Las reformas laborales tienen tres periodos: el previo, en el que las empresas anticipan los cambios que anuncian los gobiernos o negocian con sindicatos y patronal; el de aplicación, que en el caso de la última, aprobada en diciembre de 2021, contó con un periodo transitorio hasta el pasado mes de abril, y el de acomodación. “En el que probablemente ya estamos”, apunta Florentino Felgueroso, profesor de la Universidad de Oviedo e investigador de Fedea (Fundación de Estudios de Economía Aplicada). A los casi seis meses de que entrara plenamente en vigor, empresas, trabajadores, asesorías laborales y hasta jueces se están adaptando al nuevo marco legal en que deben funcionar. Y cómo lo hagan decidirá el impacto real de la reforma, resalta Felgueroso.

España acumula una amplia experiencia en la materia, avalada por la decena de reformas laborales que se han aplicado en los últimos 40 años. Como bien saben los expertos laborales, todas las reformas dejan lagunas sin cubrir, tienen efectos imprevistos e indeseados y estimulan la creatividad de los afectados para encontrar vías de escape y eludirlas.

La más reciente reforma laboral ha tenido unos primeros efectos evidentes y notables. La contratación indefinida se ha disparado hasta niveles nunca vistos en España: del 10% habitual al 48% el pasado mes de abril. La temporal se ha recortado desde el 90% hasta el 51% también en abril. El número total de contratos, situado cada año en unas cifras récord por culpa de la elevada rotación –muchos contratos para cubrir un solo puesto de trabajo–, se ha reducido en un millón respecto a los más de dos millones que llegaban a firmarse cada mes antes de la reforma. También han disminuido los contratos ultrabreves, los de menos de siete días, desde que se penaliza a las empresas con un aumento de cotizaciones: se han registrado un 38,3% menos que hasta agosto de 2019, antes de la pandemia.

Para hacerse una idea del cambio: hasta agosto se han firmado ya el doble de contratos indefinidos, 4,47 millones, que en todo el año 2019. Y el triple de los que se habían suscrito hasta agosto de ese año.

Pero, al mismo tiempo, asoman en el mercado laboral otros fenómenos imprevistos. Felgueroso recuerda que, a diferencia de la reforma laboral de 2012, aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy, la de Yolanda Díaz tiene un coste para las empresas: la indemnización por despedir a un indefinido –20 días, 33 días si resulta improcedente– es superior a la de un temporal –12 días– y las cotizaciones por emplear a un trabajador durante 30 o menos también son mayores. “Habrá que ver ahora cómo reaccionan las empresas ante ese encarecimiento: si asumen el mayor coste o si lo repercuten en el trabajador”, resume el investigador de Fedea.

En el segundo caso, las empresas pueden estar ya recortando las horas de trabajo, advierte Felgueroso; es decir, aumentando los contratos a tiempo parcial o los fijos discontinuos. Aunque todos los expertos consultados por infoLibre extreman la prudencia en sus análisis –“es pronto aún”, coinciden–, las cifras conocidas hasta el momento a través de los registros de contratos del Servicio Público de Empleo (SEPE) revelan que desde enero hasta agosto el número de contratos indefinidos a tiempo parcial se ha multiplicado por 3,5 en comparación con idéntico periodo de 2019. Al tiempo que se han desplomado los temporales con jornada parcial, un 49% respecto a la prepandemia. Los indefinidos a tiempo completo también han crecido, sólo un poco menos que los de jornada parcial.

Pero el desvío más claro está ocurriendo hacia los contratos fijos discontinuos, cuyo número se ha multiplicado nada menos que por 8,5 en lo que va de año respecto a los ocho primeros meses de 2019. Los fijos discontinuos son, en realidad, contratos a tiempo parcial “acumulado en el año”, aclara Miguel Ángel Malo Ocaña, profesor de Economía de la Universidad de Salamanca. La prueba definitiva de si se están disfrazando temporales como indefinidos se obtendrá cuando las empresas tengan que volver a llamar a estos trabajadores en la próxima temporada de actividad, adelanta Malo Ocaña. Si éstas no lo hacen, pueden reclamar como despedidos. “Porque esos contratos no obligan a nadie: la empresa puede no llamarles, y el trabajador puede tener otro empleo durante el periodo de inactividad”, apunta Felgueroso. Según destaca, además, ese aumento espectacular de los contratos fijos discontinuos ha tenido un efecto “muy pequeño” en la afiliación a la Seguridad Social.

A su juicio, la reforma laboral ha tenido impacto “en las estadísticas, pero no un impacto real en las condiciones de trabajo”. Sí que reconoce que un contrato indefinido proporciona “más garantías y más certidumbre” al asalariado que uno temporal. Si le despiden, su indemnización es mayor; también acumula antigüedad, recibe más formación y tiene derecho a más beneficios salariales y sociales. Pero Felgueroso teme otro efecto indeseado de la reforma laboral: que los indefinidos duren cada vez menos. “Son indefinidos, pero no fijos, aunque los llamemos así,”, advierte en la misma dirección Miguel Ángel Malo, quien recuerda que tras la reforma laboral de 1997 ya se comprobó que disminuyó la duración de este tipo de contratos. Ese año se creó un contrato indefinido para fomentar el empleo de mujeres, hombres mayores de 45 y menores de 30, parados de larga duración y discapacitados, que garantizaba una indemnización de 33 días, por tanto por debajo de los 45 días por año trabajado que se pagaba en los despidos improcedentes. Pero también se aprobaron bonificaciones en las cuotas a la Seguridad Social para incentivar a las empresas a ofrecer estos contratos. Y ocurrió lo inesperado: cuando acababan esos descuentos, el trabajador era despedido. Según un estudio publicado en 2010 por Funcas, el laboratorio de ideas de las cajas de ahorro, la tasa de despido de los trabajadores indefinidos sujetos a estas medidas de fomento fue hasta un 25% superior durante el primer año de contrato en el caso de las mujeres de más de 45 años, y de hasta un 45% superior en el de los hombres de esa edad, comparados con los que no habían recibido bonificaciones.

Felgueroso asegura que una parte muy importante de los contratos temporales en España son fraudulentos, no corresponden a actividades realmente temporales. De hecho, cifra en dos tercios los contratos temporales que son recontrataciones de trabajadores por la misma empresa, la mayoría de ellas en la hostelería, la agricultura y las administraciones públicas. Un porcentaje “exagerado” que no se cubría con fijos discontinuos porque las empresas los consideraban más caros. La reforma laboral, avanza, acabará con esos contratos temporales en fraude de ley. Pero también advierte de que hay un número considerable de contratos temporales que sí cumplen con las causas establecidas por la ley. Para lidiar con ese tipo de empleos, las empresas se encuentran ahora con una rigidez que antes no sufrían. Y, si tienen que cambiarlos por otros indefinidos, pueden terminar despidiendo igual que antes finalizaban los temporales.

Malo Ocaña introduce aquí otra vía de escape: la utilización fraudulenta del periodo de prueba de los contratos. Del mismo modo que ya se hizo con el contrato indefinido de apoyo a los emprendedores, que el Gobierno del PP vendió como el hallazgo estrella de la reforma laboral de 2012. Incorporaba un periodo de prueba inusualmente largo, un año, pero permitía el despido sin indemnización si el trabajador no lo superaba. Lo que dio pie a que muchas empresas echaran a sus empleados el día 364 del periodo de prueba, una práctica contra la que los juzgados de lo Social dictaron un buen número de sentencias. El Estatuto de los Trabajadores establece un periodo de prueba de seis meses para los técnicos titulados y dos meses para los demás trabajadores. Permite tres meses si la empresa tiene menos de 25 empleados.

El Ministerio de Trabajo ofrece datos sobre el número de personas que piden la prestación de desempleo tras no haber superado el periodo de prueba. Lo que puede tomarse como un indicador aproximado de cuántos trabajadores han sido despedidos por ese motivo. Su número empezó a aumentar en marzo de este año y alcanzó su máximo en mayo. De enero a julio sumaron 24.480 personas, un 38% más que en el mismo periodo de 2021, pero aún un 23,8% por debajo de 2019. Malo Ocaña dice que habrá que esperar aún para comprobar si este fraude va más allá de una primera alarma lanzada desde algunos despachos de abogados y tiene trascendencia estadística.

Florentino Felgueroso también hace notar que el descenso de los contratos temporales por circunstancias de la producción, el temporal típico ahora que ha desaparecido el de obra y servicio, fue más acusado en los primeros meses del año que durante el verano, cuando la temporada alta del turismo estimula el recurso al empleo estacional. En efecto, llegaron a su mínimo en abril, con 555.099 contratos, pero repuntaron a partir de entonces hasta alcanzar su máximo, 775.204 en julio. Aun así, muy por debajo del millón que superó julio en 2019.

Además, en plena pérdida de fuelle de los contratos temporales, las empresas están trasladando su modalidad de contrato más corta, por debajo de siete días, a la siguiente, entre siete y 15 días. Así, en el acumulado hasta agosto, la única categoría que crece respecto a 2021 y 2019 es la de los contratos de entre una y dos semanas, que suman 639.417, un 11% más que el año pasado y un 0,5% más que antes de la pandemia. Lo que no ha mejorado mucho es la duración media de los contratos. Aunque llegó a situarse en 60,63 días en marzo, no ha dejado de caer desde entonces, hundiéndose en sólo 39 días en agosto. En cualquier caso, en lo que va de año permanece en 49 días, sólo un poco por encima de la duración media hasta agosto de 2019.

Para Florentino Felgueroso, el indicador más fidedigno del impacto de la reforma laboral será menos el descenso de la tasa de temporalidad –el 22,3% en junio, cuatro puntos menos que en 2019– que el número anual de horas trabajadas. “Esa será la señal de que se ha reducido la pobreza laboral”, recalca, “que los trabajadores más precarios hayan aumentado su retribución anual porque han podido trabajar más horas”.

El pasado febrero, cuando la reforma laboral apenas había comenzado a surtir efectos, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, proclamó en una entrevista en El País que con la nueva norma se había acabado “despedir los viernes para contratar el lunes”. Pero lo cierto es que, de momento, las empresas no han cambiado esa pauta de comportamiento. Las estadísticas de afiliación diaria de la Seguridad Social siguen en agosto el mismo ritmo de siempre. El 1 de agosto se dieron de alta 282.355 afiliados, pero se dieron de baja aún más, 339.960. El último día del mes perdieron su trabajo 320.052 personas. Y continúan hinchadas las cifras de altas y bajas cada lunes, cuando se triplican las de cualquier otro día de la semana. Es decir, se sigue contratando y despidiendo a mansalva semana a semana y mes a mes.

La reunión de este miércoles en la mesa de diálogo social sobre la reforma laboral resultó “más brusca” que de costumbre. Era la primera vez que acudían a la cita los directores generales enviados por Economía y Seguridad Social y que, por orden de Moncloa, se han incorporado a las negociaciones con sindicatos y empresarios que lidera desde marzo el Ministerio de Trabajo. “El ambiente estuvo enrarecido desde el primer momento, aunque los dos nuevos invitados no abrieron la boca, solo tomaron apuntes”, reconoce una de las personas que acudió a la cita.

El encuentro se producía después del enfrentamiento interno en el seno de la coalición sobre “la metodología” de coordinación entre ministerios, pero también sobre el fondo de la reforma laboral e incluso sobre si lo que está encima de la mesa es la derogación o no de la legislación introducida por el PP en 2012, tal y como especifica el acuerdo de Gobierno. La paz se volvió a sellar el martes personalmente entre Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, con el blindaje del presidente a la hoja de ruta marcada desde la vicepresidencia segunda e incluso con la aceptación del término “derogar”.

Hay quienes interpretan, sin embargo, que la patronal quiere ahora sacar provecho de las últimas turbulencias para adoptar una posición de fuerza. De hecho, los representantes de la CEOE llegaron a la cita del miércoles con posturas mucho más inflexibles que la semana anterior sobre asuntos como la tasa de temporalidad del 15% o incluso con críticas a la reforma de las pensiones (que se discute en otra mesa de diálogo social) y a las nuevas propuestas sobre negociación colectiva.

Indemnización por despido

En mitad del cruce de reproches y con todas las partes en posiciones menos proclives al entendimiento que tan solo siete días antes, los representantes sindicales respondieron a la actitud de la CEOE endureciendo también el tono. “Aquí posiciones maximalistas tenemos todos”, se oyó en la sala. En ese momento, el representante de UGT pidió la palabra para poner encima de la mesa la vuelta a la indemnización de 45 días por año trabajado que el PP redujo a 33 días en el caso de los despidos improcedentes. “Eso no está en el perímetro de la negociación”, le contestaron.

En efecto, la reforma laboral que está en marcha y que el Gobierno se compromete a que suponga “la derogación” de la impulsada por Mariano Rajoy en 2012, no contempla revertir el abaratamiento del despido impulsado durante la anterior crisis económica. Algo que tampoco incluye el acuerdo de coalición que alcanzaron PSOE y Unidas Podemos. Ese capítulo, el de la reforma laboral, fue una de las batallas políticas más enquistadas hasta el final a la hora de redactar el pacto de Gobierno entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Yolanda Díaz, reacia entonces a aceptar el cargo de ministra de Trabajo, defendió que solo concebía esa responsabilidad si era para “derogar” los recortes a los derechos de los trabajadores implementados por el PP en 2012. En el PSOE preferían acotar el impacto de la reforma hablando tan solo “de los aspectos más lesivos”. Sánchez e Iglesias zanjaron a última hora la disputa llegando a una formulación intermedia.

El apartado 1.3 es un epígrafe titulado “Derogaremos la reforma laboral. Recuperaremos los derechos laborales arrebatados por la reforma laboral de 2012”. Pero, a continuación, se apostilla: “En concreto, y con carácter urgente”. Tras esos dos puntos se enumeran hasta seis medidas en el programa de Gobierno. Alguna de ellas ya se ha llevado a cabo, como la derogación de “la posibilidad de despido por absentismo causado por bajas por enfermedad”. El resto tienen que ver con la negociación colectiva, la subcontratación y la temporalidad, los aspectos que ahora se discuten en la mesa de diálogo y que ya han sido comprometidos en el famoso Componente 23 enviado a Bruselas a cambio de los fondos europeos. No existe mención alguna a la reversión del abaratamiento del despido llevado a cabo en su día por la reforma laboral de Fátima Báñez y que supuso uno de los principales recortes en materia de derechos laborales para los trabajadores.

Objetivo: acabar con la temporalidad

Pero más allá de lo firmado en el pacto de coalición, desde el Gobierno se argumenta que el principal problema que afrontan a día de hoy los trabajadores españoles no es la indemnización que cobran tras ser despedidos si no las causas de la terminación de los contratos, temporales y precarios en un gran número de casos. “Si te hacen un contrato por dos días sueltos y la semana que viene otro igual, la indemnización es lo que menos te preocupa, porque es casi nada. Estamos centrados en acabar con la temporalidad, que es el gran problema de nuestro mercado laboral, tal y como indica Bruselas”, argumentan desde el Gobierno.

“El objetivo es que se despida menos, que se destruya menos empleo y que el que se cree sea más estable y menos precario”, explican desde el Ministerio de Trabajo. Precisamente, en la negociación sobre la reforma laboral otro de las medidas de mayor impacto que se aborda es la permanencia de los ERTE como mecanismo de flexibilidad interna alternativa al despido. En ese sentido, la consonancia es total entre el Ministerio de Trabajo y el área económica de la Moncloa, que coinciden en que escenarios “como que el convenio del sector esté por debajo del de la empresa son mucho más lesivos para los trabajadores” que la cuantía de las indemnizaciones por despido. “La receta que estamos abordando es clara: que crezcan los salarios, que mejore la negociación colectiva y que la temporalidad y la precariedad dejen de estar en los niveles tan extraordinarios de hoy en día”, resumen desde la vicepresidencia segunda.

Ahora, las negociaciones encaran su recta final, teniendo en cuenta que el Gobierno aspira a que la reforma pueda estar lista en el mes de noviembre para poder ser enviada a Bruselas antes de final de año, tal y como está comprometida en el Plan de Recuperación. Que cuestiones como la del encarecimiento del despido queden aparcadas también son interpretadas en todas las partes como un margen de maniobra que los empresarios podrían aprovechar en esta ocasión para sumarse al acuerdo. En ese sentido, el propio presidente del Gobierno y la vicepresidenta Yolanda Díaz han manifestado su intención de apurar todas las opciones para alcanzar un consenso en el que esté la CEOE. “Esta vez, a diferencia del SMI, tienen incentivos. Si entran saben que algo pueden rascar. Están endureciendo sus posturas porque llega la parte decisiva de la negociación, pero hay margen para el acuerdo”, concluyen fuentes de la negociación.

El Gobierno aprobó este viernes subir en 2019 las pensiones contributivas un 1,6%, y un 3% las mínimas y no contributivas. Además, los pensionistas recibirán antes del 1 de abril una paga por la décima en que ha superado la media del IPC de los últimos 12 meses –un 1,7%– el alza del 1,6% concedida para este año. Sin embargo, el Ejecutivo no ha derogado el Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP), creado en la reforma de 2013 y que limitaba el aumento de las pensiones al 0,25% anual siempre que la Seguridad Social cierre con déficit, como ha sido el caso desde 2012. Ese índice ha dejado de aplicarse este año, por iniciativa del Gobierno del PP tras las multitudinarias protestas de los pensionistas, y tampoco se aplicará el próximo, tal y como acaba de ser aprobado por el Consejo de Ministros.

Pese a que el borrador del macrodecreto de medidas sociales y laborales establecía como nuevo mecanismo para revalorizar las pensiones contributivas la media del aumento interanual del IPC entre diciembre de un año y noviembre del siguiente y para las no contributivas, la propuesta que hiciera el Ministerio de Trabajo según evolucionaran el IPC, los salarios, la economía y “las posibilidades económicas de la Seguridad Social”, en la versión final del documento han desaparecido ambas fórmulas. La subida de las pensiones según evolucionara la media del IPC interanual de los últimos 12 meses fue, de hecho, la propuesta que el secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, dijo haber enviado a la Mesa de Diálogo Social el pasado día 20.

Fuentes del departamento niegan que el Gobierno haya “renunciado” a derogar el IRP, sino que se ha dado un plazo de seis meses para diseñar un nuevo sistema de revalorización de las pensiones “en el marco del Diálogo Social y de acuerdo con las recomendaciones de la Comisión del Pacto de Toledo”. El IRP queda suspendido, pero el nuevo mecanismo se basará siempre, recalcan, en el mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas.

La semana pasada los sindicatos pidieron al Gobierno que les presentara “expresamente” en la mesa de Diálogo Social la derogación de la reforma de las pensiones de 2013, que incluiría la supresión definitiva no sólo del IRP sino también del factor de sostenibilidad –un coeficiente reductor de la prestación según la esperanza de vida de cada generación–, cuya entrada en vigor se ha retrasado hasta 2023. El Ejecutivo, según indicaron fuentes sindicales, se comprometió a informarles de su propuesta en un plazo de 48 horas. Finalmente, el último real decreto-ley del año ha dejado en el aire el futuro de ambos mecanismos.

En cualquier caso, la Comisión del Pacto de Toledo alcanzó en septiembre un principio de acuerdo, con un texto de mínimos, para que las pensiones se actualicen de acuerdo con el IPC real –es decir, si al final de año la inflación se desvía de la previsión del Gobierno, ese desajuste deberá ser compensado–. Esa subida deberá garantizar tanto el equilibrio financiero del sistema público de pensiones como su “equilibrio social”. Lo que no está claro es si el IPC se modulará o no con otros indicadores como los salarios o el PIB. Los grupos de la izquierda se oponen a que se toque el IPC, mientras que PP, Ciudadanos y PDeCAT lo consideran necesario para garantizar la sostenibilidad del sistema. En resumen, habrá que esperar aún unos meses más para saber cuál va a ser la fórmula definitiva que revalorizará las pensiones públicas.

Pensión contributiva mínima: 633,7 euros al mes

De momento, la subida de las pensiones tendrá un coste de 2.591,65 millones de euros por el 1,6% y de otros 244,66 millones por la décima adicional que se abonará en la paguilla antes de abril de 2019.

La pensión contributiva mínima de jubilación queda en 633,7 euros mensuales y la no contributiva en 392 euros. La contributiva máxima sube hasta 2.659,41 euros al mes. También aumentan las pensiones de viudedad, de forma que ya se calculan aplicando el 60% de la base reguladora, tal y como obligaba al Gobierno la reforma de las pensiones de 2011. Así, la pensión mínima de viudedad se iguala a la mínima contributiva.

En 2019 la subida prevista de las pensiones contributivas volverá a ser del 1,6%. En la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cifró en seis décimas la ganancia en poder adquisitivo que esa mejora iba a suponer para los pensionistas. Es decir, preveía una inflación para el próximo año de sólo el 1%, cuando el Banco de España, Funcas y BBVA Research, entre otros analistas e instituciones, la sitúan muy por encima, hasta el 1,6%. A preguntas de los periodistas, Sánchez aseguró que la previsión del Gobierno es que el IPC termine en 2019 por debajo del 1,2% en que ha cerrado este mes de diciembre.

El Iprem, sin subida de momento

También ha dejado en suspenso el Gobierno el alza del Iprem, el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, que se creó en 2004 para sustituir al Salario Mínimo Interprofesional (SMI) como referencia en el cálculo de las rentas necesarias para obtener subsidios o ayudas. En el borrador del macrodecreto se incluía una “posible” subida del 2%, hasta situarlo en 548,6 euros mensuales. Finalmente, sin embargo, la mejora del indicador se ha dejado para los Presupuestos de 2019, según han indicado fuentes del Ministerio de Trabajo.

El Iprem permaneció congelado siete años, desde 2010 hasta 2016, subió un 1% en 2017 y ha vuelto a quedar congelado este año.

El macrodecreto incluye la subida de las bases mínimas y máximas de cotización. Las primeras, obligadas por el alza del salario mínimo en un 22,3%, hasta 900 euros mensuales. Las segundas aumentarán un 7%, hasta 4.070,1 euros. De forma que la recaudación de la Seguridad Social crecerá unos 2.350 millones de euros el próximo año, si se cumplen las previsiones del Ejecutivo. Subirá igualmente la base mínima de cotización de los autónomos, un 1,25%, hasta los 944,4 euros. El aumento será, no obstante, provisional, hasta que los trabajadores por cuenta propia comiencen a cotizar por sus ingresos reales. A cambio, los autónomos quedarán cubiertos en los casos de enfermedad común, accidente laboral, formación y cese de actividad –equivalente a la prestación de desempleo de los asalariados, que podrá durar hasta dos años–.

Otro cambio afectará a los becarios y contratados en prácticas, que a partir de ahora cotizarán a la Seguridad Social aunque no cobren un sueldo. Tanto los universitarios como los estudiantes de Formación Profesional. El Gobierno se compromete a detallar antes de tres meses en el correspondiente reglamento cómo se asimilarán los becarios a cualquier otro trabajador asalariado.

Prórroga del Subsidio Extraordinario de Desempleo

Entre las medidas de carácter laboral aprobadas en el macrodecreto figura la supresión del contrato indefinido de apoyo a los emprendedores, la creación estrella de la reforma laboral de 2012, así como la ampliación a los 30 años –vuelven a estar restringidos a los jóvenes de hasta 25 años– de los contratos de formación y aprendizaje. Ambas iniciativas tenían una vigencia limitada: hasta que la tasa de paro fuera inferior al 15%. En el tercer trimestre la Encuesta de Población Activa (EPA) ya la situó en el 14,55%. Por el mismo motivo han sido eliminados los incentivos de que gozaban los contratos de formación a tiempo parcial, los contratos indefinidos de jóvenes en microempresas y los contratos del primer empleo joven.

Igualmente ha sido derogada la ayuda de acompañamiento al salario –430 euros– de los jóvenes inscritos en el Sistema de Garantía Juvenil, que el Gobierno critica por su “escasa eficacia” y porque creaba distorsiones: en algunos casos los tutores cobraban menos los trabajadores a los que formaban.

Además, para intentar frenar el aumento de los contratos hiperbreves, cuyo número se ha duplicado durante la crisis, el Gobierno ha elevado del 36% al 40% el recargo en las cuotas que las empresas pagan por cada uno de estos trabajadores cuando el contrato tenga una duración igual o inferior a cinco días. En principio, la idea era que afectara a todos los que no duran más de siete días.

También se ha incluido la jubilación forzosa por edad, que podrá incorporarse a los convenios colectivos siempre que esté vinculada a planes para el relevo generacional en las empresas y el trabajador haya cotizado el tiempo necesario para tener derecho a la pensión completa. El Gobierno ha prorrogado el Subsidio Extraordinario de Desempleado (SED), creado en julio en principio con carácter temporal, mientras el Gobierno prepara el diseño de una nueva ayuda que sustituya tanto al SED como al Plan Prepara y el Programa de Activación para el Empleo (PAE), todos ellos destinados a dar cobertura a los parados de larga duración escasamente cualificados y sin otras rentas o subsidios.

Por último, el real decreto-ley excluye la aplicación de la subida del SMI a conceptos no salariales incluidos tanto en normas municipales y autonómicas como en convenios colectivos y contratos privados.

El Ministerio de Trabajo derogará el contrato estrella de la reforma laboral, el indefinido de apoyo a los emprendedores, en el real decreto-ley sobre medidas urgentes que aprobará este viernes el Consejo de Ministros, según han confirmado a infoLibre fuentes del departamento.

Tanto la vigencia de ese tipo de contrato como de otra serie de medidas laborales estaban condicionadas a que la tasa de paro se mantuviera por encima del 15%. Como, según la Encuesta de Población Activa (EPA), la tasa ha caído hasta el 14,55% en el tercer trimestre, el Gobierno debía decidir qué hacer con el contrato de apoyo a los emprendedores, a favor de cuya supresión se había manifestado Trabajo en repetidas ocasiones por los malos resultados en la lucha contra la temporalidad que le atribuye.

Pese a su nombre –“indefinido”–, el hecho de que permitiera un inusual periodo de prueba de un año lo ha convertido en un contrato temporal más. Al menos a tenor de las estadísticas del propio ministerio. Del poco más de un millón de este tipo de contratos que se han firmado desde su creación, en febrero de 2012, hasta ahora, sólo el 27% se acogieron a las ventajas fiscales y bonificaciones de cuotas a la Seguridad Social que ofrece al empresario. Porque, para no tener que devolver esos incentivos, la empresa estaba obligada no sólo a no despedir al trabajador sino también a mantener la plantilla durante tres años.

Así que la mayor parte de los empresarios preferían no acogerse a los incentivos y aprovechar que podía prescindir del trabajador al cabo de un año sin tener que indemnizarlo: una media del 40,2% de los trabajadores con contratos de apoyo a emprendedores bonificados entre 2012 y octubre de 2018 fueron despedidos antes de terminar el año, con el argumento de que no habían superado el periodo de prueba. Es más, transcurridos el plazo de los tres años, sólo el 34,67% de los contratos seguían vivos.

No obstante, la norma mantiene la vigencia y condiciones de los contratos de este tipo firmados antes de la entrada en vigor el real decreto-ley, incluidos los registrados entre la fecha de publicación de la EPA que establece la tasa de paro del 14,55% y la fecha de la derogación.

La norma también suprime las bonificaciones y reducciones de cuotas a la Seguridad Social que disfrutaban los contratos a tiempo parcial vinculados a la formación, los contratos indefinidos para jóvenes en microempresas, los contratos en prácticas y los de primer empleo joven, todas ellas condicionadas a la bajada de la tasa de paro del 15%. Lo mismo sucede con los contratos de formación y aprendizaje, que desde 2011 ampliaron de 25 a 30 años la edad de los trabajadores que podían firmarlos. Ahora vuelve a limitarse a los menores de 25 años.

El real decreto-ley elimina igualmente la ayuda económica de acompañamiento –430 euros– que cobraban hasta ahora los menores de 30 años inscritos al Sistema Nacional de Garantía JuvenilSistema Nacional de Garantía Juvenil cuando firman un contrato para la formación y el aprendizaje, así como las bonificaciones en las cuotas a la Seguridad Social de que disfrutaban los empresarios que convertían ese contrato en indefinido. Trabajo fundamenta la decisión en la ineficacia de esa ayuda. No sólo por el bajo número de solicitudes, sino también porque ha “tergiversado” las relaciones laborales: se daba el caso de que, gracias a recibir la ayuda, algunos alumnos cobraban más que los tutores que les asignaban en las empresas.

Otra de las medidas incluidas en el macrodecreto laboral es una modificación en el Estatuto de los Trabajadores para permitir que los convenios colectivos incluyan cláusulas de jubilación forzosa por edad para favorecer el relevo generacional en las empresas. Se trata de una iniciativa pactada con la patronal y los sindicatos en la Mesa de Diálogo Social, que permitirá a las empresas jubilar a los trabajadores siempre que hayan contribuido durante el tiempo suficiente para tener derecho a la pensión completa.

Subsidio extraordinario de desempleo

La Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios trató este miércoles el contenido del macrodecreto, lo mismo que han hecho esta mañana los ministerios de Economía y Hacienda. Además del contrato de apoyo a los emprendedores, examinaron el Subsidio Extraordinario de Desempleo (SED), que también resulta afectado –pero en sentido contrario– por la reducción del paro. Por ley el SED sólo podía seguir prorrogándose –cada seis meses– mientras la tasa se mantuviera por encima del 15%. Trabajo quiere eliminar ese carácter temporal del SED para evitar que sus beneficiarios queden desprotegidos. En el borrador del real decreto-ley el Ejecutivo se compromete a presentar un nuevo modelo de protección por desempleo asistencial, que negocia con sindicatos y patronal, en los cuatro primeros meses de 2019. Hasta entonces, quienes hayan agotado el Plan Prepara y el Programa de Activación para el Empleo (PAE), ambos destinados a parados de larga duración sin otro tipo de ayudas ni rentas, podrán seguir acogiéndose al SED, que desde el pasado julio sustituye a esos dos planes. Tanto el Plan Prepara como el PAE dejaron de admitir nuevos beneficiarios el 30 de abril.

El Ministerio de Trabajo también presentó a la Comisión de Secretarios y Subsecretarios un artículo que faculta al Gobierno a determinar cada año en el real decreto que fije el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a quién afecta y a quién no su subida. El texto reconoce que con el extraordinario aumento del 22,3% decidido para 2019, se hace necesario permitir que se “desvinculen” del alza “las normas no estatales y los negocios jurídicos de naturaleza privada vigentes en el momento de entrada en vigor” de dicha subida. Algunas empresas se han quejado de que la ley les impide repercutir los aumentos salariales en el precio con que se les adjudicaron los contratos.

Finalmente, el Gobierno quiere rebajar a 20 el número de jornadas necesarias para acceder al subsidio de desempleo en el caso de los trabajadores eventuales agrarios afectados por las lluvias torrenciales el pasado octubre en Andalucía. En general, se necesita haber trabajado 35 jornadas para cobrar esta ayuda.

Este conjunto de iniciativas en materia de empleo van incluidas en el real decreto-ley de medidas urgentes en Seguridad Social de este viernes, que incluirá: desde la subida de las bases máximas de cotización y el aumento de cotización al 40% para los contratos de menos de cinco días de duración, hasta el alza de la base de cotización de los trabajadores por cuenta propia o las multas a las empresas que utilicen falsos autónomos.

El Gobierno anunció en julio su intención de suprimir el contrato indefinido de apoyo a los emprendedores, la creación estrella de la reforma laboral de 2012. La secretaria de Estado de Empleo, Yolanda Valdeolivas, lo justificó en el hecho de que ese tipo de contrato “ni ha dado los frutos deseados ni ha frenado la temporalidad”. “No es un contrato indefinido”, abundó. Por el contrario, puede servir a su juicio para “torcer” el principio general de que siempre debe haber una causa para ofrecer un contrato temporal.

En todo caso, la propia ley preveía la caducidad del contrato de apoyo a emprendedores, al menos tal y como está formulado, cuando la tasa de paro bajara hasta el 15%. A falta de saber cómo va a terminar el año, en el último trimestre se recortó hasta el 14,55%, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA).

Cuando lo creó, la entonces ministra de Empleo, Fátima Báñez, presentó el nuevo contrato como “una buena herramienta para reincorporar a los jóvenes al mercado laboral”, adaptada a un tejido empresarial en el que el 95% de las empresas son pymes. “Es una apuesta por la contratación estable”, aseguraba con cada nueva cifra sobre el número de contratos firmados y mientras subrayaba que su tasa de supervivencia era “la misma” que la de los indefinidos ordinarios.

Pero, casi siete años después de su creación, los datos sobre el contrato indefinido de apoyo a los emprendedores desmienten a la exministra y dan la razón a quienes lo criticaban. Los sindicatos siempre lo han considerado un contrato temporal encubierto con despido gratuito que, de indefinido, sólo tiene el nombre. “Subvenciona al empresario un contrato indefinido que cuenta con peores condiciones laborales para el trabajador y una supervivencia inferior a la del indefinido ordinario”, argumentaba CCOO en 2016 tras realizar un estudio sobre el contrato estrella de la reforma laboral.

La polémica nunca ha abandonado a esta figura, que establece un periodo de prueba muy amplio, de un año, cuando el Estatuto de los Trabajadores fija un máximo de seis meses para los técnicos titulados y de dos meses para el resto de los asalariados. Una vez acabada esta etapa de prueba, el empleado no tiene derecho a indemnización si el empresario decide que no la ha superado. De ahí que los sindicatos consideraran que el contrato regala a la empresa un contrato temporal de un año con despido gratis. Por el contrario, el Tribunal Constitucional rechazó en 2014 un recurso del Parlamento de Navarra y avaló la legalidad de un periodo de prueba tan amplio con el argumento de que cumple la “legítima finalidad de potenciar la iniciativa empresarial como medio para facilitar el empleo estable”.

Además, lo pueden suscribir, tanto para jornadas a tiempo completo como a tiempo parcial, sólo las empresas de menos de 50 trabajadores a las que da derecho a deducciones fiscales y bonificaciones en las cuotas a la Seguridad Social. Las primeras, de 3.000 euros en la cuota íntegra si el contratado es menor de 30 años o, si es un desempleado, del 50% de la cuota íntegra correspondiente a la prestación de paro a la que tenga derecho ese trabajador. Las segundas ascienden a 3.300 euros durante tres años si el contratado tiene menos de 30 años, a las que se añaden 100 euros anuales si, además, es una mujer. En caso de que el trabajador supere los 45 años, el empresario también puede deducirse 1.300 euros anuales de las cotizaciones, que se elevan a 1.500 euros si la contratada es una mujer.

Eso sí, la empresa debe devolver estas ayudas si despide al trabajador antes de tres años y si no mantiene la plantilla intacta sin despidos durante el primer año. Y esa obligación ha resultado ser el resquicio por donde han quedado a la vista las costuras del contrato.

Sólo el 27% de los empresarios aprovecha las deducciones

Desde febrero de 2012, cuando se aprobó la reforma laboral, hasta el pasado mes de octubre, se han registrado un total de 1.059.832 contratos de apoyo a emprendedores. Representan el 15,3% de los 6,92 millones de contratos indefinidos que se han firmado en estos siete años. Por comparar volúmenes: en España se suscriben cada año unos 20 millones de contratos, de los cuales el 90% son temporales. El número de contratos de apoyo a los emprendedores ha ido creciendo al mismo tiempo que aumentaba el empleo con la recuperación económica. Así, pasaron de 78.721 en 2013, cuando apenas equivalían al 10,8% de los indefinidos, a 246.827 en 2017, cuando ascendían al 19,86%. Hasta octubre de 2018 ya han alcanzado los 251.316, según datos facilitados por el Ministerio de Trabajo.

Pese a las ventajas fiscales y bonificaciones a disposición de los empresarios, no todos ellos las aprovechan. De hecho, la mayoría prefiere prescindir de los incentivos. El año en que se suscribieron más contratos con incentivos fue el primero de su aplicación, en 2012: el 45% de ellos los incluían. Desde entonces, ese porcentaje no ha hecho más que caer. En 2015 fueron sólo el 18,75% –24.265 contratos– y en lo que va de este año están sólo un poco por encima, el 18,94% –47.587 contratos–. En resumen, la media para los siete años que lleva en vigor el contrato es del 27%.

Para los sindicatos, ésta es una señal de que el principal atractivo del contrato de apoyo a los emprendedores para las empresas es la posibilidad de prescindir del trabajador al acabar el año de prueba sin tener que indemnizarlo, o la de mantenerlo como máximo tres años y luego despedirlo sin tener que devolver las bonificaciones y deducciones fiscales.

Es más, según las estadísticas del ministerio, el ejercicio en que más contratos con bonificación sobrevivieron al año fue 2012, con el 62,53%, 21.756 trabajadores. Después, el porcentaje ha ido bajando hasta el 57,86% de 2017, 32.516 trabajadores. Es decir, una media del 40,2% de los trabajadores con contratos de apoyo a emprendedores bonificados fueron despedidos al cabo de un año sin indemnización por no haber superado el periodo de prueba.

Trabajo también ha hecho la cuenta con los contratos que fueron rescindidos, pese a haber aprovechado las bonificaciones, una vez transcurridos los tres años en que la norma obliga a mantener al empleado. De los firmados en 2012, seguían vivos al alcanzar 2015 sólo el 35,8%; de los registrados en 2013, sólo el 35,09%, y de los correspondientes a 2014, menos aún, el 33,13%. Un 34,67% de promedio. Habrá que esperar a que transcurran los tres años para saber qué ha pasado con los contratados con esta figura a partir de 2015.

En su estudio de 2016, CCOO comparó la tasa de supervivencia de este contrato al cabo de un año con la de los indefinidos ordinarios. Frente a una media del 43,1% en los contratos de emprendedores no bonificados y del 59,2% en los bonificados, el nivel de supervivencia de los indefinidos al uso se elevaba, con datos hasta 2015, al 62%. De cada dos contratos de apoyo a los emprendedores, sólo 0,98 seguía vivo un año despuésvivo. Entre los indefinidos ordinarios la tasa de supervivencia es un poco más alta: superan el año 1,24 de cada dos.

Empleos de baja cualificación

También proporciona una idea de cuál ha sido la breve historia de esta figura contractual la lectura de en qué sectores y categorías laborales ha sido más utilizado. Según las estadísticas del Ministerio de Trabajo correspondientes al pasado mes de noviembre, más de la mitad de los 23.548 contratos de este tipo los registraron ese mes empresas de los sectores de la hostelería –el 30,56%– y el comercio –21,64%–. El 55% de los trabajadores con este contrato eran dependientes, camareros, vigilantes de seguridad y cuidadores o empleados en ocupaciones elementales –peones y otros no cualificados–. El nivel de estudios del 53% sólo alcanzaba la ESO y el del 27,5%, la Primaria. Si el foco se pone en la edad de los contratados, el 37,5% tenía menos de 30 años y el 26,5%, más de 45 –los dos tramos con incentivos–.

Además, el contrato tuvo su propio recorrido judicial. La primera sentencia de un juzgado de lo Social que declaró improcedente el despido de un peón con este tipo de contrato criticaba que su puesto, “llevar neumáticos de un sitio a otro”, no requería un año “para que el empleador evaluara sus capacidades”, menos aún cuando el convenio del sector establecía un periodo de prueba de sólo 15 días. En otra sentencia posterior, un juzgado de Tenerife condenó a una empresa hotelera con una plantilla habitual de 20 personas, que había suscrito 91 contratos de apoyo a emprendedores y los había rescindido todos, menos tres, cuando alcanzaban el año de prueba. A esos tres el hotel los despidió poco después igualmente. 

El Gobierno sigue confiando en las subvenciones de cuotas para empujar a las empresas a ofrecer contratos indefinidos a sus potenciales trabajadores. Criticadas por el descosido que hacen a los ingresos de la Seguridad Social –que terminará este ejercicio con el mayor déficit de su historia, 20.000 millones de euros–, el Ministerio de Empleo ha optado por sustituir las reducciones de cuotas por bonificaciones –que el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) cubre con sus propios presupuestos–. De esa manera no se perjudican las cuentas de la Seguridad Social, pero se mantiene en vigor un mecanismo cuya eficacia cuestionan de forma unánime académicos y economistascuestionan de forma unánime académicos y economistas.

Un estudio de las profesoras de la Universidad de Alcalá de Henares Inmaculada Cebrián y Gloria Moreno abunda en esta misma dirección. Ambas han investigado los efectos de estos incentivos en los trabajadores menores de 30 años. Y su conclusión es clara: no aumentan las probabilidades de que un joven acceda a un contrato indefinido. Sólo el 2,54% de los contratos firmados por menores de 30 años entre 2007 y 2014 se beneficiaron de las reducciones de cuotas, y sólo el 1,25% recibieron bonificaciones. Además, en 2007 ese último porcentaje era más del doble, un 3,3%. Desde entonces, no ha dejado de bajar. En cambio, desde que se instauraron las reducciones –las que hacen un agujero en los ingresos de la Seguridad Social–, éstas han crecido de un escaso 0,28% en 2011 al 2,54% de 2014.

Es decir, estas subvenciones no han tenido demasiado éxito entre los empresarios. De hecho, como ocurre también con los trabajadores de más de 30 años, el acceso al empleo se consigue casi siempre mediante un contrato temporal. “La decisión de contratar o no a un trabajador con un contrato indefinido tiene más que ver con las necesidades productivas de la empresa que con la facilidad para hacerlo”, aseguran las investigadoras. Es más, los incentivos terminan resultando poco atractivos porque obligan a las empresas a mantener la plantilla neta durante tres años. “Esta rigidez”, explican, “supone un mayor coste para la empresa que el hecho de correr con los costes laborales de entrada y salida de un contrato indefinido sin bonificar”.

Peor si es bonificado

De hecho, un joven tiene menos probabilidades de conseguir un empleo fijo si firma un contrato indefinido con bonificación que si carece de ella. Los que permiten un mayor acceso al empleo estable son las conversiones de temporales en indefinidos con bonificación, aun así no muy superior al que garantiza un indefinido sin cuotas subvencionadas.

Según el estudio, sólo el 9,8% de los contratos indefinidos subvencionados a tiempo parcial que fueron registrados a partir de 2007 seguían vivos a finales de 2013. Y sólo el 23,2% de los que tenían jornada a tiempo completo. Son los que menos tasa de supervivencia tienen. Los más duraderos, por el contrario, proceden de conversiones de temporales que han recibido bonificación: perviven el 52% de los que incluyen jornada a tiempo parcial y hasta el 71,4% de los de tiempo completo. Aunque la distancia de éstos con las conversiones sin bonificar es pequeña: sólo 4,6 puntos porcentuales.

Porque un contrato indefinido no siempre significa que el empleo también lo sea. En España la duración de los empleos fijos no llega ni a la mitad del tiempo total cotizado que podrían haber tenido, destacan las profesoras de la Universidad de Alcalá. En el caso de los jóvenes, la inestabilidad de estos contratos supuestamente seguros es aún mayor. Tras el primer año, la probabilidad de ser despedido es de un 45% por término medio. Si se trata de la conversión de uno temporal, la probabilidad es menor, un 30%. Pero es que sobreviven menos los indefinidos subvencionados –no llegan ni a la mitad de los que se firman– que los que no reciben incentivos, unos 10 puntos porcentuales menos. Al cabo de cinco años, la tasa de mortalidad de los contratos fijos se dispara y “no quedan vivos ni el 40% de los contratos indefinidos, en algunos casos, ni siquiera el 20%”.

Temporales usados como periodo de prueba

En consecuencia, subrayan Cebrián y Moreno, las subvenciones de cuotas ni han sido significativas por el número de los contratos que han facilitado ni porque hayan facilitado el acceso hasta una mayor estabilidad laboral de los jóvenes.

“Las empresas españolas aprovechan la contratación temporal para realizar una cata del trabajador, con el fin de averiguar su nivel de competencia y adecuación a sus necesidades”, apuntan Cebrián y Moreno. A su juicio, este comportamiento puede indicar que el periodo de prueba de los contratos indefinidos es insuficiente. Sin embargo, objetan, las empresas han utilizado más bien poco el llamado contrato indefinido de apoyo a los emprendedores, que brinda un inusual –y polémico, fue llevado hasta el Tribunal Constitucional– periodo de prueba de un año y que, además, permite recibir un importante paquete de incentivos. Lo creó la Ley 3/2012, la última reforma laboral, y en 2015 sumó 56.203 contratos, apenas el 0,9% de los contratos firmados con trabajadores menores de 30 años.

Igualmente disfrutan de exención total de cuotas a la Seguridad Social los contratos a jóvenes mientras la tasa de empleo no descienda hasta el 15% –se encuentra en el 18,9% según la última Encuesta de Población Activa (EPA)–. Además, la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven incluye una “tarifa joven” de 300 euros durante seis meses para contratos indefinidos.

Tasa de temporalidad del 53%

El objetivo de estas medidas es reducir la tasa de paro juvenil en España, la segunda más alta de Europa después de Grecia. Alcanza al 41% de los jóvenes, según la EPA del tercer trimestre: 1,16 millones de menores de 30 años no tienen trabajo. Un porcentaje que más que duplica la media de paro nacional. Además, la tasa de temporalidad de los menores de 30 años es mayor que la de los trabajadores adultos. En 2015 era del 53%, también el doble de la media nacional, después de haber aumentado a lo largo de toda la crisis. En 2007 el porcentaje de trabajadores temporales jóvenes era sólo cuatro puntos porcentuales superior a la del resto de la población ocupada; en 2015 la diferencia es de 14 puntos.

Lo mismo ocurre con los contratos a tiempo parcial. Si han aumentado para todos los ocupados desde que se aprobó la reforma laboral en 2012, entre los jóvenes se han disparado: la proporción de jóvenes con contratos temporales por horas, la fórmula más precaria, triplica a la de los mayores, resalta el estudio de la Universidad de Alcalá.

Esta profusión de contratos endebles se explica también por el tipo de puestos de trabajo y los sectores donde más se contrata a los jóvenes. Las ocupaciones en los que tienen más peso los contratos a menores de 30 años son los camareros, peones agrarios y dependientes de tiendas, que suman el 35,5%. Pues bien, igualmente es en estos sectores donde la probabilidad de acceder a un contrato indefinido es menor, advierten las investigadoras.

Alternando empleo y paro

Por regla general, los trabajadores, también los más jóvenes, alternan empleos temporales con periodos de paro o bien empleos temporales con indefinidos. Entre 2007 y 2013, los menores de 30 años tuvieron una media de ocho “episodios de empleo”, como los denominan Cebrián y Moreno, y uno de paro. “Aunque hay situaciones extremas”, precisan, “por ejemplo, hay al menos un individuo que ha llegado a tener más de 1.000 episodios de empleo”. Las profesoras de Alcalá han utilizado para el estudio la Muestra Continua de Vidas Laborales, un conjunto de datos individualizados extraídos de los registros de la Seguridad Social.

Incluso los jóvenes que sólo han tenido contratos indefinidos registran 1,6 episodios de empleo y 0,7 de paro. Lo que confirma la relativa inestabilidad de los contratos considerados seguros. Según los días de cotización registrados por la Seguridad Social, la duración media de un contrato de obra y servicio para un joven era de sólo 37 días en 2013, la mitad que en 2007. Un contrato eventual duraba 38,5 días en 2013; antes de la crisis llegaba a los 56,6 días. Los indefinidos también han perdido capacidad de supervivencia: en 2008 duraban 529,7 días –casi año y medio–, pero en 2013 sólo 394 –un año y un mes–.

El paro ha bajado hasta los 4,57 millones de personas, según los datos de la última Encuesta de Población Activa (EPA). Hoy la estadística del INE cuenta 536.000 ocupados más que en el primer trimestre de 2012. El empleo ha crecido hasta ahora a un ritmo del 3%, casi al mismo en que medra el PIB. Desde que comenzó a reactivarse la economía, en 2014, se han creado 1,6 millones de puestos de trabajo, a tenor del número de afiliados a la Seguridad Social. En cualquier caso, una cifra insuficiente para compensar los casi tres millones de empleos perdidos entre 2007 y 2013. y todo ello pese a que se firmaron el año pasado 18,6 millones de contratos, un 11,1% más que en 2014.

Y es que el empleo se está recuperando en España con los mismos defectos que tenía antes de la gran debacle laboral de 2009-2013. Aunque también han aparecido nuevos fenómenos preocupantes. No sólo porque se haya ralentizado el ritmo de creación de empleo en lo que va de año o por lo que pueda sufrir el mercado de trabajo nacional por culpa de la incontrolable coyuntura internacional se manifiesta la debilidad de la recuperación. Los talones de Aquiles de la contratación ayudan igualmente a explicar la anemia de ingresos de la Seguridad Social o el aumento de los trabajadores pobres.

COMBINAR CONTRATOS TEMPORALES Y PARO

España sigue siendo la campeona del trabajo temporal en Europa. La reforma laboral no ha conseguido alterar el tradicional abuso de este tipo de contratos. Con una tasa del 25,7%, España supera en 10 puntos la media de la UE. En 2014 y 2015 sólo el 8,1% de los contratos registrados fueron indefinidos. Un porcentaje que incluso se reduce en los meses de verano, con la temporada alta del turismo. Lo que conduce a otro de los vicios del mercado de trabajo nacional: la estacionalidad. Así, en otoño mueren miles de contratos firmados con la llegada del calor. Un nuevo contrato no siempre es un nuevo empleo.

De hecho, según resalta la última Memoria del Consejo Económico y Social (CES), el peso de las finalizaciones de contrato temporal como causa de desempleo no ha dejado de crecer y en 2015 supusieron el 82,6% de las altas en prestaciones de paro, casi dos puntos más que el año anterior. Es decir, explica la Memoria del CES, existe un elevado número de trabajadores que “combinan en el año periodos de empleo con periodos de paro”. En concreto, las cifras de quienes solicitan el subsidio de 426 euros porque no han podido cotizar lo suficiente para acceder a la contributiva arrojan la existencia de 648.400 personas que pasan por la rotación empleo-paro. La memoria habla de la “débil inserción en el empleo de un número considerable de personas”.

Pues bien, como queda dicho, ni la reforma laboral ni las generosas subvenciones a las empresas para que contraten trabajadores indefinidos han conseguido cambiar el dominio de la temporalidad. Es más, entre 2007 y 2015 el número de contratos fijos ha caído en 711.200, mientras el número de los temporales ha crecido en 665.400, según datos del CES. Sólo en ese último año, el número de asalariados con empleos temporales aumentó un 9,5%, mientras que el de quienes poseen un trabajo fijo creció sólo un 1,6%, muestra la EPA.

Además, los contratos eventuales se ceban en los más jóvenes. De los 2,2 millones de trabajadores menores de 30 años, 1,2 millones son temporales. De otra manera: aunque representan sólo el 13,1% del empleo, los jóvenes suponen el 31% de los contratados eventuales.

EL AUGE DEL CONTRATO ULTRABREVE

Aún peor: esos contratos temporales son cada día más breves. El pasado julio, la duración media de los contratos en España era de sólo 50,92 días –50,64 para las mujeres– cuando comenzó 2007 con 79,13 días. Sólo desde 2012, los contratos temporales han perdido casi 12 días de duración media. Cada vez tienen más peso los ultrabreves, de menos de una semana. Al término de 2015 representaban el 27% de los temporales, casi dos puntos más que en 2013: 4,6 millones de contratos no llegan a los siete días. La memoria del CES no duda en detectar un “desplazamiento” de las duraciones cortas, hasta un mes, hacia las muy cortas, hasta una semana. Lo que no deja de ser alarmante cuando el grueso de los contratos en España son ya de por sí efímeros: de los 17 millones suscritos en 2015, siete millones, el 41%, tuvieron menos de un mes de vida.

INDEFINIDOS convertidos EN TEMPORALES

Ocurre también que la temporalidad se contagia a otros tipos de contrato. Es el caso del contrato de apoyo a los emprendedores, en teoría con carácter indefinido. Sin embargo, como reveló UGT apoyándose en datos del propio Ministerio de Empleo, más de la mitad de los que se registran no superan el año de duración. Casi una cuarta parte muere a los tres meses. La razón estriba en que tiene un periodo de prueba de un año, lo que permite despedir al trabajador sin indemnizarlo antes de cumplirse ese plazo.

De hecho, pese a que está acompañado de un buen paquete de bonificaciones de cuota para las empresas, éstas prefieren no acogerse a ellas. El 96% se firman sin ellas porque la ley les obliga a devolverlas si despiden al trabajador antes de tres años y no mantienen el resto de la plantilla durante un año. El número de este tipo de contrato creció un 31% en 2015 respecto al año anterior, hasta sumar casi 130.000.

EL 35% SON A TIEMPO PARCIAL

Otra novedad en el panorama laboral poscrisis es el auge del trabajo a tiempo parcial. Aunque en 2015 ha ralentizado su crecimiento. Según el Ministerio de Empleo, en lo que va de año se han suscrito casi cuatro millones de contratos por horas. Éstos representan ya el 35% de todos los que se registran, y el 46,37% de los que firman las mujeres. Son la fórmula favorita de los sectores que más empleo están creando, el comercio y la hostelería. Y que también son los que peores salarios pagan.

Además, el 62% de estos trabajadores lo son a tiempo parcial porque no han encontrado un empleo a tiempo completo. En 2007 eran sólo el 31,4%. España es el cuarto país de la UE, sólo por detrás de Grecia, Chipre e Italia, por la involuntariedad del empleo a tiempo parcial.

SALARIOS MÁS BAJOS PARA EL MISMO TRABAJO

La combinación de contratos temporales, cada vez más breves y a tiempo parcial da como resultado inevitable salarios exiguos. Las empresas que buscan empleados ofrecen contratos poco estables cuyos sueldos se resienten. Según una encuesta realizada por la ETT Adecco entre 613 empresas y 2.655 trabajadores, el 58% de ellas admite haber contratado empleados en 2015 con salarios inferiores a los de quienes ejercen funciones similares en su plantilla actual. El 27,4% les paga un 15% menos, el 19,6% hasta un 30% menos. Un 2,8% ofreció a sus nuevas incorporaciones la mitad del sueldo que abona a sus trabajadores de igual nivel ya en plantilla.

El mismo informe explica que esta rebaja salarial la sufren no sólo los trabajadores más jóvenes que se incorporan al mercado, sino también los mayores de 45 años, que buscan una segunda oportunidad laboral tras haber sido despedidos de otra empresa.

SÓLO SE DISPARA EL EMPLEO EN LA HOSTELERÍA

Según Adecco, que corrobora los datos del INE al respecto, son los servicios los que peores salarios pagan a sus plantillas, una media de 18.968 euros, frente a los 24.129 euros de la industria. Pues bien, son los servicios el motor tradicional del empleo en España y eso no ha cambiado tras la crisis. El mayor crecimiento, tanto en términos absolutos como relativos, lo proporcionó en 2015 la hostelería, con un 10% y 141.900 nuevos ocupados, apunta la EPA. También es la hostelería la única rama de actividad que ha aumentado el número de sus trabajadores desde 2007, un 9,8%.

Por el contrario, el resto de los sectores continúa por debajo de los niveles precrisis: un 28,5% menos la industria, un 60,5% menos la construcción, un 9,3% el comercio o un 10,4% la agricultura. Para hacerse una idea del auge hostelero basta comparar su 10% de alza el último año con el 1,3% de la industria y el 2,7% de la construcción. En el automóvil, por ejemplo, uno de los sectores más potentes y con mejores convenios colectivos y salarios, el empleo sólo aumentó en 2015 un 0,2%: 500 puestos de trabajo más.

BAJA CUALIFICACIÓN

En conexión con esta tendencia, el CES, además, resalta que la creación de empleo se concentra en ocupaciones no cualificadas –un 6,2%– y administrativas –un 6%–. Aunque también hubo un volumen elevado de nuevos contratos por la parte más alta de las competencias profesionales, los técnicos, científicos e intelectuales. Es decir, se está polarizando la creación de empleo. Para el CES, las cifras ponen al descubierto los problemas de empleabilidad que están sufriendo amplios colectivos de trabajadores. Un desajuste entre la oferta y la demanda, entre las vacantes que se ofrecen y el nivel de cualificación de quienes buscan empleo.

La memoria cita además al Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (Cedefop), para advertir de que en los próximos años los nuevos empleos se crearán en los servicios y requerirán un grado medio o bajo de cualificación. En España, asegura el organismo comunitario, los puestos que más crecerán serán los de baja cualificación, mientras que descenderán los de media.

CCOO ha pedido que se elimine el contrato indefinido de apoyo a los emprendedores, que se introdujo con la reforma laboral del PP en 2012, ya que lo considera un "contrato temporal encubierto" que ha contribuido a "precarizar" esta modalidad de contrato. Según un estudio del sindicato, solo el 49,1% de los contratos indefinido de apoyo a emprendedores se mantiene transcurrido el periodo de prueba.

El contrato indefinido de emprendedores cuenta con una serie de ventajas al empresario para incentivar su uso, como el periodo de prueba de un año, bonificaciones y ventajas fiscales. Sin embargo, Comisiones Obreras ha explicado que lo que hacen estos contratos es "subvencionar al empresario la realización de contratos indefinidos que contarán con peores condiciones laborales para el trabajador y con una supervivencia laboral inferior a la del contrato indefinido ordinario, según los propios datos ofrecidos por el Gobierno de España".

Por ello, el sindicato ha señalado que, a pesar de las ventajas para el empresario, no suponen ninguna mejora para los trabajadores asalariados, ya que "tienen menos de indefinidos que los contratos ordinarios".

Basándose en datos del Gobierno, han denunciado que solo el 49,1% de los contratos indefinidos de apoyo a emprendedores sigue vigente transcurridos 13 meses desde la contratación, tras el periodo de prueba de 12 meses, frente al 62% del resto de los contratos indefinidos iniciales. Es decir, con el contrato indefinido de apoyo a emprendedores la posibilidad de que el trabajador mantenga el puesto de trabajo es menor que con un contrato indefinido ordinario, según CCOO.

También ha constatado que los contratos indefinidos para emprendedores que generan beneficios fiscales al empresario tienen una supervivencia mayor pasados los 13 meses (59,2%), frente a los no bonificados (43,1%).

Por otra parte, el estudio realizado por CCOO con datos del Gobierno refleja una mayor rotación laboral y temporalidad asociada al contrato indefinido para emprendedores frente al resto de contratos indefinidos iniciales, ya que "hace falta firmar 2,04 contratos de emprendedores para consolidar un empleo indefinido que al menos perviva 13 meses".

En cuanto a los contratos indefinidos ordinarios, el sindicato reconoce que también existe una rotación laboral y temporalidad pero "claramente menor", ya que "solo es necesario que se firmen 1,61 contratos indefinidos para consolidar un empleo indefinido que al menos perviva 13 meses".

Por todo esto, CCOO ha pedido que, en cuanto se constituya un nuevo gobierno, se inicie la negociación de un nuevo marco de modalidades de contratación y se elimine el contrato indefinido de apoyo a los emprendedores, que es "un contrato temporal encubierto, contrario a la naturaleza del periodo de prueba, que precariza las condiciones laborales, e incompatible con los marcos normativos internacionales, relativos a los principios del trabajo decente y estabilidad en el empleo".

“La primera medida que tomará el próximo Gobierno socialista será derogar la reforma laboral de Rajoy”.derogar la reforma laboral Fue la promesa de Pedro Sánchez, una vez superadas las divisiones en su propio partido y los titubeos públicos sobre la conveniencia de anular una reforma que ha infligido un “intolerable recorte de los derechos de los trabajadores” y una “constante devaluación de sus condiciones salariales”, como proclamaba el PSOE durante la pasada campaña electoral.

Sin embargo, en el Acuerdo para un Gobierno reformista y de progreso firmado por los socialistas y Ciudadanos, la primera víctima ha sido el compromiso de derogar la reforma laboral. Encabezaba el catálogo socialista de medidas “urgentes” en materia de empleo. Pero en el reciente pacto de gobierno ni se menciona. También ha desaparecido la rotundidad con que el PSOE exigía la supresión de otras iniciativas estrella de la reforma laboral de 2012.

CAMBIO UNILATERAL DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO

Así, los socialistas ya no proponen eliminar el procedimiento que “permite al empresario de forma unilateral” cambiar las condiciones de trabajo. Ahora, el empresario podrá seguir modificando de igual forma “la estructura y la cuantía del salario”, aunque sólo hasta un máximo del 5% y durante un periodo de 12 meses, tras los cuales deberá renegociar una prórroga del recorte.

PRIORIDAD DEL CONVENIO SECTORIAL SÓLO EN SALARIOS Y JORNADA

Lo mismo ha ocurrido con la prioridad del convenio de empresa sobre el convenio sectorial, una de las medidas de la reforma de 2012 más criticadas por los sindicatos. Antes, el PSOE planteaba su supresión salvo pacto en contrario firmado por la patronal y los sindicatos. Tras negociar con Ciudadanos, sólo prevalecerá el convenio sectorial sobre el de empresa en materia de jornada y salario base. Para el resto de las cuestiones, mandará siempre el contrato de empresa.

UGT y CCOO han saludado los puntos sobre negociación colectiva del acuerdo. Ambos sindicatos creen que se recupera la “autonomía colectiva” y el Diálogo Social. “La música no suena mal, se percibe que hay vocación de salir al paso del desaguisado en que las dos últimas reformas metieron a las relaciones laborales”, asegura el secretario de Organización de CCOO, Fernando Lezcano. El acuerdo conserva la propuesta socialista de elaborar un nuevo Estatuto de los Trabajadores a partir de la negociación de los agentes sociales durante un año. Igualmente se mantiene en la propuesta conjunta de PSOE y Ciudadanos la extensión de la ultraactividad  –prórroga automática de los convenios colectivos una vez caducados y mientras se negocia su renovación–  de los 12 meses actuales a 18. Si, transcurrido ese plazo, empresa y sindicatos no han alcanzado un acuerdo, deberán acudir al arbitraje. También ha sobrevivido la exigencia socialista de suprimir el arbitraje en última instancia sobre descuelgues que la reforma de 2012 encargó a la Comisión Consultiva Nacional de Convenios, otro procedimiento polémico que contó con el rechazo sindical.

BIENVENIDO EL CONTRATO DE EMPRENDEDORES Y EL DE TIEMPO PARCIAL

En el acuerdo con Ciudadanos se ha evaporado la supresión del contrato de apoyo a los emprendedores propuesta por el PSOE, una creación polémica desde su mismo nacimiento porque incluye un periodo de prueba inusualmente largo, un año, que sus detractores consideran la puerta al despido libre y gratuito  –si no supera el plazo de prueba, el trabajador no recibe indemnización alguna–. Además, se ha caído de la lista de iniciativas contra la precariedad el mayor control sobre los contratos a tiempo parcialmayor control sobre los contratos a tiempo parcial que el PSOE reclamaba en la campaña electoral. O la equiparación salarial de los trabajadores subcontratados con los empleados por la empresa principal.

CAUSAS DE DESPIDO MÁS CLARAS

Nada dice tampoco el acuerdo con Ciudadanos de recuperar las indemnizaciones de despido de 45 días en los despidos improcedentes –aunque Pedro Sánchez ya se manifestó durante la campaña en contra de recuperarlas–, ni de que los despidos colectivos vuelvan a necesitar autorización administrativa, que fue suprimida por la reforma de 2012. Otro de los aspectos más polémicos de la nueva regulación de los despidos fruto de la política del PP fue la definición de sus causas. Antes, los socialistas querían “recuperar la proporcionar y la razonabilidad” de las causas, que consideraban “desvirtuadas” por la reforma laboral. Ahora, se conforman con “clarificarlas mejor” a fin de “reducir una excesiva litigiosidad interpretativa”. Sin más precisiones.

Hay que recordar que fue la reforma laboral de 2010, ejecutada por el PSOE, la que introdujo la posibilidad de despedir por causas económicas sólo con que el empresario alegara “previsión de pérdidas”. La reforma del PP refrendó ese argumento e incluyó también la caída de los ingresos o ventas como causa económica. En estos años de miles de despidos, las empresas no han dejado de quejarse por las sentencias judiciales que los anulan o declaran improcedentes por culpa de la definición poco clara de las causas que podían alegar, también por el protagonismo que la ley concede a los defectos formales.

CONTRATO ÚNICO PERO TEMPORAL

Lo más llamativo del acuerdo en materia laboral es, sin duda, que el PSOE le ha comprado a Ciudadanos su medida más mediática: el contrato único con indemnización creciente. La idea lleva la firma de Luis Garicano, asesor económico del partido de Rivera y antiguo investigador de Fedea, una fundación en cuyo patronato figuran las principales compañías y entidades financieras del país. Según Fedea y Ciudadanos, el contrato único acabará con el abuso de los contratos temporales en España, un mal crónico del mercado laboral desde 1984. Entonces el PSOE descausalizó el contrato temporal, cuyo número creció hasta el punto de que cada mes hasta el 95% de los contratos que se registran en España son de este tipo. España tiene la tasa de temporalidad más alta de la Unión Europea, sólo superada por Grecia.

El caso es que PSOE y Ciudadanos pretenden, si gobiernan, que sólo existan tres tipos de contrato: indefinido, de formación y relevo, y un nuevo “contrato estable y progresivo” que es como llaman al contrato temporal. Tendrá una duración máxima de dos años, a no ser que el convenio colectivo decida alargarlo. Otra cesión socialista más: en su programa electoral el PSOE restringía a un año prorrogable a dos si así lo establece el convenio colectivo la extensión del contrato temporal.

Ciudadanos incorpora a su contrato único, que obviamente ha diseñado como un contrato indefinido, una indemnización por despido creciente según la antigüedad del trabajador. Ahora, con el PSOE, ha añadido esa indemnización a un contrato temporal: 12 días el primer año –la misma que tienen ahora los contratos temporales–, y 16 días el segundo, si la empresa prescinde del trabajador de forma procedente, por causas económicas, organizativas o productivas o porque ha finalizado su trabajo –contratos por obra–. Si un juez decide que la empresa ha incurrido en un despido improcedente, la indemnización será de 20 días el primer año y de 33 el segundo.

Además, Ciudadanos ha incluido en la propuesta de gobierno la llamada “mochila austriaca”, un fondo individual que cada trabajador alimentará con una parte de sus cotizaciones y las que haga también la empresa. Esa “mochila” podrá rescatarla si es despedido –serán ocho días de la indemnización total a que tenga derecho– o acumularla hasta la jubilación. Se trata de una figura aplicada en Austria a partir de 2003 y cuya introducción en España se discutió ampliamente antes de la reforma de 2010 pero que fue desechada: no convencía ni a la patronal –que no quería pagar más cotizaciones– ni a los sindicatos, que alertaron de la caída de las indemnizaciones que se había producido en Austria. Allí la mochila se nutre del 1,53% del sueldo de cada asalariado. En ese país, además, el Estado invierte el fondo sobre todo en renta fija, en bonos, que son más seguros, aunque también una parte lo coloca en renta variable.

Fuentes del PSOE explican que la mochila austriaca se aplicará a todos los nuevos contratos, tanto indefinidos como temporales. Sin embargo, fuentes de Ciudadanos aseguran que sólo la incorporarán los nuevos temporales “estables”.

“Veo una impronta de Ciudadanos [en el acuerdo de gobierno]”, apuntó el secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, “sobre todo en lo relativo al contrato único, que aparece nítidamente reflejado en el documento”. El número dos de UGT, Toni Ferrer, ha tachado de “claramente inapropiado” que se denomine “contrato estable” lo que “no deja de ser un contrato temporal”.

EL SALARIO MÍNIMO SÓLO CRECERÁ UN 1%

El PSOE ha renunciado a reclamar una subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) que en dos legislaturas debía colocarlo en el 60% del salario medio, tal y como establece la Carta Social Europea y prometía en su programa electoral. Tras negociar con Ciudadanos, la propuesta se limita a reclamar una subida de sólo el 1% para el próximo año, exactamente el mismo porcentaje en que lo incrementó el Gobierno del PP este ejercicio.

INGRESO MÍNIMO VITAL Y COMPLEMENTO SALARIAL CON LA MITAD DE FONDOS

La propuesta de gobierno de PSOE y Ciudadanos incluye tanto el Ingreso Mínimo Vital del primero como el Complemento Salarial Garantizado del segundo. El primero es una prestación para familias sin ingresos que, según los cálculos socialistas, supondría un desembolso público de 6.000 millones de euros al año. El segundo ha sido diseñado por el partido de Albert Rivera como una prestación para los hogares con rentas más bajas, estructurada en tres tramos y que se modulará según vaya aumentando el salario del trabajador. Ciudadanos cifraba en 7.800 millones de euros anuales el coste de la medida. La aplicación conjunta de ambas prestaciones implica el recorte de estas dos partidas a la mitad. Según fuentes del PSOE, la cantidad total que se destinará al Ingreso Mínimo Vital, las prestaciones por hijo y el Complemento Salarial Garantizado no podrá superar los 7.000 millones.

PRIORIDAD Y MÁS RECURSOS PARA LAS POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO

La falta de definición de las medidas referidas a la reforma laboral se contrapone a la amplitud y detalle con que el acuerdo de PSOE y Ciudadanos aborda la necesidad de impulsar las políticas activas de empleo. La lucha contra la tasa récord de paro y, sobre todo, contra el paro de larga y muy larga duración –más de un año y más de dos años sin trabajar, respectivamente– se convierte en una prioridad absoluta para ambos partidos. Así, piden que se duplique el presupuesto para este capítulo, después de años de recortes. También coinciden en que las bonificaciones y deducciones de cuotas a las empresas –las tarifas planas de cotizaciones que ha creado el Gobierno del PP– son ineficaces, deben ser eliminadas y reorientadas hacia “programas para reintegrar a los parados al mercado laboral”.

Con ese objetivo se mantiene el Plan de Recolocación Externa de Trabajadores Despedidos, para mayores de 45 años, propuesto en su día por el PSOE. Pero se añade un Plan de Choque contra el Paro de Larga Duración, que incluirá subvenciones a las empresas que los contraten, un Plan de Reintegración Laboral, que quintuplicará el presupuesto actual del Plan Prepara  –para mayores de 45 años que hayan agotado las prestaciones–, y, finalmente, una Renta de Reintegración, vinculada a cursos de formación y sin límite de tiempo de cobro.

La recuperación del subsidio para mayores de 52 años, que el PP retrasó hasta los 55 para luego restringir el acceso a esta ayuda de 426 euros, la ha conservado el PSOE en su acuerdo con Ciudadanos.

A cambio, ha cedido en otra cuestión relacionada con la lucha contra la desigualdad entre hombres y mujeres. Si en su programa electoral exigía una cuota mínima del 40% para las mujeres en los consejos de administración de las grandes empresas y de las compañías públicas, el acuerdo con Ciudadanos se limita a “inducir” a las sociedades cotizadas –nada dice de las públicas– a “adoptar medidas” para aumentar la representación de mujeres en los cargos directivos y los consejos de administración a fin de llegar “al menos” al 40%.

La reforma laboral creó un nuevo tipo de contrato indefinido que, en palabras de la ministra de Empleo, Fátima Báñez, iba a convertir a las pymes en los “grandes contratadores” de España. Cuatro años después, sin embargo, el contrato de apoyo a emprendedores no ha disparado las ganas de contratar de las empresas más pequeñas y ni siquiera es indefinido. El pasado mes de diciembre el 97% de los contratos de emprendedores que se firmaron no incluían ni incentivos fiscales ni bonificaciones a la Seguridad Social. Es decir, sólo 289 de los 9.646 registrados se acogieron a estas deducciones. Porque, si el empresario despide al trabajador antes de tres años, debe devolver las ayudas. Así que los sindicatos sospechan que la resistencia de las pymes  –sólo pueden ofrecer estos contratos las empresas de menos de 50 trabajadores– a aprovechar estos incentivos se debe a que están utilizando de forma fraudulenta el contrato estrella de la reforma laboralestrella.

En su primer año de vida, el 85% de los contratos de emprendedores firmados obviaron las deducciones. Por tanto, desde entonces ha crecido 12 puntos el desinterés empresarial por estas ayudasdesinterés, según las cifras publicadas por UGT en un informe sobre los cuatro años de reforma laboral.

El Ministerio de Empleo reconoce que las bonificaciones “no son un factor determinante” a la hora de optar por un contrato de emprendedores. En ese diagnóstico coincide con los sindicatos y el Consejo Económico y Social (CES). Ambos sitúan el mayor atractivo del nuevo contrato en su inusual y polémico periodo de prueba, un año. El Estatuto de los Trabajadores establece un periodo de prueba de seis meses como máximo para técnicos titulados y de dos meses para el resto. Hasta julio de 2014 la legalidad del año de prueba no fue refrendada por el Tribunal Constitucional.

Pero su constitucionalidad no ha despejado las dudas sobre el uso que las empresas le están dando. El CES, en su memoria de 2014, la última que ha elaborado, reclama que se ponga el punto de mira en “la vida media” de los contratos de emprendedores, de la que no existe “información oficial”. También lo exigen los sindicatos. Y no sólo porque el rechazo de los empresarios a aprovechar los incentivos se deba a que el contrato de emprendedores, lejos de ser indefinido, a duras penas alcance los tres años de duración.

“Sospechamos que se puede haber convertido en un agujero de precariedad, al utilizarse el periodo de prueba de un año como un contrato temporal pero sin indemnización”, explica Ana Viñas, del gabinete económico de UGT. Desde el 1 de enero de 2015, despedir a un contratado temporal implica pagarle una indemnización de 12 días por año trabajado. Pero el empleado que no supera el periodo de prueba carece de derecho a compensación. “Despido libre y gratuito”, traducen los sindicatos.

UGT pide por carta datos oficiales

En mayo de 2013 la entonces secretaria de Estado de Empleo, Engracia Hidalgo, cifró en un 35% los contratos de emprendedores que se rescinden antes de alcanzar el año de vida. El ministerio no ha vuelto a hacer público el dato. Un portavoz de Empleo, no obstante, aseguró a infoLibre que ese porcentaje se ha mantenido estable a lo largo de estos cuatro años. Es lo que el departamento de Báñez comunica verbalmente a los sindicatos cuando preguntan, apunta Ana Viñas. El pasado 8 de enero UGT envió una carta a la Subdirección General de Estadística del Ministerio de Empleo para reclamarle datos oficiales sobre la duración de los contratos de emprendedores. Aún no ha recibido una respuesta.

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) sólo publica en su web cifras sobre el número de estos contratos que se registran cada mes, distribuidos por comunidades autónomas, sexo y edades. Pero no divulga cuántos contratos se acogen a los incentivos y cuántos no, tampoco cuántos pasan el periodo de prueba. Ni ofrece cifras sobre la duración general de los contratos indefinidos, protesta la economista de UGT. De forma que resulta difícil confirmar que la supervivencia de los contratos de emprendedores es similar a la que tienen el resto de los indefinidos, tal y como mantiene el Ministerio de Empleo.

En cualquier caso, según constata un estudio de CCOO, la duración de los contratos indefinidos no ha dejado de reducirse desde 2012: si entonces hacía falta firmar 1,20 contratos para conseguir un empleo estable, en 2015 ya eran 1,45.

La última memoria del CES facilita, no obstante, cifras sobre el número de contratos con bonificaciones y el tipo de trabajador acogido a éstas, remitiendo como fuente al SEPE. El número de trabajadores menores de 30 años contratados cayó un 31,6% en 2014 respecto al año anterior. Y ello pese a que suponen una deducción fiscal para el empresario de 3.000 euros más una bonificación en las cuotas de la Seguridad Social de 3.300 euros durante tres años. La contratación de desempleados, que permiten al empresario acceder a un descuento fiscal equivalente al 50% de la prestación que tengan pendiente de cobrar, ha descendido un 43,6%. El 65,3% de los contratos con incentivos se firmaron en 2014 con mayores de 45 años, que dan derecho a la pyme a una bonificación anual de 1.300 euros durante tres años.

Escaso éxito entre las pymes

Estas cifras permiten concluir al CES que el contrato de emprendedores no ha tenido impacto en los menores de 30 años o en los desempleados beneficiarios de prestaciones. A su juicio, además, el número total de los que se firman le parece “insuficiente para impulsar la contratación indefinida y muy por debajo de la anterior modalidad, los contratos de fomento del empleo”. Aunque en 2015 han aumentado un 23% respecto al año anterior, sólo representan el 12,4% de los contratos indefinidos.

El ejercicio pasado se registraron 128.385 contratos de emprendedores en las oficinas públicas de empleo. Su número no ha hecho más que crecer desde 2012, pero su presencia en el mercado laboral no deja de ser tímida. Pese a que el Gobierno intentó estimularlo permitiendo, en noviembre de 2013, que también pudieran acogerse a esta modalidad los empleos a tiempo parcial. Hay que recordar que los indefinidos en España apenas alcanzan el 8% de los contratos anuales. Entonces, si se comparan con el volumen total, los de emprendedores sólo representan el 0,69%.

En 2013 y 2014 el Ministerio de Empleo elaboró una Encuesta Anual Laboral. Preguntó a casi 10.000 empresas de toda España por sus perspectivas de contratación, si iban a aplicar medidas de flexibilidad o cómo gestionaban sus necesidades de formación. Casi 5.900 de ellas tenían menos de 50 trabajadores. En 2014 el 88,6% contestaron que no habían firmado ningún contrato de apoyo a los emprendedores.

El mayor número de ellas, casi una tercera parte, explicaban que ese tipo de relación laboral no se adaptaba a sus necesidades. Y el 10,4% aseguraba que había renunciado a ese contrato por “las condiciones de mantenimiento del empleo” que se exigen a las empresas: no sólo mantener contratado al trabajador durante tres años, sino además no haber despedido en los seis meses anteriores por causas objetivas sentenciadas como improcedentes o haber ejecutado un Expediente de Regulación de Empleo (ERE).

91 contratos en una empresa de 22 trabajadores

Además de las sospechas que despiertan las cifras y la falta de información oficial, los casos que llegaron a los tribunales proporcionan ciertas pautas de comportamiento. En marzo de 2014 el Juzgado de lo Social número 5 de Tenerife condenó a una empresa de apartamentos turísticos que desde que se aprobó la reforma laboral, en febrero de 2012, firmó un total de 91 contratos de apoyo a emprendedores, pese a que su plantilla no superaba los 22 trabajadores. A fecha de marzo de ese año, de hecho, sólo tenía 19 empleados. De esos 91 contratos indefinidos, 52 fueron rescindidos por la empresa alegando que el trabajador no había superado el periodo de prueba. Sólo tres sobrepasaron el año de duración, pero tampoco mucho más, porque finalizaron por despido improcedente en mayo y junio de 2013. Además, una despedida de los 52 que no superaron el periodo de prueba fue empleada de nuevo por la empresa hostelera, pero con un contrato eventual, según deja constancia la sentencia.

Otro de estos 52 trabajadores fue quien demandó a la empresa ante el juez. Fue contratado el 28 de diciembre de 2012 y despedido el 27 de diciembre de 2013; es decir, un día antes de que se cumpliera el año de prueba. Se trataba de un camarero de comedor y bar, que cobraba un sueldo bruto anual de 1.107,96 euros.

El juez concluyó que la empresa había perpetrado un “fraude de ley”, al utilizar el contrato indefinido de apoyo a emprendedores únicamente para “satisfacer las necesidades ordinarias o temporales de mano de obra, ahorrándose el pago de indemnizaciones por cese de los trabajadores, sin perseguir en momento alguno los fines previstos en el artículo 4 de la Ley 3/2012 [que creó ese contrato], y sin que parezca que los ceses en periodo de prueba obedezcan a algo distinto de la pura conveniencia” de la empresa.

En otra sentencia anterior, el Juzgado de lo Social número 2 de Barcelona dictó la improcedencia del despido de un trabajador sólo ocho días antes de que acabara el año de prueba. Según el juez, el puesto de trabajo del despedido no “requería un año para que el empleador evaluara sus capacidades”: se trataba de un peón cuya misión era “trasladar neumáticos de un sitio a otro” dentro de una fábrica.

El crecimiento de la economía española en un 3,2% el año pasado ha permitido crear 533.186 puestos de trabajo, según las cifras de afiliación a la Seguridad Social. De ellos, 475.965 corresponden al Régimen General, a asalariados. El secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, asegura que se han recuperado ya el 36% de los cotizantes perdidos durante la crisis económica. Pero no precisó cómo han regresado esos parados al mercado laboral: 361.336 de esos nuevos empleos, el 77,4%, son temporales. Y la tercera parte, 160.434, a tiempo parcial.

Así, en este último año ha crecido casi dos puntos el porcentaje de afiliados con contratos temporales, que ya alcanzan el 28,2%, y se ha reducido otro tanto el de quienes tienen contratos fijos. La tendencia también se refleja en los registros de las oficinas públicas de empleo: el número de contratos temporales ha crecido en 2015 un 15,8%, el doble de lo que lo han hecho los contratos indefinidos. Pese a las subvenciones a la contratación fija aplicadas y ampliadas por el Gobierno en los dos últimos años –la tarifa plana de cotizaciones–, el mercado de trabajo español sigue enquistado en la dualidad, la rígida y testaruda división entre una mayoría de contratos temporales y precarios y una minoría de indefinidos y estables.

Es lo que ha ocurrido en diciembre. La campaña navideña en los comercios hunde la contratación indefinida, que se desplomó un 18,8%, y aumenta la temporal. De ahí que en diciembre los indefinidos fueran sólo el 6,7% de los contratos firmados, el segundo mes del año con menor porcentaje de fijos después de agosto. Lo preocupante, además, es que esa cuota sea inferior incluso a la de diciembre de 2014, cuando llegó al 7,21%. De hecho, el descenso del paro el último mes de 2015, 55.790 personas menos registradas en las oficinas del antiguo Inem, es el menor de toda la legislatura, inferior incluso a la de 2012 y la mitad de la caída sufrida en 2013.

Diciembre también es un ejemplo claro de la dependencia estacional del empleo en España. Según las cifras de afiliación a la Seguridad Social, la mayor parte de los nuevos empleos pertenecen al sector del comercio –el 70% de los nuevos asalariados–. Asempleo, la patronal de las grandes Empresas de Trabajo Temporal (ETT), lo confirma: el comercio al por menor y la logística –correos y paquetería– son los responsables del crecimiento del empleo en diciembre por la campaña navideña.

Igualmente destaca la patronal la “mayor relevancia” que ha adquirido la que denomina “contratación a corto plazo”: uno de cada cuatro contratos tiene una duración inferior a los siete días. A falta de que el Ministerio de Empleo haga públicas dentro de una semana las cifras de diciembre, hasta noviembre de 2015 ya se había superado el número de contratos de menos de una semana registrados en todo 2014: 4,17 millones, un 4% más.

CCOO apunta en esta misma dirección cuando destaca el elevado índice de rotación laboral: cada año se firman casi cinco contratos por asalariado. Traducido en cifras de afiliación a la Seguridad Social, en los últimos 12 meses se han registrado 23,5 millones de altas y 22,9 millones de bajas, “46,4 millones de movimientos que multiplican por más de 87 veces el aumento neto del número de afiliados”, explica el sindicato.

Por su parte, UGT introduce un nuevo concepto, el del “trabajo indefinido precario” que resultadel contrato de apoyo a los emprendedores. Creado en la reforma laboral de 2012, incluye un periodo de prueba de un año que lo ha convertido en un instrumento polémico, aunque finalmente avalado por el Tribunal Constitucional. Su número ha crecido un 31% en el último año.

Faltan dos millones de cotizantes

Otro dato sobre el empleo creado el pasado diciembre es que ha sido únicamente femenino. Han salido de las listas del paro registrado 58.525 mujeres, mientras que el número de los hombres desempleados ha aumentado en 2.375 personas. El trabajo breve y estacional en diciembre parece pues estar destinado a las mujeres, lo que contradice la tendencia general de los dos últimos años: el paro femenino ha bajado la mitad, un 5%, que el masculino, un 11,23%.

Con este tipo de empleo, temporal y a tiempo parcial, y con los salarios devaluados, los ingresos de la Seguridad Social se están resintiendo. Su déficit alcanzará en 2015 los 15.000 millones de euros, el 1,5% del PIB, y el 1% este año, según los cálculos de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef). Es decir, incumplirá ampliamente las previsiones del Gobierno, que la Airef considera demasiado “optimistas”. 

Tras presentar a la prensa este martes las cifras de paro y afiliación de diciembre, Tomás Burgos admitió que hace falta “recuperar más de dos millones de cotizantes para que el déficit deje de persistir”. Como queda dicho, en 2015 volvieron al sistema 533.186 parados. Así que el déficit de la Seguridad Social repetirá las cifras de 2014, cuando el número de afiliados creció en 417.574 personas.

La protección pública frente al paro, al nivel de 2001

Finalmente, 2015 ha marcado otro récord: la cobertura de las prestaciones de desempleo ha caído hasta mínimos del siglo. Sólo perciben una ayuda pública el 55,3% de los parados registrados, menos de los que la cobraban en 2001 –el 56,6%–. Sólo que entonces la tasa de desempleo en España era sólo del 10,6%. Hoy más que la duplica y, según la última Encuesta de Población Activa (EPA), asciende al 21,18%. El resultado es que ahora no cobran ninguna prestación pública 1,93 millones de parados, que era la cifra total de desempleados registrados en 2001. Desde 2009, cuando la protección frente al paro alcanzó su máximo, el 78,68% de los desempleados percibían una ayuda pública, la cobertura se ha desplomado casi 23 puntos y medio.

El endurecimiento de los requisitos para acceder a las prestaciones y el aumento del paro de larga duración, que aboca al agotamiento del catálago de ayudas, han obrado la espectacular caída de la cobertura. Ésta ha triplicado la bajada del paro ha triplicado la bajada del parodesde diciembre de 2011, un 7,4%. En el último año, el número de beneficiarios de prestaciones públicas ha descendido un 12,2%, y el gasto del Estado en ellas aún más, un 13,3%. Las que más caen son las contributivas, las de mayor cuantía, un 17,3%. Este año tampoco ha cambiado una tendencia de toda la crisis: hay más parados cobrando ayudas asistenciales –426 euros al mes– que contributivas.

Sumando todos los factores citados, el Gobierno ha recortado la factura de las prestaciones en unos 10.000 millones de euros los dos últimos años. Los Presupuestos del Estado para este año establecen una reducción adicional de otros 5.480 millones.

La salida de la crisis en España está lejos de ser rápida y limpia. El 23,1% de las empresas despidió trabajadores en 2014. Si se añaden a la cuenta las que prescindieron de sus empleados temporales, fueron aún más de un tercio,  el 33,6%,  las que recortaron sus plantillas. Tras seis años de parón económico y pese a que en 2014 el PIB creció un 1,4%, la mitad de las empresas – el 49,4%– recortaron costes sumando a los despidosrebajas de sueldo, reducciones de jornada, traslados o suspensiones de contrato.

La Encuesta Anual Laboral, que elabora el Ministerio de Empleo desde hace dos años, pregunta a 10.000 empresas de más de cinco trabajadores y de todos los sectores, excepto el primario, la educación y la sanidad, y las administraciones públicas. Según sus resultados, cuanto más grandes son las empresas, más han recurrido a esas medidas. Así, el 87% de las de más de 500 trabajadores y el 82,2% de las que tienen entre 250 y 500 despidieron o recortaron los sueldos de sus plantillas o suspendieron sus contratos.

Además, fueron muchas más las que prefirieron las soluciones drásticas –despidos, reducción de temporales, recorte de inversiones–, el 25,1%, que aquéllas, el 10%, que sólo aplicaron las llamadas “medidas de flexibilidad interna” –rebaja de salarios, reducción de jornada, traslados–, en teoría pensadas para evitar las primeras. No obstante, el 14,3% combinó ambos tipos.

Pero si de nuevo se pone el foco sobre el tamaño de las empresas, cuanto más grandes, más proclives a la mano duramano dura: el 31,6% de ellas acudió a los despidos como única medida de recorte y el 49,1% sumó a los despidos las rebajas de sueldo, cambios de jornada, etcétera, el triple que las de menos de 10 empleados. Apenas el 6,3% aplicó sólo la flexibilidad interna, casi cuatro puntos menos que las pymes. Es decir, estas medidas no funcionan siempre como disuasorias o alternativas a los despidos.

Quizá porque la disminución de costes que resulta de aplicarlas no les parece suficiente a los empresarios. El 35,7% responde que no obtuvo ninguna reducción de costes laborales al aplicar medidas de flexibilidad interna. El 21% no sabe/no contesta sobre el particular. Y el 15,6% cifra en menos del 5% la disminución de costes conseguida.

Entre las empresas que sólo optaron por las respuestas expeditivas, el 23% despidió a trabajadores fijos y el 10,5% echó únicamente a temporales. Una vez más, las de mayor tamaño fueron más aficionadas al recorte de plantillas: el 74,8% escogió los despidos para recortar gastos, por sólo el 17,5% de las de menos de 10 trabajadores, y el 20,2% redujo personal temporal, cuando sólo el 9,7% de las más pequeñas lo hizo.

La Encuesta Anual Laboral también muestra la preponderancia del trabajo temporal en España. Un tercio de las empresas tiene hasta un 20% de trabajadores eventuales, y una de cada 10 supera el 80% de temporales. El 12% mantiene a la mitad de su plantilla con este tipo de contratos. Eso sí, cuanto mayor es el tamaño de las empresa, menor es el porcentaje de empleados eventuales.

Los contratos temporales siguen siendo los preferidos

La reforma laboral establecía como uno de sus objetivos acabar con la dualidad del mercado de trabajo, y con el abuso del empleo temporal. Cuando estalló la crisis y las empresas tuvieron que recortar, el primer hachazo se cebó sobre los trabajadores eventuales. Pese a los cambios legislativos, la tendencia no parece que vaya a cambiar. Según han respondido las empresas en la Encuesta Anual Laboral, su medida preferida sigue siendo desprenderse de sus empleados temporales: el 50% dice que lo hará si debe reducir costes en el futuro. El 9,7% optará por despedir a los fijos. El 23% rebajará horas de trabajo y salarios al mismo tiempo. El 12,8% recortará salarios.

Tampoco está cambiando la querencia de los empresarios por el contrato temporal  –más del 90% de los que se firman cada mes son de este tipo–. En caso de que deban aumentar plantilla para cubrir un alza de la demanda, el 54% de las empresas preguntadas contratará personal temporal. El 31% preferirá el indefinido. El 10% aumentará el número de horas de trabajo de su plantilla actual. Si se trata de contratar trabajadores no cualificados, la opción es clara para el 80,3% de las empresas: contrato temporal. Si se trata de emplear a directivos y titulados superiores, el 64,3% les ofrecerá un contrato indefinido.

La encuesta de Empleo ha hecho un cambio en su cuestionario que trastoca los porcentajes de trabajadores temporales eliminados por sus empresas en 2014. En 2013, esa cifra era del 39,2%, mientras que un año después se ha reducido en casi una cuarta parte, hasta el 10,5%. El motivo es que en 2013 se le preguntaba a los empresarios “si habían finalizado o no renovado contratos temporales ese año”, mientras que en 2014 lo que se les pregunta es si han “reducido el número de trabajadores con contrato temporal respecto a una situación comparable del año anterior”. De esa forma la encuesta ha dejado de contar como eventuales despedidos a aquéllos que las empresas contratan todos los años, por ejemplo, durante el verano, la temporada alta del turismo y la hostelería, y son eliminados en septiembre.

El contrato de emprendedores no tira; las agencias de colocación, tampoco

La encuesta de Empleo pregunta también por el contrato estrella creado por la reforma laboral: el de apoyo a los emprendedoresestrellael de apoyo a los emprendedores, pensado para empresas de menos 50 trabajadores. Pues bien, el 88,6% de ellas no lo usa. El principal motivo, según explica el 28%, porque ese contrato “no se adapta a sus necesidades”. El 52,3% de las empresas de este tamaño preguntadas ni siquiera hicieron contrataciones en 2014 o las que hicieron fueron de trabajadores temporales.

Además, los empresarios revelan que se sienten satisfechos con los convenios colectivos que regulan las condiciones laborales de sus plantillas. La reforma laboral pretende incentivar los convenios de empresa frente a los sectoriales. Pero lo cierto es que el 82,7% de las empresas asegura que su convenio de sector se adapta “mucho o bastante” a sus necesidades. Son menos, el 78,3%, las que dicen lo mismo de su convenio de empresa. Es más, el 75,6% responde que, si carece de convenio de empresa, es porque el sectorial se ajusta a sus necesidades.

Finalmente, la encuesta se ocupa de otra de las novedades laborales de la última legislatura: las agencias privadas de colocación, que Empleo pretende que compitan con los servicios públicos en la búsqueda de trabajo a los parados. Pues bien, las empresas recurren primero a las “relaciones personales” cuando tienen que cubrir vacantes. Es la vía preferente para el 27% de ellas. Otro 19% opta por los portales de empleo de internet y el 7,5% acude a los servicios públicos de empleo. Sólo el 4,6% dice que utilizará las agencias privadas de colocación.

La incipiente recuperación del PIB ha traído consigo un aumento del número de contratos que en 2014 alcanzó el 11%. Sin embargo, ni su calidad garantiza un empleo estable ni su reparto resulta homogéneo. Así, la tasa de contratación femenina se encuentra en los niveles más bajos de la última década, con un 43,64%, lo que se traduce en una brecha de género de casi 13 puntos porcentuales. Lo revela el Informe del Mercado de Trabajo de las Mujeres que elabora el Ministerio de Empleo. Un documento que reconoce la “tendencia a la precarización del mercado laboral femenino”, producto de un índice de rotación –relación entre el número de contratos firmados y el de personas que los firman– que crece, del aumento de los contratos de duración inferior a un mes entre las mujeres y del alza de los empleos a jornada parcial.

Con el apogeo económico la mujer se incorporó con entusiasmo al mundo del trabajo, de forma que en 2008 la tasa de contratación femenina alcanzó su máximo del siglo, un 47,09%. Pero la crisis ha reducido la cifra de contratos femeninos hasta quedarse en 7,3 millones en 2014, frente a los 9,4 millones que suscribieron los hombres. Sólo en 2012 hubo un repunte, hasta el 47,07%, que el informe atribuye a la contratación de empleadas del hogar fruto del Real Decreto de 2011 que regulaba la relación laboral de estas trabajadoras.

Como resultado de la recesión económica, desde 2005 se han perdido 369.000 contratos y más de medio millón de mujeres contratadas. La diferencia entre ambas cifras se mantiene en 2014, puesto que ni la reforma laboral ni la recuperación económica han cambiado el modelo: el año pasado aumentaron un 11% los contratos, mientras que la cifra de mujeres contratadas creció sólo el 7%. En realidad, se trata de una pauta que siguen también los hombres. Mientras que sus contratos subieron un 15% en 2014, el número de varones que los firmaron sólo medró un 8%. El motivo estriba en el carácter temporal y poco estable de esos contratos. El índice de rotación femenino es de 2,53. Lo que significa que, por ejemplo, 45.479 mujeres suscribieron más de 15 contratos cada una en 2014. Otras 40.368 firmaron entre 11 y 15 contratos ese año. Pero es que ascienden a nada menos que 212.685 las mujeres que trabajaron con entre cinco y 10 contratos. Curiosamente, Navarra es la comunidad autónoma con mayor índice de rotación femenina, 3,50 contratos por trabajadora.

Además, los contratos temporales son más frecuentes entre las mujeres, destaca el informe del ministerio. La tasa de temporalidad femenina descendió sólo 35 centésimas en 2014, después de que aumentara cuatro puntos porcentuales el año anterior. El 89% de los contratos que suscriben las mujeres son eventuales, de obra o servicio y de interinidad. De todos los trabajadores que firman esta última modalidad, casi el 70% son mujeres.

Por si fuera poco, los contratos temporales de las mujeres son de menor duración y cada vez con mayor frecuencia con jornadas a tiempo parcial. Según el estudio, los contratos femeninos de menos de un mes crecieron un 12% en 2014, y los que duran entre tres y seis meses aumentaron un 11%.

Más a tiempo parcial

El empleo a tiempo parcial ha sido tradicionalmente copado por las mujeres, una tendencia que se ha acrecentado con la crisis. El informe revela que los contratos eventuales a tiempo parcial se dispararon un 46% desde 2009, mientras que los de jornada completa cayeron un 7%, y los de obra y servicio por horas aumentaron un 23,36% –los de ocho horas sólo el 8,4%–. La misma tendencia se observa en los contratos indefinidos: los de tiempo parcial firmados por mujeres se han duplicado en los últimos cinco años. En 2014, el 20,3% de los contratos que firmaron las mujeres fueron por horas, mientras que los hombres suscribieron un 14,63%. La diferencia es más acusada si la lupa se pone sobre los contratos a jornada completa: los hombres firmaron el 41,75%, mientras que las mujeres se quedaron en casi la mitad, el 23,3%.

Otro dato de la radiografía que el estudio hace del empleo femenino se refiere a las Empresas de Trabajo Temporal (ETT), que dan trabajo en España a un total de 857.604 mujeres, lo que representa el 12% de la contratación. Con contratos de apoyo a los emprendedores, la modalidad creada por la reforma laboral en 2012 y que incluye un periodo de prueba de un año, trabajaron en 2014 apenas 42.378 mujeres, de las que el 41% lo hicieron a tiempo parcial. El 92% de ellas corresponden al sector servicios y los empleos donde más se recurrió a este tipo de contrato fueron los de dependientas y camareras.

Eso sí, el año pasado las mujeres suscribieron un mayor número de contratos que requerían desde el bachillerato hasta el título universitario, incluidos posgrado y doctorado, mientras que los hombres sumaron más contratos con niveles formativos inferiores al bachiller. Lo que no cambia son las titulaciones feminizadas: Ciencias Sociales y Jurídicas, Ciencias de la Salud y Artes y Humanidades. Ingeniería y Arquitectura están copadas por los varones.

Menos paradas pero con menos ayudas públicas

Con las cifras de paradas, la crisis ha obrado un fenómeno que el informe del Ministerio de Empleo destaca: se redujo la brecha entre sexos desde los 20 puntos en que superaban las mujeres en desempleo a los hombres en 2006 hasta invertirse la tendencia y superar en 2014 los parados a las paradas en 15 décimas. “No es que durante la crisis las mujeres mejoraran su situación frente al paro”, aclara en seguida el estudio, “sino que empeoró en menor medida que la de los varones”.

También son más precarias sus condiciones cuando pierden el trabajo. El 41% de las mujeres desempleadas tiene más de 45 años, ocho puntos porcentuales más que en 2009; de hecho, son el único grupo de edad cuyo número aumenta. Y tardan más en encontrar un nuevo empleo. La proporción de mujeres entre los parados es mayor cuanto mayor es el tiempo de desempleo. El 47,88% de los parados de larga duración –quienes llevan más de un año sin trabajar– son mujeres, el porcentaje más alto de la última década. En 2009, no superaba el 32%. De las 2,33 millones de mujeres encuadradas en esa categoría, 733.797 llevan más de dos año en el paro, el 31,4%, dos puntos porcentuales más que en 2013. Y de éstas, el 63,3% superan los 45 años.

Una consecuencia de la mayor permanencia de las mujeres en el desempleo es que están menos protegidas por las prestaciones estatales. La tasa de cobertura femenina –el número de paradas registradas que cobran alguna ayuda pública– es del 52,95%, casi 10 puntos porcentuales inferior a la de los hombres. Al igual que ocurre con los varones, cada vez son menos las mujeres que perciben prestaciones contributivas –cuya cuantía se calcula a partir de los últimos sueldos cobrados–, al tiempo que crecen las que reciben subsidios asistenciales –426 euros al mes–. Donde sí aparece una distancia reseñable es en el subsidio para trabajadores eventuales agrarios: sus beneficiarias duplican al de los hombres que lo cobran.

El Gobierno puso todo su esfuerzo propagandístico en las tarifas planas de cotizaciones para incentivar los contratos indefinidos. Tal es así que las dos creadas en el último año las anunció el propio Mariano Rajoy en el Congreso de los Diputados. A esas subvenciones atribuye el Ejecutivo el aumento de los “contratos estables” –en palabras de la secretaria de Empleo, Engracia Hidalgo– del que presume y que las cifras desmienten. Los expertos –y hasta el propio Gobierno lo secundó en un primer momento– ponen en duda la eficacia de las bonificaciones para incentivar los contratos. Sin embargo, desde 2013 el Ministerio de Empleo ha recuperado los incentivos que suprimió de un plumazo el verano de 2012. Cuestión distinta son los resultados: el 80% de los contratos que subvencionó el año pasado fueron temporales.

Según la Memoria del Consejo Económico y Social (CES) de 2014, ese año se bonificaron 215.675 contratos, un 8,6% más que en 2013. De ellos, 172.759 fueron contratos temporales. Su participación en el total de los contratos subvencionados ha aumentado cinco puntos porcentuales respecto a 2013 y 12 respecto a 2012.

Además, de entre los indefinidos que recibieron incentivos públicos –42.916– los indefinidos iniciales sumaron el 59%, casi ocho puntos menos que en 2013, aunque cinco más que en 2012. El resto corresponde a conversiones de temporales en indefinidos.

En cualquier caso, los contratos con bonificación representan el 1,3% de los 16,7 millones que se firmaron en España en 2014, un porcentaje mínimo. Y casi la mitad cubren bajas por maternidad u otro tipo de interinidades, explica la memoria del CES. Un tercio lo firman trabajadores con discapacidad. Este reparto porcentual no ha variado en los últimos cuatro años.

Incentivos en el país líder del empleo temporal

¿Tiene sentido subvencionar la contratación temporal cuando la lucha contra su predominio –y abuso– en el mercado de trabajo es una de las prioridades declaradas de la reforma laboral y del Gobierno? El investigador de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) Florentino Felgueroso cree que, si los incentivos se ligaran a la formación, “se podrían justificar, en el límite, las bonificaciones a la contratación temporal”. Aunque, en su opinión, la única medida eficaz contra el abuso de los contratos eventuales en España es “cambiar la ley”. Como es sabido, el 92% de los contratos que se firman cada mes son de este tipo. España es el país de la Unión Europea, sólo superado por Polonia, con mayor tasa de temporalidad.

“No tiene sentido bonificar la contratación temporal”, opone rotunda Inmaculada Cebrián, profesora de Economía de la Universidad de Alcalá de Henares (Madrid). Sólo considera adecuados y eficaces los incentivos si se trata de “abrir la puerta” al mundo del trabajo a “grupos con verdaderos problemas de inserción en el empleo que, en ningún caso, accederían a un empleo indefinido –por problemas penitenciarios o drogadicción, por ejemplo–” , o si lo que se pretende es “abaratar los costes para sustituir a personas que se acogen a alguna medida de conciliación”. Felgueroso recuerda que las bonificaciones tienen un “efecto moderadamente positivo” sólo si se aplican a “colectivos muy específicos” de trabajadores, y pide que se evalúe “regularmente” su eficacia.

Contrato de apoyo a los emprendedores

Otra de las medidas del Gobierno para estimular los contratos indefinidos fue crear un nuevo tipo de contrato, con ese carácter pero acompañado de un periodo de prueba de un año y abundantes deducciones en las cuotas a la Seguridad Social. El contrato indefinido de apoyo a los emprendedores, sin embargo, tampoco se ha traducido en un aumento significativo del “empleo estable”. En 2014 se celebraron 98.751 contratos de apoyo a los emprendedores, un 20% más que en año anterior. No obstante, representan sólo el 18,9% de los indefinidos iniciales a tiempo completo, tres puntos menos que en 2012, el año de su creación.

El periodo de prueba de un año ha sido constante motivo de polémica, que no ha cesado ni siquiera cuando el Tribunal Constitucional lo avaló tras un recurso presentado por el Parlamento de Navarra. Los sindicatos critican que un periodo de prueba de semejante amplitud convierte ese contrato teóricamente indefinido en uno temporal de un año, al permitir el despido sin derecho a indemnización ni prestación por desempleo al término de ese plazo. Para sustentarlo, se remiten al número de contratos suscritos sin acogerse a las deducciones fiscales. Como la empresa debe devolverlas si despide al trabajador antes de tres años, en 2014 sólo el 5,5% de estos contratos se acogieron a los incentivos, la mitad que en 2013 –11%–. En su primer año, 2012, ascendieron al 18%.

Tampoco parece que este contrato tan fuertemente incentivado tire del empleo juvenil. Pese a que al empresario se le bonifica con hasta 3.600 euros la cuota de la Seguridad Social si emplea con esta fórmula a jóvenes entre 16 y 30 años, los contratos de apoyo a los emprendedores en esa franja de edad cayeron un 31,6% en 2014. También se han reducido un 43,6% los contratos de este tipo con beneficiarios de prestaciones –permiten compatibilizar el cobro del paro con un trabajo; el empresario se beneficia de una deducción fiscal del 50% de la prestación que percibe su empleado–.

El Plan Prepara, en declive

El Plan Prepara es anterior a la reforma laboral. Fue creado en febrero de 2011 y será prorrogado cada seis meses mientras el paro no baje en España del 20%. En 2014 se incorporaron al programa 104.544 parados, lo que implica una caída del 65% respecto a 2012, cuando casi 300.000 personas se dieron de alta. Se trata de un programa de ayudas de hasta 450 euros para parados de larga duración con cargas familiares y sin ingresos, a cambio de cursos de recualificación profesional.

Según la memoria del CES, el plan “ha ido perdiendo eficacia en su capacidad como sostenedor de rentas”. Sobre su eficacia, el informe de este año no facilita datos. Pero en 2011 sólo consiguieron un empleo tras su paso por el programa el 18% de los beneficiarios. De ellos, la mayoría son mujeres, el 51,3%.

El IESE lo llama “dinamismo laboral”. Los sindicatos, aumento de la rotación y la inestabilidad en el trabajo. En todo caso, se trata de una tendencia que, sin ser nueva, amenaza con consolidarse como (precaria) salida de la crisis (precaria) salida de la crisis y de sus cifras récord de paro. La rotación laboral –estrictamente hablando, el número de contratos que firma un solo asalariado en un único puesto de trabajo– no sólo ha crecido en los dos últimos años sino que, además, se está cebando en las mujeres y en los menores de 35 años. Al menos es lo que revela el Indicador de Dinamismo Laboral que ha elaborado el IESE con la empresa Meta4.

La inestabilidad laboral entre los menores de 35 años se ha duplicado entre 2012 y 2014 –ha pasado del 6% al 11%–, mientras que la de los mayores de 45 se ha mantenido constante en el 2,5%. También es mayor la rotación laboral entre las mujeres. Pese a que menos del 50% de los puestos de trabajo analizados para elaborar el indicador son femeninos, el 53% de ese índice corresponde a mujeres. El motivo, explican los autores del informe, es que el porcentaje de contratos de menos de un mes es superior entre las trabajadoras –3,3%– que entre los hombres –2,5%–.

Según las estadísticas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), el 45,7% de los contratos que se firmaron en enero y febrero de este año duraron menos de un mes. Fueron casi un millón. Los firmados por mujeres han crecido un 10,6% si se les compara con los registrados en esos mismos dos meses de 2014. Los suscritos por hombres, un 7,8%.

De todas maneras, IESE y Meta4 hablan de “dinamismo laboral”, un concepto más amplio que la simple rotación y que definen como “recambio de personal”. Incluyen en su indicador jubilaciones, bajas voluntarias o despidos y modificaciones en los contratos como la conversión de uno temporal en indefinido o viceversa y el cambio de función del trabajador o su traslado. Intentan medir la “movilidad del mercado de trabajo a partir del flujo total de trabajadores y de la creación y destrucción de empleo por parte de las empresas”. Cuentan los contratos que han sufrido cambios que “no se deben a la expansión o reducción del empleo total”, que no dependen de la coyuntura.

Así, un 26% de los puestos de trabajo han experimentado en el último trimestre de 2014 alguno de estos cambios, en un mercado laboral “estancado” que crea y destruye el 6% de los empleos. El indicador ha subido hasta el 18,8% en ese periodo, desde un 12% a principios de 2013, asegura el informe. Para sus autores este aumento no es necesariamente negativo; concluyen que el mercado de trabajo se está “dinamizando a pesar del bajo crecimiento de la economía”.

Sobre las causas del fenómeno, sugieren que puede deberse a “mejoras de eficiencia y a la existencia de mayores posibilidades” de trabajo para los desempleados. Pero también a una “mayor precariedad, una creciente rotación de plantillas y una escasa retención y formación de los empleados”.

Indefinidos que duran menos de un año

También advierten de los riesgos de esta tendencia CCOO y los expertos de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea). Por motivos dispares. El sindicato culpa a la reforma laboral del aumento de la inestabilidad del empleo indefinido. El investigador de Fedea Florentino Felgueroso considera la temporalidad como uno de los pecados originales del mercado de trabajo español y receta el contrato único como solución.

Por un lado, el contrato de emprendedores, la creación estrella de la reforma de febrero de 2012 y en teoría de duración indefinida, incluye un periodo de prueba de un año que lo convierte en casi un contrato temporal, asegura CCOO. Por otro, según sus cálculos, ahora hace falta firmar 1,4 contratos indefinidos para crear un solo empleo estable. Porque cada vez es más habitual que estos contratos duren menos de un año.

En 2014, con un crecimiento de la economía del 1,4%, explica el sindicato, el número de contratos indefinidos –1,35 millones– es similar al de los firmados en 2009 –1,31 millones–, el peor año de la crisis, cuando el PIB caía un 3,6%. Sin embargo, el número de los contratos que seguían vivos al final del año fue inferior: 949.845. Es decir, en 2009 se consolidaron 242.418 contratos indefinidos más que el año pasado.

22% de rotación laboral

En el blog Nada es gratis, Florentino Felgueroso calificaba el pasado día 12 de “imparable” el crecimiento de la rotación laboral en España. La tasa de temporalidad, del 24,2% en 2014, es 10 puntos superior a la media de los 28 países de la Unión Europea. Pero aun así, aclara el también profesor de Economía de la Universidad de Oviedo, ese indicador “no deja de ser un sucedáneo de la rotación laboral”.

El pasado mes de enero terminó con 78.000 parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo más que diciembre de 2014, el saldo de casi un millón de altas y bajas laborales, explica. Lo que se traduce en una tasa de rotación que Felgueroso cifra en el 22%. Desde 2006, además, se ha pasado de una media mensual de 700.000 altas y bajas a un millón. Si se comparan sólo los meses de enero de 2007 y de 2015, el aumento de altas y bajas fue del 36%.

El investigador de Fedea también analiza las altas y bajas en los registros de la Seguridad Social: 3,5 millones. Una cifra que no ha dejado de crecer desde 2009, cuando la tasa de rotación era del 16%, y que se ha disparado en los dos últimos años. Hoy la inestabilidad en el empleo medida en afiliaciones supera también el 22%.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunció tras el último Consejo de Ministros del año que prorroga tres meses, hasta el 31 de marzo de 2015 la tarifa plana de los contratos indefinidostarifa plana. Y lo hace pese a las dudas de los expertos sobre la eficacia de subvencionar los contratos con dinero público y pese a que la medida no ha cumplido sus propias previsiones de impacto. Según el Ministerio de Empleo, desde que se creó, el pasado 25 de febrero, un total de 177.731 contratos indefinidos se han beneficiado de esta rebaja de cotizaciones: el empresario sólo debe pagar 100 euros por contingencias comunes durante dos años. Teniendo en cuenta que desde el 1 de marzo hasta el 31 de noviembre de este año se han registrado 940.827 contratos indefinidos, esa cifra equivale al 18,89%. Es prácticamente el mismo porcentaje en que ha crecido la contratación indefinida en lo que va de año: un 18,96%. Es decir, todo el aumento de los contratos estables se debe a la tarifa plana, son contratos subvencionados.

Además, el número de indefinidos acogidos a la tarifa plana ha quedado muy por debajo de las propias expectativas del Ministerio de Empleo. La memoria de impacto económico del decreto-ley que aprobó esta medida calculaba que se acogieran a este incentivo 332.100 contratos hasta diciembre de este año, 232.500 a tiempo completo y 99.600 a tiempo parcial. Pero hasta noviembre sólo se han apuntado a la tarifa de los 100 euros el 53,5% de los previstos.

Para acogerse a la tarifa plana, las empresas deben estar al corriente de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social y no pueden haber ejecutado despidos individuales que el juez haya declarado improcedentes ni despidos colectivos en los seis meses anteriores. Pero sí pueden haber despedido a trabajadores de forma individual por causas objetivas –económicas, organizativas o de producción–.

Además, el contrato subvencionado debe suponer un aumento tanto del nivel de empleo indefinido como el neto de la plantilla total de la empresa, y tienen que mantenerse durante un periodo de tres años. Si despide antes de ese plazo al trabajador bonificado, el empresario ha de reintegrar la diferencia de cuantía con respecto a las cotizaciones ordinarias, aunque sin recargos ni intereses de demora. Pero sólo deberá devolver el 100% de lo ahorrado si se deshace del empleado antes de un año. Porque si le despide a los dos años, únicamente tendrá que reintegrar el 50%, y si lo hace el tercer año, sólo el 33%.

Así, gracias a la rebaja de cotizaciones, el empresario sólo paga, por contingencias comunes, 100 euros para contratos a tiempo completo y entre 75 y 50 euros para contratos a tiempo parcial, en función de la jornada, por las cotizaciones en contingencias comunes.

Peso muerto, cuanto más generalizados, más ineficaces

Los economistas son casi unánimes al destacar la ineficacia de este tipo de incentivos. Se remiten a los denominados “efecto de peso muerto” y “efecto sustitución” para explicar que no crean empleo neto. Por el contrario, advierten, sólo se contrata a trabajadores que habrían sido empleados de todas formas aunque no existiera la subvención. O los contratados reemplazan a los no subsidiados, pero no aumenta el empleo. De hecho, todos coinciden en que generalizar las bonificaciones potencia esos dos efectos no deseados. Por tanto, sólo deben aplicarse a colectivos muy concretos: parados de larga duración, trabajadores menos cualificados... quienes más dificultades tienen para encontrar un empleo.

El Gobierno pareció actuar de acuerdo con esta tesis cuando eliminó en julio de 2012 los incentivos generalizados. Sólo salvó los destinados al contrato de apoyo a los emprendedores –creado con la reforma laboral cuatro meses antes–, a los discapacitados y a las víctimas de violencia de género, así como a las sustituciones por maternidad, los contratos de formación y los autónomos.

Sin embargo, pronto cambió de opinión y, apenas seis meses después, en febrero de 2013, aprobó nuevas bonificaciones: de hasta el 100% si el contratado tiene menos de 30 años, de 500 euros al año si se transforma el contrato temporal de un joven en indefinido, y del 50% para contratos en prácticas. Un año más tarde, el Ejecutivo añadió una nueva subvención, la tarifa plana, que ahora ha prorrogado tres meses más. Se trata de una medida a corto plazo, 2015 es año electoral y permite maquillar la estadística vendiendo un aumento de los contratos indefinidos, apuntan los expertos.

La dualidad, inalterable

No obstante y a pesar de la subvención, el porcentaje de estos contratos respecto del total sigue sin despegar. El mercado de trabajo español continúa enquistado en la segmentación: el pasado noviembre se firmaron 1,26 millones de contratos temporales, el 91,5%, y sólo 117.568 indefinidos, el 8,5%. Mes a mes el reparto entre ambos tipos sólo se mueve unas décimas arriba o abajo.

Un famoso estudio, dirigido por el profesor de la Universidad de Alcalá Luis Toharia, constató los efectos perversos de estos incentivos: el contrato desaparece cuando desaparece la bonificación. Según sus autores, los contratos indefinidos en España son más bien “de duración indeterminada, no permanentes”.

En teoría, los empresarios que se benefician de la tarifa plana deben mantener durante tres años el nivel de empleo. Pero sólo tienen que devolver íntegramente la subvención –en realidad, ingresar lo no cotizado– si despiden al trabajador antes de un año. Es decir, habrá que esperar aún para saber cuántos de esos contratos con tarifa plana han sido realmente indefinidos.

El coste de la medida para la Seguridad Social

También habrá que esperar para saber cuál es el coste de la medida para la Seguridad Social. Ateniéndose a los cálculos de la memoria económica antes citada, las arcas públicas han dejado de ingresar unos 1.248,7 millones de euros por los 177.731 contratos subvencionados hasta el pasado noviembre. Esta cifra puede ser mayor, puesto que el propio ministerio calcula que en el caso de las empresas de menos de 10 empleados el ahorro de cotizaciones para el empresario pasa de 7.040 euros –contando con un sueldo bruto anual de 20.000 euros֪– a 9.300. Además, al dato hay que sumarle el mes de diciembre en curso y los tres meses de prórroga recién aprobada.

Numerosas han sido las críticas, de expertos, sindicatos y partidos, a este descosido a las cuentas de la Seguridad Social, que ha perdido tres millones de cotizantes durante la crisis y hasta el pasado 30 de noviembre acumulaba un déficit de 3.426,91 millones de euros, el 0,32% del PIB.

Tampoco parece que tire mucho de la contratación el contrato de apoyo a emprendedores, la figura estrella de la reforma laboral. A falta de los números de diciembre, este año se han firmado 91.382 de estos polémicos contratos, que permiten someter al trabajador a un año de prueba. Por tanto, permiten despedirle al cabo de ese periodo sin pagarle indemnización alguna. Son el 10,6% de los contratos indefinidos ordinarios, un punto menos que en 2013 y siete menos que en 2012.

El Ministerio de Empleo sostiene que la temporada alta del turismo es un “elemento adicional” a la recuperación económica que está animando las cifras del paro registrado. Así lo defendió el secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, cuando presentó los datos de afiliación a la Seguridad Social del pasado mes de julio. Sin embargo, los registros de contratos del Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE) dibujan otro paisaje menos complaciente. El empleo que se crea sigue siendo tan estacional y temporal como es característico del mercado de trabajo español: ni la crisis ni la reforma laboral han cambiado el patrón. El 25% de los contratos temporales que se firmaron en julio duraron menos de siete días. Nada menos que 374.467 de un total de 1,53 millones de contratos. Sólo 77.024 fueron indefinidos.

Los de menos de una semana conforman el grupo más voluminoso de contratos temporales, seguidos de los que duran de uno a tres meses –254.248–. Pero para dar idea de la inestabilidad de estos empleos basta con señalar que hasta el 40% de los temporales firmados en julio fueron contratos de menos de un mes de duración: 611.221. Sólo 24.151 duran un año y sólo 4.663 se prolongan durante más de un año.

Además, los 374.467 contratos de menos de siete días de julio casi duplican –crecen un 40%– los firmados con esa duración en el mes de marzo, que este año no se benefició del efecto Semana Santa –cayó en abril–.

En realidad, en junio fue aún mayor el número de contratos superbreves: se registraron 403.976, el 28,76% de los temporales firmados ese mes. Los de menos de un mes sumaron el 41,63%.

Antes de la reforma laboral, en julio de 2011, se suscribieron 241.268, un 35,6% menos que en el mismo mes de este año. Entonces representaban sólo el 19% de los contratos temporales. La cifra de estos contratos superbreves es más o menos constante en los años anteriores, en plena crisis, pero también en los años de euforia económica: en 2007 se registraron 241.058, el 15,3% de los temporales. Además, en los años previos a la reforma laboral, el grupo más voluminoso de contratos lo componían los de uno a tres meses de duración, no los más breves como viene ocurriendo desde 2012.

El contrato medio, 49,93 días

El resultado de este auge del trabajo exprés es que se ha acortado considerablemente la duración media de los contratos. El pasado julio era sólo de 49,93 días, ocho días y medio menos que el pasado febrero,pero 23 días menos que en julio de 2007, antes de la crisis. Entonces un contrato temporal en España duraba de media 73 días. En julio de 2009 ya había bajado a 67,35 días. Tras la reforma laboral, en julio de 2012, se quedó en 53,94 días.

Otra característica que abunda en la precarización del empleo es que esa duración media es incluso menor en el caso de las mujeres y ha caído más: 48,95 días, 10 días por debajo de la media del pasado enero. Entonces, curiosamente, los contratos firmados por mujeres duraban casi tres días más que los suscritos por hombres. En resumen, con la temporada alta –turística y laboral– el empleo se hace más temporal, más breve y más femenino.

Y ello es así porque de los 1,53 millones de contratos temporales registrados este mes de julio, el 74% corresponden al sector servicios, el más feminizado, también el más proclive a la temporalidad. Es mayor aún el porcentaje de contratos de menos siete días suscritos en este sector mayoritario: el 85%.

Otro dato que subraya aún más cómo se crea empleo en temporada alta: desciende el número de contratos de emprendedorescontratos de emprendedores. Son indefinidos – al menos en teoría: permiten un año de periodo de prueba y el 35% de ellos se rescinde entonces– además de fuertemente subvencionados, pero el pasado julio se registraron sólo 7.965, y en junio 7.906. En mayo eran 8.220 y en febrero, el máximo de este año, se elevaron a 10.012.

Mientras el Gobierno y la CEOE saludan el aumento de los contratos temporales como un síntoma de que está en marcha la recuperación, necesariamente apoyada en un primer momento en el trabajo más precario, los sindicatos alertan no sólo sobre el empeoramiento de la calidad del empleo en estos dos últimos años, sino también sobre el peligro de que haya llegado para quedarse.

Son ya cuatro las sentencias judiciales que tumban el polémico año de prueba del contrato estrella de la reforma laboral, el de apoyo a los emprendedores. Y una de ellas ha sido dictada por un Tribunal Superior de Justicia, el de Asturias. Mientras el Tribunal Constitucional se toma su tiempo para dictaminar sobre el recurso presentado en octubre de 2012 por PSOE y la Izquierda Plural, y sobre la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, el Juzgado de lo Social número 5 de Tenerife se ha sumado a otros de Mataró y Barcelona para declarar improcedentes tres despidos ejecutados al amparo de la regulación de este nuevo tipo de contrato indefinido.

La sentencia del juzgado canario condena a una empresa de apartamentos turísticos que desde que se aprobó la reforma laboral, en febrero de 2012, ha firmado un total de 91 contratos de apoyo a emprendedores, pese a que su plantilla no supera los 22 trabajadores. A fecha de marzo de este año, de hecho, sólo tiene 19 empleados. De esos 91 contratos indefinidos, 52 fueron rescindidos por la empresa alegando que el trabajador no había superado el periodo de prueba. Sólo tres superaron el año de duración, pero tampoco mucho más, porque finalizaron por despido improcedente en mayo y junio de 2013. Además, una despedida de los 52 que no superaron el periodo de prueba fue empleada de nuevo por la empresa hostelera, pero con un contrato eventual, según deja constancia la sentencia, que ha dado a conocer el blog de asesoría laboral Laboro.

Otro de estos 52 trabajadores fue quien demandó a la empresa ante el juez. Fue contratado el 28 de diciembre de 2012 y despedido el 27 de diciembre de 2013; es decir, un día antes de que se cumpliera el año de prueba. Se trata de un camarero de comedor y bar, que cobraba un sueldo bruto anual de 1.107,96 euros.

A la luz de todos estos datos, el juez, Félix Barriuso Algar, concluye que la empresa ha perpetrado un “fraude de ley”, al utilizar el contrato indefinido de apoyo a emprendedores únicamente para “satisfacer las necesidades ordinarias o temporales de mano de obra, ahorrándose el pago de indemnizaciones por cese de los trabajadores, sin perseguir en momento alguno los fines previstos en el artículo 4 de la Ley 3/2012 [que crea ese contrato], y sin que parezca que los ceses en periodo de prueba obedezcan a algo distinto de la pura conveniencia” de la empresa. Ésta ha recurrido la sentencia.

El 85% no pide bonificaciones

Hay que recordar que si un trabajador no supera el periodo de prueba establecido, el empresario no le paga indemnización alguna ni éste tiene siempre derecho a la prestación por desempleo. La reforma laboral permite utilizar el contrato de apoyo a emprendedores a las empresas de menos de 50 de trabajadores. Si el contrato es rescindido antes de tres años, el empresario debe devolver las bonificaciones en las cuotas la Seguridad Social que le acompañan. Pues bien, el 85% de los contratos que se firman no se acogen a estas subvenciones, según cifras de UGT.Y el 35% es rescindido antes de un año, de acuerdo con las estadísticas del Ministerio de Empleo. Para los sindicatos, el año de prueba es “excesivo” y permite un “despido libre y gratuito”. 

En cualquier caso, la sentencia considera que el “polémico” y “excepcional” año de prueba está justificado si lo que se pretende es que la creación de nuevas empresas y de puestos de trabajo no se vea “frenada por temor a los costes laborales derivados de la extinción de los contratos, si a corto plazo el negocio no resulta con los beneficios” previstos.

Pero resulta que la empresa demandada no ha desarrollado “ninguna actividad calificable de 'emprendedor”: “Esencialmente, sigue gestionando los [mismos] dos complejos hosteleros desde 1994, sin constar ni la apertura de nuevas instalaciones, ni la ampliación de servicios”, destaca el juez. “Y, desde luego, el recurso sistemático de la modalidad contractual de apoyo a los emprendedores no ha determinado ni un incremento del empleo en la empresa ni una mejor calidad del mismo en lo que a estabilidad se refiere”.

Crítica a la ley y al mal uso de “emprendedor”

La sentencia desliza una sutil crítica a los “laxos términos” en que está redactado el artículo 4 de la reforma laboral, que creó el contrato de emprendedores, pero rechaza que ese pecado “bendiga” el fraude de ley, el abuso de derecho o su ejercicio antisocial. “No se puede desprender que la finalidad de la Ley 3/2012 [la reforma laboral] sea que estos contratos indefinidos no alcancen nunca o casi nunca el año de duración por una utilización sistemática de la facultad empresarial de resolver el contrato en el periodo de prueba de un año”, advierte el juez. Si el objetivo del contrato es “potenciar el empleo estable”, continúa su argumentación, “mal puede merecer ese calificativo un empleo que presenta una duración inferior a la de algunos contratos temporales y que dejan al trabajador más desprotegido en caso de resolución a instancias del empleador”. Ése ha sido precisamente el comportamiento de la empresa en cuestión, deja clara la sentencia.

El juez Barriuso no se resiste a incluir una severa crítica a la “manifiesta devaluación” que, a su juicio, sufre el término “emprendedor” por su “reiterado uso en los últimos tiempos”. No se puede considerar emprendedor, subraya, a quien “sigue realizando exactamente la misma actividad que antes sin asumir nuevos riesgos, ni introducir innovaciones o cambios en el sistema productivo”.

Manda el convenio colectivo

Mucho más lacónica es la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), que ratifica otro despido improcedente de un trabajador en periodo de prueba. Su cese se produjo 13 días antes de cumplir el año en una empresa de control de plagas. El tribunal se limita a constatar que, sobre el periodo de prueba del contrato individual, prima el fijado en el convenio colectivo. En este caso, un mes para la categoría de auxiliar. Por tanto, es nula la duración que exceda de ese mes y así lo hace constar.

También en el periodo de prueba reconocido en los convenios colectivos puso su atención el Juzgado de lo Social número 2 de Barcelona, que el pasado diciembre dictó la improcedencia del despido de un trabajador sólo ocho días antes de que acabara el año de prueba. En este caso, el convenio del sector, recuperación y reciclado de residuos, reducía el periodo de prueba a 15 días para la categoría del trabajador afectado.

Además, la juez consideró que el puesto de trabajo” del despedido no “requiere un año para que el empleador evalúe sus capacidades”. Se trataba de un peón cuya misión era “trasladar neumáticos de un sitio a otro” dentro de una fábrica de Gavá (Barcelona). Pero tampoco dejó de reprocharle al Gobierno que el nuevo contrato “desproteja a los trabajadores de sus derechos”.

Menos calidad que un contrato temporal

Finalmente, para el Juzgado número 1 de lo Social de Mataró (Barcelona), el problema del contrato de emprendedores estriba en que “bajo el amparo de una normativa de trabajador indefinido, se consagra una cláusula que no sólo limita temporalmente el trabajo, sino que además le otorga peor calidad que a cualquier otro, tanto temporal como fijo”.

Y coincide con la juez de Barcelona en la “desprotección” e “indefensión” en que sume al trabajador este contrato, nacido como indefinido pero que en realidad “recoge un arco temporal de auténtico arcano, misterio, indefinición y nebulosa respecto a la situación del trabajador”. El empleado demandante fue contratado el 14 de mayo de 2012, y despedido por no superar el periodo de prueba el 13 de mayo de 2013, nuevamente un día antes de cumplir el año.