El sistema de recogida de basuras en los municipios se encarecerá de manera drástica el año que viene. A partir de abril de 2025 —en la práctica el 1 de enero, porque los presupuestos municipales son anuales— ningún ayuntamiento del país podrá tener un servicio deficitario de deshechos, es decir, que la recogida y el tratamiento sea más caro que los impuestos recaudados para ese fin. En este momento, las tasas de basuras cubren el 59% del coste del servicio, una enorme brecha que hay que compensar con impuestos más agresivos. Sin embargo, dependiendo del municipio, el ciudadano no tendría por qué notarlo en su bolsillo, puesto que muchos alcaldes optan por mantener unas tasas de basuras artificialmente bajas que compensan con un IBI más elevado, que ahora habría que rebajar si se sube los impuestos a los residuos.

En las últimas semanas numerosos ayuntamientos ya han anunciado una subida en sus tasas de basuras. En Madrid capital, se anunció la semana pasada la recuperación de este tributo, que de media ascenderá a 140 euros anuales por hogar, en función del barrio y el tamaño de la casa, pero que irá acompañado de una rebaja del IBI del 0,02%. En Málaga y en Alicante se va a cuadruplicar la tasa de basuras respecto a 2024, mientras que en Zaragoza será suficiente con subirlo un 12,7% y en Vigo un 4%.

El Partido Popular ha intentado ligar la subida a una decisión del Gobierno, pero el cambio en la normativa está relacionado con la trasposición de la Directiva Marco de Residuos de la UE que se realizó en abril de 2022. Fue entonces cuando se aprobó en España la nueva Ley de Residuos en la que se dan tres años para implementar en los munipios dos grandes cambios fiscales. Primero, es obligatorio los impuestos destinados a cubrir la recogida y tratamiento de basuras se recojan a través de una tasa de basuras o una prestación patrimonial de carácter público no tributario, pero nunca a través del IBI u otros impuestos. Y segundo, la recogida de basuras nunca puede ser deficitaria, es decir, el 100% de su coste anual tiene que ser cubierto con estas tasas.

Sin embargo, la situación actual está muy lejos de este objetivo. La Fundación ENT, dedicada a la mejora de los sistemas de residuos, elabora cada año un informe de fiscalidad donde estudian 130 ciudades españolas. Su conclusión del estudio de 2023 es que la recaudación total de los tributos de basuras apenas cubrió el 59% de los costes totales del servicio, que ascendieron a 3.828 millones de euros, "muy lejos del 100% que exige la Ley 7/2022 para 2025". Los autores también calculan que el 98% de los municipios de España tienen una tasa específica de basuras, pero está muy por debajo del coste real de la recogida y el tratamiento. Según el informe, el importe medio de la tasa de basuras es 92,80 euros.

Desde el Ministerio de Transición Ecológica, que ha gestionado la trasposición de la normativa europea, trasladan que "no se trata de una tasa nueva ni de que el ciudadano vaya a pagar más, solo se diferencia el pago que el ciudadano hace ya". "Por ello, habrá que equilibrar los cobros. Si el ayuntamiento estaba cobrando este servicio dentro del IBI, habrá que bajar ahora el IBI al sacar del mismo los residuos", afirman desde este ministerio.

El objetivo de estos cambios es dar más visibilidad al coste real de los desechos, debido a que España es uno de los países de Europa con peores rendimientos en el tratamiento de basuras. Según la organización Retorna, el 78% de los residuos se recogen sin separar y acaban en un vertedero, de manera que se desaprovecha su potencial de reciclaje y donde además se generan vertidos muy contaminantes. La Comisión abrió un expediente a España en julio por incumplir la meta de reciclar el 50% de sus desechos en 2020.

Francisco Peula, consultor en gestión de residuos, explica que todo se resume en dar "transparencia" a un sector en que siempre se han hecho las cosas mal, salvo en algunas regiones como Cataluña, País Vasco o Navarra. "Lo que hay que hacer ahora es bajar el IBI donde corresponda e intentar modular las nuevas tasas para que paguen menos los hogares que se molesten en separar la basura, es decir, premiar al que hace las cosas bien", resume.

El experto añade que es imprescindible que la tasa de basuras local traslade a los vecinos el coste real del tratamiento de los residuos porque hasta ahora la gestión de muchísimos ayuntamientos es nefasta, con costes inflados que se han financiado con recursos del ayuntamiento, sacrificando dinero que podría haber ido a actividades o a infraestructuras. Esta situación es mucho más grave desde que entraron en vigor otros cambios de la Ley de Residuos, como la obligatoriedad de recoger la materia orgánica por separado —ha encarecido alrededor de un 30% el presupuesto de basuras—, o el nuevo impuesto a vertederos, que grava con hasta 40 euros cada tonelada de basura que se vierte, casi el doble del coste anterior.

"Tirar la ropa o los residuos orgánicos a un vertedero supone un dineral para los municipios, y además es una pérdida ingente de materias primas, de abonos que se podrían recuperar para la agricultura o de energía que se podría producir atrapando el metano. Si hablamos de riqueza, reciclar y reutilizar la ropa genera 36 veces más puestos de trabajo que un vertedero", explica Peula.

El nuevo sistema de financiación de recogida de basuras también quiere incentivar el mejor reciclaje de los hogares y los comercios, de manera que la nueva Ley de Residuos contempla modular el impuesto para beneficiar a familias con bajos ingresos o personas en paro. Otra opción es diferenciar la tasa de basuras por zonas, elevando el impuesto allí donde los vecinos tienen menos cuidado con sus residuos, aunque implementar esto en grandes ciudades no es sencillo, porque en cada barrio habrá gente más y menos responsable.

Dos sistemas muy extendidos en Cataluña, País Vasco, Navarra o Baleares son el de recogida de basura puerta a puerta o el del contenedor electrónico, que permiten diferenciar el nivel de separación de residuos de cada hogar. En el primero, los desechos se recogen casa por casa, y cada día de la semana se retira exclusivamente un tipo de basura —vidrio, plástico, papel, orgánico, etc.— de manera que los vecinos están obligados a separar los desechos. El contenedor electrónico consiste en que los cubos de las calles se abren mediante una tarjeta personal, de manera que es posible identificar en qué zonas se generan más residuos y quiénes contaminan más.

César Sánchez, portavoz de la organización Retorna, formada por ecologistas y consumidores, critica que con estos cambios se vuelve a poner la responsabilidad sobre los ciudadanos, mientras que las empresas que generan estos residuos se libran. "Estamos poniendo la responsabilidad al final de la cadena, pero son los supermercados y los fabricantes los que deberían ocuparse de que el sistema funcione, que son los que ponen en circulación ingentes cantidades de plásticos", afirma.

El Tribunal Supremo (TS) ha ordenado al Ayuntamiento de Sevilla que facilite "a la mayor brevedad" al Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía un listado con los bienes inmuebles de propiedad pública que estén ubicados en esa ciudad y que estén exentos de pagar el impuesto de bienes inmuebles, conocido como IBI.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo ha resuelto, en una sentencia consultada por Europa Press, estimar el recurso del Consejo de Transparencia andaluz y anular tanto la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía como la del Juzgado de lo Contencioso Número 7 de Sevilla, que consideraban que debían proteger por ley esos datos.

Para los magistrados, "nada obsta" a que se facilite a Transparencia la información sobre los inmuebles del Estado, las comunidades autónomas, consistorios locales o de países extranjeros ubicados en Sevilla que "gozan" de ese privilegio y "la causa de dicho beneficio, así como el importe de la exención, en la medida que no constituyen datos protegidos".

En noviembre de 2020, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Andalucía, a través de su Sala de lo Contencioso-Administrativo, rechazó el recurso presentado por el Consejo andaluz de Transparencia frente a la sentencia del juzgado sevillano que había estimado de forma parcial las alegaciones del Ayuntamiento de Sevilla.

Tres años antes, el Consejo de Transparencia y Protección de Datos había aceptado parcialmente una solicitud hecha por el responsable de la asociación Andalucía Laica y emplazó al consistorio sevillano a detallar los "bienes inmuebles que estén exentos del pago del IBI" y "de sus domicilios, cuantía y causa legal de esa exención, así como la titularidad de los mismos en el caso de que esta recaiga en el Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales".

El Juzgado de lo Contencioso Número 7 de la capital andaluza anuló dicha resolución del Consejo de Transparencia al no ser "conforme a derecho", ya que el artículo 95 de la Ley General Tributaria establece un régimen especial que prohíbe la cesión y comunicación a terceros de los datos tributarios, según la sentencia del juez.

Según el artículo 51 de la Ley del Catastro, que recoge la sentencia del 18 de julio, están protegidos "el nombre, apellidos, razón social, código de identificación y domicilio de quienes figuren inscritos como titulares", sean personas físicas o jurídicas, "así como el valor catastral y los valores catastrales del suelo y, en su caso, de la construcción de los bienes inmuebles individualizados".

¿Qué fue de la Ley de Libertad de Conciencia? Por el manto de silencio que la cubre, nadie diría que es un compromiso de gobierno con todos los honores, que atañe además a dos cuestiones especialmente delicadas para cualquier proyecto progresista: las libertades individuales y las relaciones del poder civil con el hecho religioso. Recogida en el programa del PSOE, incluida en el acuerdo de la coalición gobernante, la ley ha quedado en cambio casi totalmente excluida del debate político. La legislatura se aproxima a su tramo final –queda un año y medio como máximo– sin que haya constancia de ningún avance. Ni en 2020, ni en 2021, ni en 2022 ha figurado en el plan normativo del Ejecutivo.

A preguntas de infoLibre, el Ministerio de Presidencia no detalla ningún avance, limitándose a señalar que la ley no está descartada. No es un mensaje suficiente para quienes reivindican su aprobación. El PSOE, partido mayoritario de la coalición de gobierno, empieza a recibir presiones para que el intento de superar la ley de 1980 no vuelva a quedarse en el cajón, como ocurrió en 2010. Dichas presiones llegan tanto de la sociedad civil como de Unidas Podemos, que forma parte del Gobierno como socio minoritario. Europa Laica y el grupo morado han presentado sendas iniciativas legales. Y no se quedan sólo en la Ley de Libertad de Conciencia, sino que apuntan contra los Acuerdos con la Santa Sede de 1976-1979, anclaje del especialísimo estatus de la Iglesia católica en España.

El acuerdo de gobierno entre el PSOE y UP, suscrito en diciembre de 2019, recoge el siguiente compromiso en su artículo 5.5, dentro del capítulo de "Nuevos derechos": "Aprobaremos una Ley sobre Libertad de Conciencia que garantice la laicidad del Estado y su neutralidad frente a todas las confesiones religiosas". No hay más detalle.

Sobre el papel, el contenido debería ser ambicioso. El Gobierno se formó con elevadas expectativas en el campo del laicismo y la separación Iglesia-Estado. Y había sido el propio presidente Pedro Sánchez el que las había generado a lo largo de su trayectoria, en la que había ganado las primarias del PSOE apoyándose en mensajes laicistas y había llegado a defender la supresión de la referencia a la Iglesia en la Constitución, la inclusión en la misma del "principio de laicidad" y la denuncia de los acuerdos con la Santa Sede.

¿Se han cumplido las expectativas laicistas? No las más elevadas. De hecho, la derogación de los acuerdos con la Santa Sede no está en el acuerdo de gobierno. Medidas drásticas no ha habido. La relación Iglesia-Estado sigue como estaba. Ahora bien, ha habido avances en materias que afectan a la Iglesia. Y no sólo en materias, también en gestos. Sánchez y sus gobiernos –el de coalición, pero también el salido de la moción de censura de 2018– han ejercido con pulcritud aconfesional, una excepción en la democracia española. Quedan para la historia las tomas de posesión sin símbolos religiosos y el homenaje desprovisto de ropaje religioso a las víctimas del covid.

El Gobierno de coalición ha avanzado en terrenos sensibles para la jerarquía católica, como la eutanasia, y prevé una reforma de la ley del aborto. Ambas iniciativas cuentan con la oposición frontal del episcopado, que también se enfrentó a la reforma legal para penalizar el acoso a las puertas de las clínicas de aborto. A todo ello se suma la Lomloe, una norma educativa que rebaja el estatus de la asignatura de Religión, al no computar para la nota oficial.

En el otro lado de la balanza, el Ejecutivo ha acabado avalando las inmatriculaciones de la Iglesia, que en lo esencial ha hecho prevalecer su posición. No se han producido las "modificaciones legislativas" para recuperar los bienes inmatriculados "indebidamente". El Gobierno sólo anota en su balance en este campo una mayor transparencia y el cuestionamiento de un millar de registros. Además, la jerarquía católica mantiene de momento sus privilegios fiscales, incluida la exención del IBI incluso en inmuebles en los que hace negocio. La fiscalización de la relación económica Iglesia-Estado por parte del Tribunal de Cuentas no ha supuesto cambios de fondo. No ha habido avances hacia la autofinanciación. La Conferencia Episcopal sigue acumulando superávit gracias al dinero público y enviando parte de estos fondos a Trece TV. Está por ver en qué queda la investigación del Defensor del Pueblo sobre la pederastia.

Para cerrar el balance falta la Ley de Libertad Conciencia, que sigue pendiente. En España aún rige la Ley de Libertad Religiosa, de 1980, que dejaba atrás el nacionalcatolicismo pero sin amenazar en nada la relación prevalente del Estado con la Iglesia. Con José Luis Rodríguez Zapatero en La Moncloa llegó a formarse un grupo de trabajo para una norma que superase la de 1980, pero el presidente acabó metiéndola en un cajón en 2010, ya con la crisis económica encima. Curiosidades de la historia: aunque fue acusado por el PP y la Conferencia Episcopal de abanderar un "laicismo radical", Zapatero fue el presidente que subió la asignación vía IRPF a la Iglesia del 0,5239% al 0,7% por cada equis marcada, un incremento que ha permitido a la institución recibir 2.653,98 millones en los últimos diez años.

Casi doce años después del carpetazo de Zapatero, ¿llegará al Consejo de Ministros un anteproyecto de Ley de Libertad de Conciencia? Aunque está en el acuerdo de gobierno, no ha figurado en ningún plan normativo del Ejecutivo. "Esta ley no está en el plan normativo de este año, lo que no significa que se descarte", señala a infoLibre el Ministerio de Presidencia.

El PSOE está ya bajo presión por este retraso. El principal ariete en la sociedad civil es Europa Laica, la organización de referencia del movimiento laicista, que aprobó en su asamblea de mayo una actualización de su anterior propuesta legislativa, de 2009. "Regular el derecho a la libertad de conciencia está pendiente desde la ley de 1980, que es ya una ley impropia del tiempo que vivimos. El Gobierno tiene este tema olvidado. No está en el plan normativo a pesar de figurar en el acuerdo del Gobierno de coalición de avanzar en cumplimentar estas carencias democráticas. Pretenden que quede otra vez en el cajón, no interesa. No hay voluntad política de hacer nada que irrite a la jerarquía [católica]", señala el presidente de Europa Laica, Juanjo Picó. "Ademas –añade–, es necesario ya avanzar en la aconfensionalidad o laicidad estatal según mandata el artículo 16 de la Constitución".

La propuesta de Europa Laica, de 20 páginas, es una enmienda a la posición de la Iglesia en España, con énfasis en su acceso al dinero público y a la enseñanza. Su aprobación sería un revolcón histórico a la institución. La norma, de inspiración republicana y acento francés, incide en la protección de la libertad de conciencia y la separación Iglesia-Estado, sobre todo en los espacios en los que se puede entender que hay un trato preferente para la institución católica. Al mismo tiempo que establece mecanismos para proteger la libertad de creer –o no creer– y de expresar –o no– esas creencias, señala que dichas creencias no deben tener "ningún tipo de protección legal especial" frente a la libertad de expresión, lo que apunta contra el controvertido delito de ofensa a las sentimientos religiosos.

Se trata de una ley de amplio espectro, que abarca las inmatriculaciones, la eutanasia y el aborto, los límites de la objeción de conciencia, la neutralidad del espacio y los medios públicos y de las ceremonias estatales, la protección de la infancia frente al adoctrinamiento dogmático o la obligación de los cargos públicos de abstenerse de participar oficialmente en ritos religiosos o de poner a las instituciones –o sus instalaciones– al servicio de los mismos. La norma establece que el Gobierno llevará al Congreso la ruptura de los acuerdos con el Vaticano.

La ley establece lo siguiente: "Ninguna administración pública podrá destinar recursos públicos [...] de forma directa, indirecta o en condición de privilegio" a las entidades religiosas "para promover o favorecer su creación, desarrollo o proselitismo", ni tampoco para "financiar su viabilidad y sostenimiento". Es decir, no podría haber casilla de la Iglesia en el IRPF. También sería el fin de los privilegios fiscales. Los bienes culturales histórico-artísticos de la Iglesia "formarán parte del Patrimonio Histórico Español", aunque en ellos se permitiría el culto. Además de la fiscalidad, el otro frente en el que se centra la norma es la educación. "El Estado no sostendrá con fondos públicos a los centros educativos privados de una opción de conciencia particular", señala la ley. De modo que se acabaría la concertada católica, principal bastión de influencia de la Iglesia en España.

UP, por su parte, está a la espera de que la Comisión Constitucional del Congreso debata su proposición no de ley (PNL) de "impulso de cambios normativos concernientes a la libertad de conciencia y la laicidad". Se trata de una iniciativa "trabajada junto a Europa Laica y Andalucía Laica, con reivindicaciones históricas del movimiento laicista y que pretende volver a poner este tema encima de la mesa", explica la diputada del grupo morado Martina Velarde. "Aunque las PNL no son vinculantes, es importante que este tema no se olvide, más aún cuando hay un acuerdo en el programa de gobierno de coalición", explica. A su juicio, España mantiene "un déficit en este terreno [separación Iglesia-Estado], con casos evidentes como el del alumno de Córdoba que denunciaba la presencia de crucifijos en espacios escolares públicos". "Sería tremendo que no saliese adelante la ley, ni me lo planteo. Es un acuerdo de gobierno, es algo firmado, no es algo que nos saquemos de la manga a mitad de legislatura", expone Velarde, para quien estamos ante una "asignatura pendiente".

Es cierto, como admite Velarde, que las PNL no son vinculantes. Pero el Gobierno puede hacerlas suyas, más aún cuando hay un acuerdo previo. La exhumación de Franco se realizó porque la reclamó el Congreso en una PNL. Será interesante ver el resultado de la votación de la iniciativa presentada por los diputados de UP Martina Velarde y Txema Guijarro, que insta al Gobierno a medidas como estas:

– Presentar al Congreso una Ley de Libertad de Conciencia.

– Presentar al Congreso la derogación de los Acuerdos con la Santa Sede del año 1976.

– Recabar las notas simples de los bienes inmatriculados por la Iglesia desde 1946 hasta 1998, para revertir después las inscripciones sin justificación documental.

– Garantizar mediante cambios legales que los bienes de interés cultural en posesión de las instituciones eclesiásticas "sean declarados de dominio público".

De momento no hay fecha para la votación.

El Ayuntamiento de Madrid aprobó el pasado 29 de diciembre un Presupuesto que PP y Ciudadanos, al mando del gobierno municipal, califican de “equilibrado y realista”. Un total de 5.482 millones de euros, que suponen un 8,2% más respecto a las cuentas del año de la pandemia, que la oposición critica por haber sido “diseñados en origen para Vox”, los socios prioritarios de José Luis Martínez Almeida y Begoña Villacís, y que fueron finalmente refrendados con doble polémica. Primero fue el apoyo a las cuentas de los concejales de Recupera Madrid, la escisión de Más Madrid que integra el Grupo Mixto, una vez que el acuerdo con Vox se hizo imposible. Después, las declaraciones del alcalde sobre la escritora Almudena Grandes –“No merece ser Hija Predilecta de Madrid, pero para poder sacar adelante los Presupuestos hay que hacer cesiones”– terminaron por desdibujar aún más unas cuentas que la delegada de Hacienda, Engracia Hidalgo, presentó como las de “la recuperación económica y social”, pero la oposición critica porque, a su juicio, desaprovechan “la mayor liquidez” que ha tenido nunca Madrid y carecen de “modelo de ciudad”.

El gobierno municipal madrileño destaca que son los primeros Presupuestos que rebasan los 1.000 millones de gasto social –1.007 millones–: cinco nuevas bases para el Samur-Protección Civil, ocho nuevos centros de servicios sociales, tres nuevas escuelas infantiles forman parte de ese amplio dispendio. Pero para la portavoz del Grupo Municipal Socialista, Mar Espinar, esos 1.007 millones son “insuficientes”. “No suponen ni el 15% del presupuesto total consolidado”, explica.

Por el contrario, el dinero del Ayuntamiento se destina, sobre todo, a “operaciones de asfalto”, critica. Porque el acuerdo con el Grupo Mixto que ha servido a Almeida para salvar los presupuestos en el último respiro del año no “ha tocado nada la estructura del Presupuesto”, resalta Espinar, ni las “políticas de fondo”. Miguel Montejo, el portavoz de Más Madrid en la Comisión de Hacienda, resalta que los 62 millones de euros que Recupera Madrid ha conseguido con su pacto presupuestario equivalen únicamente al 1% de los 6.161 millones de las cuentas municipales para 2022, una cifra que incluye los gastos de organismos autónomos y sociedades mercantiles. Por establecer una comparación, el PSOE presentó 207 enmiendas a los Presupuestos que suponían movilizar 190 millones de euros, más del triple.

Al aprobar las cuentas, Marta Higueras, portavoz de los ediles de Recupera Madrid, alabó las medidas “progresistas” que habían arrancado de PP y Ciudadanos porque, a su juicio, han “sacado a Vox” de Madrid y están destinadas a “cambiar el rumbo de la legislatura”. Sin embargo, PSOE y Más Madrid coinciden en calificar de “cosméticos” los añadidos a las cuentas. Espinar habla de un mero “intercambio de cromos” y Montejo advierte de que pervive el diseño original trazado para obtener el apoyo de Vox. “[El Presupuesto] no hace nada para transformar la movilidad o para cambiar las políticas de familias y la política de promoción económica”, detalla. En materia de contaminación y de movilidad “se ha quedado en 1980, que es el modelo que le gusta a Vox”, abunda el concejal de Más Madrid.

Otro tanto ocurre con los impuestos. Pese a dar un rotundo no los Presupuestos, Vox sí aprobó las ordenanzas fiscales en la misma comisión extraordinaria en que rechazó las cuentas municipales. Pese a que ambas normas incluyen la misma medida polémica: una “ayuda directa” a los contribuyentes del IBI (Impuesto sobre Bienes Inmuebles) que posean viviendas con un valor inferior a 300.000 euros. Se trata, explica Miguel Montejo, de una subvención “no rogada”, que puede ser ilegal, puesto que las ayudas directas para pagar impuestos están prohibidas. Según el Ayuntamiento, la medida, que beneficiaría a 660.863 recibos, supondrá una merma en la recaudación de 34 millones de euros. La rebaja para la mayoría de los recibos se calcula en unos 15 o 20 euros. Además, añade Montejo, de momento esa ayuda no se expresa más que en una “declaración de intenciones”, aún no está formulada.

Pero no es el único recorte de ingresos que sufrirá el Ayuntamiento este año. El consistorio también reconoce un descenso de recaudación del 30% en el llamado impuesto de plusvalía respecto a 2021, debido a la sentencia del Tribunal Constitucional que anuló el sistema de cálculo de este tributo y obligó al Gobierno a modificarlo. El acuerdo con el Grupo Mixto establece que el Ayuntamiento solicitará al Estado una compensación por esa pérdida de ingresos.

En total, el gobierno municipal promete una rebaja de impuestos de 60 millones de euros, que Miguel Montejo no duda en tachar de “imprudente” por las “incertidumbres” sobre los ingresos que acechan este año. Y no sólo debido a la menor recaudación de la plusvalía municipal, sino también porque no se puede prever si el Ayuntamiento acertará en sus cálculos sobre los 240 millones adicionales que debería recibir del Estado o los 75 millones que cree que le corresponderán de los fondos europeos para la recuperación.

Además, el gobierno municipal se comprometió, y así lo firmó en su acuerdo con el Grupo Mixto, a no vender suelo municipal de uso residencial en 2022, lo que supondría otra merma de ingresos por importe de 16 millones de euros. Sin embargo, Miguel Montejo dice que esa promesa ha desaparecido de los presupuestos. Y lo mismo ha ocurrido, añade, con la anunciada reducción de las operaciones de endeudamiento por valor de 20 millones de euros.

El Ayuntamiento también presume de un aumento de las inversiones del 23% para este año. Son 603 millones de euros, de los cuales 273 millones corresponden a inversiones nuevas. La oposición objeta, una vez más. “Hay muchas inversiones con presupuesto cero, porque se van a concesionar las obras”, indica el concejal de Más Madrid. Por ejemplo, 11 instalaciones deportivas cuyas obras deberían licitarse durante este ejercicio. Además, la Empresa Municipal de la Vivienda (EMVS) ha recortado sus inversiones. “Las promociones de este año son en realidad del mandato anterior”, resume.

En otros casos, las partidas son escasas. Apenas “un muestrario de lo que puede ser y no es”. El Ayuntamiento promete cinco millones de euros para poner en marcha un carril bici en el Paseo de la Castellana y otros cinco millones para “actuaciones provisionales de carriles bici” sin más precisión. “Un aliño”, dice Mar Espinar, porque “no hay un proyecto de conectividad” que haga de Madrid una ciudad conectada en bicicleta. La propuesta de Más Madrid al respecto proponía construir 160 kilómetros de carriles bici en la capital. A juicio de Montejo, por tanto, lo aprobado se queda muy corto frente a lo que debería hacerse. Más aún, cree que los cinco millones con los que se reforzará BiciMad, el servicio municipal de bicicletas, “habría que duplicarlos”. Las críticas por el abandono paulatino de BiciMad son materia común de la oposición y los usuarios. Hay que recordar que la empresa concesionaria tuvo que ser rescatada por el Ayuntamiento y su gestión deber ser ahora revertida “con carácter inmediato”, dice el acuerdo con Recupera Madrid, a la Empresa Municipal de Transportes (EMT).

En el Presupuesto hay también un millón de euros para “itinerarios de colegio seguros”. Miguel Montejo lo compara con los 12 millones que el Ayuntamiento de Barcelona dedica al mismo fin para 155 colegios. En Madrid, las actuaciones se limitarán a ocho.

Por lo que se refiere a los criticados contratos de limpieza viaria, el gobierno municipal destaca que experimentan un aumento de 51 millones de euros en 2022. Mar Espinar asegura que se “están incumpliendo”. Miguel Montejo, tras precisar que a las empresas se les concede un periodo de adaptación a las nuevas exigencias, admite que “aún no se está viendo mejoras”. De hecho, se suceden las denuncias ciudadanas en las redes sociales por la suciedad de las calles. Para el concejal de Más Madrid, el problema estriba en que los contratos que firmó en su día Ana Botella son “indescifrables” e impiden que se controle y vigile si las empresas concesionarias hacen su trabajo.

Nombrar a Almudena Grandes Hija Predilecta, la construcción de un centro de salud en el edificio okupado de La Ingobernable, subvencionar el Orgullo de Madrid de 2022 o suprimir la ayuda de 200.000 euros a la Fundación Madrina, conocida en su día por sus actividades contra el aborto y por funcionar como agencia de colocación en negro de empleadas del hogar, son algunos de los logros del acuerdo que ha permitido salvar los Presupuestos municipales de Madrid. “Medidas que los concejales tránsfugas entendían que les iban a dar rédito político, pero ¿qué hay en equipamientos para los distritos del sur de Madrid en ese acuerdo?”, se pregunta Mar Espinar. La subvención para el Orgullo, apunta Miguel Montejo, la va a gestionar ahora Madrid Destino, la empresa municipal de eventos, en lugar de Cogam –colectivo LGTB+ de Madrid– como antes. Y la Fundación Madrina ya ha anunciado que pedirá una “subvención de carácter directo” para financiar sus actividades en sustitución de la que se le acaba de retirar.

Tras conseguir la aprobación de sus presupuestos, el alcalde aseguró que éstos eran “necesarios”. Y Miguel Montejo cree que, en efecto, Martínez Almeida los necesitaba porque en mayo de 2023 tiene que enfrentarse a las urnas, lo que convierte este ejercicio en año preelectoral. Por ese mismo motivo, Mar Espinar cree que el pacto con el Grupo Mixto no será de largo recorrido y que PP y Ciudadanos volverán a guiñarle un ojo a la extrema derecha enseguida. “Almeida necesita que Vox le vuelva a pasar la mano por el lomo”, concluye.

Europa Laica acaba de cumplir 20 años, celebrados con una fiesta en el Círculo de Arte de Toledo. Pero que haya fiesta no significa que el balance de su causa dé para muchos brindis, como explica su presidente, Juanjo Picó (Valencia, 1950), para quien en España todos los gobiernos democráticos, incluidos los de la izquierda, han incumplido los mínimos exigibles de separación Iglesia-Estado. Dos reclamaciones sobresalen en el catálogo de Europa Laica: la derogación de los Acuerdos con la Santa Sede y una "ley de libertad de conciencia" que acabe con el trato –a juicio de Picó– "privilegiado" que recibe la religión, en particular la católica. Ingeniero de telecomunicaciones jubilado, al que sólo hay que escuchar para comprobar que vive con indignación la falta de avances en neutralidad del Estado, Picó cree que el laicismo en España continúa estigmatizado, tratado como una causa menor, sin verdadera trascendencia, propia de radicales. "Nos dicen de todo: comecuras, quemaiglesias... Pero que nadie piense que el laicismo es una persecución a la religión. Es una auténtica defensa de lo público, de lo que es de todos".

¿Veinte años remando a contracorriente?

Sí, la verdad. En 2001, el tema de la laicidad del Estado casi ni se conocía, ni desde luego estaba organizado. El arranque fue un esfuerzo voluntarista. Una vez dados los primeros pasos conceptuales y organizativos, empezó la extensión geográfica y la articulación de propuestas políticas, que caían en saco roto. Bueno, siguen cayendo en saco roto. Pero en esta, digamos, travesía del desierto hemos logrado marcar a Europa Laica como referencia inexcusable de la lucha por la laicidad. Es un tema por descubrir en España. A veces tenemos que ir en plan Quijote. A diferencia de otros temas, como el ecologismo, que se ve más cercano, queda mucho recorrido. En los partidos políticos hay mayor conciencia, pero al final se guarda en los cajones en la acción política diaria.

¿Por qué cree que es importante la laicidad del Estado?

Es una manera de entender la convivencia y la diversidad ideológica en defensa del interés público. La convivencia no se puede articular en base a ideologías particulares. El esquema de mayorías-minorías no tiene sentido aquí. El valor que tiene sentido es la libertad de conciencia, que permite a cada uno tener su cosmovisión. La laicidad ofrece las herramientas para una convivencia que respeta la libertad de conciencia. Viene de la Ilustración, con la ruptura entre el trono y el altar, entre el poder civil y el divino. El Estado debe ser imparcial, sin dar privilegios a ninguna opción de conciencia. Todos somos iguales en la res publica en un Estado laico. En España hay vulneraciones de la libertad de conciencia y faltas en la neutralidad del Estado. Hay rémoras del nacionalcatolicismo.

Se suele oponer que España no es un Estado laico, sino aconfesional.

No hacemos caballo de batalla de ese debate, que me parece academicista. Un Estado aconfesional sería un Estado sin confesión religiosa, en el que la neutralidad estaría garantizada. Pero en España está en entredicho. En cuanto rascas, aparecen los privilegios de las confesiones religiosas y especialmente de la Iglesia católica.

¿Qué vulneraciones de la libertad de conciencia denuncia?

¿Ejemplos? La libertad de conciencia se vulnera cuando la escuela pública tiene la obligación de ofrecer adoctrinamiento confesional católico en virtud de los Acuerdos con el Vaticano. En cuanto a la neutralidad, basta con ir de nuevo a los Acuerdos de 1979. Está en todo: en la educación; en la financiación de la Iglesia, que es un expolio de lo público; en la simbología... La simbología está impregnada de nacionalcatolicismo, con elementos que llegan a insultar a la inteligencia, como las vírgenes nombradas alcaldesas perpetuas, las rogativas de las corporaciones municipales para que desaparezca el paro. O como cuando el Ayuntamiento de Madrid, ¡con todos los colores políticos!, celebra el voto de la Villa. Son insultos a la inteligencia.

¿Ve inadecuada la reunión de Yolanda Díaz con el papa Francisco?

Desde nuestra independencia política y partidaria, por la que no entramos en las creencias de nadie, no le vemos sentido a que un gobierno que se dice de progreso se reúna con el papa y se queden en la puerta todos los grandes temas bilaterales.

¿Cuáles?

Los Acuerdos con la Santa Sede, la relación Iglesia-Estado, las inmatriculaciones, que son un problema al que se ha dado una salida en falso... No entendemos qué tiene que ver el papa con la reforma laboral y la precariedad. Es una conversación baldía, mientras ahí tenemos a la Iglesia católica española enrocada en las inmatriculaciones o en la pederastia. Ha sido una ocasión perdida. Cualquier persona es muy libre de reunirse con quien quiera, pero esto ha sido una veleidad mediática. Parece que incluso las fuerzas de progreso aún necesitan una legitimación confesional para ofrecerse y presentarse en sociedad. Hay que pasar por el Vaticano para obtener el espaldarazo.

¿No reconocen al papa, en contraste con la jerarquía española, un ánimo reformista?

R: Ni valoramos ni dejamos de valorar lo que dice el papa. Sus pronunciamientos no nos competen. Es más, si tuviéramos que valorar algo, diríamos que las loas al papa desde la izquierda son inexplicables porque olvidan que es el representante máximo de una institución misógina, responsable del expolio de las inmatriculaciones, denunciadas incluso por colectivos cristianos de base. Estas visitas al Vaticano constituyen una pleitesía legitimadora.

¿Pleitesía?

R: Hay una cuasisubordinación, porque no se hace valer la soberanía. Si hay que ir al Vaticano es para, con toda la educación y la cortesía del mundo, defender la soberanía del Estado y poner fin a los privilegios.

¿Qué expectativas tiene de las negociaciones entre el Gobierno y la Conferencia Episcopal sobre educación, fiscalidad, inmatriculaciones...? ¿Esperan un avance o son escépticos?

El tema de la educación está cerrado. Durante la tramitación de la Ley Celaá, Europa Laica presentó enmiendas razonables, incluso admitiendo los Acuerdos con la Santa Sede, que obligan a ofrecer Religión católica. ¡Y ya es admitir! Sólo pedíamos que saliera del horario escolar. Pero no hay voluntad de avanzar. Tampoco con los profesores de Religión, elegidos por los obispos, ni con los currículos de la asignatura, que van de la Conferencia Episcopal al BOE. Eso está cerrado. Con las inmatriculaciones, el Gobierno ha aprobado una amnistía registral tras una negociación sin transparencia. Tiene muy mala salida, porque la Iglesia jamás va a soltar el patrimonio inmatriculado.

¿No ve posibles más avances con las inmatriculaciones?

Esto es mi opinión: creo que es posible que haya un lavado de cara, resarciendo con algún caso puntual, tras un acuerdo en mesa camilla, porque da demasiada vergüenza que las cosas queden así. Esperamos alguna medida de lavado de cara.

¿Y en cuanto a los impuestos?

Puede haber algún cambio en relación con el pago del IBI en los edificios donde se desarrolla alguna actividad mercantil, quizás con alguna modificación de la Ley de Mecenazgo o una reinterpretación de los Acuerdos [con la Santa Sede]. Pero no será por voluntad de la Iglesia, sino por lo mismo que ocurrió con el IVA, cuando a punto estuvo la UE de multar a España por no cobrar el impuesto. [Con la exención del IBI] la corporación católica se está beneficiando de ayudas de Estado, penalizadas por la UE. Creo que el Gobierno y la propia Iglesia van a cuidarse de que les pongan otra vez la cara roja. Incluso la Europa de los mercados lo defiende [el fin de la exención del IBI en edificios sin uso religioso o social] porque distorsiona la competencia.

¿Se ha quedado corta la Ley Celaá también en terreno de la concertada?

Se supone que la ley intenta poner coto a algo que ya debería tener coto, que es el pago de cuotas para cubrir una parte del negocio, generando segregación. Porque hablamos de un negocio económico e ideológico para la Iglesia. Se suele decir que es como la educación pública, pero no lo es. No verás un colegio concertado en Macarrochos de Arriba, porque donde no hay negocio, no van. La prohibición de las cuotas debería ser taxativa, con inspección de verdad.

¿Cuál es su propuesta sobre los Acuerdos con la Santa Sede?

Denuncia y derogación. Taxativo. Sin chalaneos. El único compromiso de la Iglesia, ¡el único!, la autofinanciación, ni se ha cumplido ni se ha hecho cumplir. Podría haber una transición de un año, un año y medio, como último canto del urogallo de la buena voluntad, pero en una campaña de la renta más debería desaparecer la casilla del IRPF. Es lo lógico. La Iglesia católica es una organización privada de creyentes. Con todos sus derechos y todos sus deberes. Los acuerdos tienen que derogarse y la Iglesia pasar a regirse por la Ley de Asociaciones. Una ley de libertad de conciencia debe cubrir las convicciones de tipo religioso y no religioso, no como la actual Ley Orgánica de Libertad Religiosa. ¿Dónde quedan si no el resto de conciencias, por ejemplo ateas, agnósticas...? Hay una situación de privilegio y supremacía de lo religioso. La Iglesia debe ser tratada como una organización normal y estar sujeta al derecho común, aunque luego tenga sus relaciones de cooperación con el Estado en el marco del artículo 16.3 [de la Constitución]. Pero no con el truco del almendruco de los Acuerdos.

¿Qué truco?

El tablero de juego está trucado. Cuando se aprueba la Constitución del 78, las cartas están marcadas. Unos días después, se aprueban los Acuerdos, con privilegios en educación, fiscalidad, estatuto jurídico... Es un fraude. La cooperación mandatada por la Constitución en ningún caso debe ser en liturgia, culto o, como ocurre ahora, para pagar los salarios del clero. No tiene ningún sentido. Creemos que hay margen para avanzar dentro del marco constitucional, aunque nosotros seríamos partidarios de cambiar el 16.3 y el 27, que da pie a un privilegio educativo para la Iglesia.

El PSOE ha cambiado su promesa de derogación de" los acuerdos de la Santa Sede por la de revisión buscando el "consenso" de la Iglesia.

Es una vergüenza. Hubo un momento, cuando se entendió que los Acuerdos sobrepasaban ya el límite de la concordia de la Transición, en que empezó a explicitarse que debía haber una denuncia y derogación. Eso estaba en el programa de partido, pero no de gobierno. Y se nos decía: "Una cosa es el partido y otra el gobierno". Las famosas prioridades... Ahora, en cambio, es que el programa del partido ya no habla de derogación, sino de revisión con consenso. ¿Consenso? ¿Dónde queda la soberanía del Estado? ¿Alguien cree que la Iglesia va a soltar esa perita en dulce? La Iglesia católica jamás va a soltar la perita en dulce de sus privilegios con el dinero y la enseñanza. Tiene que hacerlo el Estado.

¿Ha sido este gobierno una decepción?

R: ¿Decepción? Sí. Este y el anterior, y todos los anteriores.

Arrancó con un gesto de modernidad del presidente, Pedro Sánchez, con la toma de posesión sin símbolos religiosos.

Hemos felicitado al Gobierno por esa toma de posesión, el funeral de Estado [por las víctimas del covid-19] y por los avances en libertad de conciencia, como la Ley de Eutanasia, la igualdad afectivo-sexual... Sin embargo, en los temas económicos, de educación y de separación Iglesia-Estado, ahí no se toca. Y lo decimos. Ahí falta avanzar.

¿Dónde más?

En el mercado de la caridad. Hay una demolición paulatina de los servicios públicos, no sólo la educación y la sanidad, también la asistencia social, que sirve a la Iglesia para ocupar parcelas de poder. Son áreas que quedan huecas por falta de presupuesto y aprovecha la Iglesia para su negocio político e ideológico. Es una cuestión de gran importancia política, porque hay una deriva a nivel planetario, que viene hacia Europa, con una simbiosis entre los fundamentalismos confesionales y las políticas de ultraderecha, todo ello en detrimento de lo público y exacerbando las diferencias por sexo, etnia, origen... Lo vemos en Hungría, en Polonia y en fuerzas de ultraderecha aquí en España. Ante el retroceso de lo público, avanza la extrema derecha y el fundamentalismo confesional, capturando grupos de población desasistida. Aquí el fenómeno aún no tiene la virulencia de Brasil, pero está en progreso. Por eso hacen falta gobiernos democráticos laicos que sean fuertes que no caigan en la tentación de la multiconfesionalidad, con la extensión de los privilegios de una confesión al resto. Ojo, la imparcialidad no significa que los privilegios de una parte se extiendan a los demás. Esa no es la respuesta. Tampoco hay imparcialidad con la libertad de expresión, mediatizada por el artículo 525 del Código Penal, el de la ofensa a los sentimientos religiosos.

Al mismo tiempo que usted hace este diagnóstico, los datos de secularización de la sociedad española son inequívocos.

Una cosa son las sociedades, otra los gobiernos y los partidos, que están abducidos y hacen políticas antilaicistas. Es cierto que la sociedad está altamente secularizada, pero falla el comportamiento de las instituciones y de muchos cargos públicos.

¿Qué papel asigna al Opus Dei en la posición de la Iglesia en España?

Durante el nacionalcatolicismo, tuvo un planteamiento de búsqueda no sólo de las almas, sino de posiciones de poder, con una fuerte implicación en la política y la economía. Ahora hay un repliegue. No están tan expuestos, pero siguen sotto voce, por ejemplo en la judicatura. Además, existen otras organizaciones ultramontanas que compiten por influencia, con los neocatecumenales, NEOS, Hazte Oír, Vox...

La futura Ley estatal de Vivienda, que se aprobará este martes en el Consejo de Ministros, limitará la declaración de zona de zona tensionada a un periodo de tres años, con posibilidad de prorrogarse de forma anual si persisten las condiciones que fundamentaron esta consideración.

Así lo recoge el anteproyecto de la Ley estatal de Vivienda, en el que figuran como proponentes el Ministerio de Transportes y el de Derechos Sociales. El texto, al que ha tenido acceso Europa Press, será remitido al Congreso para su tramitación parlamentaria después de lograr el visto bueno del Consejo de Ministros.

Entre las condiciones que pauta la futura ley como zona de mercado tensionado, se fija que el coste de la hipoteca o el alquiler (más gastos de suministros) supere el 30% de los ingresos medios de los hogares del ámbito. También se ponderará que el precio de compra o alquiler haya experimentado en los últimos cinco años una subida de, al menos, el 5% superior porcentaje de crecimiento del IPC de cada autonomía.

En caso de formalizarse la declaración, la Administración que la solicite debe elaborar un plan específico de medidas que corrijan los desequilibrios en el mercado de vivienda durante esos tres años.

Además, el Gobierno podrá también desarrollar un programa específico para dicho ámbito y que le habilitará a buscar fórmulas de colaboración con el sector privado para estimular la oferta, diseñar medidas encaminadas a contener o reducir los precios, lanzar ayudas públicas adicionales al plan estatal de vivienda y aumentar la oferta de vivienda social.

Posteriormente, en la disposición adicional primera se fija un mecanismo "excepcional" para intervenir el mercado hasta que las administraciones compensen con medidas el déficit de oferta, lo que popularmente se conoce como regulación del alquiler.

De esta forma, se ofrece la posibilidad al arrendatario de acogerse, tras la finalización de su contrato, a una prórroga "extraordinaria" (de carácter anual y por un plazo máximo de tres años) de las mismas condiciones. Para nuevos inquilinos, se limitará también a la renta del contrato anterior, permitiendo subidas adicionales bajo determinados supuestos.

Y es que se podrá aumentar un máximo de un 10% del último precio de contrato sobre la media de los últimos cinco si el propietario rehabilitó el piso dos años antes del vencimiento, si aplicó obras que suponen un ahorro energético del 30%, mejoras de accesibilidad o cuando se firmen arrendamientos por periodos de 10 años o más.

Eso sí, para los grandes tenedores, además de la limitación anterior, entra en juego los citados índices de referencia que elaborará el Gobierno y que posibilita bajadas de precios, aunque para este caso se da un periodo de 18 meses desde la aprobación de la ley para aplicar este sistema que regirá en zonas tensionadas de alquiler.

La figura de gran tenedor queda finalmente establecida en aquella "persona física o jurídica que sea titular de más de diez inmuebles urbanos de uso residencial o una superficie construida de más de 1.500 metros cuadrados de uso residencial".

Bonificaciones para pequeños propietarios

Por otro lado, los denominados pequeños propietarios pueden acogerse a incentivos fiscales aplicables en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) de hasta el 90% si bajan el precio de sus viviendas en alquiler. Esa bonificación máxima se activará si el dueño decide bajar la renta de su inquilino un 5% con respecto al anterior contrato.

La siguiente escala propone una bonificación del 70% si alquila por primera vez una vivienda en índices de referencia de zonas tensionadas y lo hace a una persona entre 18 y 35 años. Otra opción para llegar a esa bonificación es destinar la casa a alquiler social en un precio inferior a los programas públicos para personas en vulnerabilidad.

Finalmente, se pauta un 60% para los casos de precios congelados pero que hayan acometido obras de rehabilitación y un 50% para el resto de casos.

Vivienda asequible incentivada y aumento de la social

Otro de los puntos del texto normativo es la introducción del "novedoso" concepto de "vivienda asequible incentivada", una figura necesaria para incrementar la oferta "a corto plazo" con precio "asequible".

De esta forma, se alude a los inmuebles de carácter privado, incluido las entidades del tercer sector, a los que se otorgará beneficios de carácter urbanístico, fiscal, o de cualquier otro tipo, a cambio de destinarlas a alquiler con precios reducidos a personas con ingresos bajos.

En materia de colaboración público-privada destaca también la creación de un fondo social de vivienda, destinado a fortalecer el parque público. La ley, en su exposición de motivos, alude a que el parque de 290.000 viviendas sociales apenas llega al 1,6% de los 18,6 millones de hogares en el país, mientras que en Francia, Alemania, Reino Unido o Dinamarca alcanzan el 15%.

Precisamente para aumentarlo se fija una reserva del 30% de las viviendas de las nuevas promociones a vivienda protegida, para lo cual se arbitrarán mecanismos de compensación de las administraciones a dichos promotores.

No obstante, se podrá permitir excepcionalmente una reserva inferior o eximirlas para determinados municipios o actuaciones, siempre "que se garantice en el instrumento de ordenación el cumplimiento íntegro de la reserva dentro de su ámbito territorial de aplicación y una distribución de su localización respetuosa con el principio de cohesión social".

Para incrementar esa base de vivienda social, se alude también a la capacidad de los poderes públicos a ejercitar los derechos de tanteo o retracto en casos de ejecución hipotecaria o dación en pago de vivienda habitual de colectivos en situación de vulnerabilidad o en exclusión social.

Recargo del IBI a la vivienda vacía

De cara a aumentar la oferta de vivienda en zonas tensionadas, la ley faculta a los ayuntamientos a desplegar un recargo del IBI a la vivienda vacía que puede alcanzar hasta el 150%.

El incremento mínimo para pisos desocupados será del 50% cuando, sin causa justificada, la vivienda lleve más de dos años vacía y pertenezca a un propietario que tiene cuatro o más inmuebles de uso residencial; del 100% cuando sean tres años (pudiendo modularse en función del periodo de tiempo de desocupación). Por último, está la opción de elevarlo un 50% adicional en caso de inmuebles cuyos propietarios tengan dos o más pisos en el mismo término municipal.

También se fija una protección frente a los desahucios para personas en situación de vulnerabilidad, por medio de la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

De esta forma, los juzgados deberán solicitar a los servicios sociales un informe para acreditar si es una persona vulnerable en procesos de lanzamiento. De ser así, se suspenderá el desahucio hasta que la Administración encuentre una alternativa habitacional en forma de vivienda por un periodo de dos meses si el demandante es una persona física o de cuatro si es jurídica.

Por último, se garantiza la imposibilidad de vender vivienda pública al no poderse cambiar su calificación en, al menos, un periodo como mínimo de 30 años, bajo condiciones que lo justifiquen y para lo cual se exigirá la devolución de todas las ayudas concedidas.

De esta forma, se busca evitar operaciones como la enajenación en 2013 de casi 3.000 pisos de la Comunidad de Madrid a un fondo de inversión y que luego fue anulado por el Supremo

El fraude fiscal se asocia a los grandes impuestos, el IRPF o sobre sociedades, a esos muchos miles de millones que se les escapan a los inspectores de Hacienda. Pero también hay fraude y evasión en otros niveles que pueden pasar más desapercibidos o son considerados de menor cuantía y gravedad. En los ayuntamientos, por ejemplo, que también son poderosas máquinas de recaudar. La investigación del fraude fiscal requiere unos medios humanos e informáticos de los que suelen carecer las administraciones locales. Lo que no quiere decir que el agujero municipal por el que se pierden otros tantos millones de euros cada año sea pequeño. Un informe elaborado por el Ayuntamiento de Madrid calcula que el 71% de las 27.685 actas de inspección abiertas entre 2015 y 2018 implicaron una sanción tributaria. El resto se regularizaron sin sanción. Por lo que los autores del documento concluyen que en esas 19.577 actas concurría algún tipo de culpabilidad por intencionalidad o negligencia. Según sus cifras, en el 20% de las sanciones había una “ocultación intencional”. En el 13% de ellas, el fraude tenía la consideración de grave. Y en un 19% los responsables eran sociedades anónimas, lo que puede indicar que se trataba de empresas de un cierto tamaño, no de particulares o pymes.

Sin embargo, no hay ni una sola denuncia por delito fiscal que un ayuntamiento español haya llevado jamás a la Fiscalía. La dificultad para acreditar el ánimo de defraudar es la razón. Para probar que ha existido dolo hay que motivar bien la causa, y para ello, a su vez, hay que investigar.

Además, los ayuntamientos deben cobrar: los tributos y las sanciones por no pagarlos. Y eso también resulta complicado si los medios son escasos. O no se pone mucho empeño. Somos Sindicalistas, una pequeña organización surgida hace años al tiempo que Podemos, ha denunciado al Ayuntamiento de Madrid ante el Tribunal de Cuentas Europeo (ECA) y ante la Oficina de Lucha contra el Fraude (OLAF) por los casi 300 millones de euros que el consistorio municipal deja de recaudar cada año por problemas de ineficacia recaudatoria y fraude.

La eficacia recaudatoria de una administración se mide relacionando los derechos reconocidos –lo que debería ingresarse– por cada impuesto con la recaudación efectivamente realizada. El Ministerio de Hacienda calculó la eficacia municipal para el ejercicio de 2015 en un 90,65% por lo que, de cada 10 euros, las entidades locales pierden uno. La del Ayuntamiento de Madrid está ligeramente por debajo de esa media, con un 89,27%. Sólo contando los cuatro principales impuestos –IBI, IAE, Plusvalía y Vehículos–, Madrid dejó de recaudar 296,66 millones de euros en 2017, por 46,07 millones Barcelona.

Según la demanda, a la que ha tenido acceso infoLibre, esa “pérdida no justificada de recaudación” se debe a que el Ayuntamiento “no utiliza consciente y voluntariamente medidas legales y técnicas disuasorias de fraude”, ni activa “aplicaciones informáticas de gestión tributaria eficaces para hacer efectivo el cobro de las sanciones penales impuestas a las empresas que cometen fraude”. A juicio de los demandantes, se combina una “obsolescencia informática mantenida adrede” en las aplicaciones destinadas a la gestión y cobro de deudas, con una “interesada mala gestión”.

Grabar datos manualmente

El atraso informático de la Agencia Tributaria municipal lo reconoce el propio ayuntamiento en el informe antes citado, que fue elaborado en 2018, por la anterior corporación encabezada por Manuela Carmena. No importa si se trata del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), el Impuesto de Actividades Económicas (IAE), el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), o la conocida como plusvalía (Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana) o las múltiples tasas municipales, las aplicaciones informáticas con las que trabaja el Ayuntamiento de Madrid “presentan carencias importantes y falta de interconexión entre ellas para explotar mejor los datos”, resume el informe. Por ejemplo, los funcionarios no tienen acceso a los datos del impuesto de sucesiones –en poder de la Comunidad de Madrid–, ni a las de los notarios y registradores, o deben “grabar manualmente” determinados pagos.

El desfase es similar en la recaudación ejecutiva, cuando el ayuntamiento tiene que cobrar en vía de apremio y embargar al deudor. El informe revela que “no existe desarrollo informático” para tramitar los procedimientos de derivación de responsabilidad –exigir el pago de una deuda a quien se declare responsable solidario o subsidiario–, que por tanto también se hacen “manualmente”. Así, “este tipo de expedientes sólo pueden ser abordados de forma esporádica”. Es decir, no es posible perseguir aquellos casos en que una empresa infractora “desaparece” o si en una multa de tráfico el infractor resulta ser un ciudadano insolvente. O cuando se utilizan sociedades interpuestas para no pagar. Las sanciones terminan prescribiendo.

Según el informe, tampoco existe una aplicación informática única que incluya desde la tramitación de las liquidaciones y recibos hasta su extinción. “Hay que cargar las deudas en la aplicación de recaudación ejecutiva desde cuatro aplicaciones distintas”, detalla. Cuando el entonces director de la Agencia Tributaria municipal, José Antonio Díaz de Cerio Villamayor, presentó el documento a los sindicatos, aseguró que el trabajo que hacían los funcionarios era “meritorio y casi artesanal”.

infoLibre ha preguntado a la actual corporación municipal sobre estos problemas con la recaudación. Fuentes del área de Hacienda sólo mencionan las “dificultades propias de estos procesos, fundamentalmente en la vía ejecutiva”: la desaparición del deudor por fallecimiento o disolución de la empresa, errores en las matrículas de los vehículos por parte de la Dirección General de Tráfico, la identificación de cuentas corrientes o de bienes en embargos. Pero dicen que no existe ninguna cifra que mida el impacto de las deficiencias informáticas en los ingresos municipales. Por el contrario, subrayan que la recaudación se redujo en 2020 y lo hará también este año por la política municipal de bajada de los tributos. La reducción del tipo del IBI, las bonificaciones para familias numerosas en este impuesto y en la tasa de residuos sólidos urbanos a locales cerrados y por inicio de actividad, así como las medidas fiscales por el covid-19 recortarán la recaudación municipal en 250 millones de euros, precisan.

18,7 millones en el proyecto Mástil

Estas carencias aparecen destacadas en la demanda presentada en el Tribunal de Cuentas Europeo y relacionadas con la historia del proyecto Mástil, una plataforma para gestionar los ingresos municipales que intentó ponerse en marcha en 2006, mediante un contrato con una Unión Temporal de Empresas (UTE) integrada por T-Systems, ITC/TAO y Gestión Tributaria Territorial, a cambio de 7,2 millones de euros. El proyecto debería haber quedado completado en 2009, pero no fue así. Tuvo que ser licitado de nuevo, se hizo cargo de él Indra, que cobró 2,5 millones de euros hasta 2013 por un trabajo que tampoco quedó concluido. Ana Botella volvió a sacarlo a concurso justo antes de salir del consistorio, por nueve millones de euros, pero Manuela Carmena paralizó la convocatoria nada más llegar a la alcaldía, en julio de 2015.

La gestión de este contrato es, destaca la demanda, “un claro ejemplo de mala gestión y de opacidad”. “Nunca se concluyó”, subraya, pero “se pagó en su totalidad”, pese a que las empresas adjudicatarias lo incumplieron “de manera reiterada”. Por su parte, el ayuntamiento indica que el proyecto Mástil se paralizó en 2019, porque en los años en que se prolongó su desarrollo su “diseño conceptual” se quedó “obsoleto”. Ni integraba los nuevos estándares de la administración electrónica ni permitía la “interacción” con otros sistemas del consistorio, como los de “gestión y control de la actividad económico-financiera y los recursos humanos”, detallan.

Para los denunciantes, el proyecto Mástil es, además, un ejemplo de uso indebido de los fondos Feder de la UE, de los que la Comunidad de Madrid ha recibido 33,56 millones de euros para repartir entre los ayuntamientos a fin de mejorar el uso y calidad de las tecnologías de la información (TIC) entre 2014 y 2020. De ahí que Somos Sindicalistas solicite al Tribunal de Cuentas Europeo que audite si el ayuntamiento hizo un uso correcto de esos fondos e informe a la OLAF, en caso de que sospeche un fraude. Por su parte, el consistorio asegura que en esos fondos no existe una aportación destinada a desarrollar herramientas tecnológicas para la gestión de tributos municipales.

El ayuntamiento explica también que está trabajando en la implantación de un nuevo proyecto para la gestión interna de los tributos municipales basado en la solución SAP-TRM, que debería sustituir al actual sistema, AS400. En marzo de este año, el Ayuntamiento de Madrid ha convocado un nuevo concurso, por un importe de 6,6 millones de euros, para la creación de una plataforma que dé soporte a la gestión integrada de ingresos municipales, multas, tesorería y seguimiento administrativo. El pasado mes de marzo fue adjudicado a IBM, la única empresa que se presentó. Deberá haber completado sus trabajos en 2024.

Unidas Podemos impulsará la regulación de los alquileres en la comunidad de Madrid con la limitación del precio al 30 por ciento del salario medio de los hogares en las zonas de mercado tensionado donde se ubique la vivienda, gravará y expropiará el uso de viviendas vacías de grandes propietarios y frenará el proyecto urbanístico Madrid Nuevo Norte si llega al poder tras las elecciones del 4 de mayo, según recoge Europa Press. "Tenemos un compromiso con el derecho a la vivienda. Ha llegado la hora de proteger y promover este derecho en Madrid, un derecho fundamental que nos ha sido arrebatado en los últimos 26 años. Por eso promovemos estas medidas para conseguir que la región deje de ser el paraíso de la especulación inmobiliaria", ha afirmado en un vídeo publicado en redes sociales la candidata de Unidas Podemos a la Asamblea de Madrid y exabogada de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Alejandra Jacinto.

Entre otras medidas, también insta a expropiar el uso de la vivienda vacía en manos de grandes propietarios (bancos, socimis, fondos de inversión o propietarios de más de 10 viviendas) para destinarla a alquiler social tal y como ha anunciado el propio Iglesias a través de un vídeo en redes sociales. "Así movilizamos la vivienda en aquellos casos que se incumpla la función social de la vivienda prevista en la Constitución mediante la cesión obligatoria de uso", ha explicado.

De esta forma, las viviendas que se incorporen al parque público de viviendas en alquiler serán puestas a disposición de jóvenes, parados de larga duración de más de 50 años, familias monomarentales y otros colectivos vulnerables con alquileres asequibles, estableciendo el precio social del alquiler en el 15 por ciento de los ingresos medios de los hogares en la zona en la que se halle sito el inmueble.

Asimismo, Unidas Podemos plantea un nuevo impuesto a la vivienda vacía de grandes propietarios y especulares, "que actualmente impide que bajen los precios de los alquileres" –cuyo uso no haya sido expropiado para alquiler social–, en consonancia con el trabajo que se está llevando a cabo en la Comunidad Valenciana. "Si eres un pequeño propietario esto no te afecta, quedarás exento.

Finalmente, la formación morada ve necesario aprobar la primera Ley de Derecho a la Vivienda de la Comunidad de Madrid con enfoque de derechos humanos, tomando como punto de partida la Iniciativa Legislativa Popular presentada en la Asamblea de Madrid por asociaciones a favor del derecho a la vivienda fue rechazada en 2017 por PP y Ciudadanos.

Iglesias marca como aspecto esencial la vivienda

Con ello, Unidas Podemos vuelve a apostar por las propuestas en materia de vivienda como uno de los elementos centrales de su candidatura a los comicios del 4 de mayo y traslada al ámbito autonómico uno de sus principales objetivos mientras estuvo en el Ejecutivo estatal: la regulación del alquiler.

Precisamente la regulación del precio del alquiler fue uno de los compromisos del acuerdo de gobierno coalición entre PSOE y Unidas Podemos a nivel nacional, que también plasmaron en el pacto sobre los Presupuestos Generales del Estado.

Su plasmación se negocia entre ambos socios en el marco de la nueva Ley de Vivienda, que el candidato quería encarrilar antes de dejar sus cargos ejecutivo con un sistema que fije un tope de precios en zonas de mercado tensionado (aunque el PSOE apuesta por un sistema de incentivos fiscales a propietarios que bajen su vivienda).

Así, la normativa daría cobertura competencial a ayuntamientos y comunidades para intervenir el mercado del alquiler para fijar límites de precios.

En esta nueva ley estatal tanto PSOE como Unidas Podemos han avanzando también en incluir un recargo al IBI como fórmula para gravar la vivienda vacía, aunque no han pactado aún la cuantía que tendría dicho recargo y que la formación morada quiere que tenga un margen mucho más elevado que el 50% inicialmente planteado por el Ministerio de Transportes. En el ámbito de Madrid el exvicepresidente alude directamente a un impuesto sobre la vivienda vacía.

Por otro lado, los morados reclaman introducir en la Ley de Vivienda estatal la obligación de que los grandes propietarios destinen el 30 por ciento de sus viviendas a alquiler social, lo que supondría incorporar en el conjunto del país entre 140.000 y 150.000 viviendas al parque público.

Ya advirtió de los problemas de precios en Madrid

De esta forma, la propuesta del líder de Podemos, Pablo Iglesias, en Madrid pivota sobre este techo, pues en la regulación recogida en su programa pauta que los alquileres no puedan superar el 30% del salario medio de la zona correspondiente en zonas objetivamente con mercado tensionado.

En un actos específico sobre vivienda, Iglesias subrayó que los alquileres en Madrid han subido un 57% entre 2015 y 2020 y que en 2019 las familias dedicaban el 55% de su salario a pagar la renta, que en el caso de los jóvenes se eleva incluso a más de todo su sueldo. También citó que siete de los 20 municipios con los alquileres más caros se ubican en Madrid

También retoma la definición de gran propietario que se incluyó en el decreto antidesahucios del Gobierno central, al incluir dentro de esta definición a propietarios con más de 10 inmuebles.

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha señalado que la Iglesia debe pagar el IBI de aquel patrimonio que no este destinado a las funciones de culto y ha añadido que tienen que hacer una reflexión en relación a la casilla del IRPF para la Iglesia porque quieren ver "cómo la Iglesia católica rinde cuentas" y "cómo administra estos fondos" en relación a los objetivos que tiene la legislación española. En este sentido, ha precisado que esos fondos son para política social y "no para otras cosas".

En una entrevista a la Cadena Ser, que recoge Europa Press, en la que ha desvelado que este mismo miércoles 22 de enero se reúne con el nuevo nuncio del papa en España, Bernardito Aúza, la vicepresidenta ha señalado que tienen ya una propuesta de trabajo y quieren que la Iglesia católica en España "responda de la fiscalidad igual que en Francia e Italia. "No pretendemos más", ha señalado, al tiempo que ha asegurado que informó de ello al secretario de Estado Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, y le dijo que "naturalmente" se ponían a hacerlo.

Sobre la casilla de la Iglesia en el IRPF, ha insistido en que en este punto tienen un "espacio de reflexión abierto" que está segura de que "va a ir bien" porque la disposición de la Santa Sede "es muy buena" y la de la Conferencia Episcopal Española (CEE), "exactamente igual".

"Yo creo que están en disposición de colaboración y puesta al día de alguna cuestiones que hacen falta y que están en el ánimo de la sociedad española en general y de la inmensa mayoría de los católicos españoles, que en ese sentido han evolucionado bastante. Hay una agenda importante que vamos a tratar y que vamos a tratar esta misma mañana", ha recalcado.

Calvo ha definido al nuevo nuncio como alguien que viene de una "trayectoria muy interesante, de Naciones Unidas", persona de confianza del papa en la ONU y con una defensa cerrada del multilateralismo y de "emplearse a fondo" en causas importantes en la zonas de conflicto del mundo.

"Tengo una expactativa muy positiva por conocerle esta mañana", ha dicho Calvo que en el verano pasado elevó una queja formal al Vaticano por las declaraciones del anterior nuncio del papa en España, monseñor Renzo Fratinni, tras afirmar, en una entrevista con Europa Press, que el Gobierno había "resucitado a Franco" con el anuncio de la exhumación.

En todo caso, Calvo ha confirmado que las relaciones con la Santa Sede han dependido y seguirán dependiendo de su cartera. "Mantenemos unas relaciones muy buenas con la Santa Sede, pero también tenemos un calendario de trabajo por delante, que yo se lo he podido contar al cardenal Parolin y que él ha aceptado y que vamos a poner en marcha y que tiene que ver con la fiscalidad de la Iglesia católica", ha recalcado.

El Gobierno quiere ir a una cumbre de educación en el Vaticano

Además, la vicepresidenta ha destacado el tema educativo, asegurando que el nuncio "sabe mucho" de este asunto y recordando que la Santa Sede va a tener pronto una cumbre sobre educación en el mundo en la que el Ejecutivo quiere participar. Precisamente, el proyecto de Ley de reforma educativa que prepara el Gobierno quiere eliminar la Religión como asignatura evaluable y con alternativa, algo con lo que la Iglesia española no está de acuerdo porque considera que conculca los Acuerdos con la Santa Sede.

"Tenemos asuntos que yo creo que los vamos sacar adelante con un buen ambiente, no sólo con el que tengo con Parolin, sino incluso con el papa. Cuando asistí al nombramiento de dos nuevos cardenales españoles, el papa distinguió a la delegación española atendiéndonos, lo que no hizo con las otras delegaciones, y este Gobierno valoró mucho este detalle del papa", ha concluido.

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes un real decreto-ley de medidas urgentes de carácter tributario, catastral y de Seguridad Social en el que el Gobierno se compromete a subir las pensiones un 0,9% una vez se haya formado el Ejecutivo. El alza se corresponde con el aumento del IPC este año.

Así lo ha señalado la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, tras celebrarse el último Consejo de Ministros del año, donde ha resaltado también que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) se elevará conforme a lo que acuerden sindicatos y patronal en el Diálogo Social cuando se forme Gobierno. En concreto, sobre las pensiones, Celaá ha explicado que se hará una única revalorización del 0,9% "en el momento preciso" y no dos, una del 0,25%, y otra con el 0,65% restante por el gasto que supone no sólo de coste, sino también de infraestructura logística de la liquidación, informa Europa Press. El Ejecutivo ha tenido que recurrir al instrumento legal del real decreto-ley al encontrarse en funciones y no haber podido tramitar las medidas por el cauce parlamentario ordinario, según ha explicado la portavoz.

Además, el Gobierno ha aprobado la prórroga de la cláusula de salvaguarda que permite a 26.000 trabajadores que fueron despedidos antes de agosto de 2011 jubilarse con las condiciones previas a la reforma de las pensiones que se aprobó ese año.

El real decreto-ley incluye también asuntos en materia fiscal, como la prórroga para 2020 de los límites de facturación en la tributación por módulos en el IRPF de los autónomos, la prórroga del Impuesto de Patrimonio y la actualización –al alza o a la baja– de los valores catastrales mediante aplicación de coeficientes. En concreto, prorroga para 2020, por quinto año consecutivo, los límites de facturación delimitada en la tributación por módulos en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Medida bienvenida por los autónomos

Así, los trabajadores por cuenta propia no podrán tributar por el método de estimación objetiva cuando el conjunto de sus actividades supere los 250.000 euros o cuando la facturación a otros empresarios o profesionales sobrepase los 125.000 euros. Si no se hubiera aprobado este real decreto-ley, los límites anteriores quedarían establecidos en 150.000 euros y 75.000 euros, respectivamente. Además, los autónomos que adquieran bienes y servicios hasta 250.000 euros podrán mantenerse en el sistema de módulos. Estaba previsto que este límite se redujera a 150.000 euros en 2019.

La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) ha celebrado inmediatamente que el Consejo de Ministros haya aprobado esta prórroga, porque ayudará a 396.000 autónomos a permanecer en este tipo de tributación fiscal, asegura. ATA recuerda que, de los 3,2 millones de autónomos que hay en España, 1,5 millones lo hacen mediante la estimación directa, más de 396.000 por el sistema de módulos y el resto como sociedades. "Mantener también para 2020 los límites actuales permitirá a muchos autónomos seguir con sus actividades, que de otra manera se verían abocados a echar el cierre", ha valorado el presidente de la ATA, Lorenzo Amor.

A juicio de ATA, el sistema de módulos es "ágil y sencillo" y está especialmente diseñado para aquellos autónomos con ingresos más bajos, ya que por un criterio objetivo se fija una cuota fiscal, lo que permite al trabajador por cuenta propia "despreocuparse" de llevar una contabilidad.

Impuesto sobre el Patrimonio

El Gobierno ha aprobado también la prórroga para el ejercicio 2020 del Impuesto sobre Patrimonio para el ejercicio 2020, trámite necesario para que no decaiga el tributo, cuya recaudación supera los 1.100 millones de euros.

Además, el real decreto-ley recoge la actualización de los valores catastrales mediante aplicación de coeficientes, cumpliendo lo establecido en el artículo 32.2 del Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario. Esta medida se aprueba como consecuencia de la prórroga presupuestaria, por lo que Celáa ha explicado que resulta necesario que los coeficientes se actualicen antes del 31 de diciembre de 2019 mediante decreto, tal y como ha venido sucediendo en los tres últimos ejercicios. El decreto concretará los municipios que han solicitado actualizarlos para poder subir –la mayoría– o bajar el IBI.

Era una duda tan razonable como relevante: ¿aprovecharía el Tribunal de Cuentas la auditoría a la Iglesia católica, aprobada a finales de 2017 y aún sin finalizar, para adentrarse en el pantanoso terreno de las exenciones fiscales y su justificación legal? La decisión fue de maduración lenta. Pero finalmente se impuso el sí, dado que las exenciones constituyen, a su modo, un recurso público dedicado a la Iglesia, aunque sea por lo que el Estado deja de ingresar. El documento de directrices técnicas de la fiscalización, adelantado por infoLibre, establece que el órgano público de control verificará "las exenciones tributarias y los beneficios fiscales" de la institución. De tal modo que serán sometidos a escrutinio –ya se verá con qué profundidad– los privilegios tributarios de la Iglesia, que disfruta en la práctica de una exención generalizada de impuestos.

Las exenciones son un terreno delicado para la Iglesia. Es un privilegio bajo cuestionamiento, aunque las amenazas provienen sobre todo de fuera de España. La justicia europea ya ha rechazado mediante una sentencia referida a Italia exenciones iguales que las que disfruta en España la Iglesia católica. Un ejemplo da idea del alcance de los beneficios tributarios de la Iglesia: la cobertura de la que disfruta le permite hacer negocio mediante alquileres sin pagar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). Y algo más elocuente aún: incluso el papa Francisco afirma que la Iglesia sólo debería exenta del pago de impuestos en casos en los que haya justificación religiosa o caritativa.

Las cifras de Europa Laica

Europa Laica cifra los beneficios que para la Iglesia suponen las exenciones fiscales en 2.000 millones al año, 700 de ellos de IBI. A juicio del economista Enrique Ruiz del Rosal, miembro de la junta directiva de Europa Laica y autor del contrainforme anual para destripar las cuentas de la Iglesia, se trata de una exención "indiscriminada" que se beneficia de la falta de control del Estado.

La Conferencia Episcopal (CEE) no opone un dato a este de los 2.000 millones, pero tampoco lo da por bueno. Para ofrecer un dato alternativo, claro, tendría en primer lugar que explicar cuál es su patrimonio, ahora desconocido y disperso en más de 40.000 entidades imposibles de rastrear. La memoria que anualmente presentan los obispos para justificar el uso dado a sus ingresos de dinero público vía casilla de la Iglesia no da la menor pista del patrimonio, no sólo de la Iglesia en sentido amplio –con sus hermandades, parroquias, ONG...–, sino tampoco de la Iglesia diocesana, la compuesta por los 70 obispados. Así que la opacidad es el primer obstáculo para dimensionar adecuadamente las exenciones.

Límites y propósitos

El margen del Tribunal de Cuentas para abordar las exenciones de la Iglesia es limitado, porque es imposible abarcar todos los bienes y actividades de una institución ramificada en más de 40.000 terminales y cuya gestión patrimonial está marcada por la falta de transparencia. El órgano de control ya completó a principios del año pasado un examen de las exenciones fiscales a la Iglesia en el que alertó de su descontrol y afirmó que suponían un monto “no cuantificable”.

Ahora el Tribunal de Cuentas realizará una “verificación” de las exenciones. En qué consistirá exactamente está por ver. Si se sitúan en línea con experiencias fiscalizadoras anteriores, las verificaciones deberían centrarse en la comprobación de que, en efecto, las ventajas fiscales se ajustan a la legalidad y responden a los propósitos iniciales para los que fueron concebidas, indican fuentes conocedoras de las dinámicas de auditoría de este organismo. Y aquí hay mucho que comprobar en el caso de la Iglesia católica, que se beneficia de exenciones que desbordan el propósito de protección del culto y la labor social.

De los concordatos a la democracia

La Iglesia se beneficia de un estatus fiscal privilegiado cuyo origen se pierde en el tiempo, dado su histórico entrañamiento con el poder político. No obstante, es posible seguir la estela de favores a través de sucesivos acuerdos Iglesia-Estado desde el siglo XVIII y, especialmente, a partir del Concordato de 1851. Durante el franquismo, el Concordato de 1953 sublimó la bula fiscal a la Iglesia. Sus actuales exenciones están ancladas en los Acuerdos entre la Santa Sede y el Estado Español de 1976-1979, concretamente en el pacto económico del 79, con rango de tratado internacional. Este acuerdo prevé beneficios fiscales para la Conferencia Episcopal, las diócesis, parroquias y órdenes y congregaciones. Para el resto de la Iglesia en sentido amplio, remite a la legislación general de entidades no lucrativas.

Las modificaciones a lo largo del periodo democrático del régimen fiscal en forma de órdenes ministeriales, reales decretos y disposiciones adicionales en las normas principales han sido "consultadas o notificadas previamente a la Conferencia Episcopal, tal y como prevé el protocolo adicional del mencionado acuerdo", explica el órgano de gobierno de la Iglesia en España. De modo que tiene lógica que la legislación general haya sido ventajosa para la Iglesia. Y lo ha sido por dos motivos: uno) ha ampliado a todas las entidades eclesiales las ventajas fiscales; dos) las ha extendido a otras confesiones y ONG, de forma que la Iglesia puede argumentar con mayor fundamento que no tiene privilegios.

Las leyes de fundaciones (1994), de mecenzago (2002) y de haciendas locales (2004) han ampliado y consolidado los privilegios fiscales de la Iglesia en España hasta mucho más allá de lo que lo hacían los acuerdos con la Santa Sede.

Impuesto de Sociedades

El recorrido por los impuestos afectados por exenciones es largo. Las instituciones de la Iglesia están formalmente obligadas a declarar por el Impuesto de Sociedades, aunque disfrutan de una exención general del mismo, que según el acuerdo con la Santa Sede no alcanzaba “a los rendimientos que pudieran obtener por el ejercicio de explotaciones económicas, ni a los derivados de su patrimonio, cuando su uso se halle cedido, ni a las ganancias de capital”. Estas limitaciones menguaron en 2002 con la ley de mecenazgo, que deja exentas las rentas procedentes del patrimonio mobiliario e inmobiliario, los dividendos y participaciones en beneficios de sociedades, intereses, cánones y alquileres, entre otras.

La ley de mecenazgo establece como "explotaciones económicas exentas" las de carácter social –desde asistencia a la tercera edad hasta la cooperación al desarrollo–, pero en la letra pequeña libera también del pago de Sociedades a los alquileres... al mismo tiempo que libera del pago del IBI a los inmuebles con explotaciones exentas de pagar Sociedades. ¿Resultado? La Iglesia tiene alquilados a terceros parkings, tiendas, hoteles y viviendas por los que no paga IBI. Casos como este relativizan la afirmación de que la Iglesia no tiene privilegios. Es cierto que cualquier ONG puede beneficiarse de esta exención. Pero ninguna le saca tanto partido como la Iglesia, seguramente la mayor inmobiliaria privada de España.

Entradas a los templos

La institución religiosa se beneficia de un círculo vicioso –o virtuoso, según se mire–. Por un lado, las entidades acogidas a la ley de mecenazgo, como es el caso de la Iglesia y sus instituciones, disfrutan de exenciones de tributación del Impuesto de Sociedades cuando sus ingresos se destinan a los fines que dicha norma considera de interés social. El quid reside en que es la propia ley de mecenazgo la que reconoce a la Iglesia unos fines de interés general. Ni el Gobierno ni el Tribunal de Cuentas han fiscalizado todavía ni siquiera el uso que la Iglesia da al dinero recibido vía IRPF, menos aún el que percibe por las entradas a sus templos.

En el caso de las entradas a los templos, cuyo impacto económico no hacen público ni la Conferencia Episcopal ni numerosas diócesis, la Iglesia se beneficia se beneficia de un estatus fiscal propio de una ONG mientras realiza una fructífera actividad económica. En opinión de José María Mollinedo, secretario general del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda, una entrada a un templo no debería considerarse nunca "un donativo" exento, como ahora se hace, ya que este no puede tener un precio fijo.

Sucesiones, Plusvalías, IBI...

La Iglesia también se beneficia de exenciones en el Impuesto de Sucesiones, en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, en el Impuesto de Actividades Económicas, en el Impuesto de Instalaciones, Construcciones y Obras (ICIO) y en el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos –conocido como “impuesto de plusvalías– cuando surge por bienes exentos de IBI.

El IBI es el primer impuesto que se viene a la mente cuando se habla de exenciones de la Iglesia. Numerosos ayuntamientos han querido ponerle coto a la exención, intentando cobrar por los inmuebles con actividad económica lucrativa. Han tenido poco éxito. Los municipios que han decidido girar recibos a menudo pierden en los tribunales [ver aquí los principales casos].

El papa, en su famosa entrevista con Jordi Évole, afirmó que la exención estaba justificada en el caso de los inmuebles con uso religioso o social, si bien su indicación cayó en saco roto en la Iglesia española. Seguir la indicación papal dejaría fuera una enorme cantidad de inmuebles en los que actualmente la Iglesia y sus múltiples instituciones se libran del impuesto a la vez que realizan un aprovechamiento económico.

En el punto de mira de Europa

La exención del IBI a la Iglesia está en el punto de mira de las autoridades europeas. Una sentencia del Tribunal de Luxemburgo de noviembre de 2018 obliga a Italia a cobrar el impuesto municipal atrasado por inmuebles con uso comercial por considerarla una ayuda de Estado [ver aquí la sentencia]. El fallo trata de evitar que una ventaja fiscal adultere la competencia en el mercado. En teoría, el fallo debería afectar a España, ya que la la resolución despliega eficacia erga omnes, es decir, concierne a todos los países de la UE. Si se aplicara aquí, habría donde hacerlo. La Iglesia alquila en España viviendas y locales usados por terceros como aparcamientos, tiendas, hoteles y otros negocios. Y sin pagar IBI.

Antes, en 2017, el Tribunal de Luxemburgo había dado un golpe a la bula fiscal de la Iglesia en España en un caso que arrancó en Getafe. Allí los Escolapios ampliaron en 2011 el salón de actos del colegio concertado La Inmaculada. El Ayuntamiento de Getafe le cobró 24.000 euros del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO). La organización religiosa reclamó la devolución, argumentando que la exención está amparada por los acuerdos entre España y la Santa Sede de 1976-1979. El Gobierno local de Getafe se negó. El asunto acabó en manos del juzgado contencioso-administrativo 4 de Madrid, que elevó la cuestión al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Luxemburgo estableció que la exención "puede estar comprendida" en el ámbito de las ayudas ilegales de Estado. Las exenciones son ilegales si las actividades protegidas "son de carácter económico", señalaba el fallo. Si la actividad era económica o no era algo que debía determinar la justicia española. Y lo hizo en una sentencia de enero de 2018 dando la razón al ayuntamiento contra la Iglesia. El fallo no ha extendido sus efectos.

Blindaje en España

A diferencia del cuestionamiento en la Unión Europea –que de hecho ya forzó en 2006 el fin de la exención eclesial del IVA–, en España los privilegios fiscales de la Iglesia siguen blindados. Incluso subsiste, pese al criterio contrario del papa, la exención del IBI para inmuebles en los que se desarrolla actividad económica. La vicepresidenta Carmen Calvo (PSOE), tras su reunión con Pietro Parolin en el Vaticano hace un año, anunció un grupo de trabajo para buscar junto a las autoridades eclesiales la fórmula de que la Iglesia pagara el IBI por los inmuebles sin actividad religiosa, social o caritativa. El anuncio quedó en nada. Pedro Sánchez, que llegó a la secretaría general del PSOE prometiendo un ambicioso plan de revisión de los acuerdos con la Iglesia, ya no lleva este punto en su programa, no digamos la derogación de los acuerdos con la Santa Sede.

El único sobresalto significativo para la Iglesia en España ha venido del Tribunal Superior de Justicia de Baleares, que en junio de 2017 obligó al Obispado de Mallorca a pagar el IBI impuesto por una panadería, una hospedería y una tienda de recuerdos. La diócesis no recurrió, evitando una sentencia del Supremo. Fue un logro parcial, en el que se impuso la tesis de que si hay aprovechamiento económico no puede haber exención. Esta interpretación del derecho no se ha extendido. Y tampoco afecta a los inmuebles que la Iglesia tiene alquilados.

El criterio favorable a la exención del IBI a la Iglesia se ha impuesto sistemáticamente en el Tribunal Supremo. En cuanto al Constitucional, en febrero de 2018 dictó una sentencia que también sonreía a la institución religiosa. En un fallo aprobado por unanimidad, el tribunal anuló una norma foral de las Juntas Generales de Gipuzkoa de 2012 que pretendía obligar a las confesiones religiosas a pagar el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales.

Ahora le toca al Tribunal de Cuentas ponerle la lupa al régimen fiscal de la Iglesia, cuestionado por la justicia europea, excesivo incluso para el papa. Si nos atenemos a los antecedentes, raro será que la vieja institución de la cruz salga mal parada de un cruce con las autoridades españolas.

Roma locuta, causa finita, dice la expresión latina. Traducción aproximada: Roma ha hablado, caso cerrado. Si se pronuncia el Santo Padre, se acabó. No se discute al Vaticano desde las provincias. Al fin y al cabo, la Iglesia es una institución teocrática radicalmente verticalizada en cuya cabeza está el papa, obispo de Roma, "Vicario de Cristo y Pastor de la Iglesia universal en la tierra", con potestad "suprema, plena, inmediata y universal", como dice el propio Derecho canónico.

Y, sin embargo, esta vez Roma habló y el caso sigue abierto.

La Iglesia debe pagar el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) "por todo lo que no sea culto o bien común", afirmó en Salvados Jorge Mario Bergoglio, papa Francisco. Las declaraciones eran una bomba para las cuentas de la Iglesia en España, porque supondrían la supresión de un privilegio con el que las entidades eclesiales desarrollan su negocio de alquiler inmobiliario sin pagar el IBI.

La aplicación de la idea del papa implicaría que las entidades de la Iglesia pagaran por inmuebles que abarcan desde unos aparcamientos en Almería y Lugo hasta un hotel en la Costa Brava, pasando por un Uterqüe –tienda de gama alta de Inditex– frente a El Corte Inglés de Princesa en Madrid. Tal y como está formulada la propuesta del papa, podrían perder la exención las viviendas de sus más de 18.000 sacerdotes, por ejemplo el polémico piso de alto standing donde reside en el centro de Madrid monseñor Antonio María Rouco Varela.

infoLibre trasladó a la Conferencia Episcopal Española (CEE) dos preguntas, en la estela de las declaraciones del papa: ¿Se prevé la puesta en marcha de alguna medida? ¿Entiende la CEE que [la posición del papa] afecta a algún tipo de inmueble actualmente exento? No ha habido respuesta. Dada la opacidad y descentralización con la que la Iglesia católica maneja su cuenta de activos, es imposible determinar a cuántos bienes afecta la postura papal. Lo que está claro es que el papa, con sus declaraciones, avala la posición de Europa Laica, que sostiene que la Iglesia debe pagar el IBI por los inmuebles al menos de los que hace aprovechamiento económico. Esta es también la posición del Gobierno de Pedro Sánchez, que anunció una reforma legal a la italiana, inspirada en la jurisprudencia europea y negociada con la Iglesia, pero no ha dado pasos para culminar su propósito, dejándolo en el tintero junto al grueso de su agenda laicista. Redes Cristianas, que agrupa más de 200 organizaciones de Iglesia crítica de base, considera que la exención del IBI es "un escándalo difícilmente soportable".

En cambio, la posición de la CEE y los portavoces de la línea oficial de la Iglesia ha sido claramente contraria al pago del IBI. Sin excepciones. No hace diferencias entre inmuebles con fines religiosos, sociales o aquellos alquilados a terceros. Todos, según la versión que viene expresando la jerarquía, responden al bien común, porque ese es el fin último de la Iglesia. Lo cierto es que los acuerdos del Estado español con la Santa Sede de 1976-1979, la interpretación de los mismos por parte del Tribunal Supremo y las leyes de Haciendas Locales y de Mecenazgo vienen garantizando a la Iglesia una exención generalizada. Las excepciones son pocas, como la del pueblecito de Escorca, en Mallorca, donde el ayuntamiento logró una sentencia firme a su favor que obligaba al pago del IBI a la diócesis por tres negocios en el Santuario de Lluc. La aplicación del punto de vista del papa implicaría que se convirtiera en norma general lo que hasta ahora ha sido un caso particular logrado tras un esfuerzo judicial: que se retire la exención allí donde hay un lucro económico, en nada relacionado con una actividad caritativa o religiosa. No es sencillo, porque en el caso de Escorca la explotación del inmueble es directa, lo que hace legalmente más fácil exigir la exención que cuando el inmueble es alquilado.

El caso valenciano

El ayuntamiento que más molestias se ha tomado para cobrar el IBI –al menos entre los grandes– es el de Valencia, gobernado por Compromís y el PSPV. Hasta ahora, sin éxito. Según los datos del consistorio, hay en la ciudad 438 bienes de la Iglesia y sus entidades exentos de IBI, entre ellos algunos en los que se desarrollan actividades económicas sin relación con las tareas pastorales o caritativas propias de la institución. En noviembre de 2016, el ayuntamiento trasladó su propuesta de pago del IBI por parte de la Iglesia por inmuebles con uso lucrativo a la Federación Española de Municipios y Provincias, que no ha movido ficha. A raíz de este anuncio se sucedieron titulares periodísticos precipitados en los cuales, por una parte, se daba por hecho que Valencia cobraría el IBI a la Iglesia y, por otra, se anunciaba el envío de recibos a las entidades de la Iglesia titulares de los inmuebles. Pero no era así.

En realidad, casi dos años después de que el alcalde Joan Ribó y su equipo empezaran a mover el tema, siete meses después de que el Gobierno local cuantificase en 2 millones lo que recaudaría si cumplía su propósito, el ayuntamiento aún no ha girado un solo recibo a ninguna entidad católica. "Es un tema complejo. No va a ser rápido. Dijimos que íbamos a cobrar y vamos a cobrar, pero no mañana", señala a infoLibre Ramón Vilar, concejal de Hacienda, que subraya que algunos medios buscaron el "titular más llamativo" sobre lo que en realidad era una intención. Sabedor de que otros ayuntamientos, caso de Begur, Lugo o los concellos orensanos de Amoeiro, Coles, A Peroxa y Vilamarín han cosechado derrotas intentando hacer a la Iglesia pagar el IBI, Vilar se está dejando las cejas para afinar el listado de los bienes y hacer así injustificable una exención a la luz de la diversa normativa aplicable. "Cuando llegamos [2015] no sabíamos ni siquiera a qué inmuebles podría afectar, no había nada hecho. Hemos empezado todo el proceso para clarificar el padrón, con la idea de que paguen por todo lo que no esté adscrito al culto ni a actividades de asistencia social, tipo Cáritas. Si hay una actividad económica permanente con carácter lucrativo sujeta a competencia, tiene que pagar", señala Vilar, que no puede evitar una risilla cuando se le recuerda que el papa ha venido a avalar su planteamiento.

Una universidad, un hospital...

El ayuntamiento facilita a este periódico un listado de inmuebles que, según la interpretación de la norma del Gobierno local, y desde luego según el punto de vista del jefe de la Iglesia, deberían estar sujetos al pago de IBI. La principal afectada es la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir, que según el ayuntamiento se beneficia de exención por unas dependencias en la calle Corona, un edificio de cinco plantas más aparcamiento subterráneo en la calle Jorge Juan y un edificio en la calle Quevedo. "Es una sede de la universidad, concretamente de Derecho, pero en el catrasto son dependencias parroquiales", afirma Vilar. A juicio del concejal, la San Vicente Mártir hace competencia desleal a la Universidad Europea, que sí paga IBI por todos sus inmuebles.

No sólo la universidad está en el punto de mira del Gobierno local. También una manzana ocupada por el Hospital Casa de Salud, que según el consistorio es titularidad de la Congregación de las Hermanas de la Caridad de Santa Ana. En la calle Padres Huérfanos hay, asegura el ayuntamiento, un inmueble ocupado por la escuela de idiomas no concertada titularidad del colegio Gran Asociación de la Beneficencia. Por último, el ayuntamiento asegura que, anexos al convento de la Encarnación, hay locales comerciales arrendados titularidad de una orden religiosa de la que no da el nombre.

Este periódico trató de recabar el punto de vista de la Universidad Católica de Valencia, el Hospital Casa de Salud, las religiosas de Santa Ana y la Gran Asociación de Beneficencia, sin respuesta. Tampoco ofreció su punto de vista la Diócesis de Valencia, reiteradamente requerida por este periódico desde las declaraciones del papa. Ni las pretensiones del ayuntamiento, ni las palabras del papa han movido a la diócesis a realizar ninguna declaración. Su postura sigue siendo no pagar el IBI en ningún caso. 

Dado el silencio de la diócesis y la Conferencia Episcopal, a pesar de las manifestaciones de Francisco, su versión queda en el punto donde la dejaron. En anteriores ocasiones, requeridos por este periódico, ambas instancias han justificado la exención de todos los inmuebles. La diócesis, en enero de 2017, defendía su labor social más allá de "debates recurrentes" sobre las exenciones. "La crítica a la exención no debería dirigirse a determinados propiedades, excluirlas o no, cuando los fines de la iglesia son todos de carácter social", señalaba el obispado cuando sí quería hablar del tema. Es el papa el que ahora parece verlo de otro modo.

Madrid y Lugo

Hay otras diócesis que, contactadas para este reportaje, tampoco creen que deban cambiar en nada su régimen de exenciones. Por ejemplo, la de Madrid: "La Iglesia, como todas las entidades sin ánimo de lucro acogidas a la ley 49/2002 [de Mecenazgo], tiene exención de IBI siempre que los inmuebles estén destinados a los fines propios de la institución o bien, si están alquilados, que las rentas del alquiler se destinen a los fines de la institución. Quedan exentos, por tanto, lugares de culto y viviendas de sacerdotes. De partida contamos con las más de 450 parroquias y locales anejos. No estarían exentos de IBI los inmuebles en los que se desarrolle una explotación económica no exenta del Impuesto de Sociedades. Ahora, la diócesis de Madrid no desarrolla ninguna explotación económica no exenta del Impuesto de Sociedades".

El Arzobispado de Madrid, que no polemiza con las palabras del papa, no se pronuncia sobre el inmueble libre de IBI alquilado en Madrid a Inditex por parte de Cáritas, el Seminario Conciliar de Burgo de Osma y la Congregación de las Madres Carmelitas Descalzas del Monasterio de la Santísima Trinidad. El motivo: no pertenece al arzobispado. Es uno de los problemas: la descentralización de la Iglesia dificulta una visión completa de su patrimonio y sus exenciones. La pérdida de la exención generalizada del IBI que sugiere el papa supondría que la Iglesia debería clarificar su patrimonio y el uso del mismo, al objeto de facilitar a los ayuntamientos el cobro. Miradas con lupa las implicaciones de la propuesta de Francisco, extraña menos el silencio de la jerarquía.

Hay otros casos, como un aparcamiento propiedad de la Diócesis de Lugo alquilado a una empresa que lo explota y libre de IBI, que chocan con el planteamiento de Francisco. A diferencia de Valencia, en Lugo el ayuntamiento ha tirado la toalla después de un informe favorable a la Iglesia encargado a los servicios jurídicos. La Diócesis de Lugo no cree que la afirmación de que sólo paguen IBI los inmuebles para el "culto" o el bien común" afecte a su aparcamiento. "La Iglesia cumple estrictamente la legislación, como no puede ser de otra forma. [...]. En referencia al bien al que te refieres [el aparcamiento], la recaudación se utiliza para el mantenimiento del Seminario que es centro de enseñanza, en los niveles de la ESO y bachillerato, y es, también, centro de formación de futuros sacerdotes que se dedicarán al culto y a la labor pastoral", explica el obispado.

La diócesis de Almería, donde hay otro aparcamiento alquilado que no está sujeto a IBI, no responde.

Pese al importante campo abierto por el papa para mejorar la recaudación municipal, el tema no se ha incorporado a la agenda política. La cuestión está fuera de la precampaña electoral. El Ministerio de Hacienda, requerido para este artículo, afirma que "cambiar el trato fiscal requiere revistar en el acuerdo con la Santa Sede", y que se trata de "un tema complejo".

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes un real decreto-ley que recoge la actualización de los valores catastrales, a la que se han acogido 1.179 municipios, dando como resultado una bajada media agregada del 1,92% del valor catastral. Así se desprende del real decreto-ley aprobado por el Consejo de Ministros, que recoge la actualización —al alza o a la baja— de los valores catastrales mediante la aplicación de coeficientes, cumpliendo lo establecido en la Ley del Catastro Inmobiliario, según informa Europa Press.

Esta medida se aprueba como consecuencia de la prórroga presupuestaria, por lo que resulta necesario que los coeficientes se actualicen antes del 31 de diciembre de 2018 mediante decreto, tal y como ha venido sucediendo en los dos últimos ejercicios.

Para el ejercicio 2019, se prevé la aplicación de coeficientes de actualización de valores catastrales a 1.179 municipios. Esta actualización da como resultado una bajada media agregada del 1,92% del valor catastral como consecuencia de que hay más inmuebles afectados por coeficientes a la baja, y además, más acusados.

Esto supone en la práctica que el importe que pagan anualmente los propietarios de viviendas, locales y terrenos en concepto del impuesto de bienes inmuebles (IBI) bajará de media un 1,92% a partir del próximo 1 de enero de 2019.

Los requisitos que deben cumplir los municipios para que pueda aplicarse esta actualización de coeficientes son que hayan transcurrido al menos cinco años desde la entrada en vigor del último procedimiento de valoración colectiva, que existan diferencias sustanciales y homogéneas dentro del municipio entre los valores del mercado y los valores catastrales vigentes, y que la solicitud municipal se formule dentro del plazo establecido.

Las cofradías de Sevilla ingresaron 3,68 millones de euros en 2017 por alquilar las 40.000 sillas que colocan en las calles para ver las procesiones de la Semana Santa. Por esa ocupación del espacio público pagan una tasa al Ayuntamiento que varía de 34 céntimos a 3,35 euros, dependiendo de la calle, cuando el precio por el las cofradías alquilan cada silla no baja de 72,38 euros la más barata y puede llegar a 158,33 euros la más cara. Cofradías y hermandades no tienen ánimo de lucro.

En España existen un puñado de pueblos que operan como pequeños paraísos fiscales cuando de pagar el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) se trata. Patones en Madrid, Aguilar de Segarra en Barcelona y Retascón en Zaragoza son algunos de ellos. Desde que las matrículas de los coches dejaron de incluir el distintivo provincial, en 2001, las empresas de alquiler de vehículos –aunque no sólo– empezaron a matricular sus flotas donde más bajo le ofrecían el impuesto. Patones tiene 553 habitantes, pero 10.249 vehículos matriculados: 20 coches por vecino. Aguilar de Sagarra, 252 habitantes, pero 64.451 vehículos, nada menos que 262 coches por cabeza. En Retascón sólo viven 79 personas, pero en su ayuntamiento se han matriculado 780 automóviles, unos 10 por habitante, según los últimos datos de la Dirección General de Tráfico, de 2015. La fuga de conductores particulares y empresas tiene un motivo claro: mientras el Ayuntamiento de Aguilar de Segarra cobra 12,62 euros a los vehículos de menos de ocho caballos fiscales, y 34,08 euros a los que superan esa potencia, mientras que Barcelona duplica el recibo a 23,47 y 64,06 euros.

El Ayuntamiento de Albacete cobró en 2012 la mitad del importe de un total de 2.455 multas de tráfico y aparcamiento, pese a que los conductores las pagaron cuando ya se había consumido el plazo de 20 días que permite acceder a esa reducción. El consistorio dejó de ingresar por ese descuento 171.000 euros. Lo mismo hizo el Ayuntamiento de Murcia con otras 2.701 multas. Se hurtó a las arcas municipales 100.000 euros, según consta en sendos informes de fiscalización del Tribunal de Cuentas.

Los anteriores son buenos ejemplos de los agujeros que drenan la recaudación de los ayuntamientos. Aunque no toda la brecha fiscal es fraude, sí que responde a problemas de ineficacia recaudatoria. Pero hasta ahora nadie ha medido la amplitud de ese descosido que se le hace a las arcas municipales. Sólo en 2017 la Agencia Tributaria Catalana encargó un estudio al Institut d’Economía de Barcelona sobre la brecha fiscal en los impuestos de competencia autonómicala brecha fiscal en los impuestos de competencia autonómica: Patrimonio, Sucesiones y Donaciones, Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, y Estancias en Establecimientos Turísticos. Concluyó que el tax gap, como lo denominan los economistas en inglés, es en Cataluña del 26,5%; es decir, la Generalitat pierde 2,65 euros por cada 10 que podría recaudar. En total, el fisco catalán deja de ingresar al año 790 millones de euros por esta causa.

Las entidades locales –además de los 8.124 ayuntamientos, las diputaciones provinciales, cabildos insulares, comarcas, mancomunidades…– tienen previsto recaudar este año 46.923,05 millones de euros, según el Ministerio de Hacienda. Una cifra nada despreciable si se tiene en cuenta, además, que los tributarios representan el 65% de los ingresos municipales. El Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) es el más importante de los tributos locales por su volumen, equivale al 47% de la recaudación de estas entidades. El Impuesto de Actividades Económicas (IAE) y el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica suman casi el 13% de los ingresos tributarios de los ayuntamientos. El Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, conocido como plusvalía, recauda el 8,4%, mientras que el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) sólo equivale al 2% de los ingresos fiscales. Los ayuntamientos también cobran un buen número de tasas, que representan el 23% de la recaudación, así como algunos impuestos indirectos y contribuciones especiales.

Más eficaces con el IBI y el IAE

La eficacia recaudatoria de una administración se mide relacionando los derechos reconocidos –lo que debería ingresarse– por cada impuesto con la recaudación efectivamente realizada. El Ministerio de Hacienda la calculó por última vez para el ejercicio de 2015: el 90,65%, por lo que, de cada 10 euros, las entidades locales perdieron uno. Menos que la administración catalana, pero aun así una cantidad considerable: 5.439,5 millones de euros.

Según el Panorama de la Fiscalidad Local 2018, elaborado para el Consejo General de Economistas de España por la profesora de la Universidad de Murcia María José Portillo, los ayuntamientos de las capitales de provincia andaluzas son los menos eficaces recaudando los impuestos directos, puesto que sólo ingresan el 76,8% de los derechos reconocidos. Le siguen los extremeños y los castellano-manchegos. Así, los municipios andaluces pierden 2,3 euros de cada 10 que podrían recaudar, más del doble que la media nacional. Los vascos tienen la mayor eficacia, un 92,1%. El informe se ha basado en las cuentas de 2015.

La gestión recaudatoria también difiere según el impuesto. Los ayuntamientos son más eficaces con el IBI y el IAE –87,4% y 87,9%– que con el impuesto de vehículos –84,7%–, la plusvalía –80,4%– y el ICIO –79,6%–.

Entre los mayores ayuntamientos, los porcentajes que ellos mismos aportan sobre el éxito de su gestión tributaria son muy elevados. Para 2017, Barcelona sitúa su eficacia en el 94,5%, Zaragoza dice que la suya es del 93% y Madrid la cifra en el 89,27%. También es considerable, 90,22%, la que calcula para 2016 Suma Gestión Tributaria, el organismo autónomo que gestiona los impuestos de los municipios de Alicante y que depende de su Diputación Provincial. Consultando las estadísticas del Ministerio de Hacienda desglosadas por impuestos, Barcelona y Zaragoza tienen la eficacia recaudatoria más alta en el IBI, con un 97% y 95,8% en 2017. Y el Ayuntamiento de Sevilla las más bajas en el impuesto de vehículos y en la plusvalía, con un 77,27% y un 78,84%, respectivamente.

Pese a estos porcentajes, y sólo contando los cuatro principales impuestos –IBI, IAE, Plusvalía y Vehículos–, Madrid dejó de recaudar 296,66 millones de euros en 2017; Barcelona, 46,07 millones; Valencia, 38,5 millones; Zaragoza, 22,7 millones de euros, y Sevilla, sólo por el impuesto de vehículos y la plusvalía, 14,71 millones.

Sevilla no facilita el dato sobre eficacia recaudatoria del IBI y del IAE a ejercicio cerrado. Un portavoz del Ayuntamiento explica a infoLibre que su sistema de contabilidad con la recaudación es “distinto”: los ingresos del segundo semestre no se computan en el ejercicio en curso, “debido al periodo de pago voluntario”, sino en el primer semestre del año siguiente, por lo que “no aparece en ningún registro a 31 de diciembre”. No obstante, el Consejo Económico y Social del ayuntamiento sevillano aprobó el pasado día 9 el informe sobre el proyecto de ordenanzas fiscales para 2019, que cifra en 168 millones de euros la cantidad que las arcas municipales dejaron de recaudar en 2017, y en 157 millones la pérdida de ingresos tributarios en 2016. En el dictamen sobre las ordenanzas fiscales del ejercicio anterior, el Consejo critica los 182 millones de euros que el consistorio clasifica como de “difícil recaudación”, una cifra que a su juicio revela “un serio problema de gestión tributaria”. En el debate que precedió a la aprobación del informe de este año, el equipo de gobierno del Ayuntamiento adujo que los derechos reconocidos habían crecido un 4,35% en 2017 y la recaudación, un 3,14%. Pero tampoco entonces proporcionó la cifra de eficacia a ejercicio terminado: de los 444,36 millones de euros que tenía previsto recaudar, sólo reconoce como ingresados 281,63 millones, el 63,37%. “Los mecanismos para el control de pagos pendientes se han reforzado”, asegura no obstante el portavoz municipal, “de hecho, este año se han recaudado 129 millones de euros de ejercicios cerrados anteriores, nueve millones más que en 2017, y la previsión es llegar a 140 millones a final de año”.

Control tributario sobre grandes empresas

Todos los ayuntamientos están obligados a adoptar un plan de control tributario. En Zaragoza y Barcelona, por ejemplo, han puesto especial atención en las grandes superficies comercialesgrandes superficies comerciales, para que “declaren también los pasillos que ocupan temporalmente con stands de otras empresas u oficinas bancarias, por ejemplo, y paguen el correspondiente IAE”, apunta la directora de la Agencia Tributaria de Zaragoza, Ana Sanromán. Jordi Ayala, gerente de Presidencia y Economía del Ayuntamiento de Barcelona, calcula que el consistorio ha expedientado por un importe total de dos millones de euros a grandes superficies que no declararon correctamente el IAE. También han apuntado hacia las compañías de telefonía móvil, destaca Sanromán, después de que el Tribunal de Justicia de la UE dictaminara que se les podía pedir que pagaran por el uso del subsuelo para instalar sus redes.

Ayala dice que el Ayuntamiento enfoca hacia los grandes contribuyentes. Zaragoza incluso ha creado una unidad especializada en controlar a las mayores empresas. Barcelona ha liquidado cuatro millones de euros a empresas comercializadoras de electricidad para que paguen como deben la tasa de ocupación de espacios públicos, un 1,5% de su cifra de negocio. Y ha recuperado otros nueve millones de euros no declarados por el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.

Pero mientras Zaragoza no publica una lista de grandes deudores, quienes deben más de un millón de euros, Barcelona acaba de revelar la primera este año. Aunque es muy corta: sólo tiene un nombre, la promotora inmobiliaria Sacresa Terrenos 2, con una deuda de 1,64 millones de euros por el IBI, la plusvalía y el IAE. La lista de Madrid, en cambio, es mucho más larga. Incluye 35 deudores, entre ellas los gigantes inmobiliarios Reyal Urbis y Nozar, ambas en proceso de liquidación. Pero los mayores deudores del Ayuntamiento de Madrid son administraciones públicas. En primer lugar, la Comunidad de Madrid, que le debe casi 28 millones de euros, por el IBI y la tasa de residuos. La Tesorería de la Seguridad Social, otros 20,48 millones. De hecho, la Seguridad Social y la Comunidad de Madrid libran en los tribunales y ante el fisco municipal una batalla por un puñado de inmuebles propiedad de la primera pero transferidos a la segunda. Y mientras se dirime el litigio, no pagan. Los ayuntamientos de Arganda del Rey y Rivas Vaciamadrid, por su parte, adeudan al Ayuntamiento de la capital 12,1 y 7,78 millones, por la tasa de residuos y de reciclados, ya que ambos utilizaban el vertedero de Valdemingómez para eliminar sus basuras. La Administración General del Estado también debe seis millones de euros en impuestos municipales al consistorio madrileño. Lo mismo le ocurre al Ayuntamiento de Zaragoza, al que la comunidad autónoma adeuda 40 millones de euros por el IBI de sus edificios oficiales.

Somos Sindicalistas abrió este verano una campaña para que el Ayuntamiento de Madrid refuerce su lucha contra el fraude, tras denunciar la “opacidad” que cubre la eficacia recaudatoria. “Se desconocen los datos de cuántos y quiénes son los contribuyentes, personas físicas y empresas que no pagan y por qué”, asegura el sindicato, que pone la mira en los que llama “defraudadores profesionales”. Y en la mejora de las plantillas: “Por cada euro que se invierte en inspectores y trabajadores especializados en la lucha contra el fraude, el Estado recupera al menos 20 euros”, subrayan. De modo que la junta de personal de la Agencia Tributaria madrileña ha exigido ya a sus responsables que informen “no sólo de lo que se cobra, sino de lo que no se cobra y por qué”, así como de las principales “vías de escape”: insolvencias, prescripciones, deudores desconocidos... 

Para combatir el fraude y mejorar la recaudación, los ayuntamientos firman convenios con otras agencias tributarias, con las que no sólo cruzan datos sino también persiguen a los deudores que residen fuera del municipio. Por ejemplo, las devoluciones del IRPF son embargables si el contribuyente adeuda impuestos a un ayuntamiento. Así ha ingresado el de Barcelona 33 millones de euros el último año. El cruce de datos también se hace entre los distintos impuestos del mismo municipio: 21.000 empresas que pagaban el IAE han tenido que abonar 10 millones de euros al consistorio barcelonés por la tasa de recogida de residuos por la que no habían tributado desde 2010.

¿Cómo eluden los contribuyentes sus obligaciones con las haciendas municipales? Además de las empresas insolventes que no pagan, muchas deudas terminan prescribiendo, a veces por ineficacia del recaudador. En otros casos, las empresas declaran obras menores de las que realmente ejecutan. En febrero de 2017 Hacienda creó una comisión de expertos para diseñar una reforma de los impuestos locales. Del IAE, por ejemplo, están exentas el 90% de las empresas desde 2002, cuando se estableció que sólo debían pagarlo las que facturen más de un millón de euros. La plusvalía fue anulada por el Tribunal Constitucional en 2017, pero el pasado mes de julio el Tribunal Supremo ha matizado que sí debe abonarse cuando el contribuyente haya ganado dinero con la venta de un inmueble. Así que el impuesto está pidiendo a gritos una reforma que acabe con la incertidumbre jurídica. Las multas de tráfico se persiguen con mayor o menor intensidad según el Ayuntamiento. Tampoco hay que olvidar las bonificaciones que algunos municipios conceden en ciertos impuestos “muchas veces por decisiones políticas”, critica el catedrático de la Universidad de Oviedo y miembro de la comisión Javier Suárez Pandiello, que terminan erosionando la capacidad recaudatoria del impuesto.

Los problemas de los municipios más pequeños

En los municipios más pequeños, los problemas son otros. El 65% de los ayuntamientos de entre 5.000 y 100.000 habitantes han delegado la recaudación de sus impuestos en la Diputación provincial o en la comunidad autónoma si ésta es uniprovincial. Es lo que han hecho los 141 municipios de Alicante, cuya recaudación está en manos del organismo autónomo Suma Gestión Tributaria. Creada en 1990, ingresa 807,43 millones de euros cada año de unos dos millones de contribuyentes. Se ocupa de la gestión integral de los tributos, desde la inspección hasta su liquidación y cobro, tanto en periodo voluntario como en la fase ejecutiva.

Así se salvan algunos de las rémoras con que tienen que lidiar los ayuntamientos con menor capacidad de gestión. El Tribunal de Cuentas fiscalizó en 2016 las labores de recaudación de 174 ayuntamientos con una población de 5.000 a 100.000 habitantes. El 10% de ellos carecía de aplicaciones informáticas específicas para registrar la gestión recaudatoria, por lo que el control de los aplazamientos y fraccionamiento de las deudas o los embargos es “manual”. El 20% no tenía política de seguridad para la protección de datos. La implantación del pago telemático de los tributos, además, es muy baja. El informe también alerta de los riesgos de prescripción de muchas deudas tributarias por problemas en las notificaciones de las providencias de apremio. En 2012, el Ayuntamiento de Murcia canceló casi el 20% de sus derechos de cobro de ejercicios ya cerrados porque habían prescrito o afectaban a empresas insolventes.

Otros municipios no exigen el abono de los recargos. Murcia no se los reclama a las administraciones públicas que no han pagado sus impuestos en el periodo voluntario y que le debían 4,33 millones de euros en el momento en que fue fiscalizado por el Tribunal de Cuentas. Y el de Albacete no lleva a cabo ningún tipo de control sobre lo que recauda por las tasas de agua, alcantarillado y estacionamiento.

En medio de la controversia sobre el destino de los restos de Francisco Franco si es exhumado del Valle de los Caídos, con el Gobierno de Pedro Sánchez decidido a hacer todo lo posible para evitar que acabe en la Catedral de la Almudena, Carmen Calvo ha puesto el dedo en la llaga fiscal. Y la llaga, el punto débil, el talón de Aquiles de la Iglesia católica española es un régimen tributario beneficioso anclado en los acuerdos del España con la Santa Sede de 1976-1979 y ampliado en democracia. La vicepresidenta afirmó que en la reunión "cordial, útil, fructífera y productiva" que mantuvo el lunes con el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, le comunicó que el Gobierno desea que se aplique la fórmula italiana, de manera que la Iglesia tribute por "aquellos inmuebles o actividades en las que no se produce culto". Dado el colosal significado político de la exhumación de los restos de Franco y su posterior inhumación, el anuncio de Calvo quedó en un segundo plano, pero se trata de una advertencia de enorme calibre. Si de verdad se suprimiera este beneficio, la Iglesia tendría entre otras cosas que pagar el IBI por un número hasta ahora no cuantificado de viviendas y locales en alquiler. Un hachazo.

La supresión de las exenciones por las actividades ajenas al culto supondría para la Iglesia católica el pago de una ingente cantidad de dinero. Cientos de millones al año, según distintas estimaciones. Calvo no detalló si el fin de la exención afectaría al campo educativo, donde la Iglesia tiene su principal feudo de poder e influencia. No obstante, aunque sólo fueran puestas en la picota las exenciones de inmuebles alquilados a terceros, el palo ya sería considerable para la economía de la institución católica.

Los acuerdos del 76-79 prevén numerosas exenciones, pero las vinculan fundamentalmente a actividades religiosas y pastorales. Por ejemplo, la exención de la contribución urbana, es decir, del IBI, se ciñe a "templos y capillas destinados al culto", así como sus "dependencias o edificios y locales anejos dedicados a la actividad pastoral"; "residencias de los obispos, de los canónigos y de los sacerdotes [...]"; "locales destinados a oficinas de la curia diocesana y a oficinas parroquiales"; "seminarios destinados a la formación del clero diocesano y las universidades eclesiásticas"; "edificios destinados primordialmente a casas o conventos de las órdenes, congregaciones religiosas e institutos de vida consagrada".

Ha sido en plena democracia cuando se han ampliado los beneficios. La Ley de Haciendas Locales de 2004recoge la exención a los centros concertados, que en realidad ya se aplicaba desde 1993. No obstante, el artículo 62.1 de la Ley de Haciendas Locales señala que quedarán eximidos del pago los bienes "de la Iglesia Católica", pero sólo "en los términos previstos en el Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede. Es decir, no se prevé exención del IBI para actividades lucrativas mediante el alquiler, uno de los negocios más provechosos de la Iglesia. Esa ventaja fiscal –que correría peligro si se cumple el propósito de Calvo– llegó en 2002, con la aprobación de la Ley de Mecenazgo.

El negocio del alquiler

La historia reciente prueba que los principales logros económicos de la Iglesia en democracia han llegado con cierto disimulo. La articulación del moderno sistema de educación concertada (1985), la ley hipotecaria amplió la posibilidad de realizar inmatriculaciones (1998), la autorización para permitir que se marcaran a la vez las casillas de la Iglesia y de fines sociales (2000) y el cambio de modelo de financiación que subió al 0,7 por 100 la recaudación por cada equis en el IRPF (2006) comparten la característica de que, en el momento de su aprobación, no parecían ser tan beneficiosas para la Iglesia como en realidad eran. Lo mismo puede decirse de la Ley de Mecenazgo de 2002. Presentada como una ley para reducir impuestos a las fundaciones sin ánimo de lucro y las ONG, la norma libera del pago del IBI a los inmuebles en los que las entidades benéficas desarrollen actividades a su vez exentas del Impuesto de Sociedades. Ahí entra la Iglesia. Entre las actividades exentas del Impuesto de Sociedades están los donativos y donaciones, las cuotas de los asociados, colaboradores y benefactores... y las rentas "procedentes del patrimonio mobiliario e inmobiliario de la entidad, como son los dividendos y participaciones en beneficios de sociedades, intereses, cánones y alquileres".

Los alquileres: he aquí una gran fuente de ingresos de la Iglesia, que opera libremente y al margen del fisco en un lucrativo sector, el del arrendamiento. En base a la Ley de Mecenazgo, la Conferencia Episcopal alega que ello no constituye un privilegio, en el sentido de que lo pueden hacer las demás ONG. Es cierto. La diferencia estriba en que la Iglesia es la mayor propietaria privada de bienes inmobiliarios del país. Las dimensiones de este negocio son una incógnita. La memoria del uso que la Iglesia da a la asignación vía IRPF no aclara nada sobre el patrimonio alquilado de la Iglesia.

De Almería a Begur

La jerarquía sostiene que en 2015 –último año sobre el que ha ofrecido datos– obtuvo 208 millones de alquiler de inmuebles, de "actividades económicas", de la prestación de servicios eclesiales y de lo que la jerarquía católica define como "instituciones diocesanas", que son las aportaciones dinerarias a residencias sacerdotales, parroquias o seminarios. El dato no está detallado ni desglosado, ni es objeto de comprobación de ningún tipo por parte de las autoridades públicas. Tampoco el Tribunal de Cuentas lo fiscalizará. Además, ahí sólo están los datos de las diócesis. Pero hay infinidad de alquileres. infoLibre ha localizado inmuebles arrendados que no pagan IBI de las diócesis deAlmería y Lugo. Y no sólo lo hacen los obispados.

Los Padres Mínimos arriendan un hotel en la Costa Brava sin pagar IBI. El Seminario Conciliar de Burgo de Osma, las Madres Carmelitas Descalzas del Monasterio de la Santísima Trinidad y Cáritas poseen un inmueble en un edificio noble de Madrid, frente a El Corte Inglés de Princesa, en cuyos bajos abren sus puertas un Uterquë –la marca más selecta del grupo Inditex–, una farmacia y un Women's Secret. El Ayuntamiento no le saca un euro de IBI, según publióEl Confidencial y confirman fuentes conocedoras del negocio.

Educación y caridad

Las exenciones fiscales a inmuebles en los que se desarrollan actividades lucrativas son un punto débil de la Iglesia porque suponen un importante beneficio pero no están arraigadas en los acuerdos del 76-79, cuya derogación exige una crisis diplomática con el Vaticano. Podría bastar a priori con cambios en la Ley de Mecenazgo y en la Ley de Haciendas Locales. Tomando como base la literalidad de la afirmación de Calvo, que asegura que pretende quitar la exención a "aquellos inmuebles o actividades en las que no se produce culto", el potencial impacto de la medida sería notable. Las exenciones a la Iglesia abarcan parcialmente el Impuesto de Sociedades, incluyendo actividades que no tienen que ver con lo estrictamente religioso sino con la dimensión social y caritativa de la Iglesia. Lo mismo ocurre con las explotaciones económicas exentas.

Si verdaderamente quedaran exentas sólo las actividades de culto, el palo a la Iglesia sería monumental. No obstante, se suele entender en el ámbito tributario que numerosas actividades de la Iglesia, aun no siendo propiamente de culto, responden indirectamente a los fines propios de la institución. El modelo italiano al que aludió Calvo incluye dentro del culto las tareas educativas y de beneficencia.

Mucho más que el IRPF

La Iglesia católica española no paga, por ejemplo, por las donaciones o herencias. Tampoco paga por las rentas derivadas de adquisiciones o transmisiones de bienes y derechos. Las exenciones abarcan impuestos locales como el IBI, el Impuesto Municipal de Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras –ya cuestionado por la UE– y el Impuesto de Actividades Económicas. Está por ver el alcance reformista de Calvo, pero su anuncio supone la mayor amenaza al estatus económico de la Iglesia en España desde que a finales de 2005 la UE obligó al Estado a acabar con su exención del IVA. Aquella vez el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) compensó de sobra a la CEE con un acuerdo que elevaba de poco más del 0,5% al 0,7% la asignación por cada casilla marcada en el IRPF, facilitando un drástico incremento de los ingresos por esta vía.

No obstante, aunque la asignación tributaria da mucho que hablar, son sólo 250 millones al año. Las exenciones son mucho más. La jerarquía católica se ampara en su descentralización para no ofrecer un listado y una cuantía de sus bienes exentos, que las autoridades fiscales tampoco ofrecen. Más difícil aún es conocer el dato de cuántos de estos bienes –como parkings u hoteles– le reportan beneficios sin pago del IBI. Sobre el montante económico global que lasarcas públicas dejan de ingresar por las exenciones fiscales a la Iglesia sólo hay estimaciones. Europa Laica ha calculado que entre todos los impuestos –Sociedades, Obras, Transmisiones, Patrimonio, IBI...– la cifra ronda los 2.000 millones al año. Circulan numerosas aproximaciones de partidos políticos o fundaciones como la Francesc Ferrer i Guàrdia. Todas apuntan a exenciones multimillonarias. Jueces para la Democracia ha estimado en 3.000 millones el menoscabo anual que las exenciones a la Iglesia supone para las arcas públicas.

No está cuantificada la cifra de las exenciones por inmuebles y actividades ajenas al culto. El Blog Salmón, especializado en temas fiscales, realizó una estimación en 2012 según la cual serían 600 millones exentos en bienes no destinados al culto, un concepto por otra parte difícil de delimitar.

Según Carmen Calvo, el secretario de Estado Parolin entendió que "no parecen sostenibles las exenciones fiscales para asuntos no relativos al culto", sino que la Iglesia debe tributar "de forma razonable", por lo que ambas partes han quedado en trabajar conjuntamente sobre esta cuestión. No aclaró si este propósito podría abarcar una revisión de la opacidad con la que las diócesis y cabildos manejas sus ingresos por venta de entradas a monumentos.

La fundación social de la Iglesia

Fernando Giménez Barriocanal, responsable de asuntos económicos de la CEE, recuerda que las exenciones fiscales no se establecen porque sí, sino porque se entiende que la entidad beneficiaria aporta de ese modo más a la sociedad. Giménez Barriocanal insiste en que la Iglesia no goza de ningún privilegio fiscal, sino que está en pie de igualdad con el resto de fundaciones y ONG acogidas a la Ley de Mecenazgo. En medios tributarios se considera incluso que, al no existir a raíz de la ley de 2002 tratamiento subjetivo específico de la Iglesia, no resulta técnicamente acertado hablar de exenciones fiscales a la institución católica, ya que hay otras organizaciones que las disfrutan.

La diferencia –otra vez– es que, por su dimensión, el impacto de estos beneficios fiscales hace de la Santa Madre un caso especial. El Gobierno, mientras trata de que la Iglesia le cierre la puerta a Franco, acaricia la idea de rebajar estetrato de favor.

La patronal de las cajas (CECA) publica desde 2017 un estudio sobre su contribución fiscal, elaborado por la consulta PricewaterhouseCoopers (PwC) siguiendo una metodología propia que emplean empresas y sectores de todo el mundo desde 2005. La CECA ha utilizado el informe como argumento para rechazar el impuesto que el Gobierno del PSOE quiere aplicar al sector financiero, esgrimiendo que las cajas de ahorro pagan 41 euros de impuestos por cada 100 euros de beneficios. No obstante, esa cifra incluye, además del impuesto de sociedades, el IVA, las cotizaciones a la Seguridad Social de sus trabajadores, los impuestos que pagan a las comunidades autónomas y ayuntamientos (desde el IBI hasta el Impuesto de Actividades Económicas), y el impuesto sobre los depósitos.

En realidad, por el impuesto de sociedades, que grava los beneficios, las 10 entidades que integran la CECA –Abanca, Caixabank, Bankia, Ibercaja, Kutxabank, Liberbank, Unicaja, Cecabank, Caixa Ontinyent y Caixa Pollença— no han pagado ni un euro al menos en 2016 y 2017, según los dos estudios publicados por la patronal hasta ahora. Pese a que representan el 39% del sistema financiero nacional en cuanto a depósitos y aunque han ganado 3.651 millones de euros brutos en 2016 y 3.347 millones de euros en 2017, según los datos contables de la propia CECA, la factura con Hacienda les salió a su favor en ambos ejercicios.

Lo explica con detalle la asociación en el estudio. En 2016 las cajas pagaron de forma adelantada al fisco 752 millones de euros por sus ganancias: 688 millones en pagos fraccionados, 37 millones en retenciones a cuenta y 27 millones en autoliquidaciones. Pero como la Agencia Tributaria les reintegró 776 millones, correspondientes a las devoluciones de 2014 –609 millones– y de 2015 –167 millones–, el saldo neto fue negativo por importe de -24 millones de euros.

Esa alza de las devoluciones tiene su origen en cambios de la normativa fiscal. A partir de 2012, el Ejecutivo del PP aumentó el pago fraccionado a las empresas que facturan más de 20 millones de euros y limitó al 25% la compensación de pérdidas de años anteriores para las sociedades que superan los 60 millones de cifra de negocio. Al exceder estos pagos adelantados el importe de la declaración final del impuesto, Hacienda les devolvió en 2016 los 776 millones antes citados, así como 991 millones en 2017, tras haber abonado de forma anticipada 840 millones de euros –771 millones en pagos fraccionados, 36 millones por retenciones a cuenta y 33 millones más por autoliquidaciones–. Es decir, el saldo neto también fue negativo ese año, pero por una cifra incluso mayor: -151 millones de euros. Un total de 175 millones en los dos últimos ejercicios.

La 'trampa' de la prestación por los DTA

En el informe de la CECA, sin embargo, el dato que aparece en 2017 no es que recibiesen de Hacienda 151 millones de euros por Impuesto de Sociedades, sino que pagaron 96 millones. ¿Cómo se explica este hecho? La respuesta está en que los autores del estudio añaden a los pagos adelantados, retenciones y autoliquidaciones del impuesto los 247 millones de euros que las cajas pagaron en 2017 en concepto de prestación patrimonial –del 1,5%– por la garantía que el Estado concede a parte de los activos por impuesto diferido (DTA), cuya conversión en efectivo le pueden solicitar las entidades financieras en caso de liquidación o si tienen pérdidas.

Pese a que la CECA reconoce que esa prestación carece de “naturaleza impositiva”, dice que la ha incorporado “como mayor impuesto sobre sociedades”, porque considera “vinculado” su pago a “activos fiscales generados por el citado impuesto”. Por tanto, eliminados los 247 millones de esa prestación patrimonial, que sólo se empezó a cobrar en 2017, la factura final del impuesto de sociedades fue de -151 millones de euros en 2017, como queda dicho más arriba.

Según el informe, los impuestos soportados por las cajas en 2017 ascendieron a 2.287 millones de euros, el 41,3% de los 5.538 millones de euros de beneficios antes de impuestos a efectos de la TTC (Total Tax Contribution, el método de PwC), que resultan de sumar el beneficio contable antes de impuestos –3.347 millones–, los impuestos soportados –2.287 millones– y de restar el saldo del impuesto de sociedades –los teóricos 96 millones que se contabilizan en el estudio–. 

Los DTA son una especie de colchón fiscal, que se originan a partir de las provisiones que los bancos realizan –para cubrir el riesgo de los créditos e inmuebles tóxicos, por ejemplo–, de las aportaciones a los planes de pensiones de sus plantillas y de las pérdidas de ejercicios anteriores. Estas cantidades no son deducibles en el impuesto de sociedades, pero Hacienda permite a los bancos acumularlas en forma de DTA y utilizar éstos en los siguientes ejercicios para reducir sus pagos fiscales. Además, la Ley del Impuesto de Sociedades permite a cualquier empresa, no sólo a los bancos, convertir los DTA en “créditos exigibles frente a la Administración tributaria” si registra pérdidas o si es liquidada o declarada insolvente por un juez. Es lo que hizo el Santander al comprar el Popular –solicitó al fisco que le abonara 474,23 millones de euros también en la declaración de 2016– y Bankia con BMN, por la que pidió 38,25 millones.

No obstante, no todos los DTA cuentan con esa garantía del Estado y puede pedirse su abono en efectivo. Sólo se permite con los DTA generados por provisiones y por aportaciones a planes de pensiones, que equivalen a un 60% de los activos fiscales diferidos, pero no a los generados por bases imponibles negativas.

En 2015, Bruselas abrió una investigación para determinar si esa garantía sobre algunos DTA constituía una ayuda de Estado ilegal. Así que el Gobierno impuso a los bancos una prestación patrimonial anual en favor del Estado del 1,5%, que fue aceptada por Bruselas para cerrar la investigación. Por esa tasa el Estado recaudó 471 millones en 2017, según los datos de la Intervención General del Estado. De ellos, 247 millones los abonaron las cajas de ahorros.

Criterio de caja

Todas las cifras anteriores referidas al impuesto de sociedades las calculan los consultores de PwC siguiendo un criterio de caja, por lo que difieren de la información financiera que publican cada año las entidades, que sigue un criterio contable: no todos los conceptos contables tributan luego en las declaraciones del impuesto enviadas a Hacienda o se imputan al mismo ejercicio. Usar el criterio de caja permite hacer comparaciones entre empresas, sectores o países y aproximarse a lo que realmente pagan a Hacienda las entidades. El propio estudio reconoce que los resultados así proporcionados “no serían del dominio público de otra forma”.

En cualquier caso, el documento incluye también el gasto contable en que incurren las cajas de la CECA por el impuesto sobre sociedades. En 2017 fue de 421 millones de euros, el 12,57% de los 3.347 millones que se apuntaron de beneficios. La cifra es casi la mitad del gasto de 2016, 789 millones, que a su vez representa el 21,6% de los 3.651 millones de euros registrados como ganancias. Por tanto, unos tipos muy alejados del general aplicado a la banca en este impuesto, el 30%.

Comparándose con el Reino Unido

La CECA detalla en su estudio cómo se reparte la carga fiscal que soporta. Además del impuesto sobre sociedades, las entidades financieras pagan desde 2014 un impuesto sobre los depósitos del 0,03%, que a las cajas de ahorro les supuso el abono de 152 millones de euros en 2017, un 25,5% menos que el año anterior –204 millones–. Este impuesto representa apenas el 6,6% de la carga fiscal de estas entidades y es el único específico para el sector que existe en España.

Según afirman los autores del informe, la distribución de la carga fiscal que afrontan las cajas españolas es “comparable” a la de las entidades financieras de otros países. En concreto, la CECA aporta dos informes realizados en el Reino Unido siguiendo la misma metodología de PwC. Allí, no obstante, existen dos impuestos específicos para el sector financiero: la bank levy (tasa bancaria)bank levy , que desde 2011 grava el pasivo a corto plazo, así como las acciones y pasivos a largo, y el bank surcharge, un recargo suplementario del 8% del impuesto sobre sociedadesbank surcharge que empezó a aplicarse en 2017 sobre los beneficios obtenidos por encima de los 25 millones de libras. Este recargo fue la inspiración del PSOE para su propuesta de impuesto a la banca, según explicó en su día el responsable económico del partido, Manuel Escudero.

En 2017 el sector financiero británico –incluye bancos, aseguradoras, gestoras de fondos e inmobiliarias– pagó 10.500 millones de libras (11.684 millones de euros) al Exchequer (la Hacienda británica) por el impuesto sobre sociedades, 3.000 millones por la tasa bancaria y 1.100 millones por el recargo del 8%. En total, un 28% de la carga fiscal soportada por el sector, según el estudio que PwC elaboró para la Corporación de la City de Londres. El IVA no recuperable representa el 24,1% y las cotizaciones sociales de sus empleados, el 32,4%, la parte del león fiscal en el Reino Unido. Allí el tipo del impuesto sobre sociedades es del 20%, más bajo que en España, pero desde el año pasado hay que añadirle el 8% del recargo bancario y, con la tasa bancaria, del 0,18%, el conjunto se aproxima al 30% español.

Pero si la atención se centra sólo en los bancos, resulta que el peso del impuesto de sociedades, junto con la tasa y el recargo bancarios es mucho mayor y supone hasta el 46% de su factura fiscal, por un 24,2% de las cotizaciones sociales y un 25,2% del IVA.

En España, las cotizaciones sociales que pagan las cajas de ahorros por sus plantillas, 1.010 millones de euros en 2017, se llevan la mayor parte parte de la tarta fiscal –el 44%–, seguidas del IVA, 682 millones, que equivale a un 30%. A ayuntamientos y comunidades autónomas les ingresan 331 millones, de los que el Impuesto sobre Bienes Inmuebles supone 123 millones de euros anuales.

Finalmente, las cajas incluyen en el estudio sus contribuciones al Fondo de Garantía de Depósitos y al Fondo Único de Resolución. El primero garantiza los depósitos de los clientes hasta 100.000 euros y el segundo, creado en 2016 por la Unión Europea, se encargará de financiar la reestructuración de las entidades financieras con problemas. Al primero aportaron 565 millones en 2017 y al segundo, 213 millones. Como ocurre con la prestación patrimonial por la garantía del Estado para los DTA, la CECA admite que estas contribuciones carecen de “naturaleza tributaria” y no forman parte de su contribución fiscal.

En Marea, confluencia gallega de Unidos Podemos, quiere modificar la Ley de Haciendas Locales para permitir a los ayuntamientos aplicar recargos de entre el 50% y el 75% del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) a los pisos que estén vacíos de forma continuada.

Para ello, registró en el Congreso una proposición de ley, que recoge Europa Press, con la que buscan definir qué se considera una vivienda vacía y así permitir el recargo en el IBI que ya prevé la citada ley, pero que no puede aplicarse ante la falta de un reglamento posterior.

En este sentido, la formación gallega precisa en su ley que se entenderá que un piso está vacío cuando, teniendo condiciones para ser utilizada, se mantiene desocupado durante un periodo superior a un año o a 22 meses, alternos o continuos, a lo largo de dos años.

La excepción a esta regla general se dará cuando el propietario pueda alegar razones laborales, de conciliación familiar, de salud, de dependencia o de emergencia social. Además, el recargo podrá ser fijo para todos los casos o variable en función del número de años de desocupación, del valor catastral de la vivienda o de cuántos pisos vacíos tenga el mismo contribuyente.

Por otro lado, la proposición también contempla la posibilidad de regular una bonificación de hasta el 90% de la cuota íntegra de este impuesto cuando acrediten "una situación económica desfavorable, de insuficiencia en las rentas familiares", quedando al albedrío municipal la determinación de los criterios y cuantía concreta en los diferentes casos.

Los ayuntamientos han actuado por su cuenta

En su iniciativa, En Marea critica que el "drama social de los desahucios" se siga manteniendo en España a pesar de que el 13,7% de las viviendas del país están vacías, según el censo de 2011, sumando un total de 3,4 millones de pisos.

Esta situación, apostillan, ha llevado a algunos municipios a aprobar ordenanzas donde incluyen esta previsión, aunque con gran inseguridad jurídica al no contar con un marco legal general.

Por otro lado, justifican la posibilidad de bonificar los abonos del impuesto municipal a familias en situación de vulnerabilidad, porque estas familias, critican, sufren el "alza insostenible" que ha experimentado este impuesto por decisión del Ejecutivo central para "paliar en parte la fuerte caída de ingresos" de los municipios.

Los representantes de las iglesias católica, ortodoxa griega y armenia que gestionan la iglesia del Santo Sepulcro de Jerusalén han anunciado este domingo que cerrarán el templo de forma indefinida en protesta por la política israelí de impuestos municipales y expropiaciones de terrenos.

Los responsables de la basílica han denunciado una "campaña sistemática contra las iglesias en Tierra Santa en flagrante violación del statu quo existente", según recoge la prensa israelí.

El custodio franciscano de Tierra Santa, Francesco Patton, el patriarca armenio, Nourhan Manougian, y el patriarca griego Teófilo III han comparecido juntos para dar lectura al anuncio de cierre. Inmediatamente después se ha procedido a cerrar con llave las puertas de la basílica.

"Ya decidiremos cuándo y cómo reabre la iglesia", ha afirmado Teófilo III, quien ha comparado la postura israelí con las leyes antisemitas que había en Europa contra los judíos. El último cierre de la basílica se produjo hace 20 años igualmente para protestar decisiones políticas israelíes.

Ahora protestan porque la Comisión de Constitución, Leyes y Justicia de la Knesset o Parlamento israelí va a debatir este domingo un proyecto de ley que permitiría al Estado hebreo expropiar terrenos que hayan vendido las iglesias a inversores privados desde 2010 pagando una compensación a los nuevos propietarios.

También ha influido la reciente decisión del Ayuntamiento de Jerusalén de embargar las cuentas bancarias de las iglesias hasta que se abonen millones de shekels (1 shekel es 0,20 euros) en impuestos municipales supuestamente impagados.

"Campaña sistemática contra las iglesias"

"Nosotros, líderes de las iglesias al cargo del Santo Sepulcro y del status quo que gobierna los santos lugares cristianos de Jerusalén (...) expresamos nuestra gran preocupación por la campaña sistemática contra las iglesias y contra la comunidad cristiana en Tierra Santa en flagrante violación del status quostatus quo vigente", ha afirmado el patriarca, según recoge la prensa israelí.

"Recientemente esta ofensiva sistemática ha alcanzado unas cotas sin precedentes por parte del Ayuntamiento de Jeruslalén, que ha emitido una escandalosa colección de notificaciones y órdenes de embargo de las cuentas de la Iglesia, sus propiedades y cuentas bancarias por presuntas deudas por impuestos municipales impagados", ha añadido.

"Estas acciones violan los acuerdos vigentes y las obligaciones internacionales que garantizan los derechos y privilegios de las iglesias, en lo que parece un intento de debilitar la presencia cristiana en Jerusalén", ha añadido. En particular, denuncian que "las principales víctimas son las familias pobres que se quedan sin alimentos ni alojamiento y los niños que no podrán ir al colegio", ha apostillado.

Así, ha cargado contra el proyecto de ley "discriminatorio y racista" que permite confiscar tierras que fueron de la iglesias impulsada por la diputada Rachel Azaria y que parece que cuenta con suficientes apoyos para ser aprobada.

"Esta abominable ley podría ser aprobada hoy en una reunión de la Comisión Ministerial y se podrán así expropiar" terrenos que fueron de la iglesia. "Nos recuerda a las leyes similares que se aplicaron a los judíos durante las oscuras épocas de Europa", ha añadido.

La impulsora de la ley, Azaria, ha argumentado que busca proteger a cientos de vecinos de Jerusalén, ya que la iglesia, principalmente la iglesia ortodoxa griega, cedió terrenos para la construcción en contratos firmados en la década de 1950 y por un periodo de 99 años.

Sin embargo, las deudas han hecho que recientemente la iglesia haya vendido parte de estos terrenos y no se sabe si los nuevos propietarios van a renovar estas cesiones ni en qué condiciones. La nueva ley busca llevar a los nuevos propietarios a la mesa de negociación. Además, el Ayuntamiento reclama los impuestos a estos terrenos puesto que ya no son utilizados para el culto.

El año 2018 se iniciará con subidas en la tarifa de gas natural, los sellos, los peajes de las autopistas, y una revisión catastral en 1.830 municipios, al tiempo que arrancará con una subida del 4% en el Salario Mínimo y del 0,25% en las pensiones, el mantenimiento de los precios de algunos servicios básicos, como el de Cercanías, o una bajada de las tasas aeroportuarias, informa Europa Press.

El IPC concluyó 2017 con un alza del 1,2%, por encima de la subida de los sueldos de empleados públicos este año (+1%) y del aumento experimentado por las pensiones (+0,25), con las consiguientes pérdidas de poder adquisitivo, si bien se sitúa por debajo del incremento salarial pactado en convenio, que hasta noviembre alcanzaba el 1,43%.

Por el momento, se mantendrá el Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples (Iprem) a expensas de que se aprueben unos nuevos Presupuestos Generales del Estado para 2018, si bien el SMI subirá un 4%, hasta los 735,9 euros mensuales en 14 pagas (10.302,6 euros al año), y las pensiones se revalorización un 0,25% desde el 1 de enero.

En cuanto al sueldo de los funcionarios, el Gobierno baraja una subida de al menos un 1,5% en 2018, tras haber descartado a los sindicatos la congelación de los sueldos públicos, en un contexto de unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018 pendientes de aprobación.

La energía empezará el año con subidas

En lo que se refiere a la energía, los precios del sector empezarán el año al alza, debido, entre otros factores, a las subidas en los precios de la materia prima, con un barril de crudo instalado por encima de la cota de los 60 dólares.

Así, esta tendencia alcista en el precio del petróleo en el último trimestre del año ha llevado a los combustibles a escalar a niveles máximos. El precio medio del litro de gasóleo se sitúa en los 1,137 euros, su nivel máximo desde julio de 2015, según los últimos datos del Boletín Petrolero de la Unión Europea (UE). Por su parte, el precio del litro de gasolina alcanza los 1,235 euros.

En el caso de la luz, la parte regulada del recibo (que representa en torno al 41% de la factura) se congelará para este año, de modo que la evolución de la factura dependerá del comportamiento del mercado mayorista, conocido como pool, que afecta a algo más de un tercio del recibo.

No obstante, la tensión en el pool se mantendrá, al menos en el arranque del año, aunque no será tan aguda como la de enero de 2017, cuando la subida de la demanda por la ola de frío de la segunda quincena, unido a otros factores, llevó a marcar los registros más elevados desde diciembre de 2013.

Aún así, la factura de la luz ha cerrado 2017 con un encarecimiento interanual de más del 10%, lo que supone un pago en el total del ejercicio de más de 80 euros.

Mientras, la tarifa de gas natural, a pesar también de la congelación de los peajes, recibirá en enero a los consumidores domésticos en 2017 con una fuerte subida del 6,2% frente al precio del trimestre anterior debido a ese encarecimiento de las materias primas.

Por su parte, la bombona de butano subió un 2,1% el pasado mes de noviembre, con un precio máximo de 14,45 euros, y no se revisará hasta el tercer martes de enero.

La telefonía se congela pero suben los paquetes

En el campo de la telefonía, Telefónica ha decidido congelar por quinto consecutivo a partir de enero la cuota de abono, que se mantendrá en los 17,40 euros IVA incluido, una medida que afecta cada vez a menos clientes, ya que solo la pagan los de telefonía fija y banda ancha fija que no tienen contratado ningún paquete de servicios.

Por su parte, los paquetes ofrecidos por los operadores de telecomunicaciones, la opción más común en la actualidad, registrarán nuevas subidas de precios en 2018 a cambio de más velocidad en fibra, más datos en el móvil y nuevos servicios, un movimiento al que se podrían sumar otras marcas próximamente.

IRPF

En el capítulo de impuestos, si finalmente se aprueban los Presupuestos de 2018, el Gobierno incluirá una nueva bajada del IRPF, que irá destinada a las rentas más bajas, a las familias numerosas y a quienes tienen a su cargo ancianos o personas con discapacidad, así como a personas de "cierta edad".

Igualmente, están previstas ayudas para que las familias con hijos de 0 a 3 años puedan pagar la guardería, que se articularán a través de un impuesto negativo, un aumento de los permisos de paternidad a cinco semanas y la equiparación salarial entre agentes de Guardia Civil y Policía Nacional. También se elevan las cuantías de las ayudas por comida y de las becas por estudio exentas del IRPF.

El euríbor y el IBI

En cuanto al euríbor, el índice al que se encuentran referenciadas la mayoría de las hipotecas españolas, cerró diciembre en el -0,19%, por lo que sigue acumulando mínimos históricos, lo que permitirá abaratar las hipotecas a las que toque revisión en unos 70 euros anuales. Se prevé un mantenimiento hasta finales de año, cuando podrían notarse las primeras subidas.

Además, el Gobierno ha aprobado los coeficientes de actualización de los valores catastrales para 2018, solicitada por 1.830 municipios, lo que tendrá efectos en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), que se devenga el 1 de enero, si bien no supone necesariamente una elevación del IBI, ya que son los ayuntamientos los que deciden la cuota del impuesto.

Suben los peajes de autopistas y se mantienen las tarifas de tren

En cuanto a las tarifas de tren, Renfe congelará por el momento los precios de los billetes de Cercanías y de Media Distancia convencional en 2018 por tercer año consecutivo, después de haber subido a principios de año un 1% el precio de los trenes AVE y de Larga Distancia, lo que encareció el billete 48 céntimos de media.

A su vez, el precio medio del peaje de la red de autopistas dependientes de la Administración del Estado subirá un 1,91% a partir del próximo 1 de enero, lo que supondrá su primer incremento en tres años, tras los descensos registrados en 2016 y 2017.

La subida coincide con la recuperación de los tráficos y con el rescate de las nueve vías de pago quebradas, previsto para enero, y su posterior relicitación a lo largo del próximo año por parte del Ministerio de Fomento.

Las tasas aeroportuarias bajan un 2,22%

Respecto a las tasas aeroportuarias, Aena aprobó en julio la propuesta de tarifas aeroportuarias aplicables para 2018, que supondrá una rebaja del 2,22% a partir del 1 de marzo, coincidiendo con el inicio de temporada alta para el sector aéreo, siguiendo lo establecido en el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA).

A esta rebaja se añade el descenso en las tasas de navegación aérea de ruta del 3% en 2018, del 4% en 2019 y del 5% para 2020, contemplada en el Plan de Navegación Aérea 2017-2020 de Enaire, matriz de Aena, conocido como Plan de Vuelo 2020.

Hay que recordar que Fomento ha elevado la subvención del precio de los billetes de transporte aéreo y marítimo de los residentes en territorios no peninsulares del 50% al 75%.

Además, desde abril de 2017 se aplica en los aeropuertos estacionales un descuento del 5% en la tasa de pasajeros a los viajeros adicionales de cada ruta durante la temporada de invierno y un 5% adicional si la compañía mantiene al menos el mismo número de pasajeros en la ruta en la de invierno de 2018.

Sube el sello un 10%

El sello para el envío de cartas y tarjetas postales normalizadas y de hasta veinte gramos de peso a destinos nacionales subirá un 10% el 1 de enero de 2018, de forma que pasará a costar 0,55 euros, frente a los 0,50 euros actuales.

Se trata de la tercera mayor subida que esta tarifa postal, considerada de servicio publico, registra en la última década, tras las del 11,1% de este año 2017 y la del 10,5% que experimentó en 2015.

La Iglesia, a pesar de que su financiación depende de ayudas públicas y beneficios fiscales, se libra en gran medida del escrutinio del Estado. El Tribunal de Cuentas, el órgano democrático responsable del control del sector público español, ha dejado fuera de su programa de fiscalizaciones de 2017 a la institución católica. La decisión ha provocado la oposición de cinco de los trece miembros con derecho a voto del pleno del Tribunal de Cuentas, que creen urgente poner la lupa a la financiación pública de la Iglesia y denuncian que el órgano fiscalizador da largas injustificadamente al asunto.

La minoría discrepante tiene una posición tajante. Según el voto particular de tres de ellos, al que se adhiere una cuarta consejera, la Iglesia es una institución con cuentas poco claras que se beneficia de una cantidad ingente –pero hasta ahora no cuantificada– de recursos públicos "sin rendir cuentas de su destino". Por ello, reclaman una "primera aproximación" a los fondos públicos que recibe para evaluar si el sistema de "asignación tributaria" se ajusta a la norma. En comparación con la Iglesia, exponen en su argumentación, incluso la Casa Real se esfuerza por ser transparente. Una quinta consejera considera que la ausencia de obligación de justificación de la Iglesia puede suponer una "discriminación".

El Tribunal de Cuentas, consultado por infoLibre, explica a través de cauce oficial que los argumentos sobre esta cuestión de la mayoría del pleno no están recogidos en la programación de 2017, porque no es necesario explicitar por qué no se incluye un informe determinado, pero que dichos argumentos fueron debatidos y votados por la mayoría de los trece miembros (doce consejeros y el fiscal) con derecho a voto del pleno. El Tribunal de Cuentas, que recuerda que las deliberaciones del pleno son secretas, subraya que la decisión de no incluir la fiscalización de la Iglesia en el programa de 2017 no presupone que esta postura se mantenga en años venideros. El programa de fiscalizaciones salió adelante con ocho votos a favor (incluidos los siete consejeros a propuesta del PP) y cinco en contra.

Más de cien informes

El programa de fiscalizaciones incluye la previsión de más de un centenar de informes, que se realizarán a lo largo de 2017 y 2018. Recoge la realización de estudios por mandato legal (por ejemplo, de los estados contables de los partidos políticos), por exigencia de las Cortes Generales (de los gastos del tranvía de Jaén, por citar uno) y por iniciativa del propio Tribunal de Cuentas, que son la mayoría: de la gestión de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, de las cuentas del Consorcio Casa del Mediterráneo, de los contratos con Fremap... Pero ni asomo de la Iglesia católica, que nunca ha sido fiscalizada por el Tribunal de Cuentas.

La aprobación del programa de fiscalizaciones, que tuvo lugar el 22 de diciembre, cuenta con la oposición de cinco consejeros, todos adscritos al ala considerada progresista dentro del equilibrio de sensibilidades que opera en el Tribunal de Cuentas. Se trata de Felipe García (propuesto por el PSOE), presidente de la sección de Enjuiciamiento –que también dirige y coordina–; María Antonia Lozano, también de la Sección de Enjuiciamiento (propuesta por el PSOE, tras acuerdo con IU); Lluis Armet, María Dolores Genaro y Enriqueta Chicano, los tres del departamento de Fiscalización (e igualmente propuestos por los socialistas). Los tres primeros firman el voto particular contrario más duro, al que se adhiere Genaro. Chicano firma en solitario otro voto particular.

Una petición "sistemática" que cae en saco roto

El voto contrario de los cuatro primeros recuerda que "algunos consejeros vienen proponiendo de forma sistemática y reiterada" la fiscalización de "alguna de las diversas fuentes de financiación pública" de la Iglesia. Dichas propuestas –exponen los consejeros discrepantes– han contado con "manifestaciones favorables" del pleno, que no obstante no ha tomado cartas en el asunto. El propio Felipe García, presidente de la sección de Enjuiciamiento, propuso durante la tramitación previa del programa de 2017 que fuera examinado el "sistema de asignación tributaria" a la Iglesia, en lo que supondría un primer paso en el examen de la cuestión. Se le hizo caso omiso.

El voto particular expone que la iniciativa del Tribunal de Cuentas de fiscalizar algunas subvenciones para fines sociales financiadas con cargo al 0,7% del IRPF no se ha visto acompañada de un impulso similar para el examen de las cuentas de la Iglesia. Y ello pese a que ya en 2013 el Tribunal de Cuentas aprobó "avanzar en la fiscalización específica" de órganos nunca antes escrutados, categoría en la que entraría la Iglesia. Este compromiso fue adoptado por la Sección de Fiscalización, según exponen los cuatro consejeros. "Igualmente el compromiso se ha ido reiterando en el tiempo en diversos documentos aprobados por el pleno", añaden. Pero no se ha concretado en nada.

Una "demanda social" para que "rinda cuentas"

Los firmantes del voto particular entienden que hay una "demanda social" que "clama" por la fiscalización de "instituciones que perciben ingentes ingresos públicos sin que, en ningún momento, rindan cuentas de su destino". Y añaden: "Una de estas instituciones, que cuenta con un sistema de financiación, si no opaco, al menos poco transparente, es sin duda la Iglesia católica". García, Lozano, Armet y Genaro –ésta última por adhesión– consideran que la memoria que la Iglesia presenta en cumplimiento de los Acuerdos Económicos con la Santa Sede de 1979 es insuficiente ya que sólo informa sobre el reparto territorial de los fondos recibidos.

Los cuatro consejeros sostienen que la fiscalización de la Iglesia por parte del Tribunal de Cuentas sería no sólo legal, sino plenamente ajustada a su ámbito de actuación. "La asignación tributaria a favor de la Iglesia [...] no puede obviar su naturaleza económica y su repercusión en los ingresos públicos, y, por tanto, no pueden existir dudas razonables sobre su integración en el conjunto de la actividad económica o financiera del sector público", añaden los miembros discrepantes del pleno, para quienes el hecho de que la financiación pública de la Iglesia provenga de un tratado internacional vinculante –en referencia al Concordato de 1953 y al acuerdo económico de 1979– no la excluye de la actividad económica pública.

Además, el propio acuerdo económico del 79 señala en su artículo 2.5: "La Iglesia católica declara su propósito de lograr por sí misma los recursos suficientes para la atención de sus necesidades". Eso sí, no se fija cuándo debe alcanzarse ese objetivo.

La Casa Real, transparente en comparación

El voto particular defiende la urgencia de "una primera aproximación" a las "diversas fuentes de financiación pública" de la Iglesia para "alcanzar una opinión fundada sobre si los procedimientos utilizados por la Administración del Estado, en todo el procedimiento de gestión de la asignación tributaria, se ajustan al marco normativo" y cumplen sus objetivos con eficiencia y transparencia.

García, Lozano, Armet y Genaro llegan a destacar como ejemplo en positivo, comparativamente, "el esfuerzo de transparencia" de la Casa Real, que –aunque tampoco ha sido fiscalizada por el Tribunal de Cuentas– da mayor "publicidad" a su "gestión" económica que la Iglesia.

Una cantidad de fondos desconocida

¿Cuánto dinero público se dedica a la Iglesia? Los discrepantes –miembros del órgano estatal encargado de velar por el control del sector público– responden así: "La multiplicidad y dimensión de las fuentes de financiación pública de la Iglesia católica, procedentes de los ámbitos estatal, autonómico y local, unidas a la insuficiente transparencia [...], impiden realizar una cuantificación siquiera aproximada [...]". Es decir, no se sabe. Ni, por el momento, se va a saber.

La negativa "reiterada y sistemática" del Tribunal de Cuentas a examinar a la Iglesia contribuye, según estos miembros del mismo, a la "opacidad" de la institución católica, a pesar de que ésta se beneficia de múltiples recursos públicos para su financiación, según el voto particular. Por ejemplo: asignación tributaria con cargo al impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF), lo cual supuso casi 250 millones de euros según la liquidación de 2012; determinadas exenciones en los impuestos de sociedades, sucesiones, transmisiones patrimoniales, sobre el valor añadido (IVA), sobre bienes inmuebles (IBI), sobre el incremento del valor de terrenos, sobre construcciones y obras; y conciertos públicos de centros educativos.

Sólo en concepto de IBI, los ayuntamientos españoles dejan de percibir al menos 700 millones al año por la exención a la Iglesia, que no paga este impuesto incluso en casos en los que no utiliza los inmueble para fines sociales y pastolares, sino lucrativos.

El voto particular de Enriqueta Chicano incide en que la Iglesia tiene "obligaciones" contraídas en virtud de su acuerdo con el Estado, entre ellas perseguir su autonomía financiera. Chicano argumenta que, en el fondo, lo que la Iglesia recibe es una "subvención", por lo que su fiscalización entraría dentro de las obligaciones del Tribunal de Cuentas. "La decisión de la mayoría de los Consejeros del Pleno de no incluir en el Programa para 2017 la fiscalización de la asignación tributaria a la Iglesia Católica implica omitir en el ejercicio de la función fiscalizadora", expone.