El gasto público social de España equivale al 23,7% de su PIB, casi 3,5 puntos por debajo de la media de la Unión Europea y nada menos que 7,5 puntos menos que el campeón del gasto en políticas sociales del continente, Francia. Además, según el último informe de la OCDE al respecto, el compromiso público con las políticas sociales en España no ha hecho más que descender durante toda la crisis y no se ha recuperado con la reactivación económica: en proporción al PIB ha caído dos puntos desde 2009.

De ese gasto, la parte del león corresponde a las pensiones, que representan el 12% del PIB y casi la mitad del presupuesto del Estado de cada año. Pero a las prestaciones que los economistas e investigadores denominan means-tested, aquéllas cuya percepción está sujeta a la comprobación de las rentas de los beneficiarios, España sólo dedica el 3,14% del PIB, 35.108 millones de euros, según los datos de Eurostat, la oficina de estadísticas de la UE, relativos a 2016. A sufragar el subsidio de desempleo, las ayudas para los parados de larga duración las ayudas para los parados de larga duración –RAI, PAE, Plan Prepara, ahora reconvertidos en el SED– las pensiones no contributivas y las rentas mínimas autonómicas, el Estado destina únicamente el 13% del gasto en protección social. Pese a que este sistema de garantía mínima de ingresos resulta ser, según coinciden los expertos y las instituciones, el instrumento más eficaz para luchar contra la pobreza y la exclusión social. Dinamarca dedica el 36,4% de su gasto en políticas sociales a este capítulo e Irlanda el 30,2%. Holanda, con tres veces menos población, emplea el 14,5% de su gasto a protección asistencial, punto y medio más que España.

El Banco Mundial lo subraya en un informe sobre la redistribución fiscal en la UE: las prestaciones condicionadas a la renta son las más “progresivas, pero su impacto redistributivo depende sobre todo del tamaño de los programas”, de su volumen de financiación. Aunque están diseñadas para beneficiar al 40% más pobre de la distribución de ingresos, los recursos que se destinan a estas prestaciones son, sin embargo, mucho menores que aquéllas no vinculadas a la renta de los beneficiarios. No sólo en España sino también en el resto de Europa.

“Es ahí donde está el gran agujero [de la protección social en España]”, advierte José Antonio Noguera, profesor de la Universidad Autònoma de Barcelona y especialista en política social, quien destaca el “déficit” en prestaciones para los más desfavorecidos. Para Jorge Calero, profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Barcelona, el conjunto de las prestaciones condicionadas a la renta está “relativamente poco desarrollado” en España, que ha preferido las políticas de protección social contributivas, basadas en el trabajo, y creó su sistema asistencial “tarde y mal”.

Además de escaso, el volumen de las prestaciones condicionadas a la renta no ha hecho más que descender durante toda la crisis, precisamente cuanto más acuciante era la necesidad. De hecho, según Eurostat, el importe de estas ayudas cayó en España un 18,5% desde 2011, cuando alcanzaron su máximo, hasta 2016, en que llegaron al mínimo de la década. En el camino se perdieron casi 8.000 millones de euros.

Donde menos reducen la pobreza

Un estudio sobre necesidades sociales en España que el Observatorio Social de La Caixa publicó el pasado octubre no sólo señala la menor financiación de este conjunto de ayudas, sino que también critica la falta de mejoras durante la crisis y resalta que sus cuantías quedan muy por debajo del umbral de pobreza. “No es extraño”, concluye, “que España sea uno de los países con peores resultados en cuanto a la capacidad del conjunto de prestaciones para reducir la incidencia de la pobreza monetaria”.

Tras analizar las pensiones no contributivas, la renta activa de inserción (RAI) y las rentas mínimas autonómicas, los autores de la investigación las consideran “insuficientes” para cubrir el riesgo de pobreza, puesto que todas ellas quedan por debajo del 66% del umbral –situado en 710 euros al mes, el 60% del ingreso mediano–. Una brecha que, además, se agranda cuando aumenta el tamaño del hogar: con hijos, las rentas mínimas de las comunidades autónomas no cubren más que el 45% de ese umbral y la RAI ni siquiera el 30%.

Aunque hay diferencias considerables entre las rentas autonómicas, el promedio nacional sitúa a España en el puesto 19º de 24 países de la UE. En Dinamarca, recuerda el informe de La Caixa, estas prestaciones cubren casi por completo el riesgo de pobreza, mientras que en Irlanda y Reino Unido alcanzan el 75%. Sólo las rentas mínimas del País Vasco, que rozan el 70%, y Navarra, con un 65%, pueden presumir de estar al nivel europeo.

Según los datos que maneja la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, las rentas mínimas sólo las cobra en España el 8% de las personas que viven bajo el umbral de la pobreza: de los 9,1 millones en riesgo de privación únicamente 728.142 las perciben. Se trata de una media: en Castilla-La Mancha las rentas mínimas sólo llegan a un 2,1% de los potenciales beneficiarios; en Murcia, al 3,6%; en la Comunidad Valenciana, a un 4,3% y en Andalucía, a un 4,5%.

Es más, durante la crisis aumentó –sólo teóricamente– la capacidad de estas ayudas para combatir la pobreza, pero no porque se elevara su cuantía, sino gracias a la caída general de la rentas. El efecto reductor sobre la pobreza del conjunto de las prestaciones sociales ya es de por sí limitado en España, un 52,4%, pero si se descuenta el impacto que tienen las pensiones, el efecto encoge hasta el 24,4%. De tal forma que en el ránking europeo España se hunde en la posición 22ª de 27 países, resalta el estudio, no sólo muy inferior a la media comunitaria sino incluso por debajo de países con menor renta per cápita como Polonia, Grecia, Portugal, Chipre o Malta.

Sólo en EEUU hay menos clase media que en España

Otro informe sobre el sistema de garantía de ingresos en España, elaborado para el Ministerio de Sanidad por los profesores Luis Ayala, José María Arranz y Carlos García Serrano, destaca también el “limitado” efecto redistributivo de las prestaciones. Las pensiones contributivas concentran casi la mitad de la reducción de la pobreza. Las prestaciones por desempleo, un 9%. Pero las prestaciones por hijo a cargo –sólo 291 euros al año– tienen un efecto muy pequeño pese a beneficiar a un número muy elevado de personas, más de un millón, según los últimos datos de la Seguridad Social con fecha de diciembre de 2018. Las rentas mínimas autonómicas también reducen la pobreza de forma bastante tímida, un 3,5%.

La generosidad de las prestaciones sociales y un sistema tributario progresivo son las herramientas para redistribuir la riqueza en un país. La consecuencia suele ser el aumento de las clases medias y la reducción de las que perciben rentas más bajas, explica el Tercer Informe sobre la Desigualdad en España de la Fundación Alternativas. Es lo que ocurrió hasta el estallido de la crisis. Su larga duración y el “debilitamiento de algunas políticas redistributivas” invirtieron la tendencia de forma “drástica”, asegura el documento: uno de cada seis hogares dejó la clase media para caer en el segmento con los ingresos más bajos. Por el contrario, las rentas más altas han acumulado un mayor porcentaje de la renta total en la última década. Como resultado, sólo en Estados Unidos, entre los países desarrollados, la clase media representa un porcentaje menor de población que en España. Según el estudio, el modelo español está “más orientado a la tercera edad y al desempleo, aunque no al de larga duración, mientras los jóvenes sin experiencia laboral, los hogares con hijos pequeños, y especialmente los monoparentales, se encuentran más desarropados ante las crisis”.

Sus autores echan en falta en España políticas de acceso efectivo a la vivienda, políticas activas de empleo y contra la exclusión social, prestaciones familiares y para niños, así como ayudas de garantía de ingresos. Porque, aun sin crisis, el punto de partida de los mecanismos redistributivos ya era deficiente. Mientras en Alemania los impuestos y las prestaciones aumentan casi 20 puntos porcentuales el peso de la clase media-baja y en seis puntos el de la media-alta, en España sólo mejora el primero en 16 puntos y el segundo en seis. ¿Dónde consiguen el mayor peso las clases medias? En Suecia, Dinamarca y Francia.

Para José Antonio Noguera, uno de los problemas del sistema español de rentas mínimas es su diversidad territorial. “No hay un programa estatal como en otros países de Europa, sino 17 programas, uno por cada comunidad autónoma”, lamenta, “por lo que no sólo han sido presupuestariamente más débiles, excepto el del País Vasco, sino que además tienen requisitos legales muy distintos y difíciles de cumplir, así que dejan fuera a muchas personas que deberían recibir las prestaciones”.

Rentas mínimas que no cubren y renta básica universal

Las comunidades autónomas reparten en rentas mínimas 1.350 millones de euros, de los que el 36% corresponden al País Vasco –el programa “más generoso, eficaz y con mayor cobertura”, apunta Noguera– y sólo el 9% a Madrid, según el informe del Ministerio de Sanidad. El profesor de la Autònoma de Barcelona defiende como “asumible económicamente” un sistema universal de garantía de rentas, bien como una renta básica, bien como un impuesto negativo sobre la renta, pero con armonización estatal. Y con requisitos más laxos o concebido como un “derecho subjetivo” independiente del presupuesto.

España es uno de los países de la UE donde las ayudas condicionadas a la renta menos llegan al 40% más pobre, los que deberían ser sus destinatarios. Mientras en Grecia, Reino Unido alcanzan al 70% de los que tienen menos ingresos, y en Portugal e Italia hasta casi el 60%, en España apenas protegen al 32% de aquéllos a los que deberían beneficiar, según el informe sobre gasto social de la OCDE. De los 14.396 millones de euros de prestaciones a las familias, sólo 3.335 millones son de este tipo: 67,76 euros per cápita, según las estadísticas de Eurostat.

El profesor de la Universidad Autònoma de Barcelona niega que exista prueba concluyente alguna de que este tipo de ayudas “fomenten el parasitismo”. “Al contrario, dan más tranquilidad para buscar empleo, que es su objetivo”, replica. Noguera critica que en la mayor parte de los casos se pierda el derecho a seguir cobrando las prestaciones cuando se encuentra trabajo. Y alaba las del País Vasco, que pueden complementar salarios bajos. “Siempre son más eficaces los estímulos positivos”, resalta. Sin embargo, las reticencias ante este tipo de ayudas están extendidas. En 1989, cuando el Gobierno vasco aprobó lo que entonces se llamó Ingreso Mínimo Familiar, 30.000 pesetas al mes y 5.000 más por cada hijo, la ministra socialista de Asuntos Sociales Matilde Fernández lo rechazó: “Hay que dar la caña y no el pez. Lo que hace el Gobierno vasco es dar el pez”, recuerda José Antonio Noguera.

El informe de La Caixa advierte de que la reactivación económica no bastará por sí sola para reducir la pobreza. Por el contrario, considera que será necesario, además de mejorar las condiciones laborales de un segmento amplio de trabajadores, “aumentar la cobertura y la adecuación de las prestaciones dirigidas a grupos sociales actualmente poco protegidos”. Si antes de la crisis las personas que sufrían simultáneamente baja renta y privación material alcanzaba el 7,3%, en 2016 habían crecido hasta el 10,4%, superando así la media de la UE. Una de las causas es precisamente que la privación se cronifica: en 2018 casi el 14% de los españoles llevaba más de tres años en la pobreza.

El Ministerio de Trabajo derogará el contrato estrella de la reforma laboral, el indefinido de apoyo a los emprendedores, en el real decreto-ley sobre medidas urgentes que aprobará este viernes el Consejo de Ministros, según han confirmado a infoLibre fuentes del departamento.

Tanto la vigencia de ese tipo de contrato como de otra serie de medidas laborales estaban condicionadas a que la tasa de paro se mantuviera por encima del 15%. Como, según la Encuesta de Población Activa (EPA), la tasa ha caído hasta el 14,55% en el tercer trimestre, el Gobierno debía decidir qué hacer con el contrato de apoyo a los emprendedores, a favor de cuya supresión se había manifestado Trabajo en repetidas ocasiones por los malos resultados en la lucha contra la temporalidad que le atribuye.

Pese a su nombre –“indefinido”–, el hecho de que permitiera un inusual periodo de prueba de un año lo ha convertido en un contrato temporal más. Al menos a tenor de las estadísticas del propio ministerio. Del poco más de un millón de este tipo de contratos que se han firmado desde su creación, en febrero de 2012, hasta ahora, sólo el 27% se acogieron a las ventajas fiscales y bonificaciones de cuotas a la Seguridad Social que ofrece al empresario. Porque, para no tener que devolver esos incentivos, la empresa estaba obligada no sólo a no despedir al trabajador sino también a mantener la plantilla durante tres años.

Así que la mayor parte de los empresarios preferían no acogerse a los incentivos y aprovechar que podía prescindir del trabajador al cabo de un año sin tener que indemnizarlo: una media del 40,2% de los trabajadores con contratos de apoyo a emprendedores bonificados entre 2012 y octubre de 2018 fueron despedidos antes de terminar el año, con el argumento de que no habían superado el periodo de prueba. Es más, transcurridos el plazo de los tres años, sólo el 34,67% de los contratos seguían vivos.

No obstante, la norma mantiene la vigencia y condiciones de los contratos de este tipo firmados antes de la entrada en vigor el real decreto-ley, incluidos los registrados entre la fecha de publicación de la EPA que establece la tasa de paro del 14,55% y la fecha de la derogación.

La norma también suprime las bonificaciones y reducciones de cuotas a la Seguridad Social que disfrutaban los contratos a tiempo parcial vinculados a la formación, los contratos indefinidos para jóvenes en microempresas, los contratos en prácticas y los de primer empleo joven, todas ellas condicionadas a la bajada de la tasa de paro del 15%. Lo mismo sucede con los contratos de formación y aprendizaje, que desde 2011 ampliaron de 25 a 30 años la edad de los trabajadores que podían firmarlos. Ahora vuelve a limitarse a los menores de 25 años.

El real decreto-ley elimina igualmente la ayuda económica de acompañamiento –430 euros– que cobraban hasta ahora los menores de 30 años inscritos al Sistema Nacional de Garantía JuvenilSistema Nacional de Garantía Juvenil cuando firman un contrato para la formación y el aprendizaje, así como las bonificaciones en las cuotas a la Seguridad Social de que disfrutaban los empresarios que convertían ese contrato en indefinido. Trabajo fundamenta la decisión en la ineficacia de esa ayuda. No sólo por el bajo número de solicitudes, sino también porque ha “tergiversado” las relaciones laborales: se daba el caso de que, gracias a recibir la ayuda, algunos alumnos cobraban más que los tutores que les asignaban en las empresas.

Otra de las medidas incluidas en el macrodecreto laboral es una modificación en el Estatuto de los Trabajadores para permitir que los convenios colectivos incluyan cláusulas de jubilación forzosa por edad para favorecer el relevo generacional en las empresas. Se trata de una iniciativa pactada con la patronal y los sindicatos en la Mesa de Diálogo Social, que permitirá a las empresas jubilar a los trabajadores siempre que hayan contribuido durante el tiempo suficiente para tener derecho a la pensión completa.

Subsidio extraordinario de desempleo

La Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios trató este miércoles el contenido del macrodecreto, lo mismo que han hecho esta mañana los ministerios de Economía y Hacienda. Además del contrato de apoyo a los emprendedores, examinaron el Subsidio Extraordinario de Desempleo (SED), que también resulta afectado –pero en sentido contrario– por la reducción del paro. Por ley el SED sólo podía seguir prorrogándose –cada seis meses– mientras la tasa se mantuviera por encima del 15%. Trabajo quiere eliminar ese carácter temporal del SED para evitar que sus beneficiarios queden desprotegidos. En el borrador del real decreto-ley el Ejecutivo se compromete a presentar un nuevo modelo de protección por desempleo asistencial, que negocia con sindicatos y patronal, en los cuatro primeros meses de 2019. Hasta entonces, quienes hayan agotado el Plan Prepara y el Programa de Activación para el Empleo (PAE), ambos destinados a parados de larga duración sin otro tipo de ayudas ni rentas, podrán seguir acogiéndose al SED, que desde el pasado julio sustituye a esos dos planes. Tanto el Plan Prepara como el PAE dejaron de admitir nuevos beneficiarios el 30 de abril.

El Ministerio de Trabajo también presentó a la Comisión de Secretarios y Subsecretarios un artículo que faculta al Gobierno a determinar cada año en el real decreto que fije el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a quién afecta y a quién no su subida. El texto reconoce que con el extraordinario aumento del 22,3% decidido para 2019, se hace necesario permitir que se “desvinculen” del alza “las normas no estatales y los negocios jurídicos de naturaleza privada vigentes en el momento de entrada en vigor” de dicha subida. Algunas empresas se han quejado de que la ley les impide repercutir los aumentos salariales en el precio con que se les adjudicaron los contratos.

Finalmente, el Gobierno quiere rebajar a 20 el número de jornadas necesarias para acceder al subsidio de desempleo en el caso de los trabajadores eventuales agrarios afectados por las lluvias torrenciales el pasado octubre en Andalucía. En general, se necesita haber trabajado 35 jornadas para cobrar esta ayuda.

Este conjunto de iniciativas en materia de empleo van incluidas en el real decreto-ley de medidas urgentes en Seguridad Social de este viernes, que incluirá: desde la subida de las bases máximas de cotización y el aumento de cotización al 40% para los contratos de menos de cinco días de duración, hasta el alza de la base de cotización de los trabajadores por cuenta propia o las multas a las empresas que utilicen falsos autónomos.

El Programa de Activación para el Empleo (PAE) es uno de los tres mecanismos públicos de ayuda a los parados de larga duración –quienes llevan más de un año sin trabajo–, junto con la Renta Activa de Inserción (RAI) y el Plan Prepara, que han estado vigentes en España durante la crisis. El PAE fue el último en crearse, tras un acuerdo del Gobierno con la patronal y los sindicatos, y nació con un real decreto en diciembre de 2014. Terminó el 30 de abril de este año. Tenía carácter temporal y extraordinario, pero fue prorrogado dos veces. Consistía en una ayuda de 430 euros mensuales durante un máximo de seis meses para parados de larga duración que hayan agotado el resto de las prestaciones y subsidios, y carezcan de otras rentas. A cambio, los beneficiarios debían probar que buscaban activamente empleo y cumplir un itinerario personalizado con formación y orientación profesionales.

Al poco de ponerse en marcha, el PAE fue criticado por el escaso número de parados que podían acceder a las ayudas y la pobre ejecución del presupuesto destinado al programa. De los más de 400.000 beneficiarios potenciales que inicialmente había calculado el Gobierno de Mariano Rajoy, sólo 107.892 tuvieron acceso al plan –el 63,5% de ellos eran mujeres–. Y de los 850,19 millones de euros presupuestados en 2015, únicamente se ejecutó el 19%. En 2016 se gastó el 43% de los 290,7 millones dedicados al PAE.

Ya concluido el programa, el Tribunal de Cuentas, además, critica su ineficacia y pone en duda su eficiencia. En un informe donde fiscaliza la gestión y resultados del PAE inicial y de su primera prórroga, hasta marzo de 2017, el tribunal cifra en un 16,05% el número de personas que consiguieron un trabajo tras recibir la ayuda del programa hasta marzo de 2016 (PAE inicial) y en un 17,89% el de quienes lo obtuvieron tras percibirla hasta marzo de 2017 (primera prórroga). Es decir, en ningún caso superó el 18% de los beneficiarios empleados. En 2015, 3,3 millones de personas llevaban en España más de un año sin trabajo, el 61,6% de los 5,44 millones de desempleados que contaba la Encuesta de Población Activa (EPA). Hoy son 1,6 millones, el 48%.

También revela el informe el porcentaje de los perceptores del PAE que compatibilizaron la ayuda de los 430 euros con un empleo –una de las posibilidades que permitía el programa– y resulta que sólo el 0,84% siguieron en su trabajo cuando acabó el subsidio en el PAE inicial y sólo el 0,98% continuó empleado en la primera prórroga.

De forma que el Tribunal de Cuentas desaprueba que, en la exposición de motivos del real decreto de 2016 que prorrogó el PAE, el Ministerio de Empleo concluya que el programa fue “eficaz”, una afirmación “no soportada por los datos que muestran los indicadores”.

El informe pone el punto final a un programa que tuvo una vida no sólo corta sino también accidentada. Empleo tuvo que suavizar los requisitos exigidos en principio a los parados para acceder a las ayudas, en vista de que el número de beneficiarios quedaba muy por debajo de la cifra prevista. Después, el Tribunal Constitucional anuló los decretos que crearon y prorrogaron el PAE por invadir las competencias del Gobierno vasco. Finalmente, los Presupuestos de este año incluyen un nuevo Subsidio Extraordinario de Desempleo (SED) que deberá unificar en un plan único las tres ayudas diseñadas para los desempleados de larga duración.

Trabajaron menos días y consiguieron menos empleos

Para analizar la eficacia del PAE –si las ayudas y la orientación profesional proporcionadas por los servicios públicos de empleo a los parados han mejorado su empleabilidad o su inserción laboral–, el Tribunal de Cuentas compara el número de días que habían trabajado los beneficiarios del programa antes de acceder a él y los días que trabajaron después. Al cabo de 18 meses, los habían triplicado: de 18,7 a 74,6 días. Aun así, apenas dos meses y medio de trabajo. Pero, al confrontarlos con los parados a quienes se denegó la ayuda y no recibieron ninguna otra –30.428–, los resultados son decepcionantes. Sin recibir los servicios de orientación y formación del PAE, los parados rechazados por los servicios públicos de empleo trabajaron más días que los que sí accedieron al programa: 112,26. También consiguieron más colocaciones: al cabo de 18 meses, el 56,09% de los parados a los que se denegó el PAE tenían trabajo, frente al 49,48% de quienes recibieron la ayuda en el programa inicial, y el 44,49% de los desempleados rechazados frente al 36,85% en la prórroga, un porcentaje de éxito aún menor.

La comparación también es negativa para el PAE si se hace con el conjunto de los parados de larga duración. Mientras el 46% de estos últimos lograron un empleo en 2015, únicamente el 35% de los beneficiarios del programa lo obtuvieron también. En 2016, la diferencia entre unos y otros era de seis puntos porcentuales a favor de los primeros. El informe mide igualmente la eficacia del PAE fijándose en cuántos parados de larga duración obtuvieron un trabajo que les duró más de seis meses. Fueron sólo el 25% en 2015, pero entre los beneficiarios de la ayuda del PAE apenas lo consiguieron el 19%. En 2016, las cifras son similares: 26% los primeros frente a un 18% de los segundos. Medido de otra forma: mientras sólo el 6% de los perceptores del programa trabajaron más de 180 días en 2015, el 25% de los parados de larga duración que no recibieron ninguna ayuda consiguieron un empleo por encima de esa duración. En 2016 el número aumentó hasta el 6% –el 26% en el conjunto de los desempleados crónicos–.

Los desempleados a los que están destinadas las ayudas del PAE son los más difíciles de devolver al mercado laboral. Por lo que los servicios obtenidos de los servicios públicos de empleo –y prestados por las comunidades autónomas– deberían ser intensos y muy eficaces. Sin embargo, según el Tribunal de Cuentas, se limitaron a la orientación laboral, con una media de 4,99 servicios de este tipo por solicitante del PAE inicial y 5,37 en la primera prórroga. Por el contrario, de formación o autoempleo cada parado no llegó a recibir nada –con unas medias de 0,16 y 0,10 servicios por solicitante–. Tampoco se les enviaron muchas ofertas de empleo: no llegaron ni a una por solicitante –0,82 de media–.

Tutores sobrecargados

Cuando el Tribunal de Cuentas analiza la eficiencia del PAE, la relación entre recursos y resultados, calcula un coste de 65,38 euros por jornada diaria a los 12 meses, una cifra que baja hasta 30,76 euros a los 18 meses. La cifra la ha obtenido el órgano fiscalizador dividiendo los 201,66 millonesde euros que tanto el Ministerio de Empleo como las comunidades autónomas destinaron a ejecutar el PAE inicial entre el número de días trabajados por los beneficiarios del programa: 3,08 millones el primer año y 6,55 millones hasta los 18 meses.

Además, critica que los tutores asignados que deben elaborar los itinerarios de empleo para los beneficiarios sobrepasaran los 120 desempleados por cabeza que les asignaba como máximo el programa. No por culpa del propio PAE, sino porque se les obligaba a encargarse también de beneficiarios de otros planes de ayudas. En Extremadura y Cataluña, el 80% de los tutores tenían más de 120 desempleados que orientar; en Murcia el 61%, en Castilla y León y Andalucía el 49%.

Finalmente, el Tribunal de Cuentas recomienda al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) que mejore sus aplicaciones informáticas, cuyas “carencias” impiden llevar el control interno necesario sobre pagos indebidos de ayudas. A algunos solicitantes se les concedieron y abonaron dos ayudas, por ejemplo. También aconseja al Ministerio de Trabajo que “defina con exactitud” el concepto de búsqueda activa de empleo. Y que integre en el Registro de Prestaciones Sociales Públicas todas las rentas mínimas, salarios sociales y ayudas asistenciales concedidas por el conjunto de las administraciones públicas, a fin de evitar incompatibilidades y concurrencias. El ministerio ha contestado ya al Tribunal de Cuentas que la definición de búsqueda activa de empleo se publicará “en breve” y que los Presupuestos de este año incluyen la creación de una Tarjeta Social Universal que coordinará todas las ayudas públicas.

El Ministerio de Trabajo no renovará el acuerdo marco con las agencias privadas de colocación que firmó y prorrogó el anterior Gobierno para encontrar trabajo a los parados, en competencia con los servicios públicos de empleo. Así lo han avanzado a infoLibre fuentes oficiales del departamento dirigido por Magdalena Valerio. El acuerdo, que empezó a funcionar en 2014, llegó a su fin el pasado 16 de junio.

En estos cuatro años, el Gobierno ha pagado a las agencias privadas de colocación un total de 681,7 millones de euros. El triple de lo que ha destinado en ese mismo plazo a mejorar y modernizar las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), 215 millones, según se desprende de las partidas que cada ejercicio han destinado a las agencias privadas los Presupuestos Generales del Estado.

La puesta en marcha de este modelo de colaboración público-privada fue accidentada. Aunque el decreto que regula la actividad de las agencias de colocación se remonta a diciembre de 2010, con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, el acuerdo marco que sustentaba el modelo no se aprobó hasta agosto de 2013. En las comunidades autónomas empezaron a trabajar con los desempleados en 2014, pero las del concurso nacional no se pusieron a ello hasta enero de 2016. La razón fueron los sucesivos recursos interpuestos por las agencias que competían por los contratos, que paralizaron el concurso una y otra vez.

Después, el SEPE ha prorrogado el acuerdo marco dos veces, hasta hoy. Mientras, algunas comunidades autónomas han terminado descolgándose del modelo: Cantabria, Extremadura, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Navarra, La Rioja y Baleares. Cataluña, País Vasco y Andalucía se desentendieron desde el primer momento.

Ya en septiembre de 2017, la Conferencia Sectorial de Empleo, que reúne a las comunidades autónomas, acordó eliminar el desempeño de las agencias privadas de colocación como uno de los indicadores que deciden el reparto de los fondos para las políticas de empleo. Se lo habían pedido a la ministra Báñez 10 comunidades autónomas, a cambio de darle su apoyo a la aprobación del Plan Prepara, que había sido anulado por el Tribunal Constitucional por invadir las competencias autonómicas.

Según explica el ministerio, el planteamiento ahora es “dar más flexibilidad a las comunidades autónomas para que contraten con las agencias que ellas elijan el servicio de colocación de sus desempleados. “En la Conferencia Sectorial se distribuirán fondos para políticas activas de empleo, pero no habrá partidas específicas para agencias privadas de colocación como hasta ahora”, precisan fuentes del departamento.

Este nuevo modelo es del agrado de las pequeñas agencias de colocación. La asociación que las agrupa, ANAC, siempre se ha quejado de que el acuerdo marco estableció un “filtro-embudo” al seleccionar sólo a 80 agencias de las 1.728 autorizadas por el ministerio. Y de ellas, sólo podían operar en una comunidad las que estaban radicadas en ese territorio. De forma que el número de las que han estado funcionando estos años al amparo del acuerdo marco no superan las 40, asegura ANAC. “Nos parece adecuado que se descentralice el sistema y que cada comunidad autónoma elija con qué agencia quiere trabajar, en concurrencia competitiva, como ya está haciendo Castilla-La Mancha, y que no se prime el volumen de facturación, sino el de inserción de trabajadores o con qué experiencia en determinados colectivos cuenta una agencia”, explica su presidenta, Yojana Pavón. De esta forma, añade, las pequeñas agencias tienen alguna posibilidad de competir frente a los gigantes de la gestión de recursos humanos, como Manpower, Adecco, Randstad y Eulen.

Al secretario general de Adecco, Santiago Soler, tampoco le disgusta que se descentralice la colaboración público-privada en materia de inserción laboral. Es más, se queja de las “muchas deficiencias” que poseía el acuerdo marco, “una experiencia muy mejorable”. Soler es muy crítico con los resultados de estos cuatro años: “Tengo una biblia de incidencias”, asegura, en alusión a cómo tuvieron que desarrollar su trabajo. De manera que el resultado, subraya, “ha sido peor del deseado por nosotros, dista mucho de la intermediación que podría haberse realizado aunque, en términos objetivos, ha sido mejor para el ciudadano”. En cualquier caso, dice que no se puede dudar de que sus tasas de intermediación son “superiores” a las conseguidas por los servicios públicos de empleo.

Adecco se hizo cargo de uno de los lotes del segundo contrato, el que incluía a parados con entre tres y seis meses sin empleo. Pero ha desistido de participar en buena parte de los concursos convocados por las comunidades autónomas. “No compartíamos el modelo”, revela Soler. Eso sí, teme que cada comunidad autónoma implante un sistema distinto y terminen reproduciéndose los problemas sufridos hasta ahora. El acuerdo marco, no obstante, “es lo de menos”. “Queremos participar en el diseño del modelo de colaboración público-privada, con acuerdo marco o sin él”, se ofrece, “y compartir nuestro diagnóstico con todos los implicados para corregir el modelo anterior y sentar una bases nuevas”.

El programa electoral del PSOE prometía crear una Agencia Pública de Empleo y Cualificación “para una gestión mejor y más ágil de los recursos del sistema, con la sustitución automática del actual SEPE, y una mayor coordinación con las comunidades autónomas”. A este nuevo organismo le debería corresponder “una verdadera acción pública de colocación, que propicie el encuentro entre las empresas y los trabajadores y trabajadoras”. El argumento que esgrimía el anterior Gobierno para recurrir a las agencias privadas de colocación era el bajo nivel de eficacia de los servicios públicos de empleo, que sólo son capaces de gestionar el 2% de las ofertas de empleo.

A juicio de Santiago Soler, “no es incompatible” que se apueste por reforzar el servicio público y se mantenga la colaboración con las agencias privadas. “Aunque parezca paradójico, estamos de acuerdo en que el SEPE necesita refuerzos en muchas cosas, y una parte de ese refuerzo pueden ser las agencias privadas de colocación”, apunta.

La breve y complicada historia de las agencias privadas

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) suscribió dos contratos con las agencias privadas de colocación. El primero, prorrogado por dos años el 13 de mayo de 2016, fue adjudicado a seis agencias para colocar a los beneficiarios del Plan Prepara en todo el territorio nacional y a los desempleados de Ceuta y Melilla. El segundo se lo concedió a otras cuatro para que encontraran empleo a parados distribuidos según el tiempo que llevaran sin trabajar.

Pero hasta ese momento, el camino estuvo jalonado de tropiezos. Primero fue la lista de las 80 agencias de colocación seleccionadas la que sufrió cambios, entre acusaciones de las grandes ETT y las pequeñas agencias. Después los problemas se repitieron en el concurso convocado por el SEPE para colocar a los beneficiarios del Plan Prepara y a los parados de Ceuta y Melilla. La lista de adjudicatarios sufrió hasta cuatro vuelcos, como consecuencia de los recursos presentados por las empresas que habían sido excluidas.

En un primer momento el SEPE dejó fuera a las empresas de formación que consiguieron liderar el concurso tras hinchar supuestamente su red de oficinas hasta superar en algunos casos el millar de sucursales. Ese número era el criterio determinante para la adjudicación.

Después fueron apeadas las grandes empresas de recursos humanos –Manpower, Eulen y Adecco–, además de las divisiones de formación de Telefónica y la ONCE, que se habían hecho con la concesión provisional. Finalmente, fueron seis empresas dedicadas a la formación las se quedaron con los lotes: Grupo Adalid Inmark el de Galicia, Asturias y Cantabria; la UTE T-Talento, el de la Comunidad Valenciana, Murcia y Baleares; Master Cum Laude, Aragón y Cataluña; Consultora San Román, Madrid y Castilla-La Mancha; Ibecom 2003, Extremadura, Castilla y León, La Rioja y Navarra, y la Fundación Vértice, Andalucía, Ceuta y Melilla. En total, se les encargó atender a 11.000 parados.

En vista de los problemas acumulados con la primera convocatoria, el SEPE optó por un concurso negociado sin publicidad para adjudicar el segundo contrato. Sólo fueron invitadas cinco empresas, de las 80 preseleccionadas por el SEPE en 2013. Al principio, Empleo convocó a firmas con oficinas en las 17 comunidades autónomas. Pero sólo tres cumplían ese requisito: Eulen, Manpower y la Asociación Salesiana. Así que el ministerio abrió el concurso a empresas con presencia en 16 comunidades, lo que permitió acceder a Adecco y a la Fundación Laboral de la Construcción –integrada por la patronal del sector y los sindicatos UGT y CCOO–, que finalmente declinó presentarse.

A estas tres grandes ETT y a los salesianos, las ganadoras, se les encomendó atender a 30.555 desempleados, divididos según el tiempo que estaban inscritos en el paro: Adecco se encargaba de quienes sólo llevaban de tres a seis meses sin trabajar; Eulen, de quienes hubieran pasado entre seis meses y un año sin empleo; los salesianos, de desempleados con entre uno y dos años de antigüedad en los registros de los servicios públicos, y Manpower, de quienes superaran los dos años.

Las vencedoras de este último concurso ofrecieron rebajas de hasta el 60% sobre las tarifas iniciales establecidas en el acuerdo marco, que ya permitía un descuento del 30%. Los precios originales oscilaban entre los 300 y los 3.000 euros por parado colocado, dependiendo del grado de dificultad de la inserción.

Prórroga con una evolución incompleta

También fue controvertida la evaluación a la que están obligadas a someterse las agencias privadas de colocación. Pese a que legalmente debería haberse elaborado un informe sobre su desempeño y sometido a una comisión de seguimiento, la prórroga del primer contrato se suscribió antes de que esa comisión llegara a constituirse y con un informe que sólo era provisional. El segundo se prolongó cuando la comisión de seguimiento del acuerdo marco no se había reunido aún por segunda vez. El SEPE debería este verano presentar la segunda evaluación del trabajo de las agencias privadas.

De momento, los datos que el SEPE ha facilitado sobre la actuación de las agencias privadas no son detallados. Según constaba en el primer informe, hasta 2016 el SEPE remitió a las agencias los nombres de 189.879 parados –en España aún hay 3,79 millones, según la última EPA–, de los que sólo atendieron a 81.635, el 43%. La gran disparidad entre ambas cifras la explica el organismo público por el hecho de que los datos de que disponía sobre muchos de esos desempleados eran erróneos. Así, por ejemplo, las agencias privadas tuvieron grandes dificultades para localizar a algunos de ellos. En un buen número de casos, el SEPE les envió listados tan poco actualizados que incluían a trabajadores ya jubilados y hasta fallecidos.

De esas 81.635 personas atendidas, sólo 8.051 encontraron un trabajo durante al menos seis meses en un plazo de ocho. Son el 4,2% del listado remitido por el SEPE y el 9,8% de los que fueron atendidos. Estas cifras le sirvieron al SEPE para elogiar el trabajo de las agencias, por cuanto el índice de inserción de las oficinas públicas de empleo no supera el 2%.

En cualquier caso, los porcentajes también eran dispares, según la comunidad autónoma o el contrato. Murcia fue la que mejores resultados obtuvo, con un 25,6% de personas con empleo. En Castilla y León fueron el 10,5%. En los dos contratos firmados por el SEPE para el Plan Prepara, Ceuta y Melilla, y el distribuido según el tiempo que los parados llevan sin trabajar, el grado de éxito ha sido del 13,3%. El organismo no dio más detalles ni desagregó los datos por perfiles de parados, ni dijo qué tipo de empleos se ofertaron.

Sí precisó que las agencias manejaron 65.746 ofertas de empleo, realizaron 84.334 “acciones de información”, sin explicar en qué consistieron; 129.852 acciones de orientación y 16.212 acciones de formación.

Incidencias

Las agencias privadas tenían la obligación de comunicar cualquier tipo de “incidencia” que surgiera con los desempleados a los que atendían. Así, decían que 9.330 parados no comparecieron tras ser llamados, 1.138 rechazaron las acciones de orientación que les propusieron, 106 rechazaron las de formación y 287 rechazaron los puestos de trabajo ofrecidos. Los desempleados están obligados a aceptar una “oferta de empleo adecuada” si no quieren perder la prestación o el subsidio que cobran.

El SEPE considera “oferta de empleo adecuada” la profesión que demanda el desempleado, la que desempeñaba habitualmente u otra que se ajuste a sus aptitudes físicas y formativas. También la última que ejerció si duró al menos tres meses. No obstante, si ha cobrado prestaciones, se entenderá que es adecuada cualquier profesión. Finalmente, la oferta de empleo no podrá suponer un desplazamiento a más de 30 kilómetros de distancia.

En el caso de los programas de ayudas ligados a formación, como el Plan Prepara, los beneficiarios no pueden rechazar los cursos que les ofrecen.

Además, el acuerdo marco permitía a las agencias cobrar un incentivo de hasta el 15% por cada parado a quien descubrieran percibiendo indebidamente la prestación y fuera sancionado por los servicios públicos de empleo. Sin embargo, el informe provisional del SEPE no hacía mención alguna a este tipo de incidencia.

El Tribunal Constitucional (TC) ha anulado las tres disposiciones del real decreto-ley de 15 de marzo de 2013 que restringieron el acceso de los mayores de 55 años al subsidio de desempleo. El fallo, que tiene fecha del pasado 7 de junio, estima parcialmente un recurso de inconstitucionalidad del PSOE contra el real decreto-ley, que también incluía medidas para promover el “envejecimiento activo”, como la compatibilidad entre la pensión y el trabajo. En concreto, el TC considera inconstitucional el cambio que se estableció entonces en el cómputo de los ingresos que el desempleado no puede superar para ser beneficiario del subsidio. Ahora volverá a utilizarse la renta individual del interesado en lugar de la renta de toda la unidad familiar, lo que durante los últimos cinco años ha excluido a un buen número de posibles beneficiarios. La entonces ministra de Empleo, Fátima Báñez, los cifró en un 20%.

El Constitucional anula esas tres disposiciones porque entiende que el Gobierno no justificó “ni en la exposición de motivos de la norma ni en el debate parlamentario de convalidación ni en la memoria del impacto normativo” que las modificaciones en las normas para el cálculo de los ingresos respondieran “a una situación de naturaleza excepcional o constituyan una necesidad urgente, hasta el punto de que su efectividad no pueda demorarse durante el tiempo necesario para permitir su tramitación por el procedimiento legislativo ordinario”.

El real decreto-ley en cuestión fue una de las más de 70 normas de este rango que el Gobierno de Mariano Rajoy utilizó en su primera legislatura para aprobar desde la reforma laboral hasta la de las pensiones. En teoría, el real decreto-ley está previsto en la Constitución sólo para casos de “extraordinaria y urgente necesidad”, ya que hurta el debate parlamentario exigido para la aprobación de una ley.

Pues bien, el Ejecutivo del PP recurrió a este procedimiento en principio excepcional para endurecer el requisito de rentas que un desempleado mayor de 55 años debe cumplir si quiere acceder al subsidio. Hasta entonces, sus ingresos individuales no debían exceder el 75% del salario mínimo interprofesional (SMI), excluida la parte proporcional de las pagas extraordinarias. A partir de ese momento, en cambio, debía ser la suma de las rentas de todos los integrantes de la unidad familiar la que no debía superar ese 75% del SMI: 551,92 euros este año. El subsidio asciende ahora a 430,27 euros al mes y se puede cobrar hasta el momento en que se alcanzan las condiciones necesarias para jubilarse. Según las estadísticas del Ministerio de Trabajo a fecha de mayo de este año, lo perciben un total de 264.016 personas, el 36,4% de quienes reciben una prestación por desempleo no contributiva.

Como resultado del cambio normativo, que operó a partir del 17 de marzo de 2013, y del aumento de la edad para solicitar el subsidio –de 52 a 55 años– que el Gobierno aprobó en la reforma laboral en 2012, el número de personas a las que se concedió cayó a casi la mitad, un 47,1%, de un año a otro. Mientras que en 2012 la cifra de altas en el subsidio alcanzó las 119.538, en 2013 se quedó en sólo 63.233, revelan las estadísticas de Trabajo.

Aunque no fue la única restricción que el anterior Ejecutivo aplicó al subsidio. También redujo del 125% al 100% de la base mínima la cotización que el Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE) hace a la Seguridad Social por cada beneficiario, lo que redunda después en una menor pensión futura. Finalmente, si antes de la reforma el desempleado podía cobrar el subsidio hasta jubilarse, después el límite quedó fijado en el momento en que el beneficiario alcance los requisitos –años de cotización y edad– para acceder a la jubilación ordinaria, incluida la anticipada. Es decir, el subsidio puede extinguirse antes de llegar a los 65 años y seis meses en que está fijada para 2018.

Reclamaciones de los perjudicados

La anulación de esas tres disposiciones del real decreto-ley tiene, además, consecuencias prácticas. Según explica a infoLibre Miguel Arenas, laboralista de la cooperativa de abogados Collectiu Ronda, el fallo permite a quienes se les denegó el subsidio, o a quienes se suspendió su cobro, únicamente por incumplir el requisito de rentas, pedir a Trabajo que se les reconozca su derecho a percibirlo o a reanudarlopedir a Trabajo que se les reconozca su derecho a percibirlo o a reanudarlo. El TC deja claro que la nulidad carece de efectos retroactivos. Es decir, no afectará ni a “situaciones jurídicas consolidadas” ni a “actuaciones administrativas firmes”. Pero permitirá que empiecen a percibir el subsidio a quienes se les denegó o suspendió por superar su familia el nivel de rentas, aunque ellos, individualmente, no lo excedieran según la norma anterior a marzo de 2013.

La sentencia se dicta, además, cuando la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, acaba de anunciar su intención de recuperar el subsidio a partir de los 52 años, lo que según sus cálculos se traduciría en un aumento en los ingresos por cotizaciones sociales de unos 1.000 millones de euros.

El Tribunal Constitucional ya ha anulado otras dos prestaciones no contributivas, ambas por idéntico motivo. Tanto el Plan Prepara como el Programa de Activación por Desempleo (PAE) invadían las competencias de las comunidades autónomas. Ambas son ayudas de 426 euros para parados que han agotado el resto de las prestaciones. De ahí que el Gobierno del PP se embarcara junto con los sindicatos, la patronal y las comunidades autónomas en una reforma de este tipo de prestaciones, dirigidas a parados de larga duración y vinculadas a la formación y recualificación profesionales. El nuevo modelo, que iba a fusionar el Plan Prepara, el PAE y la Renta Activa de Inserción (RAI) en una Renta Especial de Desempleo (RED), debería haber estado listo en mayo pasado, pero despertó el rechazo de CCOO y UGT. Los sindicatos denuncian que con la nueva ayuda tres cada cuatro parados perderían entre uno y tres meses de cobertura. Con el cambio de gobierno, la iniciativa ha quedado paralizada.

Voto particular a favor de anular todo el decreto

La sentencia del Tribunal Constitucional incluye un voto particular firmado por tres magistrados: Fernando Valdés Dal-Ré, Cándido Conde-Pumpido Tourón y María Luisa Balaguer Callejón. A su juicio, la falta de justificación de la “extraordinaria y urgente necesidad” que la sentencia aprecia en las tres disposiciones sobre el subsidio para mayores de 55 años afecta al real decreto-ley 5/2013 en su conjunto, por lo que debería haberse anulado en su totalidad. La normativa sobre la jubilación que establece ese decreto-ley “se inserta en el esfuerzo continuado de los órganos políticos por garantizar el sistema de pensiones y, al cabo, por asegurar su sostenibilidad en el largo plazo”, subrayan los magistrados. Por tanto, se trata de un esfuerzo “estructural” y no “coyuntural”, donde además no existe “una situación especialmente cualificada por las notas de gravedad, imprevisibilidad o relevancia” necesarias para utilizar el real decreto-ley y no un proyecto de ley. “La única razón”, añaden, que dio el Gobierno entonces para recurrir a esa norma excepcional fue el vencimiento del plazo de tres meses de suspensión de la norma anterior, la Ley 27/2011 de reforma de las pensiones. Y ese fin de plazo no lo consideran los tres discrepantes una circunstancia lo bastante grave, relevante o imprevisible como para exigir un real decreto-ley.

La sentencia mayoritaria, además de anular el cómputo familiar de las rentas para conceder el subsidio a mayores de 55 años, deroga por el mismo motivo otras cinco modificaciones contenidas en las disposiciones finales del real decreto-ley, todas ellas de carácter más bien procedimental o burocrático. Así, el TC tampoco encuentra motivos de especial gravedad y excepcionalidad que justifiquen el uso de un real decreto-ley para eliminar los requisitos de estar al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social para los trabajadores que sean responsables del ingreso de sus propias cotizaciones, equiparar a los mutualistas del Régimen Especial del Mar con el resto de los regímenes, declarar la incompatibilidad de los complementos por mínimos con una renta superior a los 7.063,07 euros al año, ampliar el plazo para que los participantes en programas de formación suscriban un convenio especial con la Seguridad Social o determinar a quién compete sancionar determinadas infracciones graves.

Tres de cada cuatro desempleados perderán cobertura con la nueva ayuda a parados que el Gobierno quiere poner en marcha con motivo de la finalización de la prórroga del Programa de Activación para el Empleo (PAE) y del Programa de Recualificación Profesional (Prepara) el próximo 30 de abril. Según denuncia CCOO,  la Renta Complementaria de Desempleo (RED), programa con el que el Gobierno pretende fusionar las ayudas a parados de larga duración en una única, reducirá, de media, entre uno y tres meses la cobertura de las prestaciones por desempleo. Si el desempleado no tiene familia a su cargo, la merma será aún mayor: entre nueve y 28 meses menos.

El secretario de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO, Carlos Bravo, ha asegurado que esta iniciativa sólo mejora la situación de uno de cada cuatro desempleados. Además, ha puesto de relieve que, aunque, en general, se pierden entre uno y tres meses de cobertura, las caídas pueden llegar a rondar los 42 meses, informa Europa Press. Es el caso de los mayores de 45 años con responsabilidades familiares que no han cotizado lo suficiente para acceder a una prestación contributiva: la cobertura pasa de los 66 meses actuales de máximo que se podrían obtener si se encadenan diferentes ayudas (los 21 meses de ayuda actuales más el Prepara, el PAE y la Renta Activa de Inserción) a 24 meses.

Las reducciones más importantes de la protección se concentran en los mayores de 45 años que no han cotizado lo suficiente para acceder a una prestación contributiva, pero también salen muy mal parados todos los beneficiarios de la Renta Activa de Inserción (RAI), que se puede cobrar hasta 11 meses, y se puede solicitar hasta tres veces con un año de espera. Los primeros perderán entre 39 y 42 meses de protección dependiendo de si tienen, o no, cargas familiares.

No tienen acceso a la RAI

Además, cuando estos mayores de 45 años agoten alguna de las prestaciones que plantea la RED, ya no van a poder acceder, como sucede en la actualidad, a la RAI, por lo que, según CCOO, se perderá un "importante" periodo de protección si este colectivo continúa en desempleo. También pierden importantes periodos de prestación los emigrantes retornados, porque tampoco tendrán acceso a la RAI como hasta ahora .

En la primera propuesta del Gobierno el pasado 21 de marzo, según el sindicato, se hacía un "intento de reordenación de las prestaciones asistenciales que perciben los desempleados, aunque presentaba "importantes" limitaciones respecto a la pérdida de periodos de percepción para algunos colectivos y en la transferencia a las comunidades autónomas de algunas prestaciones, o por el hecho de que no se recogían medidas para parados de larga duración.

La segunda propuesta del Ejecutivo, que recibieron las organizaciones sindicales el pasado lunes, pese a que responde a observaciones realizadas tanto por CCOO como por UGT, y permite recibir la nueva ayuda a excarcelados, discapacitados y víctimas de violencia de género, todavía presenta problemas para garantizar el acceso a prestaciones de carácter asistencial para una serie de colectivos concretos.

Ampliar la cobertura

Para el sindicato que lidera Unai Sordo, es necesario abordar de manera integral el sistema de protección por desempleo para reforzar su ámbito. En concreto, la mayor prioridad, desde el punto de vista de CCOO, está en el colectivo de parados de larga y muy larga duración (12 meses los primeros, más de 24 meses los segundos) para los que sería necesario ampliar la cobertura.

"El Gobierno no ha hecho movimiento alguno en estas alternativas y ha propuesto una mera remodelación de las prestaciones hoy existentes, pero le hemos planteado que esto puede no tener sentido, que tenemos el 30 de abril a la vuelta de la esquina y que no se puede mantener en los términos en los que estaban", ha asegurado Bravo, tras afirmar que la opción que las organizaciones sindicales han trasladado al Gobierno es la de reforzar el sistema de Seguridad Social en materia de prestaciones económicas.

El sindicato también ha hecho hincapié en que el sistema cuenta con un excedente de 2.353 millones de euros, debido, en parte, a que la prestación media ha pasado de rondar los 1.000 euros al mes a situarse en cifras cercanas a los 810 euros mensuales, lo que pone en evidencia que hay "un problema con la cobertura del sistema de prestaciones por desempleo". En  la actualidad el número de personas que deberían tener derecho a protección,  porque han trabajo pero no tienen cobertura, asciende a 1,2 millones, explicó Carlos Bravo.

En general, la organización sindical cree que se debería ampliar la cobertura. "No puede ser que todos los movimientos sean para reducir cobertura y aumentar los requisitos", ha subrayado Bravo.

El paro ha caído en España un 18,5% desde 2010, medido según la Encuesta de Población Activa (EPA). Los desempleados con experiencia laboral, que son los que tienen derecho a cobrar una prestación, se han reducido un 23,8%. Pero la tasa de cobertura, el número de parados protegidos, se ha recortado mucho más, un 27% en siete años. De forma que mientras ha disminuido el número de personas sin trabajo, se ha duplicado el de los desempleados que no perciben prestación alguna. El año 2010 terminó con 4,34 millones de parados que contaban con experiencia laboral previa –3,74 millones registrados en las oficinas del antiguo INEM–. En 2017 la recuperación económica ha dejado la cifra en 3,3 millones. Por el contrario, hace siete años la tasa de cobertura de las prestaciones de desempleo estaba en máximos históricos, del 78,4%: sólo 808.590 parados no percibían ayudassólo. Hoy, la tasa de cobertura se ha desplomado hasta el 57,9% –aunque ha llegado a hundirse hasta el 55%– y el número de quienes no reciben una prestación se ha disparado hasta el millón y medio.

La paradoja aparece destacada en el último informe sobre mercado de trabajo y prestaciones de desempleo que ha elaborado CCOO y publica la Fundación Primero de Mayo. El paro de larga duración, que aboca a quienes los sufren a agotar todo el abanico de prestaciones disponibles, combinado con el aumento del empleo temporal, que impide alcanzar el tiempo mínimo necesario para acceder a ellas, explican el aumento de los trabajadores desprotegidos por el sistema, según indica el estudio. También existen vacíos de cobertura: agotadas las prestaciones contributivas –lo que ocurre cada vez antes si los contratos son cada vez más cortos– no siempre es posible acceder a los subsidios. Con más de 45 años y sin cargas familiares, las posibilidades de conseguir una de estas ayudas asistenciales son escasas, apunta el sindicato. Y una vez agotado el subsidio, si el trabajador no ha cumplido los 55 años, puede quedar desamparado.

Como ocurre con los datos del paro, merece la pena destacar también las enormes diferencias entre las tasas de cobertura de las comunidades autónomas. Mientras en Baleares la protección alcanza el 88,7%, en Extremadura el 66,3% y en Andalucía el 63,5% –debido a la elevada cifra de beneficiarios del subsidio y la renta agraria–, en el País Vasco baja hasta el 42,5% y en Asturias del 46%.

Más subsidios, menos duración, menos cuantía

Pero no sólo se ha disparado el número de quienes quedan fuera del sistema de prestaciones, sino que, además, éstas han perdido en calidad. A partir de 2010 son más los parados que cobran subsidios –426 euros al mes– que quienes perciben la prestación contributiva, de mayor cuantía al estar ligada a los salarios ingresados cuando se trabajaba. En noviembre de 2017, el último dato publicado por el Ministerio de Empleo, el 58,1% de los parados protegidos cobraban un subsidio, 1,15 millones de personas; el 41,9%, 748.333 individuos, una prestación contributiva. Como queda dicho, otras 1,57 millones no percibían ninguna ayuda pública, precisa CCOO.

Si además se detalla la distribución por comunidades autónomas, las diferencias son alarmantes. En Extremadura, el 79% de los beneficiarios de prestaciones cobran subsidios asistenciales; en Andalucía son el 75,8%. Sólo en País Vasco –59,1%–, Madrid –57,9%–, Navarra –56,9%–, La Rioja –53%–, Baleares –52,2%– y Aragón –53,6%– son más los perceptores de prestaciones contributivas.

Con el aumento del empleo temporal, del 22,9% hasta el 27,4% en cuatro años, y el auge de los contratos más breves, también se reduce el tiempo de cobro de la prestación contributiva así como su cuantíacuantía. El pasado noviembre la media era de 818,9 euros, por lo que se ha rebajado en 43,3 euros, un 5%, desde que alcanzó su máximo en 2012. Eso sí, en 2017 subió un 1% respecto al ejercicio anterior. El periodo medio de percepción se ha quedado en 13,79 meses, a fecha de noviembre de 2017. El 21% de quienes reciben la prestación cobran por el tiempo mínimo posible, cuatro meses. Sólo el 10% de los beneficiarios de las ayudas contributivas tiene menos de 30 años, puesto que los jóvenes son carne de contrato temporal con mayor probabilidad que los trabajadores de más edad. Y las mujeres, también más expuestas al trabajo a tiempo parcial y con salarios más bajos, cobran más el subsidio –el 62,4%–, que los hombres. En ambos sexos, los perceptores de subsidios son mayoría entre quienes superan los 50 años, puesto que existe un tipo de ayuda específica para los de más de 55, que cobran el 38%.

Otro cambio en el cobro de prestaciones se está produciendo en el pago único o capitalización. Una medida pensada para fomentar el autoempleo que en 2016 llegó a su mínimo de la década. Entonces, sólo 120.804 beneficiarios pidieron que se les abonara de una sola vez el total de la prestación a la que tenían derecho para emprender como autónomos. Desde que alcanzaron su máximo en 2008, han caído un 26,4%. Tras un repunte en los peores años de la crisis, entre 2011 y 2013, no han dejado de disminuir con la recuperación. El informe de CCOO atribuye el descenso al estancamiento del empleo autónomo como resultado de la mejora económica. De hecho, las afiliaciones a la Seguridad Social en el régimen de autónomos sólo han crecido un 0,3% en 2017, mientras los cotizantes del régimen general, el de los asalariados, han aumentado un 4,64%.

La consecuencia de la caída de la cobertura del desempleo, así como de la calidad y cuantía de las prestaciones es el desplome del gasto público en esta partida, un 42% desde 2010, calcula CCOO. Y, una vez más, las diferencias autonómicas son significativas. Navarra es la comunidad con mayor prestación contributiva de media, 882,6 euros, mientras Extremadura es el farolillo rojo con sólo 688,2 euros, una distancia de 194,4 euros.

Para cubrir los agujeros del sistema

Antes del próximo mes de abril, el Ministerio de Empleo, la patronal y los sindicatos deben llegar a un acuerdo para reformar y unificar todos los programas de ayudas a los desempleados, con la vista puesta especialmente en el Plan Prepara y el Programa de Activación para el Empleo (PAE). En principio pensados para dar cobertura a los parados de larga duración que agotan el resto de las prestaciones y más dificultades tienen para regresar al mercado de trabajo, no han tenido el éxito esperado. Según los sindicatos, por la rigidez de los requisitos para acceder a ellos.

Así, el pasado noviembre, 56.969 parados figuraban inscritos en el PAE, lo que se traduce en un aumento del 174,4% en un año, gracias a los cambios introducidos el pasado abril para eliminar restricciones de acceso. Del Plan Prepara se han beneficiado desde su creación, en marzo de 2011 hasta el pasado septiembre un total de 957.370 desempleados, de acuerdo con las cifras del Ministerio de Empleo. Unas cifras insuficientes: la EPA cuenta con casi 1,9 millones de parados de larga duración, aquéllos que llevan más de un año sin trabajo.

Para tapar todos los agujeros de protección del sistema, los sindicatos reclaman una renta mínima, 426 euros, para quienes lleven más de un año en el paro, carezcan de otros ingresos y no puedan acceder a ningún tipo de prestación o subsidio asistencial. El importe de la medida, entre 6.500 millones y 12.000 millones de euros. También el PSOE ha propuesto un Ingreso Mínimo de 426 euros, Podemos una Renta Básica por edades y Ciudadanos un Complemento Salarial Garantizado, diseñada para ayudar a unos cinco millones de personas.

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha avanzado una recaudación récord por cotizaciones a la Seguridad Social durante el mes de agosto, que alcanzará al menos los 10.097 millones de euros.

Báñez ha ofrecido estos datos durante su intervención ante la Comisión de Empleo del Congreso para dar cuenta de los planes del Ejecutivo para prorrogar el Plan Prepara, que ofrece una ayuda a parados de larga duración.

Según ha asegurado, se trata de la primera vez que se superan los 10.000 millones de euros por ingresos en cotizaciones sociales en un mes, y ello se debe, ha dicho, a la recuperación de la economía, calificándola como "sólida, sana y social". "No hay nada más social que la creación de empleo", ha manifestado la ministra.

Durante su intervención, Báñez ha insistido en que "el empleo que llega es de más calidad que el que se fue". Así, ha señalado que de todos los empleos indefinidos antes de la crisis se han recuperado el 82%, mientras que únicamente el 44% de los contratos temporales. Asimismo, ha defendido que en los siete primeros meses de 2017 la contratación indefinida es un 12% superior a la de hace un año, mientras que con el mes de julio se han encadenado ya 42 meses de crecimiento ininterrumpido de la contratación indefinido. Por otro lado, ha subrayado que el 93,3% del empleo recuperado es a tiempo completo, lo que supone que sólo el 6,7% es a tiempo parcial.

Báñez se ha referido también a los pactos y convenios alcanzados entre la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y las CCAA, que han logrado que durante los últimos ocho meses hayan aflorado más de 65.000 empleos irregulares (66.504 empleos), que eran empleos sin derechos. En cuanto a los contratos indefinidos, la ministra ha matizado que se han convertido 62.876 contratos indebidamente temporales en indefinidos, un total de 309.876 contratos desde el año 2012. Respecto a las empresas ficticias, se han detectado 6.427, más de 727 de ellas en estos últimos ocho meses, lo que supone un impacto económico global de 19.315,74 millones de euros, 2.126 millones más que en diciembre de 2016.

Báñez también ha incidido en la importancia de la formación a la hora de ejecutar las políticas activas de empleo, y ha señalado que un 50% de las personas desempleadas no han finalizado la educación obligatoria, en un porcentaje que entre los menores de 30 años se eleva al 55%.

"No puede estar pasando, con un paro al 17%, que una de cada cuatro empresas que necesita un empleado de alta cualificación tenga dificultades para encontrarlo", ha aseverado la ministra.

El Gobierno ha reclamado a las comunidades autónomas que de forma unánime encomienden al Servicio Público de Empleo (SEPE) la competencia de gestionar el Plan PreparaPlan Prepara de forma extraordinaria y limitada para poder prorrogarlo, mientras diseña junto con los agentes sociales un nuevo marco de protección para las personas desempleadas. Así lo ha manifestado la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez. La ministra ha asegurado que su intención con este planteamiento es evitar problemas de gestión y de recursos a las administraciones autonómicas en la puesta en marcha del plan, que además tendrá una implantación durante "un tiempo muy limitado" hasta el diseño del nuevo marco de protección.

En este sentido, Báñez ha asegurado que este mismo martes su departamento ha remitido un borrador de acuerdo a las administraciones autonómicas para que éstas encomienden al SEPE la gestión del programa en una próxima conferencia sectorial, así como el decreto ley por el que el Ejecutivo prorrogaría el plan de ayudas a personas desempleadas de larga duración.

"El Gobierno no va a dejar a nadie atrás. Lo primero para nosotros son las personas, en especial las más vulnerables", ha aseverado Báñez. "Espero que con la información remitida, las dudas o alegaciones se puedan solventar, y podamos aprobarlo cuanto antes", ha dicho la ministra, que ha rechazado un cambio en las condiciones de acceso. "

El Ministerio de Empleo dejó sin gastar el año pasado un total de 578,88 millones de euros de los casi 2.000 millones que tenía presupuestados para formar a trabajadores, tanto desempleados como ocupados. La cifra supera en un 33% el nivel de desaprovechamiento de los fondos de 2015, cuando el ministerio se quedó sin emplear 435 millones de euros. En 2016 sólo se utilizó el 70% del dinero disponible, que procede de las cotizaciones que pagan empresas y trabajadores, un 0,7% de su aportación por contingencias comunes. La ejecución, por tanto, ha bajado seis puntos en el último año.

Desde los organismos internacionales hasta los analistas del mercado laboral y todos los partidos políticos, la coincidencia es unánime sobre el papel fundamental que las llamadas políticas activas de empleo, la formación, orientación y recualificación profesionales, desempeñan en la lucha contra el paro. Sin embargo, las cifras aún récord de desempleo en España –3,76 millones de parados registrados y 4,23 millones según la Encuesta de Población Activa (EPA)– conviven con una reforma del sistema de formación para el empleo que ha paralizado las subvenciones y desatado una dura bronca entre el ministerio y los agentes sociales, patronal y sindicatos aliados en esta ocasión contra un enemigo común.

Si en 2015 no hubo convocatoria de subvenciones para formar a ocupados, en 2016 la Audiencia Nacional suspendió la convocatoria de 2014 a instancias de los empresarios, que también han recurrido la convocatoria de 2016 acompañados de CCOO y UGT. La anulación de las ayudas de 2014 supuso el bloqueo del tercer pago de las subvenciones, unos 35 millones de euros. Las del año pasado aún están pendientes de la decisión de la Audiencia Nacional. En 2014, antes de los cambios en el sistema, el nivel de ejecución del presupuesto de formación era casi total: del 95,12% para los cursos de desempleados y del 88,33% para los cursos de ocupados.

Todas estas cifras proceden del avance de liquidación del presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE, el antiguo Inem). El año pasado ascendió a 25.000 millones de euros, seis millones menos que en 2015. De esa cantidad, la parte del león corresponde a las prestaciones de desempleo, que supusieron en 2016 un gasto de 18,6 millones de euros, 2,2 millones menos que el ejercicio anterior.

Este último año, el SEPE ha gastado menos tanto en prestaciones contributivas –un 10,65% menos–, como en el subsidio –un 11,5% menos–. En la Renta Activa de Inserción (RAI), destinada a parados mayores de 45 años que hayan agotado el resto de las prestaciones y subsidios, el gasto ha sido un 8% menor.

Ni parados de larga duración, ni autónomos ni jóvenes

En 2015 se puso en marcha el Programa de Activación para el Empleo –para quienes hayan agotado la RAI o el Prepara–, una ayuda para parados de larga duración ligada a cursos de formación u orientación profesional. Pero no ha tenido mucho éxito. En 2015 se presupuestaron 850 millones, pero sólo se gastó el 18,9%, 160,6 millones de euros. En 2016 sólo se ha utilizado el 43% de los 350 millones destinados inicialmente al programa. Los sindicatos no han dejado de criticar que los requisitos para acceder a esta ayuda son demasiado restrictivos y que se le ha dado tan poca publicidad que los potenciales beneficiarios no saben de su existencia.

Por lo que se refiere al Plan Prepara, igualmente pensado para desempleados de larga duración sin otras rentas, el SEPE sólo ha desembolsado el 61,66% de la partida prevista, 219 millones de euros. Son 124,2 millones, un 25% menos de lo que se gastó un año antes.

Mucho menos atractivo ha resultado tener la prestación por cese de actividad, el paro de los autónomos. Si en 2015 sólo se emplearon 3,6 millones de los 19,8 millones disponibles, el año pasado fueron aún menos: 3,3 millones. En este caso el problema es que muy pocos autónomos, un 20%, cotizan para esta prestación, pese a que su cuantía es muy pequeña. Además, la mayor parte de las solicitudes de la prestación se desestiman porque el autónomo no acredita correctamente el cese de actividad. Tienen que demostrar unas pérdidas del 10%.

Otro tanto le ocurre al Sistema Nacional de Garantía Juvenil, uno de los caballos de batalla publicitarios del Ministerio de Empleo. En 2016 sólo se gastó el 8,13% del presupuesto asignado, que ascendía a 120 millones de euros. Y eso que este último ejercicio se aumentó esa partida en 40 millones respecto a 2015. Se trata de una iniciativa, cofinanciada con fondos de la UE, por la que Empleo se compromete a conseguir a los menores de 30 años una oferta de trabajo, un curso de formación o unas prácticas en un plazo de cuatro meses.

Según las últimas cifras facilitadas por el ministerio, se han inscrito en el sistema 421.209 jóvenes. En España, con el paro juvenil más elevado de la UE después de Grecia, el 43%, hay 1,12 millones de menores de 30 años sin trabajo. En principio, el programa estaba pensado sólo para menores de 25 años; para aumentar el número de inscritos Empleo lo amplió en 2015 hasta los menores de 30. Bruselas, que asignó a España el mayor volumen de fondos para este plan, advirtió el pasado octubre del mal funcionamiento del sistema, con una ratio de eficacia que no es ni la cuarta parte de la media comunitaria.

Más bonificaciones, menos dinero para el SEPE

En el capítulo de las políticas activas de empleo se incluyen también las subvenciones a la contratación indefinida. Éstas son de dos tipos: las reducciones, que son cotizaciones que deja de ingresar la Seguridad Social cuando un empresario contrata a un trabajador fijo, y las bonificaciones, cuyas cuotas abona el SEPE a la Seguridad Social. En 2016 este organismo público abonó un total de 1.583 millones de euros, un 7,34% más que el año anterior, en bonificaciones.

La intención del Gobierno es aumentar en próximos años la proporción de bonificaciones, sufragadas por el SEPE, y recortar la de reducciones, para intentar taponar así el agujero que estos descuentos de cuotas hacen en las cuentas de la Seguridad Social, en déficit desde 2012.

Finalmente, Empleo también ha ahorrado recortando en la partida que todos los años se reserva para modernizar los servicios públicos de empleo. Al igual que en 2015, se habían destinado 100 millones, pero sólo se han gastado 60. Los 40 millones restantes, asignados a “mejorar las oficinas de empleo” se han quedado en el tintero. El año anterior, el presupuesto fue recortado a mitad de ejercicio en 41,63 millones. Es otra de las críticas recurrentes de los sindicatos y la oposición al ministerio: mientras se retraen recursos a los servicios públicos de empleo, se destinan nuevos fondos a pagar a las agencias privadas de colocación, precisamente 100 millones de euros.

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) prorrogó el año pasado los tres contratos que suscribió en 2014 y 2015 con las agencias privadas de colocación. Y lo hizo antes de haber completado la evaluación de su eficacia a que le obligaba el acuerdo marco que sirvió para contratarlas.

Aun así, el Ministerio de Empleo elogió el trabajo de las agencias, que encontraron trabajo a 8.051 personas de las 81.635 que atendieron en 2014 y 2015. Representan el 4,2% del listado de parados que remitió el SEPE a las agencias privadas, y el 9,8% de los que fueron atendidos. Como el índice de inserción de las oficinas públicas de empleo no supera el 2%, el ministerio renovó los contratos.

Sin embargo, este modelo de colaboración público-privada tiene sus sombras. La Inspección de Trabajo ha elaborado un informe sobre una de las agencias de colocación autorizadas por el ministerio, Consultora San Román, a la que el SEPE adjudicó la búsqueda de empleo a los parados del Plan Prepara en Madrid y Castilla-La Mancha. En Albacete, concluye la Inspección, la consultora “no funciona como agencia de colocación” ni “prácticamente” hace gestiones de mediación. En resumen, no mantiene las condiciones por las que el SEPE le concedió la acreditación.

Un portavoz del Ministerio de Empleo asegura a infoLibre que el SEPE no ha recibido notificación alguna de la Inspección sobre Consultora San Román. Los inspectores no comunican incidencias hasta que el procedimiento se cierra y la sanción es firme, puesto que tienen “deber de sigilo”. Tampoco le ha llegado al SEPE ninguna otra denuncia sobre falta de desempeño o negligencia por parte de esta agencia de colocación. Pero si se comprueba que incumple los requisitos legales, San Román puede perder la autorización para operar que se le concedió además de afrontar penalizaciones económicas, aclara el portavoz. La consultora no ha respondido a los reiterados intentos de este periódico de obtener un comentario de sus responsables sobre su actividad como agencia de colocación en Castilla-La Mancha.

Sólo una fregona

El pasado mes de julio los inspectores visitaron los cuatro centros con que San Román cuenta, en teoría, en Albacete. El primero, situado en el polígono industrial Camporroso, de Chinchilla de Monteragón, resultó ser “una nave cerrada y sin signos de actividad, más allá de una fregona que se puede observar desde la puerta exterior”. Nadie contestó a los inspectores cuando llamaron. El local carecía de rótulos de una empresa o de agencia de colocación alguna. En el centro del polígono industrial El Mugrón, de Almansa, el local pertenecía al Centro de Innovación Tecnológica de Aideca. Cuando los inspectores preguntaron por la Consultora San Román, nadie les pudo dar razón de ella “porque resultaba desconocida”. Tampoco había un rótulo –un requisito exigido por la ley–.

En el centro de la calle de Feria, en Albacete capital, los inspectores sólo encontraron una confitería en el bajo y un psicólogo en la entreplanta. Y ningún rótulo de la agencia de colocación.

Sólo en la calle de Zapateros, también en Albacete capital, hallaron los inspectores alguna actividad. La oficina pertenece a una asesoría, Ekosab. En el exterior sólo vieron un cartel que anuncia un centro de formación profesional. En el interior sí que encontraron un panel donde figuraba el nombre de San Román y su número de identificación junto al nombre de una empresa de formación denominada Excelencia. Ekosab alquiló a San Román un despacho y una sala de formación donde Excelencia imparte cursos a desempleados. Los trabajadores que entrevistaron allí los inspectores eran asesores de Ekosab. Un empleado de San Román acude a esa oficina “dos o tres veces a la semana, pero no en días fijos y hace entrevistas”, explica el informe. Si un trabajador pregunta por la agencia de colocación, los asesores de Ekosab “le escanean los documentos” y avisan a un empleado de San Román ubicado en Murcia o a otro de Madrid, el mismo que visita la oficina cada semana.

  La Autoescuela La Mancha, en Miguelturra (Ciudad Real), con el cartel de San Román en la puerta.

A continuación, los inspectores citaron a la empresa para que explicara lo constatado en las visitas. San Román reconoció que no tiene más que un centro en Albacete y que en él está empleada una persona que, según su contrato, tiene su lugar de trabajo en Madrid. También aportó los contratos de otros dos empleados, el primero de seis meses de duración – hasta abril de 2016– y el segundo de uno de los asesores de Ekosab, para la que trabaja como autónomo. Al tiempo había sido contratado a tiempo parcial como “técnico seleccionador orientador” por San Román. Sólo por dos meses en 2015. Ninguno de los dos tiene título alguno para ejercer como mediador u orientador laboral, detalla el informe de la Inspección.

El acuerdo marco exige a las agencias de colocación que dispongan de un mínimo de dos personas por centro, de las cuales el 50% debe poseer un título universitario. Además, el 50% del personal técnico deberá contar con una experiencia mínima de seis meses en programas de empleo o gestión de recursos humanos.

Sólo seis contratos en un año

La consultora informó a los inspectores de que habían conseguido empleo a seis personas en 2016. De ellas, dos ya habían sido contratadas anteriormente por las empresas en las que San Román decía haberles encontrado trabajo. Una de ellas, una ETT con la que el trabajador ya había firmado siete contratos desde septiembre de 2015. La otra ya había sido empleada por la empresa los dos años anteriores. Los contratos conseguidos para dos de las personas atendidas sólo duraron tres meses. Por tanto, concluyen los inspectores, “no existen datos objetivos que permitan determinar la existencia de un margen efectivo de contratación derivado de la mediación en el mercado de trabajo”.

Además, San Román “no aplica los modelos de entrevistas y toma de datos presenciales”, revela el informe, “que efectúan miembros de la asesoría laboral no cualificados”.

Pero no son las únicas deficiencias halladas por la Inspección. San Román tampoco cuenta con una contabilidad separada para sus actividades de colocación y de formación, tal y como le exige la ley. “Más bien todo lo contrario”, apunta el informe. Además, la agencia no garantiza la intimidad y confidencialidad de los datos de los trabajadores a quienes atiende y en las entrevistas no respeta los principios de igualdad y no discriminación en el acceso al empleo. En concreto, se le preguntó a una de las trabajadoras por su estado civil y número de hijos, detalla el informe.

Lo mismo en Guadalajara, Ciudad Real, Toledo y Cuenca

El sindicato CCOO ha visitado buena parte de los 24 centros que San Román declaró tener en Castilla-La Mancha. Y el resultado no difiere mucho de los hallazgos de la Inspección de Trabajo en Albacete. En Ciudad Real capital, el local que San Román tenía en el edificio Miró está cerrado y uno de los dos con que cuenta en Miguelturra, en esa misma provincia, también. El otro corresponde a la Autoescuela La Mancha, donde se limitan a recoger currículos pero no hacen entrevistas. En la sede de la misma autoescuela en Ciudad Real también debería haber otro despacho de San Román, pero en ella derivan a los interesados a la oficina de Miguelturra, explica el sindicato.

La oficina de la agencia en Valdepeñas está situada en el centro de formación Innova, pero allí ni siquiera recogen los currículos de los parados. “Te dicen que vayas a su página web”, asegura CCOO. En Tomelloso la oficina corresponde al centro de formación Ceres. Sólo recogen currículos. En Manzanares está en el Centro de Formación Manzanares y funcionan de la misma manera.

En Guadalajara, el local de la plaza de José Luis Sampedro se encuentra cerrado y el de la Plaza Mayor lo ocupa un despacho de abogados donde les dijeron a los miembros de CCOO que los trabajadores de San Román habían “desaparecido de un día para otro”. La agencia tiene una tercera oficina en el centro Galileo. Allí sí figura el cartel de San Román en la puerta, como es preceptivo, pero los empleados de la agencia sólo pasan algunos días a recoger los currículos que dejan los desempleados a la búsqueda de trabajo.

Es la misma operativa con la que funciona la consultora en el centro de formación de la calle de Italia en Toledo –se pasan de vez en cuando, remiten a la página web– y en el del centro de formación Mogrúas de Talavera de la Reina, donde tampoco tienen el cartel preceptivo. Otro tanto ocurre en el Centro de Estudios Laborales de Cuenca.

Red inflada de oficinas

La precariedad con que esta empresa ha montado su red de oficinas como agencia de colocación no es, en realidad, una sorpresa. Cuando se abrieron los sobres de los candidatos para adjudicarse los contratos del concurso para colocar a los parados del Plan Prepara, en septiembre de 2014, un grupo de empresas de formación declaraba tener una red de oficinas superior al millar repartidas por toda España. Ese número multiplicaba hasta por 10 la cifra de sucursales que presentaban las grandes multinacionales de los recursos humanos como Adecco, Manpower o Randstad.

Como el 70% de la puntuación, según las condiciones del concurso, procedía del número de oficinas que aportaban las candidatas, las empresas de formación se pusieron a la cabeza de la clasificación provisional del concurso. Una de ellas era Consultora San Román.

El SEPE sospechó entonces que estas empresas habían hinchado artificialmente su red de oficinas, aprovechando que el concurso sólo les exigía presentar una declaración responsable de que contaban con un determinado número de locales, pero no acreditarlo documentalmente. De hecho, muchas de ellas “apalabraron” acuerdos con academias de idiomas, autoescuelas, asociaciones profesionales, organizaciones de agricultores y hosteleros para construir esa red de oficinas. Unas lo hicieron enviándoles correos electrónicos en los que les invitaban a “colaborar con los servicios públicos de empleo” y conseguir así una “fuente alternativa de ingresos”. Otras incluso utilizaron operadores telefónicos.

Por eso el SEPE exigió enseguida a estas firmas de formación los documentos que probaban la existencia real de esas redes. Una vez efectuada la criba, la clasificación provisional dio un vuelco y las grandes ETT pasaron a liderar el concurso: Manpower, Adecco y Eulen, junto a Telefónica, la Fundación Once y la Asociación Salesiana.

Pero las empresas de formación no se dieron por vencidas y presentaron hastauna treintena de recursos ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales. Éste les dio la razón y suspendió el concurso. La lista definitiva, decidida en mayo de 2015, devolvía los contratos a buena parte de las pequeñas empresas de formación excluidas en un primer momento.

Divididos por lotes geográficos, los adjudicatarios fueron el Grupo Adalid Inmark –Galicia, Asturias y Cantabria–, UTE T-Talento–Comunidad Valenciana, Murcia, Baleares–, Master Cum Laude–Aragón y Cataluña–, Consultora San Román –Madrid y Castilla-La Mancha–, Ibecon SL–Extremadura, Castilla y León, La Rioja y Navarra– y Fundación Grupo Vértice–Andalucía, Ceuta y Melilla–.

Un contrato de 41,66 millones de euros

Entonces se repartieron entre ellas 41,66 millones de euros. Los precios de partida con que el SEPE iba a retribuir a las agencias privadas de colocación por su trabajo variaban desde 300 euros por conseguir empleo a un menor de 29 años hasta 3.000 euros por proporcionar un contrato de seis meses a un parado mayor de 45 años que lleve más de dos sin trabajar. En todo caso, se trata de precios máximos de licitación con el 21% del IVA incluido. El acuerdo marco permite a las agencias ofrecer hasta un 30% de rebaja sobre ese precio.

Además, las agencias privadas perciben un incentivo de hasta el 15% por cada parado a quien descubran cobrando indebidamente la prestación y sea sancionado por los Servicios Públicos de Empleo. También se les paga una “cuantía por adscripción”: una cantidad fija por cada desempleado que se le encomiende, “con independencia del resultado que pueda tener finalmente el servicio de inserción”. Es decir, aunque no le consigan un trabajo. A la lista hay que añadir dos incentivos más. Uno “por especial dificultad de inserción”, de hasta 1.000 euros, por encontrar empleo a discapacitados o personas en riesgo de exclusión. Y otro por “el mantenimiento continuado en el empleo de la persona insertada”, hasta seis meses adicionales, que equivaldrá al 50% de la cuantía de inserción, la tarifa básica antes citada, de entre 300 y 3.000 euros.

100 millones para las agencias privadas

El año pasado Empleo repartió entre las comunidades autónomas 100 millones de euros con destino a sus propios contratos con agencias privadas de colocación. A Castilla-La Mancha le correspondieron 5,68 millones de euros y a Madrid, 11,86 millones.

Mientras, la Comisión Europea ha reprochado al Gobierno español que no haya elaborado hasta el momento ningún sistema de evaluación de eficiencia de las agencias privadas de colocación, y el Consejo de Europa le echa en cara que haya recortado el número de empleados de los servicios públicos de empleo entre 2011 y 2014. Despidió a 3.000 orientadores laborales y el presupuesto destinado a modernizar el SEPE se quedó en sólo 15 millones de euros en 2014. En 2015, pese a destinarse a este fin una partida inicial de 100 millones, quedó finalmente reducida a 58,3 millones. Los sindicatos repiten que en España un funcionario debe atender a una media de 200 desempleados, mientras que en el resto de Europa no pasa de 50.

La afiliación media a la Seguridad Social en septiembre creció apenas siete centésimas respecto al mes anterior. El número de cotizantes alcanza los 17,71 millones, 12.025 más que en agosto. Sin embargo, en el Régimen General, el de los asalariados, la afiliación cayó una décima, 12.861 cotizantes menos. Este último mes, un total de 116.998 personas perdieron su empleo, de los que 92.156 pertenecen a los sectores de la hostelería y el comercio. El 30 de septiembre se dieron de baja como cotizantes 288.176 trabajadores, un 30% más que el mismo día de hace un año.

Los datos son una buena muestra de los dos grandes pecados del mercado de trabajo español: la estacionalidad y el abuso del empleo temporal. Al acabar la temporada alta estival, los contratos temporales en hostelería y comercio llegan también a su fin. Esa debacle del empleo sólo ha sido compensada por los 61.555 nuevos afiliados del sector de la educación. Aunque, en realidad, no son nuevos: se trata de los profesores a los que se rescindió el contrato al terminar el curso en junio y que ahora vuelven a dar clase. Otro ejemplo de empleo discontinuo y temporal.

Además, ha sido la vendimia, de nuevo una campaña breve y ligada a un determinada época del año, la que ha salvado las cifras de la afiliación del mes, con 28.689 nuevos cotizantes en el Régimen Especial Agrario, un aumento del 4% respecto al mes anterior. De ahí que haya sido Ciudad Real la provincia donde más ha caído el paro en septiembre –4.311 personas– y donde más ha crecido la afiliación –6.014 cotizantes, un 3,8%–. Por el contrario, donde más ha aumentado el desempleo es Cádiz –6.458 nuevos parados– y Málaga –2.873–, una vez el turismo de verano ha echado el cierre.

Las cifras del paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo recalcan el retrato del mes: el sector donde más se ha reducido el paro es la agricultura, con un 7% de caída, casi el triple de lo que ha ha disminuido en la construcción y siete veces lo que se ha recortado en la industria.

Paro joven, femenino; empleo temporal y a tiempo parcial

En total, el paro registrado ha subido el último mes en 22.801 personas, un poco menos que el año pasado –26.087–. Y se ha cebado en los menores de 25 años, cuyo número de desempleados ha crecido un 8,5%. Todo el crecimiento de paro en septiembre es joven, 24.188 personas, mientras que ha caído en 1.387 desempleados el número de los mayores de 25 años inscritos en las oficinas del antiguo Inem.

Ese paro también es mayoritariamente femenino. Confirmando una tendencia constante durante la salida de la crisis, el desempleo masculino desciende el doble que el de las mujeres, si la cuenta se hace con cifras anuales: un 12% el primero por sólo un 6,8% el segundo. Respecto a agosto, el paro femenino creció en 18.667 personas, un 0,9%, cuadriplicando el masculino –4.134 parados más, un aumento del 0,25%–. Hay que recordar que el sector servicios, el que lidera la destrucción de empleo temporal y estacional, es un sector fuertemente feminizado.

Si el análisis se centra en el tipo de contratos, un mes más el 91% de los 1,9 millones que se firmaron fueron temporales. Y ello pese a que los indefinidos han aumentado un 11,83% respecto a agosto. Además, de los 171.012 indefinidos, el 47% son a tiempo parcial. Estos contratos fijos pero por horas se han disparado un 76% respecto a agosto, casi el doble de lo que han aumentado los fijos a tiempo completo. También han crecido más los primeros si la comparación se hace en términos anuales, tres puntos porcentuales más que los segundos.

Los temporales a tiempo parcial, la modalidad más precaria, también aumentan, un 35,83%, 10 puntos más que los temporales a tiempo completo. Y si se hace la comparación con el mismo mes de 2015, los temporales por horas crecen el triple que los de jornada completa.

Seguirá habiendo contratos temporales, dice Báñez

La tasa de temporalidad en España se sitúa en el 25,7%, la segunda más alta de Europa sólo después de Polonia. Y afecta por igual a los trabajadores de las administraciones públicas y de las empresas privadas. Las tres últimas sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la UE (TJUE) han puesto en el centro de atención el abuso de los contratos temporales. El 70% de los empleos creados desde 2013 hasta ahora son eventuales, según la Encuesta de Población Activa (EPA). Además, de acuerdo con los cálculos de CCOO, ha aumentado la rotación laboral. Si entre 2006 y 2008, en pleno auge económico, había que encadenar un promedio de tres contratos temporales para consolidar un empleo temporal, a partir de 2012 es necesario firmar 4,6 contratos. Y lo mismo ha ocurrido incluso con los indefinidos: para consolidar un empleo fijo hacen falta ahora 1,45 contratos, mientras que antes de 2012 bastaba con 1,14.

A la espera de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) interprete y aplique los criterios establecidos por el TJUE en esas sentencias, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, se muestra partidaria de que sean el Congreso y los grupos parlamentarios los encargados de trasladar la nueva doctrina a la ley. “Eso no significa que se vaya a establecer el contrato único”, explicó este martes a la prensa, “una cosa es el contrato por causa y otra la indemnización; que se iguale la de los temporales y la los indefinidos no significa que vayan a desaparecer los temporales”.

También negó que se vayan a igualar “por abajo” las indemnizaciones de ambos tipos de contratos. Y defendió que se paguen a los interinos las mismas compensaciones crecientes –12 días el primer año, 16 días para el segundo y 20 para el tercero– que el pacto de investidura entre PP y Ciudadanos acordó el pasado agosto para los temporales del sector privado.

La mitad de perceptores del Programa de Activación

Báñez lamentó que, al estar en Gobierno en funciones, no pueda cambiar las condiciones del Programa de Activación para el Empleo. Fruto del acuerdo firmado por el Ejecutivo, los sindicatos y la CEOE en diciembre de 2014, el plan tiene como destinatarios parados de larga duración que hayan agotado el resto de los subsidios, incluido el Plan Prepara. A cambio de formación, reciben 426 euros al mes. Pero no ha tenido mucho éxito. Según los sindicatos, porque los requisitos son tan restrictivos que muy pocas personas pueden acceder al programa y porque, además, no se le ha hecho mucha publicidad y los parados no lo conocen.

En agosto –los datos sobre prestaciones de desempleo se publican con un mes de retraso respecto de las cifras de paro– los beneficiarios del Programa de Activación para el Empleo han caído un 51,1% respecto al mismo mes de 2015. Son sólo 23.948 personas.

En conjunto, sigue descendiendo la cobertura de las prestaciones por desempleo. El 42% de los parados, 1,7 millones de personas, no reciben ninguna. Y hay más perceptores de prestaciones asistenciales –426 euros–, 1,2 millones, que de prestaciones contributivas, 848.265. Estos últimos, además, cada vez cobran menos, una media de 780 euros. El recorte es el resultado de salarios cada vez más bajos y de las reducciones de cuantía fijadas por el Gobierno en 2012 a partir del séptimo mes.

El plan de recualificación profesional para las personas en paro que hayan agotado su protección por desempleo conocido como Plan Prepara suma una nueva prórroga de seis meses –once en total–, hasta el próximo mes de febrero de 2017, informó Europa Press.

En abril se aprobó un cambio en el plan, de forma que finalizará su vigencia cuando la tasa de paro baje del 18% en lugar del 20%. El cuadro macroeconómico del Gobierno prevé que la tasa de paro se sitúe en el 18,6% este año y en el 16,6% en 2017.

El objetivo de este programa es mejorar la empleabilidad de los parados de larga duración o aquellos con responsabilidades familiares. Está dirigido a las personas que agotan la prestación por desempleo de nivel contributivo o bien alguno de los subsidios.

Para ellos, los Servicios Públicos de Empleo (SEPE) desarrollan itinerarios personalizados de inserción en función de las características de cada beneficiario durante un periodo de seis meses.

Se contempla además una ayuda económica de acompañamiento de 400 euros mensuales. Desde la reforma del programa, en agosto de 2012, esta cantidad se eleva a 450 euros para aquellos beneficiarios con responsabilidades familiares.

Las personas que reciben el Prepara tiene derecho a realizar un itinerario individualizado y personalizado de inserción, que contemple el diagnóstico sobre su empleabilidad, así como las medidas de políticas activas de empleo dirigidas a mejorarla.

Los beneficiarios también tienen derecho a participar en medidas de políticas activas de empleo encaminadas a la recualificación y/o reinserción profesional necesarias para que puedan incorporarse a nuevos puestos de trabajo, especialmente las dirigidas a la obtención de las competencias profesionales necesarias para su colocación estable.

Por último, aquellos que acceden al programa reciben una ayuda económica equivalente al 75% del Indicador Público de Rentas Múltiples (Iprem) mensual, hasta un máximo de seis meses.

Hasta 646.790 beneficiarios

Desde diciembre de 2011 se han beneficiado del programa un total de 646.970 personas, y más de 77.565 desempleados se han beneficiado de la elevación de 400 a 450 euros aprobada en 2012 para aquellos con responsabilidades familiares.

El mayor número de beneficiarios se concentra en Andalucía (160.757 personas), seguida de Cataluña (60.636), Comunidad Valenciana (78.227), Madrid (53.732), Canarias (47.320), Castilla-La Mancha (44.049), Galicia (34.310), Castilla y León (29.017), Murcia (27.062), Extremadura (24.755), Aragón (13.735), Asturias (12.192), País Vasco (12.162), Baleares (8.590), Cantabria (7.183), Navarra (5.952), La Rioja (3.378), Ceuta (2.349) y Melilla (1.384).

Gobierno, sindicatos, empresarios y expertos coinciden en destacar el papel fundamental que desempeñan las políticas activas de empleo, la formación, en la lucha contra el paro. “Suponen la manera de hacer posible que la gente se emplee cuanto antes”, explicaba la ministra de Empleo, Fátima Báñez, el pasado septiembre en Jaén, antes de publicitar que el Gobierno iba a aumentar un 10% el presupuesto dedicado a esta partida para 2016.

Pero el desempeño administrativo desmiente las declaraciones de intenciones en la apremiante batalla contra el récord de paro. El Servicio Público de Empleo (SEPE) sólo ha ejecutado hasta el momento el 0,71% de su presupuesto anual para formar a desempleados, 892 millones de euros. La cifra aparece en la ejecución provisional del presupuesto de este organismo, el antiguo Inem, a fecha de mayo.

El motivo por el cual es tan bajo el nivel de ejecución de la partida destinada a dar cursos de formación a los casi cuatro millones de parados inscritos en el SEPE estriba en que el Consejo de Ministros no había aprobado aún una transferencia a las comunidades autónomas de 600,6 millones de euros. Y no lo ha hecho porque el Ministerio de Hacienda tampoco ha elaborado el informe favorable que es “preceptivo y vinculante”, según explica Empleo a infoLibre. El departamento que dirige Fátima Báñez justifica el retraso del de Montoro en el “gran volumen de información” que éste debe recabar de las comunidades autónomas con carácter previo. El informe, añade, “depende del cumplimiento por parte de las comunidades autónomas de los objetivos de déficit asignados”.

Todas las comunidades, excepto Galicia, País Vasco y Canarias, superaron el techo de déficit el año pasado, el 0,7% del PIB, por lo que las incumplidoras recibieron una carta del ministerio a comienzos de abril donde les exigía que aprobaran en el plazo de 15 días medidas de recorte de gasto. Lo hicieron, y el pasado día 9 Montoro anunció el desembolso de 8.816 millones de euros del Fondo de Liquidez Autonómica para que las comunidades autónomas, a su vez, paguen a sus proveedores.

Además de la cuantiosa partida que gestionan las comunidades autónomas, el SEPE administra directamente casi 37 millones de euros para ofrecer cursos de formación a los parados. A mitad del ejercicio en curso sólo ha desembolsado el 3,12% de esa cantidad. Al término de 2015, únicamente había utilizado el 45,42% del presupuesto para ese año, y ello después de haber recortado la partida inicial, de 35,8 millones a 25,4 millones de euros.

Sistema Nacional de Garantía Juvenil

Otro de los capítulos incluidos en la formación para desempleados del presupuesto del SEPE es la correspondiente al Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Son 120 millones de euros, de los que sólo se ha repartido hasta el momento el 4%, 4,8 millones. El objetivo de este sistema, impulsado desde Bruselas, es que los menores de 30 años reciban una oferta de empleo, formación o prácticas en un plazo de cuatro meses tras quedar desempleados. Hasta el pasado mes de febrero, la cifra de inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil era de 215.289, apenas el 16,8% de los 1,27 millones de parados menores de 30 años que hay en España, según la última Encuesta de Población Activa (EPA).

El escaso número de jóvenes registrados ha sido muy criticado por los sindicatos, que reprochan a Empleo la opacidad del sistema. Ni siquiera ampliando de los 25 a los 30 años la edad de los posibles beneficiarios ha conseguido el ministerio que la iniciativa aumente su cobertura.

Aún sin convocatoria de subvenciones para los ocupados

En el apartado de formación a ocupados la ejecución ha sido mayor que en la ofrecida a los desempleados, pero aun así sólo representa la tercera parte del presupuesto anual destinado a este capítulo, 1.027,7 millones de euros. La razón de la parálisis en este caso también lo atribuye Empleo al Ministerio de Hacienda, que no aprobó hasta el pasado día 17 un expediente de ampliación de crédito de 32 millones de euros. Empleo dice que el SEPE no recibió “hasta hace dos semanas” el citado documento, por lo que la convocatoria de subvenciones sigue aún tramitándose pero aún no se ha publicado, casi dos meses después de ser aprobada por el patronato de la Fundación Tripartita, que la gestiona. 

A su vez, la convocatoria acumulaba ya un retraso considerable este año. En 2015 no hubo convocatoria de los planes de formación y este año acumula ya tal demora que los cursos no podrán empezar a impartirse hasta final de año. Es decir, se han quedado sin formación medio millón de ocupados y 270.000 desempleados, según las últimas cifras de participación en cursos publicadas por el SEPE.

En consecuencia, y a pesar de la importancia que se le otorga a la formación, sólo cinco de cada 100 desempleados realizaron un curso en 2013, si hay que creer a la última evaluación de calidad del sistema realizada por el propio SEPE.

Por el contrario, sí que se pagan a buen ritmo las bonificaciones a los contratos: el SEPE abona a la Seguridad Social las cuotas que las empresas deben pagar por contratar a trabajadores, las tarifas planas aprobadas por el Gobierno en estos cuatro años. Hasta mayo, ha desembolsado ya el 40,27% de los 1.635 millones presupuestados para todo el año. El año pasado el SEPE pagó por este mismo concepto un total de 1.475 millones, el 98,33% de la partida asignada.

Las ayudas de 426 euros, a menos

En cambio, continúa con una decepcionante aplicación la última ayuda creada por el Gobierno para los parados que agoten el catálogo de prestaciones públicas, y que también está vinculada a la inscripción en cursos formativos. Del Programa de Activación para el Empleo, 426 euros al mes, destinada a parados de larga duración, sólo se ha pagado hasta mayo un 15,5% de los 350 millones inicialmente consignados. Según las últimas cifras del ministerio, el pasado abril sólo percibían esa ayuda 25.068 personas, un 43% menos que un año antes.

Del programa Prepara, la penúltima ayuda de 426 euros vinculada a la realización de cursos y destinada a parados que hayan agotado el resto de los subsidios, sólo se ha desembolsado el 26,8% del presupuesto inicial  –219 millones de euros–, después de sufrir un recorte de 17,6 millones. Según explica el ministerio, esa cifra ha resultado ser “excesiva” teniendo en cuenta la “tendencia a la baja en el gasto de estas ayudas en los últimos ejercicios”. Así que la cantidad sobrante se ha dedicado a otra partida, los planes de empleo para “insertar parados en el ámbito local”.

41 millones menos para modernizar las oficinas públicas

Este año, el ministerio ha destinado 100 millones de euros a la “modernización” de los servicios públicos de empleo, la misma cantidad que el año anterior. Pero entonces recortó la partida en 41,63 millones. A preguntas de este periódico, el ministerio no explica por qué redujo el presupuesto en un 41,6% el año pasado, sólo que destinó ese dinero a orientación profesional en las comunidades autónomas de los beneficiarios del Programa de Activación para el Empleo.

El recorte de las partidas dedicadas a modernizar el SEPE ha sido una de las críticas constantes de sindicatos y expertos desde que Mariano Rajoy llegó al poder en 2012, pues ha coincidido con la puesta en marcha de convenios con las agencias de colocación privadas. En 2015 Empleo reservó 140 millones para estas empresas, este año les dedica 175 millones más, el doble de lo que destinó a “modernizar” las oficinas públicas de empleo.

El Gobierno justifica el cambio de orientación del gasto en la ineficacia pública para encontrar trabajo a los parados y en el mayor rendimiento de las agencias privadas. Así, según la última EPA, sólo un 1,7% de los asalariados encontró empleo gracias a las oficinas públicas, ahora en manos de las comunidades autónomas, tres décimas menos que un año antes. Aunque la eficacia de las agencias privadas tampoco fue mucho mayor: sólo un 2,9% de los trabajadores dice haber encontrado trabajo gracias a ellas.

El reparto de las prestaciones de desempleo es un fiel reflejo de la discriminación laboral de las mujeres en España. Así, pese a que el paro femenino supera al masculino, la protección que proporcionan las ayudas públicas a las mujeres es mucho menor. Los servicios públicos de empleo registran 2,21 millones de paradas y 1,87 millones de parados. Hay un 18,3% más de mujeres sin trabajo que de hombres. Pero sólo el 43,7% de ellas, 968.846, cobra una prestación, 12 puntos porcentuales menos que ellos, 1,04 millones.

Según recoge un informe elaborado por UGT con motivo del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, únicamente el 17,7% de las desempleadas,  392.846 mujeres, percibe una prestación contributiva, cinco puntos porcentuales menos que los hombres, 426.278. Las contributivas son las ayudas de mayor cuantía, pues están ligadas a los sueldos cobrados antes de perder el empleo. Se pueden percibir durante un máximo de dos años. El hecho de que las mujeres tengan más contratos temporales que los hombres y más contratos a tiempo parcial  –el 74,2% de quienes trabajan por horas son mujeres–, también ingresen salarios más bajos, se traduce en que sus prestaciones contributivas son igualmente de menor cuantía y duración.

O les cueste más sumar el mínimo de tiempo necesario para cobrarlas: al menos 360 días dentro de los seis años anteriores a la pérdida del empleo. El motivo estriba en que sus carreras profesionales son más discontinuas que las de los hombres, más proclives a las excedencias y las reducciones de jornada para el cuidado de los hijos o familiares, o es más fácil que pasen a la inactividad por la misma razón.

Cuando se pone la lupa en las ayudas asistenciales –426 euros al mes– la brecha continúa. Según recogen las estadísticas del Ministerio de Empleo, son más las mujeres que acceden al subsidio por haber agotado la prestación contributiva, el 33% de quienes llegan a la ayuda asistencial, cinco puntos porcentuales más que los hombres. La cifra, una vez más, traduce otra grieta laboral. El paro de larga y muy larga duración afecta más a las mujeres. Así, según la Encuesta de Población Activa (EPA), hay 1,45 millones de mujeres que llevan más de un año sin trabajar; la mayoría, 1,05 millones, más de dos años. Los hombres en la misma situación son 1,39 millones. 1,03 millones superan los dos años en el paro.

También son más las mujeres que empiezan a cobrar los 426 euros por tener un contrato fijo discontinuo, un 56,4% más que los hombres. Otro tanto ocurre con quienes perciben el subsidio porque no han conseguido cotizar el tiempo suficiente para acceder a la prestación contributiva: el 29% son mujeres, casi siete puntos porcentuales por encima del número de hombres. Una vez más es el resultado de la mayor precariedad laboral femenina antes explicada: más contratos a tiempo parcial, carreras laborales discontinuas, menos acceso al contrato indefinido…

El 52,6% de los perceptores de la RAI y el PAE

Pero donde la mujer tiene mayor protagonismo es en la parte más baja de la protección pública por desempleo. Son mayoría entre los perceptores de la Renta Activa de Inserción (RAI), que cobran los parados de larga duración mayores de 45 años que han agotado el resto de las prestaciones públicas y carecen de cualquier otra renta. El 51,4% de sus beneficiarios son mujeres, 120.194 personas, casi tres puntos porcentuales por encima de los hombres.

También acaparan el Programa de Activación para el Empleo (PAE), puesto en marcha en enero de 2015 tras un acuerdo de los sindicatos y la patronal con el Gobierno. Pueden acceder a estas ayudas los parados que hayan agotado tanto la RAI como el Plan Prepara. Sus ayudas las cobran 15.979 mujeres, casi el triple que los hombres, 8.706. Sumados los beneficiarios de ambas figuras asistenciales, el 52,6% de ellos son desempleadas.

Sobre el tercer programa asistencial, el Plan Prepara, el Ministerio de Empleo no facilita datos de su reparto por sexos.

El estudio de UGT también destaca otra de las consecuencias de la mayor precariedad laboral femenina. Hay menos mujeres pensionistas –son sólo el 37% de los perceptores de una pensión de jubilación– pero, además, cobran pensiones más bajas. Son mayoría entre quienes cobran menos de 655 euros al mes, hasta el punto de que representan el 90% de los pensionistas que perciben entre 350 y 400 euros. Y no llegan ni al 20% de los pensionistas las mujeres jubiladas que cobran entre 700 euros y 2.000 euros al mes de pensión. Pero es que sólo uno de cada 10 jubilados que ingresan la pensión máxima, 2.567 euros mensuales, es una mujer.

El Gobierno ha prorrogado este lunes, por décima vez desde su creación en 2011, el Plan Prepara, las ayudas de 400 euros para los parados de larga duración que hayan agotado el resto de las prestaciones públicas. Son seis meses más, de momento y hasta que la tasa de desempleo baje del 20%. Según la última Encuesta de Población Activa (EPA), en diciembre de 2015 era del 20,9%. El Ministerio de Empleo ha facilitado sólo las cifras de quienes se han beneficiado de esta ayuda, ligada a un programa de recualificación profesional, desde que el PP llegó al Gobierno: 639.248 personas. Tan sólo una pequeña parte de los 2,16 millones de parados de larga duración que hay en España, desempleados que llevan más de un año sin trabajar.

Representan el 14% de la población activa, el mayor volumen en un país de la Unión Europea excepto Grecia, y cinco veces la media de la OCDE. La duración e intensidad de la crisis han agravado un fenómeno crónico del mercado laboral español: el alto nivel de desempleo estructural. El promedio de la tasa de paro en España desde 1976 nunca ha descendido del 16,4%.

Pues bien, el paro de larga duración no ha hecho más que aumentar durante toda la crisis, y sólo ha comenzado a reducirse en el último trimestre. En realidad, únicamente ha caído el número de los parados que menos tiempo llevan sin trabajar, mientras engorda y se enquista una bolsa de desempleados cuyas probabilidades de regresar al mundo de trabajo disminuyen cada día que pasa. Así, el 70% de los desempleados de larga duración llevan más de dos años sin encontrar un empleo. Son 2,08 millones de personas. Más de la mitad, 1,1 millones, no han trabajado durante al menos cuatro años, según la EPA.

“Ni las reformas ni la recuperación han mejorado las perspectivas de empleo de los parados de larga duración”, se lamenta Marcel Jansen, investigador de Fedea y uno de los autores del informe El legado de la crisis: el mercado de trabajo español y las secuelas de la gran recesión. Tal es así que las probabilidades de que un parado de muy larga duración  –dos años sin trabajar– encuentre un empleo son únicamente del 12%, según los cálculos incluidos en el estudio. Sólo dos puntos porcentuales más que en 2013, el peor momento de la recesión y cuando las probabilidades se hundieron hasta un mínimo del 10%.

Un mayor de 50 años necesita tres años y medio

El dato significa que un parado de muy larga duración tardará ocho trimestres en hallar un trabajo, dos años más que sumar a los dos previos que, como mínimo, ya acumula en su currículo. Demasiado tiempo en términos laborales y en coste personal.

Aunque puede ser peor. Las probabilidades de encontrar un empleo de los parados de larga duración que carecen de estudios secundarios no se ha movido un milímetro desde 2011: el 10%. Es decir, necesitarán dos años y medio para volver a trabajar. En 2008 era del 25%. La probabilidad de los mayores de 50 años es aún menor: sólo el 7,5%, menos de la mitad que antes de la crisis. Necesitarán 14 trimestres, tres años y medio, para regresar al mercado laboral, de acuerdo con los cálculos de Jansen. Para quienes llevan más de cuatro años sin trabajar, la probabilidad es del 8,4%.

El informe de Fedea confirma con cifras la lógica de que, a más tiempo en el paro, más difícil resulta salir del él. Llevar dos años sin trabajar reduce en 13 puntos porcentuales la tasa de salida de desempleo. Ese factor tiene mayores efectos negativos que la ausencia de estudios superiores o la edad. La falta de experiencia laboral reduce ocho puntos porcentuales la probabilidad de dejar el paro, tener más de 50 años le resta cinco puntos. Para un hombre mayor de 50 años, con experiencia laboral y educación secundaria superior, estar dos años sin trabajar se traduce en que tendrá un 50% menos de probabilidades de regresar al mercado laboral, destaca Fedea.

En EEUU, con 27 semanas sin trabajo basta

Marcel Jansen cree que España no es consciente de la envergadura del problema. Con las tasas de salida del desempleo actuales, aún por debajo de las existentes en 2008, quien antes de la crisis tenía un 30% de probabilidades de salir del paro ahora sólo posee un 10%. A ese ritmo, “será muy difícil rebajar la tasa de paro a niveles europeos con una bolsa de parados de larga duración tan grande”, advierte. El investigador de Fedea recuerda que en Estados Unidos un parado de larga duración es aquél que lleva sólo 27 semanas sin trabajo y que allí sólo se encuentra en esa situación el 4% de la población activa, casi cuatro veces menos desempleados que en España.

Es más, la recuperación económica ha permitido un descenso en la tasa de paro de 4,6 puntos porcentuales, explica el informe de Fedea, aún lejos de los 19 puntos que ésta subió hasta alcanzar el máximo del 26,9% en el segundo trimestres de 2013. Traducido en puestos de trabajo, aún habría que crear 2,4 millones de empleos para recuperar el nivel previo a la crisis.

Sobre las causas que convierten a un trabajador en un parado crónico, el estudio avanza primero un perfil de los que Marcel Jansen teme que puedan convertirse en “víctimas vitalicias” de la crisis. El 54,8% de los parados tienen como única formación el título de ESO. Y el 28,7% de los desempleados que llevan más de un año sin trabajar son mayores de 50 años. Por un lado, la falta de formación adecuada dificulta el regreso al mercado laboral. Por otro, los empresarios son reacios a contratar a trabajadores de una cierta edad, pese a su experiencia y aunque acepten salarios más bajos. También se resisten a emplear parados que llevan mucho tiempo sin trabajar.

Con el tiempo, la motivación del parado decae, también la intensidad con la que busca empleo. Con más de dos años en el dique seco, la probabilidad de que un parado se desactive aumenta en 3,5 puntos porcentuales para los hombres y cuatro puntos para las mujeres. Si cada año abandonan el mercado laboral el 10,86% de los trabajadores ocupados con más de 50 años, entre los parados de esa edad el porcentaje se triplica.

No recuperan la estabilidad ni el salario perdidos

Pero encontrar trabajo tampoco significa necesariamente recuperar la estabilidad y el salario perdidos. Quienes llevaban menos de un año en el paro en diciembre de 2010 y volvieron a trabajar, sólo consiguieron empleo durante un máximo del 20% de los 36 meses siguientes. Quienes superaban el año desempleados, sólo trabajaron el 10% de ese tiempo. Es decir, accedieron trabajos temporales y bastante breves. Según Fedea, sólo el 2,5% de las transiciones del desempleo al empleo  –da igual si de parados de corta o de larga duración– fueron hacia un trabajo indefinido. A su juicio, las reformas laborales de 2010 y 2012 han “beneficiado principalmente la creación de puestos de trabajo temporales”.

El informe también destaca que apenas un 3,5% de los parados de larga duración se decidieron a convertirse en autónomos: los bancos no les conceden créditos y, cuando agotan la prestación contributiva –se puede cobrar durante un máximo de dos años– ya no hay posibilidad de capitalizarla para poner en marcha un negocio.

De entre los despedidos de la crisis, Fedea dedica un capítulo a los procedentes del desplome de la construcción. Casi 1,7 millones de puestos de trabajo se perdieron en el sector. El 17% de los parados de larga duración pertenece a la construcción, más del doble del porcentaje de ocupados empleados en el sector, el 6%. Y su regreso al mercado laboral es 20 puntos más difícil que el del resto de los trabajadores. También más precario: quienes consiguieron un empleo tras perderlo antes de diciembre de 2010, han trabajado menos del 50% del tiempo que ha durado la recesión (2011-2014). Sólo pudieron acceder a un contrato indefinido el 25%, 25 puntos menos que los parados de otros sectores. De los desempleados de la construcción registrados en diciembre de 2014, el 70% llevaba más de dos años sin trabajar. Y sólo el 37,4% cobraba una prestación. De éstos, el 64% percibía un subsidio de 426 euros.

Políticas activas de empleo que no están a la altura

El mismo día que el Gobierno anunciaba la prórroga automática del Plan Prepara, el Consejo de la UE aprobó una propuesta de la Comisión Europea para “fortalecer los servicios de apoyo” a los parados de larga duración. El plan ordena una evaluación individual de las capacidades y necesidades cada desempleado y un “acuerdo de integración laboral”, que debe firmarse como máximo al año y medio de quedarse sin trabajo. Marcel Jansen cree que sin un programa que diseñe “soluciones a medida” para este tipo de parados crónicos, no podrá solucionarse el problema.

En España, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), el antiguo Inem, carece de recursos humanos e incluso de herramientas para evaluar los perfiles de los parados. “Su papel es residual como intermediario en el mercado laboral”, concluye el informe de Fedea. Apenas gestiona el 2% e las ofertas de empleo, según cifras del propio Ministerio de Empleo. “La activación [del parado] suele comenzar tras varios años en el desempleo”, explica el documento, “los programas ofrecidos son demasiado genéricos y no suele haber ninguna evaluación sistemática de su impacto”.

Jansen critica el diseño de las políticas activas de empleo, que priman las bonificaciones a los contratos y han obviado las “soluciones estructurales a los problemas de empleabilidad”. El investigador de Fedea no rechaza que se incentive a las empresas para que contraten a los mayores de 50 años, pero reclama que se centren los esfuerzos, y los presupuestos, en dar formación a los jóvenes y los trabajadores procedentes de la construcción.

También apoya el recurso a las agencias privadas de colocación, que no se han puesto en marcha hasta el pasado mes de diciembre en el ámbito estatal, pese a que el modelo intentó implantarse en 2010 y el acuerdo de marco de colaboración de éstas con el SEPE se firmó en 2013. En todo caso, el número de desempleados cuya colocación se les ha encargado es muy pequeño. En el primer concurso convocado para colocar a los beneficiarios del Plan Prepara, las agencias recibirán 41,66 millones de euros por encontrar empleo a 10.927 parados, sólo el 1,7%sólo el 1,7% de quienes han accedido a esta ayuda desde 2012.

Tampoco ha tenido mucho éxito un segundo plan creado por el Gobierno para ayudar a los parados de larga duración, igualmente ligado a la recualificación profesional y denominado Programa Extraordinario de Activación para el Empleo. Está destinado a quienes hayan agotado el Plan Prepara y sus requisitos son tan estrictos que sólo ha beneficiado al 30% de los perceptores potenciales. El Gobierno calculaba que 450.000 parados se acogerían a esta ayuda, pactada con los sindicatos y la patronal. Sin embargo, hasta el momento sólo 135.978 personas han conseguido los 426 euros, que llevan en marcha desde el 15 de enero del año pasado y concluye el próximo 15 de abril.

Al cerrar la legislatura, Mariano Rajoy presumió de haber superado la peor crisis de la historia de España “sin permitir que nadie quedara al borde del camino”. Pero difícilmente los casi tres millones de parados de larga duración, los que llevan más de un año sin trabajar, le concederán ese logro al presidente del Gobierno. Son 300.000 más que hace cuatro años. Y entre ellos, quienes llevan más de dos años en el paro son 2,15 millones, el 73,3%. Es decir, superar los dos años sin trabajar es una apuesta casi segura para convertirse en parado crónico, para ser expulsado irremediablemente del mercado laboral: mientras el número de quienes llevan entre uno y dos años en el paro se ha reducido en 428.500 personas desde el último trimestre de 2011, ha crecido en 687.600 el de los que pasan más de dos años sin empleo.

La media nacional de paro de larga duración es del 60,6%. Pero las diferencias autonómicas son preocupantes. Cuatro comunidades, Canarias, Asturias, Murcia y Castilla-La Mancha, sobrepasan en 10 puntos ese porcentaje y rozan el 70%. En realidad, Canarias lo supera, alcanza el 70,2%. Sin contar con Ceuta y Melilla, donde el 73,5% y el 70,2% de los parados, respectivamente, son de larga duración. En Galicia representan el 67,3% de los desempleados y en la Comunidad Valenciana, el 66,88%. En La Rioja y Cantabria exceden el 65%.

En cualquier caso, las comunidades con los datos más elevados de desempleo crónico no se corresponden exactamente con aquellas con mayor tasa de paro general, que encabeza Andalucía, con un 31,73%, más de 10 puntos por encima de la media nacional, del 21,18%. Seguida de Canarias –28,56%– y Extremadura –28,51%–. Asturias, con una de las tasas de paro más bajas, el 16,97%, cuenta sin embargo con una de las mayores bolsas de parados de larga duración, 52.000 personas, que ha crecido además en lo que va de año en dos puntos y medio.

Por el contrario, Baleares es la comunidad con menos personas atrapadas en el paro crónico, sólo el 49,26%. En Navarra quienes llevan más de un año sin trabajo son el 54,96% de los parados y en Aragón, al 57,8%. Se trata de tres de las comunidades autónomas con menores tasas de desempleo, inferiores al 14% –excepto en Aragón, donde sube al 14,97%–. Según el Observatorio Laboral de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), las comunidades donde más ha caído el paro de larga duración este año son el País Vasco –que pese a tener una de las menores tasas de desempleo posee uno de los porcentajes más elevados de parados crónicos–, Cataluña y Aragón. Lo que no aciertan a explicarse los analistas de Fedea es por qué ha descendido en unas comunidades y subido en otras el número de quienes llevan más de un año sin trabajo: quizá gracias a políticas activas de empleo autonómicas dirigidas específicamente a este tipo de parados, sugieren.

No es país para desempleados mayores de 45 años

Autonómicas tienen que ser, porque la partida que el Ministerio de Empleo dedica a estas medidas –recualificación y formación de los parados– se ha recortado en una tercera parte desde 2012. Y buena parte de ese dinero se destina, no a cursos de formación sino a subvencionar contratos. Para 2016 se han presupuestado 5.242 millones de euros para las políticas activas de empleo, de los que se destinarán 1.635 millones a bonificaciones de las cuotas que pagan las empresas a la Seguridad. Y otros 2.100 millones, a reducciones de esas mismas cuotas. Las primeras las compensa el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), mientras que las segundas son cotizaciones que pierde la Seguridad Social.

Las políticas activas son tanto más necesarias cuanto mayor es la edad del parado. Porque los desempleados, además, cada vez son más viejos. Según Fedea, los parados mayores de 45 años representan el 35,23% de quienes carecen de trabajo, tras crecer 2,3 puntos en el último año. Pero si se pone el foco en los desempleados de larga duración, los mayores de 45 años ascienden al 45%, tres puntos más que hace un año y ocho puntos más que en el tercer trimestre de 2011. El número de desempleados de más de 40 años que llevan más de dos sin trabajar se ha duplicado en la última legislatura, hasta sumar 1,25 millones de personas. De acuerdo con los datos de la última Encuesta de Población Activa (EPA), el tramo de edad más afectado por este paro de muy larga duración resultan ser quienes tienen entre 45 y 49 años: 318.000 personas. El doble de los que tienen 20 y 24.

Más de dos millones no cobran ayudas públicas

En definitiva, el parado que cae en la trampa del paro de larga duración es muy probable que carezca de recursos adecuados –formación, reorientación profesional– para volver al trabajo. Pero también de ayudas económicas.Con el tiempo va agotando las prestaciones a las que tiene derecho. Primero las contributivas, las de mayor cuantía, que se pueden cobrar durante un máximo de dos años. Y después, los subsidios asistenciales, de 426 euros mensuales: el de desempleo, la Renta Activa de Inserción, el Plan Prepara y las rentas sociales de las comunidades autonómas.

Así que, al prolongarse el paro, la cobertura de las prestaciones públicas ha caído a niveles mínimos históricos. Según los datos del Ministerio de Empleo, el pasado mes de septiembre era sólo del 54,49%, apenas tres centésimas superior al mínimo alcanzado en mayo. En 2011 se rozó una cobertura del 80%. Es decir, de los 4,17 millones de desempleados registrados, 2,07 millones no cobran ningún tipo de ayuda pública. Si para medir la protección de las prestaciones se utiliza la EPA en lugar del paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo, los parados que no perciben ayudas llegan a los 3,7 millones.

Para intentar cubrir este vacío, el Gobierno acordó con sindicatos y patronal en diciembre de 2014 la puesta en marcha de un Programa Extraordinario de Activación para el Empleo que debería proporcionar una ayuda económica y reorientación profesional a 450.000 parados de larga duración. Sin embargo, a los 426 euros mensuales destinados a los desempleados que han agotado el resto de las prestaciones sólo han accedido de momento 71.495 personas, el 15,8% de los previstos. Como la ayuda no se puede percibir durante más de seis meses y empezó a pagarse el pasado febrero, en estos momentos sólo 31.344 parados la están cobrando. Y únicamente 8.708 han conseguido un empleo en este tiempo. El programa, además, tiene fecha de caducidad: abril de 2016.

Tras el paro de larga duración acecha la amenaza del paro crónico y, tras éste, el desánimo laboral y el paro estructural. En su día, el Servicio de Estudios del BBVA calculó que, una vez España regrese a la normalidad económica, la tasa de desempleo estructural no será inferior al 17% o 18%, el triple que en países como Alemania o Estados Unidos. En 2005, en pleno apogeo de la economía, ascendía a un nada despreciable 12%.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunció hace casi un año que 450.000 personas iban a conseguir su “integración efectiva en el mercado laboral” gracias al Programa Extraordinario de Activación para el Empleo, que ese día firmaba en la Moncloa con los dirigentes sindicales y de la patronal. Sin embargo, a 30 de septiembre, el número de parados beneficiados por esta ayuda especial de 426 euros era de 71.495, sólo el 15,8% de la cifra prevista. El Gobierno ha rechazado el 34,5% de las solicitudes que se le han presentado.

Los sindicatos critican que los requisitos para acceder al programa son tan restrictivos que dejan fuera a la mayor parte de los beneficiarios potenciales. La ministra de Empleo, Fátima Báñez, explicó en el Senado el pasado marzo que se había calculado “un stock de entre 270.000 y 300.000 posibles perceptores”stock al comienzo del programa, el pasado mes de enero, y “un flujo de entre 130.000 y 150.000 en los meses posteriores y hasta su finalización”, el 15 de abril de 2016. Según dijo, las cifras se habían proyectado basándose en las “consultas hechas a las comunidades autónomas”.

Pero esos números se han quedado muy lejos de la realidad. A 30 de septiembre, los últimos datos aportados por Empleo, sólo hay 31.344 personas cobrando la ayuda. Como se puede percibir sólo durante seis meses, 25.229 parados dejaron de ingresarla en julio, cuando se alcanzó el máximo número de beneficiarios, 56.573. En todo caso, el número de solicitudes no ha dejado de caer desde el primer mes. En julio y agosto no llegaron ni a 8.000 y en septiembre subieron ligeramente hasta 9.441, casi la cuarta parte de las presentadas en febrero. En total, cuando sólo faltan seis meses para que concluya el programa, 120.464 personas han pedido la ayuda, menos de la mitad de las que, según el Gobierno, formaban el stock inicial de beneficiarios.

El pasado 4 de septiembre, UGT y CCOO reclamaron al Ministerio de Empleo que revisara los requisitos ante el “fracaso” del programa. Aún no ha contestado.

El Programa Extraordinario de Activación para el Empleo fue pactado con los sindicatos y la patronal a finales del año pasado en un intento de luchar contra el paro de muy larga duración –más de dos años sin trabajar– y el descenso continuado de la cobertura de las prestaciones de desempleo. Se trata de un plan “extraordinario” y de carácter temporal, pensado para los desempleados que hayan agotado el resto de las prestaciones y subsidios, carezcan de cualquier otra renta y tengan cargas familiares. Reciben una ayuda mensual de 426 euros y, a cambio, se les asigna un tutor, que elabora un “itinerario individual y personalizado de empleo”. Es decir, orientará y formará a los parados para que vuelva al mercado de trabajo.

El problema estriba en que, para acceder al programa, deben haber transcurrido seis meses desde que el parado agotó la Renta Activa de Inserción, el PRODI o el Plan PreparaPlan Prepara, programas y ayudas de similar cuantía y contenido. Es decir, se exige al desempleado un periodo de carencia, que se pase seis meses sin ingresos antes de acceder a la ayuda extraordinaria. También deben haber permanecido inscritos como demandantes de empleo durante 360 días en los últimos 18 meses y haber sido despedidos de su último trabajo. Incluso tienen que estar inscritos como parados el 1 de diciembre de 2014, lo que se convierte en “una foto fija que no tiene sentido mantener”, explica el secretario de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer. Finalmente, los solicitantes deben tener a su cargo al cónyuge o a algún hijo menor de 26 años o a mayores discapacitados, que carezcan de ingresos mensuales superiores a 486,45 euros. La suma de los ingresos de toda la familia, dividida por el número de sus miembros, no puede superar los 486,45 euros.

Los sindicatos se quejan, además, de la escasa publicidad que se ha dado a estas ayudas e incluso de que un buen número de denegaciones se están produciendo porque se rellenan mal los impresos. “En otros programas, los servicios públicos de empleo han sido mucho más proactivos, en este caso estamos viendo que hay mucha gente que, sencillamente no pide las ayudas porque no saben que existen y tampoco se las ofrecen”, se queja Toni Ferrer.

Problemas con las comunidades autónomas

Pero no han sido las únicas disfunciones con que se ha topado el programa en sus nueve meses de vida. Sus ayudas son incompatibles con el cobro de cualquier otra, incluidas las rentas mínimas que pagan las comunidades autónomaslas rentas mínimas que pagan las comunidades autónomas. Eso ha dado lugar a disputas con los gobiernos del País Vasco y Navarra. Ambas comunidades abonan rentas de inclusión social de mayor cuantía que el resto. De forma que de los 9.000 beneficiarios potenciales en el País Vasco sólo 245 solicitaron la ayuda estatal y sólo 153 la perciben. En Navarra, de los 4.300 previstos, sólo 212 la pidieron y únicamente les fue concedida a 133. Estas cifras corresponden a julio de 2015. El Ministerio de Empleo dice carecer de datos actualizados desglosados por comunidades autónomas. Y asegura que los problemas de incompatibilidad con las ayudas autonómicas ya han quedado resueltas. Según explica, además, el porcentaje de rechazo de solicitudes es similar al de otras prestaciones.

Como los tutores y el cumplimiento de los itinerarios de formación de los parados dependen de las comunidades autónomas, se han dado casos en que la falta de los primeros impedía a los solicitantes acceder a la ayuda, asegura por su parte el responsable de Protección Social de CCOO, Carlos Bravo. Empleo ha dispuesto una partida de 128,8 millones de euros para que los gobiernos autonómicos se encarguen de contratar tutores y poner en marcha los itinerarios formativos. Pero la orden para distribuir esos fondos no se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) hasta el pasado 30 de septiembre, ocho meses después de iniciado el programa. Los primeros 51,5 millones ya se han repartido entre las comunidades, pero la distribución de los 77,3 millones restantes dependerá de los resultados de inserción laboral que cada una de ellas tenga con los beneficiarios. Ese decalaje ocasiona problemas de gestión en las comunidades autónomas que terminan pagando los parados, lamenta Bravo.

Para este programa extraordinario, Fátima Báñez comprometió una partida de “más de 1.000 millones de euros”. El pasado diciembre, el Consejo de Ministros aprobó un crédito extraordinario de 850 millones para cubrir el primer año de ayudas. Cuando sólo faltan seis meses para que termine el plan, sólo se han gastado 120 millones de euros, el 14%. En ayudas, únicamente 23,4 millones.

Pero el objetivo final del programa es conseguir un trabajo a los parados que mayores dificultades encuentran para volver al mercado laboral. En una respuesta al diputado de Convergència Carles Campuzano, el Gobierno asegura, con datos a 31 de julio, que han logrado un empleo 7.517 personas, el 11% de los beneficiarios. Otros 1.191 compatibilizaban un trabajo con el cobro de la ayuda, una posibilidad permitida por el programa. El empresario descuenta del salario del trabajador los 426 euros de la ayuda. Sumadas ambas cifras, la inserción laboral asciende al 12,9%. Empleo asegura que ese porcentaje supera el 8% que se calcula a la inserción de los parados de larga duración en general. A juicio de Toni Ferrer, sin embargo, es una cifra “patética” de eficacia.

Casi dos millones de parados no cobran ninguna ayuda

En España hay 2,94 millones de personas que llevan más de un año sin trabajar, casi 300.000 más que hace cuatro años, según la última Encuesta de Población Activa (EPA). Son los parados de larga duración. Tras seis años de crisis y uno de recuperación macroeconómica, ha surgido una nueva categoría: el parado de muy larga duración, que lleva más de dos años sin empleo. Mientras quienes pasan entre un año y dos en el paro se han reducido en 428.500 personas desde 2011, los que superan los dos años sin trabajo se disparan en 687.600.

Así, los parados de larga duración como categoría general son ya el 60,6% de los desempleados, 10 puntos porcentuales más que hace cuatro años. Pero es que entonces quienes llevaban más de dos años sin trabajar representaban sólo el 27% de los parados. Hoy ese porcentaje casi se ha duplicado y equivalen a cerca de la mitad, el 44,5%.

Y cuanto más tiempo permanece un trabajador atrapado en el paro, más posibilidades tiene de agotar el catálogo de prestaciones y subsidios públicos a los que tiene derecho. La cobertura de las ayudas estatales no ha dejado de caer durante toda la crisis: ya está en el 58,93%, cuando en 2010 el 80% de los parados cobraba una prestación. En estos momentos, 1,83 millones de desempleados no reciben ninguna, si se tienen en cuenta las cifras del paro registrado en los servicios de empleo públicos. Si se toma en consideración el dato de paro de la EPA, los desempleados sin ayudas públicas ascienden a 3,7 millones. Este grupo de desempleados deberían ser los destinatarios potenciales del programa extraordinario. Su objetivo teórico era elevar la cobertura de las ayudas públicas un 5%. No lo ha conseguido.

La legislatura está a punto de concluir y el Ministerio de Empleo aún no tiene garantizado que las agencias privadas comiencen a buscar trabajo a los parados. Acaba de enviar los primeros listados de desempleados a las empresas que se encargarán de encontrar empleo a los inscritos en el Plan Prepara, una vez resueltos los múltiples recursos que han bloqueado este primer concurso hasta ahora. Pero el segundo, convocado y resuelto en tiempo récord el pasado mes de junio, ha tropezado de nuevo con el mismo obstáculo que dejó empantanado el anterior durante dos años. El gigante Randstad presentó el pasado jueves un recurso en el Tribunal Central de Recursos Contractuales, dependiente del Ministerio de Administraciones Públicas, en el que pide que suspenda y anule la adjudicación a sus competidoras Adecco, Manpower y Eulen, así como a la orden salesiana.

Decida el tribunal suspender o no la concesión, como le pide Randstad, en cualquier caso éste no resolverá el recurso antes de un mes. De momento, las adjudicatarias y el propio Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), el antiguo Inem, tienen cinco días para presentar alegaciones.

A diferencia del primer concurso, y para evitar que se repitieran sus múltiples problemas, el segundo fue negociado y sin publicidad. Sólo fueron invitadas cinco empresas, de las 80 preseleccionadas por el SEPE en 2013. Al principio, Empleo convocó a firmas con oficinas en las 17 comunidades autónomas. Pero sólo tres cumplen ese requisito: Eulen, Manpower y los Salesianos. Así que el ministerio abrió el concurso a empresas con presencia en 16 comunidades, lo que permitó acceder a Adecco y a la Fundación Laboral de la Construcción –integrada por la patronal del sector y los sindicatos UGT y CCOO–, que finalmente declinó presentarse.

Randstad carece de oficinas en Asturias, Cantabria y Castilla-La Mancha, según consta en la relación de centros de trabajo que figura en el Sistema Nacional de Empleo, por lo que quedó fuera del procedimiento. Ahora pide que se anule la adjudicación alegando que el criterio geográfico no es válido.

En su momento, el Ministerio de Empleo justificó la elección de un concurso negociado y sin publicidad en que el Acuerdo Marco con las Agencias de Colocación y la Ley de Contratos del Sector Público se lo permite para “agilizar los procedimientos administrativos”. En efecto, la ley incluso exime a la Administración de convocar a una nueva licitación a los candidatos preseleccionados para participar en el Acuerdo Marco. O bien, “justificándolo debidamente en el expediente”, le permite no extender la consulta “a la totalidad de los empresarios que sean parte del Acuerdo Marco, siempre que, como mínimo, solicite ofertas a tres de ellos”.

Según fuentes conocedoras del recurso, la multinacional no duda en presentar el segundo concurso como una “compensación” del SEPE a las grandes ETT por haber sido excluidas de la primera licitación. Tanto Randstad como Adecco, Manpower y Eulen son miembros del patronal Asempleo. El recurso ha generado malestar en estas grandes ETT, que no dudan en hablar de “traición”. Randstad no ha querido hacer declaración alguna sobre el recurso a infoLibre.

Seis pequeñas, cuatro grandes

Hay que recordar que el concurso para los parados del Plan Prepara acaba de resolverse en firme tras sufrir la lista de adjudicatarios provisionales hasta cuatro vuelcoscuatro vuelcos, consecuencia de los recursos que las empresas excluidas fueron presentando desde 2013. En uno de esos giros fueron apeadas las grandes empresas de recursos humanos antes citadas, además de las divisiones de formación de Telefónica y la Once.

Finalmente, tras el accidentado y largo proceso, serán seis pequeñas empresas de formación las encargadas de competir con el antiguo Inem en la búsqueda de empleo a los inscritos en el Plan Prepara –más de un año sin trabajar, prestaciones y subsidios agotados–: Grupo Adalid Inmark lo hará en Galicia, Asturias y Cantabria; la UTE T-Talento, en la Comunidad Valenciana, Murcia y Baleares; Master Cum Laude, en Aragón y Cataluña; Consultora San Román, en Madrid y Castilla-La Mancha; Ibecon SL, en Extremadura, Castilla y León, La Rioja y Navarra, y la Fundación Grupo Vértice, en Andalucía, Ceuta y Melilla. En total, deberán atender a casi 11.000 parados.

A las grandes ETT y los salesianos se les encomendaron 30.555 desempleados, divididos según el tiempo que estén inscritos en el paro: Por ejemplo, Adecco se encargará de quienes sólo llevan de tres a seis meses sin trabajar; Manpower, de quienes superen los dos años. A cambio, las cuatro adjudicatarias se repartirán 41,7 millones de euros. El mismo importe se llevarán las seis empresas de formación ganadoras del primer concurso.

Según el ránking elaborado por la consultora DBK, Randstad es la primera ETT por su facturación e España, 495 millones en 2013, un 21% más que el año anterior. La segunda es Adecco, que ingresó 394 millones, un 2,2% más que en 2012. Le sigue Manpower, con una cifra de negocio de 225 millones, un 2% más que el ejercicio precedente. Y la cuarta es Flexiplan, la ETT del Grupo Eulen, que ingresó 92 millones, un 19% más respecto a 2012.