Algún lector pedía soluciones ante la descarga de análisis de mis artículos, unas soluciones que trataran de dar claves para afrontar lo que nos espera con cierta dignidad y con poco atropello informativo.

Ante tal petición, uno trata de ponerse en la tarea de colocar cuatro o cinco líneas que pudieran construir un discurso político de alternativa a los que ahora vamos escuchando, una mirada atípica para sacar del tedio a los informativos, a los artículos de opinión, a la sociedad en su conjunto. Los decálogos serían una buena herramienta para profundizar, pero para asumir la defensa de un decálogo sería necesario diseñar diez puntos de interés y, me temo, no tenemos tanta capacidad real para trazarlos sin caer en lo cursi o en el discurso vacío.

Pero sí que puedo decir, a riesgo de equivocarme, que existe una línea de análisis de lo político que, o se le tiene miedo, o no ha prosperado por la incapacidad para llevarla a cabo en este momento de nuestra historia: el populismo desde la izquierda.

Asumir que las consideraciones populistas quedan en manos de la derecha y de sus vientos neoliberales sería un error importante. No considerar esa capacidad del discurso desde la izquierda supone dejar el territorio despejado para lo que en este momento se ha establecido como líneas mágicas de los partidos más a la derecha del PP (y de algunas baronías del propio PP). 

El trabajo de alentar a los seguidores con proclamas que tiran al centro de lo emocional se ha convertido en una de las sendas por las que transitar sin ningún desprecio, con resultados notables y con discursos relativamente sencillos, que llegan porque disparan al centro del corazón. La razón, por tanto, queda en un segundo término, es el último vagón que arrastra una locomotora poderosa. Activar los sentimientos, las tripas de la población, siempre ha dado resultados; o bien para proclamar revoluciones o para asimilar regímenes.

La literatura política ya ha puesto sobre el papel la importancia de asumir capacidades populistas en la izquierda para tocar la fibra sensible del electorado, para iniciar un proceso de asimilación del discurso político desde estas coordenadas y construir puentes entre las teorías, la acciones de gobierno y el corazón. Y no hablo del storytelling, tan difuminado ya desde la utilización de sus argumentos por Ronald Reagan. 

Pero la naturaleza del nuevo tiempo en política nos lleva a pensar que objetivar el trabajo realizado, aplicar porcentajes al desarrollo de sus leyes, diseñar estrategias de comunicación y venta de producto desde coordenadas estrictamente formales, va a ganar la consideración de la población en su conjunto. 

¿Por qué no atreverse con esta línea de pensamiento? Pues quizá porque el miedo acecha y la incapacidad para llevarla a cabo por parte de los diseñadores de contenido en la izquierda es manifiesta. O, sencillamente, porque falte la capacidad de pensar desde el punto de vista de lo creativo.

Cuando casi todo está perdido, cuando la opinión generalizada apuesta por la quiebra de la izquierda para próximas citas electorales, cuando la defensa de las acciones de los partidos se someten al juicio de su defensa sin proclamar un ataque de sus líneas de pensamiento, cuando el territorio del corazón, y su activación necesaria, queda en manos de lo ultra, un paso hacia delante para conquistar determinados discursos de aliento no vendría nada mal. 

El populismo de la izquierda no alentaría a desatar las iras contra aquellas personas que pensaran diferente, ni activaría comportamientos de odio y de rechazo del otro; no contestaría con proclamas ni con sedimentos de tiempos pasados; porque la izquierda en su conjunto siempre ha venido defendiendo aquellas tesis que quedan dentro de su historia, que enaltecen comportamientos sociales claros, que evidencian la necesidad de mirar a los otros para saberse también en ellos como una manera de profundizar democracias. La colectividad y su corazón, la sociedad y sus latidos, son parte esencial de la fuerza de los y las progresistas. No estaría de más que supieran poner sobre cada discurso, sobre cada argumento, el corazón común de todos y todas: el populismo de la izquierda. 

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Javier Lorenzo Candel es poeta.

El Partido Popular se prepara para un inicio de año intenso en lo que a convocatorias electorales se refiere. Además de las extremeñas, que se celebrarán el próximo 21 de diciembre, el presidente de Aragón, Jorge Azcón, convocará un adelanto el próximo lunes con la excusa de no poder aprobar los presupuestos. Las elecciones serán el 8 de febrero. Se trata, en realidad, de un movimiento calculado por parte de los barones y la dirección nacional del partido, con el que buscan desgastar al PSOE, pero también al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a través de las urnas autonómicas, pese al riesgo de aumentar su dependencia de Vox.

Desde el equipo de Feijóo, sin embargo, descartan la idea de hacer coincidir las elecciones en Aragón con otras autonomías presididas por el PP como Castilla y León —que deben celebrarse el 15 de marzo, como tarde— en un 'superdomingo' electoral, pese a que se especuló con esa posibilidad hace solo unos meses. En Génova prefieren convocatorias individuales —"dominguitos", en sus palabras— para alargar las campañas y no "contaminar" unos procesos con otros, ya que cada líder autonómico tiene una situación determinada.

Así, el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, no cambiará sus planes tras el adelanto de Azcón. Las elecciones aragonesas se celebrarán la primera semana febrero, mientras que el castellanoyleonés se esperará al mes de marzo, aunque todavía no tiene clara la fecha: se debate entre el día 1 y el 15. También el presidente andaluz, Juanma Moreno, debe convocar como tarde en el mes junio y tiene previsto apurar los plazos, señalan en Génova, así que como pronto llegarán a finales de mayo.

En la dirección nacional del PP se muestran convencidos de que mantendrán los gobiernos en todas las autonomías, aunque sí conceden que el contexto favorece a Vox. A pesar de todo, están dispuestos a depender más de la extrema derecha a costa de que el bloque de la izquierda baje. También buscan "descapitalizar" al Gobierno porque en Aragón y Andalucía las candidatas son ministras —Pilar Alegría y María Jesús Montero, respectivamente—, lo que obligará a Sánchez a hacer una remodelación en el Ejecutivo para sustituirlas.

La reflexión de los conservadores es que las federaciones del PSOE culparán a Sánchez de los previsibles "malos resultados", en sus palabras, ante la difícil situación que atraviesa la formación no solo por el caso de corrupción que ha llevado al exministro José Luis Ábalos a prisión, sino también por la precariedad parlamentaria tras la ruptura de Junts hace escasas semanas. Feijóo tratará así de "acorralar" al presidente del Gobierno con el objetivo de que se vea obligado a adelantar él también las elecciones generales, como ya hizo en 2023 tras la debacle de la izquierda en las autonómicas y municipales.

Aragón irá a elecciones anticipadas tras el fracaso de la última reunión entre el PP y Vox para acordar unos presupuestos y del 'no' de Azcón al ofrecimiento de Pilar Alegría de los votos del PSOE para salvarle las cuentas; lo hace, además, impulsado por las encuestas. Según el PP, el aragonés podría elegir entre pactar con los ultraderechistas o con Teruel Existe y el PAR. Una posibilidad que, a juicio de Génova, puede "desactivar" a los de Abascal.

El Ejecutivo de Azcón rechazó replicar el pacto que el PP sí firmó con Vox hace solo dos semanas para investir al presidente valenciano, Juanfran Pérez Llorca. En ese caso, el barón del PP cedió ante las peticiones de los ultraderechistas en materias como el medio ambiente y la inmigración, pero el PP de Aragón tacha esas mismas medidas de "inasumibles". "Algunas cosas [de la propuesta de Vox que reedita ese acuerdo] son inasumibles", dijo el consejero de Hacienda aragonés, Roberto Bermúdez de Castro, en rueda de prensa después del encuentro con los ultraderechistas.

Los de Abascal, sin embargo, piden lo mismo que el PP firmó en la Comunitat Valenciana y así lo destacó su portavoz, Alejandro Nolasco. "Nuestra voluntad es llegar a un acuerdo coherente que no comprometa a Aragón a algo a lo que el PP ya se ha comprometido a escasos kilómetros de aquí", dijo tras la reunión del martes, destacando la incoherencia de los conservadores. "Algo que pueden disfrutar los valencianos, ¿por qué no lo pueden hacer los aragoneses?", se preguntó. Este viernes, el diagnóstico fue el mismo. Nolasco acusó al presidente aragonés de haber decidido hacía tiempo que quería ir a elecciones y quería "tener un relato" con "la excusa" de los presupuestos. "Ni siquiera ha tenido el decoro de esperar a que terminara la reunión", se quejó este viernes, porque la fecha de las elecciones, el 8 de febrero, se filtró a la prensa antes de que terminara su segundo encuentro.

En el equipo de Feijóo justifican tanto la decisión de Pérez Llorca como la de Azcón y tratan de argumentar la negativa del presidente aragonés señalando que él no se juega "ninguna investidura" sino unos presupuestos. También señalan que el caso valenciano era especialmente "delicado" por la reconstrucción de la dana, "que no se puede paralizar". Con todo, sí que admiten que mientras el PP estaba en una situación de debilidad en el caso valenciano, ahora en Aragón las encuestas les respaldan en la primera plaza.

A juicio del portavoz de Vox, el presupuesto presentado por el PP "podría ser un presupuesto del PSOE" y Azcón "parece un presidente de Podemos". Los ultras consideran que Azcón, en realidad, "no tiene ningún problema" en aceptar el pacto que ya ratificó Pérez Llorca, pero creen que prefiere garantizarse "cuatro años más" porque las encuestas le son favorables. El jueves, el dirigente ultra se lo reprochó y Azcón le dio la razón: "Será una buena noticia porque escucharemos a los aragoneses", dijo en el Parlamento.

El lunes, Pilar Alegría ofreció a Azcón apoyar el techo de gasto, paso previo a los presupuestos, y alargar con ello la legislatura. La oferta, al igual que la de Vox, desarma el argumento de los conservadores de convocar elecciones por el "bloqueo" de las cuentas regionales. Pero tanto Génova como el PP de Aragón descartaron cualquier opción de entendimiento con los socialistas. A juicio del PP, el ofrecimiento del PSOE se debe a su "nerviosismo" ante unos comicios que apartarían a Alegría de La Moncloa.

Las distintas convocatorias electorales también sirven de excusa a Génova para no pactar la renovación del Tribunal Constitucional. En una réplica al secretario general del PP, Miguel Tellado, en el Congreso, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, pidió fijar "día y hora" para reunirse y exigió a los conservadores no permanecer "cinco años y medio incumpliendo la Constitución", en alusión a los retrasos que acumuló el pacto para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por el bloqueo del PP.

Pero en la dirección nacional del partido no tienen ningún interés en pactar, ya que esa renovación no alteraría las mayorías en el órgano de garantías, que actualmente benefician al sector progresista. Según explican en el equipo de Feijóo, no se han producido contactos, y tampoco se prevé que los haya en el corto plazo. Su excusa es que no es el PP, sino el Senado y los parlamentos autonómicos, los que proponen los nombres. Un argumento que no convence al Gobierno, que señala que la actividad no se paraliza cuando hay elecciones, porque se celebran diputaciones permanentes.

El artículo 184.7 del Reglamento de la Cámara Alta señala que cada asamblea legislativa debe proponer hasta dos candidatos para la renovación de los cuatro magistrados del órgano de garantías, aunque no es un trámite obligatorio. La Comisión de Nombramientos del Senado eleva posteriormente al Pleno la propuesta definitiva. Lo cierto es que tanto en las renovaciones que corresponden al Senado, como las del Congreso, PSOE y PP se han repartido tradicionalmente los cuatro puestos a ocupar, proponiendo cada partido dos magistrados. Ese tipo de acuerdo lo impone la propia Constitución, que obliga a aprobar las designaciones con una mayoría de tres quintos.

En el equipo de Feijóo aluden a las distintas convocatorias electorales, empezando por la del próximo 21 de diciembre, para no pactar la renovación. Así, apuntan a que la Asamblea de Extremadura está disuelta y, por lo tanto, no se podrían hacer nombramientos de ningún tipo. Un argumento que prevén estirar todo lo posible para bloquear la renovación, aludiendo al resto de procesos en Aragón, Castilla y León y Andalucía.

Vox no ha conocido otro líder que Santiago Abascal, presidente desde su fundación en el año 2014 y con un mandato garantizado hasta el 2028. Es, de hecho, el dirigente político español que más tiempo lleva en el cargo, superando la década. Abascal, en realidad lleva 25 años en política, pero abandonó el PP para montar una organización a la medida de sí mismo. En enero del año pasado renovó su liderazgo sin oposición interna y cuenta con una legión de fieles que le acompaña. "Salvo Abascal, todos los demás somos prescindibles", llegó a afirmar hace solo unos meses el portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira, llamado a ser el próximo cabeza de cartel de la formación en los comicios autonómicos de 2026 pese a ser prácticamente un desconocido para sus votantes —solo conoce el 26,66% de los encuestados según la encuesta del Centra—.

Un detalle que no preocupa a la formación de Abascal, según fuentes cercanas a su líder, que explican que la potencia de la marca de Vox es, desde hace tiempo, muy estable y está por encima de quién sea su candidato o candidata en las convocatorias autonómicas. Las encuestas parece refrendar esa fortaleza, al igual que las elecciones que se han celebrado tras el varapalo electoral de julio de 2023, en las que los ultras perdieron 19 escaños. Desde entonces Vox ha ido creciendo hasta arrebatarle más de un millón de votos a su competidor directo, el Partido Popular.

A los ultraderechistas parece que nada les pasa factura. Ni su apoyo cerrado al presidente estadounidense Donald Trump tras su guerra arancelaria contra el resto del mundo, ni las cuitas internas y limitaciones organizativas que han provocado la salida de sus fundadores y principales figuras reconocidas dentro del partido —a excepción del propio Abascal—, ni las investigaciones judiciales sobre su financiación, ni la ruptura de los gobiernos autonómicos con el PP. Todo lo contrario. Ahora estarían en posición de igualar o, incluso, mejorar sus 52 diputados de noviembre de 2019.

En la ultraderecha saben que, más allá del cabeza de cartel en cuestión, cuanto más polaricen la campaña más pueden ganar. Se trata de un fenómeno bien documentado, ya que su gran éxito es imponer su agenda. No se trata tanto de cómo se traten sus temas, sino de que se aborden, como sucede con la inmigración y la seguridad. Es más determinante el marco que quién lo exponga. Por eso prefieren un primer espada poco conocido que no se salga un milímetro del guión y aproveche el tirón de la marca.

Eso es lo que Vox hizo con sus candidatos a las elecciones autonómicas y municipales. Nombró a afines a la dirección a los que teledirigir desde Madrid, ya que todas las decisiones importantes pasan por la capital, como la de romper con el PP. Abascal ha asegurado en más de una ocasión que "no va a permitir" que el "proyecto de Vox" se "destruya desde dentro"y ha dejado claro que el partido que dirige es "un partido nacional”, que "da indicaciones" y que las personas son "instrumentos al servicio de un bien mayor".

Se trata de un partido híper centralizado, en línea con su visión del Estado donde todo debe pasar por la dirección estatal, en contraste con las baronías del PP. Una opacidad patente también en las instituciones en las que la formación ultraderechista tiene presencia, donde se ha producido un goteo incesante de dimisiones y denuncias internas e incluso judiciales por la forma en que la cúpula ejerce el poder, llegando a prohibir las reuniones de afiliados durante las primarias y expedientándoles por hablar con la prensa.

Y lo cierto es que desde su nacimiento Vox ha ido desprendiéndose o relegando a las caras más conocidas del partido. En sus historias hay de todo: rupturas personales y distanciamientos ideológicos, acusaciones de "traición", salidas airadas y expulsiones, fichajes de disidentes y otros que han intentado trazar su propio camino. Pero hay dos rasgos en común: la denuncia de la falta de democracia interna en la formación de Abascal y la opacidad en instituciones en las que los ultras tienen o han tenido presencia.

Abascal es, así, la máxima referencia de un partido que en su día sí contó con otras figuras fuertes. Entre ellos la de Iván Espinosa de los Monteros, el que fuera portavoz de la formación en el Congreso. Su marcha fue un golpe más duro de lo que Vox ha querido admitir. Fundador del partido ultra y compañero de Abascal desde sus inicios en la Fundación Denaes, Espinosa de los Monteros dejó sus cargos en agosto de 2023 tras quedar relegado en la pugna de poder entre las distintas facciones del partido frente a la liderada por el europarlamentario ultracatólico y excandidato de la Falange, Jorge Buxadé. Recientemente presentó Atenea, un think tank con el que quiere contribuir con "ideas y soluciones" a que la derecha llegue al poder, pero no acudió nadie de Vox a su presentación salvo Javier Ortega Smith, alejado ahora también de la dirección nacional.

Antes de la salida de Espinosa, la guerra de poder dentro de la cúpula ya había derivado en la marcha de Macarena Olona tras ser la candidata para la Junta de Andalucía en 2022. Su fracaso electoral, donde Vox aspiraba a crecer lo suficiente como para condicionar el Gobierno y entrar en la Junta, estuvo precedido de serias diferencias entre los equipos de Abascal y Olona a cuenta de la organización y el desarrollo de la campaña. Ella siempre atribuyó su marcha a Andalucía a una estrategia del líder del Vox para desplazarla fuera de los focos de la política nacional, donde asegura que rivalizaba en popularidad con Abascal. Tras su salida, acusó a Buxadé de "juego sucio" y de "destruir el proyecto político de Vox" por no dar sitio a distintas sensibilidades dentro de la formación.

También se marchó su líder en Madrid, Rocío Monasterio, que hace solo unos meses contó que ella y su marido, el citado Iván Espinosa de los Monteros, ayudaron a crear Vox en Madrid y las causas que —a su modo de ver— llevaron a su defenestración, que tuvo lugar poco más de un año después de la salida de Espinosa. "Yo pregunté: '¿Por qué me echáis? ¿Es por ser la mujer de Iván?' Y me respondieron que sí, que era por eso", afirmó. "Me resultó muy duro", añadió. La exlíder de Vox en Madrid no ahorró en críticas a la dirección de su antigua formación, a la que acusó de ser una "secta" y de haber apostado por una línea "más intervencionista y estatalista" de la que se siente totalmente ajena: "Me recuerda a la izquierda comunista y todo lo que sea estatalista me provoca alergia", dijo.

Otro de los sonoros portazos fue el del exvicepresidente de Castilla y León, Juan García-Gallardo, que dimitió en febrero de 2025 para sorpresa de muchos tras haberse negado a cumplir una orden de Abascal al rechazar firmar la expulsión de dos parlamentarios autonómicos que supuestamente lideraban una "rebelión" contra la dirección nacional por considerar que no hay democracia interna, que no les tienen en cuenta y que el partido se ha desvirtuado. En su carta de renuncia, se solidarizó con algunas de sus denuncias sobre la gestión de Abascal. Dijo que "la dirección del partido ha ido ocupando cada vez más espacio en detrimento de los demás", que no había "pluralidad de liderazgos y carismas" y también que "intentar acabar con las oligarquías dentro de los partidos es una quimera".

El conocido como el 'médico de Vox', Juan Luis Steegmann, también abandonó el partido poco antes de las elecciones europeas. Lo hizo con una carta publicada en Libertad Digital en la que aseguraba que no iba a votar a Vox en esos comicios y en la que acusaba a Abascal de haber llevado a la formación de extrema derecha hacia una "deriva neofalangista, antiliberal y anticenfítica" por la influencia de Buxadé. Steegman fue el portavoz de sanidad de la formación ultra durante la pandemia y lideró una oposición muy dura contra el entonces ministro Salvador Illa, pero también se enfrentó a su partido por defender las vacunas frente a la covid ya que muchos dirigentes de Vox, empezando por el propio Abascal, renegaban de ellas y se oponían a toda vacunación obligatoria.

Ni un minuto tardó Dolors Montserrat en decir “Puigdemont” en el debate electoral que organizaron este lunes El País y la Ser. Y eso que los moderadores habían pedido previamente a los candidatos que se centrasen en asuntos europeos. Si en la grabación o, en realidad, en cualquier mitin del PP, se sustituyesen con silencio las frases invertidas en Puigdemont, amnistía o Begoña Gómez, su candidata y principales dirigentes permanecerían mudos la mayor parte del tiempo. 

La campaña de los populares es clara, pero no es honesta. El punto de partida es el intento de aturdir al elector para que crea que se trata de unas elecciones generales, desdeñando la importancia de las políticas europeas para los próximos cinco años. Pero hasta en los temas elegidos el PP tiene algunos apuros. Porque al tratar de dibujar una situación límite o alertar de la ruptura del país, tiene que ignorar el resultado de las últimas elecciones en Cataluña en las que el independentismo perdió la mayoría. O que en Bruselas su cruzada se ve con indiferencia, pero no con preocupación por el Estado de derecho. La realidad supera a la ficción.

Otro ejemplo, que además prueba que el PP de Feijóo tiene algún inexplicable problema con la segunda semana de las campañas electorales, es el giro respecto a la posibilidad de presentar una moción de censura. De criticar a Vox por presentarla como mecanismo de promoción propia a no descartarla. La gran ironía sería que para echar a Sánchez por pactar con los partidos independentistas, a Feijóo tendrían que votarle… los independentistas. Negocio redondo. Por cierto, cabe recordar que Casado votó “no” a la moción de censura, Feijóo se abstuvo entre críticas a Abascal por presentarla y ahora ya se plantea presentarla él mismo. 

El enésimo caos comunicativo de Feijóo pone de manifiesto que, si el PP tiene un proyecto para Europa (y sin duda hay conservadores que lo tienen), ha decidido no explicarlo en beneficio de realidades políticas que no vienen a cuento (echar a Pedro Sánchez no es lo que se vota en unas europeas).

Vox sí tiene un proyecto. Su reloj está sincronizado con la agenda desestabilizadora de la UE, el elemento transversal (quizás el único) presente en extremismos de todo pelaje que amenazan con tener un buen resultado el domingo. 

La izquierda, con sus más y sus menos, también, impulsada por la experiencia y respeto que genera el Gobierno en el club comunitario y por la tradicional exigencia extra de formaciones como Sumar (con una voz autorizada sobre asilo y migraciones) o Podemos, especialmente respecto a cuestiones como los derechos feministas, de los migrantes o asuntos como Palestina.

El último día de las encuestas depara una carrera más reñida de lo que parecía, un avance global significativo de la derecha y el fortalecimiento de las posiciones más ultras, ya sea Vox o el nuevo partido de Alvise Pérez. Todo eso era el PP antes sin que el cambio de liderazgo haya logrado la reunificación del centroderecha bajo las siglas del PP que prometieron tanto Casado como Feijóo. Quizás sea hora de cambiar de estrategia. Si hubiera sorpresa y el PP quedase segundo el domingo, sería inevitable.

El resultado de las elecciones generales del 23 de julio ha puesto a los líderes de las dos fuerzas mayoritarias, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, al límite. El candidato del PP no ha conseguido su objetivo de reunificar el espacio político a la derecha del PSOE y tampoco ha sido capaz de reunir la mayoría suficiente con la que lleva meses especulando para llegar a la Moncloa. Pero a su vez el secretario general de los socialistas y presidente del Gobierno no ha logrado evitar quedar en segundo lugar y enfrentar una investidura aún más complicada que la sacó adelante en enero de 2019.

Debilitados los dos, el primero por su magro resultado electoral y el segundo por el desastre electoral del 28 de mayo, ambos están sacando provecho de la incertidumbre en la que ha entrado la legislatura, que ha servido para congelar, hasta nuevo aviso, el debate sobre el liderazgo de cada uno de ellos. 

El que no logre la investidura, ya sea en los próximos meses o como resultado de la repetición electoral que se producirá si ninguno de ellos consigue ser elegido presidente, tendrá casi con total seguridad que abandonar. Nadie en sus respectivos partidos imagina a ninguno de los dos al frente de la oposición. No conseguir el poder desencadenará con toda probabilidad un debate interno sobre su continuidad que inevitablemente conducirá a elecciones primarias internas y a una renovación del liderazgo.

Si Feijóo no consigue llegar a La Moncloa, frente a la que se fotografió hasta en dos ocasiones durante la campaña electoral, dando por hecha su victoria, su fracaso habrá sido completo. De nada habrá servido que Isabel Díaz Ayuso y Juanma Moreno alcanzaran sendas mayorías absolutas o que cuatro barones hayan alcanzado la presidencia de sus respectivas comunidades, aunque haya sido pactando con Vox. 

Feijóo no se mudó a Génova para eso en abril de 2022, sino para “derogar el sanchismo”, según sus propias palabras. Cuatro años en la oposición, en un escenario de polarización aun mayor que en la legislatura anterior, no son precisamente el escenario que el expresidente de la Xunta había soñado cuando se decidió a liderar la revuelta interna que puso fin al mandato de Pablo Casado. Especialmente para alguien acostumbrado durante 13 años a gobernar con mayoría absoluta. El debate sucesorio estaría servido.

Del mismo modo, si finalmente se repiten las elecciones y Pedro Sánchez no es capaz de tejer las alianzas que necesita para renovar su cargo como presidente del Gobierno durante cuatro años más, el escenario de un debate interno sobre quién debería relevarle al frente del PSOE será inevitable. 

Si a la debacle institucional sufrida el 28 de mayo en las elecciones autonómicas y municipales se une la herida que se abriría en el PSOE con la pérdida de La Moncloa, la revisión del modelo protagonizado por Sánchez enfrentará dos visiones bien diferenciadas. La primera, ahora en silencio, está integrada por quienes echarían la culpa a los acuerdos con los independentistas. La segunda, aparentemente mucho más numerosa, es la de quienes reivindicarían el legado del secretario general, especialmente sus cifras de gestión económica y los avances en materia social durante los últimos cinco años.

En el PP el debate inaplazable gira en torno a Vox. El alma radical del partido, la liderada por Ayuso e inspirada por José María Aznar o Esperanza Aguirre, propone perder cualquier escrúpulo a la hora de gobernar con la ultraderecha. Los más moderados, en cambio, sostienen que ha llegado el momento de plantarles cara y marcar diferencias. El camino que elija Feijóo puede ser crucial en caso de repetición electoral.

El objetivo de ambas sensibilidades sigue siendo el mismo: reunificar bajo las siglas del PP todo el espacio del centroderecha. Esa es la única manera, reconocen en Génova, de llegar a la Moncloa. La figura de Feijóo ya ha demostrado que no tiene suficiente tirón como atraer al voto útil a los electores de Vox. Y si los ultras no desaparecen, la soledad del PP en el Congreso —nadie está dispuesto a pactar con ellos más allá de CC y UPN— les aleja de la mayoría que hace falta para lograr una investidura.

Esas dos almas, la más próxima a los ultras y la más alejada, tienen liderazgos claros: Isabel Díaz Ayuso y Juanma Moreno. Es, en el fondo, el mismo debate que sacude al PP desde la caída de Rajoy en la moción de censura de 2018. El mismo, en realidad, que partió el partido en el Congreso de València de 2008. 

En el PSOE el debate pendiente está mucho más larvado que en el PP, como corresponde a un partido que conserva el gobierno y cuyo líder tiene opciones aritméticas de llegar a acuerdos y evitar una repetición electoral. 

Más allá de la incomodidad que una parte de los socialistas siente a la hora de considerar a EH Bildu un socio legítimo con el que llegar a acuerdos en el Congreso, o de decisiones controvertidas como la reforma de los delitos de sedición y malversación o los indultos a los condenados por el procés, nadie puede echar en cara a Sánchez alguna de sus medidas haya puesto en peligro el orden constitucional. 

Y Sánchez, en cambio, sí puede hacer gala de haber conseguido normalizar la situación social en Cataluña y de debilitar el independentismo. Los socialistas han sido premiados además por los electores catalanes, que en las elecciones del 23J han vuelto a confirmar su preferencia por el PSC de Salvador Illa. Y ahí ha estado gran parte del resultado del 23J.

El debate sucesorio, con todo, está mucho menos claro en el PSOE que en el PP, a falta de figuras emergentes que puedan apoyarse en buenos resultados electorales. Ahí el mejor situado es Emiliano García Page, que preside Castilla-La Mancha con mayoría absoluta y es el líder natural del ala más conservadora del PSOE.

A Sánchez, en todo caso, le quedan dos balas en la recámara antes de que su liderazgo sea puesto en cuestión: convencer a Junts para que facilite su investidura y, si no lo logra, ganar la repetición electoral. A Feijóo, en cambio, solamente le queda una opción: conseguir en una eventual nueva convocatoria lo que no logró el pasado 23 de julio. 

Cuidamos lo cercano para una vida mejor es el lema género escogido por IU para campaña a los comicios locales del 28M, que será adaptado en los distintos municipios para si así lo estiman incluir el nombre de su localidad, según informa EuropaPress.

De esta manera, la formación complementa el lema de precampaña para los actos electorales, que ya acordó el pasado noviembre durante un encuentro municipalista para presentar su programa marco al 28M.

Según explica IU en un comunicado, desplegará también un plan de campaña "ágil y accesible", que servirá de ayuda a cada territorio para desplegar sus eventos y acciones promocionales.

IU señala que está satisfecha por la marcha de la actividad pública de precampaña desplegada, donde detecta un aumento de participación a sus eventos de sus afiliados y la ciudadanía en general.

Así, la formación remarca que es "fuerza municipalista", "comprometida" y "reconocible" en el plano de la izquierda y que esto queda recogido en el lema de campaña.

Alberto Núñez Feijóo avanza en la definición de su alternativa política al Gobierno de coalición. Lo hace a cuentagotas, con propuestas —esta última semana presentó un plan energético que apuesta por apoyar a las eléctricas y a las energéticas con dinero público, recuperar el carbón y relanzar las nucleares— pero también revelando sus planes para deshacer el legado del Gobierno de Pedro Sánchez si las urnas le otorgan en 2023 mayoría suficiente para poder gobernar.

Su agenda para borrar las leyes del Ejecutivo de coalición no está completa, pero ya se conocen las prioridades del nuevo líder del PP. En una entrevista el pasado lunes en la COPE, la cadena de radio propiedad de los obispos católicos españoles, Feijóo dio por seguro que por razones de “coherencia” derogará “total o parcialmente” todas las leyes que su partido ha recurrido al Tribunal Constitucional, lo que apunta directamente a la Ley del Aborto, a la ley reguladora de la Eutanasia y a la Ley de Educación.

Sin embargo, en la misma entrevista el líder de la oposición incluyó en la lista de leyes que cambiará —si tiene mayoría en el Congreso para hacerlo a partir de la próxima legislatura— la de Memoria Democrática, recién aprobada por el Congreso, o la de Secretos Oficiales, que acaba de comenzar su tramitación en las Cortes. 

Citó también la ley trans o la llamada ley del solo sí es sí como ejemplos de normas que, según él, ni siquiera el PSOE hubiese aprobado de no haber necesitado el apoyo de Unidas Podemos, pero no precisó si también se propone derogarlas. Y hasta se abrió a modificar también la Ley de Cambio Climático, que se aprobó en mayo de 2021 sin el voto en contra de su partido, que entonces —todavía bajo la dirección de Pablo Casado— optó por la abstención.

Feijóo se queja de que el Gobierno de Pedro Sánchez “nunca ha intentado consensuar con el principal partido de la oposición” la legislación sobre “asuntos complejos, sensibles, con aspectos morales o éticos”. Según él, el presidente solo trata de “hacer leyes lo más distanciadas posibles del PP y lo más cerca posible de sus socios”.

Para aplicar ese plan de derogación de leyes, Feijóo contará con el apoyo de Vox. El partido presidido por Santiago Abascal quiere borrar del Boletín Oficial del Estado todas las normas aprobadas en esta legislatura, que califica de “ideológicas”. Pero desconfía del Partido Popular porque cuando tuvo oportunidad y mayoría absoluta para hacerlo, en la primera legislatura de Mariano Rajoy, no derogó las leyes de la época de Zapatero —singularmente la de Memoria Histórica, la del Aborto o la del matrimonio igualitario— .

Las intenciones del líder de la oposición son, según el presidente del Gobierno, propias de un político “reaccionario”. En una reunión con diputados y senadores socialistas Sánchez condenó inmediatamente lo que considera una ofensiva “ideológica” concebida para derogar “las conquistas y los avances sociales” de los ciudadanos.  Primero recurriendo las decisiones del Congreso ante el Tribunal Constitucional —en el que ahora el PP trata de perpetuar una mayoría conservadora boicoteando la cobertura de cuatro vacantes que siguen pendientes desde el pasado mes de junio— y después anunciando que las derogará cuando llegue al Gobierno. Es, subrayó, “la peor de las ideologías, la reaccionaria”.

El presidente aprovechó para relacionar la estrategia de Feijóo con la defensa de los intereses de una minoría, los mismos que mueven al PP, recordó, a oponerse a los nuevos impuestos especiales a los beneficios extraordinarios de la banca y las empresas energéticas. “La política nunca es neutral”, advirtió Sánchez. 

El PSOE tampoco desaprovechó la oportunidad de denunciar los planes de Feijóo y los extendió a una docena de leyes aprobadas no sólo durante el mandato de Sánchez sino también de José Luis Rodríguez Zapatero.  

Los socialistas acusan a Feijóo de querer derogar entre otras las leyes de de Igualdad y de Matrimonio Igualitario, que cuentan con el aval del Tribunal Constitucional pero fueron recurridas por el PP. 

En el listado de normas que estarán en peligro si el PP regresa al Gobierno , el PSOE cita el decreto ley del permiso de paternidad, el decreto ley de medidas frente a la pandemia, las medidas antidesahucios, los derechos de los trabajadores de plataformas digitales y la ley de Presupuestos Generales del Estado del año 2022.

Y hacen referencia a la aprobación de la reforma laboral, que salió adelante por 175 votos a favor frente a 174 en contra y cuya votación el PP intentó anular.

La mejor definición del modelo político que representa Alberto Núñez Feijóo la dio él mismo en Cataluña hace apenas unos días en un acto con dirigentes de su partido: “Es el que permite llegar a la mayoría de los ciudadanos”. El que mejor se adapte a cada momento y a cada lugar. El que conecte con la mayoría, ese grupo de ciudadanos que en las encuestas se autoubica en el centro político, entendido como la zona menos vinculada a la ideología que representa el grueso de los votantes en las elecciones.

Feijóo cumple este fin de semana sus primeros 100 días al frente del principal partido de la oposición. En ese tiempo ha dado un vuelco a las expectativas de un Partido Popular que hace apenas cuatro meses había entrado en barrena como consecuencia de la guerra abierta entre su líder nacional, Pablo Casado, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. 

De aquella batalla interna no queda ni el recuerdo. El casadismo, prácticamente al completo, incluyendo actores tan significados como los portavoces en el Congreso y el Senado, Cuca Gamarra y Javier Maroto, el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, o el líder del PP en la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón, se ha reciclado rápidamente para abrazar a Feijóo con la misma naturalidad y entusiasmo con la que poco antes cantaban las virtudes de su antecesor. El partido despunta en todas las encuestas, distanciándose no sólo de Vox sino tomando ventaja sobre el PSOE, y acaba de apuntarse una victoria contundente, por mayoría absoluta, en una Andalucía que parece haber abandonado a la izquierda. Feijóo no puede pedir más en menos tiempo.

En apenas tres meses el líder y su equipo han aplicado a la política española 16 años de experiencia en Galicia, primero al frente de la oposición, después en el Gobierno. Una estrategia basada en el pragmatismo más extremo: desplegar todo el arsenal ideológico de la derecha —las mismas ideas que defendía Pablo Casado— pero sin las aristas incómodas que ahuyentaban a los electores menos politizados.

El sentido práctico que aplica Feijóo se entiende mejor cuando se observa cómo aplaude con entusiasmo al mismo tiempo el radicalismo ultraliberal y derechista de Isabel Díaz Ayuso y la moderación supuestamente centrista y andalucista de Juanma Moreno. Le sirven los dos, siempre y cuando ganen elecciones y le ayuden a conseguir en sus respectivos territorios el caudal de votos que necesita para ganar las generales. 

El “modelo ideal” no es el de Isabel Díaz Ayuso, el de Juanma Moreno o “el de Feijóo”, explicó él mismo a los suyos en Cataluña para que entendiesen qué clase de pragmatismo quiere que practiquen a partir de ahora. “Es el que permite llegar a la mayoría de los ciudadanos” mediante lo que llama “política útil, la que conecta con la gente y resuelve sus problemas”. La fórmula con la que está convencido que ganaba en Galicia y que según él ha aplicado Moreno en Andalucía. 

Demostrar que el PP es capaz de resolver problemas es precisamente lo que busca Feijóo repitiendo machaconamente, todos los días, que tiene una receta para reducir la inflación o al menos aliviar sus consecuencias para las clases medias y bajas: bajar los impuestos. Un mensaje particularmente seductor para quienes desde hace meses observan con preocupación cómo los precios se disparan y sus recursos económicos se reducen. Y al que está ayudando la imagen de gestor de éxito en Galicia que se ha construido con la ayuda de una gran parte de los medios y que tiene poco que ver con los hechos, tanto en materia fiscal como en el resto de asuntos públicos sobre los que tuvo responsabilidad durante su larga etapa como presidente autonómico.

El plan de Feijóo sigue siendo el mismo que el de Casado, “ensanchar” la base social y electoral del PP para volver a ganar. Pero la estrategia ha cambiado. Busca el modo de adaptarse a las necesidades e inquietudes de cada territorio y ha dejado de obsesionarse, como hacía su predecesor, porque eso afecte al discurso nacional del partido. Si los barones tienen libertad de movimientos, el problema de la falta de unidad desaparece. La confrontación con Ayuso ha dejado de ser noticia no porque la presidenta madrileña haya cambiado de rumbo sino porque ya nadie la contradice. Y menos que nadie Feijóo, que no va a interponerse. Se adaptará a cada circunstancia como ya ha empezado a hacer con la financiación autonómica para no verse atrapado entre lo que él pedía para Galicia y Castilla y León y lo que reclaman Andalucía o la Comunitat Valenciana. Que no es, ni mucho menos, lo mismo.

De ahí que la receta para ganar, en palabras de Feijóo, no incluya pronunciamientos ideológicos ni apelaciones a los valores liberales, conservadores o democristianos del partido. El actual presidente defiende abiertamente que, para ganar, hacen falta cinco ingredientes tan prácticos que podría aplicarlos cualquier otra formación del arco parlamentario: “ilusión, humildad, trabajo, inteligencia y sensibilidad”.

Feijóo no desprecia la ideología ni el espacio del nacionalismo español que Vox considera propio, pero tiene claro que no será apoyándose ahí donde recuperará la mayoría sino, de nuevo, mediante un discurso que le retrate como un político práctico y pragmático. Por eso da prioridad a encontrar “las razones que buscan” los ciudadanos para votar. Y diseñar para ellos “soluciones útiles” a “los problemas ordinarios y reales”. Se trata, repite a los suyos, de buscar “elementos comunes” para “la mayoría” interpretando “correctamente las necesidades de los ciudadanos en el momento concreto y exacto en el que hay que votar”. 

Ese terreno, el de lo práctico, es el que está abonando para atraer votantes hacia el PP. Muchos de Vox pero también del PSOE, según las encuestas. Por eso su estrategia se basa en la repetición diaria de un diagnóstico muy negativo de la situación económica en el que no duda en reescribir los datos para describir una “gravísima crisis” en camino de la que sólo habría un culpable: el Gobierno de Pedro Sánchez. Para construir esa narrativa vale todo, hacer afirmaciones directamente falsas, como que la economía española no está creciendo, o que España está destruyendo empleo. 

Ese empeño en cuestionar repetidamente los datos del paro y exagerar los problemas reales de la economía española para que parezca que es la única que tiene dificultades por culpa de la guerra en Ucrania y la crisis de la cadena de suministros y poder así culpar a Sánchez, le ha ocasionado ya algún problema y ha puesto en entredicho incluso su competencia en materia económica. Le pasó en su primera sesión de control en el Senado, en la que patinó a la vista de todos al confundir prima de riesgo y tipos de interés, dos conceptos básicos para cualquiera que pretenda gestionar la economía de un país.

En estos primeros 100 días de mandato al frente del PP, Feijóo ha combinado las críticas a la situación económica con una oferta de pactos de Estado casi tan amplia como su negativa a negociar los acuerdos que le propone el Gobierno. En eso sigue la misma estrategia que utilizó en la oposición en Galicia: ofrecer pactos para después dinamitarlos acusando del fracaso a la otra parte. 

Ha ofrecido, por ejemplo, un acuerdo al Gobierno en materia de defensa que ha acabado superado por la política del Ejecutivo y los compromisos alcanzados con la OTAN y Estados Unidos mientras regatea su respaldo con el argumento de que antes Unidas Podemos debe apoyarlo. A pesar de sus buenas palabras iniciales, lleva tres meses manteniendo el bloqueo de la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en línea con el boicoteo institucional decretado por Pablo Casado hace tres años. 

De todos los asuntos que Sánchez le ofreció pactar Feijóo, sólo ha dado pasos para atender uno: la supresión de la Constitución del término “disiminuido” para referirse a las personas con discapacidad. Aunque de momento no hay noticia de acercamiento alguno en el Congreso, que es donde está paralizada la reforma.

El PP de Feijóo tampoco apoyó el primer decreto de medidas para paliar las consecuencias de la guerra, el que bonificó con 20 céntimos el litro de combustible y movilizó 16.000 millones de euros en recursos públicos, 6.000 en ayudas directas y rebajas de impuestos y 10.000 a través de una nueva línea de avales gestionados a través del ICO. Un decreto que, entre otras cosas, incrementó un 15% el Ingreso Mínimo Vital, congeló la subida de alquileres y puso en marcha ayudas directas para agricultores, pescadores y empresas que consumen electricidad o gas de forma intensiva. 

Y no ha anunciado todavía si apoyará o rechazará el nuevo decreto, que amplía la duración de estas medidas hasta final de año e incluye dos nuevas que el PP había pedido expresamente: la rebaja del IVA de la electricidad al 5% y ayudas directas para las familias más desfavorecidas. Todo le parece insuficiente si no incluye una rebaja del IRPF y un “adelgazamiento” de la administración.

En muchos asuntos Feijóo mantiene una calculada ambigüedad que tiene mucho que ver con ese discurso de “mayorías”. En política exterior, por ejemplo, ofreció a Sánchez pactar las relaciones con Marruecos después de criticar las decisiones tomadas por el presidente, pero sin desvelar si está de acuerdo con que la mejor solución para el Sáhara sea convertir la antigua provincia española en un territorio autónomo bajo soberanía marroquí.

Los temas espinosos, aquellos que pueden alejar a grupos importantes de votantes como los pensionistas, los evita Feijóo siempre. Nadie sabe a día de hoy, por ejemplo, si el PP quiere impedir que las pensiones se revaloricen automáticamente de acuerdo con la inflación, como marca la reforma legal impulsada por el Gobierno. Aunque hay constancia de que ese modelo no le gusta.

Tampoco habla de recortes, aunque el perfil del equipo económico del que se ha rodeado anticipa que esa será su política si llega al poder. En realidad, Feijóo sigue a día de hoy sin responder a la mayor parte de las propuestas que en su día le trasladó Sánchez en la única reunión que han mantenido hasta la fecha.

Es verdad que, en lo formal, el nuevo líder del PP ha sido capaz de construir una imagen menos radical que la de Casado. Pero los mensajes no están muy lejos de los de su antecesor, por más que las palabras no resulten tan agresivas. Hay muchos ejemplos de acusaciones de grueso calibre: desde insinuar que Sánchez quiere manipular las elecciones generales a afirmar que pretende “controlar” instituciones como el Tribunal Constitucional. Le ha acusado de querer recaudar más impuestos para repartir ese dinero entre colectivos afines por motivos electorales. O de “vivir de rodillas” frente a los independentistas, pactar directamente con “los herederos de ETA” la memoria democrática o tomar decisiones sometido al chantaje de Marruecos. 

Con todo, Feijóo ha conseguido superar sus primeros 100 días al frente del PP sin que le salpique, ni de lejos, la corrupción de su partido. Un fenómeno con el que siempre ha mantenido una extraña relación, basada sobre todo en la negación y en la alergia a la autocrítica. La renuncia a vender la sede de Génova, símbolo de las malas artes del PP porque se reformó con dinero B, resume muy bien la actitud del nuevo líder de la oposición.

Ahora Feijóo se prepara para su primer debate del estado de la nación asumiendo un papel inédito de convidado de piedra. Acudirá al Congreso para escuchar lo que tenga que decir Pedro Sánchez y aplaudir la réplica de su portavoz, Cuca Gamarra, que será la que hable por él. Una nueva oportunidad para repetir uno de sus discursos favoritos: lo alejado que se siente de la forma en que se hace política en el Congreso.

Como cada vez que se celebran elecciones autonómicas, los partidos de ámbito estatal se lo juegan todo y no se juegan nada. Esta vez, la proximidad de las generales —se celebrarán como muy tarde a finales de 2023— está amplificando los mensajes que intentan trasladar la idea de que lo que ocurra este domingo en Andalucía anticipará la decisión del conjunto de España. En sentido contrario, quienes creen que pueden obtener un mal resultado tratan de marcar distancias recordando que lo que se vota ahora poco o nada tiene que ver con lo que se votará dentro de año y medio.

“Sin duda las elecciones tienen sobre todo una clave local que es la que va a determinar los resultados y eso significa que tenemos que tener mucha precaución a la hora de sacar conclusiones”, advierte Juan Rodríguez Teruel, profesor de Ciencia Política de la Universitat de València. Eso no significa que no vayan a tener “consecuencias indirectas”, porque el resultado “va a condicionar las estrategias de los partidos” y, sobre todo, va “a contribuir a crear estados de ánimo”. 

“Pero va a suceder lo mismo que con las otras autonómicas que hemos tenido últimamente, Cataluña, Castilla y León o la Comunidad de Madrid: tienen sobre todo una clave local”. Aunque “los partidos de ámbito nacional tratarán de sobredimensionar o de limitar”, dependiendo del caso, “las implicaciones del resultado para la escena nacional”.

Gemma Ubasart-González, profesora de Ciencia Política de la Universitat de Girona, está básicamente de acuerdo. “Existen factores estatales e internacionales a considerar, pero aquellos más explicativos de los resultados del 19J serán locales”. Los ciclos electorales de Andalucía “tienen una dinámica relativamente propia”. 

Entre esos factores estrictamente locales cita el hecho de que el PSOE andaluz haya gobernado “de manera ininterrumpida durante 37 años. Aún acusa desgaste”, recuerda. “La apuesta históricamente moderada y jacobina del socialismo andaluz ha creado una suerte de sentido común de centro, hecho que permite a una parte de los votantes bascular sin muchas dificultades hacia el PP”. A lo que hay que sumar que el Ejecutivo de Juanma Moreno haya gobernado estos años con “tono calmado, focalizando el discurso en cuestiones económicas y remarcando su apuesta por la gestión bien hecha”.

“Desde mi punto de vista”, argumenta esta profesora, lo que suceda con la izquierda estatal tras las andaluzas “dependerá en parte de la capacidad de los partidos de analizar racionalmente la situación. Si los cuarteles generales de las fuerzas progresistas no se dejan arrastrar por el pesimismo y son capaces de profundizar en políticas públicas de progreso y generar su propio marco discursivo, estas elecciones no tienen porqué ser un anticipo de nada”. Lo mismo por parte del PP: “si se confían de que los resultados se repetirán a nivel estatal por una suerte de cambio de ciclo, la cosa puede acabar como el cuento de la lechera”.

Con todo, y aunque las elecciones andaluzas no se puedan extrapolar sin más al conjunto de España, sí van a influir en las estrategias de los partidos de ámbito estatal. Una victoria del PP por encima de los 50 escaños, pero sobre todo si Juanma Moreno consigue alcanzar la mayoría absoluta, dará a Alberto Núñez Feijóo el marco perfecto para alimentar la idea con la que llegó a la presidencia del partido: recuperar la unidad de la derecha sobre la que José María Aznar y Mariano Rajoy cimentaron sus respectivos triunfos electorales en 2000 y 2011.

Lo ocurrido en Castilla y León y lo que, a la vista de las encuestas, está a punto de suceder en Andalucía, demuestra que el PP está más que dispuesto a gobernar con la extrema derecha. Pero Feijóo quiere ganar en 2023 y no depender de Vox. Y para eso sólo tiene dos posibilidades: o consigue atraer a los electores ultras en nombre del voto útil o convence al PSOE para que, si el PP queda por delante, facilite su investidura. 

En el equipo de Feijóo están más que satisfechos con la imagen que están consiguiendo trasladar del nuevo líder del PP, a pesar de sus tropezones en política económica. Las encuestas revelan que está logrando atraer a votantes del PSOE y de Vox y van a continuar en la misma línea. La confrontación con Pedro Sánchez irá en aumento y las posibilidades de cerrar acuerdos con el Gobierno, aunque seguirán en boca de Feijóo durante mucho tiempo, serán cada vez más remotas.

En esa hoja de ruta sólo se puede cruzar un mal resultado en las elecciones de este domingo que para Génova sería no sólo un incoveniente sino una enorme sorpresa. Y eso, a la vista de las expectativas creadas, significa quedar por debajo de los 45 escaños y, sobre todo, que Vox dé un salto cualitativo más allá de la actualización de su número de diputados en el Parlamento de Andalucia que salga de las urnas. Para Feijóo es una prioridad no solo ganar sino detener a Vox. Si no lo consigue, su mensaje de reunificación de la derecha estará en entredicho y, a medio plazo, deberá afrontar las elecciones de 2023 sabiendo que tendrá que contar con los ultras para gobernar. En todas partes.

Rodrígurez Teruel opina que “si el PP no puede evitar tener que depender de Vox y sobre todo si Vox acaba teniendo la suficiente fuerza como para obligar al PP a tener que meterlo dentro de una coalición de gobierno, esto sin duda va a condicionar mucho el mensaje de centralidad que lanza Núñez Feijóo”. Y al mismo tiempo va a ser mucho más creíble la alerta de los partidos de la mayoría de gobierno (PSOE y Unidas Podemos) sobre la posibilidad real de que esa coalición PP-Vox se traslade al gobienro central”. 

Con todo, el profesor de la Universitat de València cree que sería un error analizar los resultados de este domingo sin tener en cuenta que lo que vamos a ver es “una actualización de la situación política que ya tenemos en el Congreso de los Diputados”. La subida de Vox debe interpretarse, defiende, teniendo en cuenta las elecciones de noviembre de 2019, que convirtieron a los ultras en un actor fundamental del juego de alianzas, y no los autonómicos de diciembre de 2018. 

Si no tenemos eso en cuenta, “quizá sobredimensionemos demasiado la subida de Vox o la consolidación de la presidencia de Moreno Bonilla. Y en ese sentido podemos pensar que las elecciones andaluzas son ya el anticipo de lo que vendrá en otoño o el año que viene para las elecciones generales, lo cual no necesariamente tiene que darse”, avisa.

En rodo caso, en su opinión “lo importante” es que, si se produce, “un acuerdo PP-Vox afectará a la credibilidad de Núñez Feijóo. Esa será la principal consecuencia que tendrá para la derecha los resultados del domingo”. 

Para Vox lo que ha quedado claro, razona, sobre todo después de “la ducha fría” de Madrid y del “éxito” de Castilla y León, es que tiene “que ser mucho más duro y mucho más creíble con su exigencia de entrar en el Gobierno. Por eso yo creo que hoy casi nadie va a dudar de que si Vox es necesario, Vox entrará” en el Ejecutivo. “Donde va a estar la dificultad es en el PP, porque el PP es el que hasta un minuto antes de hacer el pacto con Vox en Castilla y León rechazaba esa posibilidad, incluso cuando ya intuía que no podía haber otra alternativa”.

Cabe otra posibilidad, añade, sobre todo si Moreno consigue una gran victoria y evita el gobierno con Vox: que el presidente andaluz se convierta en un contrapeso clave de Isabel Díaz Ayuso dentro del debate interno del PP nacional. “Un buen resultado de Moreno Bonilla” a quien “sobre todo beneficia a escala nacional” es a él mismo “frente a otros líderes regionales que, como Díaz Ayuso, apuestan por un discurso y por una estrategia distinta respecto a Vox”. “Si al final Moreno Bonilla no depende de Vox o no se ve obligado a meter a Vox en el Gobierno, esto a medio plazo le sitúa en una posición de fuerza dentro del PP” nacional.

Su colega de la Universitat de Girona confirma que “un segundo pacto de PP y Vox pondría a los populares en un aprieto de cara a las elecciones generales”. Núñez Feijóo “quiere hacer bascular el péndulo” del PP “lejos de las apuestas ‘ideologizadas’ de Díaz Ayuso. Y una entrada en el Gobierno Moreno de Vox cambiaría el tono y el relato del Ejecutivo, cosa que podría tener afectación en el PP estatal”.

Por otra parte, Gemma Ubasart-González no duda de que Vox está “decidido a emprender la apuesta de entrar en los gobiernos autonómicos abandonando la idea de presentarse a las generales ‘limpio’, sin haber tocado poder institucional, poniendo acento en una suerte de carácter impugnativo y antiestablisment, para avanzar en la plaza que les importa: la estatal”.

Rodríguez Teruel cree que todavía hay margen “para la sorpresa”. La participación será decisiva y eso, recuerda, no lo miden bien las encuestas que, en su opinión, pueden estar sobredimensionando el respaldo al PP al ponderar mal el respaldo que tiene Juanma Moreno. 

“Lo que puede pasar no es tanto que haya votantes que no nos estén diciendo lo que van a votar como que a lo mejor estamos sobreestimando que un tipo de votante, sobre todo un votante más de centro, más moderado, que en esta ocasión sería más probable que votase al PP, se acabe quedando en casa porque cree que la elección está dada. Ahí es donde puede haber margen de sorpresa en forma de descenso de las expectativas del PP en beneficio de Vox, que tiene un votante mucho más convencido, mucho más claro, y que en todas las elecciones que estamos viendo, incluso cuando le va mal como en la Comunidad de Madrid, sí que va a votar”.

¿Y qué pasa con PSOE y Unidas Podemos? ¿Cómo les puede afectar el resultado de este domingo? La profesora de la Universitat de Girona sostiene que una derrota en las elecciones andaluzas debería servir al PSOE para darse cuenta de que si “quiere recuperar espacio necesita un proyecto ilusionante y valentía, no le basta ya con decir ‘que viene la derecha”. Debería hacer, en su opinión, “una apuesta por políticas transformadoras. Se ha acabado la época de hacer más de lo mismo: las apuestas socioliberales han tocado techo”. 

Y no solo eso, advierte. Si la izquierda quiere mantener y recuperar espacio electoral e institucional “debe superar los escenarios de disputas internas y dejar de centrar los esfuerzos hacia dentro. Un proyecto seductor debe superar las lógicas partidistas fragmentarias y mirar al futuro”.

Perder en Andalucía significa para la izquierda, a escala estatal, “un elemento más de erosión de la mayoría guberamental”, admite Rodríguez Teruel, aunque “en absoluto precipitará escenarios a nivel nacional”. 

En primer lugar, explica, porque va a pesar “más la voluntad, el compromiso o la necesidad de mantener la legislatura mientras se pueda”. En la izquierda “la principal lección que yo creo que van a dejar las elecciones andaluzas no es tanto la debilidad del PSOE, porque su situación a escala andaluza es distinta —viene de perder unas elecciones después de 20 años de gobierno y el candidato (Juan Espadas) todavía está en un proceso de construcción, aún no es suficientemente conocido en todas las circunscripciones electorales—”. En realidad “lo que le empieza a pesar ahora a Pedro Sánchez es la acumulación de desgaste y de problemas”. 

Luego están las dos candidaturas de la izquierda del PSOE, Adelante Andalucía y Por Andalucía, que en su opinión “probablemente van a obtener un resultado menos malo” de lo que cabía esperar hace un mes “porque han aprovechado la campaña para tratar de movilizar” a sus votantes y “de reducir el coste” de las desavenecias internas. 

Las elecciones andaluzas “pueden lanzar incluso un mensaje positivo para las expectativas de la mayoría gubernamental, porque van a demostrar que cuando las izquierdas van separadas” sale ganando la derecha y pierde especialmente “la izquierda que hay a la izquierda del PSOE”. Eso puede ser “un incentivo que ayude” a los líderes de esa izquierda a ponerse de acuerdo para construir un proyecto unido.

En cualquier caso, lo que pase en 2023 no va a ser consecuencia de lo que vote este domingo Andalucía. “El panorama que hay por delante en la política nacional de aquí a 2023 es bastante claro. Si la economía sigue acumulando factores de desgaste, de preocupación, como estamos viendo, y esto afecta a las clases medias y a buena parte de las clases trabajadoras, sólo puede ser negativo para Pedro Sánchez en la medida en que eso alimente cierta desafección y desmovilización del votante de izquierdas, que es fundamental para mantener la mayoría de gobierno”.

No será eso lo único de lo que hablaremos a partir del lunes. Rodríguez Teruel apunta a otro asunto inminente: qué sucede con el PSOE si queda en situación de evitar con sus votos que Vox entre en el gobierno andaluz. “Ahí es donde creo que se va a generar el gran debate. Si el PP consigue suficiente distancia de Vox, generará una presión enorme sobre el PSOE para tratar de conseguir su apoyo parlamentario”. 

De un lado, explica, estarán quienes defiendan que “si el PP gana (las generales) por un voto eso debería ser suficiente para que el PSOE desistiera de cualquier intento de articular una mayoría alternativa”. Del otro se situarán quienes creen que “siempre que PP y Vox pueden pactar, pactan. Y que por lo tanto lo importante no es quién gane las próximas elecciones generales sino que la mayoría de izquierdas se mantenga. Yo creo que esos son los dos relatos que van a tratar de construir (PP y PSOE) a partir de ahora”.

A eso la profesora Ubasart-González añade un elemento que a menudo se olvida: la partida de las próximas generales “no solo depende de los partidos de ámbito estatal. Y las fuerzas ‘plurinacionales’ que apoyan al Gobierno de coalición parecen estar en buena forma”, advierte.

Completada su larga transición —ha tardado casi tres meses en abandonar sus responsabilidades en Galicia y ponerse al frente del PP nacional— Alberto Núñez Feijóo amplió este lunes el equipo de dirección que le acompañará en la tarea de diseñar la estrategia y las propuestas con las que tratará de ganar las elecciones generales de 2023 y convertirse, al primer intento, en el próximo presidente del Gobierno. 

Fiel a su estilo, el sucesor de Pablo Casado se ha rodeado de técnicos con experiencia en cargos públicos, varios de ellos en activo. Y, en vez de descabezar a los grupos parlamentarios en el Congreso, el Senado y el Parlamento Europeo, cuyos titulares fueron nombrados por Casado, ha optado por confirmarlos (Cuca Gamarra, Javier Maroto y Dolors Montserrat), pero los ha puesto bajo la Dirección de Coordinación Parlamentaria de uno de sus colaboradores más estrechos, Álvaro Pérez, que ha sido durante casi 20 años en Galicia una de las voces más influyentes del entorno de Feijóo. 

Por debajo de Feijóo destaca Elías Bendodo, coordinador general y mano derecha del presidente andaluz, Juanma Moreno, en cuyo gobierno es el titular de la Consejería de Presidencia. Por encima de él está, formalmente, Cuca Gamarra, como secretaria general, pero el papel de Bendodo, el peso del vicesecretario de Organización, Miguel Tellado, y las propias responsabilidades de la diputada riojana como portavoz en el Congreso devalúan sus funciones orgánicas y la relegan a un papel secundario.

Los nombramientos más relevantes de este lunes afectan al área económica de Génova 13, el punto más vulnerable del partido durante la etapa de Pablo Casado y a partir de ahora el equipo con más efectivos de la nueva dirección. Fiel a su manera de concebir la política, más en términos de gestión que de transformación, Feijóo ha reunido un grupo con experiencia de gobierno y perfil técnico. Por debajo del consejero andaluz de Hacienda, Juan Bravo, habrá otros tres consejeros autonómicos en activo. 

El primero de ellos es el gallego Miguel Corgos, consejero de Hacienda de la Xunta con Feijóo y ahora con su sucesor, Alfonso Rueda. Corgos, responsable de los presupuestos de Galicia desde que Feijóo llegó al poder, asumirá en el PP la secretaría de Hacienda, Eficiencia y Modernización del Sector Público y Financiación Europea.

La segunda es la actual titular de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura del Gobierno de la Comunidad Madrid, Paloma Martín. Llegó al cargo desde una dirección en la consultora privada Deloitte pero es considerada una pata negra del partido en la capital, en donde ha desempeñando cargos con Alberto Ruiz Gallardón y Esperanza Aguirre. Es de la absoluta confianza de Isabel Díaz Ayuso, con quien comparte una fe ciega en el ultraliberalismo.

El tercero es Luis Marín, consejero de Hacienda de Murcia, que se hace cargo a partir de ahora de la Secretaría Económica, Reformas, Impulso a la Competitividad, Emprendimiento, Liderazgo e Innovación, Digitalización e I+D+i.

A estas consejeros en activo se sumará uno que lo fue en el pasado: el senador ibicenco José Vicente Marí, un auditor de cuentas que ocupó el cargo de titular de Hacienda y Presupuestos del Govern de Illes Balears de 2013 a 2015. En Génova se ocupará de la secretario de Industria, Turismo, Comercio, Empresas y Economía Circular.

También estará en la cocina de las propuestas económicas del PP Javier Thibault. Su nombre es particularmente significativo porque fue director general de Empleo en el Gobierno de Mariano Rajoy durante la etapa de la ministra Fátima Báñez. Desde ese puesto diseñó los aspectos más radicales de la reforma laboral que el Gobierno de Pedro Sánchez acaba de corregir parcialmente. Es doctor en Derecho y ahora mismo trabaja como consultor en materias laborales en el despacho madrileño Abdón Pedrajas, especializado en el asesoramiento laboral a grandes empresas. Suyos será la Secretaría de Empleo, Pensiones, Autónomos y Diálogo Social.

El grupo se completa con el senador palentino y alcalde de del pueblo de Torquemada Jorge Martínez Antolín, nuevo secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural. Antolín es ingeniero agrónomo.

Entre los siete se encargarán de diseñar y plantear la oferta económica del PP, en la que Feijóo ha puesto todas sus esperanzas para ganar las próximas elecciones generales. Y que a juzgar por el perfil de los elegidos, tendrá tres pilares: recortes y adelgazamiento de la administración, apoya a las empresas y desregulación laboral.

El segundo equipo más numerosos en la nueva dirección de Génova está a las órdenes de Miguel Tellado, el responsable de Organización Territorial y desde hace años estrecho colaborador de Feijóo en el PP de Galicia, en el que hasta este domingo ocupaba la Secretaría General. En la sala de máquinas del partido, esencial de cara a los procesos electorales que se avecinan, Tellado contará con Ángel González en la secretaria de Organización. González acaba de volver al Congreso gracias a la baja de Pablo Montesinos por Málaga y ya tuvo responsabilidades en Génova durante la etapa de Mariano Rajoy, también relacionadas con el funcionamiento interno.

Al frente de la secretaría de Formación estará el diputado José Antonio Bermúdez De Castro, que también asciende dentro del grupo parlamentario en el Congreso. La senadora castellanomanchega Carmen Fúnez, alineada en su día con Soraya Sáenz de Santamaría, se hará cargo de Acción Electoral y la también senadora, pero por Melilla, Sofía Acedo de Afiliación y Participación.

El área se completa con otro gallego, Antonio Rodríguez Miranda. Como secretario general de Emigración de la Xunta, cargo en el que lleva diez años, tendrá muy fácil ocuparse de la secretaría del PP en el Exterior.

El comité ejecutivo celebrado este lunes también ha nombrado a cuatro secretarios de área bajo el mando de la responsable de Políticas Sociales, Carmen Navarro. Serán la exministra gallega de Sanidad Ana Pastor (Sanidad), el diputado castellonense, exalcalde y licenciado en Historia Óscar Clavell (Educación), la consejera de Familia, Juventud y Política Social de la Comunidad de Madrid Concepción Dancausa (Servicios Sociales) y la senadora abulense y exjugadora de voley Patricia Rodríguez (Familia, Igualdad y Reto Demográfico).

Bajo la vicesecretaria de Coordinación Autonómica y Local que dirige el senador madrileño Pedro Rollán, de especial relevancia a sólo un año de las elecciones, estarán el senador exalcalde Guadalajara Antonio Román (Política Municipal y Grandes Ciudades), la senadora y exalcaldesa de Huesca Ana Isabel Alós (Política Provincial e Insular) y la delegada de Hacienda del Ayuntamiento de Madrid Engracia Hidalgo (Política Autonómica).

Para su equipo, el área institucional, el eurodiputado Esteban González Pons ha elegido a la comisaria de Policía ourensana Ana Vázquez portavoz de Interior en el Congreso y una de las voces más duras con el Gobierno del actual grupo parlamentario (Interior), al eurodiputado canario Gabriel Mato (Asuntos Exteriores) y al senador y exconsejero de Cultura de la Comunidad de Madrid Jaime Miguel De los Santos (Cultura).

En el grupo en el Congreso gana peso como segundo de Gamarra el granadino Carlos Rojas, una pieza más de Juanma Moreno en el organigrama del PP nacional. Su ascenso desplaza a Guillermo Mariscal, que se queda en adjunto a Rojas. Mariscal fue uno de los responsables del grupo parlamentario que, con Gamarra, se volvieron contra Casado en cuanto los barones dieron la orden de presionar al entonces presidente del PP para que cediera el poder. Se cae del núcleo de dirección del grupo la diputada murciana Isabel Borrego.

Completan el organigrama en la Cámara Baja dos diputados gallegos. El lucense Jaime de Olano será a partir de ahora el máximo responsable del área económica, la prioridad de Feijóo, y la coruñesa Marta González lo será de las políticas sociales. Cierra la lista de dirección un clásico del PP con 26 años en el escaño, José Antonio Bermúdez de Castro, como nuevo coordinador institucional.

En la Cámara Baja Feijóo, que este martes será designado senador en representación de Galicia, asumir la presidencia del grupo parlamentario del PP con Javier Maroto en la portavocía y la novedad de la navarra Amelia Salanueva como secretaria general.

Desde que confirmó su deseo de saltar de la política autonómica a la arena nacional, hace ya dos meses y medio, Alberto Núñez Feijóo se ha despedido de Galicia al menos en media docena de ocasiones entre actos de partido y eventos institucionales. El ritmo lento que ha aplicado a la transición de poder en Génova 13 ha sorprendido al escenario político madrileño, acostumbrado a un frenesí permanente, pero no al grupo de incondicionales que integran su círculo más íntimo. Un equipo de profesionales procedentes casi en su totalidad del periodismo que ha ido conformando a lo largo de su carrera política en Madrid y en Galicia y que le acompaña en bloque en su aterrizaje al frente del Partido Popular.

Algunos de ellos no han empezado todavía a trabajar en la calle Génova y lo harán a lo largo de las próximas semanas. Pero de nuevo sin prisa. Fuentes del PP descartan incluso que el equipo de Feijóo haya decidido ya la consultoría demoscópica que va a utilizar ni si va a seguir recurriendo a los servicios de GAD3, la empresa dirigida por Narciso Michavila, como hacía su antecesor Pablo Casado. Tiene posibilidades de continuar, si tenemos en cuenta que lleva tiempo trabajando también para el PP en Galicia.

En todo caso, “es muy pronto”, aseguran las mismas fuentes. Feijóo vive a caballo entre Madrid y Santiago y “no se ha centrado todavía” en el partido, como demuestra el hecho de que un mes después del congreso de Sevilla aún falten muchos vicesecretarios por nombrar.

La clave de bóveda del equipo personal de Feijóo es Mar Sánchez. Recomendada por el entonces ministro de Sanidad, José Manuel Romay Beccaría, le acompaña desde su primer cargo político en Madrid al frente del antiguo Insalud, en la primera administración de José María Aznar, y le ha seguido desde entonces en Correos, en el último Gobierno de Manuel Fraga, en los años de oposición en el Parlamento gallego y después en sus trece años como presidente de la Xunta. 

Después de un cuarto de siglo de colaboración, en Galicia todos saben que Feijóo no da un paso que ella no conozca y que no haya evaluado previamente, pero siempre desde un segundo plano. Ahora, la nueva etapa de Feijóo en Madrid le ha obligado a dar un paso adelante. Por primera vez forma parte del equipo de dirección política del PP con el revelador puesto de vicesecretaria de Proyección e Imagen, aunque ella nunca se ha considerado una mujer de partido. Feijóo es su responsabilidad exclusiva y el único compromiso por el que rinde cuentas, aseguran quienes la conocen bien. 

A Mar Sánchez se le atribuye el control del dinero público con el que la Xunta riega a los medios privados gallegos y la dependencia de la radio y televisión pública de Galicia. Una tarea clave que ha garantizado a Feijóo un ecosistema informativo afín —con muy pocas excepciones— durante todo su mandato.

Entre los más veteranos del equipo, ya desde los años de la oposición (2004-2009), está Álvaro Pérez, licenciado en Derecho, diplomado en Empresariales por la Universidad de Comillas y el único que no procede del periodismo y la comunicación. Como asesor jurídico especializado en estrategia política, durante años ha sido también imprescindible en la toma de decisiones internas, y ahora, después de un breve paso por la empresa privada, se reincorpora al círculo del líder del PP para ayudarle en el intento de ganar las elecciones generales de 2023.

Ese núcleo original se completa con Luis de la Matta, hoy al frente de la comunicación de Génova. De la Matta es también periodista y aterrizó en Galicia en 2007 enviado por el PP nacional para ayudar a Feijóo a preparar las elecciones de 2009. Su cargo como jefe de prensa del PP no le ha impedido ocupar durante once años un asiento en el Consejo de Administración de la Compañía de Radio Televisión de Galicia (CRTVG).

Fuentes consultadas por infoLibre atribuyen a De la Matta la guerra sucia desplegada por el PP en la campaña electoral que llevó a Feijóo a su primera presidencia de la Xunta. Fue entonces, en 2009, cuando Feijóo captó a otra de las piezas clave de su círculo de confianza, la también periodista Marta Varela, que hasta ese momento se ocupaba de informar sobre el PP en el servicio de noticias de Europa Press. Varela, a la que antiguos colegas suyos adjudican una gran devoción por Feijóo, se convirtió a partir de ese momento en un apoyo fundamental del presidente gallego. Suyos son la mayoría de los discursos importantes que el heredero de Fraga ha pronunciado en los últimos años.

Hoy, por decisión del presidente del PP y en calidad de jefa de gabinete, asiste también —como Mar Sánchez— a los comités de dirección del partido, en los que tienen asiento los cargos estrictamente políticos, como Cuca Gamarra, Elías Bendodo o Juan Bravo.

Sánchez, De la Matta y Varela son las personas con más influencia sobre las decisiones del nuevo líder del PP. Y sobre la estrategia que el partido ha comenzado a aplicar con la vista puesta en las próximas elecciones generales. Una hoja de ruta basada en tres principios ensayados con éxito durante más de una década en Galicia que ahora quieren aplicar también desde la calle Génova: comunicación, planificación y control.

El hecho de que el núcleo duro de Feijóo esté formado por periodistas es en sí mismo muy revelador de la importancia que el equipo da a la comunicación. En Galicia fue muy evidente: la prioridad siempre ha sido favorecer un ecosistema mediático cómodo, garantizar la imagen pública del presidente y ahuyentar cualquier tentación de fiscalización del ejercicio del poder.

En segundo lugar, la planificación. Feijóo y su equipo de estrategia han diseñado una fórmula para ensanchar la base electoral del PP que descansa sobre dos ideas: presentar a Feijóo como un “buen gestor”, como un político con “mucha experiencia”, y convencer al electorado de que el partido, gracias a él, vuelve a ser “de Gobierno”, una organización “responsable”, con “sentido de Estado”, pero a la vez capaz de plantar cara al Gobierno de Pedro Sánchez cuando es necesario. Esa es la hoja de ruta que han trazado para hacerse hueco entre el PSOE y Vox y llegar a La Moncloa.

El control es el tercer principio que rige la actuación del círculo íntimo de Feijóo. Lo han aplicado a rajatabla a lo largo del último mes, facilitando al nuevo líder del PP un aterrizaje suave en la selva mediática madrileña, midiendo mucho sus apariciones públicas, exponiéndolo lo menos posible a las ruedas de prensa —casi todas en las que ha participado han tenido lugar en Galicia— y seleccionando muy bien sus apariciones en entornos favorables.

El grupo de afines a Feijóo que le han acompañado desde Galicia no acaba ahí. Y todos sus miembros —de los que la única baja de relieve en estos años ha sido el periodista Lucas Martinón, hoy oficialmente dedicado a la consultoría privada de estrategia y comunicación— han sido ahora cuidadosamente situados para controlar el partido en Madrid. Marcos Gómez, el último en llegar, también es periodista. Es, en funciones, director general de Comunicación de la Xunta, y aunque lleva trabajando para el Gobierno gallego desde 2009 —llegó de la mano de Alfonso Rueda, la mano derecha de Feijóo durante 17 años y hoy su sucesor en la Presidencia autonómica— se incorporó hace apenas dos años al núcleo duro encabezado por Mar Sánchez. 

Fuera de ese círculo estratégico, pero muy vinculados a él, hay otros dos nombres muy próximos a Feijóo ocupando puestos clave. El primero es Miguel Tellado, un licenciado en Ciencias Políticas al que situó en la sala de máquinas del PP gallego. Lo suyo es controlar el funcionamiento del partido. Es un fontanero puro —bajo esa denominación se conoce a los dirigentes que han hecho de la vida orgánica su profesión—, no un estratega, aseguran quienes le conocen. En Galicia, en sus ruedas de prensa semanales, se limitaba a leer con un teleprompter los textos que De la Matta le preparaba sin salirse apenas del guion ni siquiera para responder a las preguntas de los periodistas.

El segundo es Diego Calvo, el presidente del PP provincial de A Coruña. Calvo, que amagó con disputar a Alfonso Rueda la sucesión en el partido y en la Xunta, es muy apreciado por Feijóo gracias a los buenos resultados que el partido ha ido obteniendo en una de las circunscripciones gallegas menos afines a la derecha. Seguramente por eso lo ha situado al frente del comité electoral, un filtro por el que pasarán todas la candidaturas del partido.

El séquito de Feijóo en su nueva etapa incluye a una última figura, su secretaria personal, Isabel Figueira, encargada de la gestión de su agenda y de tareas de protocolo, pero ajena a la estrategia política.

La llegada de Alberto Núñez Feijóo a la presidencia del PP y la salida del escenario de Pablo Casado han transformado en un tiempo récord las expectativas electorales del Partido Popular, hasta hace poco sumido en una grave crisis interna. El CIS de abril disparó sus expectativas de voto hasta el 27,2%, seis puntos más que en marzo y a menos de tres puntos del PSOE. El sondeo de 40dB publicado a principios de mes por El País certificó un empate técnico entre PSOE y PP en el que los socialistas estarían ligeramente por delante en votos (26,2% frente a 25,8%).

La situación ha disparado las alarmas en el PSOE y en el Gobierno, que ya trabaja intensamente en la discusión de estrategias para parar lo que las encuestas llaman el efecto Feijóo. En la calle Ferraz y en la Moncloa dan verosimilitud a estos datos, que muestran una transformación del comportamiento electoral que, de no hacer nada, pondría en riesgo la continuidad de Pedro Sánchez en una segunda legislatura a partir de 2024. 

La continuidad del proyecto político puesto en marcha con la coalición PSOE-Unidas Podemos está en riesgo. No sólo el PP parece haber encontrado el liderazgo que le faltaba sino que las circunstancias han dinamitado la esperanza de que una fuerte recuperación económica llevase a Sánchez a la victoria en las elecciones del año que viene.

Los datos del último CIS y de 40dB son muy reveladores de por dónde vienen los problemas para los socialistas: el primer estudio muestra cómo el PP ha comenzado a disputar con éxito al PSOE el espacio central del tablero político y el segundo ha revelado el potencial electoral de Feijóo como un líder al que los ciudadanos perciben como alguien conciliador, dispuesto a negociar, buen gestor y con experiencia, variables todas ellas en las que está por delante del presidente.

El indicador de intención de voto por posicionamiento ideológico, una escala que va del 1 (izquierda) al 10 (derecha), muestra que el PP se ha puesto en cabeza en el puesto 5 (el centro) con un 22,5%, frente a un 16,5% del PSOE. En el 5 están además, según el CIS, la mayoría de los electores: casi nueve millones de ciudadanos con derecho a voto.

Los expertos en comunicación consultados por infoLibre coinciden en señalar que la estrategia de Génova a la hora de presentar a Feijóo en términos tan favorables, presentando sus trece años al frente de la Xunta y sus sucesivas mayorías absolutas como una garantía de solvencia y estabilidad, está siendo un éxito, aunque el balance real esté lleno de zonas oscuras. El nuevo presidente ha centrado su primer mes al frente del PP en una oferta de negociación con el Gobierno que, más allá de la sinceridad o la viabilidad de sus propuestas, ha presentado a Sánchez como alguien poco dispuesto a aceptar la mano tendida de la oposición.

El resultado es que, desde marzo, el PP no sólo ha aumentado en fidelidad de voto sino que capta al mismo tiempo antiguos votantes del PSOE y de Vox —crece a derecha e izquierda— y recupera votantes propios que se habían ido a la abstención.

Sobre la mesa ya están en discusión propuestas para combatir esta tendencia. Una de ellas pasa por apoyarse más en las figuras del Gobierno mejor valoradas por los votantes templados, como la vicepresidenta y ministra de Economía, Nadia Calviño, y la titular de Defensa, Margarita Robles. La dos, no obstante, quizá por el mismo motivo, se han convertido en las últimas semanas en el blanco preferido de la derecha. A la primera le echan en cara las medidas económicas para enfrentar la inflación, que PP y Vox consideran un fracaso, y a la segunda le reprochan haber aceptado —según su interpretación de lo ocurrido— entregar a los independentistas la cabeza de la directora del CNI.

Por el mismo motivo —la necesidad de recuperar el centro—, quienes así piensan querrían que la parte del Gobierno del PSOE marcase más distancia con Unidas Podemos, incluida Yolanda Díaz. Cuanto más a la izquierda sitúe su perfil el Ejecutivo, aseguran, más espacio tendrá el PP para crecer por el centro.

Algunas voces creen además que en realidad lo fundamental es combatir la imagen que Feijóo se ha construido de supuesto buen gestor, moderado, negociador y responsable. Y creen que las elecciones en Andalucía ofrecen una buena oportunidad para conseguirlo. En vez de agitar el miedo a un acuerdo PP-Vox, que se producirá inevitablemente si los dos partidos suman y que ya no moviliza a la izquierda como antes, hay quien cree que hay que obligar a Feijóo a elegir ofreciéndole el apoyo del PSOE en la investidura a cambio únicamente de que no dé entrada a la extrema derecha en la Junta. Y sabiendo que Feijóo no aceptará, lo que definitivamente le retratará como un aliado de Vox.

El objetivo sería mostrar a los ciudadanos quién es en realidad el nuevo líder del PP y desactivar antes de que sea demasiado tarde su, según ellos, falso discurso pactista. Si las tendencias actuales se consolidan, será muy difícil que Sánchez salga bien parado de las elecciones del año que viene.

El analista Lluis Orriols, doctor por la Universidad de Oxford y profesor de Ciencia Política en la Universidad Carlos III de Madrid, confirma que los datos demoscópicos son poco alentadores para el PSOE y el Gobierno. “Yo si fuera el Partido Socialista estaría muy preocupado”. 

Mientras Pablo Casado era el líder, el PP seguía siendo “un partido débil” desde “el punto de vista de la confianza y la gestión. En cambio ahora tiene una oportunidad, se la están dando los ciudadanos sin que [Feijóo] esté haciendo mucho”. Después de un periodo en el que el Gobierno ha sabido mantenerse a pesar de la pandemia y de las consecuencias de la guerra en Ucrania, en estos momentos enfrenta “una situación absolutamente complicada” a la que se ha sumado un “Feijóo que es muy competitivo” en términos electorales. 

“En Moncloa tiene que sonar la alarma”, porque aunque “hasta ahora han hecho los deberes y han superado los obstáculos de una forma muy encomiable en términos de opinión pública”, en estos momentos tienen enfrente a un PP “muy bien posicionado” en la zona del campo de juego “en la que se va a decidir” el partido.

Los datos que maneja Orriols confirman tanto el efecto que está teniendo el perfil del nuevo líder del PP como el desplazamiento de los votantes de centro en su favor. “En primer lugar, hay el efecto luna de miel” habitual en todos los partidos cuando cambian de líder. 

“Hay algunos que generan un boom mucho más intenso con respecto a su predecesor que otros y eso también depende mucho del grado de deterioro del liderazgo del predecesor”, que en este caso era, en su opinión, alguien “muy desgastado, un líder débil”. 

En el PP el efecto va más allá de la media, asegura, porque es un partido que “está por definir. Teníamos un PP desorientado, poco claro. No se sabía exactamente dónde estaba porque era un partido a la deriva en términos de estrategia”. Ahora, en cambio, la gente ya tiene la expectativa de “un partido de gestión, responsable, con experiencia de gobierno.” Y eso “es algo enormemente favorable para el PP”. 

A Orriols le parece especialmente significativo que el PP haya superado al PSOE en el grupo de ciudadanos que se autoubican en el centro. “No es casualidad” y no ocurría “desde la ruptura del sistema de partidos”, recuerda. “Es la primera vez que veo datos en los que el PP vuelve a ser el primer partido en el centro; esto no lo veíamos desde hace siete años. Hay luna de miel —con Feijóo—, sin duda, pero hay también elementos estructurales de cambio de sintonía entre lo que es el PP para la sociedad”, porque hasta ahora, sostiene, “el PSOE seguía siendo el primer partido en el centro, a pesar de la polarización” política. 

¿Es decisivo dominar el centro para ganar las elecciones generales? Eso depende, señala Orriols. “El PP fue un partido residual en el centro y seguía ganando elecciones porque era hegemónico en la derecha”. “Lo que no se puede es ganar no teniendo el centro y no siendo hegemónico” en tu parte del arco parlamentario, advierte. 

En su opinión, se trata de un cambio “muy sintomático” cuyo origen es anterior a Feijóo, aunque ahora “claramente haya habido un boom”. Y que además no ha impedido al PP ganar espacio a Vox por la derecha, lo que puede indicar que sus “expectativas de moderación no perjudican su participación en el espacio de la derecha”.

Eso lo explica muy bien Endika Núñez, analista de datos y colaborador de infoLibre, que apunta un dato relevante que da pistas para explicar por qué Feijóo está creciendo por el centro, pero al mismo tiempo ampliando espacio por la derecha.

“Feijóo recibe ahora más votos de Vox que los que pierde”, apunta. Y el motivo, que reconoce “sorprendente” y que se puede ver en los datos del CIS, es que Pablo Casado tenía una valoración por debajo de cuatro entre los votantes de Vox y Feijóo alcanza un seis. “No es tanto que tenga un perfil que pueda gustar a Vox sino que hay algunos votantes de Vox a los que no les gustaba la deriva del PP con Casado y que ahora podrían estar pensando en volver” a sus filas. “Aunque el liderazgo [de Feijóo] sea distinto en las formas respecto a Vox, les puede gustar más”.

Belén Barreiro, máxima responsable de 40dB, cree que el efecto Feijóo tiene más que ver con la imagen de “capacitación” del nuevo líder del PP que con la idea de moderación. “Feijóo es mejor líder que Casado desde el punto de vista de lo que piensan los ciudadanos, pero creo que si consigue ampliar la base electoral no es porque lo vean más moderado sino porque lo ven mucho más capaz, más sólido como candidato, con más experiencia”. Alguien “que ha estado con tareas de Gobierno muchos años, al que la gente ve con cualidades. Una persona en la que confían”.

Y la capacidad, recuerda, “es un atributo que eclipsa mucho las otras características. Cuando un candidato centra todo en resultar sólido, los electores no se plantean tanto dónde está desde el punto de vista ideológico”. 

En opinión de Barreiro, el cambio de posicionamiento ideológico en la percepción de los ciudadanos no depende tanto de que se produzcan relevos en el liderazgo. “En el caso de Feijóo no estoy tan segura de que sea una cuestión de moderación” en comparación con su antecesor porque “Casado era un candidato que daba bastantes tumbos” y “de Feijóo tampoco sabemos todavía en la política nacional dónde situarle, si un poco más a la derecha o un poco menos. No tengo la impresión de que el problema de Pablo Casado fuese ser de derechas”.

En cuanto a la pérdida de apoyo entre los votantes de centro, Barreiro asegura que el PSOE en realidad ya perdió ese espacio cuando se unió a Unidas Podemos para gobernar, sin que eso implique ningún juicio de valor sobre ese acuerdo, precisa. “Al votante de centro no le gusta esa coalición” desde el inicio de la legislatura, así que el PSOE perdió posiciones en el centro en relación a otras épocas en las que gobernó.

El PP intenta pasar página de la foto de Colón y trata de poner tierra de por medio, de nuevo, con Vox. Al mismo tiempo que deja en evidencia las declaraciones en las que la presidenta en funciones de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, implicó a Felipe de Borbón en la batalla política de la derecha contra los indultos.

El presidente del partido, Pablo Casado, utilizó este lunes un acto de presentación de la convención nacional que los conservadores celebrarán el próximo otoño para distanciarse de los dos, de Vox y de Ayuso. Pero sin mencionar a ninguno. Su defensa del rey dejó sin contestar las preguntas que la presidenta madrileña lanzó el domingo en su presencia, de las que fue testigo pero que entonces no quiso contradecir. La responsabilidad de los indultos, proclamó, “corresponde en exclusiva a Pedro Sánchez y a su Gobierno como establece nuestro sistema político, una monarquía parlamentaria ejercida de forma impecable por su majestad el Rey Felipe VI como jefe del Estado”. “Nadie salvo quienes los promueven y los aplauden son responsables; no hay más cómplices que ellos”, insistió.

Tampoco habló de Vox. Pero sí denunció, un día después de participar junto a la derecha extrema en la protesta de Colón, que no quiere “que el malestar de los españoles sea el camino electoral” del PP. “Con decepción y frustración social no se va a construir el país que necesitamos”, añadió, “ni se van a encontrar las soluciones que buscamos”. “No queremos el voto del rechazo”, remarcó poniendo distancia con Santiago Abascal, que reclama elecciones inmediatas parea “echar” sin más demora a Pedro Sánchez de la Moncloa. “Debemos transformar el malestar en ilusión, en voluntad de cambiar las cosas; debemos canalizar esa energía”.

Eso es lo que se propone hacer a partir de ahora el PP de Casado con una hoja de ruta que reconoce implícitamente que PSOE y Unidas Podemos completarán sin problemas la legislatura porque incluye una intensa programación de actos políticos que el partido se propone desarrollar a lo largo del próximo año con el fin de llegar a la convocatoria electoral de 2023 en condiciones de ofrecer “proyectos nuevos y ambiciosos”.

En el PP contaban con que la concesión de los indultos fuese el momento decisivo de la legislatura. Con las encuestas a favor, los de Casado creían hace apenas dos semanas que la medida de gracia sería la tumba política de Sánchez, entre otras cosas porque quebraría la unidad del PSOE.

Pero no ha sido así. La estrategia de Colón no ha debilitado en nada los planes del presidente ni su apuesta por los indultos como una fórmula capaz de iniciar un periodo de distensión política en Cataluña, avalada hace unos días por el presidente de Esquerra, Oriol Junqueras. Los síntomas de la recuperación económica empiezan a ser visibles, la pandemia aparenta estar en franco retroceso y la campaña desatada por la derecha contra los indultos no parece ganar adeptos. Una prueba de ello será la votación que el propio PP ha forzado esta semana en el Congreso para que la Cámara se pronuncie sobre la anunciada medida de gracia y que, con toda probabilidad, acabará con un respaldo mayoritario del legislativo a los planes del Gobierno.

La convención que prepara el PP tiene un objetivo: convencer a todos los votantes a la derecha del arco parlamentario, desde los moderados del PSOE a los que siguen prefiriendo a Vox, pasando por los pocos que le queden a Ciudadanos, de que si quieren un cambio de gobierno deben votar a Casado.

“Hemos convocado una gran convención abierta a todos los que quieran contribuir” para “unir a la sociedad española”. “Para pasar del enfado a la tarea, de la frustración a la esperanza”, subrayó Casado. “No es un evento de partido, sino una oportunidad para un reencuentro nacional”.

“Abrirse a la sociedad”

El Partido Popular quiere “abrirse más a la sociedad española”, explicó Casado. “Escucharla, hablar con ella, aprender de ella y explicarle sus ideas, recibir propuestas y ofrecer las suyas”.

Una apertura que sigue sin incluir explicaciones sobre supuestos casos de corrupción. Casado no pronunció en el acto ni una sola palabra sobre María Dolores de Cospedal, la ex secretaria general del partido que resultó clave para su propia elección como presidente del PP y que ha sido imputada por delitos de cohecho, malversación y tráfico de influencias. Este lunes el diario El País publicó nuevos indicios de que Cospedal pagó al excomisario Villarejo por sus servicios en el marco de la Operación Kitchen, destinada a boicotear la investigación judicial sobre Luis Bárcenas, el extesorero del Partido Popular. El PP ni siquiera ha abierto expediente informativo a Cospedal.

Desde ahora hasta octubre, el PP trabajará con diferentes laboratorios de ideas y fundaciones conservadoras. “Y después, la convención la desarrollaremos otros cuatro meses por todas las provincias para enriquecer las conclusiones con la realidad de cada lugar de nuestra España diversa y unida”. Un proceso que demorará la construcción de la oferta programática del PP hasta febrero de 2022, a poco más de un año de la fecha prevista de las elecciones.

La dirección del PP ha diseñado un programa que incluye actos de presentación de sus “pilares ideológicos” en Madrid, Galicia, Andalucía, Murcia y Castilla y León, las cinco comunidades en las que gobierna y a través de las cuales quiere impulsar su proyecto nacional.

El punto culminante de esa estrategia será la convención, que el PP celebrará en València. Será a partir ahí, con esas “bases políticas”, con las que el líder del PP espera reunificar el centro derecha. No antes. No hay "atajos al futuro. Al futuro se llega día a día, paso a paso”, remarcó.

1812, Massachusetts. La cabeza del gobernador del estado, Elbridge Gerry, no para de dar vueltas en torno a un asunto: cómo lograr que su partido, el antiguo Demócrata-Republicano, logre la victoria electoral en los distritos del norte y del oeste. Necesita encontrar una solución, un mecanismo que le permita alzarse con la victoria a pesar de las zonas del estado que le son más hostiles. A sus 70 años, le quedan pocas balas para llegar a la Casa Blanca y las elecciones de ese mismo curso jugarán un papel decisivo. Tras mucho discurrir, Gerry da con la solución. Se ha dado cuenta de que lo que tiene que hacer es lograr que los votos de todos esos distritos en los que goza de menos apoyos tengan menos valor. Pero, ¿cómo? Claro, uniéndolos todos en uno. Convirtiendo varios distritos en uno solo. De esa forma, con el nuevo dibujo de las circunscripciones electorales, ese distrito desfavorable repartirá menos escaños que con la anterior distribución, mientras que el resto de territorios mantendrán su reparto de escaños habitual. Victoria segura. Al cabo de más de 200 años, aquella argucia que se lo ocurrió a Elbridge Gerry tiene una importancia capital en el sistema electoral de los Estados Unidos, más si cabe teniendo en cuenta que cada diez años son los propios congresos de cada estado los que se encargan de rediseñar su mapa electoral.

El politólogo y analista Pablo Simón lo explica así: “En un sistema mayoritario, es decir, aquel en el que un candidato consigue la representación si tiene un solo voto más que su oponente, el gerrymandering dispersa los apoyos electorales del rival en diferentes circunscripciones de forma que siempre acaben encontrándose en minoría”. Por eso, si el partido en el poder manipula el mapa electoral a través de la técnica que ideó Elbridge Gerry, siempre obtendrá resultados favorables, toda vez que se asegura de lograr la mayoría en las circunscripciones que están en liza. En otras palabras, el gerrymandering funciona en dos direcciones. Por un lado, el cambio en el dibujo electoral le permite al partido en el poder asegurarse de que la oposición se encuentra en minoría en la mayor parte de estados. Por el otro, le permite agrupar en solo un estado (o en los menos posibles) todo el voto a la oposición, con tal de asegurarse la victoria en el resto. De todo eso se dio cuenta en 1812 un grupo de periodistas, que bautizó la trampa con una mezcla entre el nombre del político —Gerry— y salamander —salamandra, en inglés— por la silueta parecida a la de ese animal que terminó adoptando el nuevo distrito electoral.

La pieza del mecanismo electoral estadounidense que abre la puerta de la trampa a los mandatarios —aunque, a lo largo de la historia, ha ocurrido en muchos países— es la potestad que tienen los propios políticos de los congresos de cada estado a la hora de dibujar las circunscripciones electorales para la Cámara de Representantes, tal y como apunta Pablo Simón. Al tener que rediseñarse periódicamente, es muy goloso para el partido que ostenta la mayoría en el Congreso aprobar unos límites que le sean ventajosos y, por ende, desfavorables para la oposición. Ahora bien, es importante tener en cuenta que el gerrymandering no tiene nada que ver con el prorrateo, el fenómeno que llevó a Donald Trump al poder a pesar de perder por más de tres millones de votos totales frente a Hillary Clinton. Lo que pasó entonces fue que Hillary venció en estados como California, en los que vive —y vota— una gran cantidad de población, pero Trump se llevó el triunfo en un mayor número de estados pequeños. “Al cambio”, como explica Simón, “el actual presidente salió ganando en la suma de escaños”, a pesar de que fue Clinton quien arrasó en votos.

¿Es posible el gerrymandering en España?gerrymandering

“En España es complicado que hablemos de gerrymandering”, asegura el politólogo. “En la Constitución española está fijado que la circunscripción electoral es la propia provincia”, continúa, “por lo tanto, no se permite el rediseño del mapa electoral, que se ha mantenido estable prácticamente desde Javier de Burgos en el siglo XIX”. Sin embargo, Simón concreta que en la arena autonómica existen algunos matices: “Hay circunscripciones que son inferiores al nivel provincial”. El analista pone el ejemplo de Murcia, donde hasta hace poco tiempo se contaban hasta cinco circunscripciones diferentes que “se diseñaron en su día para aminorar el poder del Partido Cantonal de Cartagena”. En cualquier caso, resuelve, “en España tenemos un modelo electoral proporcional, en el que es más complicado que el gerrymandering tenga efecto porque nunca lapida totalmente una mayoría. Siempre hay posibilidades de que un partido consiga representación”. Esa es una de las razones por las que el Congreso de los Diputados es más plural que la Cámara de los Representantes de los Estados Unidos de América.

Aquella idea del gobernador Gerry —quien terminó por colarse en la Casa Blanca como vicepresidente desde 1813 hasta 1814, cuando murió de una enfermedad cardiovascular— ha perdurado hasta nuestros días con particular incidencia en los países anglosajones. Aunque a medida que han ido pasando los años, los parlamentos de todo el mundo han incluido garantías para evitar la aparición del gerrymandering, la trampa no puede descartarse en algunos escenarios, como por ejemplo el estadounidense, donde en 2021, como sucede cada diez años, se procederá al rediseño del mapa electoral. Será entonces cuando los políticos norteamericanos con mayoría en los distintos congresos tendrán que luchar por mantenerse honestos y no dejarse convencer por el fantasma del vicepresidente Elbridge Gerry.

Podemos analizar el estreno de esta nueva época desde muchos ángulos, pero uno de los más sustanciales es a mi juicio el de la confrontación entre complejidad y simplicidad (sin permiso del profesor Innerarity). Durante años hemos leído y escuchado hasta la saciedad el exitoso lema que un asesor político de Bill Clinton escribió en una pizarra durante su primera campaña presidencial: “Es la economía, estúpido”. Acertó en términos electorales, aunque con ello contribuyera a asentar también un galopante economicismo que contaminó todo el debate público, para alegría de las fábricas de pensamiento neoliberal siempre al quite para imponer la tecnocracia sobre cualquier avance en la calidad democrática. Es hora de empaparnos de realismo y de asumir que una realidad compleja no se compadece con soluciones simplistas: “Es la complejidad, idiota”, cabría proponer si no fuera por la mala prensa de cualquier reflexión que hoy no quepa en un tuit.

En esas estamos. “Muchos agentes políticos están interesados en simplificar los problemas hasta unos límites casi caricaturescos”, explicaba Innerarity a Clara Morales en una entrevista sobre su ensayo (ver aquí). “Esto, además, tiene poco que ver con la derecha y la izquierda: hay simplificadores de derechas que dicen que no hay alternativa y ofrecen una panacea tecnocrática, y un populismo de derechas y de izquierdas que establece una limitación entre ‘nosotros’ y ‘ellos’ rígida y absoluta, en un momento en que la confusión de intereses, porque estamos entreverados en un horizonte de interdependencias, es muy fuerte”. Lo resume de otra forma más concisa una cita de Henry Louis Mencken recogida en el libro: “Para todo problema complejo existe una respuesta que es clara, simple y falsa”. Esa carretera conduce desde siempre, a mayor o menor velocidad, al fascismo o a distintas formas de autoritarismo, y más recientemente a regímenes democráticos iliberales o nacionalpopulistas.

Aterrizando en lo más cercano, venimos definiendo el momento político como un cambio de época por tozudas insistencias de la realidad: la globalización, la robotización, la emergencia climática, el invierno demográfico… una serie de fenómenos económicos y sociales complejos que exigen propuestas acordes con esa complejidad. Y de los que se derivan realidades políticas como el multipartidismo, la exigencia de una mayor participación democrática, la eclosión de nuevos nacionalismos o regionalismos, el surgimiento repentino de híperliderazgos o caudillismos y también su rápido fracaso. Una realidad compleja e inseparable del efecto multiplicador y distorsionador de la desinformación que circula por el infinito digital y el negocio mediático del entretenimiento. Las ciencias de la naturaleza o las neurociencias llevan mucha ventaja a los estudiosos de las ciencias sociales y a los ejecutores de la política a la hora de asumir un puzle en el que interactúan múltiples factores.

Para entendernos más acá de la teoría: fortalecer y dotar de eficacia a esta “democracia compleja” exige diálogo frente a imposición, capacidad de escuchar frente al griterío, humildad contra la prepotencia, defensa radical de la pluralidad ante los sectarismos, respeto en lugar de insultos, colaboración y no crispación. Se trata, efectivamente, de generar inteligencia colectiva y de fortalecer el sistema democrático institucional y las vías de participación y control popular, de forma que ni la dictadura de los expertos ni tampoco la de la opinión pública guíen las decisiones de gobierno. No nos cansemos de insistir: la democracia necesita nuevas vías de participación además de las urnas, pero también órganos eficaces de control, regulación y vigilancia que garanticen que un corrupto o un imbécil que llegue al poder se vea pronto obligado a abandonarlo y haga el mínimo daño posible a la comunidad.

Acercando aún más la lupa a la alta tensión política con la que nace esta legislatura tras años de inestabilidad y bloqueo, la España real de la diversidad y el multipartidismo exige tanta inteligencia y capacidad al Gobierno como a la oposición. Acostumbrados a demasiados años de alternancia bipartita y a un ecosistema mediático condicionado o dócil, hay actores políticos que siguen entregados a la supuesta rentabilidad electoral de la crispación, del populista “y tú más”, del discurso del miedo a la ruptura de España o de la exaltación de un patriotismo excluyente. No es cierto que ese ruido permanente coseche siempre frutos en las urnas (como aquí explica Belén Barreiro). El tiempo (sean 1.456 días de legislatura o muchos menos si se tuerce la vía política con Cataluña) dirá si PP, Vox y Ciudadanos sacan algún beneficio de la táctica común de la hipérbole constante y la deslegitimación de los vencedores.

Ya sea por convicción o por necesidad, el Gobierno de coalición se estrena lanzando signos de haber comprendido esa realidad compleja y la necesidad de asumirla y de actuar en consecuencia. Llega dispuesto (u obligado) a disputar al conservadurismo neoliberal y a la extrema derecha la hegemonía cultural en esta época en la que importan tanto como siempre los principios y los contenidos, pero más que nunca la capacidad de comunicar lo que se hace y el marco del debate público generado. Esta es la traducción (y la almendra) de lo escuchado este martes a Pedro Sánchez en la rueda de prensa (por fin con preguntas y respuestas) posterior al primer consejo de ministros. La comunicación estará en el centro de su acción política, bajo el mando del Director del Gabinete de Presidencia y experto en la materia Iván Redondo, que además asume (entre otros múltiples poderes) la creación de la nueva Oficina de Estrategia de País a Largo Plazo. Se trata de marcar la agenda y la iniciativa, y de eso va el cambio de las reuniones del Ejecutivo del viernes al martes, o el compromiso de “rendir cuentas transparentes” de su gestión “cada 100 días”, confrontando ese compromiso de transparencia con la evidencia de que la oposición no ha concedido ni cien ni un solo día de margen de confianza al gobierno de coalición. Cabe preguntarse si el anuncio del nombramiento de Dolores Delgado como Fiscal General y la polémica generada (y previsible) no ha enturbiado ese ambicioso estreno de una nueva época. Más allá de la discusión de fondo sobre la idoneidad de situar a una exministra al frente de la Fiscalía, podría haber esperado hasta el viernes para evitar esa coincidencia. Pero Sánchez, con el apoyo de Pablo Iglesias, ha pretendido comunicar a la oposición (y al electorado) que pretende gobernar sin complejos una realidad muy compleja. Tanto como la sugerente teoría descrita con envidiable sencillez por Innerarity.

Ciudadanos está enviando a los buzones de los electores un folleto publicitario en el que la organización que lidera Albert Rivera falsea datos para tratar de hacer ver que el voto útil es al partido naranja y no al PP y al PSOE.

El folleto, ilustrado con una imagen de Rivera aplaudiendo y otra del líder de Cs en compañía de Inés Arrimadas, su portavoz en el Congreso, pide el voto para las candidaturas naranja con el argumento de que “un 1% más de votos a Cs son 10 escaños más para Albert Rivera e Inés Arrimadas” y “sin embargo, un 1% más de votos al PP o al PSOE sólo es un escaño que no cambiará nada”.

Ciudadanos no respondió a las preguntas de la redacción de infoLibre para que el equipo de Rivera explicase de dónde sale ese dato, con el que los naranjas aseguran estar dando respuesta a la pregunta de “cuál es el voto útil” en las elecciones del próximo domingo.

infoLibre sí ha hecho el cálculo para saber qué efecto tendría en el reparto de escaños que Ciudadanos lograse un 1% más de votos en cada circunscripción, tomando como referencia los resultados de las últimas elecciones generales, celebradas hce apenas seis meses.

En vez de los 10 escaños adicionales que los de Rivera afirman que conseguirían gracias al “voto útil” de sólo un 1% de de sus electores, la realidad es que sólo añadirían cuatro diputados a sus filas(uno por cada una de las provincias de Baleares, Alicante, Las Palmas y Zaragoza).

Tampoco es verdad que un 1% de voto adicional al PSOE sólo supondría un escaño más para el grupo parlamentario de Pedro Sánchez. Si se aplica ese incremento al resultado que los socialistas obtuvieron el 28 de abril habría que sumarles tres escaños: uno por cada una de las circunscripciones de Tarragona, Salamanca y Palencia.

Sí es verdad que el mismo 1% de incremento en el caso del PP no tendría ningún efecto: los conservadores mantendrían los 66 escaños que obtuvieron.

infoLibre también trasladó a Ciudadanos los datos de esta proyección, que desmiente las cifras del partido de Rivera en sus folletos electorales, por si quería ofrecer alguna explicación. No hubo respuesta.

La publicidad engañosa que Ciudadanos está distribuyendo en los buzones pide el apoyo de electores para la formación naranja con el lema “Pongamos de una vez España en marcha”. 

El PSOE se divide estos días entre quienes empiezan a vivir con nerviosismo los datos de las encuestas que reflejan un estancamiento en las expectativas de voto de las candidaturas socialistas —hay quien ya habla de una clara tendencia a la baja— y los que confían plenamente en la estrategia electoral trazada este verano. Según estos últimos, el PSOE remontará de aquí al 10 de noviembre y mejorará sustancialmente sus resultados del 28 de abril (123 diputados), gracias sobre todo a la idea de “estabilidad”.

Los últimos sondeos publicados han confirmado que la intención de voto al PSOE se ha atascado en torno a un 28%, mientras que la del PP sigue al alza (cerca del 21%), favorecido por el desplome de Ciudadanos (al que las encuestas atribuyen un 11%). Unidas Podemos estaría en un 12% aproximadamente y Vox por debajo del 10%. Más imprecisos son los datos acerca de Más País, que hasta este lunes no confirmó la lista completa de las circunscripciones en las que presentará candidatura, por lo que las empresas que se dedican a entrevistar a los electores no han tenido oportunidad de afinar sus predicciones.

Los estrategas socialistas creen a pies juntillas en la máxima de que, en tiempos de incertidumbre, los electores buscan estabilidad. Y el único que puede ofrecerla, sostienen, es Pedro Sánchez, igual que ocurrió con Mariano Rajoy en la repetición electoral de 2016, que se saldó con un refuerzo de la mayoría del PP.

De ahí que la candidatura de Sánchez explote abiertamente su imagen presidencial, incluyendo anticipar medidas de Gobierno en mítines del PSOE. Anuncios, además, de gran impacto social, como la decisión de revalorizar las pensiones el próximo mes de diciembre, algo de lo que viven pendientes millones de españoles. O como la aprobación de un plan de acción para ayudar al sector agroalimentario y ganadero a hacer frente a la subida de los aranceles planteada por la Administración estadounidense que incluiría una reducción del número de peonadas necesarias para poder cobrar el subsidio agrario, un asunto de gran relevancia en Andalucia.

De la misma estrategia forma parte también que, en sus mensajes, Sánchez afirme una y otra vez que después del 10 de noviembre su candidatura a la Presidencia del Gobierno será la única viable, a la vista de que según las encuestas las tres derechas no suman para gobernar. Y que sólo el PSOE, repite allí a donde va, dispone del equipo humano y del programa para hacer frente a los retos que asoman por el horizonte.

Es ahí, precisamente, en las incertidumbres que vienen, en las que Sánchez y su equipo creen haber encontrado terreno abonado para remontar. En ellas se está apoyando en los actos públicos del PSOE para pedir a los electores un amplio respaldo en las urnas que asegure la formación de un Gobierno “estable y cohesionado”, que es su manera de decir un Gobierno que no dependa de los independentistas y del que no forme parte Unidas Podemos. Sólo el PSOE tiene “un programa de Gobierno” para “liderar nuestro país”, dar una “respuesta progresista a los problemas de los españoles y a las urgencias sociales” y para “guiar a España con moderación hacia el progreso”, proclamó el lunes en la presentación del avance del programa electoral socialista.

Por eso el líder socialista se esfuerza tanto desde hace semanas en anticipar una respuesta firme de su Gobierno a un hipotético desafío soberanista, una vez que el Tribunal Supremo haga pública la sentencia del procés. Sánchez y sus ministros llevan tiempo elevando el tono de las advertencias en entrevistas y actos públicos y el pasado viernes dieron un paso más avisando a la Mesa del Parlament, vía Tribunal Constitucional, de las consecuencias legales que sus miembros tendrán que afrontar si insisten en aprobar resoluciones contrarias a la Constitución y al Estatuto como las que la Cámara catalana validó en julio en defensa de la autodeterminación y en contra de Felipe de Borbón.

Sánchez construye en cada una de sus intervenciones públicas un discurso en el que afirma que el Gobierno lleva meses preparado para hacer frente a la eventualidad de un Brexit duro,Brexit que puede desatarse el próximo 31 de octubre, justo la víspera del inicio oficial de la campaña electoral, así como para afrontar un recrudecimiento de la crisis económica global que se está gestando como consecuencia, sobre todo, de la guerra comercial entablada por Estados Unidos con China y Europa.

Fortalecer el país en un momento de “muchas amenazas”

“Necesitamos ahora un gobierno, no dentro de meses o un tiempo, estamos perdiendo muchas oportunidades, tenemos que fortalecer el país en un momento de muchas amenazas”, señaló este martes en un mitin en Jaén. “Ahí está la guerra comercial, el Brexit, y el enfriamiento de la economía, por eso es importante tener un gobierno en plenas capacidades”. Pero para conseguirlo “tenemos que lograr romper” el “bloqueo” impuesto, según él, por los demás partidos. “Quien quiera avanzar, la propuesta es el PSOE”, concluyó en medio de los aplausos del concurrencia.

La estrategia electoral del PSOE para las próximas semanas la resumió muy bien este viernes, tras el Consejo de Ministros, la ministra portavoz. Isabel Celaá, además de anunciar medidas contra las resoluciones independentistas del Parlament, jugó expresamente la carga de las certezas: “Nuestra obligación es trabajar para ofrecer certidumbre y confianza en tiempos de mudanza”.

El Gobierno, añadió, “tiene que hacer frente a los desafíos contemporáneos: la economía, el Brexit y la sentencia del procés” con la “receta” del “sentido común, la confianza y la determinación”. Por eso “hemos dicho tantas veces que necesitamos un Gobierno estable. Hay que salir del bloqueo cuanto antes”.

En ese camino, que el PSOE quiere utilizar como polo de atracción para los electores que en tiempos de incertidumbre buscan instituciones fuertes, el Gobierno no se resigna a quedarse de brazos cruzados, por más que constitucionalmente su capacidad de actuación esté limitada. “Un Gobierno en funciones no es ni mucho menos un Gobierno disfuncional”, advirtió Celaá el viernes. “Los mecanismos constitucionales y las leyes nos habilitan para afrontar todos los retos; lo contrario sería incomprensible”.

Y, por si alguien tiene alguna duda, recordó expresamente “cuáles son las atribuciones de un Gobierno en funciones conforme a la legislación vigente”. Especialmente las que le permiten salirse del “despacho ordinario de los asuntos públicos” por razón de “urgencia debidamente acreditada” o “por razones de interés general cuya acreditación expresa así lo justifique”.

“Han sido muchos los debates surgidos estos días al respecto de lo que se puede y lo que no se puede hacer, pero no hay ninguna duda”, precisó la portavoz. “En todos ellos el interés general y la urgencia justifican la acción del Gobierno” y eso incluye el Brexit o, en su caso, responder “con firmeza y con proporcionalidad” a lo que venga tras la sentencia del procés.

Verdades incómodas. Unidas Podemos acaba de poner en circulación una campaña de redes sociales en torno a esta idea en la que militantes de la coalición comparten problemas reales para llamar la atención de los votantes sobre lo que realmente está en juego el próximo 10 de noviembre. Siguiendo este formato:

La organización liderada por Pablo Iglesias quiere hacer de “la crisis que viene” el eje del debate político en los próximos días para distanciarse del desencuentro que, tras las elecciones de abril, hizo imposible la formación de Gobierno y obligó a repetir las elecciones.

En Unidas Podemos están convencidos de que el enfado de los ciudadanos por lo ocurrido durante la legislatura fallida afecta por igual a la derecha a la izquierda y a unos partidos y a otros y de que no tiene que ver con el fracaso de las negociaciones entre el PSOE y la formación morada sino con la desatención de sus problemas reales.

En ese contexto, los de Iglesias se proponen combatir la estrategia, que consideran compartida por Pedro Sánchez y Pablo Casado, de resucitar el bipartidismo. Y quieren hacerlo recordando que un sistema que descanse sobre PP y PSOE, sin otros partidos que actúen como “mecanismos de control”, es “imperfecto”, supone un “retroceso” y sólo crea una sensación falsa de estabilidad.

Unidas Podemos asegura no querer hacer del fracaso de la investidura uno de los temas de su campaña, pero a diferencia de lo ocurrido en abril sí intentará alimentar la idea de que Pedro Sánchez quiere pactar con Ciudadanos y no con ellos. “No ha querido pactar con nosotros y en cambio se lo ha pedido a PP y a Ciudadanos”, subrayaron este martes fuentes de la dirección de Pablo Iglesias. Rivera es en realidad su verdadero socio preferente”. Frente a esa opción, el objetivo es “obligarles a pactar con nosotros”.

Los estrategas de la campaña morada tratarán también de sortear el impacto que en los próximos días tendrá sobre la campaña el fallo del Tribunal Supremo en torno el procésprocésy mantener la crisis económica que anticipan —y la necesidad de un gobierno que le haga frente desde una perspectiva social— como tema central de sus mítines.

Se trata de insistir en la idea, ya utilizada desde hace meses, de que la moción de censura que sacó a Mariano Rajoy del Gobierno, la subida del salario mínimo y otras iniciativas clave se han conseguido gracias a Unidas Podemos y a pesar del PSOE.

En ese rumbo que se han trazado, en el que no hay sitio para debatir sobre los culpables de que no hubiese investidura o sobre la crisis en Cataluña, Unidas Podemos tampoco quiere ceder ningún espacio a discutir sobre Más País e Íñigo Errejón.

La dirección de UP asegura no temer a las encuestas que reflejan un ligero retroceso en sus expectativas de voto y defiende que lo que hay son ciudadanos enfadados que dudan con la abstención.

Así que la campaña, una vez más, “será muy importante”. El punto de partida no sólo “nos permite salir a pelear” sino que es mejor, aseguran, que el que tenían en las generales de abril.

“Sólo una propuesta es capaz de garantizar un Gobierno estable y coherente”, proclamó el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, en la primera reunión del Comité Federal del PSOE desde el que tuvo lugar en marzo, coincidiendo con la convocatoria electoral de abril. En esa idea es donde Sánchez quiere que los dirigentes territoriales, los militantes y los simpatizantes socialistas se vuelquen de aquí al 10 de mayo. “Pido un amplio esfuerzo de movilización” que transmita a los ciudadanos “todo lo que está en juego” y aprovechar “una gran oportunidad para unir a todos los españoles” y “superar” años de interinidad y bloqueo político.

En un ambiente de seriedad, sin el entusiasmo preelectoral de otras ocasiones, Sánchez dedicó su discurso a enfatizar la capacidad de su Gobierno de dar respuesta a los problemas desde la responsabilidad, el sentido común y la prudencia. Especialmente ante las tres incertidumbres que de manera más inmediata se ciernen sobre España: el Brexit, el enfriamiento económico y sobre todo la respuesta del independentismo a la sentencia del procés.

En este último asunto se detuvo con especial énfasis. Lo hizo para advertir a los soberanistas de que “aún están a tiempo” de no cometer “mayores errores”. Y para ello les pidió que “condenen cualquier tipo de violencia que venga de algún grupúsculo independentista”.

“Vamos a defender la Constitución” “sin vacilaciones” y “en particular” el buen trabajo de la Guardia Civil en nuestro país”, remarcó. Y para eso, “también necesita España un Gobierno estable”.

Sánchez aseguró, tajante, que España va a “superar esta crisis” en Cataluña. Sostuvo que una “buena parte del independentismo” ya sabe que la “quiebra unilateral no lleva a ninguna parte” y una vez más ofreció diálogo dentro de la ley.

“El independentismo tiene que reconocer que ha fracasado. Que su naufragio es total” y que “engañaron a la sociedad catalana”. Por eso, añadió, deben “volver a la legalidad y tender la mano a la mitad de la sociedad catalana que no se quiere ir de España”.

El presidente en funciones dedicó buena parte de su intervención, de aproximadamente 40 minutos, a elogiar y reivindicar a los militantes y simpatizantes del partido, a los que pidió un esfuerzo de “compromiso y movilización” en unas “elecciones cruciales” después de que los demás partidos, indicó, bloqueasen la formación de Gobierno.

De manera calculada, evitó cualquier referencia a Unidas Podemos o a Más País y pidió expresamente al partido que evite los reproches” por lo ocurrido estos meses y se concentre en dirigirse a los ciudadanos para que elijan al PSOE como el único partido en situación de ofrecer el gobierno “estable y cohesionado que necesita España”. El único con “una hoja de ruta clara, con un proyecto sólido que da respuesta a los desafíos” pendientes.

En su discurso, Sánchez se esforzó en dibujar lo que será una idea recurrente de la campaña socialista: presentar al PSOE como la única salida a la situación de bloqueo e interinidad de los últimos años apelando a su presencia en todo el territorio, a su compromiso histórico con los derechos sociales y la defensa de lo público.

De ahí que los socialistas planeen volver a plantear las elecciones, como ya hicieron en abril, como una elección entre un Gobierno socialista y uno de la derecha apoyado por la ultraderecha.

La campaña socialista se pone en marcha

La reunión del Comité Federal de este sábado ha puesto en marcha la maquinaria del PSOE de cara a las elecciones y ha ofrecido una imagen de unidad y fortaleza con la vista puesta en un único objetivo: movilizar al electorado y desmentir las encuestas que sugieren cierto estancamiento del partido.

Tras una intensa semana en Nueva York, en la que Sánchez tuvo la oportunidad de fijar su perfil más internacional, el presidente en funciones se dispone a iniciar una agenda plagada con actos por toda España, comenzado este domingo con su participación en la Fiesta de la Rosa que cada año celebra el PSC en la pineda de Gavá, en el área metropolitana de Barcelona, y que este año tiene lugar wn un contexto de nuevo de fuerte polarización política en Cataluña.

El lunes presentará en Madrid la campaña del PSOE para el 10N y el martes y el miércoles acudirá a sendos mítines en Zaragoza y Valencia, respectivamente. El jueves estará en Cáceres, el viernes en Asturias, el sábado en A Toxa (O Grove, Pontevedra) y el domingo en Barakaldo (Biskaia), donde se proclamará oficialmente a Idoia Mendia como candidata a lehendakari.

En el Comité Federal tienen asiento los barones del PSOE, los presidentes autonómicos socialistas y secretarios regionales del partido. Algunos de ellos se estrenaron en este foro como presidentes autonómicos, dado que ha sido el primer comité que tras las elecciones del 26 de mayo.

Este fue el caso, por ejemplo, de los presidentes de Canarias, Angel Víctor Torres; La Rioja, Concha Andreu, y Navarra, María Chivite. También participaron en el Comité Federal los presidentes de Aragón, Javier Lambán —que se fue nada más germinar su discurso Sánchez—; y de la Comunitat Valenciana, Ximo Puig, así como la gran mayoría de los secretarios regionales.

Han excusado asistencia, sin embargo, los presidentes de Baleares, Francina Armengol, y Extremadura, Guillermo Fernández Vara, por motivos de agenda; el presidente de Asturias, Adrián Barbón, de viaje en Francia para rendir homenaje a José Barreiro, histórico socialista asturiano que murió en el exilio, y la líder de los socialistas andaluces, Susana Díaz, por un compromiso familiar. Tampoco huizo cto dse presencia Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha.

Más allá de los mensajes políticos y los llamamientos a la unidad y a la movilización, la cita sirvió para completar trámites organizativos, como nombrar a los miembros de la comisión a la que se encargará la redacción del programa electoral del PSOE para el 10 de noviembre, que incluirá las 370 medidas que preparó el partido en colaboración con asociaciones de la sociedad civil el pasado agosto y que se propuso como base para un acuerdo programático con Podemos, y mandatar a la Comisión Federal de Listas que acometa los cambios que sean estrictamente necesarios en las listas al Congreso y el Senado, que Ferraz tiene la voluntad de que sean las mismas que las que concurrieron el pasado 28 de abril. La intención de la dirección socialista es cambiar exclusivamente a aquellos que ya no quieran o no puedan repetir, como es el caso por ejemplo de la número uno al Congreso por Ciudad Real, Blanca Fernández, nombrada consejera en el Gobierno de Emiliano García-Page.

El Comité Federal ha ratificado también la candidatura de Idoia Mendia, líder de los socialistas vascos, como candidata a la lehendakaritza en las elecciones previstas para 2020.

Al final, después de una veintena de intervenciones, la conclusión del comité fue un cierre absoluto de filas en torno a Sánchez y a su decisión de no ceder a las exigencias de Unidas Podemos de forma un Gobierno de coalición, además de una celebración tras el fallo del Tribunal Sjupremo que ha removido los últimos obstáculos para sacar a Francisco Franco de Cuelgamuros.

Permítanme unos apuntes personales que someto (obviamente) a todas las discrepancias, pero que considero una especie de mínimos de sensatez imprescindibles para que esa mayoría social que el 28 de abril se pronunció en las urnas contra la amenaza de regresión no caiga de nuevo en la impotencia, el hartazgo o la frustración.

A riesgo de resultar pesado, lo más peligroso en estos tiempos de multipartidismo es el empeño de sectores políticos, económicos y mediáticos en actuar como si el bipartidismo fuera resucitableresucitable, como si los cambios sociales, generacionales, demográficos y hasta de exigencia ética que provocaron el surgimiento de nuevos partidos tuvieran marcha atrás. Sustituir el bipartidismo por el bibloquismo sería un error mayúsculo que cada partido pagaría en un grado difícil de calcular, pero que las izquierdas acepten una vez más el marco impuesto desde esos mismos sectores para demonizar toda opción de gobierno que no pase a corto o medio plazo por el trío de Colón o por un nuevo “abrazo” entre Sánchez y Riveratrío de Colón sería la defunción de las fuerzas progresistas para muchísimo tiempo.

Con todos mis respetos a Pedro Sánchez, a Pablo Iglesias y a quienes se dedican a aconsejarles, lean a Ignacio Sánchez-Cuenca (ver aquí): “Si el político se deja llevar por el regate corto y por los mensajes enlatados que le proporcionan sus asesores, no debería extrañarse de que su valoración se hunda. Aunque los asesores estén convencidos de que los ciudadanos somos idiotas, no somos tan idiotas”tan. Miren por encima de la pared de las siguientes elecciones o del siguiente Vistalegre, porque si no lo hacen correrán el riesgo de estrellarse definitivamente, justo cuando más audaces en la táctica hayan creído ser.