El pulso por la investidura de Carles Puigdemont como nuevo president de Cataluña continúa y, de momento, amenaza tablas. El candidato de Junts per Catalunya (JuntsxCat) ya sabe —a la vista del auto del Tribunal Supremo que la semana pasada negó a Oriol Junqueras (ERC) la libertad provisional entre otros motivos porque está en situación de volver a tener responsabilidades en el Govern— que si regresa a España es seguro que el magistrado Pablo Llaneras ordenará su ingreso inmediato en prisión y con toda probabilidad le negará la posibilidad de defender su investidura en el Parlament.

Así que, para sortear este obstáculo, Puigdemont explora estos días la idea de que una Mesa controlada por los independentistas haga una interpretación del Reglamento de la Cámara que le permita presentarse a la investidura a distancia, sin abandonar su refugio de Bruselas, obtenerla y regresar entonces a Cataluña. En este escenario, sostienen fuentes próximas al president destituido, el Supremo tendría más difícil justificar su ingreso en prisión.

El reglamento del Parlament en vigor no prevé la posibilidad de investir a un president ausente del hemiciclo, pero tampoco lo impide expresamente. A esta circunstancia se aferran los partidarios de hacer una interpretación de la norma que permita a Puigdemont presentarse. El artículo 146 del reglamento se limita a señalar que en la sesión de investidura “el candidato presenta, sin límite de tiempo, el programa de gobierno y solicita la confianza del Pleno”. “El candidato”, añade el mismo artículo, “puede hacer uso de la palabra tantas veces como lo solicite”.

La adquisición de la condición de president, con todo, no finaliza con la votación de investidura. De acuerdo con la Ley de la Presidencia de la Generalitat, “el nombramiento del president se publica en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya y tiene efectos a partir de la toma de posesión, que debe celebrarse en el plazo de cinco días a partir del nombramiento” y que siempre hasta ahora ha sido presencial. Legalmente, Puigdemont no sería president hasta ese momento.

Lo primero que necesita el candidato de JuntsxCat para hacer realidad este escenario es garantizar una mayoría independentista en la Mesa que el Parlament elegirá el próximo 17 de enero. La previsible renuncia a sus actas de diputados, según fuentes independentistas, de los cuatro consellers cesados que permanecen en Bélgica (Clara Ponsatí, Lluís Puig, Toni Comín y Meritxell Serret) garantiza al partido del president en el exilio, Esquerra y la CUP un total de 66 votos, suficientes para impedir que Ciudadanos se haga con la Presidencia de la Cámara si Catalunya en Comú-Podem (CatECP) niega su respaldo al aspirante de Ciudadanos. Los consellers que tendrían que sacrificar sus puestos en el Parlament para garantizar los votos serían compensados, según algunas fuentes, con puestos en el Govern, una vez se constituyese.

Negociaciones

Precisamente este martes la diputada electa de CatECP, Elisenda Alamany, se reunirá con representantes de ERC, Cs y PSC para abordar la configuración de la Mesa del Parlament y su Presidencia, han explicado a Europa Press fuentes de la formación.

Con una Mesa formada por dos miembros de la lista del president, dos de Esquerra, dos de Ciudadanos y uno del PSC, los independentistas pueden plantear la interpretación del reglamento que busca Puigdemont para hacer realidad su investidura a distancia. Aunque los republicanos de Junqueras no quisieron pronunciarse este lunes al respecto: harán los que digan los letrados de la Cámara.

El plan de Puigdemont, sin embargo, no despeja del todo su camino de vuelta al Palau de la Generalitat. Es seguro que el PP, Ciudadanos y el PSC recurrirán al Tribunal Constitucional un hipotético acuerdo de la Mesa que autorice la convocatoria de una investidura no presencial y todo hace pensar que el Alto Tribunal se pronunciará inmediatamente y desbaratará el intento del candidato de JuntsxCat de ser elegido presidente sin regresar de Bélgica.

Si la Mesa acata una decisión en ese sentido, Puigdemont no podrá presentarse. Y si no lo hace, los miembros del órgano que gobierna el Parlament que estén en libertad provisional, como es el caso de Carme Forcadell si finalmente acepta estar en este órgano en la nueva legislatura, ya saben que esa decisión puede llevarles a la cárcel. Ese es uno de los motivos por los que la designación de quienes han de estar en la Mesa es tan delicada. De hecho, Forcadell sigue sin confirmar su disposición a repetir como presidenta. Y está aún por resolver la propuesta de Esquerra de ceder ese puesto a Joan Josep Nuet (Catalunya en Comú), también imputado en la misma causa.

Las negociaciones entre JuntsxCat, Esquerra y la CUP incluyen este viernes una cita relevante en Bruselas. Carles Puigdemont insiste en negociar por separado la elección de la Mesa del Parlament, la investidura y la el reparto del Govern. Sus interlocutores, Esquerra y la CUP, prefiere pactar todo a la vez. La idea del president cesado es que si ERC se hace con la Presidencia de la Cámara, después tendrá mucho más difícil reclamar la investidura de Junqueras, una posibilidad de la que no quiere ni oír hablar y que hoy volvió a plantear el diputado en el Congreso Gabriel Rufián.

De hecho, el plan b de Puigdemont, en caso de que finamente no pueda someterse a la investidura, sigue siendo presentar a alguien de la lista de JuntsxCat. Si Jordi Sànchez sigue en prisión y la justicia no le permite someterse a la votación, los mejor situados para ese puesto son el exconseller Jordi Turull y Elsa Artadi, jefa de campaña de Puigdemont en las elecciones del 21D.

La ley prohíbe contratar con las administraciones públicas a las empresas y particulares que no paguen a Hacienda y a la Seguridad Social. También a quienes hayan solicitado la declaración de concurso o sean insolventes. Sin embargo, en la lista de morosos con el fisco que publicó la semana pasada la Agencia Tributaria figuran empresas que, pese a deber más de un millón de euros a Hacienda, siguen resultando adjudicatarias de contratos públicos o tienen vigentes contratos anteriores a su salida del armario fiscal.

Es el caso de un buen número de empresas de seguridad privada, con las que múltiples departamentos ministeriales e instituciones públicas contratan sus servicios de vigilancia. A Ombuds Compañía de Seguridad, que debe a Hacienda 1,99 millones de euros, se le han adjudicado en 2017 un total de 10 contratos, entre ellos el de vigilancia de los centros de la Corporación RTVE. Ombuds acaba de quedarse con tres de los seis lotes territoriales en que se divide el contrato de un año de duración y por importe de ocho millones de euros. La empresa ya prestaba ese servicio en virtud de otro contrato, de tres meses, que se le adjudicó a principio de año. En este caso, se llevó cinco de los seis lotes de un contrato de casi 1,5 millones de euros que compartió con otra empresa de la lista de morosos, Seguridad Integral Canaria.

Con Ombuds también contrató el servicio de vigilancia la mutua Activa, el pasado mes de febrero. Y son suyos igualmente los guardias jurados que vigilan este año los centros penitenciarios de Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla y León y La Rioja, gracias a un contrato de 8,8 millones de euros adjudicado por el Ministerio de Interior el pasado diciembre. En enero de este año se le adjudicó además la vigilancia del Palacio Real, El Pardo, el Palacio de Aranjuez, El Escorial y los centros que Patrimonio Nacional posee en Valladolid. Otra empresa de la lista de morosos consiguió el servicio en los centros de Sevilla: Segur Ibérica.

Este mismo año también le adjudicaron contratos a Ombuds el Patronato Municipal de la Vivienda de Barcelona, la Compañía del Tranvía de San Sebastián, la Agencia Catalana del Patrimonio Cultural y el Servicio de Empleo de Cataluña, según la información recabada en la Plataforma de Contratación del Estado. Pero el contrato más sustancioso –45,5 millones de euros– es el de la vigilancia e inspección de correspondencia que el pasado mayo le concedió la empresa pública Correos. Ombuds se hizo con cuatro de los 12 lotes. En total, sólo este año ha firmado contratos públicos por valor de 20,4 millones de euros. Ombuds, una de las principales empresas del sector de la seguridad en España, es propiedad del fondo JZI y factura cerca de 90 millones de euros al año.

Multicontratado por el Ministerio de Defensa

Seguridad Integral Canaria es propiedad del empresario canario Miguel Ángel Ramírez, conocido como el rey de la seguridad low cost. Además de los dos contratos con RTVE antes citados, Seguridad Integral Canaria terminó de prestar el pasado mayo el servicio de vigilancia de los edificios que el Ministerio de Defensa tiene repartidos por toda España. Un macrocontrato de 16 millones de euros. Pero aún no ha pagado los finiquitos a sus 500 vigilantes, según han denunciado a infoLibre fuentes sindicales. Las denuncias de los trabajadores por los retrasos en el abono de las nóminas son continuas, algunas de ellas han llegado a la Inspección de Trabajo y han terminado en multas. Hace sólo unas semanas, los vigilantes reclamaron sus sueldos a las puertas de la delegación de la empresa en Las Rozas (Madrid), mientras los destinados en el Metro de Madrid llevaban a cabo cuatro días de huelga en protesta por el impago de sus salarios.

Además, el Ministerio de Defensa le adjudicó a dedo 100 contratos menores –por importe inferior a 18.000 euros– desde el pasado mes de febrero hasta la actualidad. En total, el departamento que encabeza María Dolores de Cospedal le ha pagado 1,32 millones de euros por estos contratos, concedidos a Seguridad Integral Canaria mientras el Tribunal Central de Recursos Contractuales resolvía la impugnación que una empresa había presentado contra la adjudicación del macrocontrato para los dos próximos años.

En estos momentos la empresa de Ramírez ejecuta también los contratos que le ha concedido el Gobierno de Canarias para encargarse de la seguridad del Hospital Universitario Doctor Negrín durante los dos próximos años y de la Biblioteca Pública del Estado de Santa Cruz Tenerife durante este año. En total, 1,2 millones de euros en adjudicaciones.

Seguridad Integral Canaria aparece en la lista de morosos con una deuda de 2,9 millones de euros que la empresa, no obstante, dice haber pagado este mismo año. Por el contrario, asegura que las administraciones públicas le deben 16 millones de euros por los servicios que les presta.

La empresa de Mónica de Oriol

Seguriber, empresa propiedad de la expresidenta del Círculo de Empresarios Mónica de Oriol, ha conseguido este pasado mes de mayo el servicio de seguridad de la Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid, por 377.554 euros. Aún sigue siendo la responsable de la vigilancia del Instituto Nacional de Estadística (INE) en Sevilla, por otros 27.213 euros. Y acaba de finalizar el contrato de dos años y 12,19 millones de euros por el que vigilaba los edificios de la Agencia Tributaria, el Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE) y la Gerencia de Informática de la Seguridad Social. Seguriber, que fue la encargada de la seguridad del Madrid Arena cuando se produjo la avalancha en la que murieron cinco menores, debe al fisco 2,13 millones de euros.

Magasegur adeuda a Hacienda 6,02 millones de euros, el doble que en la lista publicada el año anterior. Es decir, lleva dos ejercicios entre la nómina de morosos de Cristóbal Montoro. Hasta marzo de este año vigiló las instalaciones de la Delegación del Gobierno del Murcia. Es más, fue la encargada de la seguridad del edificio de la propia Agencia Tributaria en el País Vasco, a cambio de 895.000 euros durante 2016. Ese mismo año, también fueron suyos los vigilantes de las oficinas del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) en toda España: otros 288.690 euros.

En marzo de 2016 Magasegur solicitó el preconcurso de acreedores, cuando llevaba ya dos meses sin pagar las nóminas de sus 300 trabajadores en toda España. Entonces vigilaban también las oficinas de la Consejería de Empleo y ocho inmuebles de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. Por el primer servicio recibió 8,8 millones de euros, más otros 1,17 millones por una prórroga de seis meses. Por el segundo, 1,19 millones de euros más.

También servicios postales y de mantenimiento

Unipost, el grupo postal privado, debe 5,4 millones de euros a Hacienda y otros tres millones a sus trabajadores. Pero contrata con las administraciones. Este año ha firmado con los ayuntamientos de Torredembarra (Tarragona), Sant Cugat del Vallés (Barcelona), Algemesí (Valencia), Mataró (Barcelona), Mislata (Valencia), Málaga, Fuengirola y Gavá (Barcelona) para encargarse de sus servicios de correos. Son contratos largos, de entre dos y cuatro años de duración. También el Ayuntamiento de Barcelona le ha adjudicado los servicios postales de la Gerencia de Ecología y Urbanismo. Al igual que el Departamento de Economía y Hacienda de la Generalitat de Cataluña. Finalmente, sigue prestando aún los servicios postales para las consejerías de Políticas Sociales, Administraciones Públicas y de Fomento del Gobierno de La Rioja, contratos de dos años adjudicados en julio de 2016 por un importe conjunto de 218.200 euros.

Finalmente, Imtech Spain, que fue adquirida por el fondo de inversión Springwater en 2015, solicitó el concurso de acreedores el pasado enero y debe 10,48 millones de euros al fisco. Este mes de julio termina el contrato de un año que le adjudicó el Ministerio de Cultura para que prestara el servicio de mantenimiento integral del Museo Nacional de Arte Romano de Mérida. También  el que firmó con la Tesorería General de la Seguridad Social para su dirección provincial en Cádiz a cambio de 233.362 euros. Y sigue vivo el que consiguió por dos años para la Compañía Española de Tabaco en Rama (Cetarsa) por importe de 191.000 euros.

El Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo nº 10 confirmó la sanción de 10.000 euros impuesta a los propietarios de la finca de Cabañeros, la familia Aznar-Oriol, por excederse en las obras de construcción de un camino en pleno corazón del Parque Nacional de Cabañeros, en Ciudad Real. La sentencia, sobre la que ya no cabe ningún recurso, llega como respuesta al recurso que la familia había presentado tras conocer la sanción. 

En el 2014, Alejandro Aznar, marido de la expresidenta del Círculo de Empresarios , Mónica de Oriol, pidió una licencia para rehabilitar la vivienda original de la finca Cabañeros, propiedad de la familia del empresario situada en el Parque Nacional, un espacio altamente protegido. La Comisión Mixta de Gestión del Parque Nacional, integrada por dos representantes de la Administración General del Estado y dos representantes de la comunidad de Castilla-La Mancha, fue el organismo que dio luz verde a la obra de rehabilitación.  

Sin embargo, aprovechó las obras para construir al lado un aparcamiento y una explanada para eviscerar las reses cazadas en monterías. Ambas infraestructuras superan los 1.000 m2 cada una, a pesar de que la ley de creación de este espacio protegido prohíbe "la construcción o remodelación de edificios u otras infraestructuras para fines distintos de los tradicionales, al margen de los supuestos contemplados en la presente Ley", motivo por el que pesa sobre la empresa propietaria de la finca, Inmobiliaria del Bullaque, un segundo procedimiento judicial pendiente de resolución, al proponer el Ministerio de Agricultura 200.001 euros de sanción por las ireegularidades en las obras, sanción que también recurrieron los propietarios de la finca.  

Además de la construcción del complejo, uno de los caminos de acceso a la mansión fue modificado mejorando la calidad del firme hasta aparentar prácticamente una carretera. Unas labores que, en principio, excederían los trabajos de protección de la vía pecuaria, sobrepasando el límite en la anchura de la vía, algo que estaba prohibido expresamente, así como modificar el trazado o tocar la vegetación más allá de las cunetas que ya existían.

Las organizaciones Ecologistas en Acción, SEO/BirdLife y WWF denunciaron la construcción de la pista por entender que afectaba de forma negativa al espacio protegido, motivando la sanción, posteriormente recurrida por la familia explotadora del latifundio, y ahora ratificada de forma definitiva por la Justicia. 

Las tres ONG ambientales denunciaron que el proceso de autorización de la pista, de unos 1,5 kilómetros, estuvo plagado de sombras e irregularidades, y que, en vez de colaborar con la conservación de este espacio, la empresa Inmobiliaria de Bullaque (titular de los terrenos) continúa presentando recursos contra las sanciones que se le imponen.

Las organizaciones se muestran especialmente molestas con el hecho de que tras haber recurrido en su día el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) para Cabañeros, la empresa siga obstaculizando su aprobación hasta la fecha. Todo ello para después alegar, apuntan, que la ausencia de este PORN priva de efectos legales a la protección del Parque Nacional.

El Gobierno subirá este martes un 1%, seis euros y 48 céntimos al mes, el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 2016, el mayor aumento de una legislatura en que lo congeló dos años –2012 y 2014–. De hecho, Mariano Rajoy es el presidente que menos ha subido el SMI desde 1980, cuando se estableció su revisión anual en el Estatuto de los Trabajadores: sólo un 2,1% si se incluye el alza del próximo año. Una cicatería que resulta más palpable aún si se compara con la subida media de los sueldos pactados en convenio durante una crisis marcada por la devaluación salarial. Desde 2012, empresas y sindicatos han acordado un aumento acumulado del 4,34%. Es decir, el salario mínimo ha crecido menos de la mitad que unos sueldos sujetos a un corsé marcado por el acuerdo de contención firmado por patronal y sindicatos, y empujados a la baja por una oferta de mano de obra compuesta de más de cuatro millones de parados en busca de empleo.

Las subidas salariales pactadas en los convenios se han atenido estos últimos cuatro años a los límites que se marcaron la CEOE y las centrales sindicales en el penúltimo acuerdo de negociación colectiva. Han sido los menores aumentos al menos desde 2000, último año en que ofrece datos al respecto el Ministerio de Empleo. Pues bien, el alza del salario mínimo ha sido aún más exiguo. Sólo un 0,6% en 2013 –tres euros y 90 céntimos al mes–, y un 0,5% este año –tres euros y 30 céntimos–. En 2012 y 2014 fue congelado.

Para el año próximo, el nuevo acuerdo de negociación colectiva firmado el pasado mes de junio, establece para 2016 una subida salarial máxima del 1,5%, medio punto más que el aumento decidido por el Gobierno para el SMI. Continuará, por tanto, la tónica de los cuatro años anteriores. También la misma dirección que ya siguió el Gobierno de José María Aznar, que subió el SMI un 2% anual desde 2000 a 2004, por debajo del alza pactado en convenio, nunca inferior al 3% en aquella época.

Por el contrario, desde ese año y hasta 2010, los aumentos del salario mínimo fueron siempre superiores a los sueldos pactados en las empresas y los sectores; en 2004 incluso subió el doble –un 6,6%–.

“Agresión a los asalariados con menos ingresos”

CCOO y UGT han enviado por carta a la ministra de Empleo, Fátima Báñez, su “más absoluto rechazo” a una subida del SMI que consideran una “agresión a las personas asalariadas con menos ingresos” y tachan de “burla inaceptable”. En España, explican, 250.000 personas cobran un salario igual o inferior al SMI. Al año, 8.300 euros netos, recuerdan los sindicatos, sólo un poco por encima de los 7.961 euros en que se ha establecido el umbral de la pobreza según la Encuesta de Condiciones de Vida publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Además, el SMI es la referencia que sirve para fijar las retribuciones en los sectores más precarizados y en los contratos a tiempo parcial. También se utiliza para actualizar las bases mínimas de cotización a la Seguridad Social. Es decir, determina la cuantía de las pensiones de jubilación de muchos de trabajadores con sueldos bajos.

Finalmente, el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), que sirve de referencia para conceder becas, subsidios por desempleo u otro tipo de ayudas, ya quedó congelado en los Presupuestos del Estado para 2016. Por sexto año consecutivo se mantiene en 532,51 euros. Este indicador nació en 2004 precisamente para desligar las prestaciones y ayudas del SMI.

Desde 2000 el salario mínimo español ha subido un 54,2%. Aun así, los 655,08 euros mensuales en que se situará el próximo año continúan dejándolo en la cola de Europa, sólo por delante de Portugal y Grecia. Y muy lejos de los 1.425 euros de Francia, los 1.461 euros e Irlanda o los 1.801 euros de Luxemburgo, el mayor de la UE.

Para los sindicatos, el SMI es uno de los “instrumentos principales para combatir la pobreza laboral y la desigualdad laboral”, porque protege a “los asalariados con empleos más precarios y, por tanto, con mayores dificultades para negociar sus condiciones de trabajo”. De ahí que UGT y CCOO reprochen al Gobierno que haga campaña con la recuperación y el cambio de ciclo económico al mismo tiempo que “agrede a los más débiles en lo que es una contradicción absoluta con su discurso de salida de la crisis”.

UGT y CCOO pidieron una subida del 11%

Los sindicatos aseguran que el salario mínimo ha perdido cuatro puntos de poder adquisitivo desde 2010, tomando como referencia el IPC medio de cada ejercicio. Y si no ha sido mayor la caída se debe a la baja inflación –el 0,3% en 2013–, incluso con cifras negativas –-1% en 2014 y -0,3 hasta noviembre este año–. Las previsiones de inflación para 2016 van del 0,8% –Banco de España y Funcas– al 1,1% del Gobierno.

Por eso, UGT y CCOO pidieron al Ministerio de Empleo que subiera el SMI un 11% en 2016 y otro tanto en 2017, de forma que ese año alcanzara los 800 euros800 euros mensuales. A partir de ese año, apuntan, el salario mínimo debería aumentarse en función del salario medio y el salario mínimo en Europa, además del salario medio en España. El objetivo es poner el SMI nacional en el 60% del salario medio, tal y como recomienda la Carta Social Europea. Unos 1.121 euros al mes.

De hecho, el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores establece que el SMI debe revisarse cada año teniendo en cuenta el IPC, la productividad media nacional, el aumento de la participación del trabajo en la renta nacional y la coyuntura económica general. Sin embargo, UGT y CCOO denuncian que el Gobierno ha incumplido ese mandato, al igual que el que le obliga a consultar la subida del SMI con los agentes sociales. Aseguran que Empleo no ha contestado a sus dos cartas de 2 noviembre y 11 de diciembre, y el pasado día 23 les comunicó “una decisión que ya tenía tomada” sin diálogo ni reunión alguna. Por eso, los sindicatos piden la reforma del artículo 27 el Estatuto de los Trabajadores, para cambiar los criterios con que se calcula la subida anual del SMI y advierten de que denunciarán al Gobierno ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por “vulnerar los derechos laborales”.

La CEOE, de acuerdo con el Gobierno

Por el contrario, la CEOE califica de “correcta” la subida del 1% del salario mínimo, pues la sitúa “dentro de los parámetros” del último acuerdo de negociación colectiva, informa Europa Press. Más firme sobre este asunto se ha manifestado siempre el Círculo de Empresarios. Su nuevo presidente, Javier Vega de Seoane, alertó el pasado noviembre de que subir el salario mínimo supondría un aumento del desempleo porque “las empresas no contratarían tanto” como con el actual. Al tiempo, quiso dulcificar las declaraciones de su predecesora, Mónica de Oriol, sobre el salario mínimo que los empresarios se ven obligados a pagar a jóvenes sin formación “aunque no valgan nada”. Vega de Seoane precisó que no quiere bajar el SMI, sino crear un salario mínimo específico para parados sin formación: parte de ese sueldo se les pagaría “en especie”, en esa formación que les falta. También el Banco de España ha sugerido que el SMI debería suprimirse porque limita las posibilidades de contratación de los trabajadores con menores niveles de empleabilidad.

Son los mismos argumentos con los que determinados sectores han combatido en Estados Unidos y Alemania la instauración de suelos de salarios. Hasta el momento, sin éxito: Angela Merkel implantó un salario mínimo federal en 2014 de ocho euros y medio la hora, mientras en Washington DC y California se han aprobado subidas progresivas en los dos últimos años para los sectores con sueldos más bajos.

El candidato de IU a la Presidencia del Gobierno, Alberto Garzón, se negó este lunes a responder a los ataques recibidos por parte de dirigentes de Podemos y su líder, Pablo Iglesias, e insistió en señalar a la plataforma Ahora en Común como la plataforma que puede servir de base para una candidatura de unidad en las próximas elecciones generales.

Garzón hizo este análisis durante la inauguración de un curso de verano en El Escorial que él mismo dirige y en el que ha logrado reunir a los principales dirigentes de los partidos que debaten sobre la unidad popular, como el candidato de Equo, Juan López Uralde, la líder de Compromís, Mónica Oltra, el de Anova, Xosé Manuel Beiras, o el exdirigente de Podemos Juan Carlos Monedero.

"Nosotros no nos damos por aludidos por las declaraciones públicas que hizo Pablo Iglesias, no se citó a IU", repitió en diversas ocasiones después de intentar despejar todas las dudas sobre el origen de Ahora en Común. "Yo puedo garantizar que nosotros no somos Ahora en Común", subrayó asegurando que se enteró de su existencia dos días antes de que saliera a la luz porque su hermano, con quien comparte piso, le dijo que había firmado el manifiesto. Y además entonces ninguno de los dos sabía la trascendencia que iba a adquirir el movimiento, reconoció.

De esta forma, como insistió en desvincular IU de Ahora en Común, aseguró no sentirse afectado por las declaraciones de Podemos criticando esta plataforma. Y por el mismo motivo también rechazó cualquier intento de chantaje a Podemos.

Garzón hizo estas declaraciones teniendo a Juan Carlos Monedero entre el público, quien no quiso entrar en el debate pese a ser interpelado en diversas ocasiones por los periodistas.  "Una suma de cabecitas de ratón no construye sino un ratón Frankestein", había dicho este fin de semana Monedero sobre Ahora Madrid. Pese a ello, Garzón cree que su presencia en este curso de verano denota que existen puntos de coincidencia entre ambos a pesar de las dificultades para materializarlo en una candidatura de unidad.

El candidato de IU a la Presidencia del Gobierno hizo hincapié en que las próximas elecciones generales no son una cita electoral cualquiera, sino que se disputa una correlación de fuerzas que puede permitir o no "cambiar de rumbo la forma de vida de la gente".

"Sorpasso" solo con unidad También el coordinador federal de IU, Cayo Lara, manifestó en este foro su apuesta por la unidad popular y dijo ver "con buenos ojos" toda iniciativa que camine en esta dirección, como Ahora en Común, aunque dejó claro que IU como organización no tiene una opinión forjada porque no es autora de la iniciativa.

"Esta iniciativa la vemos con simpatía pero con respeto absoluto y ninguna injerencia", dejó claro recordando las elecciones de mayo demostraron que se lograron mejores resultados donde hubo candidaturas de convergencia.

A su juicio, la unidad es "la única forma" de dar un "sorpasso" a las fuerzas políticas tradicionales y además ayudaría a impedir que Grecia estuviera sola ante las autoridades de la Unión Europea.

Según Cuatro, De Oriol, que llegó a cargar contra el salario mínimo porque, a su parecer, no todas las personas merecen "el mismo trato" y que reclamó "abaratar" el despido, debía de estar pensando precisamente en su finiquito cuando pronunció aquellas palabras. No en vano se estima que percibirá 12 millones de euros por dejar la empresa.

El Organismo Autónomo de Parques Nacionales, dependiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, ha propuesto una sanción de 200.001 euros a inmobiliaria del Bullaque SA por irregularidades en las obras de reforma y rehabilitación realizadas en finca Cabañeros, en pleno parque nacional del mismo nombre. Esta es la empresa que administra esta finca propiedad de la familia del naviero Alejandro Aznar, marido de Mónica de Oriol, la polémica expresidenta del Círculo de Empresarios. Sus 7.000 hectáreas pertenecen al término municipal de Alcoba de los Montes (Ciudad Real).

Las ONG denunciantes, SEO/BirdLife y Ecologistas en Acción emitieron este miércoles un comunicado mostrando su satisfacción "en parte" por esta sanción. Pero lamentan su cuantía. Según el comunicado, "hay algunos puntos en el expediente abierto en los que es necesario responder con mayor severidad y contundencia, especialmente en lo relativo a la cuantía de las sanciones".

Pese a que Agricultura considera que la propiedad de esta finca famosa por sus cacerías ha cometido una infracción "muy grave" al haber practicado actuaciones sin permiso en este espacio altamente protegido, el castigo se queda en la parte más baja de la horquilla de las infracciones muy graves. La sanción máxima en esta categoría es de dos millones de euros. La ley aplicable según las citadas fuentes es la 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

"Para las organizaciones denunciantes,

unos hechos de estas características, consistentes en la realización de unas obras ilegales sin licencia en el interior de un Parque Nacional deben ser merecedores de la más alta sanción que la ley prevea, sean quienes sean los promotores o responsables. Por este motivo, como parte personada, SEO/BirdLife, WWF y Ecologistas en Acción han solicitado que la sanción que se imponga sea de, al menos, 1 millón de euros", reza el comunicado.

Una carretera sobre una vía pecuaria

Por último, el comunicado, recuerda que estas organizaciones ecologistas siguen a la espera de que la Junta de Castilla-La Mancha ofrezca información sobre las medidas que va a tomar respecto a otro de los hechos denunciados, las obras realizadas que afectaron a una vía pecuaria, asunto de competencia autonómica.

El Organismo Autónomo de Parques Nacionales, dependiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, ha propuesto una sanción de 200.001 euros a inmobiliaria del Bullaque SA por irregularidades en las obras de reforma y rehabilitación realizadas en finca Cabañeros, en pleno parque nacional del mismo nombre. Así lo ha podido saber infoLibre de fuentes conocedoras del proceso. Inmobiliaria del Bullaque es la empresa que administra esta finca propiedad de la familia del naviero Alejandro Aznar, marido de Mónica de Oriol, la polémica expresidenta del Círculo de Empresarios. Sus 7.000 hectáreas pertenecen al término municipal de Alcoba de los Montes (Ciudad Real).

Pese a que Agricultura considera que la propiedad de esta finca famosa por sus cacerías ha cometido una infracción muy grave al haber practicado actuaciones sin permiso en este espacio altamente protegido, el castigo se queda en la parte más baja de la horquilla de las infracciones muy graves. La sanción máxima en esta categoría es de dos millones de euros. La ley aplicable según las citadas fuentes es la 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

Desde el pasado 4 de noviembre, infoLibre ha venido informando de estas polémicas obras que han estado en el punto de mira de los ecologistas por sus sospechas de que no se habían ajustado a los permisos solicitados y otorgados. Después de la primera de estas informaciones, la Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife) y Ecologistas en Acción presentaron una denuncia ante el Organismo Autónomo de Parques Nacionales exigiendo la paralización de las obras y la restitución del daño causado a este espacio protegido. 

Fuentes de Parques Nacionales consultadas por este diario ya informaron entonces de que la propiedad de la finca estaba practicando trabajos que no se ajustaban a la licencia solicitada. Según pudo saberse gracias a una respuesta parlamentaria al Partido Socialista, la familia Aznar había pedido al parque que le diera luz verde a trabajos de "albañilería auxiliar", mejoras en la red de saneamientos y en las instalaciones eléctricas y de calefacción, así como aislamientos e impermeabilizaciones. En definitiva, una obra menor.

Pocos días después de que entrara al Parque Nacional de Cabañeros la denuncia de las asociaciones ecologistas un equipo del citado espacio protegido se personó en finca Cabañeros para comprobar si las obras se ajustaban a los servicios autorizados.

Fuentes de Parques Nacionales subrayan que, en lo que tiene que ver con la mansión en sentido estricto, la construcción, a priori, no presentaba problemas. No obstante, el informe no fue concluyente en tanto en cuanto las obras no estaban finalizadas. 

Pero la sorpresa llegó cuando los agentes constataron que junto a la vivienda se estaban desarrollando dos obras que brillaban por su ausencia en la autorización. Se trata, según las mismas fuentes, de la construcción de un aparcamiento con capacidad para 16 vehículos y de una explanada cuya extensión supera los 1.000 metros cuadrados. Esto ocurrió el 14 de noviembre. 

Licencia a posteriori

Un mes después, Inmobiliaria el Bullaque fue informada de la apertura de un procedimiento sancionador por la presunta comisión de una infracción muy grave de la ley de declaración del Parque Nacional de Cabañeros. 

La propiedad de la finca respondió a finales de enero con un escrito de alegaciones en el que aseguraban que los permisos para el aparcamiento y la explanada estaban en tramitación y se solicitaba, por tanto, el archivo del expediente abierto. No pasa inadvertido, no obstante, que la fecha de solicitud de las licencias, según fuentes del Parque Nacional de Cabañeros, fue el 5 de diciembre –el informe de autorización llegó cinco días después–. Es decir, inmobiliaria del Bullaque no pidió autorización para el aparcamiento ni para la explanada, destinada a la evisceración de piezas de caza, hasta que se publicaron las informaciones que apuntaban a posibles irregularidades en finca Cabañeros y se presentaron las denuncias. 

Uno de los argumentos esgrimidos por los propietarios para el archivo fue del de que las citadas obras no causaban nigún tipo de impacto en el paisaje ni daño medioambiental.

En la propuesta de resolución, con fecha del pasado 27 de marzo, Agricultura recuerda que la ley de declaración del Parque Nacional de Cabañeros considera "muy grave" la realización de obras sin licencia en el interior de este espacio protegido. Y que, pese a que desde la propiedad de la finca se insiste en que los permisos estaban en tramitación, cuando se inició el procedimiento, en noviembre de 2014, no había rastro de autorización porque se solicitó a posteriori.

Sin noticias sobre el camino sobre la Cañada Real Segoviana

En la propuesta de resolución de Agricultura no figura nada sobre las modificaciones que la propiedad de finca Cabañeros ha practicado sobre una vía pecuaria que pasa por la Cañada Real Segoviana. Se trata de una competencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. En este caso, sí se solicitó licencia, pero los trabajos ejecutados la sobrepasan.

Tanto la Junta de Castilla-La Mancha como Parques Nacionales, dependiente de Agricultura, coinciden en que el permiso que solicitaron los Aznar-Oriol para realizar mejoras en el camino no coincide con los trabajos practicados y que, en realidad se ensanchó la vía afectando a la vegetación.

No fue el 6 de noviembre, cuando saltaron las primeras informaciones al respecto y los ecologistas emprendieron las primeras acciones legales, cuando el departamento de Agricultura del Gobierno de María Dolores de Cospedal (Partido Popular) aseguró que a la vuelta del verano se había abierto un expediente por las modificaciones realizadas en la vía pecuaria. Esta denuncia, que sería el resultado de una inspección de las obras por parte de un agente medioambiental del parque, está en manos de los servicios periféricos de Ciudad Real. A día de hoy, no hay noticia del avance del expediente.

Con la nueva pista que ha resultado de la modificación del camino ya son tres los accesos que conducen a la casa de campo de los Aznar-Oriol. Uno de estos senderos que, según insistien fuentes ecologistas, son perfectamente transitables, está ubicado a "unas pocas decenas de metros" del que ha experimentado los cambios; el otro, a unos cuatro kilómetros. El nuevo acceso, de firme similar al de una carretera como puede apreciarse en la imagen que acompaña a esta información, podría proporcionar una forma más cómoda de acceso a los invitados que acuden a las famosas cacerías que se convocan en los terrenos que rodean a esta mansión.

Finca Cabañeros es una extensión de terreno situada en pleno Parque Nacional de Cabañeros propiedad del naviero Alejandro Aznar, marido de Mónica de Oriol, expresidenta del Círculo de Empresarios. En su interior se ha ubicado tradicionalmente una casa de campo que en los últimos meses ha sufrido una transformación importante. Se trata de algo que no ha pasado inadvertido para las asociaciones ecologistas acostumbradas a trabajar sobre el terreno. Y algo que contrasta, además, con lo que reflejan las actas de las reuniones del pleno de la Comisión Mixta del Parque Nacional de Cabañeros a las que ha tenido acceso infoLibre. En ninguna de las reuniones del máximo órgano de decisión de Cabañeros se dio luz verde a una ampliación de la superficie construida, algo que las fuentes del Organismo Autónomo de Parques Nacionales consultadas por este diario aseguran que sí ha ocurrido.

En este sentido, cuando se terminen todas las obras, los Aznar-Oriol pasarán de tener una mansión de 1.500 metros cuadrados a una de unos 1.950. Es decir, habrán incrementado un 30% la superficie construida. Estos datos no figuran en ningún momento ni en los expedientes correspondientes a las autorizaciones para la realización de las obras en la casa de campo ni en las citadas actas de las reuniones de la Comisión Mixta de los Parques Nacionales de Cabañeros y Las Tablas de Daimiel, ambos en la comunidad de Castilla-La Mancha. Esta información ha sido facilitada por el Gobierno, concretamente por el Ministerio de Agricultura, al diputado socialista Alejandro Alonso después de que este presentase varias preguntas relacionadas con las obras en esta finca de 7.000 hectáreas famosa por sus cacerías.

Recientemente, el Gobierno ha remitido a Alonso las copias de las actas firmadas de las reuniones del máximo órgano de decisión de este espacio protegido celebradas entre 2010 y 2014.

En esta documentación, que en total ocupa 59 páginas, las obras en la mansión de los Aznar-Oriol, sólo figuran en una línea del acta del pleno del 22 de mayo de 2012. En el decimoquinto punto del orden del día, Manuel Carrasco, por entonces director-conservador del Parque Nacional de Cabañeros, repasa 21 solicitudes tramitadas inicialmente por el procedimiento de urgencia y, tras escuchar algunas "explicaciones" que el acta no recoge, el pleno acuerda "validar todas las resoluciones emitidas". 

En la tabla de resoluciones, con el número de expediente 10/10 y a nombre de finca Cabañeros, es decir la del naviero Aznar, se autoriza un concepto tan genérico como "reforma vivienda principal". El número de expediente da cuenta de que la solicitud tramitada por el procedimiento de urgencia data de 2010.

Expediente de octubre de 2010

Dado lo genérico del concepto "reforma vivienda principal", para conocer qué permiso solicitó realmente la propiedad de la finca hay que ir al expediente 10/10, del que dio cuenta este diario en el mes de enero. 

Fue el 8 de julio de 2010 cuando Inmobiliaria del Bullaque S.A., empresa inmobiliaria que explota el latifundio, remitió la petición de licencia al registro del Parque Nacional de Cabañeros, ubicado en Pueblo Nuevo del Bullaque (Ciudad Real). El asunto era el siguiente: "Solicitud autorización para reforma de vivienda principal de Cabañeros, finca "Cabañeros", término municipal de Alcoba, (Ciudad Real). La propiedad advierte de que pese a que el estado de la "edificación principal" de la casa es "aparentemente satisfactorio", en realidad necesita algunas reparaciones. Se solicita "autorización y rehabilitación de la vivienda principal de la finca Cabañeros" para una serie de trabajos de "mejora y restauración". Estos trabajos también son precisados en la solicitud: "impermeabilizaciones y aislamientos", "mejora" de instalaciones eléctricas y calefacción, "mejora" de la red de saneamientos y "trabajos de albañilería auxiliar".

"Mayor envergadura"

"Con este documento como base, todo apunta a que la licencia que se solicita es para una obra menor". Así lo definió por entonces el diputado Alonso (PSOE) que subrayó que "lo que se ha hecho es, evidentemente, mucho más". Ahora, con las actas de las reuniones en la mano, el parlamentario insiste: "Se autoriza una obra menor y se hace otra de mayor envergadura".

Alonso mantiene que si en algún momento se ha autorizado algo diferente a la petición inicial (impermeabilizaciones y aislamientos, mejora instalaciones eléctricas y calefacción, mejora red saneamientos y trabajos de albañilería auxiliar), ésta tendría que figurar en las actas de los plenos de esta comisión mixta integrada por representantes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la Administración General del Estado. Y no figura.

De hecho, el PSOE reclamó también en el Congreso de los Diputados las "autorizaciones por trámite de urgencia otorgadas por la Comisión Mixta del Parque Nacional de Cabañeros para obras, construcciones u otras edificaciones en los años 2010-2014". Y, en la respuesta, no figura ninguna a nombre de finca Cabañeros. 

Pese a ello, fuentes de Parques Nacionales insisten en que la propiedad de Alejandro Aznar ha incrementado su superficie, es decir que se ha practicado algo más que una mera reforma. Este incremento de superficie no afecta a la planta, sino al alzado, según informan fuentes conocedoras del expediente. La casa de campo, sostienen, contó siempre con dos alturas pero no en la totalidad de la construcción. Con las obras que se están realizando la mansión tendrá una altura homogénea correspondiente a dos pisos.

Además, en el informe previo a la autorización de octubre, una de las razones por las que el técnico se decanta por autorizar la reforma es porque "no supone un incremento del volumen de edificación, al estar pensado la demolición de buena parte de la actual construcción".

Camino sobre cañada real

Otro de los asuntos sobre los que preguntó el PSOE a partir de las informaciones publicadas por este medio tiene que ver con la modificación que la familia Aznar practicó sobre una Cañada Real Segoviana. Uno de los caminos de acceso a esta casa de campo célebre por sus cacerías ha sido transformado hasta lograr la apariencia de una carretera. Fue el pasado 23 de julio cuando la Junta de Castilla-La Mancha autorizó que se realizaran mejoras en el camino.

La autorización partió del Gobierno regional porque es el competente en cuestión de vías pecuarias. El pasado septiembre se abrió expediente a la propiedad de la finca al considerar que los trabajos sobre el camino se habían excedido de lo autorizado y habían afectado a la vegetación forestal sin permiso.

Camino que conduce a finca Cabañeros practicado sobre una Cañada Real

Sobre este tema, Gobierno y comunidad autónoma no coinciden. El Gobierno señala que la autorización para el camino de acceso se concedió en abril de 2014. Pero traslada toda la responsabilidad al Ejecutivo de María Dolores de Cospedal (PP).

En la última respuesta que el Ejecutivo dio al PSOE sobre este tema del camino, en diciembre de 2014, se insistió en que la competencia sobre el asunto la tenía el Gobierno regional de María Dolores de Cospedal (PP). Ahora, en la nueva tanda de información remitida a los socialistas, aparece un expediente, el 4/14, con el que la comisión mixta autoriza "la mejora de la capa de rodadura del camino de entrada a la finca Cabañeros". En realidad, las fuentes conocedoras del terreno aseguran que, más que mejorar la rodadura, se contruyó un camino nuevo.

Asociaciones ecologistas

Estas cuestiones llevan ya meses en el punto de mira de las asociaciones ecologistas. Ecologistas en Acción, SEO/BirdLife y Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) trasladaron el pasado noviembre a la Fiscalía Coordinadora de Medio Ambiente y Urbanismo en Madrid un escrito de denuncia para que se investigue a los responsables de las obras realizadas en Cabañeros.

Sobre la finca del marido de Oriol, SEO/BirdLife y Ecologistas en Acción también presentaron el 5 de noviembre ante la Junta de Castilla-La Mancha y el Organismo Autónomo Parques Nacionales (OAPM), dependiente del Ministerio de Agricultura, una denuncia.

Consideran "inaudito" que se haya permitido realizar estas construcciones en Cabañeros y aseguran proceso de autorización esté "plagado de sombras cuando no de evidentes irregularidades".

Los ecologistas dicen "echar en falta" una evaluación de impacto ambiental, así como la compatibilidad urbanística de las actuaciones y la autorización de la "ocupación de suelo público".

La vivienda de Finca Cabañeros, la propiedad de la familia del naviero Alejandro Aznar en el parque nacional del mismo nombre, ha experimentado en los últimos meses importantes cambios. Las grúas –como dan fe las imágenes que acompañan a esta información– y las excavadoras han estado meses trabajando sobre el terreno para convertir la antigua casa de campo del marido de Mónica de Oriol, presidenta del Círculo de Empresarios, en una mansión. Pese a la evidente transformación, confirmada a este diario por las asociaciones ecologistas que trabajan sobre el terreno y por fuentes del organismo autónomo de Parques Nacionales, en la solicitud de autorización sólo figuran trabajos de "reforma y rehabilitación", como impermeabilizaciones y aislamientos, mejoras en las instalaciones eléctricas y de calefacción, en la red de saneamientos y tareas de albañilería auxiliar.

El documento, al que ha tenido acceso infoLibre, forma parte de la documentación remitida por el Gobierno al Partido Socialista (PSOE) después de que los diputados Alejandro Alonso, Isabel Rodríguez y María Guadalupe Martín registraran una batería de preguntas para su respuesta escrita sobre las actuaciones llevadas a cabo en esta finca. Fueron presentadas el pasado 5 de noviembre a raíz de una serie informaciones de este medio relacionadas con las obras de la vivienda principal y con las practicadas en uno de los caminos que conduce a la casa, ubicado sobre una Cañada Real.

Fue el 8 de julio de 2010 cuando Inmobiliaria del Bullaque S.A., empresa inmobiliaria que explota el latifundio, remitió la petición de licencia al registro del Parque Nacional de Cabañeros, ubicado en Pueblo Nuevo del Bullaque (Ciudad Real). El asunto era el siguiente: "Solicitud autorización para reforma de vivienda principal de Cabañeros, finca "Cabañeros", término municipal de Alcoba, (Ciudad Real).

La propiedad advierte de que pese a que el estado de la "edificación principal" de la casa es "aparentemente satisfactorio", en realidad necesita algunas reparaciones. "El estado de las instalaciones de electricidad, fontanería y saneamiento en preocupante. Todas las instalaciones están obsoletas y el estado de las cubiertas, deteriorado, lo que puede afectar al funcionamiento de las mismas y puede hacer peligrar la edificación".

¿Una "obra menor"?

Con esta base, se solicita "autorización y rehabilitación de la vivienda principal de la finca Cabañeros" para una serie de trabajos de "mejora y restauración". Estos trabajos también son precisados en la solicitud: "impermeabilizaciones y aislamientos", "mejora" de instalaciones eléctricas y calefacción, "mejora" de la red de saneamientos y "trabajos de albañilería auxiliar".

"Con este documento como base, todo apunta a que la licencia que se solicita es para una obra menor".

Así lo define el diputado Alejandro Alonso (PSOE) que considera que "lo que se ha hecho es, evidentemente, mucho más". 

El parlamentario socialista no se confiesa satisfecho con la información que ha recibido del Gobierno y avanza otra nueva batería de preguntas para resolver la incógnita de qué ha pasado desde octubre de 2010, cuando se autorizaron las obras en base a la petición de la propiedad, y el día de hoy, cuando la apariencia que ha tomado la vivienda dista de lo que puede calificarse de obra menor. "O se está cometiendo una ilegalidad o se oculta información", añade Alonso.

Imagen de la casa de campo de Alejandro Aznar en el Parque Nacional de Cabañeros

Cuando infoLibre publicó estas informaciones la propia ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, aseguró que si el matrimonio Aznar-Oriol –están casados en régimen de separación de bienes– ha cometido alguna infracción, se les sancionaría. "Tienen que cumplir con lo que está establecido dentro del parque nacional", añadió.

En ningún momento, el ministerio aportó a petición de este diario el expediente completo de la licencia solicitada por los Aznar-Oriol. No obstante, sí aportaron otros datos sobre el proyecto de rehabilitación de esta mansión ubicada en un terreno de unas 7.000 hectáreas en pleno Parque Nacional de Cabañeros, muy conocido por los grandes aficionados a la caza de este país. El permiso solicitado por Alejandro Aznar supone que la superficie construida de la mansión pase de unos 1.500 metros cuadrados a unos 1.950, lo que supone un incremento del 30%. Estos datos tampoco figuran en la documentación que el Gobierno ha trasladado al principal partido de la oposición.

Este incremento de superficie no afecta a la planta, sino al alzado, según informan fuentes conocedoras del expediente. La casa de campo de la familia Aznar, sostienen, contó siempre con dos alturas pero no en la totalidad de la construcción. Con las obras que se están realizando a lo largo de este año toda la mansión tendrá una altura homogénea correspondiente a dos pisos. ¿Entra esto dentro de los "trabajos de mejora y restauración? Se trata de una pregunta que, según Alejandro Alonso, debe responder Agricultura. "¿Dónde está la labor de vigilar?", se pregunta.

A lo largo de todo este proceso, en Agricultura han derivado la responsabilidad al PSOE puesto que la licencia lleva fecha de 2010, cuando, efectivamente gobernaba José Luis Rodríguez Zapatero. Al respecto, el diputado insiste en que es necesario comprobar que lo que se aprobó en la Comisión Mixta del Parque Nacional en 2010 se corresponde con las obras que se están ejecutando en 2014.

Documentación aportada

En la documentación que el Gobierno traslada al PSOE figuran, además, un escrito de un agente medioambiental del Ministerio que se personó en la finca y en el que se hace constar que "la casa requiere trabajos de reforma y rehabilitación, necesarios para su mejora y restauración" . La nota va acompañada de imágenes con goteras "por cubiertas deterioradas", humedades "por falta de aislamiento" y cubierta "con daños en cornisas y fachadas". Lleva fecha del 21 de julio de 2010.

Cinco días después, este escrito permitió la elaboración de un informé técnico. "En general la casa, construida en diferentes periodos durante el pasado siglo, presenta en algunas zonas un alto estado de deterioro, causado principalmente por humedades tanto del suelo como de la techumbre, seguramente resultado de la falta de cimientos en algunas secciones de la casa", figura en uno de los párrafos.

Este informe va acompañado de artículos del borrador del Plan Rector de uso y Gestión del Parque en lo relacionado con "viviendas e infraestructuras existentes". Y, entre otros asuntos, establece que "se promoverá su adecuación a la tipología tradicional del Parque, la mayor integración en su entorno y la reducción al mínimo de las alteraciones al paisaje tanto por su forma como por sus materiales o su acabado". Las fuentes consultadas por este diario aseguran que el "impacto visual" de la mansión resultante de las obras es mayor ahora que el de la construcción de partida.

Otra de las observaciones que figura en este estudio y que contradicen en Parques Nacionales es que se señala que la obra "no supone un incremento del volumen de edificación, al estar pensado la demolición de buena parte de la actual construcción". 

La resolución de autorización definitiva de la Comisión Mixta de Gestión de los Parques Nacionales llegó el 4 de octubre de 2010.

Camino sobre una Cañada Real

Otro de los asuntos sobre los que preguntó el PSOE tiene que ver con la modificación que la familia Aznar practicó sobre una Cañada Real Segoviana. Uno de los caminos de acceso a esta casa de campo célebre por sus cacerías ha sido transformado hasta lograr la apariencia de una carretera. Fue el pasado 23 de julio cuando la Junta de Castilla-La Mancha autorizó que se realizaran mejoras en el camino. 

Camino que conduce a finca Cabañeros practicado sobre una Cañada Real

La autorización partió del Gobierno regional porque es el competente en cuestión de vías pecuarias. El pasado septiembre se abrió expediente a la propiedad de la finca al considerar que los trabajos sobre el camino se habían excedido de lo autorizado y habían afectado a la vegetación forestal sin permiso. Agricultura estudia sumarse a estas actuaciones.

Sobre este tema, Gobierno y comunidad autónoma no coinciden. El Gobierno señala que la autorización para el camino de acceso se concedió en abril de 2014. Pero traslada toda la responsabilidad al Ejecutivo de María Dolores de Cospedal (PP).

Estas cuestiones llevan ya meses en el punto de mira de las asociaciones ecologistas. Ecologistas en Acción, SEO/BirdLife y Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) trasladaron el pasado noviembre a la Fiscalía Coordinadora de Medio Ambiente y Urbanismo en Madrid un escrito de denuncia para que se investigue a los responsables de las obras realizadas en Cabañeros.

Sobre la finca del marido de Oriol, SEO/BirdLife y Ecologistas en Acción también presentaron el 5 de noviembre ante la Junta de Castilla-La Mancha y el Organismo Autónomo Parques Nacionales (OAPM), dependiente del Ministerio de Agricultura, una denuncia.

Consideran "inaudito" que se haya permitido realizar estas construcciones en Cabañeros y aseguran  proceso de autorización esté "plagado de sombras cuando no de evidentes irregularidades".

Los ecologistas dicen "echar en falta" una evaluación de impacto ambiental, así como la compatibilidad urbanística de las actuaciones y la autorización de la "ocupación de suelo público".

Tras la elección de Oriol, en marzo de 2012, el Círculo de Empresarios modificó sus estatutos un año después, en marzo de 2013, y estableció que el presidente de la institución pudiera estar en el cargo durante tres años prorrogables otros tres más, es decir, hasta un total de seis años. Con los estatutos anteriores, el cargo era por dos años, pero prorrogables tres veces más, en total ocho ejercicios.

A pesar de que Mónica de Oriol podría renovar su mandato por otros tres años más, ha decidido poner fin a su etapa al frente del Círculo de Empresarios, tras considerar que ha llevado a cabo sus principales objetivos cuando se puso al frente del mismo, como el barómetro de los círculos, una publicación de carácter anual sobre las fortalezas y debilidades de la economía española.

De esta forma, en marzo de 2015, concluido su mandato, se iniciará el proceso electoral en el Círculo de Empresarios para elegir al nuevo presidente de entre los 200 socios que lo componen.

Mandato con polémicas

La etapa de Mónica de Oriol al frente del Círculo de Empresarios ha estado salpicada por numerosas polémicas debido a algunas de sus declaraciones, de las que incluso ha llegado a pedir disculpas. Así, en octubre de este año aseguró que "prefería" contratar a mujeres mayores de 45 o menores de 25 por el amparo que da la ley a las mujeres trabajadoras.

En otra ocasión, el 24 de abril de 2014, aseguró que los jóvenes menos formados "no sirven para nada" y que no se les debería pagar un salario mínimo "que no producen". También fueron muy comentadas sus palabras del 26 de junio de este año acerca de que los sindicatos CC.OO. y UGT y la patronal CEOE funcionan como "casta".

El Ministerio de Agricultura ha iniciado ya los trámites para denunciar a la propiedad de Finca Cabañeros, una extensión de terreno en pleno Parque Nacional de Cabañeros famosa por sus cacerías, después de que se conociese que en las obras que se han desarrollado en este espacio protegido en los últimos meses se ha invadido y modificado una vía pecuaria, concretamente la Cañada Real Segoviana. Propiedad del naviero Alejandro Aznar, marido de Mónica de Oriol, presidenta del Círculo de Empresarios, Finca Cabañeros está también en el punto de mira de las asociaciones ecologistas por las obras de ampliación de la mansión familiar que se están practicando sobre la construcción original.

Tanto la Junta de Castilla-La Mancha, institución que ostenta la competencia en materia de vías pecuarias, como Parques Nacionales, dependiente de Agricultura, coinciden en que el permiso que solicitaron los Aznar-Oriol para realizar mejoras en el camino no coincide con los trabajos practicados. Es decir, que se excedieron en los límites que planteaban sendas autorizaciones. Lo mismo consideran las asociaciones ecologistas. El pasado 5 de noviembre, después de que este diario informara tanto de las obras de amplicación de la mansión como de la modificación de esta vía pecuaria que da acceso a la vivienda familiar, Ecologistas en Acción y SEO/BirdLife denunciaron ante Parques Nacionales y ante la Junta de Castilla-La Mancha ambas cuestiones. 

Fuentes del Organismo Autónomo de Parques Nacionales consultadas por infoLibre aseguran que sus servicios jurídicos estudian en estos días si emprenden acciones de forma independiente o si se personan en el expediente abierto por la Junta de Castilla-La Mancha el pasado septiembre. No fue hasta el 6 de noviembre, cuando saltaron las primeras informaciones al respecto y los ecologistas emprendieron las primeras acciones legales, cuando el departamento de Agricultura del Gobierno de María Dolores de Cospedal (Partido Popular) (Partido Popular) aseguró que a la vuelta del verano se había abierto un expediente por las modificaciones realizadas en la vía pecuaria. Esta denuncia, que sería el resultado de una inspección de las obras por parte de un agente medioambiental del parque, está en manos de los servicios periféricos de Ciudad Real. Es en esta provincia, concretamente en el término de Alcoba de los Montes, donde se ubica Finca Cabañeros. En esencia, las apreciaciones de este agente forestal, de las que dio cuenta la agencia Europa Press, coinciden con las de los ecologistas. A saber: las obras han afectado a la vegetación y se ha ensanchado la vía.

Por su parte, fuentes de Agricultura confirman que desde Parques Nacionales se ha solicitado información de ese expediente ya abierto por la comunidad autónoma. "Pese a que la autorización clave la dio la Junta [de Castilla-La Mancha] porque la competencia en vías pecuarias es de ella, desde Parques Nacionales también se concedió la autorización pertinente. Es decir, que hubo dos resoluciones a esa autorización, ambas en el mismo sentido. Y, por tanto, ambas incumplidas. De ahí que ahora se estudie si lo más conveniente es personarse en el expediente ya abierto o iniciar uno nuevo y paralelo", añaden fuentes conocedoras del proceso. De los expedientes se derivarían sanciones administrativas y el eje sería la restitución del daño causado.

Hace casi un mes, la ministra de Agricultura y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, avisó de que si la familia Aznar-Oriol había cumplido con lo que establece Parques Nacionales "no habrá ningún problema, y si no han cumplido, se les tendrá que poner las sanciones correspondientes".

Más allá van los ecologistas, que el pasado 17 de noviembre decidieron ampliar el calado de sus denuncias iniciales y presentaron un nuevo escrito en la Fiscalía Coordinadora de Medio Ambiente y Urbanismo.

Más allá de las licencias concedidas

"La propiedad quería arreglar el camino, lo solicitaron y se les autorizó ese arreglo a través de las dos resoluciones mencionadas. Pero no la ocupación practicada ni las zanjas para cableado realizadas", precisan las mismas fuentes. Fue en marzo, según el departamento de Agricultura de la Junta, cuando la propiedad de Finca Cabañeros solicitó el permiso que afecta a este terreno que transcurre por la Cañada Real Segoviana. El visto bueno lo recibieron el 23 de julio.

Según ha podido saber este diario, con la nueva pista que ha resultado de la modificación del camino ya son tres los accesos que conducen a la casa de campo de los Aznar-Oriol. Uno de estos senderos que, según insisten fuentes ecologistas, son perfectamente transitables, está ubicado a "unas pocas decenas de metros" del que ha experimentado los cambios; el otro, a unos cuatro kilómetros. Finca Cabañeros tiene una extensión total de 7.000 hectáreas dentro de este espacio de alta protección de 41.000 hectáreas. El nuevo acceso, de firme similar al de una carretera como puede apreciarse en la imagen que acompaña a esta información, podría proporcionar una forma más cómoda de acceso a los invitados que acuden a las famosas cacerías que se convocan en los terrenos que rodean a esta mansión. La pareja Aznar-Oriol está casada en régimen de separación de bienes y el latifundio lo explota la empresa Inmobiliaria del Bullaque. Además de reformar la vía pecuaria, el matrimonio también está realizando obras en la mansión que tiene en medio del parque, cuya superficie construida pasará de unos 1.500 metros cuadrados a unos 1.950, lo que supone un incremento del 30%.

El negocio de la caza

Precisamente, antes de la polémica de la mansión, la finca Cabañeros había cobrado protagonismo a cuenta de la nueva Ley de Parques Nacionales que estaba preparando el Gobierno de Mariano Rajoy y que ya hoy es una realidad. En este proceso, los partidos de la oposición y las asociaciones ecologistas dejaron patente su malestar después de que el Grupo Parlamentario Popular en el Senado registrase una enmienda a su propia ley para ampliar, sin límite de fecha, el poder llevar a cabo cacerías en estos espacios protegidos. La enmienda fue retirada. Pero el resultado final tampoco satisface y el asunto puede acabar en el Constitucional.

Con la nueva ley, la caza en Cabañeros recibe una nueva moratoria: estará permitida hasta 2021. En el texto de 2007, de mayor consenso, el plazo finalizaba en 2017. El marido de Oriol, presidente Remolcadores Ibaizabal y de las Bodegas Marqués de Riscal, no es el único beneficiario de esta prórroga. Otros empresarios como Alberto Alcocer y Alberto Cortina disponen de cotos de caza en Cabañeros.

Las obras denunciadas son, por un lado, la remodelación de la mansión de la finca de Cabañeros de Alejandro Aznar, marido de Mónica de Oriol, presidenta del Círculo de Empresarios, y la construcción de una pista de acceso de 1,5 kilómetros en pleno corazón del Parque Nacional. Y, por otro lado, la construcción, en otra finca, Valleleor, de un vallado cinegético de más de 4,5 kilómetros, de los cuales 1,1 kilómetros transcurren dentro del espacio protegido.

El caso de la finca de Valleleor se hace referencia a una del empresario Alberto Cortina. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente inició el pasado 6 de noviembre un procedimiento sancionador contra la finca de Cortina en Cabañeros por realizar un vallado cinegético en terreno propiedad de Parques Nacionales, según publicó el diario regional Lanza Digital.

Ecologistas en Acción ya denunció en el mes de octubre ante el Organismo Autónomo de Parques Nacionales la construcción del vallado cinegético se introducía más de un kilómetro en el Parque Nacional de Cabañeros, así como que la Junta de Castilla-La Mancha habría autorizado el vallado, "esquivando el preceptivo informe de la oficina técnica del parque".

Sobre la finca del marido de Oriol, SEO/BirdLife y Ecologistas en Acción también presentaron el 5 de noviembre ante la Junta de Castilla-La Mancha y el Organismo Autónomo Parques Nacionales (OAPM), dependiente del Ministerio de Agricultura, una denuncia por las obras de la mansión que se está construyendo en Cabañerosmansión el marido de la presidenta del Círculo de Empresarios. 

Para estas organizaciones es "inaudito" que se haya permitido realizar estas construcciones en Cabañerospermitido y que todo el proceso de autorización esté "plagado de sombras cuando no de evidentes irregularidades".

En el primer caso, en las obras realizadas en la finca Cabañeros, los ecologistas dicen "echar en falta" una evaluación de impacto ambiental, así como la compatibilidad urbanística de las actuaciones y la autorización de la "ocupación de suelo público".

En el segundo caso, en la finca Valleleor, las organizaciones denuncian que la obra se ha ejecutado sin licencia municipal, eximiendo la Junta de Castilla-La Mancha al promotor de un procedimiento reglado de evaluación ambiental y ocultándose que el vallado afectaba al Parque Nacional.

Según las asociaciones ecologistas, el proceso de autorización de las obras es "bastante confuso e irregular" y pone de manifiesto el "escaso o nulo control que ejercen las administraciones competentes" –Organismo Autónomo del Parques Nacionales y Junta de Castilla-La Mancha– sobre las actuaciones que se realizan dentro de las fincas del Parque Nacional de Cabañeros. Así, las organizaciones denunciantes consideran "inadmisibles" estas actuaciones en un Parque Nacional que "debería gozar del más estricto nivel de protección". 

La mayoría absoluta del Partido Popular en el Senado permitió este miércoles que se dé luz verde a la nueva Ley de Parques Nacionales en la que los grandes ganadores son los propietarios de fincas privadas dentro del Parque Nacional de Cabañeros, como el matrimonio formado por el naviero Alejandro Aznar y la presidenta del Círculo de Empresarios, Mónica de Oriol. La caza en este espacio de especial protección recibe una nueva moratoria: estará permitida hasta 2021. En el texto de 2007, el plazo finalizaba en 2017. 

El nuevo texto, que será remitido al Congreso de los Diputados, contó sólo con los votos del partido de Mariano Rajoy que, hace unas semanas presentó una enmienda todavía más agresiva para estos espacios que gozan de la máxima protección medioambiental. Según la misma, el Estado se reservaba el derecho de negociar con los propietarios de fincas privadas dentro de los parques, un hecho tras el que las asociaciones ecologistas vieron un intento de "perpetuar" la caza en estas áreas privilegiadas. Una de ellas es la finca de la familia del marido de Oriol, presidente Remolcadores Ibaizabal y de las Bodegas Marqués de Riscal. Pero no es la única en Cabañeros. Otros empresarios como Alberto Alcocer y Alberto Cortina disponen de cotos de caza en Cabañeros.

Las asociaciones ecologistas, que llevaban semanas alertando del peligro de una nueva moratoria en la ley, reaccionaron este miércoles rechazando de forma tajante la futura ley. 

"Los intereses particulares de grandes propietarios de fincas han pesado más para el Partido Popular que la defensa del bien común y la protección de la naturaleza. Los parques nacionales quedan desprotegidos ante la caza después de que el grupo popular en el Senado votara hoy [por el miércoles] en solitario una enmienda que mantiene esa y otras actividades. SEO BirdLife, WWF y Ecologistas en Acción negociaron hasta el último minuto en innumerables reuniones y llamadas telefónicas y ofrecieron un texto alternativo para desatascar la tramitación de la ley, pero no fue posible encontrar el consenso", arrancaba el comunicado emitido a última hora de la tarde.

A juicio de las mencionadas asociaciones ecologistas, "en esta ocasión, se hace evidente que poderosos intereses particulares, especialmente en el caso del Parque Nacional de Cabañeros, han podido más que la opinión de la sociedad civil, la comunidad científica o incluso los propios directores de los parques nacionales. Hay que recordar que 11 de los 15 directores de parques firmaron una carta haciendo ver lo inadecuado de la reforma legislativa emprendida por el PP".

Las mismas fuentes precisan que los 15 parques nacionales "tienen un siglo de historia, son visitados cada año por 10 millones de personas y ocupan sólo un 0,7% del territorio". "Todo ello, sin embargo, ha pesado menos que el interés del Partido Popular por legislar en favor de unos cuantos individuos" concluye la nota de los ecologistas que confían en que el texto acabe en manos del Tribunal Constitucional, "tal y como han apuntado senadores de la oposición".

El caso de Finca Cabañeros

Además de por la caza, la finca de los Aznar-Oriol está en el punto de mira después de que se conociese que sus propietarios estaban construyendo una mansión sobre la vivienda original. Y que, además de la mansión, habían modificado un camino de acceso sobre la Cañada Real Segoviana. Estas informaciones han sido publicadas por infoLibre.

Las obras que se están desarrollando en los últimos meses en Finca Cabañeros, la propiedad que el marido de la presidenta del Círculo de Empresarios, Mónica Oriol, tiene en pleno Parque Nacional de Cabañeros no sólo afectan a la rehabilitación de la mansión de Alejandro Aznar. Tal y como ha venido informando infoLibre estos días, uno de los caminos de acceso a esta casa de campo célebre por sus cacerías ha sido modificado hasta lograr la apariencia de una carretera como puede apreciarse en las imágenes que acompañan a esta información. Este hecho no pasa inadvertido en la denuncia presentada por SEO/BirdLife y Ecologistas en Acción, que aporta, además, un dato relevante: "Resulta importante destacar que hasta la fecha la casa ha dispuesto de otros accesos perfectamente practicables", reza la denuncia. Es decir, que el acceso modificado por los propietarios de Finca Cabañeros no es el único que conduce a su mansión. La denuncia ha sido remitida a la Junta de Castilla-La Mancha –la finca pertenece al término municipal de Alcoba de los Montes (Ciudad Real) y al Organismo Autónomo de Parques Nacionales (OAPN)- y se han sumado otras asociaciones como Amigos de la Tierra, Greenpeace y WWF.

Fuentes conocedoras del terreno precisan que con el camino en el que se han hecho obras ya son tres los que permiten acceder a la casa de campo del naviero Alejandro Aznar. Uno de estos senderos que, según insisten las mismas fuentes son perfectamente transitables, está ubicado a "unas pocas decenas de metros" del modificado; el otro, a unos cuatro o cinco kilómetros. Finca Cabañeros ocupa unas 7.000 hectáreas de este espacio protegido de 41.000 hectáreas.

¿A qué puede deberse, pues, la pista realizada? Finca Cabañeros es muy conocida por sus cacerías. "Posiblemente han buscado la forma más recta, rápida y cómoda de que las personas que acudan a cazar accedan al interior del recinto", sostiene un miembro de las asociaciones ecologistas que conoce muy bien el parque.

Precisamente, antes de la polémica de la mansión, la finca Cabañeros había cobrado protagonismo a cuenta de la nueva Ley de Parques Nacionales que prepara el Gobierno de Mariano Rajoy. Hace un par de semanas, los partidos de la oposición y las asociaciones ecologistas dejaron patente su malestar después de que el Grupo Parlamentario Popular en el Senado registrase una enmienda a su propia ley para ampliar, sin límite de fecha, el poder llevar a cabo cacerías en estos espacios protegidos. La enmienda fue retirada hace una semana. Este martes, los conservadores decidieron poner plazo a las actividades permitidas en parques nacionales, incluida la caza, y establecer que estas excepciones se mantengan hasta finales de 2020 o principios de 2021. Es decir, que, si no hay modificaciones al respecto, se podrá seguir cazando dentro del Parque Nacional de Cabañeros –hay otros empresarios famosos como Alberto Alcocer y Alberto Cortina con finca en este espacio protegido– hasta dentro de siete años.

Comprobación sobre el terreno y expediente de la Junta de Castilla-La Mancha

En la denuncia presentada, a la que ha tenido acceso este diario, SEO/BirdLife y Ecologistas en Acción aseguran que dos técnicos de ambas asociaciones pudieron comprobar sobre el terreno que la pista se habría ejecutado, "al menos en parte, sobre una vía pecuaria, en concreto la Cañada Real Segoviana". Además, aportan más datos de esta inspección visual: "Se observa que la pista se ha realizado con un firme de grava compactada con unas dimensiones aproximadas de 4 metros de firme más otro metro adicional de cunetas a cada lado. También se observan restos de una excavación y arquetas de una conducción eléctrica". 

Fuentes del OAPN sostienen que para la elaboración de esta pista también se dio licencia de la Comisión Mixta de Gestión del Parque Nacional de Cabañeros. Fue solicitada este mismo año. Las mismas fuentes recuerdan, no obstante, que en asuntos relacionados con vías pecuarias el último responsable es la comunidad autónoma. En este caso, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Al respecto, este jueves, fuentes de la Consejería de Agricultura del Gobierno de María Dolores de Cospedal anunciaron que el pasado mes de septiembre abrieron expediente a la familia Aznar-Oriol por las obras en esta vía pecuaria. 

Según precisaron fuentes de la Consejería a Europa Press, este expediente se abrió el pasado septiembre a raíz de una denuncia de un agente medioambiental que procedió a la inspección de las obras realizadas en esta finca. La citada denuncia que está en proceso de trámite por parte de los servicios periféricos de la Consejería en Ciudad Real y que podría derivar en un expediente sancionador.

Fue en marzo cuando se solicitó autorización para realizar mejoras en el camino. Y el 23 de julio se dio el visto bueno con algunas condiciones. Tras efectuarse los trabajos, el agente medioambiental de la Junta que elevó la denuncia a los servicios periféricos de Ciudad Real detectó irregularidades como el hecho de que había afectado a la vegetación forestal sin permiso, construcciones que suponen una obra permanente y el ensanchamiento de la vía.

Una pista donde había un camino

En el escrito, las citadas asociaciones afirman que "sin duda" para realizar la pista "se han llevado a cabo labores de eliminación de la vegetación". En este sentido, precisan que "se encuentran restos [de vegetación] a ambos lados de la pista". La denuncia añade en su punto cuarto que "personas conocedoras de la zona" han informado a las asociaciones de que "donde se ha realizado la pista había previamente un estrecho camino (del ancho de un coche) con escaso uso, por lo que en diversos tramos sólo se marcaban las roderas de los neumáticos". Y concluye que "todo apunta a que la pista tiene por objeto servir de nuevo acceso a la casa de la finca que ha sido reconstruida y es, también, objeto de la presente denuncia".

"Legislación incumplida"

En los fundamentos de derecho de la denuncia, los ecologistas mantienen que las actuaciones realizadas en Finca Cabañeros se han realizado "incumpliendo la Ley de Parques Nacionales de 2007. Concretamente, citan el artículo 13, apartado 5, que reza: "El suelo objeto de la declaración de Parque Nacional no podrá ser susceptible de urbanización ni edificación, sin perjuicio de lo que determine el Plan Rector de Uso y Gestión en cuanto a las instalaciones precisas para garantizar su gestión y contribuir al mejor cumplimiento de los objetivos del Parque Nacional".

Además, citan la Ley de declaración del Parque Nacional de Cabañeros de 1995 en su artículo 11, apartado 2, donde figuran las sanciones muy graves. Este artículo contempla que "tendrán la consideración de infracciones muy graves: a) La construcción o remodelación de edificios u otras infraestructuras al margen de las condiciones y procedimientos previstos en la presente Ley y en los instrumentos de planificación que la desarrollen. b) La ejecución, sin la debida autorización administrativa, de obras, trabajos, tratamientos selvícolas, siembras o plantaciones en el interior del Parque. c) La alteración de las condiciones naturales del Parque Nacional o de los elementos que le son propios, mediante ocupación, roturación, corta, arranque o contaminación directa o indirecta y d) La liberación o introducción deliberada de especies ajenas a los ecosistemas del Parque".

Adicionalmente, según la denuncia, "también se podrían haber transgredido las normativas de vías pecuarias y de urbanismo de las que sería competente la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 

Además de solicitar la paralización inmediata de las obras como medida preventiva, los ecologistas reclaman que "además de las sanciones que procedan, se imponga al infractor la obligación de reparar el daño causado y, subsidiariamente, que indemnice los daños y perjuicios que no puedan ser reparados, imponiéndose al infractor las multas coercitivas necesarias para cumplir lo ordenado, en caso de no realizar voluntariamente la reparación o indemnización expuestas.

infoLibre ha intentado contactar en varias ocasiones con la familia Aznar-Oriol, tanto a través del Círculo de empresarios como de la naviera Ibaizabal. Sin respuesta.

SEO/BirdLife y Ecologistas en Acción presentaron este miércoles ante la Junta de Castilla-La Mancha y el Organismo Autónomo Parques Nacionales (OAPM), dependiente del Ministerio de Agricultura, una denuncia por las obras de la mansión que se está construyendo en Cabañeros Alejandro Aznar, marido de Mónica Oriol, presidenta del Círculo de Empresarios. La denuncia se extiende a la propia edificación además de a la construcción de una pista de acceso y de una zanja para instalar una línea eléctrica. Las citadas organizaciones ecologistas actúan en representación de todas las organizaciones ecologistas de ámbito estatal en el patronato de este espacio protegido. A ellas se suman, pues, Amigos de la Tierra, Greenpeace y WWF. 

Tal y como ha publicado este diario, Alejandro Aznar solicitó una licencia para rehabilitar una casa en esta finca del Parque Nacional de Cabañeros en la que se está construyendo una mansión. Según fuentes de Agricultura, la licencia para la vivienda se solicitó en 2010 y para el camino de acceso este mismo año. Ambas obras se iniciaron en 2014. El terreno está ubicado en el término municipal de Alcoba de los Montes (Ciudad Real) y ocupa 7.000 hectáreas de las aproximadamente 18.000 que algo más de una decena de propietarios privados poseen en este Parque Nacional. Los promotores de esta iniciativa esperan que tras las denuncias presentadas ante el OAPN y el Gobierno autonómico se realice una investigación en profundidad de los hechos y se informe de cómo es posible que se lleguen a ejecutar unas obras de tanta importancia y tan impactantes en un parque nacional. Y, además, solicitan la paralización inmediata de las obras y, una vez se lleven a cabo los procedimientos penales y sancionadores oportunos se restituya y se indemnice el daño causado a este espacio protegido.

Eliminación de vegetal

"Tras las noticias aparecidas en los medios de comunicación ayer [por este martes], que señalaban la construcción de una mansión y de una pista en una finca privada del parque nacional, dos técnicos de Ecologistas en Acción y SEO/BirdLife se desplazaron a la zona para verificar lo publicado. Pudieron comprobar la veracidad de los hechos y, además, constataron que las obras se han llevado a cabo eliminando vegetación y ocupando una zona de dominio público como es la Cañada Real Segoviana, sobre la que se ha ejecutada una pista con una banda de afección de unos seis metros de ancho", sostiene el comunicado emitido por las asociaciones ecologistas.

La denuncia adjunta fotos de las obras llevadas a cabo en la propiedad, a las que han tenido acceso las asociaciones ecologistas y en ellas se apreciaría tanto una ampliación respecto a la edificación original, como la existencia de una nueva pista de grava de cerca de dos kilómetros de largo y cuatro metros de ancho situada, en parte, sobre una vía pecuaria.

A juicio de Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF, actuaciones como la de la finca de los Aznar-Oriol y otras denunciadas en fechas recientes, como el cierre de senderos para realizar monterías o la construcción de vallados cinegéticos, "son ejemplos de mala gestión por parte de los titulares de fincas privadas en parques nacionales". El comunicado añade que "las ONG esperan que la reforma de la Ley de Parques Nacionales, actualmente en el Senado asegure que los criterios de conservación prevalezcan en estos espacios de gran valor natural".

El marido de Mónica de Oriol, presidenta del Círculo de Empresarios, se está construyendo una mansión en finca Cabañeros, latifundio de su propiedad en pleno Parque Nacional de Cabañeros, un espacio altamente protegido. Pese a la magnitud de la obra realizada –puede comprobarse en las imágenes que acompañan a esta información y que fueron tomadas el 7 de junio de este año–, Alejandro Aznar pidió una licencia para rehabilitar la vivienda original, según confirman a infoLibre fuentes no oficiales del Ministerio de Agricultura.

El órgano que dio luz verde a la petición de Alejandro Aznar fue la Comisión Mixta de Gestión del Parque Nacional, integrada por dos representantes de la Administración General del Estado y dos representantes de la comunidad de Castilla-La Mancha. Este Parque Nacional, de 41.000 hectáreas de superficie, se extiende por las provincias de Toledo y Ciudad Real.

Fuentes oficiales del Ministerio de Agricultura fechan el 16 de junio de 2010 el momento en el que la petición de Alejandro Aznar fue cursada a las oficinas del Parque Nacional de Cabañeros. Esta petición, según las mismas fuentes, se registró con fecha de entrada del 30 de julio del mismo año. "Esta fue la forma en la que llegó este asunto a la Comisión Mixta del Parque", dicen. Otras fuentes conocedoras de este proceso añaden que la Comisión Mixta en la que se validó la demanda del marido de Mónica de Oriol tuvo lugar en octubre de 2010. Por estas fechas, gobernaba el Partido Socialista tanto en el Estado como en la comunidad autónoma. No ha sido, no obstante, hasta este mismo año –2014– cuando han comenzado las obras.

Este diario intentó de nuevo este martes, sin éxito, contactar con el propietario de la finca a través de su empresa, la naviera IbaizabalIbaizabal. La pareja Aznar-Oriol está casada en régimen de separación de bienes y el latifundio lo explota la empresa Inmobiliaria del Bullaque.

Pero la construcción de la mansión no es la única obra que los Aznar han hecho en los últimos meses en este espacio altamente protegido. Tal y como informó infoLibre, uno de los caminos de acceso a la residencia en Finca Cabañeros se ha convertido prácticamente en una carretera. Las fuentes de Agricultura consultadas aseguran que este asunto pasó igualmente por la Comisión Mixta de Gestión del Parque. Pero esto ocurrió este mismo año, en 2014. Y este mismo año se empezaron las obras. Se trata de una vía pecuaria, un espacio que debe ser igualmente protegido por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Las mismas fuentes precisan que, en las últimas semanas, personal del parque nacional ha acudido a inspeccionar las obras de construcción de esta mansión. Y que una vez finalizadas se comprobará si lo realizado se ajusta a la licencia.

¿Cómo es posible que desde que Alejandro Aznar obtuvo la autorización, en otoño de 2010, hasta 2014 no se iniciaran las obras? Fuentes conocedoras de este tipo de procesos apuntan a que puede deberse a la "burocracia" que rodea a este tipo de acciones dentro de un espacio altamente protegido. Según indican, la luz verde que otorga la citada comisión mixta deja claro que esto ocurre "sin perjuicio" de otro tipo de permisos que la propiedad tenga que solicitar. Es el caso, por ejemplo, del municipal. Finca Cabañeros pertenece al Ayuntamiento de Alcoba de los Montes (Ciudad Real). El citado consistorio mantiene que todo está "correcto" pero rechaza profundizar en más aspectos apuntando a la Ley de Protección de Datos.

Respuesta de la ministra

Este mismo martes, la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, sostuvo que si la familia Aznar-Oriol "ha cumplido" con lo que establece Parques Nacionales "no habrá ningún problema, y si no han cumplido, se les tendrá que poner las sanciones correspondientes". 

No obstante, la ministra dijo "desconocer" la existencia de esas obras, así como si el matrimonio había solicitado las autorizaciones correspondientes, ya que, señaló, existe "un organismo de gestión del parque nacional que es el que tiene que estar al corriente".

Al respecto, el diputado de Compromís-Equo, Joan Baldoví, pedirá la comparecencia de la titular de Medio Ambiente en el Congreso de los Diputados, para que explique por qué permite su departamento que Alejandro Aznar se "construya una mansión sin autorización en medio del Parque Nacional de Cabañeros".

El Partido Socialista también exigirá responsabilidades a Agricultura. Este mismo miércoles, diputados socialistas por Toledo y Ciudad Real, provincias por las que se extiende el Parque Nacional de Cabañeros, registrarán una batería de preguntas para que el Gobierno aclare todas las circunstancias relacionadas con la construcción de la mansión y la modificación del camino que transcurre por una vía pecuaria.

Patronato

Desde el Ministerio de Agricultura aseguran que "revisadas todas las actas de las reuniones del patronato [del Parque Nacional de Cabañeros] antes de 2010", no se ha encontrado "ninguna referencia al informe sobre la petición de reforma de la casa de la finca Cabañeros". Esto implica que la petición de licencia del marido de Mónica Oriol pasó por la Comisión Mixta del Gestión del Parque Nacional, pero no por el patronato, el órgano en el que están representados todos los actores implicados en este espacio protegido, desde la Administración a las asociaciones ecologistas pasando por la propiedad. De hecho, fuentes del patronato aseguran que en algunas ocasiones ha sido el propio Alejandro Aznar el que ha acudido a estas reuniones en representación de la propiedad.

Sobre este punto en concreto –la necesidad de un informe previo del patronato– las fuentes consultadas no se muestran unánimes. Hay quienes consideran que este trámite es preceptivo y quienes creen que, con la ley actual en la mano –data de 2007– la actuación de este órgano no es necesaria. La legislación es poco precisa al respecto. Pero entre sus funciones establece la de "informar los proyectos y propuestas de obras y trabajos que se pretendan realizar en el Parque Nacional, y no estén contenidos en los planes de trabajo e inversiones". Fuentes de Parques Nacionales interpretan que este precepto es sólo extensible al espacio público no a las fincas privadas integradas dentro del Parque Nacional.

Ley de caza

La finca Cabañeros ha cobrado protagonismo en las últimas semanas a cuenta de la nueva Ley de Parques Nacionales que prepara el Gobierno de Mariano Rajoy. Hace un par de semanas, los partidos de la oposición y las asociaciones ecologistas dejaron patente su malestar después de que el Grupo Parlamentario Popular en el Senado registrase una enmienda a su propia ley para ampliar, sin límite de fecha, el poder llevar a cabo cacerías en estos espacios protegidos. La enmienda fue retirada el noche del pasado viernes. Este martes, los conservadores decidieron poner plazo a las actividades permitidas en parques nacionales, incluida la caza, y establecer que estas excepciones se mantengan hasta finales de 2020 o principios de 2021, informa Europa Press.

Para ello, presentaron una nueva enmienda con el objetivo de limitar las excepciones a las actividades permitidas en los artículos 6 y 7 de la Ley, como la caza en el Parque Nacional de Cabañeros, que tendrían que llegar a su fin seis años después de la entrada en vigor de la futura norma.

Con la enmienda ya retirada, el Estado se reservaba el derecho de negociar con los propietarios de fincas privadas dentro de los parques, un hecho tras el que las asociaciones ecologistas vieron un intento de "perpetuar" la caza en estas áreas privilegiadas. Una de ellas es la finca de la familia del marido de Oriol. Pero no es la única en Cabañeros. Otros empresarios como Alberto Alcocer y Alberto Cortina disponen de cotos de caza en Cabañeros. En la ley vigente –data de 2007– se dio un margen de diez años –hasta 2017– para la eliminación absoluta de la caza en estos lugares.

Alejandro Aznar, propietario de finca Cabañeros, aparece en el número 100 de las mayores fortunas en España en la lista publicada recientemente por la revista Forbes.

La ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, dijo este martes que si la familia Aznar-Oriol "han cumplido" con lo que establece Parques Nacionales "no habrá ningún problema, y si no han cumplido, se les tendrá que poner las sanciones correspondientes".

García Tejerina realizó estas declaraciones tras ser preguntada por los periodistas acerca de los permisos para la construcción de una mansión de la presidenta del Círculo de Empresarios, Mónica Oriol, y de su marido, el empresario Alejandro Aznar, en el Parque Nacional de Cabañeros, situado entre Ciudad Real y Toledo. infoLibre publicó en su edición de este martes que Agricultura permite al matrimonio la edificación de ese complejo sin aclarar si los empresarios tienen la correspondiente autorización.

La ministra recordó que las obras de construcción, al desarrollarse en ese espacio, "tienen que cumplir con lo que está establecido dentro del parque nacional", y "si lo han cumplido no habrá ningún problema, y si no lo han cumplido, se les tendrá que poner las sanciones correspondientes".

No obstante, la ministra dijo "desconocer" la existencia de esas obras, así como si el matrimonio ha solicitado las autorizaciones correspondientes, ya que, señaló, existe "un organismo de gestión del parque nacional que es el que tiene que estar al corriente".

El diputado de Compromís-Equo Joan Baldoví, pedirá la comparecencia en el Congreso de la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, para que explique por qué permite su departamento que Alejandro Aznar se "construya una mansión sin autorización en medio del Parque Nacional de Cabañeros".

Como desveló infoLibre este martes, el Ministerio de Agricultura ha permitido los trabajos de construcción de una mansión en el terreno donde estaba una antigua vivienda familiar. Alejandro Aznar es marido de Mónica de Oriol, presidenta del Círculo de Empresarios. La pareja está casada en régimen de separación de bienes y el latifundio lo explota la empresa Inmobiliaria del Bullaque. El Ministerio de Agricultura es el responsable del parque nacional.

En una nota de prensa, Equo recuerda que el PP "está impulsando una reforma de la Ley de Parques Nacionales que acabaría con el régimen jurídico de máxima protección del que gozan en la actualidad estos espacios. El PP ha introducido una enmienda de última hora en el Senado, que permitiría que sus amigos empresarios con terrenos en parques nacionales puedan seguir cazando sin problemas más allá de 2017, plazo fijado por la anterior ley para terminar con actividades incompatibles como la caza deportiva”.

El partido ecologista destaca que "todos los grupos políticos y ecologistas, y el propio Consejo de Estado, se han mostrado en contra de esta reforma legal, pero dada la abrumadora mayoría absoluta del PP en el Senado, solo una acción contundente de la ciudadanía puede lograr que den marcha atrás y retiren esta medida".

Equo ha puesto en marcha una campaña de recogida de firmas iniciada por la Iniciativa Ciudadana en Defensa de los Parques Nacionales a través de la plataforma Avaaz, "que pide a los senadores del PP que retiren esta reforma tan lesiva para nuestro patrimonio natural más valioso".