a poder emitir su dictamen. A juicio del órgano consultivo, esa forma de proceder “ha condicionado en gran manera la discusión en el seno de la comisión de trabajo, a lo que se añade la perentoriedad del plazo para su emisión”. El Ejecutivo le envió el texto del anteproyecto el pasado día 16.

El Consejo Económico y Social requiere al Gobierno que “recupere, mantenga y reimpulse” el Diálogo Social. Ése el cauce que considera adecuado para reforzar la viabilidad del sistema, toda vez que se declara consciente de la “situación coyuntural de las cuentas de la Segurida Social” y de los “compromisos en materia de consolidación fiscal” del Gobierno. Pero deja claro que ese refuerzo debe respetar los principios de “contributividad, equidad, solidaridad intergeneracional y suficiencia de las pensiones”, así como garantizar “el derecho a su revalorización, preservando en todo caso su poder adquisitivo”.