El próximo martes 10 de febrero, Carlos Mur, Francisco Javier Martínez Peromingo y Pablo Busca, declararán en el Juzgado de Instrucción 37 de Madrid como imputados por los Protocolos de la Vergüenza, desvelados por infoLibre.

Mur, que ya declaró como investigado el pasado 23 de enero, fue uno de los firmantes de los Protocolos de la Vergüenza y en marzo de 2020 era director general de Coordinación Sociosanitaria del Gobierno madrileño. Peromingo está considerado el ideólogo de los protocolos y fue implicado por el propio Mur en una de sus declaraciones ante la Justicia.

Por su parte, Pablo Busca era el máximo responsable en el momento de la pandemia del Servicio de Urgencia Médica de la Comunidad de Madrid.

Todos ellos están investigados por la Justicia a raíz de la querella de una mujer. Esta denuncia acusa a los tres de cometer un "delito de denegación discriminatoria de la asistencia sanitaria a personas enfermas que vivían en residencias", según un comunicado conjunto de las plataformas Verdad y Justicia 7291 y Marea de Residencias.

A pesar de ser el quinto procedimiento judicial en el que los ex altos cargos de Ayuso están llamados a declarar, Mur solamente lo hizo en dos ocasiones y Peromingo en una. Busca aún no se ha estrenado.

Las dos plataformas exigen a los imputados que digan la verdad y, en concreto, le piden a Carlos Mur "que aclare de una vez quién le ordenó firmar los Protocolos de la Vergüenza".

El Juzgado de Instrucción número 23 de Madrid y el número 2 de Collado Villalba han citado a declarar la próxima semana en calidad de imputados a tres ex altos cargos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, en dos causas donde se analiza si existió un delito de denegación discriminatoria de la asistencia sanitaria a los mayores enfermos que vivían en residencias durante la primera ola de la pandemia. El origen de estos procedimientos está en las actuaciones judiciales puestas en marcha por familiares de residentes que fallecieron durante aquella primera ola.

Los altos cargos imputados son Carlos Mur, firmante del conocido como 'Protocolo de la Vergüenza' que impidió el traslado a hospitales públicos de miles de residentes enfermos y que era, en marzo de 2020, director general de Coordinación Sociosanitaria del Gobierno madrileño; Francisco Javier Martínez Peromingo, considerado el ideólogo del 'Protocolo de la Vergüenza' y sucesor de Mur como responsable de Coordinación Sociosanitaria, y Pablo Busca Ostalaza, máximo responsable en el momento de la pandemia del Servicio de Urgencia Médica (SUMMA 112), que se encargaba de gestionar las ambulancias públicas.

El martes 9 de diciembre, los tres están citados a declarar como imputados en el Juzgado de Instrucción número 23 de Madrid, a partir de las 10:00 horas. En dicho Juzgado se analiza la querella interpuesta por una familiar de una persona que vivía en la residencia Amavir Valdebernardo.

El miércoles 10 de diciembre, Mur, Peromingo y Ostalaza, deberán prestar declaración ante el Juzgado de Instrucción número 2 de Collado Villalba, también a partir de las 10:00 horas. En este caso, la querella fue presentada por una familiar de una persona que vivía en la residencia Sanitas Torrelodones.

En los procedimientos judiciales también se encuentran imputados los geriatras de enlace de los hospitales Gregorio Marañón y Puerta de Hierro, respectivamente.

En dos ocasiones anteriores, los tres ex altos cargos de Ayuso estaban citados como imputados, pero no prestaron declaración. Desde Marea de Residencias, confían ahora en que esos ex altos cargos "declaren finalmente ante la Justicia por la discriminación infligida" a quienes vivía en las residencias madileñas durante la pandemia.

El pasado 26 de mayo, debían comparecer como imputados en el Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid, pero las declaraciones se suspendieron después de que los imputados alegaran que no se les había dado traslado de las actuaciones.

Unas semanas más tarde, el 17 de junio, fue el Juzgado de Instrucción número 6 de Leganés quien suspendió las declaraciones de los tres ex altos cargos al decidir inhibirse precisamente en favor del Juzgado 3 de Madrid, al entender que éste “estaba investigando con anterioridad los mismos hechos”. El abogado de Martínez Peromingo es quien había solicitado la inhibición.

La decisión sobre cuál es el Juzgado competente para decidir sobre decenas de causas judiciales está pendiente de lo que decida la Audiencia Provincial de Madrid. El Juzgado 3 de Madrid no aceptó acumular las causas. Además, mientras Peromingo solicita que todos los procedimientos se acumulen en el Juzgado 3 de Madrid, Mur pide lo contrario y defiende que cada causa debe verse en el juzgado del lugar donde residía la víctima. En diversos procedimientos se han presentado recursos sobre las decisiones judiciales adoptadas, que son los que deberá resolver la Audiencia Provincial de Madrid. 

"Son ya nuestros viernes blancos", reconoce a infoLibre Carmen López de Marea de Residencias. Con estas palabras hace referencia a que por segunda semana consecutiva se ha producido una imputación de ex altos cargos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, algo que cerca aún más a los presuntos responsables de las muertes en residencias durante la pandemia. "Es una buena noticia que otro juzgado se sume a investigar lo que sucedió en estos centros durante el covid", asegura Alejandra Jacinto, una de los tres abogados de las asociaciones de víctimas. Más de cinco años después de que se aprobase en marzo de 2020 el ya conocido como Protocolo de la Vergüenza, que impedía trasladar a los hospital desde las residencias a las personas con mayor grado de dependencia física o con mayor deterioro cognitivo, la justicia sigue dando pasos para arrojar algo de luz ante la ilusión de unos familiares que llevan un lustro de lucha en las calles, en las instituciones y en los tribunales, y que ven con esperanza esta nueva fase judicial.

Una nueva fase que se inició hace justo siete días. El pasado viernes 23 de mayo, el Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid imputó por primera vez a tres ex altos cargos del Gobierno Ayuso. Una semana después, es el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Leganés el que mueve ficha y abre una segunda causa judicial contra dos de ellos: Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo, quienes fueran directores de Coordinación Sociosanitaria de la Comunidad y autor y firmante del Protocolo de la Vergüenza desvelado por infoLibre. Durante ese periodo, solo entre marzo y abril, 7291 personas fallecieron en los centros de mayores de la región sin asistencia sanitaria, ni fuera ni dentro del geriátrico.

En total, tal y como explica Carmen López, hay 92 procedimientos relacionados con denuncias por la comisión de un delito de denegación discriminatoria de la asistencia sanitaria, castigado en el artículo 511 del Código Penal. La gran mayoría proceden de la macrodenuncia que 109 familiares presentaron el pasado mes de octubre ante la fiscal superior Almudena Lastra, aunque no todas se han podido materializar por diferentes motivos. A ellas se suman otras cinco querellas presentadas de forma independiente para evitar una prescripción que, en muchos casos, era inminente.

Tanto Carlos Castillo como Alejandra Jacinto, que forman parte del equipo de la acusación junto a Eduardo Ranz, en conversación con infoLibre coinciden en que es probable que muchos más juzgados actúen de forma similar y sigan el ejemplo de Madrid y Leganés. "No es descartable que se vaya produciendo a cuentagotas nuevas imputaciones", apunta Jacinto. La duda a estas alturas del equipo jurídico de la acusación es si habrá un proceso de unidad de todas las denuncias y que confluyan en una misma causa o si seguirán individualmente. 

Por ahora, lo que se sabe es que la causa que se abre ahora en Leganés es una de esas cinco denuncias independientes interpuesta por dos familiares en el mes de noviembre. Se trata, por tanto, de una causa nueva y han provocado que el próximo 17 de junio Mur y Permingo estén citados a declarar como imputados. Junto a ellos, también acudirán como imputados el director del Summa 112, Pablo Busca Ostalaza, y la geriatra de enlace del Hospital Severo Ochoa.

Según detalla Marea de Residencias en una nota de prensa, el juzgado de Leganés imputa a Carlos Mur por ser el responsable de firmar digitalmente las cuatro versiones del Protocolo de la Vergüenza —los días 18, 20, 24 y 25 de marzo, como desveló infoLibre—, además del ser el encargado de enviarlo a altos cargos de las consejerías de Sanidad y Políticas Sociales. Por su parte, Francisco Javier Martínez Peromingo fue el autor de otro protocolo clínico que complementó al primero y que establecía instrucciones a las residencias para solicitar la hospitalización, como el índice de Barthel y la escala GDS, que sirve para medir la demencia. Era este el documento que sirvió, en cierto modo, de barrera para la derivación.

Si finalmente declaran como imputados el 17 de junio será la primera vez que lo hagan por las muertes en residencias. El pasado lunes, sus defensas lograron un aplazamiento de la declaración en Plaza de Castilla alegando que no se les había dado traslado de la totalidad del expediente y que, por tanto, no habían tenido tiempo para preparar su defensa. La próxima fecha quedó pendiente de determinarse, aunque las acusaciones esperan que sea "antes de verano".

"El planteamiento de no declarar el lunes fue una maniobra dilatoria y absurda. No van a conseguir que prescriba. Es aplazar lo inaplazable", reconoce Jacinto. Eso sí, la abogada no se atreve a adelantar si intentarán repetir la jugada el próximo día 17: "No sabemos por dónde va a salir".

Tanto Marea de Residencias como 7291 Verdad y Justicia ya apuntaron, tras las primeras imputaciones, que la posible responsabilidad penal y política no se ciñe exclusivamente a Mur y Peromingo. Ambas asociaciones solicitan, en línea con lo que ya indicaron en su macrodenuncia, que se extienda la investigación hacia la posible investigación de quien fuera el consejero de Sanidad en lo peor de la pandemia, Enrique Ruiz Escudero, y la propia Isabel Díaz Ayuso. "No es entendible que altos cargos de la consejería tomasen este tipo de decisiones por su cuenta y riesgo", asegura Alejandra Jacinto que señala que "no es descartable que pueda imputarse" al exconsejero. En estos momentos, Ruiz Escudero es senador por designación de la Asamblea de Madrid, por lo que está aforado y tendría que asumir su causa el Tribunal Supremo.

Actualmente, Mur trabaja como psiquiatra en el servicio de salud de Andorra y Peromingo es jefe de Geriatría en la Fundación Jiménez Díaz de Madrid, un hospital del Grupo Quirón.

Por su parte, la imputación del entonces director del Summa 112, Pablo Busca Ostalaza, se produce porque las ambulancias jugaron un papel clave en el dispositivo diseñado por la Consejería de Sanidad: dejaron de ir a recoger directamente a los residentes enfermos y sólo acudían a los centros si tenían una autorización expresa de derivación del geriatra de enlace. Y, por ello, la cuarta imputada es la geriatra de enlace del Hospital Severo Ochoa, responsable de aplicar los protocolos en este centro público.

El juez deja fuera en esta ocasión a Antonio Burgueño, nombrado en la segunda semana de marzo de 2020 como "asesor principal" de Ayuso para la lucha contra la pandemia, y que sí fue citado como imputado en la causa que lleva el juzgado de Plaza de Castilla. En cambio, el que fuera encargado de elaborar un plan de medicalización de geriátricos que jamás se produjo está llamado ahora para declarar como testigo en esta causa.

Y eso a pesar de que sería el único que habría cometido presuntamente el delito como "particular vinculado a un servicio público", puesto que las otras 28 personas lo habrían hecho como funcionarios. Actualmente la información publicada por él mismo señala que sigue siendo consultor sanitario y ha participado recientemente en un programa del canal de televisión ultra El Toro TV.

Burgueño declarará en esta causa el próximo martes 3 de junio. No será el único. Ese mismo día también está citado como testigo Alberto Reyero, consejero de Políticas Sociales cuando llegó la pandemia y que, desde el primer momento, denunció la discriminación que estaban sufriendo las personas mayores que vivían en residencias.

Será la cuarta vez que acuda ante un juez para explicar qué sucedió en las residencias madrileñas. Las tres primeras ocasiones fueron en 2023: en marzo, en junio y en noviembre. La postura ha sido siempre la misma: el Protocolo de la Vergüenza nunca fue un borrador, como ha defendido siempre —y sigue haciéndolo— la Comunidad de Madrid, existió y tuvo consecuencias. Y lo mismo prácticamente repetirá el próximo martes en el juzgado de Leganés. "Voy a contar lo mismo que llevo contando los últimos cinco años. Es una comparecencia muy reiterativa", confiesa en conversación con infoLibre.

También testificará el 3 de junio Juan Abarca Cidón, presidente de HM Hospitales, uno de los principales grupos sanitarios privados de la Comunidad de Madrid, y las dos querellantes familiares de las víctimas.

Con dos fechas marcadas ya en rojo para los familiares de las víctimas de residencias y a la espera de conocer cuándo será la declaración en Plaza de Castilla, lo que está claro es que estas dos nuevas imputaciones de ex altos cargo de Ayuso acorralan al Gobierno de la Comunidad de Madrid. Y así lo apuntó el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, que señaló que la justicia está "cercando" a la líder regional por su gestión "inhumana" y "negligente" de las residencias durante la pandemia. Aunque desde la Puerta del Sol no lo ven así.

Es más, este mismo viernes, después de conocerse las nuevas imputaciones, el portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García, volvió a sacar el argumentario para el tema de las residencias. Vaticina que las dos causas volverán a ser archivadas, que no hay "ninguna novedad", que no había ningún protocolo y que el Ejecutivo regional y sus profesionales "lo hicieron bien durante la pandemia". "Cuando dicen que se van a cerrar, ¿por qué lo dicen? ¿Ya han hablado con el juez o tienen una bolita de cristal?", asegura Carmen López.

Además, el portavoz de Ayuso volvió a atacar a las víctimas asegurando que "la izquierda" miente porque sí que existieron "más de 11.000 derivaciones" de residencias a hospitales y que "quieren volver a utilizar el dolor de las familias, retorcerlo para utilizarlo políticamente, porque no tienen argumentos". Desde Marea de Residencias recuerdan al portavoz que ellos no son la izquierda: "Somos un movimiento social que surge antes de la pandemia para luchar por unas residencias públicas de calidad gobierne quien gobierne. Les puede parecer que somos de izquierdas porque luchamos por lo público, pero no estamos adscritos a ningún partido".

Con respecto al tema del dolor de las víctimas, una carta que siempre saca a colación el Gobierno de Ayuso, Carmen López insiste en que es "su" dolor y que ella lo utiliza como quiere. "Nadie nos puede decir cuándo vamos a pasar página, lo decidiremos nosotros. Por desgracia para ellos, no vamos a dejar pasar este duelo sin que se diriman responsabilidades", asegura.

Ya el viernes pasado, Ayuso señaló que estas imputaciones responden a "un cambio de criterio" de la Fiscalía porque la causa estaba "archivada desde hace tres años". "Lo que debería hacer la Comunidad de Madrid es informarse bien", señala Jacinto que, insiste, preguntada por estas declaraciones de Ayuso, que ambas causas responden a un delito que no se ha investigado. 

Para Marea de Residencias, todas estas declaraciones y su actitud con respecto a la gestión de las residencias deja al Gobierno regional "a la altura del betún": "Parecen gobernantes de un país bananero, como diría la propia Ayuso". Aunque, a Carmen López ya no le extraña este comportamiento porque ha sido así "desde el primer momento" y recuerda que "cerraron con los votos del Vox la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid".

Más de cinco años después, la justicia continúa cercando a los presuntos responsables de las muertes en residencias durante la pandemia. Si hace justo una semana el Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid imputó por primera vez a ex altos cargos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, este viernes un Juzgado de Leganés ha abierto una segunda causa judicial contra Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo, quienes fueran directores de Coordinación Sociosanitaria de la Comunidad y autor y firmante de los Protocolos de la Vergüenza que bloquearon la derivación al hospital de miles de residentes durante las peores semanas de la crisis sanitaria, según desveló infoLibre. Durante ese periodo, solo entre marzo y abril, 7291 personas fallecieron en los centros de mayores de la región sin asistencia sanitaria. Ni fuera ni dentro del geriátrico.

Carlos Mur fue el responsable de firmar digitalmente las cuatro versiones del Protocolo de la Vergüenza —los días 18, 20, 24 y 25 de marzo, como desveló infoLibre—, además del encargado de enviarlo a altos cargos de las consejerías de Sanidad y Políticas Sociales. Francisco Javier Martínez Peromingo fue el autor de otro protocolo clínico que complementó al primero y que establecía instrucciones a las residencias para solicitar la hospitalización, como el índice de Barthel y la escala GDS, que sirve para medir la demencia. Era este el documento que sirvió, en cierto modo, de barrera para la derivación.

En esta causa también han sido imputados el entonces director del Summa 112, Pablo Busca Ostalaza, ya que, según explica en una nota Marea de Residencias, las ambulancias jugaron un papel clave en el dispositivo diseñado por la Consejería de Sanidad: dejaron de ir a recoger directamente a los residentes enfermos y sólo acudían a los centros si tenían una autorización expresa de derivación del geriatra de enlace. Por eso, la cuarta imputada es la geriatra de enlace del Hospital Severo Ochoa. Las declaraciones de los cuatro querellados están previstas para el 17 de junio.

En el marco de este procedimiento, está prevista la declaración de varios testigos el próximo martes 3 de junio, a partir de las 10 horas. Entre ellos se encuentra Alberto Reyero, consejero de Políticas Sociales cuando llegó la pandemia y que, desde el primer momento, denunció la discriminación que estaban sufriendo las personas mayores que vivían en residencias.

Ese mismo día también testificará Antonio Burgueño, nombrado en la segunda semana de marzo de 2020 como "asesor principal" de Ayuso para la lucha contra la pandemia. El que fuera encargado de elaborar un plan de medicalización de geriátricos que jamás se produjo está en la otra causa imputado.

También testificará el 3 de junio Juan Abarca Cidón, presidente de HM Hospitales, uno de los principales grupos sanitarios privados de la Comunidad de Madrid, y las dos querellantes familiares de las víctimas.

El procedimiento que se sigue en el Juzgado 6 de Leganés deriva de una querella interpuesta por dos familiares en el mes de noviembre. Se trata, por tanto, de una causa nueva y estas son las primeras diligencias. En cambio, el procedimiento de hace una semana parte de la macrodenuncia que los familiares presentaron el pasado mes de octubre ante la fiscal superior Almudena Lastra. La Fiscalía la envío a los juzgados que tenían causas abiertas con anterioridad y lo que hizo el Juzgado de Instrucción número 3 Madrid fue reabrir la causa el pasado 1 de abril después de que fuese archivado en su día de forma provisional.

No obstante, ambas causas comparten el motivo de la denuncia: la comisión de un delito de denegación discriminatoria de la asistencia sanitaria, castigado en el artículo 511 del Código Penal.

La apertura de esta nueva causa llega en la misma semana que se ha producido el intento de declaración de los ex altos cargos del Gobierno de Ayuso. Sus defensas fueron claras y actuaron al unísono: pidieron un aplazamiento de la declaración alegando que no se les había dado traslado de la totalidad del expediente y que, por tanto, no habían tenido tiempo para preparar su defensa. La próxima fecha, además, ha quedado pendiente de determinarse, aunque las acusaciones esperan que sea "antes de verano".

Tras conocerse estas nuevas imputaciones, una de las primeras reacciones llegó por parte del delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín. A preguntas de los periodistas antes de reunirse con mandos de la Guardia Civil en el puesto de Colmenar Viejo, señaló que la justicia está "cercando" a Ayuso por su gestión "negligente" de las residencias. Además, pidió que la presidenta madrileña “dé explicaciones y rinda cuentas".

Posteriormente, el portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García, vaticinó que las dos causas judiciales abiertas volverán a ser archivadas. En declaraciones a los medios tras participar en un acto este viernes en la Real Casa de Postas, subrayó que "no hay ninguna novedad" y que todos los casos que trata de judicializar la izquierda "todos han acabado archivados" porque la Comunidad de Madrid y los profesionales "lo hicieron bien durante la pandemia".

El portavoz de Ayuso también aseguró que la izquierda "miente" al decir que se implantaron estos protocolos ya que se realizaron más de 11.000 derivaciones. "La izquierda quiere volver a utilizar el dolor de las familias, retorcer el dolor para utilizarlo políticamente, porque no tiene argumento", ha denunciado. 

Señora Presidenta de la Comunidad de Madrid:

Han tenido que pasar exactamente cinco años para que una jueza madrileña, Isabel Durántez, titular del juzgado de instrucción número 3, decida sentar en el banquillo a los autores del Protocolo de la Vergüenza que prohibió trasladar a miles de mayores de las residencias a los hospitales de Madrid en lo peor de la pandemia con criterios de exclusión discriminatorios (ver aquí). Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo, responsables en aquellas fechas de Coordinación Sociosanitaria de la Comunidad que usted preside, están citados a declarar como imputados este lunes, 26 de mayo, como consecuencia de la macrodenuncia presentada en octubre por 109 familiares. Hoy, señora Ayuso, es un día de esperanza para las familias de las 7.291 personas mayores que murieron abandonadas en geriátricos de Madrid entre marzo y abril de 2020, y un día aciago para usted, para su mano derecha, MAR, y para tantas voces –políticas y mediáticas– que arroparon sus mentiras con un desparpajo indigno.

Fue precisamente el 26 de mayo de 2020 cuando infoLibre desveló la existencia de un Protocolo dictado el 20 de marzo anterior que establecía “CRITERIOS DE EXCLUSIÓN” (así, todo en mayúsculas) que prohibían expresamente el traslado de residentes a hospitales –tuvieran o no covid– si sufrían problemas de movilidad o de discapacidad física o mental (ver aquí). Lo primero que usted y sus secuaces hicieron fue calumniar a este periódico, a mí mismo y a Manuel Rico, entonces responsable de investigación. Sí, así de claro. Dijeron que ese documento no existía, que era “un invento de la izquierda radical”. El único patrimonio de un periodista o un medio de información que merezca tal nombre es su credibilidad, su esfuerzo permanente de veracidad y su compromiso de rectificar cuando se equivoca.

Mintió usted, mintió su consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, y mintió toda su amplia nómina de lacayos acostumbrados al éxito de esa estrategia de la mentira que tan hábilmente despliega su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez. Cuando publicamos el documento con firma (de Carlos Mur) y sello oficial, entonces dijeron que se trataba de “un borrador”. Recuerdo perfectamente el ruido de tantos altavoces mediáticos que repicaron la tesis del “borrador”, como recuerdo la llamada que recibí esa misma noche de la directora de una residencia privada del norte de Madrid. “¿Cómo se atreven a decir que era un borrador? Yo misma lo consulté para cerciorarme de esa orden. Porque fue una orden, y yo, como tantas directoras o directores de residencias, pedí al hospital de referencia traslados que se me negaron, y de ancianos que ni siquiera tenían covid”. Estaba completamente indignada, y nos envió correos que demostraban lo que decía: geriatras que se escudaban en el Protocolo para negar los traslados. Fueron añadiéndose testimonios y pruebas que demostraban el abandono en el que murieron miles de residentes en Madrid.

Ha tenido usted la indigna desvergüenza de instalar durante cinco años otra enorme falsedad: “en Madrid ocurrió lo mismo que en tantas otras comunidades autónomas”. Sabe perfectamente que es mentira: hubo también protocolos que impedían traslados en las fechas de mayor saturación hospitalaria, pero ninguno que estableciera esos CRITERIOS DE EXCLUSIÓN (así, con mayúsculas) que sus altos cargos ahora imputados firmaron. Y esa falsedad han seguido y siguen sosteniéndola sus secuaces, y también conocidos periodistas en debates televisivos y en medios que, cómo no, reciben inyecciones de dinero público de los madrileños gracias a la opacidad con la que usted, MAR y el alcalde Almeida manejan el reparto “digital” de la publicidad institucional (ver aquí). Puestos a hacer comparaciones, le recuerdo que la mortalidad en residencias de mayores en Madrid “duplicó la media de otras comunidades autónomas y otros países de la UE” (ver página 129 del informe de la Comisión Ciudadana de juristas y expert@s que investigó lo ocurrido). Entre marzo y abril murieron en Madrid uno de cada cinco residentes.

Después de toda la cadena de bulos distribuidos por usted y su fábrica de “realidades alternativas”, hace poco más de un año se atrevió a lanzar en la Asamblea de Madrid una sentencia tan lapidaria como osada: se hizo lo que se pudo. Y añadió que “había muertos en todas partes (…). Mucha gente mayor cuando iba a los hospitales también fallecía (…). No se salvaba en ningún sitio”. Otro infundio, que desmontamos con datos oficiales de la propia Comunidad madrileña: el 65% de los residentes derivados a hospitales en marzo y abril de 2020 se salvaron (ver aquí).

Usted sabe perfectamente que no se hizo lo que se pudo. Al “hospital milagro” del Ifema (más bien “un plató de televisión”, en palabras de su exconsejero Alberto Reyero, el único que tuvo la dignidad de denunciar públicamente el desastre y de dimitir del cargo) solo fueron trasladados pacientes con síntomas leves (garantía del “milagro”), y en las seis semanas que se mantuvo abierto fueron atendidas 3.811 personas, de ellas  sólo ¡23 residentes! No medicalizaron las residencias como dijeron que harían, ni siquiera llevaron a los mayores a alguno de los 14 hoteles medicalizados, con 1.036 camas de las que solo se llegaron a ocupar a la vez 837. ¿Cómo se atreve a decir que se hizo todo lo que se pudo? La verdad es que solo quienes disponían de seguro fueron trasladados a alguno de los 68 hospitales privados de la región. 

Usted, señora Ayuso, tenía el “mando único” en Madrid para afrontar la covid, con autoridad para utilizar todos los medios, públicos y privados, para salvar vidas. Pero su gestión, y la de sus cargos sanitarios, dejó abandonadas a su suerte a 7.291 personas mayores que fallecieron y de las que podrían haberse salvado hasta 4.000, según el informe de la citada Comisión Ciudadana (ver aquí).

Este lunes, 26 de mayo, se abre una nueva etapa de esperanza para las familias que perdieron a un ser querido. Marea de Residencias o la asociación 7291 Verdad y Justicia ven al fin una luz en su exigencia de justicia después de cinco años de impotencia ante el rechazo a sus múltiples demandas por parte de la fiscalía y de los tribunales. La macrodenuncia de octubre pasado, por la que se acusa a una veintena de cargos de la Comunidad, centra su argumentación en el artículo 511 del Código Penal, que castiga la “denegación de la prestación sanitaria por motivos discriminatorios”. Cualquiera que lea la detalladísima denuncia sin ojos sectarios (o financiados de parte), observará que la discriminación fue clara como el agua clara. Y así lo han visto por fin algunos fiscales madrileños que han planteado su acusación ante la titular del juzgado de instrucción número 3.

Confieso que respecto a usted nunca he albergado la menor esperanza. Inició su carrera política aplicando al caso Avalmadrid (ver aquí nuestro dosier de investigación) el mismo desparpajo en la falsificación de la realidad que más tarde aplicó al caso de las comisiones que su hermano cobró en plena pandemia por contratos de mascarillas con la Administración que usted preside, una osadía que ha elevado hasta límites insospechados en el caso por fraude fiscal que afecta a su pareja, Alberto González Amador, que pretende llevarse por delante –con la ayuda inestimable de algún magistrado “creativo”– nada menos que al Fiscal General del Estado (ver aquí). Su carrera política es la historia de una sucesión de mentiras. Un fraude completo.

Así que no espero ningún cambio en su estrategia política ni en lo que susurra en su oído el inefable MAR. Sigue convencida de que las urnas “lavarán” de nuevo su gestión con una mayoría abrumadora. Es posible, aunque los nervios que va mostrando cada semana en la Asamblea cuando la oposición de PSOE y Más Madrid le recuerdan las numerosas zonas oscuras de su gestión indican que la vía judicial abierta le incomoda (como mínimo). Si alguien se toma la molestia de repasar el dosier completo de infoLibre sobre lo ocurrido en las residencias (ver aquí), comprobará que hay esperanza, o yo al menos la mantengo siempre que existan medios independientes comprometidos con causas justas y siempre que queden jueces y fiscales dispuest@s a perseguir la verdad, cueste lo que cueste.

Atentamente,

Jesús Maraña

La lucha de las familias de los muertos en residencias durante la primera ola del covid por la implementación del Protocolo de la Vergüenza, que impedía trasladar a los hospitales a los mayores con mayor grado de dependencia física o con un mayor deterioro cognitivo, vive este martes 7 de noviembre un nuevo capítulo. Tras más de tres años buscando respuestas con múltiples portazos judiciales y parlamentarios, el Juzgado de Instrucción número 1 de Collado Villalba dio el pasado octubre el primer paso para depurar responsabilidades políticas. 

Por orden de la Audiencia Provincial, reabrió la causa de un residente del Centro Residencial Torrelodones-Sanitas Mayores en una causa por homicidio por imprudencia en el que se investigarán las responsabilidades de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y de dos de sus consejeros en marzo de 2020, Enrique López (Justicia e Interior) y Enrique Ruiz Escudero (Sanidad), en la aprobación de este documento que, según publicó infoLibre, llegó a tener hasta cuatro versiones. En caso de que la investigación prospere, el Juzgado tendría que inhibirse a favor del Tribunal Supremo ya que los tres están aforados: mientras la líder regional se mantiene en su puesto al frente del Gobierno regional, López ha vuelto a su plaza en la Audiencia Nacional y Ruiz Escudero es ahora senador. 

En concreto, este martes están citados a declarar en calidad de testigo a partir de las 9.30 horas al exconsejero de Políticas Sociales Alberto Reyero, al exdirector general de Coordinación Sociosanitaria de la Comunidad de Madrid Carlos Mur y a la exdirectora de Salud Pública Yolanda Fuentes, que dimitió en mayo de 2020 por el empeño de Ayuso de solicitar el paso de Madrid a la fase 1 del plan de desescalada del Ministerio de Sanidad. 

"Declararé lo mismo que hasta ahora. Lo que lamento es tener que volver al juzgado y que no vayan a ir las personas que están aforadas. Ya es hora de que vayan", asegura Reyero en conversación con infoLibre. "Comentaré lo que yo viví, lo que pienso de los protocolos y de las medidas alternativas que no se tomaron, y hacer una valoración de las distintas actuaciones en la Comunidad de Madrid", afirma el exconsejero. 

Será la tercera vez que se siente como testigo frente a un juez. La primera ocasión fue en marzo junto a Mur, que destacó que el consejero de Sanidad dio su aprobación al protocolo. Y la segunda, en junio cuando Reyero volvió a confirmar que el documento existió y se aplicó, al contrario de lo que sostiene Ayuso que siempre lo ha calificado de "borrador". En esta ocasión, su testimonio fue ratificado por la ex directora general de Salud Pública.

A las puertas de los juzgados, los tres se encontrarán con una concentración de Marea de Residencias para exigir justicia y que se depuren responsabilidades al más alto nivel. "Siempre que ha habido declaraciones nos hemos concentrado porque hay que investigar estas muertes, por qué se tomaron ciertas decisiones y si no había otras alternativas", explica Carmen López, portavoz de esta organización. 

Además de estas tres declaraciones, la jueza debería tener ya sobre su mesa la documentación que ha solicitado a la Comunidad de Madrid. En concreto, ha pedido a la Consejería de Sanidad el plan de choque anunciado el 26 de marzo de 2020 junto con detalles de su "desarrollo, implementación y recursos utilizados"; los protocolos de coordinación para la atención a pacientes institucionalizados en residencias de personas mayores adoptados por la Dirección General de coordinación socio-sanitarias; y los recursos sanitarios y EPIS facilitados por la Comunidad a las residencias "desglosados por fecha". 

"Estaré abierto a cualquier duda de la magistrada. Como sé que han pedido documentación relacionada con los protocolos y del plan de choque, daré las explicaciones necesarias si necesitan algún tipo de explicación", explica Reyero. El pasado septiembre, durante su testimonio ante la comisión ciudadana, aseguró que cuando le explicaron "los criterios médicos" de aquellos documentos se echó "las manos a la cabeza": "Se tomaron decisiones que no son éticas, en las que las personas mayores tienen menos valor que el resto de ciudadanos".

Las muertes en residencias son, sin duda, la piedra en el zapato de Ayuso. Dos días después de conocerse esta reapertura, la presidenta aseguró desde Nueva York que esta causa "es una investigación que ya se cerró", que la Audiencia Provincial sólo pide escuchar las diligencias de la familia "para su archivo definitivo" y que "no tiene más recorrido". "Esto es una fanfarronada de la presidenta que ha dicho sin pensar", asegura López que apunta que "si no creemos esto, tendremos que pensar que la justicia no es tal porque nadie puede saber antes de empezar cómo va a terminar una causa". "Seguimos manteniendo la esperanza en la justicia", defiende la portavoz de Marea de Residencias. 

Ahora, tras más de tres años, la jueza tendrá que determinar la responsabilidad de Ayuso y sus dos exconsejeros y abrir las "diligencias pertinentes y necesarias" para "poder determinar si concurren o no indicios de la comisión de un delito de homicidio o lesiones imprudentes y/o omisión del deber de socorro". En las residencias de la Comunidad de Madrid murieron 9.468 personas entre los meses de marzo a mayo. De ellas, 7.291 mayores, el 77%, lo hicieron sin ser trasladadas a un hospital.

Estas declaraciones se producen pocos días después de conocerse que el Ayuntamiento de Leganés, gobernado ahora por el PP, ha formalizado su recurso de casación ante el Tribunal Supremo para que siga el proceso abierto para juzgar la actuación de la Comunidad de Madrid durante la pandemia en las residencias de ese municipio. La anterior corporación, en manos del PSOE, llevó a los tribunales un recurso contra la gestión de Ayuso, pero el Tribunal Superior de Justicia de Madrid desestimó esa denuncia por la "inactividad" en la medicalización de las residencias. Ante esta situación, se decidió acudir al Tribunal Supremo. 

Este recurso de casación fue admitido a trámite por parte del Supremo el pasado julio, que entiende que sí hay motivos para estudiar el caso. Pero para seguir el proceso hacía falta otro paso: que el propio consistorio formalizara ese recurso de casación. Un movimiento que se produjo la semana pasada. 

Desde el consistorio no han querido aclarar este paso y se limitaron a expresar fuentes del equipo de alcalde que remiten a las declaraciones hechas en su día por el regidor: "Dije, repito y mantengo, el alcalde de Leganés no va a interferir en la decisión que tenga que tomar el jefe de la asesoría jurídica del Ayuntamiento de Leganés".

El ex alto cargo del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso que firmó los denominados Protocolos de la Vergüenza, desvelados por infoLibre, que impidió el traslado de miles de ancianos residentes a centros sanitarios durante los momentos más duros de la pandemia, y que se desentendió de la aplicación del mismo este mismo martes también aseguró hace seis meses en su declaración que la Comunidad de Madrid no medicalizó las residencias de Madrid porque dio prioridad al hospital de Ifema. "La canalización de medios a otros dispositivos que se estaban abriendo no permitió contar con medios para medicalizar las residencias como debía", aseguró Carlos Mur en su primera declaración ante el juzgado de Plaza de Castilla en marzo de 2023, según publica la Cadena Ser.

En esta primera declaración judicial, Mur explicó también que tan solo se trasladó a ese hospital de Ifema a 23 ancianos procedentes de dos residencias de Villaviciosa de Odón y Collado Villalba. Según su testimonio, no se admitió a nadie más porque "no contaban con medios para atender a este tipo de enfermos". "Los geriatras me transmitieron que iba en contra de los principios de la bioética enviar a alguien a morir a un servicio de urgencia saturado o un pasillo en lugar de intentar darle confort y todo el tratamiento en su lugar habitual", detalló.

En esta declaración, Mur también llegó a justificar la existencia de los Protocolos de la Vergüenza dentro del contexto de la pandemia, "propio de una catástrofe". "Hay que aplicar protocolos en los cuales se trate al paciente donde más puede beneficiarse de dicho tratamiento", afirmó.

Mur también insistió en este primer testimonio en que estos protocolos eran solo "recomendaciones". Una idea que también trasnmitió al juez este mismo martes cuando también se desentendió de la aplicación del mismo. Sin embargo, ahora ha señalado que su uso no era obligatorio, descargando la responsabilidad de su aplicación sobre las propias residencias, centros hospitalarios y geriatras de referencia.

Mur, que ahora trabaja para el Servicio Andorrano de Atención Sanitaria, compareció en esta ocasión como testigo en la causa en la que se investiga la muerte de más de media docena de personas en las residencias Amavir Arganzuela y Adolfo Suárez, un procedimiento en el que figuran como investigadas.

Solo en marzo y abril, los meses más negros de la pandemia, fallecieron en su residencia en Madrid sin ser trasladados a un hospital 7.291 mayores. 

“Es la primera vez en tres años que un juez muestra interés en saber qué pasó con el Protocolo que impidió el traslado a los hospitales de los residentes”. La frase es de Carlos Vila, abogado de Marea de Residencias, que lleva decenas de pleitos chocando contra un muro de desidia judicial a la hora de investigar las decisiones adoptadas por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso durante la primera ola de la pandemia. El magistrado Arturo Zamarriego ha abierto una brecha en ese muro este jueves, al tomar declaración durante más de dos horas como testigos a dos ex altos cargos del Ejecutivo madrileño.

Alberto Reyero, entonces consejero de Política Sociales, destacó ante el juez que el llamado Protocolo de la Vergüenza introdujo como requisito para la derivación hospitalaria “no el grado de enfermedad del residente, sino su grado de dependencia”. Algo a lo que él se opuso desde el primer momento al entender que era discriminatorio. Por su parte, Carlos Mur, firmante de las cuatro versiones que tuvo el Protocolo, destacó que el consejero de Sanidad –Enrique Ruiz Escudero– dio su aprobación al documento. En marzo y mayo de 2020, murieron 7.291 personas mayores en las residencias de Madrid sin ser trasladadas a un hospital.

Los dos testimonios suponen que, por primera vez en sede judicial, altos cargos del Gobierno de Ayuso dejan claro que el Protocolo existió y contó con el respaldo del consejero de Sanidad, se envió a los hospitales y se aplicó. Ahora puede parecer una obviedad pero lo cierto es que Ayuso y su aparato de propaganda sostuvieron durante meses la falsedad de que el Protocolo era un simple “borrador” que nunca había llegado a transformarse en un documento oficial.

Una vez que el juez Zamarriego ha podido escuchar dos testimonios clave que detallaron el funcionamiento general del Protocolo, fuentes jurídicas explican que ha quedado abierta la vía para que el magistrado investigue cómo afectó en concreto a las tres residentes cuya muerte se investiga en la causa.

El procedimiento judicial se abrió tras la querella presentada por el fallecimiento de tres mujeres que vivían en la residencia DomusVi Albufera. Las muertes se produjeron los días 31 de marzo, 2 de abril y 8 de abril de 2020, respectivamente, en el propio centro, sin ser trasladadas a un hospital. Las querellantes son sendas hijas de las residentes fallecidas y acusan por los presuntos delitos de homicidio imprudente, denegación de auxilio y prevaricación omisiva. Como imputadas están de momento quien era directora del geriátrico cuando se produjeron los hechos (Mari Luz D. Ll.) y la empresa gestora perteneciente a DomusVI.

Una de las primeras cuestiones a aclarar es si desde la residencia se intentó trasladar a las tres mujeres fallecidas al Hospital Infanta Leonor y, en caso afirmativo, en qué fechas se produjo la negativa. Para aclarar este punto podría ser relevante la declaración de la directora de la residencia y también debería constar en el informe que debe tener el geriátrico sobre cada residente.

Otro elemento clave es saber si, en caso de que se demuestre que existió una negativa por parte del hospital a trasladar a las residentes, ese hecho tuvo efecto en la muerte de las tres mujeres, al empeorar su enfermedad sin una atención médica adecuada.

Las dos testificales de Reyero y Mur contaron con una ausencia de lujo: la fiscal del caso.

infoLibre preguntó al portavoz del Ministerio Público cómo se explicaba que no hubiese acudido y la respuesta fue la siguiente: “No fue notificada de que se iban a producir esas declaraciones. De hecho, estuvo toda la mañana en su despacho, que está al lado de la sede del Juzgado”. Tras comprobar que la citación de Reyero y Mur se produjo el 16 de noviembre de 2022 a través de una providencia del juez, un escrito que se suele enviar de forma automática a las partes por si desean recurrir la resolución, este periódico volvió a preguntar al portavoz de la Fiscalía si mantenía su versión de que no había recibido dicha providencia. La respuesta fue afirmativa: desde el Juzgado no se le envió dicho documento.

En definitiva, la Fiscalía culpa al Juzgado de no cumplir correctamente con su trabajo.

Más allá de la cuestión de si fue notificada formalmente o no, la fiscal "no ha tenido hasta ahora mayor intervención en la causa", según denuncia Carlos Vila: “Lo único que ha hecho es presentar un escrito a finales del año pasado oponiéndose al archivo que habían solicitado la directora del centro y DomusVi y otro mostrándose a favor de prorrogar el plazo de investigación”. El abogado de Marea de Residencias explica que “ni siquiera ha pedido que declaren los familiares de las víctimas, como están empezando a hacer fiscales de otros procedimientos”.

Desde que familiares de víctimas agrupados en Marea de Residencias empezaron a presentar querellas, la actitud del Ministerio Público ha sido de “absoluta dejadez”, critica Carlos Vila. “Durante los dos primeros años no iban ni a las declaraciones de los imputados. No realizaron ningún tipo de actividad para impulsar las investigaciones. En los últimos meses, de vez en cuando van a algo”, añade.

Esa “absoluta dejadez” tiene un espejo donde mirarse: el comportamiento de la fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra. En la Memoria anual correspondiente a 2020, Lastra llegó a incluir tres falsedades flagrantes: sostiene que el Protocolo del Gobierno Ayuso que restringía el traslado al hospital de residentes con alta dependencia física o grave deterioro cognitivo “no funcionó como impedimento” para las derivaciones, afirma que los pacientes recibían en los geriátricos “un tratamiento hospitalario similar al que habrían recibido caso de ser derivados” y asegura que las bajas de personal durante la pandemia “se fueron solventando” con “medidas de diversa índole”. Todos los datos que se conocen sobre esos tres hechos desmienten a la fiscal.

Eso en cuanto a mentiras evidentes. Luego están las omisiones por parte del Ministerio Público. Almudena Lastra achicó el campo de la investigación de forma tan exagerada, que al final se centró únicamente en la actuación de los directores o del personal médico de los geriátricos una vez que un residente se había contagiado. Cualquier decisión adoptada desde el poder político ha sido obviada a la hora de investigar. A la vista de estos hechos, infoLibre envió a la fiscal 38 preguntas para que pudiera aclarar su versión. No contestó a ninguna.

El primero en testificar ante el titular del Juzgado de Instrucción 9 de Madrid fue Alberto Reyero. El consejero de Políticas Sociales cuando estalló la pandemia explicó en detalle, durante una declaración que duró 50 minutos, qué significaba el Protocolo de no derivación hospitalaria, cuáles fueron las otras medidas discriminatorias contra los mayores adoptadas por el Gobierno de Ayuso y por qué se opuso desde el primer momento a la aprobación de dicho documento.

A preguntas del magistrado sobre si consideraba que el Protocolo era de obligado cumplimiento, Reyero contestó que “sí, y sobre todo en época de pandemia”, aunque aclaró que no le correspondía a él realizar la "calificación jurídica" del documento.

En cuanto a lo que significó dicho Protocolo, Reyero señaló que “el resultado fue que personas que lo necesitaban no pudieron ser derivadas”.

El ex consejero de Políticas Sociales también narró ante el juez cómo el Gobierno de Ayuso no utilizó otras alternativas para atender a las personas mayores que vivían en residencias. Destacó que los geriátricos no fueron medicalizados, que los enfermos no fueron atendidos en hospitales privados (salvo que tuvieran un seguro privado) y que tampoco fueron trasladados al hospital de campaña montado en el Ifema. “Mientras que en Ifema murieron 16 personas, en las residencias fallecieron más de 5.000”, aseguró Reyero.

En definitiva, su testimonio dejó claro que ni los residentes fueron trasladados al hospital, ni se les atendió en los centros donde vivían, ni se utilizaron las alternativas que existían para darles un tratamiento médico adecuado.

Carlos Mur, director de Coordinación Sociosanitaria en los dos primeros meses de la pandemia, aseguró ante el juez que él no estaba de acuerdo con el criterio que recomendaba no trasladar al hospital a las personas dependientes, pero que firmó el documento “para proteger a los profesionales de la Sanidad”, de forma que tuvieran una guía homogénea que aplicar. Mur indicó que en la última versión, firmada el 25 de marzo de 2020, ya se hablaba de criterios de fragilidad y no del nivel de dependencia, con lo que él sí estaba de acuerdo.

Mur indicó que en su opinión el Protocolo no tenía carácter vinculante, al contrario de lo declarado por Reyero, ya que fijaba solo unos criterios “orientativos” para los profesionales médicos.

A preguntas del abogado de Marea de Residencias, admitió que todo lo relacionado con el Protocolo lo comentó con “su superior”, el consejero de Sanidad, y que Ruiz Escudero dio su aprobación a los documentos. Además, explicó que el Protocolo se envió a los hospitales desde la Consejería de Sanidad

Pese a estas declaraciones de Mur, el magistrado no podrá llamar a declarar a Ruiz Escudero, que ahora está aforado ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en su calidad de consejero y que muy pronto pasará a estar aforado ante el Tribunal Supremo, ya que Ayuso decidió nombrarlo senador por designación autonómica. Una forma de garantizar que ninguna causa judicial podrá prosperar contra él si no lo decide así el Supremo.

Mur admitió que prácticamente no se habían trasladado residentes a Ifema, porque era un hospital que no estaba preparado para atender a pacientes graves.

En cuanto a la medicalización de las residencias, discrepó de la versión ofrecida por Reyero, al indicar que “algunas” sí habían sido medicalizadas y que muchos centros recibieron oxigenoterapia.

En cuanto al motivo por el que los enfermos no fueron trasladados a hospitales privados, salvo que tuvieran un seguro privado, Mur respondió que era algo que desconocía. Admitió saber que existía un mando único, por el que todos los hospitales de la región pasaban a depender del consejero Ruiz Escudero, ya que fue una decisión aprobada por el Gobierno madrileño. Pero insistió en que él no tenía competencia alguna en dicha materia.

Marea de Residencias, que organizó una concentración ante los Juzgados para reclamar una vez más que se haga justicia, difundió una nota de prensa al final del día en la que valora “positivamente la acción del juez, cuya intención de investigar los Protocolos firmados digitalmente y enviados a las residencias y hospitales nos parece la correcta”.

Frente al comportamiento del magistrado Zamarriego, Marea de Residencias contrapone la actitud de la Fiscalía de Madrid, “que hoy tampoco ha hecho acto de presencia en las declaraciones. Creemos que iniciada la fase de instrucción, nada de lo relativo al proceso penal en curso debería ser ajeno al fiscal y por tanto no nos cuadra la actitud, pasiva o inexistente, que de forma bastante generalizada observamos en la actuación de la Fiscalía en relación a las querellas presentadas”.

Menos contenta se mostró Isabel Díaz Ayuso en la Asamblea de Madrid. La portavoz de Más Madrid, Mónica García, le exigió que “diga la verdad”, reconozca “que hay 7.291 mayores que murieron de forma indigna” y pida “perdón”. La presidenta madrileña respondió que lo que ella esperaba era que Alberto Reyero saliera “imputado de sus declaraciones” ante el juez.

"Esto es un genocidio". "La responsable de las muertes indignas es la Comunidad de Madrid y no dice nada, Ayuso no tiene vergüenza". Estos son algunos de los testimonios de los familiares de los mayores fallecidos en las residencias de la región durante la primera ola de la pandemia, que este jueves se han concentrado para pedir justicia por los Protocolos de la Vergüenza ante el el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid. Allí estaban citados para declarar como testigos el exconsejero de Políticas Sociales Alberto Reyero y el director de Coordinación Sociosanitaria del Gobierno madrileño durante la pandemia, Carlos Mur.

La hija de Pepita Vázquez, una residente fallecida, ha contado a infoLibre cómo le comunicaron que su madre estaba infectada por covid-19. "De la noche a la mañana me dicen que a mi madre la bajan al sótano para su 'extinción', no sabía a qué se referían, pero estaba claro... (...) Posteriormente hice lo imposible para conseguir que mi madre saliera de la residencia e ingresarla en un hospital". Y lo consiguió. Pero su madre estaba muy débil cuando ingresó en el hospital Ramón y Cajal. "Lo primero que me dijo fue que tenía hambre, había perdido unos 10 kilos". "Mi madre falleció en el hospital por el deterioro del covid, pero sobre todo por no haberla tratado a tiempo. Nos lo dijeron los médicos, que llegábamos tarde" ha concluido.

El padre de Mercedes Huertas falleció el 6 de abril de 2020 en la residencia pública Adolfo Suárez sin recibir asistencia hospitalaria. "A mi padre lo sedaron sin saber si tenía covid, a toda persona que estuviera en una residencia y en silla de ruedas ya directamente se le ponían cuidados paliativos", ha asegurado. Y ha añadido: "Queremos que se haga justicia por esa masacre, queremos cerrar el duelo, llevamos tres años de verdadero calvario". Ha denunciado además que "no se le puede negar el derecho sanitario a nadie", y menoa a los más mayores. Mercedes ha confesado: "Pensaba que me daba algo al ver a Carlos Mur, me ha costado mantener la compostura, es una dosis de esperanza que hoy declare".

La madre de Mariví Nieto está actualmente en la residencia pública de mayores de Alcorcón. "Vengo a apoyar a los familiares, mi madre se ha infectado dos veces de covid-19, en su residencia fallecieron más de 70 personas, le podría haber tocado a cualquiera, allí se vivió una situación de exclusión en la que no se derivó a ningún enfermo al hospital". "La verdad tiene que saberse y los responsables deben pagar. Las decisiones políticas no sanitarias son las que han decidido el futuro de enfermos", ha concluido.

Los padres de Maripaz Villanueva fallecieron en la residencia Doctor González Bueno, en la capital madrileña. "Espero que se haga justicia, el artículo 13 de la Constitución lo dice claro, no se le puede negar la asistencia médica a ningún español y eso no se cumplió", ha asegurado. "Ayuso debería dar explicaciones del por qué se hizo y se firmó", ha sentenciado.

Lola Villarrubia, ahora jubilada, trabajaba como auxiliar técnico sociosanitario del SAD del Ayuntamiento de Madrid durante la crisis del coronavirus. También estaba este jueves frente a los juzgados de la plaza de Castilla. "Esto es un asesinato, así no se trabaja por una comunidad, todos tenemos derechos, los que no nos podemos pagar una sanidad privada también", ha explicado. "Han sido unos actos crueles, lo peor es que muchos no morían de coronavirus, morían por hambre y por la falta de atención médica", ha añadido. A pesar de todo ello, ha lamentado que "no se sabrá toda la verdad porque aquí se tapan muchas cosas".

La llegada del exconsejero de Políticas Sociales Alberto Reyero a los Juzgados de Plaza Castilla ha sido tranquila y con declaraciones a la prensa. "Vengo a testificar y a contar la verdad con tranquilidad, el primer pensamiento que tengo es hacia las personas que murieron", ha explicado a los medios. Muy distinta ha sido la llegada de Carlos Mur, director de Coordinación Sociosanitaria del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso durante la primera ola de la pandemia y el alto cargo que firmó los Protocolos de la Vergüenza. Mur ha entrado en silencio y bajo los gritos de "¡asesino!" por parte de los familiares allí concentrados.

“Queremos mostrar nuestro agradecimiento por la iniciativa de este Juzgado. Después de tres años, es la primera vez que se cita a responsables políticos para dar explicaciones sobre lo sucedido”. Quien expresa ese agradecimiento es Marea de Residencias, el magistrado al que agradecen su actuación se llama Arturo Zamarriego, los responsables políticos que deben declarar ante él son el director de Coordinación Sociosanitaria del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso durante la primera ola de la pandemia (Carlos Mur) y el exconsejero de Políticas Sociales (Alberto Reyero), y lo sucedido fue el fallecimiento de 7.291 personas en residencias madrileñas sin ser trasladadas a un hospital en los dos primeros meses de la pandemia. Miembros de Marea de Residencias se concentrarán este 23 de marzo ante los Juzgados de Plaza de Castilla, en Madrid, “para exigir justicia y que se depuren responsabilidades al más alto nivel”.

Pero, ¿qué es lo que se investiga en el Juzgado de Instrucción 9 de Madrid y qué importancia pueden tener para la causa las declaraciones de Carlos Mur y de Alberto Reyero, que están citados como testigos?

El procedimiento judicial se abrió tras la querella presentada por el fallecimiento de tres mujeres que vivían en la residencia DomusVi Albufera. Las muertes se produjeron los días 31 de marzo, 2 de abril y 8 de abril de 2020, respectivamente, en el propio centro, sin ser trasladadas a un hospital. En esas fechas se estaba aplicando en la Comunidad de Madrid el conocido como Protocolo de la Vergüenza, que restringía al máximo la posibilidad de trasladar a los hospitales a las personas mayores enfermas que vivían en residencias y tenían una alta dependencia física –que iban por ejemplo en silla de ruedas­– o que sufrían un deterioro cognitivo importante.

Las querellantes acusan por los presuntos delitos de homicidio imprudente, denegación de auxilio y prevaricación omisiva. Como imputadas están de momento quien era directora del geriátrico cuando se produjeron los hechos (Mari Luz D. Ll.) y la empresa gestora perteneciente a DomusVI, el grupo de residencias más importante de España y en cuyos centros se produjo una auténtica hecatombe durante los primeros meses de la pandemia. Las hijas de las tres fallecidas dirigieron inicialmente la querella también contra Ayuso y su consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, pero la Audiencia Provincial de Madrid resolvió en su día que no cabía dirigir la investigación contra ellos al no existir indicios de delito.

La acusación de homicidio imprudente se basa en la supuesta demora a la hora de actuar de los investigados, lo que habría tenido como consecuencia el agravamiento de la enfermedad de las tres mujeres y su posterior fallecimiento.

Fuentes jurídicas consultadas por infoLibre indican que, de los tres delitos bajo investigación, este es probablemente para el que sean menos relevantes los testimonios de Mur y de Reyero. La razón es que ellos desconocen lógicamente el historial médico de las tres residentes de DomusVi Albufera. De hecho, el juez Zamarriego ha pedido un informe a la médico forense adscrita al Juzgado para que determine si “a la vista de la patología y las enfermedades previas que presentaban” las tres mujeres, existió una “atención médica que haya sido inadecuada” y si esa supuesta “omisión de la diligencia debida pudo provocar su fallecimiento”.

En otras querellas presentadas por familiares de víctimas agrupadas en Marea de Residencias, los tribunales se están apoyando para decretar el archivo de las causas precisamente en los informes de los médicos forenses. Algunos destacan por su brevedad, otros por los argumentos empleados. Por ejemplo, en un procedimiento abierto por la muerte de dos personas en la residencia pública Adolfo Suárez, el médico forense emitió un informe en noviembre de 2022 donde señalaba: “No se puede garantizar que de haber sido derivados a centro hospitalario y de haber recibido otro tipo de tratamiento disponible, el resultado final (evolución hacia el fallecimiento) hubiera sido otro”. Resulta evidente que nadie puede “garantizar” que un enfermo se salvará si es tratado en un hospital.

Todo lo contrario ocurre con el segundo delito bajo investigación, la denegación del deber de socorro, ya que tanto Mur como Reyero conocen en detalle hechos que fueron trascendentales para el abandono de las personas mayores que vivían en las residencias de Madrid. Al menos hay cinco hechos relevantes, que se dieron todos al mismo tiempo.

En primer lugar está el Protocolo de la Vergüenza. Aprobado el 18 de marzo de 2020, y con otras tres versiones aprobadas los días 20, 24 y 25 de aquel mes, todas ellas fueron firmadas digitalmente por el propio Carlos Mur. Cuando tuvo que declarar ante la comisión de investigación constituida en su día en la Asamblea de Madrid, Mur intentó rebajar la importancia del Protocolo a “un conjunto de recomendaciones” para dar “criterios homogéneos” a los profesionales médicos y que éstos pudieran “analizar caso por caso” si se derivaba o no a un residente al hospital.

Carlos Mur confesó que, antes de firmar las cuatro versiones del Protocolo, lo consultó siempre con el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz-Escudero. Y llegó a destacar que había mostrado su “disconformidad” con los criterios para no trasladar a las personas con mayor dependencia física o deterioro cognitivo, lo que no le impidió avalarlos con su firma.

En definitiva, Carlos Mur es quizá la persona que más sabe sobre el Protocolo y sus diferentes versiones, desde quién participó en las reuniones para elaborarlos hasta quién tomó la decisión final de aprobarlos.

La postura del exconsejero Alberto Reyero está en las antípodas, puesto que se opuso a la aprobación del Protocolo en cuanto tuvo conocimiento de su contenido. En una carta enviada a Ruiz Escudero, el 31 de marzo de 2020, tras recordarle que ya le había “transmitido con anterioridad” su rechazo, le advierte incluso que su contenido puede tener consecuencias legales: “En lo que se refiere a las personas mayores, se está excluyendo casi en su totalidad la derivación hospitalaria a personas con grado 3 de dependencia y en el caso de personas con discapacidad, el protocolo existente las discrimina directamente por su discapacidad, algo que estoy seguro que no compartimos ninguno de nosotros y que puede ocasionarnos problemas legales en el futuro” [puedes consultar aquí y aquí las dos cartas de Reyero a Escudero, desveladas por infoLibre].

En el caso de DomusVi Albufera, como informó ayer este periódico, en marzo y abril de 2020 murieron 29 residentes en el propio geriátrico y solo 1 tras ser trasladado a un hospital. Es decir, el 96% de los fallecimientos se produjo sin atención hospitalaria. Tras la aprobación del Protocolo, las derivaciones se desplomaron un 70% respecto a antes de la pandemia, cuando lógicamente se tenían que haber multiplicado porque también se habían disparado las personas enfermas.

En segundo lugar está la falta de medicalización de las residencias. Este hecho es la otra cara del Protocolo de la Vergüenza, puesto que se supone que no era necesario trasladar a los mayores al hospital porque iban a ser tratados en los centros donde residían. Así lo anunció el Gobierno regional el 12 de marzo y la propia Ayuso llegó a decir que ya se había ejecutado la medicalización, en una de las mentiras más groseras que difundió sobre la hecatombe de las residencias. “En su práctica totalidad están todas medicalizadas […] Hemos trasladado equipos médicos a todas ellas”, aseguró la presidenta madrileña el día 17.

En su testimonio ante la Asamblea de Madrid, por contra, Mur reconoció abiertamente que habían tenido “dificultades claras y que se pueden explicar muy fácilmente: personas que al mismo tiempo podían acceder a contratos en medio biosanitario, que lo preferían por ser un medio menos hostil; había personas que estaban trabajando en residencias y que fueron llamados por Sanidad, y evidentemente estamos hablando de un enorme número de personas que cayeron de baja”.

Es decir, que el Gobierno de Ayuso no sólo no medicalizó las residencias como prometió hacer, sino que incluso llamó a personal sanitario que estaba en centros residenciales para que los abandonase y fuese a trabajar a otros lugares.

La denuncia de la falta de medicalización de las residencias fue otra constante por parte de Alberto Reyero. En la carta que le envió al consejero de Sanidad el 11 de abril, Reyero destaca que le “preocupa especialmente” la “escasa derivación hospitalaria” de los centros residenciales, “sobre todo de aquellas personas con grado 3 de dependencia”. Y lo conecta al hecho de que tampoco se hayan medicalizado las residencias: “Si eso [la falta de derivaciones] hubiera venido acompañado de la medicalización de las residencias, habría tenido sentido, pero no ha sido así. Como se os ha trasladado desde los centros y desde algunas de las patronales del sector, los datos de derivación a hospitales desde residencias son tremendamente escasos y preocupantes”. Las personas con grado 3 son las que tienen mayor nivel de dependencia.

Como sintetizó perfectamente el entonces aún consejero de Políticas Sociales en una comparecencia ante la Asamblea, el 1 de junio de 2020: “O el residente va al hospital, o el hospital va a la residencia”. En la Comunidad de Madrid no se hizo ni lo uno, ni lo otro.

Pero Alberto Reyero puede aportar muchos más datos sobre la falta de auxilio a las personas mayores enfermas. En el libro que escribió sobre lo que ocurrió en las residencias durante la primera ola de la pandemia, Morirán de forma indigna, desvela que en el Consejo de Gobierno telemático celebrado el 25 de marzo pidió ayuda para los geriátricos: “Hice una petición concreta: cincuenta médicos y cincuenta enfermeros para reforzar la atención sanitaria en las residencias que requerían una actuación más urgente. Era una petición modesta, porque se necesitaban muchos más recursos, pero era una manera de poner en marcha aquello que habían prometido unos días antes. «La situación es límite», les resumí. No voy a dar demasiados detalles del debate porque las deliberaciones del Consejo tienen carácter reservado. Pero no recibí más que evasivas (no iban a poner a mi disposición a ningún sanitario, eso me quedó claro) y solo sentí frialdad e indiferencia a mis peticiones”.

En tercer lugar es relevante entender lo que pasó con el hospital de campaña creado en Ifema, que el aparato de propaganda del Gobierno Ayuso bautizó como el “hospital milagro”. En las seis semanas que estuvo abierto, murieron en las residencias madrileñas más de 5.000 personas sin recibir atención hospitalaria. Ni una de ellas fue trasladada a Ifema, donde solo se trató a 23 residentes con síntomas leves, como publicó infoLibre.

También sobre este asunto se pronunció Carlos Mur ante la comisión de investigación parlamentaria, con una claridad inusitada: “En aquel momento los criterios que a nosotros nos habían trasladado el día 19 de marzo para poder ingresar a una persona en el Ifema era que fueran pacientes sin problemas para la actividad básica de la vida diaria y sin deterioro cognitivo. Lógicamente no lo cumplían muchísimos residentes en las residencias de mayores”. Es decir, que alguien en el Gobierno de Ayuso decidió que al hospital del Ifema no podían ir los pacientes que realmente necesitaban tratamiento hospitalario para no morir. Sin duda, Mur podría explicar ante el juez quién fue la persona que le transmitió dichos “criterios” de no derivación a Ifema.

Pero es que el hospital milagro tuvo otro efecto que contribuyó a la hecatombe en las residencias: todo el personal de Atención Primaria que podría haberse encargado de medicalizar las residencias fue enviado a Ifema. “Otros profesionales fueron reclutados desde Atención Primaria para ir a Ifema e ir a hospitales, hasta 621 médicos y 800 enfermeras”, según recordó Carlos Mur ante la Asamblea. El propio Gobierno de Ayuso presumió de que “más de un millar de profesionales de Atención Primaria integran la plantilla” del hospital en Ifema.

En cuarto lugar hay que señalar que la Comunidad de Madrid tampoco utilizó los hospitales privados para atender a las personas mayores que estaban enfermas en las residencias. Ni un solo residente fue derivado a un hospital privado… salvo que tuviera seguro privado, en cuyo caso sí pudo saltarse el Protocolo de no derivación. Y ello a pesar de que el Gobierno de Ayuso creó un mando único de la sanidad en Madrid, que puso bajo las órdenes de Ruiz Escudero a los 34 hospitales públicos y 68 privados de la Comunidad.

Por último, también se impidió el acceso de las personas mayores que vivían en residencias a los hoteles medicalizados, otro recurso de emergencia creado por el Gobierno regional para atender a los enfermos de covid. También sobre este asunto se pronunció Mur, quien desveló que había hablado del tema con el consejero Ruiz Escudero y que éste le transmitió “que ni existían determinadas camas articuladas, ni auxiliares o gerocultores para atender a personas mayores con un alto grado de dependencia”.

En definitiva, a la hora de analizar si se produjo una denegación del deber de socorro, los hechos conocidos son los siguientes: se aprobó un Protocolo que impedía llevar a la inmensa mayoría de residentes a los hospitales bajo la premisa de que las residencias serían medicalizadas. Pero el personal de Atención Primaria que podría haber realizado esa medicalización no se envió a las residencias, sino que se destinó al hospital del Ifema. Y, a su vez, también se prohibió que los residentes fuesen tratados en ese hospital de campaña. Además, en vez de enviar médicos a las residencias, lo que hizo Sanidad fue llamar a personal médico que estaba en geriátricos para que fueran a trabajar a otros lugares. Y, por último, tampoco se permitió que los mayores accediesen ni a los hospitales privados (salvo que tuvieran seguro privado), ni a los hoteles medicalizados.

El tercer delito que alegan las querellantes es el de prevaricación omisiva. El delito de prevaricación lo puede cometer “la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo”; se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público”. 

El elemento más complicado de demostrar habitualmente es que el funcionario dictase una resolución “a sabiendas de su injusticia”. En cuanto a los hechos que fundamentarían esa acusación, son en buena medida los mismos que los narrados con anterioridad, desde la aprobación del Protocolo a las decisiones de no utilizar todos los medios alternativos que existían para tratar a los residentes enfermos.

En todo caso, hay que recordar que la causa no se dirige de momento contra nadie que ocupase altos cargos en el Gobierno de Ayuso. Mur y Reyero comparecen como testigos. Además, si el magistrado Arturo Zamarriego tuviera interés en interrogar a alguno de los superiores de Mur, tendría que dejar el procedimiento porque todos ellas están aforados: la entonces viceconsejera de Asistencia Sanitaria, Ana Dávila-Ponce de León, es diputada autonómica del PP; el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, está blindado en ese cargo y lo seguirá estando porque en pocas semanas será nombrado senador por designación autonómica, e Isabel Díaz Ayuso está aforada como presidenta madrileña ante el Tribunal Supremo.

Mil cien días después de que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso aprobase el conocido como Protocolo de la Vergüenza, que impidió el traslado a los hospitales de las personas que vivían en residencias, por primera vez declarará ante un juez el firmante de aquel documento. Carlos Mur, entonces director de Coordinación Sociosanitaria de la Comunidad, está llamado a comparecer como testigo ante el magistrado titular del Juzgado de Instrucción 9 de Madrid, que investiga el fallecimiento de tres mujeres que residían en el centro DomusVi Albufera. La cita es este jueves, 23 de marzo.

Tres hijas de las respectivas residentes fallecidas presentaron querella por los presuntos delitos de homicidio imprudente, denegación de auxilio y prevaricación. Al igual que otras cientos de víctimas, articularon la iniciativa judicial a través de los abogados de Marea de Residencias.

Las mujeres fallecieron los días 31 de marzo, 2 de abril y 8 de abril de 2020, respectivamente, en la propia residencia. En esas fechas, tras la aprobación del Protocolo el 18 de marzo, los traslados a los hospitales se habían desplomado. Ese frenazo también afectó de lleno a DomusVi Albufera, como prueban los datos obtenidos por infoLibre a través del Portal de Transparencia del Gobierno madrileño.

Entre el 18 de marzo, fecha de aprobación del Protocolo, y el 8 de abril, día en que murió la última de las tres residentes cuyo fallecimiento se investiga en la causa judicial, sólo se produjeron tres derivaciones desde DomusVi Albufera al Hospital Infanta Leonor. Tres traslado en 22 días, es decir, una media de una derivación hospitalaria a la semana.

Para poner esta cifra en contexto, es interesante analizar qué ocurría antes de la pandemia. Pues bien, en los primeros 22 días de enero de 2020 fueron derivadas al Hospital Infanta Leonor diez personas desde DomusVi Albufera.

En otras palabras: los traslados al hospital se hundieron un 70%, cuando lógicamente se tendrían que haber multiplicado por dos o por tres respecto a una situación de normalidad, puesto que eran muchas más las personas que estaban enfermas en plena pandemia que a principios de año cuando no existía crisis sanitaria.

El desplome en las derivaciones tuvo como consecuencia que se disparara el número de personas fallecidas en el propio centro. En marzo y abril de 2020, murieron 30 personas que vivían en DomusVi Albufera, y 29 de ellas lo hicieron en la residencia sin recibir atención hospitalaria. ¡El 96%! En términos porcentuales es una de las cifras más altas de toda la Comunidad de Madrid, donde la media de muertes sin derivación se situó en el 77% del total de fallecimientos.

Los datos de la residencia donde vivían las tres mujeres son fiel reflejo de lo que ocurrió en toda la Comunidad de Madrid. En marzo y abril de 2020, murieron en los geriátricos madrileños 7.291 mayores sin ser trasladados a un hospital. Los centros tampoco fueron medicalizados, como anunció entonces el Gobierno regional que se haría de inmediato. En aquellos dos meses perdieron la vida 9.470 residentes, lo que significa que el 77% del total lo hicieron en la propia residencia.

El magistrado Arturo Zamarriego, que investiga la querella por los fallecimientos en DomusVi Albufera, es el primer juez que decide citar a declarar a un alto cargo del Gobierno de Ayuso, aunque sea como testigo. Carlos Mur, cuando compareció ante la comisión de investigación creada en su día en la Asamblea de Madrid, admitió que había firmado el Protocolo, pero defendió que su aplicación se produjo siempre atendiendo a criterios clínicos y que no existió discriminación pese a afectar sólo a las personas que vivían en residencias.

Este jueves 23 de marzo también está citado a declarar como testigo Alberto Reyero, consejero de Políticas Sociales durante la primera ola de la pandemia, que mostró su rechazo al Protocolo desde el primer momento. Reyero escribió un relato demoledor de lo ocurrido en el libro Morirán de forma indigna, donde entre otras cuestiones desvela cómo el Gobierno presidido por Ayuso se negó a facilitarle los medios que solicitaba para ayudar a las residencias, donde entonces fallecían cada día cientos de personas mayores.

El exconsejero de Políticas Sociales del Gobierno Ayuso y el firmante del Protocolo que impidió trasladar a miles de residentes al hospital tendrán que declarar como testigos ante un tribunal. Alberto Reyero y Carlos Mur están citados como testigos el próximo 23 de marzo, de acuerdo con una providencia dictada por el titular del Juzgado de Instrucción nº 9 de Madrid, a la que ha tenido acceso infoLibre.

Después de dos años y medio intentando sin éxito que el responsable del conocido como Protocolo de la Vergüenza tuviera que comparecer ante un tribunal, los familiares agrupados en Marea de Residencias han logrado por fin que un juez lo cite en una de las causas abiertas, aunque sea como testigo.

El magistrado, Arturo Zamarriego, investiga la querella presentada por los familiares de tres mujeres que vivían en la residencia DomusVi Albufera y que fallecieron a finales de marzo y principios de abril de 2020.

Además de citar como testigos a Reyero y a Mur, el magistrado también solicita a la médico forense adscrita al juzgado que, analizada la documentación médica obrante en autos, indique si las pacientes tuvieron “una atención médica que haya sido inadecuada”, fueron “desatendidas” por alguno de los profesionales encargados de su cuidado “y si la omisión de la diligencia debida a la finada pudo provocar su fallecimiento”.

Una portavoz de Marea de Residencias mostró a infoLibre su “alegría” por la noticia y señaló que a los abogados “hay que hacerles un monumento porque llevan años trabajando a destajo, gratis, con decenas de querellas archivadas… Y por fin se ve un rayo de luz”. Los dos principales abogados son Carlos Vila y José Luis González del Moral.

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso aprobó el 18 de marzo de 2020 un Protocolo que frenó casi por completo el traslado al hospital de las personas que vivían en residencias y tenían dependencia física o deterioro cognitivo alto. La gran mayoría de residentes se encuentran en esa situación. Se trata además de dos criterios que no están relacionados con la esperanza de vida de una persona, que no depende de ir en silla de ruedas o tener un deterioro cognitivo avanzado.

El Protocolo lo firmó Carlos Mur, entonces director de Coordinación Sociosanitaria del Gobierno madrileño. Los días 20, 24 y 25 de marzo se firmaron otras tres versiones del mismo documento. Nada más firmarlo, el Protocolo se envió desde la Consejería de Sanidad a los altos cargos del Gobierno Ayuso que tenían que ejecutarlo. Y los datos oficiales demuestran que se aplicó de forma masiva: 7.291 personas fallecieron en las residencias en los meses de marzo y abril de 2020, sin ser trasladadas a un hospital, lo que supuso el 77% del total de residentes muertos aquellos dos meses.

El frenazo a las derivaciones hospitalarias fue total en muchas residencias. En concreto, en DomusVi Albufera fallecieron 30 personas en aquellos dos meses y 29 lo hicieron en el propio centro. ¡El 96,6% del total!

Carlos Mur tuvo que comparecer ante la comisión de investigación creada en la Asamblea de Madrid, en febrero de 2021, antes de que PP y Vox decidieran cerrar dicho órgano. Mur intentó lógicamente defender su actuación, pero admitió la veracidad del Protocolo de exclusión hospitalaria, desmontando así la versión de que había sido un simple “borrador”.

La presidenta Ayuso, cuando infoLibre desveló el contenido íntegro del Protocolo en mayo de 2020, mintió en la Asamblea de Madrid con las siguientes palabras: "No hay tal orden. Hay una filtración de un borrador. Eso es todo". Este periódico publicó pocos días después las cuatro versiones del Protocolo, todas ellas firmadas digitalmente por Carlos Mur. infoLibre también publicó copia de los correos electrónicos enviados desde Sanidad a quienes tenían que aplicar el Protocolo.

Al contrario que Mur, el entonces consejero de Políticas Sociales mostró desde el primer momento su rechazo al Protocolo y a la falta de medicalización de las residencias. A principios de junio de 2020, Alberto Reyero declaró en la Asamblea: "Considero que no deben existir unos criterios de exclusión basados en niveles de dependencia y de discapacidad. No es ético y posiblemente no sea legal. Por eso, en mis comunicaciones al consejero de Sanidad he insistido siempre en que si no era posible la derivación al hospital, era imprescindible la medicalización, porque si no dejábamos indefensos a nuestros residentes. O lo que es lo mismo y para que se me entienda: o el residente va al hospital, o el hospital va a la residencia". Las comunicaciones a las que se refiere con el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, son varias cartas y correos que le envió en plena primera ola de la pandemia [las puedes consultar aquí].

Alberto Reyero publicó hace dos meses un libro, Morirán de forma indigna, en el que relata su experiencia durante aquellos meses. Reyero sostiene que fue precisamente la imposibilidad de contar su versión en la Asamblea, después de que PP y Vox cerrasen la comisión de investigación, lo que le animó a escribir el libro. Entre otras muchas cuestiones, Reyero desvela cómo en un consejo de gobierno celebrado el 25 de marzo de 2020, pidió 50 médicos y 50 enfermeras para que pudieran prestar asistencia sanitaria en las residencias. Ayuso no atendió la petición.

Las querellas y denuncias de los familiares de las víctimas se han encontrado hasta ahora con un muro en los tribunales, donde se han archivado decenas de causas, y especialmente en la Fiscalía. Salvo contadísimas excepciones, los representantes del Ministerio Público han tenido una actuación completamente pasiva en los procedimientos relacionados con las residencias, sin pedir ningún tipo de pruebas y sin acudir ni siquiera a las declaraciones de testigos o imputados. En la Memoria anual correspondiente al año 2020, la fiscal superior de Madrid intentó justificar esta actitud mediante una serie de mentiras, afirmaciones que carecen de cualquier sustento fáctico y la omisión de hechos fundamentales. infoLibre le envió 38 preguntas a la fiscal Almudena Lastra para que ofreciera su versión, pero se negó a responder todas las cuestiones [puedes consultar aquí las 38 preguntas].

El conocido como Protocolo de la Vergüenza, aprobado por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso el 18 de marzo de 2020 y que sirvió para impedir el traslado al hospital de miles de mayores enfermos que vivían en residencias, era de obligado cumplimiento para todas las personas que dependían jerárquicamente de las Consejerías de Sanidad y de Políticas Sociales. Es decir, para los médicos de la red pública de hospitales, para los trabajadores del servicio público de ambulancias y para los empleados de los geriátricos de titularidad pública. En todo el sistema hospitalario y residencial, a los únicos que no obligaba era a los centros de titularidad privada.

infoLibre entregó una copia del Protocolo a profesores de Derecho Administrativo y a magistrados de lo Contencioso para que lo analizaran con el objetivo de responder a dos cuestiones: cuál es la naturaleza jurídica del documento y quién estaba obligado a cumplirlo. Su respuesta fue unánime y sin espacio para la duda: ese Protocolo es una “orden de servicio” o “instrucción”, que es de obligado cumplimiento para quienes dependen jerárquicamente del órgano que lo dictó.

Este hecho contrasta con las declaraciones que realizó en la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid el alto cargo del Gobierno Ayuso que firmó el Protocolo, Carlos Mur, entonces director de Coordinación Sociosanitaria de la Comunidad. “No eran ni órdenes de aplicación directa ni de obligado cumplimiento, sino un conjunto de recomendaciones” para los profesionales que debían aplicarlos, insistió Mur en referencia a las cuatro versiones del Protocolo que la Consejería de Sanidad aprobó los días 18, 20, 24 y 25 de marzo. Esa falsedad de Mur se une a otras tres que infoLibre desveló al día siguiente de su comparecencia (puedes leer aquí la noticia). El Código Penal, en su artículo 502, castiga "con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de 12 a 24 meses" a quien, convocado ante una comisión parlamentaria de investigación, "faltare a la verdad en su testimonio".

Las cuatro versiones del Protocolo de la Consejería de Sanidad, cuyo titular es Enrique Ruiz Escudero (PP), fueron firmadas por Carlos Mur y enviadas de forma inmediata por correo electrónico a los altos cargos de la Comunidad de Madrid que debían aplicarlo o controlar que se aplicase. El documento prohibía el traslado a los hospitales de los ancianos enfermos que vivían en residencias si tenían un alto nivel de dependencia o de deterioro cognitivo. La consecuencia fue que miles de ancianos murieron en las semanas siguientes en los propios geriátricos, sin recibir ningún tipo de asistencia médica, en muchas ocasiones ahogados en su propia tos ya que los centros tampoco disponían de respiradores. La Consejería de Sanidad se encargó de enviar el Protocolo a los gerentes y directores médicos de los hospitales de la red pública y pidió a la Consejería de Políticas Sociales que lo remitiese a las residencias.

La naturaleza jurídica del Protocolo

Los profesores y magistrados consultados por infoLibre explican que la naturaleza del Protocolo aprobado por el Gobierno Ayuso se recoge en el artículo 6 de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público. “Los órganos administrativos podrán dirigir las actividades de sus órganos jerárquicamente dependientes mediante instrucciones y órdenes de servicio”, indica dicho precepto, que además determina expresamente que quienes las incumplan pueden incurrir en “responsabilidad disciplinaria”.

“Estos protocolos no son genuinas disposiciones normativas, no son fuente del Derecho, y por tanto no vinculan ad extra ad extrani a los administrados ni a los órganos jurisdiccionales. Son instrucciones u órdenes de servicio en el sentido del artículo 6 de la Ley 40/2015, que obligan ad intra de la Administraciónad intra a los órganos jerárquicamente dependientes de quien haya dictado la instrucción”, resumen dichos expertos, que coinciden en que no existe ninguna duda sobre la naturaleza jurídica del documento: “Está firmado por un alto cargo del Gobierno y lleva el sello oficial de la Comunidad. Opera genuina y propiamente como una orden de servicio o instrucción”.

Aunque el Protocolo fue aprobado por la Consejería de Sanidad, el departamento de Políticas Sociales “lo hizo propio” al reenviarlo a las residencias, “convirtiéndolo también en una orden de servicio suya”. Fuentes del departamento que entonces dirigía Alberto Reyero (Cs) aseguraron en su día a este periódico que sólo remitieron el documento a los 25 centros de titularidad y gestión pública, que están encuadrados en la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS). Siempre según esta versión, no se lo reenviaron al resto de los 473 geriátricos que estaban operativos en la Comunidad de Madrid en la primavera de 2020, durante la primera ola de la pandemia.

En todo caso, según los expertos, el Protocolo también obligaba a las residencias de gestión indirecta, que son aquellas de titularidad pública que están privatizadas. Ello es así porque la Administración “conserva poderes de dirección” respecto a las empresas concesionarias.

En definitiva, el Protocolo era de obligado cumplimiento para todo el personal de la red sanitaria pública –incluyendo a los directivos y médicos de los hospitales y a los empleados del Servicio de Urgencia Médica (Summa 112) que opera las ambulancias– y para las residencias de titularidad pública.

En cuanto al artículo 6.2 de la Ley 40/2015, que advierte sobre la “responsabilidad disciplinaria” en que pueden incurrir quienes desobedezcan una orden de servicio, los profesores y magistrados consultados indican que es “la genuina manifestación de la naturaleza jurídica de una orden de servicio o instrucción. Su incumplimiento no produce antijuridicidad, pero sí vincula jerárquicamente y cabe la desobediencia y, por tanto, una infracción disciplinaria por desobediencia al superior jerárquico”. También destacan que el propio título del documento aprobado por la Consejería de Sanidad, “Protocolo de coordinación”, es muy significativo: “Se está hablando de coordinación dentro de la misma Administración y la coordinación es una expresión del principio de jerarquía”.

No consta que se haya rebelado contra el Protocolo ninguna de las personas a quienes se lo enviaron Sanidad y Políticas Sociales para que lo ejecutasen. Entre ellos estaban, como desveló infoLibre, 18 altos cargos del Gobierno Ayuso y los gerentes y directores médicos de los hospitales de la red pública. La legislación española no obliga al cumplimiento de órdenes ilegales y, en consecuencia, tampoco cabe ampararse en la “obediencia debida” para eximirse de responsabilidad en caso de infracción del ordenamiento jurídico.

LOS EJECUTORES DEL PROTOCOLO

El Gobierno Ayuso diseñó un sistema para garantizar que se ejecutaba el Protocolo basado en la figura de los denominados “geriatras de enlace” de los hospitales, que eran quienes negaban el traslado de los ancianos enfermos que Sanidad ordenó excluir, cuando les pedían su derivación desde una residencia. Pero también fue relevante la actuación del Summa 112, ya que las ambulancias no acudían a los geriátricos si no contaban con la autorización expresa del geriatra de enlace. De esa forma, se impedía que los responsables de las residencias o los familiares de los mayores lograsen su traslado al hospital sin el permiso del geriatra de enlace.

Por tanto, en la ejecución del Protocolo participaron los políticos y altos cargos del Gobierno Ayuso que lo aprobaron y difundieron; los directivos y empleados de la red sanitaria pública que lo aplicaron, con un papel destacado de los geriatras de enlace de los hospitales, y en el caso de las residencias de titularidad pública aquellas personas que actuaron siguiendo sus instrucciones.

Precisamente, el pasado 26 de febrero, la directora de una residencia pública de Carabanchel, investigada por la presunta comisión de un delito de homicidio, declaró ante el juez que entendía que desde el punto de vista administrativo los Protocolos firmados por Carlos Mur eran de "obligado cumplimiento".

El resultado de la aplicación del Protocolo fue demoledor para los mayores. Una auténtica condena a muerte para muchos de ellos, que fallecieron en los centros donde vivían sin recibir ningún tipo de atención médica.

infoLibre desveló el pasado mes de agosto las cifras diarias de fallecimientos de residentes durante la primera ola, teniendo en cuenta si la muerte se había producido en el propio centro o en el hospital. Los tres días con menos derivaciones fueron el 20, 21 y 22 de marzo, justo después de que la Consejería de Sanidad aprobase su Protocolo de exclusión. En los veinte días posteriores a la aprobación de dicho documento, 5.343 mayores murieron en las residencias de la Comunidad de Madrid sin recibir atención hospitalaria, lo que equivale al 84% de los fallecidos en ese periodo (6.352 personas).

En circunstancias normales, son una minoría el número de mayores que fallecen en los geriátricos. Eso ocurre cuando la persona se encuentra en un estado terminal o no puede obtener ningún beneficio del tratamiento hospitalario y la decisión se adopta, como norma general, con el consentimiento de los familiares. Nada de eso sucedió aquellos dos meses en las residencias de Madrid: el Gobierno de Ayuso ordenó prohibir la derivación hospitalaria para los mayores que tenían un alto nivel de dependencia o de deterioro cognitivo, con independencia de cuáles fueran los beneficios que podían obtener del tratamiento en un hospital. Y en muchos casos se hizo contra la voluntad expresa de sus familiares, que reclamaban sin éxito la derivación.

La comisión de investigación de la Asamblea de Madrid que analiza lo ocurrido en las residencias de mayores durante la primera ola de la pandemia tenía señalado en rojo la fecha de la comparecencia de Carlos Mur, el encargado de firmar el conocido como Protocolo de la vergüenza, que impidió trasladar a miles de ancianos enfermos desde los geriátricos a los hospitales. La intervención de Mur este miércoles dejó un gran titular al admitir que había firmado digitalmente las cuatro versiones del Protocolo, los días 18, 20, 24 y 25 marzo. Lo que significa que Isabel Díaz Ayuso y su consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero (PP), mintieron de forma reiterada, en la propia Asamblea y en múltiples entrevistas, cuando afirmaron que el único Protocolo que existió fue el del día 25 de marzo y que los anteriores eran un mero "borrador".

Carlos Mur decidió admitir lo que ya estaba probado documentalmente –los cuatro Protocolos con su firma digital fueron reproducidos de forma íntegra por infoLibre en junio del año pasado–, pero a partir de ahí optó por ofrecer una versión que se aparta de la verdad en elementos esenciales. El objetivo era doble: implicar al entonces consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero (Cs), en la elaboración del Protocolo y restar toda importancia a las tres primeras versiones del documento, en un intento de levantar un cortafuegos ante una hipotética responsabilidad penal.

El correo del 22 de enero

Cuando le llegó el turno de preguntar a la portavoz de Ciudadanos, Ana Isabel García, el compareciente ya había afirmado en varias ocasiones que Políticas Sociales participó “desde el principio” en la elaboración del Protocolo a través de dos altos cargos, en referencia al gerente y el coordinador médico de la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS). Así que lo primero que hizo la diputada de Cs fue advertirle a Mur que mentir en una comisión de investigación es un delito. Tras conseguir que el compareciente aclarase que no estaba acusando a Reyero de “avalar” el documento, García le preguntó por un correo concreto.

La misma versión sostuvo cuando le interrogó el portavoz del Partido Popular, Carlos Izquierdo. "A mí directamente nadie me comunicó hacer ninguna modificación a los Protocolos, ni durante su proceso de elaboración ni después", respondió ante la pegunta de si algún "director general o médico" de Políticas Sociales "le dijo algo sobre hacer alguna modificación de los Protocolos". Y cuando Izquierdo insistió en si le habían "mandado algún escrito" para hacer cambios en los documentos, Mur reiteró: "A mí directamente no".

infoLibre ha tenido acceso al contenido del correo al que se refirió la portavoz de Cs en el interrogatorio y también al que envió el propio Mur como respuesta ese mismo día.

Efectivamente, el domingo 22 de marzo a las 9:06 de la mañana, Reyero envió un correo electrónico dirigido a su homólogo de Sanidad y con copia al entonces viceconsejero de Políticas Sociales (Javier Luengo) y a Carlos Mur. En dicho correo, cuya existencia fue desvelada en su día por El País, Reyero manifiesta expresamente su oposición al Protocolo y advierte de que en el caso de negar la asistencia a las personas con discapacidad podrían incurrir "en una discriminación de graves consecuencias legales”.

Cuando no había transcurrido ni hora y media desde el envío del mensaje de Reyero, el propio Carlos Mur le responde, a las 10:26. Además de enviarle el mensaje de respuesta a los destinatarios iniciales, incluye también a Ana Dávila-Ponce de León, entonces viceconsejera de Asistencia Sanitaria y ahora diputada del PP en la Asamblea y miembro de la comisión de investigación.

Carlos Mur empieza su mensaje a Reyero indicando que el “Protocolo elaborado y consensuado por diez jefes de servicio de geriatría de los hospitales madrileños y apoyado por el Dr. Primitivo Ramos (AMAS) intenta prestar la mejor atención clínica en la pandemia actual”. Tras realizar diversas consideraciones sobre la actuación desarrollada en las residencias, admite que de momento no han podido “funcionar como residencias medicalizadas”. Y, ya al final de su mensaje, Mur declara expresamente que le parece “adecuado” revisar “mañana mismo” la utilización del índice Barthel en el Protocolo.

El índice Barthel mide de 0 a 100 la capacidad de una persona para realizar por sí misma actividades básicas de la vida diaria, como vestirse o alimentarse. Y en el primer Protocolo del Gobierno Ayuso se excluía de la derivación hospitalaria a quienes tuvieran un índice de Barthel por encima de 60. En las dos siguientes versiones, las de los días 20 y 24, se mantuvo la referencia a Barthel. Y en la última se sustituyó por una escala de fragilidad, que seguía excluyendo a las personas con mayor dependencia.

LA "FALTA DE CONSENSO" DE LAS TRES PRIMERAS VERSIONES

Ese correo de respuesta enviado por Mur al entonces consejero de Políticas Sociales saca a la luz el segundo gran agujero negro de la versión que el ex alto cargo de Ayuso ofreció en la Asamblea. Se trata de su insólita explicación de por qué la Consejería de Sanidad aprobó los Protocolos de los días 18, 20 y 24 de marzo, avalados por Mur con su firma. “Fueron avalados por mí por una razón fundamental: porque, en el día a día, mientras llegábamos a conclusiones definitivas, el cataclismo al que hacían frente en primera línea todos los profesionales era enorme, y no queríamos que no tuvieran ningún tipo de apoyo desde la Administración y que pesaran sobre sus hombros determinadas decisiones. Y aunque yo apunté mi disconformidad con criterios relativos al índice de Barthel o a la enfermedad neurodegenerativa, decidí avalar dicho Protocolo de forma general a expensas de futuras modificaciones”, aseguró el compareciente.

Y en referencia al documento del día 20, que hablaba directamente de “criterios de exclusión” en la derivación hospitalaria de mayores, Mur insistió de nuevo en que “dicha versión no tuvo el consenso absoluto de todos los especialistas, lo cual es absolutamente fundamental en este tipo de documentos. Y nunca se llegó a aplicar por aquellos que tendrían que haberlo aplicado, que eran los geriatras de enlace”.

“¿Y para qué se envían, si no se tienen que aplicar?”, le preguntó con una lógica aplastante la portavoz de Ciudadanos, puesto que Mur había admitido que desde la Consejería de Sanidad se habían enviado los documentos a los hospitales públicos de la Comunidad. La respuesta de Mur fue la siguiente: “Se enviaron porque había que buscar un acuerdo general para una toma de decisiones. Y donde no había consenso era en una pequeña parte del documento, que era lo referente a los traslados, pero claro que se aplicaron al hablar de oxigenoterapia, a la hora de hablar de establecer ayudas para la zonificación, para el aislamiento, llevar EPIS, ayudarles en cursos de formación a todos los profesionales de las residencias”.

Una explicación que atenta contra el más mínimo sentido común: un Protocolo sanitario oficial no se difunde "cuando hay que buscar un consenso", sino cuando así lo deciden los responsables de la Consejería, exista o no un acuerdo entre los técnicos. Un Protocolo no es el producto de una toma de decisiones colectivas y por consenso. Por eso el documento lo firma el director de Coordinación Sociosanitaria y no una asamblea de técnicos. Pero, más importante aún, esa explicación choca con los correos electrónicos enviados aquellos días por el propio Mur.

Para empezar, como hemos visto, en el mensaje de respuesta que Mur envía a Reyero el día 22 de marzo, presume de que el Protocolo ha sido “elaborado y consensuado por diez jefes de servicio de geriatría de los hospitales madrileños”. No habla de que existan discrepancias entre ellos, sino al contrario, destaca que es un documento “consensuado”.

Carlos Mur fue el encargado de enviar los Protocolos de los días 18, 20 y 24 de marzo a un total de 18 altos cargos de la Comunidad de Madrid, que eran los responsables de su aplicación en hospitales y residencias. El documento lo envió en los tres casos a través de un correo electrónico, donde indica qué envía y por qué razón. "Con el objeto de racionalizar el abordaje de uno de los principales focos de la emergencia que padecemos: Se adjunta protocolo acordado para CRITERIOS de traslado de pacientes de residencias geriátricas (AMAS y gestión privada), protocolo técnico elaborado por los principales jefes de Geriatría de la Comunidad de Madrid, servicios de Geriatría con especialistas referente constituidos y teléfono de contacto. Además, se envía otro protocolo de actuación y protección elaborado por el AMAS", señala el director de Coordinación Sociosanitaria, que por tanto destaca que el Protocolo ha sido "acordado" por los principales jefes de geriatría, de nuevo sin que haga mención alguna a esas supuestas discrepancias.

En las versiones de los días 20 y 24, Mur indica que adjunta el Protocolo "actualizado" y aclara que "dichas recomendaciones van siendo forzosamente actualizadas según la evolución de la pandemia y del material disponible". Por tanto, en ningún momento habla de que las recomendaciones sean provisionales mientras buscan en la Consejería un "consenso" entre los geriatras, sino que atribuye los cambios a la evolución de la crisis sanitaria.  

Por si fuera poca evidencia en contra de la tesis defendida por Mur en la Asamblea, el correo con el Protocolo del día 25 es el único donde expresamente se dice que "sustituye" al del día anterior, "por una errata y por publicación de la orden SND /27/2020 en en BOE de ayer". En cambio, desde Sanidad en ningún momento se informó sobre la sustitución de los Protocolos de los días 18 y 20, que fueron los que se aplicaron en esas fechas por orden del departamento de Reyero. [Puedes leer el contenido íntegro de los cuatro correos en esta información].

La aplicación de los Protocolos y las consultas a familiares

Las tesis de Carlos Mur patinaron en otras dos cuestiones fundamentales: la aplicación de los Protocolos y las supuestas consultas a familiares sobre si se debían derivar o no a residentes enfermos.

Carlos Mur puso especial empeño en asegurar que las tres primeras versiones del Protocolo no se llegaron a aplicar. En ocasiones lo hizo de forma rotunda: “el segundo Protocolo nunca se llegó a aplicar”, “determinadas versiones no se llegan a aplicar nunca”. Y en otras utilizó una expresión más matizada: “No me consta que se aplicaran de forma generalizada”.

En algún momento sus explicaciones llegaron al surrealismo, como cuando sostuvo que de las tres primeras versiones del Protocolo se aplicó todo –la oxigenoterapia, la zonificación de centros, el aislamiento–, menos lo que no generaba consenso, es decir, los criterios de derivación hospitalaria. O sea que, según Mur, los directivos y médicos de los hospitales de la Comunidad de Madrid tenían las siguientes facultades: donde él escribía que el Protocolo estaba "acordado" con los geriatras, ellos sabían interpretar que había importantes desavenencias, y cuando él enviaba un documento para aplicarlo, ellos adivinaban sin indicación alguna que en realidad había partes que sí debían aplicar y otras que no. 

Tras la comparecencia de Mur, infoLibre comprobó las cifras de fallecimientos de residentes en esos días en los que según dijo no se aplicaba el Protocolo. El resultado es el siguiente: los días 22, 23, 24 y 25 de marzo fallecieron 807 mayores que vivían en geriátricos, de ellos 628 en los propios centros y 179 en los hospitales. Por tanto, el 78% de los decesos se produjeron sin derivación hospitalaria. Son datos oficiales de la propia Consejería de Sanidad, a los que este periódico accedió en su día a través del Portal de Transparencia.

Las cifras diarias de fallecimientos de residentes durante la primera ola demuestran que los tres días con menos derivaciones fueron el 20, 21 y 22 de marzo y que, en los veinte días posteriores a la aprobación del Protocolo, 5.343 mayores murieron en las residencias de la Comunidad de Madrid sin recibir atención hospitalaria, lo que equivale al 84% de los fallecidos en ese periodo (6.352 personas). Esa es la evidencia incontestable de que el Protocolo se aplicó y que tuvo unas consecuencias brutales para la vida de miles de ancianos. Y esa prohibición del traslado a los hospitales se empezó a aplicar de forma sistemática desde la aprobación del Protocolo el 18 de marzo y continuó bastante más allá del 25 de aquel mes, cuando se redactó la cuarta versión del documento. En concreto, se prolongó hasta los primeros días de abril. 

Por otra parte hay decenas y decenas de testimonios de familiares de víctimas, y también de algunas directoras de residencias, indicando que los hospitales no permitían el traslado de los ancianos. Y también son muy numerosas los familiares de fallecidos que declararon que a su familiar no le dejaron elegir cuando enfermó, que simplemente le negaron la asistencia hospitalaria. Por eso, cuando el diputado de Más Madrid Emilio Delgado le preguntó si habían tenido los mayores margen para decidir sobre su vida, sorprendió escuchar lo siguiente respuesta en boca de Mur: "Muchísimos casos indudablemente sí. Dependía de su deterioro cognitivo y de la situación. Y para ello estaban tanto sus familiares, con los cuales se consultaba tanto desde las residencias como desde los médicos que le atendían, las propuestas de derivación y las propuestas de tratamiento".

Incrédulo, Delgado reaccionó con rapidez e inquirió: "¿Ustedes preguntaron a sus familiares si se les derivaba o simplemente les trasladaron que no cumplían criterios de derivación?". Entonces, incluso Mur decidió echar un poco el freno a su desparpajo: "Desconozco casos concretos, sería una cuestión de analizar caso a caso". 

Y es que asegurar que se consultó a los familiares si dejaban morir a sus seres queridos en las residencias, abandonados sin asistencia médica, ahogados por las dificultades para respirar que les provocaba el virus, era a todas luces añadir demasiada burla al dolor que sufren esas familias. Especialmente, cuando uno sabe de sobra que no es cierto.

Un par de minutos después de que se iniciase este miércoles la comparecencia de Carlos Mur en la Asamblea de Madrid, ya había reconocido el hecho esencial. “¿Firmó usted digitalmente los días 18, 20, 24 y 25 marzo los cuatro Protocolos sanitarios de la Comunidad de Madrid?, le preguntó Paloma Villa, diputada de Unidas Podemos. “Sí. Dichos Protocolos, tanto las primeras versiones como la definitiva del día 25, están firmados”, respondió Mur. Todo lo que siguió, durante una hora y media, fue un intento por su parte de librarse de cualquier posible responsabilidad penal futura, rebajar los efectos brutales que tuvo el Protocolo en las residencias de mayores e intentar implicar a toda costa en su elaboración a los responsables de Políticas Sociales. Pero la confesión fundamental ya estaba hecha.

Carlos Mur fue el director de Coordinación Sociosanitaria del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso durante la primera ola de la pandemia, hasta que fue destituido el 13 de mayo de 2020, y firmó el conocido como Protocolo de la vergüenza, que impedía la derivación a hospitales de los mayores que vivían en residencias cuando tenían un determinado nivel de dependencia o de deterioro cognitivo. El 28 de mayo, dos días después de que infoLibre desvelase la segunda versión del Protocolo, la presidenta madrileña tuvo que responder en la Asamblea a una pregunta sobre dicho documento. "No hay tal orden. Hay una filtración de un borrador. Eso es todo", aseguró Ayuso sin inmutarse. Tanto la presidenta madrileña como su consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, repitieron desde entonces en innumerables ocasiones esa teoría del borrador. La declaración en la Asamblea de la persona que firmó los cuatro documentos entierra de forma definitiva esa falsa teoría y deja en evidencia que Ayuso y Escudero mintieron a la opinión pública sobre lo ocurrido en las residencias de mayores. Durante los meses de marzo y abril fallecieron 9.470 ancianos que vivían en geriátricos de la Comunidad, la mayoría en los propios centros y sin recibir ningún tipo de asistencia sanitaria.

"No es una orden de obligado cumplimiento"

El primer objetivo de Carlos Mur era restar valor al Protocolo. “No era una orden de aplicación directa ni de obligado cumplimiento. No pretendió ser una orden administrativa, sino un conjunto de recomendaciones. Eran una orientación para la toma de decisiones por parte de los profesionales”, repitió una y otra vez Mur ante las preguntas de los diputados.

– “¿Se dice en algún momento que los Protocolos no sean de obligado cumplimiento?”, le preguntó Emilio Delgado, de Más Madrid.

– “No se especifica que sea de obligado cumplimiento”, acertó a responder Mur.

El ex alto cargo de Ayuso destacó que en la elaboración habían participado una veintena de geriatras, junto a técnicos de las Consejerías de Sanidad y de Políticas Sociales, y que se aprobó con el objetivo de “medicalizar las residencias” para que los mayores fueran atendidos en ellas. Algo que no ocurrió en absoluto, como denunció el entonces consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero (Cs), en dos cartas que envió a su homólogo de Sanidad [puedes consultar aquí dichas misivas].

“Se buscaba no desplazar a personas con dificultades desde las residencias a medios hospitalarios que en ese momento eran muy hostiles”, llegó a asegurar Mur, obviando que la alternativa a la “hostilidad” hospitalaria fue en miles de casos la muerte de los mayores en el propio centro residencial, sin ayuda médica, ahogados en su propia tos al no contar con respiradores.

El entonces director de Coordinación Sociosanitaria señaló que “los hospitales estaban colapsados”, otra afirmación que choca con lo declarado por Ayuso, quien presumió de que en la Comunidad de Madrid siempre hubo camas disponibles.

“Ninguna versión de los Protocolos supuso una discriminación generalizada, las decisiones fueron tomadas siempre de manera individualizada”, resumió Mur, quien indicó que si en algún caso los geriatras de enlace rechazaron el traslado al hospital de un residente enfermo, lo harían siguiendo “la mejor praxis posible”.

"Determinadas versiones no se llegaron a aplicar nunca"

Los diputados de la comisión de investigación que analiza lo ocurrido en las residencias de la Comunidad de Madrid también se interesaron por saber el motivo de que se aprobaran cuatro versiones del Protocolo [Esas cuatro versiones fueron desveladas por infoLibre el pasado mes de junio, que reprodujo los documentos íntegros]. La sorprendente explicación de Mur es que se fueron enviando versiones a los hospitales y las residencias mientras no se alcanzaba un consenso entre geriatras y expertos. Una versión que chocaría con la práctica común en cualquier Administración, que primero alcanza un acuerdo interno y luego difunde el texto consensuado.

Carlos Mur declaró que estaba “disconforme” con el Protocolo del día 18, que hacía referencia al índice de Barthel, pero que pese a ello decidió “avalar” el documento con su firma digital: “Se me trasladó como como aprobado desde la Mesa de Apoyo al Sermas [Servicio Madrileño de Salud] y entendí que estaba lógicamente avalado y era una propuesta aprobada”. El índice de Barthel mide de 0 a 100 la capacidad de una persona para realizar por sí misma actividades básicas de la vida diaria, como vestirse o alimentarse. Y en el primer Protocolo del Gobierno Ayuso se excluía de la derivación hospitalaria a quienes tuvieran un índice de Barthel por encima de 60.

En las dos siguientes versiones, las de los días 20 y 24, se mantuvo la referencia a Barthel. Y en la última se sustituyó por una escala de fragilidad, que seguía excluyendo a las personas con mayor dependencia. Y en todas ellas se estableció la no derivación de mayores con alto nivel de deterioro cognitivo. “Las primeras versiones no tenían consenso absoluto”, explicó Mur, por eso se fueron elaborando otras. Respecto a los términos exactos utilizados en los Protocolos admitió que alguien podía considerar que existió “una redacción inadecuada al usar el término exclusión”, pero restó importancia a esa circunstancia.

Carlos Mur puso especial empeño en asegurar que las tres primeras versiones del Protocolo no se llegaron a aplicar. En ocasiones lo hizo de forma rotunda: “el segundo Protocolo nunca se llegó a aplicar”, “determinadas versiones no se llegan a aplicar nunca”. Y en otras utilizó una expresión más matizada: “No me consta que se aplicaran de forma generalizada”.

Lo de menos es que esa explicación de Mur sea completamente ilógica. ¿Acaso hubo una insurrección general por parte de los hospitales madrileños que se negaron a aplicar el Protocolo enviado por la Consejería de Sanidad? Si así fue, de momento esa insurrección ha permanecido en secreto y Mur tampoco ofreció detalle alguno sobre la misma, más allá de su aseveración de que el Protocolo no se aplicó. Pero, en todo caso, lo relevante son los hechos. infoLibre desveló el pasado mes de agosto las cifras diarias de fallecimientos de residentes durante la primera ola, teniendo en cuenta si la muerte se había producido en el propio centro o en el hospital. Los tres días con menos derivaciones fueron el 20, 21 y 22 de marzo y, en los veinte días posteriores a la aprobación del Protocolo, 5.343 mayores murieron en las residencias de la Comunidad de Madrid sin recibir atención hospitalaria, lo que equivale al 84% de los fallecidos en ese periodo (6.352 personas). Esa es la evidencia incontestable de que el Protocolo se aplicó y que tuvo unas consecuencias brutales para la vida de miles de ancianos.

Purificación Causapié, portavoz del PSOE, le recordó que en las semanas posteriores al 18 de marzo los traslados de residentes a hospitales "se redujeron un 40%". Dato que también destacaron los demás portavoces de la oposición.

"En la elaboración participó Políticas Sociales"

Uno de los momentos en que Mur se vio más acarrolado fue cuando preguntó Ana Isabel García, la diputada de Ciudadanos. Los socios de coalición del Gobierno de Madrid tienen en este asunto intereses contrapuestos. Mientras Cs defiende la gestión de su entonces consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, el PP intenta a toda costa salvar al titular de Sanidad y a la presidenta madrileña. Es cierto que es más fácil la tarea de Cs, por la sencilla razón de que Reyero mostró desde el principio su disconformidad al titular de Sanidad con lo que estaba ocurriendo en las residencias, y meses después presentó su dimisión. Mientras que Ayuso y Escudero se dedicaron a difundir la teoría del borrador.

Cuando le llegó el turno a la portavoz de Cs, Mur ya había respondido a tres grupos, y era evidente su intento de implicar a Políticas Sociales en el asunto del Protocolo. Así que se encontró con una Ana Isabel García completamente enojada, que lo primero que hizo fue recordarle que no decir la verdad en una comisión de investigación es un delito. Y después quiso saber si mantenía que había consultado los Protocolos con Reyero y que éste los había validado. “No he dicho que Reyero los validase. Una vez elaborados se remitieron a los compañeros de Políticas Sociales y en la elaboración participaron dos personas de esa consejería”, matizó Mur, en referencia al gerente y el coordinador médico de la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS).

El compareciente negó en dos ocasiones tener conocimiento de un correo electrónico que Reyero envió el día 22 de marzo a Escudero mostrando su rechazo a los Protocolos. Y después de explicar que Sanidad había enviado los documentos a los hospitales y Políticas Sociales a las residencias, reculó sobre este último aspecto ante las preguntas de la diputada de Cs.

– “¿Está seguro que remitieron los Protocolos a las residencias?”, inquirió Ana Isabel García.

– “Yo se los envié a los compañeros de Políticas Sociales para que los distribuyeran, lo que ocurrió después no lo puedo confirmar al cien por cien”, respondió Mur.

En posteriores respuestas, Mur mantuvo que Reyero nunca le había trasladado “personalmente” su desacuerdo, aunque sabía que sí lo había hecho a Escudero. Y también insistió en que “desde el primer momento” trabajaron dos personas de Políticas Sociales en la elaboración de los Protocolos.

Mur señaló además que siempre había consultado e informado "a sus superiores" de la Consejería de Sanidad, y en concreto a Escudero y a la entonces viceconsejera Ana Dávila-Ponce de León, ahora diputada del PP que forma parte de la comisión de investigación.

Carlos Mur también indicó que el 20 de marzo, a las 14.00 horas, remitió un correo a los dos consejeros proponiendo “medidas urgentes ante el fin de semana que se presentaba infausto”, aunque no llegó a detallar qué tipo de respuesta había obtenido.

Orden de no trasladar a Ifema a las personas dependientes

Aunque la mayoría de las preguntas se centraron en el Protocolo, la comparecencia de Carlos Mur también sirvió para apuntalar otro hecho clave en la discriminación que sufrieron los mayores que vivían en residencias de la Comunidad de Madrid durante la primera ola. Además de impedir el traslado de miles de ellos a los hospitales, el Gobierno de Ayuso tampoco permitió que fuesen atendidos ni en el hospital de campaña montado en Ifema ni en los hoteles medicalizados. Como desveló infoLibre, a Ifema se realizaron 23 trasladados en total durante las seis semanas que permaneció abierto. Y a los hoteles medicalizados no se hizo ningún traslado de mayores que vivían en residencias.

“En aquel momento, el día 19 de marzo, se dijo que se trasladasen a Ifema personas sin problemas para actividades básicas de la vida diaria y sin deterioro cognitivo. Y lo mismo para los hoteles medicalizados. No había camas articuladas, ni geriatras para atenderles”, admitió Mur. En otras palabras: el Gobierno de Ayuso montó lo que calificó como “hospital milagro” y al mismo tiempo dio la orden de que no se trasladasen allí las personas que más lo necesitaban, puesto que el principal foco de fallecimientos con diferencia abismal eran las residencias.

Por último, Mur también rechazó cualquier responsabilidad en la conocida como operación Bicho, un plan para prestar asistencia médica en las residencias que se encomendó a Encarnación Burgueño, hija del ideólogo de la privatización de la sanidad madrileña (Antonio Burgueño) y que carecía de cualquier experiencia en el sector de la gestión sanitaria. El plan por parte de Burgueño hija consistió en subcontratar a una empresa de ambulancias privadas, Transamed, para que visitase los centros. El dueño de esta compañía, cuando compareció en la comisión de investigación de la Asamblea, admitió la absoluta carencia de medios que había tenido y confesó que en los doce días que duró aquella operación le dejaron trasladar al hospital a una persona de las cien residencias que visitó.

Mur indicó que él no tenía “capacidad” para realizar “un contrato”, así que definió el documento firmado que entregó a Burgueño como “una nota de identificación” o “una nota para realizar un encargo con el compromiso de reembolso de unos gastos”. En cuanto al trabajo que desarrolló Transamed, admitió que “no era un plan para medicalizar residencias”, sino que se trataba de realizar “inspecciones técnicas para determinar en cada caso lo que se podía hacer”.

Carlos Mur de Viu, director de Coordinación Sociosanitaria de la Comunidad de Madrid durante la primera ola de la pandemia, se enfrenta este miércoles a una alternativa complicada. Comparece ante la comisión de investigación creada en la Asamblea de Madrid para analizar lo ocurrido en las residencias y a priori solo hay dos opciones: si dice la verdad sobre las decisiones que adoptó el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en marzo y abril de 2020, será una prueba más de cargo contra la presidenta madrileña y el consejero de Sanidad, pero si miente se arriesga a cometer un delito. El Código Penal, en su artículo 502, castiga "con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de 12 a 24 meses" a quien, convocado ante una comisión parlamentaria de investigación, "faltare a la verdad en su testimonio".

La comparecencia de Mur se producirá por videoconferencia. Ahora vive en Cataluña y, ante las restricciones legales para viajar entre comunidades, así lo solicitó en su día Mur. Su intervención estaba prevista para el pasado 5 de febrero, pero fue suspendida después de que el primero de los comparecientes no pudiera acceder a la sala de la reunión. Se trata de Óscar Moral, presidente de la asociación de personas con discapacidad Cermi Madrid, que utiliza una silla de ruedas. Un suspenso en toda regla para la Asamblea en materia de accesibilidad. Los grupos decidieron por unanimidad suspender la sesión y las tres comparecencias se han trasladado a este miércoles 24 de febrero.

La tercera intervención será la del presidente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, José Augusto García Navarro, quien comparece a petición de Vox. Durante la primera ola destacó como uno de los principales defensores del Gobierno Ayuso, con afirmaciones como la siguiente: "No se ha negado la atención hospitalaria de alto nivel a ningún anciano vulnerable". García Navarro no explicó cómo había adquirido dicho conocimiento, pese a que en principio se trata de algo que él no puede saber ya que desconoce los expedientes médicos de los más de 9.000 residentes fallecidos en Madrid en los tres primeros meses de la pandemia, la mayoría por coronavirus. También destacó por repetir la estrategia de la Comunidad de Madrid a la hora de dar las cifras de traslados desde residencias a hospitales, consistente en ofrecer datos de un periodo amplio de tiempo (de marzo a mayo por ejemplo), para enmascarar así que el colapso de las derivaciones se produjo básicamente durante cuatro semanas.

A continuación, se explican algunos hechos clave en los que estuvo implicado Carlos Mur y que marcarán su comparecencia parlamentaria.

El Protocolo de exclusión

La Consejería de Sanidad aprobó, el 18 de marzo, un Protocolo que establecía criterios de exclusión de derivación a los hospitales de mayores que vivían en residencias si tenían un determinado nivel de dependencia o de deterioro cognitivo. De ese documento se hicieron otras tres versiones los días 20, 24 y 25 de marzo. Las cuatro versiones fueron firmadas digitalmente por Carlos Mur. infoLibre las desveló el pasado mes de junio. Tras ser conocido, ese documento fue calificado por familiares de residentes fallecidos como el "Protocolo de la vergüenza". El consejero de Sanidad, entonces y ahora, es Enrique Ruiz Escudero (PP).

Todas las versiones, con un lenguaje más o menos crudo, discriminan a los ancianos que vivían en residencias por su dependencia o deterioro cognitivo. El documento más descarnado es el que Sanidad aprobó el 20 de marzo, donde se habla sin ambages de “criterios de exclusión” de derivación hospitalaria de los mayores. En todo momento se plantea la cuestión como una orden, no como una recomendación o sugerencia. Entre otras, se utilizan las siguientes expresiones literales: “NO se derivarán al hospital a los pacientes que cumplan con los siguientes criterios”, "Se procederá a derivar al hospital a los pacientes que NO tengan las siguientes características, serían CRITERIOS DE EXCLUSIÓN" [las mayúsculas son del original]. La instrucción afectó tanto a enfermos con "infección respiratoria" como a los que tenían "otra patología".

Los cuatro envíos del Protocolo

Las cuatro versiones del Protocolo fueron enviadas por el propio Carlos Mur, minutos después de firmarlas digitalmente, a los altos cargos de la Comunidad de Madrid que tenían que aplicarlo o que supervisar su ejecución. El documento se envió en todos los casos por correo electrónico. infoLibre los reprodujo de forma íntegra el pasado 20 de enero [Puedes consultar aquí los cuatro correos].

Los destinatarios de los correos de Carlos Mur son en total 18 personas diferentes, aunque no todas recibieron las cuatro versiones del Protocolo. Hay ocho altos cargos del Gobierno Ayuso que sí figuran en todos los envíos, entre ellos la entonces viceconsejera de Asistencia Sanitaria y ahora diputada del PP en la Asamblea (Ana Dávila-Ponce de León Municio) y el gerente del SUMMA 112 (Pablo Busca Ostalaza). El SUMMA 112 es el Servicio de Urgencias Médicas de Madrid y gestiona el servicio de ambulancias de la Comunidad. Mur indica expresamente que el documento también está dirigido a la atención de los gerentes y directores médicos de los hospitales.

En la ejecución del Protocolo desempeñaron un papel clave los denominados “geriatras de enlace” de los hospitales, que eran quienes negaban el traslado de los ancianos enfermos que Sanidad ordenó excluir, cuando les pedían su derivación desde una residencia. Pero también fue relevante la actuación del SUMMA 112, ya que las ambulancias no acudían a los geriátricos si no contaban con la autorización expresa del geriatra de enlace. De esa forma, se impedía que los responsables de las residencias o los familiares de los mayores lograsen su traslado al hospital sin el permiso del geriatra de enlace.

El efecto del Protocolo

El resultado de la aplicación del Protocolo fue demoledor para los mayores. Una auténtica condena a muerte para muchos de ellos, que fallecieron asfixiados en los centros donde vivían sin recibir ningún tipo de atención médica.

infoLibre desveló el pasado mes de agosto las cifras diarias de fallecimientos de residentes durante la primera ola, teniendo en cuenta si la muerte se había producido en el propio centro o en el hospital. Los tres días con menos derivaciones fueron el 20, 21 y 22 de marzo, justo después de que la Consejería de Sanidad aprobase su Protocolo de exclusión. En los veinte días posteriores a la aprobación de dicho documento, 5.343 mayores murieron en las residencias de la Comunidad de Madrid sin recibir atención hospitalaria, lo que equivale al 84% de los fallecidos en ese periodo (6.352 personas).

En circunstancias normales, son una minoría el número de mayores que fallecen en los geriátricos. Eso ocurre cuando la persona se encuentra en un estado terminal o no puede obtener ningún beneficio del tratamiento hospitalario y la decisión se adopta, como norma general, con el consentimiento de los familiares. Nada de eso ocurrió aquellos dos meses en las residencias de Madrid: el Gobierno de Ayuso ordenó prohibir la derivación hospitalaria para los mayores que tenían un alto nivel de dependencia o de deterioro cognitivo, con independencia de cuáles fueran los beneficios que podían obtener del tratamiento en un hospital. Y en muchos casos se hizo contra la voluntad expresa de sus familiares, que reclamaban sin éxito la derivación.

Las mentiras de Ayuso y Escudero

El 28 de mayo, dos días después de que infoLibre desvelase la segunda versión del Protocolo, la presidenta madrileña tuvo que responder en la Asamblea a una pregunta sobre dicho documento. "No hay tal orden. Hay una filtración de un borrador. Eso es todo", aseguró Ayuso sin inmutarse en sede parlamentaria.

La dirigente del PP inventó así la teoría del borradorteoría del borrador, que no solo era falsa, sino también completamente disparatada para cualquier persona que tenga la más mínima noción de Derecho administrativo. Y es que esa teoría supondría admitir que en la Comunidad de Madrid hay altos cargos que se dedican a firmar digitalmente documentos cuando no están autorizados para ello y a enviarlos a otros dirigentes políticos y a todos los hospitales públicos de la región para que se apliquen de forma inmediata órdenes que no deben ser ejecutadas. Y que además es un comportamiento en el que incurren de forma reiterada, en concreto, tres veces en el caso de Mur.

Aquel 28 de mayo, infoLibre había reproducido solo la segunda versión del Protocolo, única que obraba entonces en su poder. Por eso Ayuso habló en la Asamblea de la filtración de “un borrador”. Pero este periódico consiguió las cuatro versiones del Protocolo que había firmado Carlos Mur y las reprodujo de forma íntegra el 5 de junio, demostrando así que la presidenta madrileña había mentido en la Asamblea.

También reprodujo otro Protocolo que habían elaborado los geriatras, mucho más técnico y extenso, del que sí se había enviado un borrador por error a algunos hospitales. Este segundo documento no estaba firmado por nadie y nada tenía que ver con el Protocolo de Mur.

Desde entonces, Ayuso y Escudero han repetido en múltiples ocasiones la falsedad de que las tres primeras versiones del Protocolo –aprobadas y enviadas a los hospitales los días 18, 20 y 24 de marzo– eran un simple borrador y que el único documento oficial fue el del día 25.

El entonces consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero (Cs), mostró a Escudero su profundo rechazo al Protocolo e incluso le advirtió de que podría ocasionarles “problemas legales en el futuro”, tal y como consta en la carta que le envió el 31 de marzo de 2020, que fue desvelada por infoLibre el pasado mes de enero.

La ‘operación Bicho’

Además de firmar el Protocolo que prohibió derivar a miles de ancianos a los hospitales, Carlos Mur también tuvo un papel central en la denominada operación Bicho, cuya existencia fue desvelada por El País. Era un plan para prestar asistencia médica en las residencias que se encomendó a Encarnación Burgueño, hija del ideólogo de la privatización de la sanidad madrileña (Antonio Burgueño) y que carecía de cualquier experiencia en el sector de la gestión sanitaria. El plan por parte de Burgueño hija consistió en subcontratar a una empresa de ambulancias privadas, Transamed, para que visitase los centros.

El dueño de Transamed, cuando compareció en la comisión de investigación de la Asamblea, admitió la absoluta carencia de medios que había tenido y confesó que en los doce días que duró aquella operación le dejaron trasladar al hospital a una persona de las cien residencias que visitó.