La alcaldesa de Móstoles, Noelia Posse, ha sido reprobada este lunes por el Pleno del Ayuntamiento a consecuencia de la polémica generada por las designaciones de familiares y amigos para diversos cargos de confianza.

Algo sobre lo que la primera edil se ha defendido argumentando que en esta "caza de brujas hay muchas más mentiras que verdades", que no ha cometido ilegalidad alguna, y que los nombramientos que han hecho "iban acompañados de los oportunos informes jurídicos y técnicos que los avalan".

En la moción propuesta por PP, Vox y Ciudadanos –que ha sido aprobada por todos los grupos, a excepción de los diez concejales del PSOE– se ha vuelto a pedir la dimisión de la regidora "recogiendo el clamor popular de los mostoleños por los casos de nepotismo y enchufismo protagonizados por Posse", según han señalado.

Le han recordado a la alcaldesa que ha llegado al pleno cuestionada "no solo por los vecinos", sino por sus socios y exsocios de Gobierno y sin el apoyo a nivel regional del PSOE, que solicitó para ella la suspensión de militancia (la propia Posse también lo pidió), y donde su secretario general del PSOE-M le aconsejó que se echase a un lado.

Posse ha insistido en que "no ha nombrado o nadie a dedo" sino a cargos de confianza "que la ley ampara, como ampara los que ha nombrado Ayuso e Ignacio Aguado en la Comunidad de Madrid", acusando a los partidos presentes de tener una "doble moral".

En este sentido, se ha referido a que ella cometió un "error" al nombrar a su hermana como responsable de un área de Alcaldía en el Ayuntamiento, designación que la ciudadanía "no entendió" y que, por eso, "la cesé y pedí perdón".

"Ya he pagado un alto precio político, y no les quepa duda que personal", ha dicho la regidora para opinar a continuación que es llamativo que grupos como el PP que tiene "imputaciones" en sus filas les dé "lecciones", añadiendo que la diferencia entre el PSOE y el resto de formaciones es "la rectificación, frente a la soberbia y la hipocresía frente a la humildad".

Una circunstancia que no comparten el resto de grupos de la Corporación que creen que "no basta con arrepentirse", y tampoco con disculparse ya que, a día de hoy, la primera edil está, aseveran, "deslegitimada" para seguir en el puesto considerando y que la única manera de asumir responsabilidades sería que dimitiese.

Asimismo, le han echado en cara la "creación de puestos ex profesoex profeso, la falta de titulaciones en algunos casos o de experiencia suficiente", además de "contratos opacos hechos con agosticidad".

La Ejecutiva Regional del PSOE-M ha decidido en su reunión de hoy llevar a la Ejecutiva Federal del PSOE la petición de una suspensión cautelar de militancia de la alcaldesa de Móstoles, Noelia Posse, tras los polémicos nombramientos de familiares y personas de su entorno en el Consistorio, han informado fuentes socialistas.

La Ejecutiva Federal es el único órgano competente para resolver estas cuestiones, según informa Europa Press.

Por su parte, Posse ha enviado una carta a la Ejecutiva Regional en la que pide disculpas por el posible daño ocasionado y en la que también solicita la suspensión cautelar de militancia para poder defenderse y no dañar más al partido.

Posse no dimitirá como regidora

Aunque la alcaldesa solicitó esta mañana a la Ejecutiva Nacional del PSOE que la suspendiesen temporalmente de militancia tiene intención de continuar siendo alcaldesa, según han informado fuentes municipales a Europa Press.

Aún así, estas fuentes han apuntado que "Posse seguirá ejerciendo sus funciones" como regidora de la localidad y que esta petición a Ferraz busca poder "defenderse de las acusaciones falsas vertidas contra ella".

Polémicos nombramientos

La coordinadora de Gabinete de Alcaldía de Móstoles, Alicia Domínguez Villarino, y el gerente del Instituto Municipal del Suelo (IMS), Luis Vázquez, fueron las últimas renuncias que se añadieron a la revocación de la hermana de la alcaldesa, Laura Posse, como coordinadora de mensajes y redes sociales del Ayuntamiento y a la dimisión de su tío, Hector V.Posse, a su ascenso como director técnico administrativo de Deportes del Consistorio.

En una entrevista a la Cadena Ser recogida por Europa Press, Posse dijo sentirse "perseguida" por miembros de su propio partido, "una caza de brujas", aunque descartó que los percusores fueran de la alta dirección, sino que aseguró que pertenecen a su formación en la localidad.

"Me siento perseguida. Aquí lo que están intentando algunos personajes de mi partido, y algunos de otros, es pervertir la democracia y ganar con medias verdades y con mentiras lo que no han conseguido con los votos", expresó contundentemente, sin querer señalar a nadie.

El juez Pablo Ruz, al frente del Juzgado de Instrucción número 4 de Móstoles, ha remitido al Decanato la declaración como testigo de la alcaldesa de Móstoles, Noelia Posse, en una causa por delitos de prevaricación y malversación para que se investigue si cometió un delito de falso testimonio, han informado a Europa Press fuentes jurídicas.

Tras apreciar el instructor que pudo incurrir en este delito, ha procedido a deducir testimonio contra la alcaldesa de esta localidad madrileño, cuestionada en las últimas semanas por varios nombramientos a dedo de personas de su entorno familiar. De este modo, el caso recaerá ahora sobre un juzgado y deberá decidir si investiga lo remitido por el juez instructor, según las mismas fuentes.

En concreto, según ha adelantado la cadena Ser, el juez Ruz investiga una denuncia del exdirector de Hacienda en esta localidad madrileña por delitos de malversación y prevaricación durante los años de gobierno de Posse. Recientemente, el PSOE ha acordado abrir un expediente a la alcaldesa por varios nombramientos a dedo. Miembros de su partido han solicitado su dimisión. Noelia Posse ya ha manifestado que por ahora descarta apartarse del cargo.

Por otra parte, Más Madrid Ganar Móstoles abandona el tripartito, formado junto a PSOE y Podemos, y el Gobierno de Noelia Posse se queda en minoría con 12 concejales. La asamblea general de MMGM, que se reunió el pasado viernes para fijar su "hoja de ruta", tomó la decisión por unanimidad ante la actual "crisis institucional, derivada de los cuestionados nombramientos de la regidora, Noelia Posse (PSOE)".

Los dos ediles de MMGM, Gabriel Ortega, concejal de Cultura y políticas Medio Ambientales, y Susana García Millán, presentarán este lunes su carta de renuncia, una decisión que se tomó por unanimidad en la asamblea celebrada el pasado viernes. Una vez que lo hayan formalizado darán una rueda de prensa hoy a las 11:30 horas.

Así lo ha confirmado el líder de Más Madrid Ganar Móstoles, Gabriel Ortega, después de que la semana pasada dijese que la situación no se podía alargar más en tiempo, que era "insostenible", y que hay un "hartazgo absoluto" en la ciudad.

El pasado 26 de mayo, los socialistas ganaron las elecciones con el 33,65% y 10 concejales, tres más que en 2015, lo que relegó al PP a la segunda plaza al perder la mitad de los ediles y quedarse con 6 –no logrando la derecha sumar mayoría absoluta–.

Tanto MMGM como Podemos consiguieron dos ediles cada uno, el primero con un porcentaje del 7,62% y el segundo con un 7,34%, que se sumaron al Ejecutivo, tras alcanzar un acuerdo de Gobierno a tres; el cual se rompe hoy con la salida de los concejales de Íñigo Errejón.

El dirigente de MMGM había reclamado en varias ocasiones la dimisión de la regidora, sin éxito, recalcando que seguían apostando por "un Gobierno progresista" en la ciudad.

"Nuestra mano está tendida para ello. Entendemos que debe ser liderado por el PSOE, fuerza mayoritaria de los tres partidos –PSOE, MMGM y Podemos– que componemos el Ejecutivo municipal, pero no podemos compartir por más tiempo las responsabilidades si es Posse quien sigue al frente", adelantó entonces, pidiendo un cambio de liderazgo en el grupo socialista.

Ni PSOE, ni Podemos Móstoles, sus socios de Gobierno, se han pronunciado aún. Éstos últimos el pasado 4 de octubre exigían a los socialistas que tomasen "las medidas adecuadas para que no se vuelvan a repetir" los problemas con las designaciones de cargos de confianza, aunque evitaba pedir la dimisión de la regidora Noelia Posse.

La alcaldesa de Móstoles, Noelia Posse (PSOE), ha defendido esta mañana "la legalidad" del nombramiento de su hermana como coordinadora de mensajes y redes sociales del Ayuntamiento, un cargo de libre designación remunerado con 52.000 euros anuales, informa Europa Press.

"Como sabéis, la ley permite nombrar a funcionarios eventuales para ayudar, en este caso para asesorar al Gobierno, y siempre los hacemos a la capacitación que tienen e incluso a la confianza", ha explicado la primera edil.

En este sentido, ha insistido en que "la ley no indica ni tasa como se debe de realizar" estas designaciones, recalcando que se trata de funcionarios eventuales "que cesan cuando, en este caso, cesa la alcaldesa o cuando crean conveniente que deba cesar".

En cuanto a las funciones que ejercerá la nueva coordinadora de mensajes y redes sociales del Consistorio, Laura Posse, la regidora ha detallado que ya se está ocupando de llevar a cabo distintas labores de comunicación, "apoyando a prensa", y que, además, "dará un empuje, un impulso, a la página web y a las redes sociales de este Ayuntamiento", con el objetivo de "modernizarlo".

Respecto a las críticas lanzadas desde Ciudadanos que le acusan de "nepotismo", Posse ha defendido que "tiene los mismos derechos y oportunidades que cualquier otro militante del PSOE en este caso", recalcando que Laura Posse lo es desde hace muchos años y destacando su "capacitación profesional".

Funciones eventuales

Por eso, afirma que no entiende la crítica de Cs alegando que "son puestos de funcionarios eventuales que tienen que ayudar a sacar la gestión de un Gobierno y que son cargos de confianza, como su nombre indica, de un alcalde, un presidente o un cargo político que se rodean de esas personas que, lógicamente, les generan esa confianza".

Finalmente, ha querido subrayar que, independientemente de si es familia o no es familia, lo que nosotros buscamos es un objetivo, que es ayudar a los vecinos de esta ciudad, y eso lo cumplimos con el personal que creemos necesario, que esté capacitado y que sea de la confianza del Gobierno".

No quedaba ya más salida que la renuncia, aunque llegara incluso demasiado tarde:

1.- Porque lo más relevante no era si Montón cometió alguna irregularidad, sino si se vio beneficiada por las irregularidades cometidas en ese chiringuito expendedor de títulos llamado Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos.

2.- Porque estaban ya documentadas y confirmadas las principales irregularidades desveladas sobre el caso por eldiario.es: que Montón no asistió a las clases de la mitad de las asignaturas de un máster que oficialmente era de “modalidad presencial”; que no hay constancia alguna de los trabajos que habría realizado a distancia para superar esas seis materias; que presentó el Trabajo Fin de Máster pese a no tener en aquella fecha aprobadas todas las asignaturas, y que alguien entró en el sistema informático de la Universidad meses después de finalizar el máster para modificar alguna de las actas del expediente de Montón, como ha constatado la Inspección de la URJC.

3.- Porque la propia Carmen Montón había manifestado reiteradamente que se matriculó en el máster de Estudios Interdisciplinares de Género “para aprender” sobre la materia, ya que era portavoz parlamentaria del PSOE en materia de Igualdad. Si las circunstancias personales o las obligaciones laborales le impiden a alguien cumplir las exigencias de un máster universitario, lo correcto (incluso lo inevitable) para cualquier estudiante “normal” es renunciar a hacerlo.

4.-  Porque escudarse en que sólo hizo lo que “se le pidió”, utilizando exactamente el mismo argumento que en su día usaron Cristina Cifuentes y Pablo Casado para disfrazar el incumplimiento de trámites inexcusables como el de “entregar la justificación correspondiente” de que están aprobadas todas las asignaturas antes de presentar el Trabajo Fin de Master, suponía aducir la supuesta ignorancia como eximente de responsabilidad. Algo que no es de recibo para ningún particular, menos aún para un servidor público.

5.- Porque más allá de las diferencias que haya (y las hay) entre los casos de Cristina Cifuentes, de Pablo Casado y de Carmen Montón, lo trascendente desde el punto de vista político era la diferencia a la hora de asumir responsabilidades. Fue indecente que Cifuentes cayera como presidenta de Madrid no por las mentiras sobre su máster sino por una antigua grabación en la que aparecía hurtando un par de cremas. Es insultante que Pablo Casado pretenda instalar que su currículum universitario es intachable cuando el cúmulo de irregularidades lo ha colocado a las puertas del Tribunal Supremo. Y era descabellado que el Gobierno y el PSOE renunciasen a los baremos de exigencia ética que plantearon para Cifuentes y para Casado con el único fin de proteger a su ministra. Que Pedro Sánchez se lanzara hace unas horas a elogiar el "extraordinario trabajo" de Montón al frente del ministerio de Sanidad y anunciara su continuidad era una huida hacia adelante que llevaba a ninguna parte. Porque nadie estaba discutiendo la gestión de Montón durante estos meses en el ministerio, sino su acción y reacción al cursar un máster repleto de irregularidades e indicios de favoritismo.

6.- Porque se trataba de ética y de credibilidad. Y no deberían haber olvidado, ni Pedro Sánchez ni Carmen Montón, que lo que hizo triunfar la moción de censura que sacó al PP del Gobierno fue la imperiosa necesidad de regeneración política que sirvió de pegamento a intereses de partidos distintos y distantes tras una sentencia de la Gürtel que constataba un “auténtico sistema de corrupción institucional”. Salvando las siderales distancias entre un latrocinio sistemático y unos comportamientos individuales censurables, lo que desgasta a un gobierno de izquierdas no es el cese de un Máxim Huerta o una Carmen Montón sino volver a la contradicción clamorosa entre lo que se proclama y lo que se practica. 

P.D. Sin restar un ápice de importancia al escándalo de los másteres (ni a ese broche grotesco del TFM plagiado), había un motivo más para que la ministra Montón dejara de serlo rápidamente: este país tiene por delante y con urgencia demasiados retos e incertidumbres (Cataluña, presupuestos, sostenibilidad de las pensiones, precariedad del empleo…) como para concentrar la mayor atención en unas prácticas nepotistas que deberían sonrojarnos como ciudadanos. Y que agreden a la dignidad de la universidad pública.

El rector de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), Javier Ramos, ha decidido reestructurar su equipo de Gobierno y sustituir al vicerrector de Postgrado, José María Álvarez Monzoncillo, por la catedrática de Biodiversidad y Conservación, Isabel Martínez Moreno, tras el lío generado con el expediente de los estudios cursados por el candidato a presidir el PP Pablo Casado.

A su vez, también cesa a la vicerrectora de Calidad, María Luz Martín Peña, y crea una nuevo Vicerrectorado de Calidad, Ética y Buen Gobierno, al frente del cual estará Manuel Gértrudix Barrio, profesor titular de Universidad del área de conocimiento de Comunicación Audiovisual y Publicidad.

Así lo ha indicado el propio Ramos en un comunicado dirigido a la comunidad universitaria de la URJC, al que ha tenido acceso Europa Press, para explicar los cambios que ha emprendido en el organigrama de la dirección de la institución y que pasarán a ser efectivos a partir de este mismo miércoles.

Como adelantó ayer el diario El País, el rector de la URJC ha decidido reemplazar a Monzoncillo y modificar la "estructura y orientación" del Vicerrectorado de Postgrado.

"Isabel y Manuel son excelentes profesionales que gozan del respeto y reconocimiento de todos sus compañeros, por lo que es una satisfacción poder contar con ellos en el equipo directivo de la URJC".

También agradece a los vicerrectores salientes "el servicio, los esfuerzos y el tiempo que han dedicado a la gestión de la universidad durante todos estos años".

Documentación de Casado

La salida del ya exvicerrector de Postgrado de la URJC se produce días después de que el propio Ramos informara a su Consejo de Gobierno de que se había localizado información "adicional" en los archivos "propios" del Instituto de Derecho Público que habían permitido "completar" el expediente de los estudios que cursó en el centro el candidato a dirigir el PP nacional Pablo Casado.

"Si bien, y así se ha hecho saber, no toda la información constaba en el servicio de posgrado, se ha encontrado información adicional en los propios archivos del Instituto de Derecho Público, lo que ha permitido completar el expediente", relataba el rector el pasado viernes.

Precisamente ese mismo día el diario Okdiario adelantaba un escrito de la URJC en el que figura la relación de asignaturas convalidadas al dirigente popular y una comunicación, fechada en 2009, en el que se dispone a la devolución de 600 euros de la matrícula cursada por este concepto.

La semana pasada también se conocía, previamente a esto, un informe remitido por la URJC a la magistrada de Instrucción número 51 de Madrid, en el que aseguraba el centro que no había constancia documental del Tribunal ni del acta de convalidaciones del máster en Derecho Autonómico del aspirante a dirigir el PP.

No obstante, este informe estaría basado en los datos recabados en el servicio de posgrado de la universidad sin conocerse aún que había documentación sobre el expediente académico de Casado en los archivos del Instituto de Derecho Público. Fuentes jurídicas indicaron a Europa Press que esa nueva documentación hallada en el Instituto de Derecho Público se remitió al Ministerio Público.

La Fiscalía de Móstoles ha abierto diligencias de investigación para esclarecer la denuncia que interpuso Podemos contra el rector de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), Javier Ramos, al que acusa de prevaricación y cohecho en lo relativo al convenio de cesión del hangar de la institución a la compañía European Airline Training Center (EATC).

Así lo han indicado a Europa Press fuentes del Ministerio Público para detallar que fue ayer cuando la Fiscalía de Móstoles acordó la apertura de las diligencias tras recibir la denuncia de la formación morada.

En el escrito de denuncia, al que tuvo acceso Europa Press, se alude también a posibles delitos de negociaciones prohibidas a funcionarios públicos, malversación o violación de secretos, al entender que utilizó "información y posición privilegiada" dentro de la URJC para fomentar un convenio con las personas que figuran como los administradores de esta empresa.

Además, la formación morada sospecha que Ramos interpuso a una tercera persona de su "confianza" en esta sociedad como una "protección adicional" para evitar ser identificado en la misma con intención de beneficiarse de la actividad de la empresa mediante este convenio, al que aportó un trato "diferenciado" y "privilegiado".

La denuncia solicita al Ministerio Público que se tome declaración con la apertura de diligencias la propio Javier Ramos y al exrector de la institución Fernando Suárez, que ocupaba el cargo cuando se impulsó el convenio. También se cita a una arquitecta que elaboró en el proyecto de hangar situado en Fuenlabrada y al gerente de la empresa concesionaria.

Estos presuntos delitos, en caso de demostrarse, implican una pena de prisión de seis años y otros 12 de inhabilitación para ejercer cargo público.

Podemos: "Vamos a llegar hasta el final"

El promotor de la denuncia, el diputado de Podemos en la Asamblea Eduardo Fernández Rubiño, ha valorado de forma positiva que la Fiscalía haya decidido investigar este convenio, que puede ser otro posible "foco de corrupción" en esta universidad.

Rubiño ha considerado, en declaraciones a Europa Press, que es "alarmante" la apertura de otro frente judicial en relación a actuaciones en la URJC y ha enfatizado que su partido ya dijo que "iba a llegar hasta el final" en este asunto porque su compromiso es que la universidad pública esté "libre de corrupción".

El parlamentario cree "esencial que la Justicia llegue hasta el final y que se arroje toda la luz necesaria en lo que está sucediendo". "Lo dijimos hace unas semanas. Desde Podemos vamos a poner todas las herramientas que tenemos a nuestra disposición para de verdad levantar las alfombras en la URJC y que los miles de estudiantes y profesores que de forma honrada trabajan en dicha universidad y que se están viendo afectados por la actuación de unos pocos no paguen el pato y por fin podamos recuperar la confianza en esta universidad", ha manifestado.

Así, ha recordado que su Grupo ha pedido a la Cámara de Cuentas que audite estos institutos, ha acudido a la Fiscalía y ha pedido y logrado la reprobación del consejero de Educación por el caso máster. "Vamos a seguir haciendo todo lo posible para defender la universidad pública y recuperar la confianza en esta institución importantísima de nuestro Estado del Bienestar", ha agregado Rubiño.

Por último, ha instado a Ciudadanos (Cs) a que rectifique y renuncie a aprobar la Ley del Espacio Madrileño de Educación Superior que ha presentado el Gobierno del PP "y que solo va a servir para consolidar este modelo nefasto, que tiene mucho que ver con lo que ha sucedido en la Universidad Rey Juan Carlos en los últimos años y que, por tanto, la próxima Ley de Universidades nazca del consenso y que no Cs junto al PP hagan una reforma que solo va a seguir perjudicando a las universidades públicas".

El presidente de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE), Roberto Fernández, ha afirmado que es "penoso" y "lamentable" el caso del falso máster de la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. Un hecho, que hace que "tengamos que reforzar, siempre que podamos, todos los controles internos sobre todas las materias universitarias, aunque hay que tener en cuenta que es una de las administraciones mejor controladas, y que tiene entre los españoles una de las mejores imágenes entre las corporaciones".

Fernández ha realizado estas manifestaciones preguntado por el asunto del máster de la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, antes de un encuentro de trabajo que ha mantenido en la Universidad de La Rioja (UR). Sobre este asunto ha dicho estar "muy molesto con una parte de la opinión pública publicada, y también con el comportamiento de algunos representantes de algunas fuerzas políticas".

"En España hay aproximadamente 8.300 programas de grado y de máster, y por tanto, es absolutamente imposible que no haya en algún momento algún tipo de irregularidad", si bien ha puntualizado que "hasta donde yo sé, en estos momentos no hay ningún rector, vicerrector, gerente o decano que esté imputado por algún hecho de irregularidad en la universidad española".

Ha negado que el asunto de Cifuentes pueda pasar factura a las universidades, al tiempo que ha insistido en que "me molesta que un caso entre miles haya sido utilizado, por algunas personas, para manchar la imagen de una de las instituciones más importante que tiene un país". En este punto, ha preguntado que "si alguien ha visto al primer ministro inglés o el presidente de Francia hablar mal de sus universidades, ya que son la marca de un país".

Ante ello, "y cuando esa marca funciona muy razonablemente, lo lógico y natural es que se hable bien de ellas, lo que no quiere decir que no se señalen las deficiencias que pueden tener, algo que solemos hacer en primer lugar los propios universitarios". Por tanto, ha concluido Fernández "estamos pidiendo insistentemente una nueva Ley de Universidades", y cuando lo hacemos los propios universitarios "decimos que queremos una reforma sensata, pactada y a largo plazo de la universidad española".

A la hora de dirigirse a los medios de comunicación, o más en sentido amplio a la opinión pública, el PSOE andaluz suele saber lo que se hace. Planifica y ejecuta sin dejar a la improvisación más que lo estrictamente necesario –que en política suele ser bastante, por otra parte–. Se mueve además en coordinación con la Junta de Andalucía, otra eficaz maquinaria de difusión de mensajes en las ocho provincias. Tanto el PSOE como la Junta tenían claro el guión de la pasada semana. Andalucía se iba a convertir –de hecho, se convirtió– en la primera comunidad autónoma en aprobar sus propuestos de 2018, lo cual le permitía presumir de estabilidad y deberes hechos gracias a la solidez del pacto PSOE-C's. Al mismo tiempo, tanto el partido como la institución pública alzarían la bandera blanquiverde con motivo del 40º aniversario de las grandes manifestaciones autonomistas del 4 de diciembre de 1977. Orgullo del pasado y estabilidad para el futuro. Pero el guión se torció. Porque saltó el que podríamos llamar caso Durán.

El caso Durán no es un caso de corrupción. Nadie tienen que decir en él la Fiscalía ni los juzgados. Hay poco margen para una demanda. Pero haber, hay caso. El presidente del Parlamento, Juan Pablo Durán (PSOE), ha tenido que dar públicamente explicaciones en una tensa comparecencia ante los medios. También se ha comprometido a ofrecérselas a los grupos parlamentarios en la Mesa de la Cámara este mismo martes. Pero, ¿qué es el caso Durán? Aquí están los hechos. El Parlamento de Andalucía contrató a la empresa El Cañonazo Transmedia, con sede social en Madrid, para la realización de una campaña de difusión de vídeos en redes sociales con motivo del 40º aniversario del 4-D. Las ideas centrales eran "Orgullo andaluz" y "La voz de un pueblo". El quid reside en que en dicha empresa trabaja el sobrino del presidente Durán, Alberto Fernández, de 23 años, que aparece como militante de Juventudes Socialistas. Se ocupa, según la web de la empresa, de las tareas de "community manager" y "estrategia". La contratación se realizó a dedo. Por su cuantía –14.000 euros, según el presidente del Parlamento, que no ha mostrado el contrato– no era necesario un concurso público.

Todos los grupos de la oposición, una vez conocidos los detalles de la contratación tras desvelarlos ABC Córdoba, han criticado durante al presidente del Parlamento. La propia calidad de la campaña, dirigida fundamentalmente a los jóvenes, ha sido puesta en tela de juicio, aunque desde el Parlamento insisten en que ha sido "un éxito". También el hecho de que la realizase una empresa madrileña, tratándose precisamente de la difusión de un aniversario tan marcadamente andalucista. Pero éstos son asuntos secundarios. Lo principal era: ¿Se benefició la empresa de tener al sobrino de Durán como trabajador? ¿Benefició Durán a la empresa en la que trabaja su sobrino?

Dentro de la legalidad

Sobre la legalidad, poco hay que decir. La contratación está amparada por el método simplificado que la Ley de Contratos del Sector Público establece para las cuantías menores a 18.000 euros, como es el caso. Las Normas de Contratación del Parlamento de Andalucía también avalan el procedimiento seguido para este contrato, al ser su cuantía menor de 30.000 euros. La propia Secretaría General del Parlamento, en vista de la polvareda levantada, emitió un comunicado que señalaba: "La tramitación del referido expediente, en fase de ejecución, cumple las prescripciones vigentes establecidas en las Normas de Contratación del Parlamento de Andalucía aprobadas por la Mesa de la Cámara, así como las contenidas en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público".

Los responsables jurídicos del Parlamento –que estaban ahí antes de llegar Durán, y seguirán ahí cuando Durán se vaya– avalan la contratación. Haber contratado a esta empresa a dedo, sin publicidad ni concurso público, no se sale del margen legal ni normativo. Pero eso no es todo lo que se dirime. Teresa Rodríguez, líder de Podemos en Andalucía, ha llegado a pedir la dimisión de Durán. Rodríguez dijo: "Es una metáfora perfecta de los 40 años del 4 de diciembre de 1977: progreso para los que tienen el carné del PSOE en la cartera". Para Rodríguez se trata de un caso "evidente" de "nepotismo", palabra que viene de la voz latina "nepos", que significa "sobrino".

"Un mal ejemplo"

El resto de grupos, sin llegar a tanto, sí exigen explicaciones al presidente del Parlamento o incluso a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz. Juan Manuel Moreno Bonilla, líder del PP andaluz, dijo que era "un mal ejemplo", y que "no es ético, ni estético, que el presidente del Parlamento andaluz contrate a su sobrino [en realidad a la empresa en la que trabaje su sobrino] a dedo, sin transparencia y sin información". Juan Marín (C's), socio de investidura del PSOE, se limitó a adelantar que pedirá explicaciones si hay alguna irregularidad. Antonio Maíllo (IU) anunció que pedirá explicaciones sobre una campaña y una contratación que consideró "cutres". "Se van a Madrid cuando en Andalucía hay empresas que pueden afrontar con entusiasmo y con conocimiento de causa y emocional" la materia, añadió.

La posición del PSOE ha consistido básicamente en subrayar que se trata de una contratación legal y en avalar las explicaciones de Durán. Otras veces ha habido mayor entusiasmo en la defensa de un referente institucional en apuros. Durán ha tenido que defenderse casi en solitario. El jueves se plantó ante los medios y lanzó un mensaje que podría resumirse así: 1) Es todo legal; 2) Yo sí sabía que mi sobrino trabajaba en esta empresa, pero jamás pensé que contratar a esta compañía pudiera parecerle mal a alguien; 3) Mi sobrino es un simple trabajador de la empresa, no su propietario, ni miembro de su directiva o consejo de administración, ni tampoco cobra por contrato; y 4) La campaña está funcionando bien en las redes sociales.

Una propuesta de la empresa, según el Parlamento

A preguntas de este periódico, la Presidencia del Parlamento aclara que la propuesta de realizar la campaña partió de la empresa El Cañonazo Transmedia, no al revés. Es decir, no se la ofreció –según esta versión– Durán o su equipo a la empresa. infoLibre ha solicitado al equipo de Durán el contrato con El Cañonazo Transmedia, sin éxito. La respuesta es que el presidente lo mostrará en la Mesa del Parlamento del martes. A ello se ha comprometido Durán con el resto de grupos. Éstos habían llegado a solicitar una reunión extraordinaria de dicho órgano, que finalmente no se celebrará.

Durán defendió la realización de la campaña sobre el 4-D, que consta de varios vídeos y que ha tenido un coste de unos 14.000 euros, porque está teniendo una importante acogida y repercusión en las redes sociales, "sobre todo, entre los jóvenes", con unas 210.000 visitas hasta el jueves. El presidente del Parlamento explicó que el mes pasado planteó en la Mesa de la Cámara llevar a cabo una campaña concreta sobre el 4-D en redes sociales destinada a la población más joven, dentro de un proyecto sobre el 35º aniversario del Parlamento, y que contó con el visto bueno para ello. Cuando se decidió que el contrato fuera con la empresa en la que trabaja su sobrino, no informó a la Mesa de tal extremo, como reprochan los grupos de la oposición. Durán recalcó que el expediente para la contratación se hizo con "todos los parabienes y requisitos que establecen las normas de contratación del Parlamento". "Nadie pensó desde el gabinete de comunicación del Parlamento que esto fuese relevante porque [mi sobrino] no era una persona que fuera relevante en algún aspecto ni para la contratación ni para el diseño", añadió. Finalmente, dijo la palabra clave: si la contratación es "un error", lo asume. Un "error". Ahí es donde pretende dejarlo Durán.

Entrevistas para 'La peste'

¿Por qué asume la posibilidad de "un error", si todo es legal? Porque lo legal no es necesariamente ético, ni estético, como le recuerda la oposición, que se pregunta cómo se pusieron en contacto la empresa y el Parlamento. ¿Hubo igualdad de oportunidades? La Presidencia de la Cámara explica que fue la empresa la que hizo la propuesta. Durán asegura además que El Cañonazo Transmedia había dejado un dossier ofreciendo sus servicios tras grabar en la sede del Parlamento, el conocido como Hospital de las Cinco Llagas, unas entrevistas promocionales de la serie La Peste, del director andaluz Alberto Rodríguez.

Tras hacerse pública la información sobre la contratación, el propio Alejandro Fernández cargó en Twitter contra Rafael Ruiz, periodista de ABC Córdoba: "Eres una vergüenza para las nuevas generaciones que llegamos al medio. Saltarse el código deontológico periodístico es muy grave y debería ser motivo de despido". Un rato después Fernández cerró su cuenta. infoLibre intentó recabar el punto de vista de Fernández, pero no hubo respuesta. 

El diputado federal y precandidato presidencial favorito de la ultraderecha, Jair Bolsonaro, habría colocado en cargos públicos en los últimos 20 años a su exmujer, Ana Cristina Valle, a su hermana Andrea y al padre de ambas, José Cândido Procópio, según denuncia el diario brasileño O Globo, del que se ha hecho eco Europa Press. Bolsonaro pertenece al Partido Social Cristiano.

Estas irregularidades habrían comenzado en 1998 y durado años, aunque en estos momentos solo Andrea sigue trabajando en un cargo público, en la oficina del diputado regional Flávio Bolsonaro, hijo del candidato presidencial. Aunque formalmente está en nómina, los empleados de la oficina aseguraron en declaraciones a O Globo que no la conocen.

Un dictamen de 2008 del Supremo Tribunal Federal brasileño prohíbe expresamente la contratación de familiares en las oficinas de los diputados y estas contrataciones son anteriores, salvo en el caso de Andrea, quien abandonó su cargo en la oficina de Jair Bolsonaro una semana después del dictamen del STF para pasar a estar contratada en la oficina de su hijo. La última nómina de Andrea suma 6.500 reales netos (unos 1.700 euros).

En respuesta, Jair Bolsonaro publicó un comunicado en el que defiende que en todo momento se cumplió la legalidad con estas contrataciones; también después del dictamen del STF, y recuerda la "experiencia" de su expareja y su formación como abogada.

La última encuesta publicada por Folha de Sao PauloFolha de Sao Pauloy elaborada por Datafolha otorga a Marina Silva una intención de voto del 10%, tercera por detrás del candidato del Partido de los Trabajadores (PT), Lula, y del conservador Jair Bolsonaro (18%). Sin embargo, Lula está siendo investigado por corrupción, por lo que podría quedarse fuera de la pugna por inhabilitación. En ese caso, Bolsonaro lideraría la pugna (21%) y Marina Silva sería segunda con un 16% de apoyo.

Bolsonaro, populista de extrema derecha que se compara a menudo con Donald Trump, ha dejado frases cuanto menos sorprendentes a lo largo de su carrera política: "Los gais son producto del consumo de drogas", "el error de la dictadura fue torturar y no matar", "los policías que no matan no son policías" o "las mujeres deben ganar menos porque se quedan embarazadas", entre otras muchas.

María Alejandra Suárez Martialay, hija del anterior rector de la Rey Juan Carlos ha conseguido una plaza de “apoyo administrativo” en la URJC online, del grupo C1 y con un nivel 16. Fernando Suárez Bilbao, catedrático de Historia del Derecho, ha sido investigado por 15 plagios a una veintena de autores, algunos de los cuales le han demandado en los tribunales. Pero Suárez Bilbao dejó el cargo el pasado enero sin que la universidad pública y la Comunidad de Madrid le hayan exigido responsabilidades.

Marta Gil Prieto, adjudicataria de una plaza de apoyo administrativo en el Centro para la Innovación, Transferencia de Tecnología y del Conocimiento (Cinntec), es sobrina del vicerrector de Derecho Internacional y exdecano del campus de Alcorcón Ángel Gil de Miguel. Marta Gil ya consiguió en abril de 2016 un contrato temporal de 10 meses en el proyecto Cátedra de innovación y gestión sanitaria en el que figuraba como investigador responsable su tío. Ángel Gil también fue uno de los vocales de la comisión de valoración que la eligió para el puesto. En el proyecto de investigación figuraba igualmente Ruth Gil Prieto, quien además es profesora del Área de Medicina Preventiva y Salud Pública, como su tío. También es funcionaria del área administrativa de la universidad la cuñada de Ángel Gil, María Angustias Prieto Grajales, que ejercía de secretaria del Vicerrectorado de Cooperación dirigido por su cuñado.

El exvicerrector asegura que la elección de su sobrina para el proyecto de investigación no es en absoluto irregular. “Como investigador principal del proyecto, era quien tenía la capacidad de decidir a quién contrataba”, explica a infoLibre. Se trataba de un proyecto en colaboración con la farmacéutica Jannsen –perteneciente a la multinacional Johnson & Johnson– firmado al amparo del artículo 83 de la Ley de Universidades, que regula la colaboración de estas instituciones académicas con las empresas. “Entendí que la persona más idónea era mi sobrina”, resume Ángel Gil, quien alaba la “alta cualificación” de su familiar para el puesto. “Incluso por encima de la plaza de administrativo a la que se ha presentado ahora: es licenciada en Derecho y Ciencias Políticas”, detalla.

Respecto a su cuñada, María Angustias Prieto Grajales, apunta que entró en la URJC en 1998 “también con cargo a diferentes proyectos” y luego concursó a un plaza fija.

María Ángeles Vera Santos, segunda en puntuación para una plaza de administrativa en la sección de contratación de la gerencia y primera, por tanto, en la bolsa de trabajo que se ha creado tras el concurso, es la hermana del exvicerrector José Manuel Vera Santos, que se presenta ahora de candidato a decano en el campus de Vicálvaro. También fue concejal del PP en Móstoles. Otra hermana, Socorro Vera Santos, tiene un puesto en la Oficina de Relaciones Internacionales de la universidad desde 2001. Vera Santos ejerció como vicerrector desde 2002 hasta 2013 y ahora encabeza una campaña para el decanato del campus de Vicálvaro con el eslogan Mejora la URJC.

“Ninguna ilegalidad”

“La universidad no ha cometido ninguna ilegalidad”, responde un portavoz de la URJC a este periódico cuando se le pregunta por estas relaciones de parentesco. Según destaca, en ningún organismo evaluador ha habido nunca familiares de los candidatos a funcionarios. “La URJC cumple escrupulosamente la legislación vigente”, concluye.

De las 23 plazas de interino ofertadas, al menos 11 han quedado en manos de becarios, estudiantes y trabajadores de la propia universidad. Algo habitual en las universidades españolas, según las fuentes académicas consultadas, pero también una muestra de la endogamia de la que se acusa a estas instituciones: se diseñan las plazas para que encajen en los perfiles de los candidatos locales. Según las condiciones de la convocatoria, que sólo se publicó en la web y en los tablones de anuncios de la institución, en la experiencia profesional –haber trabajado en la propia universidad otorga hasta 35 puntos en el concurso de méritos– se incluyen los contratos y becas de prácticas realizados por los aspirantes. Precisamente la hija del antiguo rector también era becaria en la URJC on line donde acaba de conseguir su plaza.

Además, uno de los puestos ha quedado en manos de Ángela Reviejo Rodríguez, antigua estudiante de Empresariales de la Rey Juan Carlos, que concurrió en las elecciones municipales de 2015 como suplente en la lista del PP de Alcorcón que encabeza su alcalde, David Pérez García.

Denunciado en el juzgado

Los 23 puestos de funcionario interino fueron convocados por el sistema de concurso libre. La universidad lo hizo amparada en una “extraordinaria y urgente necesidad” y por la “imposibilidad de afrontar el desempeño de los puestos de trabajo con funcionarios de carrera”. La sección sindical de Somos Sindicalistas en la universidad denunció la convocatoria en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 20 de Madrid porque no fue publicada ni el Boletín Oficial de Estado (BOE) ni en el de la Comunidad de Madrid (BOCAM), vulnerando el principio de publicidad. También porque la universidad no justificó las razones de la “necesidad y urgencia” del concurso. Y porque los 23 puestos ofrecidos no figuran en la última Relación de Puestos de Trabajo (RPT) aprobada por la institución, según asegura la denuncia. Tras conocerse la lista de adjudicatarios, el sindicato ha vuelto a pedir a la universidad que paralice el concurso hasta que se resuelva la demanda judicial. La URJC se ha negado.

Todas las plazas pertenecen al cuerpo administrativo, a los grupos C1 y C2, con niveles 14 a 18, para los que se exige como máximo un título de bachiller o técnico. El concurso libre constaba de dos pruebas: un concurso de méritos (70 puntos) y una entrevista (30 puntos). La universidad ha publicado en su página web la lista provisional de adjudicatarios de las plazas, a la espera de los recursos que presenten los candidatos. Según fuentes de la universidad, éstos son numerosos.

Somos Sindicalistas también ha pedido explicaciones a los responsables de la Rey Juan Carlos sobre la bolsa de trabajo que se ha creado con los mejores puntuados en el concurso de méritos. Según denuncian, la opacidad al respecto ha sido total hasta el pasado viernes 24 de noviembre, cuando se publicó la lista definitiva de adjudicatarios y el rectorado aprobó las normas para constituirla. De acuerdo con los listados publicados en la web de la URJC, la bolsa la componen 145 personas. La relación definitiva de aprobados se ha elaborado una vez resueltas las alegaciones presentadas por los aspirantes a la lista provisional. Ninguna de ellas ha conseguido alterar la configuración de ese listado provisional en ninguna de las plazas ofertadas, tanto para los 23 adjudicatarios como para los 122 candidatos con las mejores puntuaciones que completan la bolsa de trabajo.

La política de personal de la Universidad Rey Juan Carlos fue objeto de polémica después de que tanto eldiario.es como El Confidencial desvelaran la adjudicación de numerosas plazas a dedo entre profesores visitantes y personal administrativo.

Todas las plazas pertenecen al cuerpo administrativo, a los grupos C1 y C2, con niveles 14 a 18, para los que se exige como máximo un título de bachiller o técnico.

El concurso libre consta de dos pruebas: un concurso de méritos (70 puntos) y una entrevista (30 puntos). La primera fase ya ha concluido. La universidad ha publicado en su página web la lista con las puntuaciones obtenidas por cada candidato después de que el tribunal de selección haya valorado sus méritos.

En uno de los 23 puestos, con el número de orden 3, para una plaza de “apoyo administrativo” en la URJC online, del grupo C1 y con un nivel 16, la máxima puntuación la ha obtenido María Alejandra Suárez Martialay, hija del anterior rector de la Rey Juan Carlos Fernando Suárez Bilbao. El catedrático de Historia del Derecho fue investigado por 15 plagios a una veintena de autores, algunos de los cuales le han demandado en los tribunales. Pero Suárez Bilbao dejó el cargo el pasado enero sin que la universidad y la Comunidad de Madrid le exigieran responsabilidades.

María Alejandra Suárez Martialay ha conseguido una puntuación de 48,30, el doble que el segundo de la lista, 24,90. Según su currículo en la red profesional Linkedin, la hija del exrector es estudiante de la Universidad Rey Juan Carlos desde 2013. También su madre, Teresa Martialay Sacristán, trabaja en la misma universidad, donde imparte Historia Medieval como profesora contratada doctora.

Para la plaza a la que concursa la hija del exrector sólo se exige el título de bachiller o FP de grado superior –como todas las del grupo C1–, pero en la convocatoria se precisa que se valorará una titulación universitaria en Ciencias de la Comunicación, lo que supone hasta ocho puntos más. Las funciones del puesto son las propias de la realización audiovisual, desde grabar con cámaras hasta la posproducción. La universidad cuenta con un Centro de Innovación en Educación Digital, la URJC Online, dedicado al eLearning, que produce materiales audiovisuales y multimedia para la enseñanza. Según las condiciones de la convocatoria, que sólo se publicó en la web y en los tablones de anuncios de la institución, en la experiencia profesional –haber trabajado en la propia universidad otorga hasta 35 puntos en el concurso de méritos– se incluyen los contratos y becas de prácticas realizados por los aspirantes.

Ninguna oferta pública de empleo desde 2006

Un portavoz de la Rey Juan Carlos ha asegurado a infoLibre que no les “consta” la existencia de ninguna denuncia judicial para impugnar el concurso y que “todas las secciones sindicales” de la institución han “firmado la convocatoria”. Sobre las razones de urgencia y necesidad, la URJC explica que su ratio de personal administrativo y de servicios (PAS) es el “más pequeño de las universidades madrileñas”ratio. “Desde 2006 no hemos ejecutado ninguna oferta pública de empleo, no hemos sacado plazas de funcionario interino”, asegura el portavoz. “Con el comienzo del nuevo curso y con un nuevo rector [desde enero es Javier Ramos López, el candidato propuesto por Fernando Suárez para sucederle], un nuevo programa, nuevo equipo y nuevas competencias, han surgido necesidades que no pueden ser aplazadas ni afrontadas con garantías con la plantilla actual”.

Pero la universidad no ha contestado a las preguntas de este periódico sobre la hija del exrector, amparándose en la Ley de Protección de Datos. “La valoración de los méritos acreditados por los aspirantes la realiza el tribunal que ha sido nombrado por el órgano que convoca la oposición, y que propone sus valoraciones con respecto al baremo aprobado”, se ha limitado a indicar.

La política de personal de la Universidad Rey Juan Carlos fue objeto de polémica después de que tanto eldiario.es como El Confidencial desvelaran la adjudicación de numerosas plazas a dedo entre profesores visitantes y personal administrativo.

El contrato encuadra a Brogan Craig en el grupo IV, nivel V del convenio de comercio textil. Pero esa categoría profesional le debería haber proporcionado un sueldo anual de sólo 12.907 euros al año, de acuerdo con las tablas salariales. Su salario real cuadriplicó esa cantidad. Según las fuentes consultadas, Craig no sólo contrató a su hija Brogan, sino también al novio de ésta. El caso es que ella no duró en la empresa más que dos meses. Tras una discusión con su padre, abandonó Blanco.

De acuerdo con su perfil de Linkedin, la hija de Stephen Craig cursó el equivalente a una diplomatura en Marketing en la Universidad de Strathclyde. Después fue becaria y dependienta en All Saints, la firma de la que su padre era consejero delegado. A continuación fue directora de marketing y comercio electrónico en la empresa de bisutería Cherry Soda Jewellery. De sus dos meses escasos en Madrid, Craig asegura que le dieron la oportunidad de trabajar fuera de su “zona de confort”, lo que le permitió probarse a sí misma que estaba capacitada.

Stephen Craig fue fichado en junio de 2015 como director general. Procedía de la firma británica All Saints, donde ejerció como consejero delegado. Fue despedido menos de un año después, en mayo de 2016. Alhokair, los dueños saudíes de la cadena textil, contrataron entonces a otro británico, Simon Marshall, quien dejó igualmente la empresa el pasado enero. Con estos fichajes, Alhokair intentaba levantar el negocio de Blanco, que sin embargo se declaró en concurso de acreedores el pasado 24 de noviembre, ha puesto en la calle a toda su plantilla, 800 trabajadores, y cerrado el centenar de tiendas que posee.

1,4 millones al dueño del fundador

El contrato firmado con la hija de Craig y su novio se conoce después de que los trabajadores denunciaran que Global Leiva, la empresa dueña de la cadena, había pagado 1,4 millones de euros a su antiguo propietario, Bernardo Blanco, y a su esposa, Teresa Pérez, en pleno concurso de acreedores. La cifra supera en 475.000 euros los 925.000 que el Juzgado de lo Social número 2 de Móstoles había condenado a la empresa a abonarles a ambos por su despido improcedente.

Bernardo Blanco, hijo del fundador de la cadena de moda, trabajaba como director general de la enseña y fue despedido junto a su mujer cuando la empresa fue adquirida por el fondo dubaití AC Modus. En noviembre pasado fue readmitido como director creativo, hasta el pasado mes de febrero.

La plantilla, agrupada en la Plataforma de Afectados de Blanco, ha denunciado que el pago a Blanco y su esposa vulnera el orden de prelación establecido por la ley para los acreedores: en primer lugar cobran los acreedores privilegiados, como la Seguridad Social, la Agencia Tributaria y los trabajadores; después los ordinarios y finalmente los subordinados, como es el caso de la indemnización a un directivo.

Además, los trabajadores se han querellado por estafa, alzamiento de bienes e insolvencia punible contra la empresa saudí Alhokair, el fondo dubaití AC Modus y los administradores de Global Leiva. El Juzgado de Instrucción número 2 de Alcorcón ha admitido a trámite la querella.

Pese a la entrada de capital saudí, a través de la multinacional Alhokair, durante los últimos tres años y el fichaje de gestores extranjeros de renombre, la cadena no consiguió levantar la cabeza. Ha sufrido dos Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) en tres años. En el primero fueron despedidos 711 trabajadores, en el segundo, 189 mientras se cerraban 12 tiendas. Además, Blanco estuvo a punto de pasar por un tercero que fue retirado por AC Modus el pasado 27 de octubre, a la espera de encontrar un nuevo inversor. Ese comprador no apareció y el fondo dubaití optó primero por el concurso de acreedores y, el pasado 7 de diciembre, por la liquidación de la empresa.

Venta simulada

Según argumentan los trabajadores en su querella criminal, la saudí Alhokair sigue siendo el administrador de facto de Global Leiva, que en realidad no es más que una sociedad instrumental “carente de contenido patrimonial y económico”. Fue la herramienta utilizada por el grupo para quedarse con la marca, “el único bien intangible con algo de valor”, después de descapitalizar la cadena, explican.

Los querellados son los administradores de Global Leiva, los británicos Gerard Michael Louis Waters y Simon Marshall, así como el saudí Mohamed Hussein Mohamed Masud. También el director financiero, Nuno Abel Ribeiro Ferreira, quien actúa como administrador de facto de la empresa y portavoz ante la plantilla desde que se presentó el concurso. Los tres primeros citados, además, “son miembros de la alta dirección de Alhokair”, cuyos salarios paga, indica la querella.

Ésa es una de las razones que llevan a los querellantes a denunciar que el grupo ha mantenido el “control absoluto de las decisiones de la empresa”: la venta de Global Leiva, en agosto de 2016, al fondo de Dubai AC Modus fue sólo una “venta simulada”, resaltan los trabajadores. Uno de los consejeros de ese fondo es el propio presidente del grupo saudí, Fawaz Abdulaziz Alhokair.

Además, la plantilla revela en su querella que esta operación no se cerró por importe de 83 millones de euros como anunció Alhokair en su momento. Por el contrario, asegura que la venta se formalizó mediante escritura pública ante notario en Madrid por un precio de sólo 1,19 millones de euros.

El escrito, aprobado por la junta de personal el pasado viernes, es una expresión más del malestar que cunde entre la plantilla del Tribunal de Cuentas desde que se hicieron públicos los casos de nepotismo, con un elevado número de empleados emparentados con altos cargos y representantes sindicales. La junta de personal acusa a la secretaria general de la “mala imagen” del Tribunal de Cuentas y de los “niveles históricos de desmotivación y descontento de los empleados”. Ana Puy, destacan, “no ha sido capaz de atajar el torrente de noticias negativas que se han publicado [sobre el órgano fiscalizador] en estos cuatro años.

Los representantes de la plantilla también explican que la secretaria general ha “incumplido sistemáticamente” las recomendaciones en materia de personal recogidas en un informe elaborado en julio de 2015 por el Tribunal de Cuentas Europeo junto con el Tribunal de Cuentas portugués, una auditoría externa realizada según el método de la revisión entre pares. Entre esas recomendaciones figura la de convocar oposiciones y concursos de méritos para ocupar vacantes, “reservando la libre designación para casos excepcionales y debidamente justificados”.

Seis sentencias por adjudicar plazas a dedo

En el último año y medio el Tribunal Supremo ha condenado al órgano que preside Ramón Álvarez de Miranda hasta en seis ocasiones por su política de personal. Según fuentes consultadas por infoLibre, el Alto Tribunal aún tiene pendientes de resolver hasta cuatro recursos por las mismas irregularidades. Según aseguraba el sindicato UGT en un escrito dirigido a la plantilla este verano, el sistema de libre designación es “casi el único sistema utilizado desde hace años por el Tribunal de Cuentas para cubrir plazas del Grupo A1 [el más elevado dentro de la Administración]”.

De hecho, las sentencias del Supremo han anulado la adjudicación de plazas en el Tribunal de Cuentas por modificar los requisitos establecidos en las convocatorias para conceder los puestos a determinadas personas, entre ellas el hermano de un consejero, Javier Medina. También se impidió que alguna plaza fuera solicitada por los letrados y auditores de la institución, se suprimieron requisitos –como saber inglés y francés, y otros de carácter técnico–, se contrató previamente en comisión de servicios a la persona a la que se quería dar la plaza… En conjunto, el Alto Tribunal ha condenado al Tribunal de Cuentas a pagar un total de 47.000 euros en costas por las seis sentencias condenatorias.

El más reciente motivo de conflicto de los trabajadores con los responsables de la institución son las cámaras de vigilancia que se han instalado en la sede provisional de la calle de Ortega y Gasset de Madrid. Según la Junta de Personal, esas cámaras tienen como finalidad controlar a los empleados, no vigilar los accesos por motivos de seguridad. “Ya existen otros medios de control horario” de la plantilla, protestan los representantes sindicales en su escrito. Según las fuentes antes citadas, la secretaria general justificó la medida, meses después de haber instalado las cámaras, con un escrito enviado a la Agencia de Protección de Datos.

Polémico traslado de sede por unas obras sin ejecutar

El pasado mes de enero la plantilla del Tribunal de Cuentas fue trasladada de su sede histórica, un palacio del siglo XIX, a un edificio propiedad de Inmobiliaria Colonial, cuyo principal accionista es el Grupo Villar Mir. El alquiler de la sede provisional le cuesta a la institución 1,8 millones de euros al año. En principio, 550 trabajadores del Tribunal de Cuentas van a permanecer allí este año y el próximo. Pero las obras de rehabilitación del palacio, construido en 1860 según un diseño del arquitecto Francisco Jareño y Alarcón, aún no han dado comienzo. Aunque recibieron el pasado julio la licencia de obras del Ayuntamiento de Madrid, según han confirmado a este periódico tanto el consistorio como la Dirección General de Patrimonio, los trabajos siguen sin ser ejecutados.

Apenas dos años antes, en 2014, la institución se gastó tres millones de euros, indica el escrito de la Junta de Personal, en arreglar el sótano del palacio, en un procedimiento que tacha de poco transparente. En el sótano tenía previsto la dirección instalar a 150 trabajadores, pero finalmente no pudieron ser más que la mitad por una “mala planificación”.

Con todo, los primeros meses de estancia de los trabajadores en la nueve sede del barrio de Salamanca tampoco fueron pacíficos. Llegaron a pedir a gritos la dimisión del presidente a la salida del edificio en una protesta improvisada. Se quejaban de la falta de espacio, de forma que hubo empleados que se encontraron sin puesto de trabajo al llegar allí, de soportar temperaturas de hasta 29 grados por problemas en los sistemas de climatización y hasta de los escasos tornos de acceso, que producían aglomeraciones a las horas de salida. Todo ello lo achacan los representantes de los trabajadores a la “absoluta falta de planificación y de negociación” por parte de la secretaria general, a quien acusan de carecer de un “perfil dialogante y negociador”.

Un portavoz del Tribunal de Cuentas se limitó a calificar el contenido del escrito de “cuestiones internas” que resolverá en su momento el pleno del órgano. Lo integran 12 consejeros –uno de ellos es el presidente– y el fiscal. La secretaria general tiene voz, pero no voto. Una de las funciones del pleno es, precisamente “elegir y remover libremente” al secretario general de la institución. Se reúne una vez al mes. El próximo está previsto para el día 24.

Las cuatro principales asociaciones de jueces han mostrado este miércoles su malestar por los nombramientos para órganos técnicos por parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de un familiar de un vocal del órgano de gobierno de jueces y del hijastro del exfiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, asegurando que estas designaciones no han contado con una explicación "plausible" que las justifique.

Así se han expresado la Asociación Profesional de la Magistratura, Jueces para la Democracia, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente en un comunicado recogido por Europa Press en el que exigen que se disponga "con absoluta transparencia y exhaustiva motivación" la provisión de los cargos de nombramiento discrecional "en base a estrictas consideraciones de capacidad, idoneidad y méritos".

En concreto hacen referencia a los que tuvieron lugar en el pleno del pasado 27 de octubre en el que se escogió al fiscal Rafael Fernández –hijo del magistrado del Tribunal Supremo Rafael Fernández Valverde– como jefe de sección del Servicio de Formación Continua de la Escuela Judicial de entre 23 candidatos.

Aunque también sin hacer mención directa, los jueces hacen alusión además al nombramiento que tuvo lugar el pasado mes de octubre del fiscal Álvaro Mañas De Orduña –hijo de la actual pareja del exfiscal general del Estado Eduardo Torres-Dulce–, como letrado del Tribunal Supremo.

Las asociaciones han reconocido que carecen de elementos suficientes para referirse a la experiencia y mérito de los cargos designados si bien entienden que no existe una explicación "razonada y convincente" que despeje cualquier duda de "nepotismo y arbitrariedad" sobre los nombramientos, que han generado "críticas" procedentes de algunos sectores del ámbito judicial.

Imagen pública

"No podemos obviar una intensa preocupación por la imagen que se transmite a la opinión pública. Cualquier decisión del Órgano de Gobierno del Poder Judicial (particularmente los nombramientos para cargos de designación discrecional) debe ser explicada de modo que un espectador razonable y de buena fe la pueda comprender", reza la nota.

Mencionan además al Cuarto Ciclo de Evaluación del Grupo de Expertos contra la Corrupción del Consejo de Europa en informe de fecha 1 de julio de 2016 y referido a España en el que se advirtió de que los criterios de mérito y competencia no estaban siendo respetados en las decisiones de nombramiento tomadas por el Consejo General del Poder Judicial.

La Fiscalía Provincial de Valencia ha abierto diligencias de investigación penal tras la denuncia del CSI-F de posibles contratos irregulares en la Conselleria de Sanidad. Según ha informado el sindicato en un comunicado, la central sindical avisó de los casos del nombramiento del subdirector económico del Hospital de Llíria, que consideraba que podría tratarse de un "asesor encubierto", o la contratación para una vacante del hijo de la subdirectora de Recursos Humanos de Conselleria.

CSI-F ha recibido el escrito firmado por la fiscal jefe, Teresa Gisbert, en el que señala la incoación de diligencias de investigación penal y la designación de un fiscal instructor ante hechos que pudieran ser constitutivos de delito. El sindicato trasladó a Fiscalía la realización de varios contratos por parte de Conselleria de Sanidad, entidad a la que ha apuntado que también le solicitó explicaciones "sin que hasta la fecha haya respondido".

En el primer caso, CSI-F trasladó la incorporación de una persona licenciada en Filosofía y sin trayectoria en función pública como subdirector económico del Hospital de Llíria. Según ha explicado, la administración le firmó un contrato de alta dirección "a pesar de que apenas interviene en el departamento". El sindicato avisaba en su denuncia de que "podía tratarse de un caso de asesor encubierto".

El sindicato también pedía que se extendiera la investigación a la contratación como auxiliar de Salud Pública de un hijo de la subdirectora de Recursos Humanos, que está cubriendo una vacante "con la única experiencia previa de un contrato de apenas mes y medio de sustitución y sin concurrencia en una prueba de selección de candidatos".

CSI-F solicitaba que se ampliaran las pesquisas a la contratación, en La Fe y como técnico superior de higiene del trabajo, de una persona "que no estaba en la bolsa de esa especialidad y a la que se aplicó una mejora de empleo mientras cubría una baja, un hecho totalmente inusual".

De igual modo, citaba el nombramiento directo de personal del departamento de salud Hospital Arnau-Llíria, "que permanece en sus puestos durante meses sin ni siquiera estar inscritos en la bolsa de trabajo". El sindicato recuerda que al llamado 'bolsín' "únicamente puede recurrirse para cubrir días sueltos de vacaciones o permisos por enfermedad en los que no se haya expedido el correspondiente parte de baja".

El sindicato también trasladó a Fiscalía el anuncio de selección de personal para realización de tareas de actualización del entorno tecnológico en el que las juntas de personal "no han sido informadas y Conselleria tampoco ha recurrido a la bolsa de trabajo de instituciones sanitarias, en la que existe la categoría de informático, para cubrir esas plazas".

La central sindical señaló, en su denuncia ante Fiscalía, que "lo expuesto evidencia que la decisión de seleccionar personal y las actuaciones llevadas a cabo para ello se han realizado al margen y obviando la normativa vigente".

CSI-F exigió hace un mes a Conselleria de Sanidad que realizara una investigación "minuciosa del procedimiento seguido en las contrataciones y de cualquier contrato en el que exista una sombra de irregularidad". Del mismo modo, planteó a Conselleria de Transparencia que se implicara en esa investigación como máximo organismo encargado de velar por la pulcritud de la gestión de la administración pública.

La Comunidad de Madrid anunció hace unos días en rueda de prensa el cese de los responsables de las áreas Financiera y de Recursos Humanos del Canal de Isabel II, María Fernanda Richmond y Fernando Cevallos, por las "anomalías" detectadas en la compra de la empresa brasileña Emissao Engenharia e Construçoes, unas irregularidades que están siendo investigadas por la Asamblea de Madrid. Pero, según ha podido saber infoLibre, ni Cevallos ni Richmond perderán sus trabajos en el Canal, sino que han sido reubicados en otros puestos y mantendrán su categoría profesional.

A instancias de Podemos y el PSOE, el Parlamento autonómico madrileño analizó hace unos días las supuestas irregularidades cometidas por el Canal al comprar Emissao Engenharia e Construçoes en 2013. Ese año, la empresa pública madrileña pagó alrededor de 21 millones de euros por una sociedad que, al cabo de un año, valía cuatro veces menos. Richmond tenía responsabilidad directa en la adquisición de esta firma, ya que el departamento de Consolidación y Participadas –que se encarga de gestionar las participaciones del Canal en el extranjero– era uno de los que englobaba el área de Dirección Financiera y Desarrollo de Negocio, que ella dirigía.

La rápida devaluación de la empresa brasileña y las irregularidades de la operación –según adelantó el diario El Confidencial, una investigación interna llevada a cabo por parte de la nueva dirección del Canal ha revelado que la adquisición se realizó a través de unos pagos que pasaron por bancos suizos– provocaron que el consejero de Presidencia de la Comunidad y portavoz del Gobierno, Ángel Garrido, anunciase hace unos días en rueda de prensa que tanto Richmond como Cevallos, director del área de Recursos, eran cesados de sus puestos.

Garrido fue muy claro al respecto: a su juicio, los responsables no actuaron con "la diligencia debida" como miembros del Consejo de Administración de Canal Extensia, la filial a través de la que el Canal de Isabel II compró la compañía brasileña. Por ello, para el dirigente madrileño no es "razonable que dos personas que tomaron parte activa en estas decisiones sigan como directivos de Canal Gestión, y por eso se ha tomado esta decisión". Garrido incluso abrió la posibilidad de informar a la Fiscalía de las supuestas irregularidades en la compra de esta compañía, que está siendo auditada actualmente.

Pero que no sigan como directivos de Canal Gestión –la compañía pública que es la que se encarga actualmente del grueso de la actividad del Canal de Isabel II– no implica que Richmond y Cevallos vayan a abandonar la empresa. Un portavoz de Canal Gestión confirma que ambos continuarán en la sociedad, y aunque se niega a ofrecer más detalles, otras fuentes del Canal afirman que los dos exdirectivos mantendrán su estatus de titulados superiores –la categoría más alta– en otros puestos.

Relacionados con Aguirre y González

El portavoz del Canal tampoco ofrece datos sobre el suelo que cobrarán Cevallos y Richmond ni tampoco en relación al nuevo trabajo que desempeñarán, y argumenta que esos datos son de carácter personal. Sin embargo, otras fuentes aseguran que ambos dirigentes mantendrían el 80% del salario que cobraban como directivos. En su anterior puesto, Richmond y Cevallos cobraban en torno a 87.000 euros brutos anuales, tal y como desveló infoLibre.

Los parentescos familiares de los dos exdirectivos son llamativos. Richmond es la esposa de Javier de Andrés, el consejero delegado de Indra que actualmente se encuentra imputado en la trama Púnica y que es amigo íntimo del expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. Cevallos, por su parte, está casado con Regina Plañiol, exconsejera de Presidencia y Justicia de la Comunidad de Madrid con Esperanza Aguirre. Y no son los únicos dirigentes del Canal cercanos a Aguirre y González, ya que la empresa tiene colocados a al menos otras cuatro personas de su círculo más estrecho en puestos de dirección.

Este no es el único escándalo que salpica al Canal de Isabel II en los últimos meses. Hace algo más de un mes, Cifuentes decidió destituir al hasta entonces presidente ejecutivo de Inassa –una sociedad participada en un 81% por Canal Extensia–, Edmundo Rodríguez Sobrino, cuyo nombre había aparecido en los papeles de Panamá como directivo de tres empresas radicadas en Hong Kong –considerado un paraíso fiscal hasta 2012– y creadas por el bufete Mossack Fonseca.

La oposición en la Comunidad de Madrid sigue presionando para conocer posibles irregularidades en el Canal de Isabel II. Este jueves, la Asamblea de Madrid se reunirá en sesión plenaria y en ella se interpelará al Gobierno por los negocios de la empresa en Latinoamérica, puestos en cuestión al revelarse que el Canal pagó en 2013 alrededor de 21 millones de euros por una empresa brasileña que, al cabo de un año, valía cuatro veces menos. En aquel entonces, al frente de la compañía pública estaba el exconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, Salvador Victoria, hoy imputado en el marco de la operación Púnica, y el presidente autonómico era Ignacio González.

Hace unos días, Eduardo Gutiérrez, diputado de Podemos en la Asamblea de Madrid, denunciaba en la Comisión de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno de la Asamblea la compra en el año 2013 de la empresa brasileña Emissao Engenharia e Construçoes por parte del Canal de Isabel II. La adquisición, sin embargo, no la hizo el Canal directamente, sino que se produjo a través de una serie de entidades propiedad total o parcialmente de la compañía pública.

Así, Canal Extensia –una compañía participada al 100% por el Canal que se encarga de "la gestión de sociedades participadas"– constituyó en 2013 la empresa Soluciones Andinas de Agua junto a Inassa, una sociedad participada en un 81%, a su vez, por Canal Extensia. Fue Soluciones Andinas quien, en noviembre de ese mismo año, adquirió el 75% de Emissao Engenharia e Construçoes, por un total de 21,6 millones de euros, tal y como figura en la memoria de 2014 de Canal Extensia, que también revela que esa sociedad dependiente del canal prestó a Soluciones Andinas e Inassa dos créditos por un valor total de más de 22 millones de euros para acometer esta compra.

El problema es que, pese a que la compra de Emissao Engenharia e Construçoes –que, en última instancia, se pagó con dinero público– se efectuó por más de 21 millones de euros, la memoria de 2014 de Canal Extensia revela que la empresa tenía un patrimonio neto de tan sólo 10,2 millones a finales de 2013, y su valor había descendido hasta los 5,1 millones de euros en diciembre de 2014. Ese será uno de los temas a tratar este jueves en la Asamblea de Madrid a raíz de la interpelación que ha registrado la diputada socialista Mercedes Gallizo, que quiere conocer la "política general del Consejo de Gobierno en relación con la presencia de Canal de Isabel II en América". Gutiérrez aprovechará su intervención posterior para preguntar al Gobierno sobre el tema.

Richmond será destituida

La sospechosa operación tendrá, en todo caso, sus repercusiones en la cúpula del Canal de Isabel II. Fuentes de la empresa pública aseguraron a infoLibre que María Fernanda Richmond, directora financiera y de desarrollo de negocio de la compañía y responsable última del Área de Consolidación y Participadas –la que se ocupa de las empresas del Canal en América–, ha sido destituida de su cargo este mismo miércoles, pocos días después de regresar de un viaje profesional en el que, entre otros países, visitó Brasil. Oficialmente, el Canal niega que Richmond haya sido cesada, aunque extraoficialmente fuentes de la empresa admiten que "los plazos para sustituirla son cortos".

Las posibles irregularidades en la compra de esta empresa ya han saltado en la Asamblea de Madrid y la presidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes –que en 2013 era vocal del Consejo de Administración del Canal en representación de la Administración–, se ha comprometido a llevar ante la Fiscalía la documentación de la que dispone. Según adelantó el diario El Confidencial, una investigación interna llevada a cabo por parte del nuevo director gerente del Canal, Rafael Prieto, ha revelado que la adquisición se realizó a través de unos pagos que pasaron por bancos suizos.

Este no es el único escándalo que salpica al Canal de Isabel II en los últimos meses. Hace algo más de un mes, Cifuentes decidió destituir al hasta entonces presidente ejecutivo de Inassa, Edmundo Rodríguez Sobrino, cuyo nombre había aparecido en los papeles de Panamá como directivo de tres empresas radicadas en Hong Kong –considerado un paraíso fiscal hasta 2012– y creadas por el bufete Mossack Fonseca. Además, tal y como publicó infoLibre, el Canal tiene colocados en cargos de dirección a al menos seis personas del círculo más estrecho de Aguirre y González, entre ellos María Fernanda Richmond, que además de directora financiera es esposa del consejero delegado de Indra, Javier de Andrés, imputado en la trama Púnica y amigo íntimo, a su vez, del expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González.

El Canal de Isabel II pagó 597.576 euros en publicidad a nuevatelevision.es, una televisión por internet creada por Miguel Ángel Rodríguez, exportavoz del Gobierno de José María Aznar, entre 2007 y 2015. La web televisiva cobró en anuncios de la empresa pública madrileña de agua más dinero que, por ejemplo, la cadena Onda Cero, que tiene casi 1,9 millones de oyentes y es la tercera emisora de radio de España. En cambio, la audiencia de nuevatelevisión.es ha sido tan pequeña que tuvo que suspender sus emisiones “hace unos meses”, según explica a infoLibre, sin precisar más la fecha, Miguel Ángel Rodríguez.

Por establecer una comparación, la web del ex secretario de Estado de Comunicación del PP facturó en publicidad al Canal de Isabel II más del doble que el periódico económico ExpansióExpansión, y cinco veces más que Marca y MarcaAs, los dos principales diarios deportivos, con una difusión media de 150.000 y 133.000 ejemplares, respectivamente, según OJD, además de 12,4 millones y 5,6 millones de usuarios únicos en internet, según Comscore.

El Canal de Isabel II es una sociedad 100% pública dependiente de la Comunidad de Madrid, que ha saltado a los titulares de los periódicos por su implicación en la Operación Púnica, también por haber contratado a personas afines a altos cargos del PP, como Ignacio González. La Comunidad de Madrid fue gobernada por Esperanza Aguirre hasta septiembre de 2012, cuando le sucedió González, quien dejó el cargo en junio de 2015.

Pioneros de la televisión por internet

nuevatelevisión.es fue creada en agosto de 2006 y se presentó como “la primera televisión española por internet”. “Somos pioneros en España en dar información en vídeo, un portal con diversos canales y también periódico digital”, puede leerse aún en la página web de Splendens Ibérica, la consultora y productora de televisión propiedad del ex secretario de Estado de Comunicación del PP. Ahora, al acceder a la página web de nuevatelevisión.es, un mensaje advierte de que se encuentra en “mantenimiento” mientras se realizan “mejoras en la web”. “He tenido que darle una pausa, hasta que España se recupere, porque suponía mucho gasto y no se podía mantener”, asegura Rodríguez.

También dice que ni siquiera sabía que el Canal de Isabel II “había metido ese dinero” en su web televisiva. Y que, en cualquier caso, no fue una cantidad muy elevada. “Teníamos publicidad de todo tipo, sobre todo de empresas”, añade. Pero no la suficiente como para mantener el proyecto, que llegó a contar con un plantilla de más de 30 personas, entre periodistas y comentaristas, apunta Rodríguez.

“Cuando al mismo tiempo producía televisión normal, podía balancear los ingresos de un lado con los gastos del otronormal, hasta que en los últimos años eso se fue cayendo”, se lamenta el ex secretario de Estado, quien dio por terminada la conversación telefónica con este periódico cuando se le preguntó por la audiencia de nuevatelevisión.es.

Anuncios por importe de 111.360 euros en 2008

En 2007 la web televisiva facturó 52.200 euros en publicidad con el Canal Isabel II, una cifra que se duplicó el año siguiente –111.360 euros–. En 2009 recibió 78.300 euros en anuncios y en 2010, 95.949 euros. La cifra se rebajó a 35.940 euros en 2012, pero volvió a doblarse el siguiente ejercicio, hasta alcanzar una factura publicitaria de 72.600 euros. En 2014, la web de Miguel Ángel Rodríguez ingresó del Canal 60.500 euros. En 2015 fue cuando menos dinero percibió de la empresa madrileña, sólo 18.150 euros.

Como publicó infoLibre, el Canal de Isabel II repartió entre 2006 y 2015 casi 55 millones de euros entre medios de comunicación. Además de Telemadrid, que se llevó 10,87 millones en publicidad, los medios más beneficiados fueron el periódico Abc, que le facturó 2,31 millones de euros en 10 años, La Razón, con 1,87 millones; El Mundo, que ingresó 1,54 millones, y el Grupo Intereconomía, con un total de 1,38 millones de euros en anuncios. La información fue proporcionada por el Gobierno de Cristina Cifuentes al diputado de Podemos en la Asamblea regional Hugo Martínez Abarca en su respuesta a una pregunta parlamentaria. 

Los 10 medios que más contrataron con el Canal de Isabel II superaron el millón de euros en facturación. De los que no llegaron a esa cifra, el que más dinero ingresó de la empresa pública madrileña fue precisamente nuevatelevisión.com.

'Las aventuras del tripartito catalán'

Se trataba de “un proyecto muy personal”, destaca el exportavoz de José María Aznar. Entre sus programas pudo verse en 2007 una producción propia de humor titulada Las aventuras del tripartito catalán, en cuyo primer capítulo tres amigos planificaban “la obligatoriedad de que los niños hablaran catalán en el patio del colegio y merendasen pan con tomate”. Los protagonistas de la serie estudiaban luego si ponían “torretas con hombres armados en los colegios para disparar a quienes tengan la ocurrencia de hablar español”, según la reseña que la agencia Europa Press difundió en su día sobre la nueva serie.

nuevatelevisión.es también emitía Cocina para torpes, donde se preparaban recetas de cocina sencillas con las que “hasta un ejecutivo agresivo de cualquier empresa” podía “salir airoso”. Completaban la parrilla vídeos de humor, secciones dedicadas al espectáculo y la astronomía, informaciones periodísticas y análisis con comentaristas de la actualidad. Además, contaba con un canal dedicado al cómic, Spain Cómic. Y en ella podía encontrarse igualmente el blog del propio Miguel Ángel Rodríguez, Mar Brava.

“Internet pronto será un gran televisor”, publicitaba Miguel Ángel Rodríguez en 2007 su nuevo proyecto en la web Periodista Digital, del también periodista Alfonso Rojo. No ha sido así, a tenor de los resultados de nuevatelevisión.es.