Luisa Fernanda Rudi, presidenta de Aragón por el PP hasta julio de 2015, también cobra como parlamentaria en activo y como pensionista del Parlamento Europeo al igual que el exministro José Manuel García-Margallo. Fuentes del equipo de Rudi confirmaron este martes a infoLibre que la paga del fondo de pensiones para exeurodiputados le reporta 1.100 euros mensuales. Esa cifra se suma a la que percibe de la Cámara Alta desde que en septiembre de 2015 tomó posesión del escaño: 6.100 euros al mes, de los que 1.840 corresponden a dietas exentas de tributación.

Pero, a diferencia de Margallo, que durante al menos dos años y sin ocultarlo al Gobierno simultaneó su sueldo como ministro de Exteriores con la paga para exeurodiputados del llamado fondo de pensiones de Luxemburgo (en su caso, 53.000 euros al año), Rudi no activó el mecanismo de cobro hasta que cesó como presidenta de Aragón en julio de 2015. Es decir, un año y medio después de que en diciembre de 2013 alcanzase la edad exigida (63 años) para acceder a esa paga. ¿Demoró el inicio de los cobros porque entendía que la paga del fondo de pensiones de los diputados europeos resultaba incompatible con su cargo al frente al Gobierno aragonés? Ante esa pregunta, las fuentes pulsadas en su entorno se limitaron a remachar que Rudi "ni se planteó" reclamar la pensión hasta que "cerró su etapa" como presidenta de Aragón.

Una vez designada senadora por las Cortes de Aragón en representación de la Comunidad Autónoma, consultó con el Senado y solicitó a renglón seguido la pensión, prosiguen sus portavoces. Su declaración de bienes en el Senado, presentada en julio de 2016, refleja que en el ejercicio anterior obtuvo 25.819 euros del "Fondo de Pensiones de los Diputados Europeos". ¿Por qué los pagos de un solo semestre, el segundo de 2015, alcanzaron ese importe si la pensión mensual se cifra en 1.100 euros netos? Porque –aducen sus portavoces– Rudi cobró también los atrasos correspondientes a 2014 y al primer semestre de 2015. 

Tanto el Congreso como el Senado sostienen que esa pensión, creada, financiada y garantizada por el Parlamento de Estrasburgo tras un acuerdo de la Mesa adoptado en 1990 y consagrada en 2009 a través del Estatuto de los Eurodiputados, procede de un fondo  "voluntario" de carácter "privado" y no público. Domiciliado en Luxemburgo, gestionado por una "asociación sin ánimo de lucro" cuyos integrantes son o han sido eurodiputados y con una cartera de inversiones gobernada por una sicav igualmente con sede en ese país, el fondo obtuvo  95 millones del presupuesto del Parlamento Europeo entre 2000 y 2009. Eso representa el 68,5 de las aportaciones totales que ingresó durante el periodo.

Hasta 2007, el Parlamento corría a cargo de las cotizaciones al fondo voluntario de Luxemburgo a razón de dos tercios. El tercio restante debía ser desembolsado por los suscriptores de este "fondo voluntario". Pero, en la práctica, y así lo atestiguan las actas oficiales de la Cámara, ese tercio de aportación supuestamente "privada" procedía de las dietas procedía de las dietas que el mismo Parlamento abona a los eurodiputados junto con su sueldo. 

La aportación "privada" salía también del Parlamento

A partir de 2007 y tras varias severas reconvenciones, el Parlamento logró que los eurodiputados pertenecientes al fondo de Luxemburgo pagasen realmente de su bolsillo el tercio al que venían obligados.  El acta de la sesión celebrada el 23 de abril de 2009, que aprobó la ejecución presupuestaria de 2007, expone a las claras cuál había sido la situación hasta entonces. El Parlamento, dice el documento, "se felicita por la información según la cual, como se preconizaba en las anteriores resoluciones de aprobación de la gestión, los diputados afiliados al fondo pagan ahora su contribución, que equivale a una tercera parte de la cotización, a partir de cuentas externas privadas y no mediante una deducción automática aplicada por la administración del Parlamento a las dietas para gastos generales".

En 2009, con la entrada en vigor del Estatuto de los Eurodiputados –el 14 de julio–, la Cámara cerró el fondo a la incorporación de nuevos socios. Pero año tras año, la institución que legisla en la Unión deja constancia de que garantizará con cargo a su presupuesto el pago de las pensiones del fondo de Luxemburgo si este entra en quiebra. A 31 de diciembre de 2015, el déficit actuarial (la diferencia entre las obligaciones contraídas para el futuro y los ingresos asegurados en el presente) estimado del fondo de Luxemburgo se elevaba ya a 276,8 millones de euros, según los datos oficiales de la Cámara.

Hasta ahora, el Ejecutivo de Mariano Rajoy se ha negado a explicar qué norma permitió que durante al menos dos años Margallo cobrase mientras era ministro la pensión que el fondo del Parlamento Europeo asigna a los exparlamentarios europeos.

El caso de Margallo, y ahora también el de Rudi, salen a la luz después de que el portal de noticias europeas euobserver.com desvelase en febrero que el hoy eurocomisario de Energía y Acción por el Clima, el también exministro Miguel Arias Cañete, suma a su sueldo (20.000 euros al mes) la pensión del fondo de Luxemburgo. ¿La cobró Cañete mientras fue ministro de Agricultura, cargo en el que cesó en abril de 2014 para emprender la carrera hacia el Ejecutivo comunitario que preside el luxemburgués Jean-Claude Juncker? No se sabe. 

Un tercer ministro de Rajoy, Cristóbal Montoro, titular de Hacienda, figura entre los suscriptores del fondo de Luxemburgo. Pero Montoro, y así lo transmitieron fuentes de su equipo a este diario, renunció a reclamar la pensión porque "entendía que no debía cobrarla". 

La política sobre pensiones públicas aplicada por España, con una subida del 0,25% y la amenaza de quiebra del sistema como mensaje central del Gobierno, ha encontrado un inesperado reverso en la Unión Europea (UE). Tanto la Comisión como el Parlamento Europeo, las dos instituciones que pilotan la cruzada en favor del déficit cero aun a costa de efectuar recortes, permiten que aquellos cargos públicos en activo que hayan sido eurodiputados y hayan sobrepasado la edad de 63 años sumen a sus salarios el cobro de una pensión financiada por la Cámara de Estrasburgo. Así lo han confirmado fuentes oficiales del Parlamento y de la Comisión a través de distintos correos electrónicos dirigidos a infoLibre.

La paradoja legal y política que entraña la liberalidad de la UE respecto de sus representantes sale a la luz un mes después de que el portal de noticias comunitarias euobserver.com desvelase que, además de su sueldo como miembro del gabinete del luxemburgués Jean-Claude Juncker (unos 20.000 euros al mes), el comisario de Energía y Acción por el Clima, Miguel Arias Cañete, percibe una paga de retiro. Esa paga, cuya cuantía se han negado a desvelar hasta ahora tanto el exministro español de Agricultura como la propia Comisión Europea pero que distintas estimaciones cifran hasta en 50.000 euros anuales, llega a su bolsillo con cargo a un "fondo voluntario de pensiones" que, con sede en Luxemburgo y gestionado en última instancia por una sicav de ese opaco país, financió hasta 2009 el Parlamento Europeo. A diferencia de lo que sucede con cualquier fondo privado, las pensiones derivadas del de Luxemburgo están expresamente reguladas en el Estatuto de los Eurodiputados.

La única incompatibilidad con que topa la pensión del "fondo voluntario" de Luxemburgo es la de que sus beneficiarios no pueden ya formar parte del Parlamento Europeo. Así lo acabó confirmando el martes a este diario la oficina central de prensa de la Eurocámara tras un cruce de emails. En previsión de que pudiera estar produciéndose un error de interpretación, este diario lanzó una pregunta final a la portavoz oficial: ¿es correcto afirmar que el Parlamento Europeo considera que no es incompatible recibir un salario como comisario de la UE y percibir la pensión de jubilación del fondo voluntario de pensiones para exeurodiputados? La respuesta fue escueta pero inequívoca: "Sí".

Más clarificadora si cabe fue la respuesta de los portavoces de la Comisión Europea en España, facilitada también vía correo electrónico el martes a este diario después de tres semanas de silencio: "De acuerdo con nuestra normativa de la Comisión Europea, los salarios de los comisarios son plenamente compatibles con ingresos por pensiones provenientes bien de los sistemas de pensiones nacionales, de planes de pensiones privados, o del fondo de pensiones del Parlamento Europeo (cerrado a nuevos eurodiputados en 2009)".

Creado en 1993 en aplicación de un acuerdo de la Mesa de la Eurocámara, el fondo está gestionado en primera instancia por una "asociación sin ánimo de lucro" de eurodiputados y exeurodiputados. Las inversiones que acomete están a su vez gobernadas por una sicav de ese mismo país y propiedad de los parlamentarios aglutinados en torno a la "asociación sin ánimo de lucro". El fondo nació con la vocación oficial de asegurar a sus miembros una pensión de retiro que no siempre garantizaban los países por los que habían sido elegidos. 

Estrasburgo dejó de hacer nuevas aportaciones al fondo en 2009, año en que entró en vigor el Estatuto de los Eurodiputados. El Estatuto pasó a asegurar una pensión de jubilación a todos los parlamentarios de la Cámara, pertenecieran o no en ese momento al "fondo voluntario" de Luxemburgo. El punto 14.3 dice lo siguiente: "El derecho a una pensión de jubilación se mantendrá con independencia de cualquier otra pensión".

¿Es privado un fondo impulsado, financiado y garantizado por el Parlamento Europeo?

La ley española de Seguridad Social veta de forma categórica en su artículo 213 el cobro de la pensión de jubilación –no así la de viudedad– a los cargos públicos y a quienes, con trabajos por cuenta propia, obtengan por esa vía cuantías superiores al salario mínimo (SMI, 10.302,6 euros) en el transcurso de un año. Escritores y creadores de distintos ámbitos han visto en los últimos años cómo la Seguridad Social les retiraba la pensión porque sus obras les habían proporcionado ingresos situados por encima del umbral del SMI. Antonio Fraguas, Forges, se erigió en paradigma de ese fenómeno de multas y tijeretazos: según el diario Abc, cuando falleció el pasado 22 de febrero llevaba dos años sin pensión. La ley no establece límites para el cobro de cantidades derivadas de fondos de pensión privados. 

¿Choca, por ejemplo, la legislación española con la norma que permite a los cargos públicos cobrar un salario de la Unión Europea y una pensión de jubilación de manera simultánea? ¿O es que debe conceptuarse como privado y no como público el fondo de Luxemburgo para antiguos eurodiputados? Desde luego, pese a su "voluntariedad" y a que su propietaria es una "asociación sin ánimo de lucro", dos elementos hacen dudar de una eventual respuesta afirmativa ante la pregunta de si se trata de un fondo privado: la primera, que fue la propia Cámara la que en 1990 decidió crear ese fondo; y el segundo, que su principal fuente de financiación (el 68,5% del total de las aportaciones recibidas entre 2000 y 2009) ha sido siempre el Parlamento Europeo.

Un tercer factor afianza la idea de que, sea cual sea su revestimiento jurídico, el aliento que anima al fondo de Luxemburgo es de carácter netamente público: la percepción de las pensiones de jubilación a él asociadas está expresamente regulada por el Estatuto de los Eurodiputados, cuyo artículo 27 dice esto: "Tras la entrada en vigor del presente Estatuto, el antiguo fondo de pensiones voluntario creado por el Parlamento se mantendrá para aquellos diputados o antiguos diputados que ya hayan adquirido derechos o expectativas de derechos en ese fondo".

En 2014, las revelaciones de infoLibre sobre ese fondo, localizado en el país más opaco de la UE y cuya baja fiscalidad le colocó durante años en posición de ventaja respecto a sus socios comunitarios, condujeron a la dimisión del entonces portavoz de IU en la Cámara europea, Willy Meyer.

Los datos que este diario pudo recabar entonces constataron varios hechos: que entre 2000 y 2009 el Parlamento Europeo inyectó al fondo 95 millones de euros; que el Parlamento Europeo se compromete año tras año a garantizar, en caso de quiebra, el pago de las pensiones de jubilación a los eurodiputados adscritos al fondo; y que más de un centenar de eurodiputados españoles de distintos partidos se beneficiaban de la pertenencia a la "asociación sin ánimo de lucro" constituida en 1993 para la constitución del fondo por decisión expresa de la Mesa del Parlamento Europeo. A 31 de diciembre de 2015, el déficit actuarial (la diferencia entre las obligaciones contraídas para el futuro y los ingresos asegurados en el presente) estimado del fondo de Luxemburgo se elevaba ya a 276,8 millones de euros, según los datos oficiales de la Cámara. 

Previa consulta a los servicios de pensiones del Parlamento, el eurodiputado de Podemos Xabier Benito calcula que Cañete ha cobrado del fondo de Luxemburgo más de 100.000 euros desde que se incorporó al Ejecutivo comunitario en noviembre de 2014. Benito se encuentra a la espera de que la Comisión Europea responda sus preguntas sobre la pensión de Cañete: a cuánto asciende, por qué no la ha reflejado en su declaración de intereses y si la Comisión considera que la doble percepción de ingresos públicos "cumple con las reglas de ética e integridad de los comisarios europeos”.

Cuando euobserver.com publicó, previa confirmación escrita de su portavoz oficial, que Cañete estaba cobrando esa pensión el equipo del eurocomisario se sumió en un absoluto hermetismo. En las cuatro últimas semanas, infoLibre ha intentado sin éxito conocer la posición del exministro y dirigente del PP a través de su gabinete de comunicación. 

Miles de jubilados y pensionistas volvieron a concentrarse este lunes frente al Ayuntamiento de Bilbao para exigir al Gobierno central unas “pensiones públicas dignas” y para mostrar su rechazo frontal a la insignificante subida del 0,25% que ha decidido aplicar el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Y lo hicieron con el dulce regusto que dejó en la capital bizkaina la multitudinaria manifestación registrada el pasado sábado, una marea humana de más de 115.000 personas, según fuentes municipales, que colapsó el centro de Bilbao y que inundó las calles de consignas contra el Gobierno conservador y su decisión de no ligar la revalorización de las pensiones al Índice de Precios al Consumo (IPC). Una marcha “histórica”, según los promotores, que por su afluencia destacó entre las más de un centenar de protestas organizadas a lo largo y ancho de toda la geografía española.

La indignación pensionista que ha terminado por convertirse en un auténtico dolor de muelas para el Ejecutivo del PP arrancó justamente allí, en Bilbao, hace más de diez semanas. El 15 de enero, más de un millar de personas se concentraron frente al Ayuntamiento y decidieron que esa sería la imagen que se vería en los medios de comunicación cada lunes hasta que no se pusiera fin de una vez por todas a una pérdida de poder adquisitivo que llevan años sufriendo. Ni la lluvia ni el frío han conseguido desmovilizar a los pensionistas vascos. Al contrario, la bola de nieve se ha ido haciendo cada vez más y más grande. El 22 de febrero, cuando Madrid, Barcelona o Valencia decidieron sumarse a las movilizaciones, en Bilbao las plataformas lograban ya movilizar a más de 35.000 personas. Músculo que aumentó exponencialmente en la marcha del pasado sábado.

Euskadi es la comunidad autónoma con la pensión media más alta de toda España: 1.157 euros el pasado mes de febrero, frente a los 932 euros que se abonaron de media en el conjunto del país. Sin embargo, no es oro todo lo que reluce. Más del 36% de los pensionistas vascos no llegan siquiera a percibir mensualmente una cantidad equivalente al salario mínimo interprofesional. Es decir, más de 198.000 jubilados y pensionistas de Euskadi tienen que subsistir con una cuantía inferior a 735 euros. El segmento por debajo de los 650 euros mensuales lo conforman más de 170.000 personas, de las que más de 89.000 no llegan ni siquiera a ingresar 500 euros. Una cruda realidad a la que se quiere poner freno de una vez por todas.

Cultura política de reivindicación

Una de las claves que explican esta efervescencia, sostienen los expertos consultados por infoLibre, tiene mucho que ver con la “cultura política organizativa y de reivindicación” que existe en suelo vasco. “Euskadi tiene una larga tradición de salir a la calle en manifestaciones muy numerosas. Las calles siempre han sido un lugar de encuentro”, señala Ander Gurruchaga, catedrático de Sociología de la Universidad del País Vasco (UPV). Coincide con él Inés Calzada, socióloga del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), que apunta que Euskadi “se caracteriza por un mayor asociacionismo”, con una “tradición obrera industrial muy fuerte” y con sindicatos potentes, “de clase”.

De hecho, Gurruchaga echa la vista al pasado cuando trata de buscar explicación al fuerte empuje de los pensionistas vascos. En concreto, pone el ojo sobre el espíritu combativo de la década de los ochenta en Euskadi, con la durísima reconversión industrial de fondo. Los que hace treinta años salieron a la calle para proteger sus puestos de trabajo, hoy están o jubilados o camino de ello. “Probablemente, todos aquellos que crearon sus carreras profesionales y reivindicativas en la década de los 60, 70 u 80 estén saliendo de nuevo a la calle para reivindicar unas pensiones que se han ganado honestamente durante todo este tiempo”, apunta el sociólogo.

La importancia de la unidad

Los expertos, además, ponen el foco en la “unidad” cuando se les cuestiona por el éxito de la movilización en la capital bizkaina. En Bilbao, los principales sindicatos –UGT, CCOO, ELA y LAB–, partidos políticos y asociaciones dejaron de lado las diferencias para marchar de la mano. “Conseguimos que se olvidaran las banderas y las señas de identidad para poder sumar al mayor número de personas posible”, explica Víctor Etayo, miembro de uno de los colectivos de jubilados que secundaron la protesta. De hecho, el inicio de la marcha se vio alterado por un encontronazo con un grupo de manifestantes que portaban ikurriñas y una pancarta firmada por la plataforma de pensionistas de Euskal Herria desatendiendo así la consigna de que no se portaran logos ni banderas.

Una unidad que, sin embargo, no se vio en Madrid, Barcelona o Valencia, donde las centrales sindicales y la Coordinadora Estatal en Defensa del Sistema Público de Pensiones (CEDSPP) no fueron capaces de organizar protestas conjuntas. ¿El resultado? Dos manifestaciones: una por la mañana y otra por la tarde. Y, con ello, desmovilización. “Si hay fraccionamiento, si los sindicatos o los partidos políticos empiezan a torpedear este tipo de reivindicaciones, la fuerza de movilización empieza a quebrarse y muchas personas que no están directamente involucradas en alguna de las partes se sienten excluidos”, asevera el catedrático de Sociología de la UPV. Lo mismo opina la socióloga del CSIC: “La fractura hunde mucho la movilización”.

"Hemos superado la peor crisis de nuestra historia reciente". Así de claro lo dejó hace unas semanas el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que aseguró en el mismo discurso que el Ejecutivo, además, ha salvado el Estado del bienestar de la quiebra. No es la primera vez que Rajoy hace declaraciones de este tenor: de hecho, el dirigente lleva años afirmando que España ha dejado atrás la depresión económica. Y precisamente este relato, sostienen los expertos, es uno de los grandes causantes de que miles de pensionistas lleven meses celebrando concentraciones y manifestaciones masivas.

Las protestas más masivas tuvieron lugar este mismo sábado en cientos de ciudades españolas. Decenas de miles de personas exigieron no perder poder adquisitivo en sus pensiones año tras año y una reforma del sistema que permita su mantenimiento. Desde enero, los pensionistas han mostrado músculo en varias ocasiones, y la de este sábado fue la segunda gran movilización descentralizada que han llevado a cabo con éxito en apenas tres meses.

No solo los pensionistas han salido a las calles en los últimos meses: también se han celebrado movilizaciones gigantes por la igualdad o en defensa de la libertad de expresión. Pero lo cierto es que las marchas por las pensiones son las que se están produciendo con mayor asiduidad, y a juicio de los expertos consultados por infoLibre, las que más pueden perjudicar al PP, entre otras cosas porque los jubilados son un colectivo que apoya mayoritariamente a los partidos clásicos y que, en los últimos años, se ha decantado por los conservadores.

Si las crisis ha terminado, ¿por qué pierden dinero cada año?

Pero, ¿por qué ha estallado en este momento la movilización de los pensionistas? Los especialistas apuntan que no hay un solo motivo que lo explique, pero coinciden en que el discurso sobre la salida de la crisis no se ha visto correspondido con mejoras en la calidad de vida de la sociedad. "El mensaje de que la economía se ha recuperado ha calado socialmente, así que ahora es lógico que se muestre el descontento" con determinados temas, explica Alberto Penadés, profesor de Sociología en la Universidad de Salamanca. Y eso implica que los pensionistas no entiendan que, si la crisis ha terminado, pierdan dinero año a año.

"Durante la crisis, en España mucha gente asumió que había que fastidiarse un poco, por decirlo de alguna manera, y que los recortes eran inevitables" para la recuperación económica, explica Penadés. Pero si el Gobierno sostiene que la crisis ya es historia, esos grupos también comenzarán a exigir más prestaciones, sostiene. Con él coincide Julián Santamaría, catedrático emérito de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, que asegura que la recuperación macroeconómica ha venido acompañada de personas preguntando "dónde está lo mío". "Es algo comprobado que las situaciones de indignación, de cabreo, no se producen en los momentos de más inestabilidad económica, sino cuando la economía comienza a recuperarse", apunta Santamaría.

Además, los expertos también piensan que la movilización por las pensiones se ha visto favorecida por la ralentización de los acontecimientos en Cataluña. "Lo de Cataluña está estabilizado, inmóvil, y como ahora mismo no da de sí" a nivel mediático, "es lógico que la atención se dirija hacia temas que hasta ahora han estado muy descuidados", valora Santamaría. Y Penadés sostiene que esta bajada de intensidad en la situación catalana tras unos meses de máxima tensión ha contribuido de forma decisiva al repunte de la movilización social. "Es cierto que Cataluña ha podido hacer un efecto tapón de otros asuntos, y cuando han dejado de ocurrir tantas cosas, los medios han necesitado poner el foco en otros temas", conviene el experto.

Y lo cierto es que, aunque las pensiones son la reivindicación por excelencia en marchas como las de este sábado, mucha de la gente que se moviliza lo hace para mostrar un descontento que no tiene por qué circunscribirse únicamente a este asunto, señala Santamaría. "El tema de las pensiones, por ejemplo, no sé si tiene mucho tirón para las personas jóvenes. Los jóvenes no suelen preocuparse por su jubilación porque la ven muy lejana. Pero este asunto se suma a otros temas generadores de malestar, y desde luego está contribuyendo a dinamizar la movilización social" entre todos los grupos sociales, explica el experto. Con él coincide Penadés: "La de los pensionistas, pero también la movilización feminista, es una acumulación de todas las mareas", sostiene.

La movilización amenaza al PP

Sin embargo, Rajoy ha decidido no variar su apuesta, y el pasado jueves únicamente anunció retoques mínimos en el sistema. El presidente del Gobierno anunció la subida de las pensiones mínimas o de viudedad, pero sin precisar la cuantía, y rechazó revalorizar las prestaciones según el IPC y derogar la reforma del sistema de pensiones. Los expertos consultados creen que el dirigente está jugando con fuego al no responder a las demandas de un sector, el de los pensionistas, que le dió mayoritariamente su apoyo y que podría dejar de hacerlo si percibe que el PP ya no le da seguridad.

Así lo razona Santamaría, quien explica que el colectivo de mayores de 65 años –la mayor parte de los pensionistas– buscan, precisamente, seguridad y estabilidad a la hora de votar. "Desde siempre, los pensionistas siempre han tendido a apoyar mayoritariamente al partido del Gobierno, son siempre los últimos que le quitan su apoyo y, cuando lo hacen, pasan en su mayoría a apoyar al nuevo partido" que accede al Ejecutivo, explica el sociólogo. Y una movilización como la de los pensionistas, apunta, puede indicar que ahora mismo "hay mucha gente indignada que está moviendo" su voto.

"La gente que no siente mucha fidelidad por un partido, lo que en EEUU llaman los independientes y aquí englobamos como los indecisos, no votan a una formación si no ven que puede ser una alternativa de Gobierno", argumenta Santamaría. "¿Qué significa esto? Que si este grupo de mayores percibe que Ciudadanos puede adelantar al PP y convertirse en el nuevo partido de Gobierno, pasarán a Ciudadanos", plantea el sociólogo, que explica que "si fuera el PSOE" el que ocupase ese papel, también los pensionistas votarían mayoritariamente a los socialistas.

Penadés también piensa que el PP es el partido que más amenazado se ve por estas movilizaciones. "Por eso es tan sorprendente que Rajoy haya dicho que no va a cambiar nada", reflexiona el experto, que insiste en lo importante que es el colectivo de pensionistas para el voto conservador. Y es que, tal y como recuerda, "durante la crisis quienes más han perdido han sido los jóvenes", entre otras cosas porque "se ha tratado de mantener el poder adquisitivo de las pensiones" precisamente por su peso en el voto del PP. "De hecho, antes de la crisis los ancianos eran el colectivo con mayor riesgo de pobreza, y ahora son los jóvenes", ejemplifica.

El déficit de la Seguridad Social alcanzó en 2017 su récord histórico, 18.800 millones de euros. El organismo lleva desde 2012 encadenando números rojos cada vez más abultados. La recesión económica, seguida de una recuperación precaria en sueldos y cotizaciones, y acompañadas ambas de un aumento a ritmo constante de las prestaciones que debe pagar cada año, han dejado las arcas de la Seguridad Social en situación calamitosa. Pasan los ejercicios, las cuentas no cuadran y el Gobierno repite que para solucionarlo basta el aumento del empleo. La ministra Fátima Báñez asegura incluso que la calidad de los nuevos puestos de trabajo no sólo no es mala, sino que cada vez es mayor.

Quizá por esa razón los presupuestos de ingresos de la Seguridad Social han resultado fallidos los últimos seis años. Lo han advertido tanto el Banco de España como la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). Tras analizar los Presupuestos de 2017 –que han sido prorrogados para 2018–, ambos organismos reprocharon al Gobierno su “exceso de optimismo” al calcular los ingresos del sistema. La AIReF incluso calificó de “muy improbables” las previsiones de ingresos de la Seguridad Social. Según sus propios cálculos, las cotizaciones iban a crecer en 2017 en un 4,5%, muy por debajo del 6,8%, en términos de contabilidad nacional, que fijaba el Gobierno. Ni con el alza prevista en el número de afiliados a la Seguridad Social –un 3%– ni con las medidas para aumentar las cotizaciones sociales –subida de topes máximos y mínimos de cotización, menos reducciones de cuotas por las tarifas planas de los contratos indefinidos– la recaudación iba a crecer al ritmo que pretendía el Gobierno, recalcó la AIReF.

El mismo argumento utilizó también el gobernador del Banco de España, Luis Linde, ante la Comisión de Presupuestos del Congreso el pasado mes de abril. Según destacó, la previsión de ingresos de la Seguridad Social se apoya en “un avance superior al de sus bases (empleo y salarios), incluso teniendo en cuenta el efecto recaudatorio de las modificaciones normativas”: el aumento de un 8% de las bases mínimas de cotización y del 3% de las máximas. Crecer al 6,8% “significaría una respuesta de la recaudación a la evolución de la actividad superior a la observada históricamente”, alertaba Linde.

El mayor desfase, en 2016

En efecto, el presupuesto de ingresos por cotizaciones de la Seguridad Social suma un desajuste de 49.104,5 millones de euros desde 2012 hasta 2017 por encima de las cantidades que se recaudaron. Es decir, los técnicos del ministerio presupuestaron casi 50.000 millones más de los que efectivamente se ingresaron, según se desprende de las ejecuciones presupuestarias de cada ejercicio. Aunque todavía no se han cerrado las cuentas de 2017 y en la web de la Seguridad Social sólo figura la ejecución hasta noviembre, la ministra de Empleo avanzó el pasado enero en el Congreso que la recaudación había alcanzado en diciembre los 109.100 millones de euros, un 6,3% más que en 2016, pero aun así 1.460,32 millones por debajo de la cantidad presupuestada para el ejercicio.

El año en que más se distanció la cantidad presupuestada y la finalmente recaudada fue 2016, ya en plena recuperación económica. Entonces la Seguridad Social previó 117.242,58 millones de euros en cotizaciones sociales, pero sólo ingresó 102.599,69 millones, 14.642,89 millones menos, un desfase del 12,5%. El ejercicio en que más se acercó a sus previsiones –excluido 2017– fue 2014, cuando recaudó 97.763,08 millones, un 5% por debajo del presupuesto.

Si se considera el presupuesto de ingresos de la Seguridad Social en su conjunto, que incluye, además de las cotizaciones sociales, otras fuentes de financiación como las transferencias corrientes y de capital o la enajenación de inversiones, esta partida se infló en 40.688,81 millones de euros desde 2012 –y contando sólo hasta noviembre de 2017, ya que aún no están disponibles los datos de diciembre–.

Las partidas de gasto

La sobreestimación de los ingresos se debe menos al exceso de entusiasmo de los expertos del Gobierno sobre la evolución económica de España que a la necesidad de cumplir con el objetivo de déficit impuesto por la UE. Cada año el Ejecutivo debe enviar a Bruselas unos presupuestos en los que se compromete a respetarlo, por lo que hincha el lado de los ingresos para que no sean superados por los gastos y evitar que se le impongan posibles recortes.

Por lo que a la Seguridad Social se refiere, sus gastos de personal son ahora inferiores a los de 2012, cuando se presupuestaron 2.400,56 millones de euros. Para 2017 la partida se quedó en 2.366,71 millones. Sólo la Tesorería de la Seguridad Social ha perdido el 18,5% de su plantilla desde julio de 2011, según reconoce el Gobierno en una respuesta al PSOE en el Congreso.

En pagar prestaciones –pensiones y otro tipo de subsidios y ayudas–, que es su principal partida de gasto, la Seguridad Social empleó en 2016 –último ejercicio cerrado– un total de 137.123,74 millones de euros, un 14,8% más que en 2012. Aquí también fallaron sus previsiones. Presupuestó un aumento del 17% en este capítulo respecto a cuatro años atrás, 2,2 puntos porcentuales más. La cantidad recaudada en cotizaciones en ese intervalo creció sólo un 4,3%: de los 98.342,19 millones de euros de 2012 a los 102.599,69 millones de 2016. El año en que menos cotizaciones se ingresaron fue 2013, con sólo 96.389,26 millones de euros. Entonces, en plena crisis, el número de afiliados a la Seguridad Social era de sólo 16,3 millones de personas.

El Gobierno de Mariano Rajoy rechaza ligar la revalorización de las pensiones a la inflación y, entre otros motivos, lo hace con el argumento de que usar ese criterio es algo residual en Europa. "Hay que recordar que la indexación total de las pensiones a los precios es residual en la Unión Europea (UE), tan sólo permanece en cuatro países", puede leerse en una respuesta parlamentaria por escrito al diputado Carles Campuzano (PDeCAT). Pero el Gobierno obvia en su respuesta un dato relevante: además de los cuatro países que utilizan en exclusiva el IPC para actualizar el importe de las pensiones, hay otros 16 que usan los precios como uno de los criterios para la revalorización (junto a otros como los salarios). De hecho, lo que es minoritario en Europa es la postura de España: sólo 8 Estados de 28 no tienen en cuenta para nada la evolución del coste de la vida a la hora de actualizar las pensiones.

Carles Campuzano, integrante del Grupo Mixto, se había interesado por la opinión del Ejecutivo respecto a si las pensiones "deberían establecerse y actualizarse de acuerdo con el coste de la vida" con el coste de la vida".

En las últimas semanas, miles de jubilados han salido a las calles de casi todas las ciudades españolas para protestar por el "saqueo" del sistema. Volverán a hacerlo este sábado, tres días después de que Mariano Rajoy protagonice un Pleno monográfico sobre pensiones en el Congreso, tal y como se la había reclamado desde la oposición en los días posteriores a la primera protesta multitudinaria de los pensionistas.

Los datos, al detalle

La insistencia del Ejecutivo y de la ministra de Empleo, Fátima Báñez, en recurrir como argumento de autoridad a lo que ocurre en otros países de la Unión Europea se topa con los datos. Porque hay mucha letra pequeña. En cuatro Estados el IPC es el único factor para actualizar las pensiones. Son Francia, Italia, Hungría y Austria. Pero en otros 16 es uno de los criterios que se usa: Bélgica, Bulgaria, República Checa, Estonia, Grecia, Croacia, Chipre, Letonia, Malta, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovenia, Eslovaquia, Finlandia y Reino Unido. Así figura en el último informe sobre envejecimiento de la Comisión Europea.

Según la misma fuente, sólo hay ocho países, entre ellos España, donde la inflación se descarta absolutamente como criterio. Junto a nuestro país, están en esa situación Alemania, Dinamarca, Irlanda, Lituania, Luxemburgo, Países Bajos y Suecia. Para el grueso de estos Estaods, la referencia es la subida de los salarios. Irlanda, por su parte, carece de una norma fija.

"No podemos gastar todo lo que nos gustaría"

Desde 2014 las pensiones en España sólo han subido un 0,25% anual. Antes se actualizaban según la inflación del mes de noviembre del año anterior. En las últimas semanas, el presidente del Gobierno ha insistido en todas sus comparecencias públicas en que no ha llegado el momento de mejorar las cifras. "Todavía no podemos gastar todo lo que nos gustaría", dijo recientemente en una entrevista concedida a El programa de Ana Rosa.

El Gobierno de Rajoy sostiene que ligar la revalorización de las pensiones al IPC sería "volver a cometer los errores del pasado". "Ese modelo no resistía a los cambios de coyuntura", "volver a cometer los errores del pasado"destacan en la respuesta a Campuzano.

"Los efectos de la dura y prolongada crisis"

A la hora de justificarlo, defienden que el modelo de revalorización ligado a los precios "se olvidaba de que el sistema debe atender el desfase entre ingresos y gastos del sistema (déficit en torno al 1,6% del PIB en 2017), consecuencia de una parte no pequeña de los efectos de la dura y prolongada crisis y del mantenimiento de la tendencia de crecimiento del gasto en pensiones que aunque se ha desacelerado sigue siendo importante (3% anual)".

Recientemente, infoLibre informó de que no sólo en la UE, sino en la mayoría de los países de la OCDE se mantiene el IPC como referencia para la subida de pensiones. De hecho, el último informe Panorama sobre las pensiones 2015, elaborado por la OCDE, reconoce que actualizar las pensiones en función de la subida de los precios "preserva el nivel de vida de los jubilados en términos absolutos". Señala, además, que resulta más sostenible financieramente que ligarlas al aumento de los salarios. El documento parte de la base de que los salarios crecen más que los precios debido al aumento de la productividad. En concreto, que la inflación crece un 2% y los salarios un 3,25% (la inflación más un 1,25%).

A dos días de que Rajoy suba a la tribuna del Congreso para protagonizar ese pleno monográfico sobre pensiones, la idea que se traslada desde el PP y desde el Gobierno es que sería una sorpresa que el presidente del Gobierno llegase con una oferta bajo el brazo que satisfaga a los partidos de la oposición y a los pensionistas y que, con ello, se rebaje el malestar en la calle. La comparecencia, destacan, servirá para que explique cómo funciona el sistema de pensiones, para subrayar que "gracias al PP" dejaron de estar congeladas y para insistir en que están garantizadas. "Lanzará un mensaje de tranquilidad", aseguran en la dirección nacional del PP.

Que la oposición "se retrate"

De paso, la intención de los conservadores es que el resto de partidos se retraten y expliquen el modelo que defienden. Este mismo lunes, el portavoz del PP, Pablo Casado, cargó contra la actuación del PSOE y de Unidos Podemos. "Los que calientan la calle, congelaron las pensiones", dijo apuntando a la formación liderada por Pedro Sánchez.

"Esperamos que la oposición se retrate [...] Es muy fácil salir a la calle y quejarse de lo que hace el Gobierno", añadió.

Quienes conocen al presidente subrayan que, junto con la situación en Cataluña, el de las pensiones es uno de los asuntos que más le preocupan. Y el PP, que ha tenido siempre en los pensionistas a un importante sector de su electorado, está dividido sobre cuál debe ser la respuesta.

"No podemos gastar lo que no tenemos. Pero somos Gobierno. La economía va mejor. Algo tenemos que hacer, alguna respuesta tenemos que dar", señaló recientemente un líder regional en conversación con este diario.

Otras fuentes, sin embargo, culpan al Gobierno de no haber salido "en bloque" a explicar el sistema de pensiones y todos los esfuerzos que se han hecho por mantenerlas y garantizarlas frente a la "deslealtad" del resto de partidos en un asunto tan delicado. Y advierten del peligro de que, como ya está pasando, otros colectivos salgan también a la calle.

En menos de un mes, dos grandes concentraciones con réplicas en casi todas las ciudades de España han pillado al Gobierno con el pie cambiado: la de los pensionistas reclamando unas pensiones dignas y las que sacaron a la calle a centenares de miles de mujeres coincidiendo con el 8 de marzo. La reacción del Ejecutivo ha sido la misma en ambos casos: primero, minimizar el alcance de estos movimientos llegando incluso a poner en duda su repercusión. Y, después, desdecirse improvisando anuncios o recuperando viejas promesas. 

En el Partido Popular admiten esta escenificación del caos: "O lo ignoramos o no supimos ver la que se venía encima", resume uno de los dirigentes consultados. Y sostienen que es la gota que colma el vaso. Una especie de tormenta perfecta cuando Ciudadanos les ha quitado el título de favoritos en las encuestas y pocos en el partido se creen la tesis de Mariano Rajoy de que lo ocurrido en Cataluña el 21D no puede ser extrapolable a otro tipo de elecciones.

Para cerrar el círculo, el Ejecutivo ve cómo el 155 se prolonga sine die en Cataluña, donde el bloqueo es total. Y sufre las consecuencias de su debilidad parlamentaria y de la cercanía de las elecciones autonómicas y municipales de 2019: a día de hoy no cuenta con los apoyos necesarios para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado de este año y el pacto educativo corre serio peligro tras la salida del PSOEPSOE.

8M: "Un desgaste inútil"

Las manifestaciones de mujeres por toda España este jueves dejaron claro que el PP erró a la hora difundir a sus cargos públicos hace un par de semanas un argumentario en el que se desmarcaba con contundencia de la huelga asegurando que se trataba de un gesto "elitista", "insolidario" y que, además, apostaba "por el enfrentamiento entre mujeres y hombres". La igualdad, subrayaban en el citado documento, "sólo la alcanzaremos desde la unidad y la corresponsabilidad de mujeres y hombres". 

Desde ese día, hasta los días previos a la huelga feminista, los miembros del PP y del Gobierno hicieron malabarismos para pronunciarse sobre el tema sin desmontar el argumentario. Pero les fue muy difícil. Al presidente del Gobierno le cuesta mucho desautorizar a sus ministros y a destacados miembros de su partido. Pero en esta materia lo ha hecho de forma contundente. Este martes, en el Senado, tras acudir al pleno de control, subrayó que no se sentía representado por aquellos compañeros de partido que habían abogado por hacer huelga "a la japonesa". Las desautorizadas eran la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, y Cristina Cifuentes, presidenta de la Comunidad de Madrid.

"Ese argumentario era inasumible. Hay mil formas de decir que no se respalda una huelga. Pero esa, desde luego, no lo era", valora un dirigente regional. La misma fuente considera que, en esta cuestión, el Gobierno se ha sometido a un "desgaste inútil".

La desautorización de Rajoy es un gesto lo suficientemente claro como para concluir que el presidente se había dado cuenta de que la fórmula escogida por su partido para responder a la huelga del 8M no era la adecuada. Ahora, en el Gobierno evitan hacer autocrítica en público poniendo el foco en que su papel es legislar y tomar medidas y que en eso están. Ahora, después de todas las críticas que quedan en las hemerotecas, destacan que se trata de un "movimiento transversal". Pero no pocos dirigentes admiten que mensajes como algunos de los lanzados en las últimas semanas les alejan de las mujeres. 

Si la mayor parte de las críticas internas de los últimos meses han ido dirigidas al Gobierno por su falta de iniciativa política y la improvisación, en lo relacionado con las manifestaciones del 8M la mirada se fija en el partido. "¿Por qué se difundió ese documento?", se pregunta un diputado. 

Hay en las filas conservadoras quien atribuye algunos movimientos como el del argumentario a un intento "a la desesperada" de evitar que Ciudadanos se les adelante a la hora de liderar debates sobre asuntos de actualidad. O de no llegar "demasiado tarde" a la hora de fijar posición. Es lo que les ocurrió, señalan, tras las manifestaciones de pensionistas de hace un par de semanas.

Este viernes, tras la reunión del Consejo de Ministros, desde el Ejecutivo se rescataban medidas para "la conciliación y la racionalización [de horarios]" anunciadas hace años. Aseguraban que las negociaciones de Fátima Báñez con los agentes sociales en estas materias estaban "muy avanzadas". 

Pensiones: "No lo supimos ver"

Este martes, el Congreso de los DiputadosCongreso de los Diputados acoge un pleno monográfico sobre pensiones. Para Rajoy, según aseguró él mismo, puede ser el debate más importante de la legislatura. Pero no llega por sus propios pies. Se adelantó a pedir la comparecencia a petición propia cuando los grupos parlamentarios ya se lo habían demandado tras ver a miles de pensionistas por las calles de toda España clamar contra el "saqueo" de las pensiones. Hasta la fecha, las concentraciones han sido convocadas en dos ocasiones. Pero sus protagonistas prometen más.

"No lo supimos ver. Tendríamos que haber puesto el debate sobre la mesa antes nosotros. Haciendo que se retraten el resto de partidos y defendiendo que las pensiones están garantizadas gracias al trabajo de este Gobierno", valora un miembro del Ejecutivo. A esto se suma alguna reacción poco afortunada, como la del portavoz en la Cámara Baja.

El primer día que los pensionistas se echaron a la calle por primera vez, Rafael Hernando dijo respetar su derecho a manifestarse, pero sostuvo que el balance de este colectivo desde que gobierna Mariano Rajoy "puede considerarse positivo si se compara con otros sectores".

"Desde los últimos cinco años los pensionistas han ganado algo de poder adquisitivo", sostuvo al tiempo que destacaba que, según todos los informes internacionales, "es el sector en España que menos se ha visto acosado por la crisis económica gracias a su modelo de protección social".

Los conservadores tienen en los mayores de 65 años un caladero muy importante de votos.

Además de convocar un pleno monográfico, el Gobierno intentó reponerse del golpe maquillando un viejo anuncio. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, volvió a prometer una deducción en la cuota del IRPF para los pensionistas de "edad muy avanzada" que les compense de los "mayores costes inherentes de discapacidad" que deben afrontar. Una "deducción de cuota por edad", aseguró, que se añadirá a las deducciones ya existentes por discapacidad o por tener a personas a cargo con discapacidad. Desde el ministerio no se aportaron más datos.

Si nos atenemos a lo que dijo Rajoy hace una semana en El programa de Ana RosaEl programa de Ana Rosa, el pleno no será para hacer anuncios. "Todavía no podemos gastar todo lo que nos gustaría", defendió. Pero las fuentes consultadas no descartan que se guarde algún as en la manga. "No podemos gastar lo que no tenemos. Pero somos Gobierno. La economía va mejor. Algo tenemos que hacer, alguna respuesta tenemos que dar", señala un líder provincial.

Otras fuentes, sin embargo, culpan al Gobierno de no haber salido "en bloque" a explicar el sistema de pensiones y todos los esfuerzos que se han hecho por mantenerlas y garantizarlas frente a la "deslealtad" del resto de partidos en un asunto tan delicado. Y advierten del peligro de que, como ya está pasando, otros colectivos salgan también a la calle.

La última decisión está en manos de Rajoy. Y su respuesta en el pleno del miércoles será una muestra de hasta qué punto le preocupa el asunto.

Cataluña: sin el fin del 155 en el horizonte

El presidente del Parlament, Roger Torrent, anunció este viernes que se aplazaba el Pleno de investidura del candidato a la Presidencia de la Generalitat, Jordi Sànchez (JxCat), que estaba programado para las 10.00 de la mañana del lunes, hasta que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo se pronuncie.

Sànchez anunció que el mismo lunes planteará una demanda ante el citado organismo para defender su derecho a ser investido. Fue su respuesta a la decisión del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena de denegarle el permiso que había solicitado para acudir al Parlament.

Esta es la segunda vez en pocas semanas que Torrent aplaza un pleno de investidura. El 30 de enero lo hizo con el que iba a protagonizar Carles Puigdemont, después de que el Constitucional dictaminara que no podía ser investido si no era con su presencia en la Cámara y con permiso judicial.

El aplazamiento del Pleno deja todavía más en el aire el fin de la aplicación del artículo 155 de la Constitución, el que implica la intervención de una comunidad.

En el Gobierno llevan meses insistiendo en que cuanto antes vuelva la "normalidad" a Cataluña, cuanto antes comiencen a trabajar todos los organismos e instituciones sin la intervención del Ejecutivo central, mejor para esta comunidad. 

La primera votación del pleno de investidura activa el reloj para que, si en los dos meses siguientes a este día no hay candidato elegido, el Parlament sea disuelto y se convoquen elecciones. Ahora, con el nuevo frenazo dado por Torrent, no hay visos de que vaya a desactivarse el bloqueo.

Está por ver si en los próximos días los conservadores vuelven la mirada hacia Ciudadanos para que su candidata, Inés Arrimadas, dé un paso al frente e intente ser propuesta a la investidura. Sería una forma de desbloquear la situación y un paso hacia unas nuevas elecciones. Pero no parece que sea esta la opción de la formación naranja.

El bloqueo en Cataluña es, a la vez, un elemento que extiende el bloqueo a otros campos, como el de los Presupuestos o el de la financiación autonómica.

Presupuestos: ¿cumplirá Rajoy las fechas comprometidas?

En esta materia, el Gobierno ha dicho una cosa y la contraria. Primero se dijo que se iban a presentar en tiempo y forma, después se aplazó la presentación a la espera de que se aclarara el panorama en Cataluña. A mediados de febrero, el titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, sorprendía apuntando la posibilidad de que los Presupuestos Generales del Estado de 2018 no fuesen presentados por falta de apoyos. Defendía que con las prórrogas era suficiente, dando la idea de que prácticamente no era necesario dar luz verde a unas cuentas públicas. Ante la sorpresa y enfado de los partidos de la oposición, que acusaron a Rajoy de estar saltándose la Constitución, el presidente optó por poner fecha al acontecimiento: el 23 de marzo.

Será ese día, si no hay cambios de última hora, cuando los Presupuestos para 2018 salgan del Consejo de Ministros rumbo al Congreso de los Diputados. La idea de Rajoy es que sean una realidad a finales de junio, como ocurrió con la cuentas vigentes. Pero, si PNV y Cs no están jugando al despiste, mucho tiene que cambiar el panorama para que se cumplan esos plazos.

Los nacionalistas vascos no quieren hablar con el Gobierno mientras el 155 siga vigente. Y Cs no quiere apoyar al PP mientras la senadora Pilar Barreiro, imputada en el marco de la operación Púnica, no renuncie al escaño. 

Los conservadores ven tras la exigencia de Rivera el interés de Ciudadanos de que acabe la legislatura para que se convoquen elecciones generales ahora que está al alza en las encuestas.

Pacto educativo: la eterna asignatura pendiente

En "la legislatura de los pactos y del diálogo", como la bautizaron los conservadores en un contexto en el que no les salen las cuentas en el Congreso para sacar adelante iniciativas sin el concurso de otras fuerzas, sólo ha fructificado un pacto de Estado, el de la violencia de género. 

Esta semana, el grupo socialista se levantó de la mesa de negociación del Pacto de Estado Político y Social por la Educación, que desde hace 15 meses se está llevando a cabo en el Congreso. 

Los socialistas no aceptaron la propuesta de financiación del PP de establecer un suelo de 5.000 millones adicionales para la educación no universitaria hasta 2025 y no se han movido de su exigencia de invertir el 5% del PIB en el sistema educativo.

El Gobierno confía en que la situación se pueda reconducir. Pero creen que los socialistas se están comportando de manera desleal y oportunista. "No entendemos esa política de lanzar órdagos en la primera mano. Estábamos viendo el segundo eje de los quince pactados y dan la espantada, no tiene sentido", resumió el portavoz del Gobierno y ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo este viernes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Mientras, la secretaria de Educación del PSOE y portavoz parlamentaria en esta materia, Luz Martínez Seijo, anunció que su partido, al igual que Unidos Podemos, apoyará las movilizaciones anunciadas por la 'marea verde' para exigir al Gobierno la derogación de la LOMCE. Este bloqueo, pues, puede complicarse con nuevas manifestaciones.

En Educación creen que derogar la LOMCE sería un "disparate" porque dejaría a más de ocho millones de alumnos en un limbo. Además, insisten en "mantener el gesto" de suspender las reválidas porque tienen voluntad de seguir trabajando en ese acuerdo.

Un total de 9,15 millones de personas cobran en España una pensión pública. La de casi 8,7 millones es una pensión contributiva, cuya cuantía depende de las cotizaciones que ha pagado a lo largo de su vida laboral. El resto, 453.852 personas, perciben pensiones no contributivas, porque no han cotizado o porque lo han hecho durante menos de 15 años. La cuantía media de las pensiones contributivas ascendía a 930,27 euros mensuales a 31 de diciembre de 2017. La de las no contributivas es muy inferior: 397,64 euros.

Las multitudinarias manifestaciones de jubilados en todo el país han vuelto a colocar las pensiones en la primera línea del debate político. Mientras la oposición y los sindicatos reclaman pensiones suficientes y “dignas”, el gobernador del Banco de España, Luis María Linde, pide que se considere la vivienda en propiedad a la hora de valorar la “pensión real” que perciben los jubilados españoles y el Gobierno presume de las dos centésimas de poder adquisitivo que las prestaciones han ganado desde el comienzo de la crisis.

Poniendo la lupa sobre esos más de nueve millones de pensionistas, las estadísticas de la Seguridad Social revelan que casi la mitad de ellos –el 46%– cobra una prestación pública que no llega al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), 735,89 euros al mes. Son 4,21 millones de personas. Y el 63,8%, es decir 5,84 millones, no llega a mileurista.

Si la cuenta se hace con el número de pensiones contributivas, en lugar de con el de pensionistas –las de viudedad y orfandad son compatibles con otras pensiones, por lo que algunas personas cobran más de una; en concreto, 810.423 reciben varias–, resulta que el 68,3% no llega a 1.000 euros y el 51,8% no alcanza los 735,89 euros mensuales. De hecho, la pensión más habitual, la que cobran 1,8 millones de personas, se encuentra en la franja de 550 a 600 euros. Por el contrario, la pensión máxima, de 2.580 euros mensuales, sólo la disfrutan en España 48.105 ciudadanos (el 0,5% del total).

También hay que tener en cuenta que el 25% de los pensionistas, 2,4 millones, perciben los llamados “complementos a mínimos”, una cantidad a la que tienen derecho si su prestación reconocida no alcanza la pensión mínima, 639,3 euros al mes.

De las pensiones contributivas las de mayor cuantía son las de jubilación, cuyo importe medio a 31 de diciembre de 2017 era de 1.074,83 euros. También son las más numerosas, 5,88 millones. Las de incapacidad permanente, que cobran 949.857 personas, se quedan en una media de 939,84 euros. Las 2,36 millones de pensiones de viudedad bajan hasta los 651,2 euros. Y los 323.069 perceptores del SOVI (Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez), un régimen residual de los afiliados al Régimen del Retiro Obrero hasta 1939 y a su sucesor hasta 1967, tienen las pensiones más escasas: 381,23 euros de media.

Las pensiones no contributivas pueden ser de jubilación y de invalidez, con unas medias muy por debajo de las anteriores: 357,16 euros las primeras y 397,64 euros las segundas.

Comunidades, mujeres y autónomos

Al depender de los sueldos cobrados durante la vida laboral, las pensiones contributivas reproducen la desigualdad territorial de los salarios. En 10 de las 17 comunidades autónomas, estas pensiones no alcanzan la media de 930,27 euros. Las más pobres corresponden a Extremadura, donde la media es sólo de 773,07 euros, y a Galicia, donde se queda en 786,65 euros. En Andalucía es de 834,53 euros al mes. La comunidad autónoma con la mejor pensión media es el País Vasco, con 1.155 euros.

Por el mismo motivo –sus salarios son más bajos– pero también por su menor incorporación al mercado laboral y unas carreras de cotización más cortas e irregulares, las mujeres tienen también menores pensiones contributivas. La media de los hombres llega a los 1.147,98 euros mensuales, mientras que la de las mujeres no es más que de 725,02 euros, un 37% inferior. Además, de los 3,75 millones de pensionistas cuya prestación pública no alcanza el SMI, el 65,2% son mujeres. Por el contrario, de los 941.499 jubilados que perciben pensiones por encima de los 2.000 euros mensuales, el 75,6% son hombres.

Igualmente se resienten las prestaciones de los autónomos, las más bajas de todos los regímenes de la Seguridad Social: 644,41 euros de media, un 31% inferior a la media global. En el caso de los autónomos jubilados, su pensión media, de 716,25 euros mensuales, no alcanza el SMI y cae un 33,3% respecto a la que cobran los asalariados.

La edad es otro factor determinante de la cuantía de la pensión contributiva. Las mayores prestaciones las cobran quienes tienen entre 60 y 70 años. A partir de esa edad, no dejan de caer. Si a los 65 años la pensión media asciende a 1.171 euros mensuales, a los 75 años ya es de sólo 903 euros, para los de 80 se queda en 798 euros y a partir de los 85 años desciende hasta los 703,68 eurosa partir de los 85 años desciende hasta los 703,68 euros de media. La caída para las mujeres es aún mayor, de forma que a partir de los 85 años la pensión media es de sólo 598,67 euros, por 919 euros para los hombres.

El motivo estriba en que cuanto más antigua es la pensión, más bajo era también el salario de quien la generó. Las prestaciones nuevas que se reconocen cada año son más altas que las de los jubilados más antiguos. Aunque las de 2017, con una media de 1.332 euros, se han quedado por debajo de las nuevas altas de 2016 –1.348,57 euros–, de 2015 –1.346,62 euros– y de 2014 –1.356,51–.

Tasa de pobreza de los mayores de 65 años

Con estas cifras, resultan menos sorprendentes las tasas de riesgo de pobreza que revela la Encuesta de Condiciones de Vida. Para el Instituto Nacional de Estadística (INE), el umbral de riesgo de pobreza para los hogares de una persona se sitúa en 8.209 euros al año –el SMI anual asciende a 10.302,6 euros–. Así, con datos de 2015, la tasa de riesgo de pobreza entre los mayores de 65 años alcanzaba el 13% de la población residente en España. Es decir, 4,72 millones de personas por encima de esa edad ingresan al año menos de esa cantidad y pueden ser considerados pobres. Ese porcentaje no ha dejado de subir desde 2012, aunque es menor que en 2011, cuando alcanzó el 14,8%.

La encuesta también mide la tasa de pobreza incluyendo el valor de la vivienda, tal y como cree el gobernador de Banco de España que debe calcularse la renta real de los jubilados. Según el INE, esa tasa se reduce entre los mayores de 65 años al 6,3%. Por tanto, aun con una vivienda en propiedad, 2,3 millones de personas por encima de la edad de retiro se encuentran en riesgo de pobreza por la escasez de sus ingresos.

La Encuesta de Condiciones de Vida ofrece un segundo indicador de riesgo de pobreza, Arope (At Risk of Poverty or Social Exclusion), establecido en la Estrategia Europa 2020 de crecimiento de la UE. Según su definición, se encuentra en riesgo de pobreza la población que queda en alguna de estas tres condiciones: sus ingresos están por debajo del 60% de la mediana nacional, son hogares sin empleo o baja intensidad de empleo y su carencia material es severa. En esa situación se hallan en España el 14,4% de los mayores de 65 años, 5,23 millones de personas. Ese porcentaje también es el más alto desde 2013: ha crecido un punto y medio, 545.381 más en dos años.

Respecto a la huelga feminista convocada para el próximo jueves se le han visto las entretelas de sus prejuicios no sólo al PP sino también a Ciudadanos y a sus febriles plataformas mediáticas. Unos y otras vienen a escandalizarse porque se trata de una huelga “ideológica” en la que se percibe “más comunismo que feminismo”. Podrían firmar un manifiesto en esta línea desde Inés Arrimadas a Rafael Hernando pasando por buena parte del arco parlamentario conservador y el que forman decenas de directores y columnistas a su mayor gloria. No merece el asunto gastar mucho tiempo ni espacio: basta invitarles a repasar el diccionario para que se enteren de que feminismo significa lucha por la igualdad entre hombres y mujeres en todos los órdenes. Y por supuesto que esa lucha tiene una carga ideológica. ¿Acaso hay alguna lucha que no la tenga? Despreciar principios éticos y secuestrar la política como pura gestión de recursos (como si la distribución de los mismos no partiera a su vez de una ideología concreta) es precisamente el rasgo más definitorio del neoliberalismo. (Lean en cuanto puedan La superioridad moral de la izquierda, nuevo y lúcido ensayo de Ignacio Sánchez-Cuenca. Así se escandalizarán todavía más).

Pero es el asunto de las pensiones el que está dejando en cueros la solvencia del proyecto político conservador y su prepotencia en el convencimiento de que, a pesar de todos los obstáculos, nadie logrará desbancar al PP (o en el peor de los casos a la suma PP+Cs) como mejor garante de una gestión supuestamente rigurosa y estable de la economía. Esa fortaleza (indiscutible a la vista de los resultados electorales desde 2011) puede quebrarse rápidamente por donde Rajoy se creía más sólido. Los principales estudios postelectorales coinciden en que PP y PSOE, por este orden, siguen recibiendo gran parte de sus apoyos entre las personas mayores de 55 años, y ese mismo pronóstico ofrecen las encuestas hacia el futuro. Lo ha contado más de una vez mi compañera Yolanda González en infoLibre: Rajoy confía en que, pese al hundimiento del bipartidismo, el PP puede mantener la altísima fidelidad de voto de la gente mayor (poco aficionada además a la abstención) y de la España vacía, esos territorios muy despoblados pero claves en el dibujo final del Parlamento. De hecho el presidente del Gobierno dedica a menudo los fines de semana a protagonizar 'bolos' organizados con esa perspectiva. Con obtener un voto más que Ciudadanos, le valdría al PP para garantizarse su continuidad en el poder si la suma parlamentaria da mayoría, como últimamente apuntan las encuestas.

Y en esto llegó el 22-F o lo que podría significar el embrión de un 15-M de los pensionistas, que se echaron a la calle en noventa ciudades para exigir pensiones dignas para ellos y garantías para sus hijos y nietos. Aquí radica además la clave del posible éxito cívico del movimiento y de su trascendencia política: si los abuelos logran sumar a su iniciativa a las siguientes generaciones, ya pueden temblar el Gobierno, el PP y todos aquellos partidos que se muestren incapaces de mirar por encima de la pared de la siguiente cita electoral.

El miedo y el engaño

La reacción a la indignación de los jubilados vino primero por el cauce ya muy horadado del discurso del miedo. Al día siguiente de las manifestaciones se hizo público uno de esos informes que presuntamente demuestran que es inviable asegurar el poder adquisitivo de las pensiones. Concretamente, El Mundo afirmaba en portada: “Empleo calcula que España debe crecer 30 años al 4,2% para subir siempre las pensiones con el IPC”. Pero resulta que ni el documento enviado por Empleo a la Comisión Permanente del Pacto de Toledo dice tal cosa ni es para nada inviable ligar el aumento de las pensiones al del IPC, como ocurría antes de la última reforma decretada por el PP y como siguen haciendo, por cierto, la mayoría de los países de Europa y de la OCDE. (Para descubrir dónde está la trampa o el error de la información alarmista citada, pinchen aquí y lean a Antonio González, de Economistas Frente a la Crisis).

Por esa misma vía del alarmismo circula la insistencia de Mariano Rajoy y de todos sus ministros y portavoces en “recomendar a los españoles que vayan ahorrando” para su jubilación, incluso para la educación en el futuro. Sería risible si la cosa no fuera para llorar. Porque la inmensa mayoría de los salarios en España no permiten ahorro alguno y porque los fondos privados de pensiones, sólo accesibles a partir de una determinada renta, no ofrecen una rentabilidad especialmente atractiva.

Precisamente el viernes pasado se celebró un debate sobre el presente y el futuro de las pensiones en el Centro Cultural Galileo de Madrid a iniciativa del Observatorio de la Sostenibilidad. Por resumir algunas conclusiones claras, ofrecidas por economistas, sindicalistas o especialistas en Seguridad Social, lo cierto es que, de seguir adelante la aplicación de la reforma impuesta desde el PP, una pensión actual de 1.000 euros quedará reducida en 2050 a 400 euros. ¿Es acaso una maldición inevitable que nos ha caído a los españoles o la consecuencia de una determinada ideología aplicada a todo lo público?

Derechos e ideología

Para empezar, las pensiones no son ni sostenibles ni insostenibles: son un derecho, y si estamos de acuerdo en este mimbre básico del Estado del bienestar, lo exigible es que la política actúe para garantizar el ejercicio de ese derecho. Porque los datos aportados en ese mismo debate y en múltiples informes económicos y demográficos (que no suelen citar los grandes medios de masas) indican que España gasta menos que muchos otros países homologables en su sistema público de pensiones, y que en el punto álgido de “gasto” de la generación del baby-boom y del mínimo de cotizantes en proporción al de jubilados (que se calcula hacia 2050) se necesitará dedicar a las pensiones unos tres puntos más de PIB que en la actualidad. Los cálculos más pesimistas elevan ese “coste” en esa fecha al 15% del PIB real.

Las personas mayores son (somos) mayores, pero no tontos, o bien los tontos no lo serán por el hecho de ser mayores. Así que la siguiente reacción del Gobierno a la movilización de los pensionistas ha sido aún más ofensiva a la inteligencia. Que el ministro Montoro anuncie (otra vez) deducciones fiscales que sólo beneficiarán a una minoría a la que pertenecen, por supuesto, quienes más alta pensión cobran es puro populismo, y es una utilización de la técnica del engaño en un sentido además doble: por un lado se aparenta un beneficio para todos los pensionistas y por otro se liga a los cuidados de dependencia, lo que en realidad viene a ser finiquitar por completo los objetivos de la Ley de Dependencia aprobada por el Gobierno de Zapatero, al desviar esos cuidados a la iniciativa privada y, como mucho, ofrecer que el gasto de cada cual (quien se lo pueda permitir) desgrave ante Hacienda.

Por su parte, Ciudadanos, como es costumbre, va adaptando su discurso a lo que le indica la brújula de las encuestas electorales y del momento político. Le ha costado mucho, pero este mismo miércoles, por boca de su portavoz económico, ha decidido apoyar la reivindicación de PSOE y Unidos Podemos de ligar la subida de las pensiones al IPC, y dejar solo al PP en esta batalla (y en todas las que consideren los de Rivera que les pueden permitir arañar votos en el centro-derecha o en el centro-izquierda).

Pues claro que se trata, entre otras cosas, de ideología. Cuando la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones elabora y hace circular por los centros de mayores y por todo tipo de asociaciones cívicas un documento de 23 páginas que recoge sus propuestas está trasladando una posición ideológica, aunque no se ligue a siglas concretas de partido alguno. “¡Que No Nos ROBEN LAS PENSIONES PÚBLICAS!”, concluye ese manifiesto (literalmente, con las mayúsculas incluidas). Claro que se trata de una cuestión ideológica, puesto que defender un sistema público de pensiones digno, sólido y justo significa apostar por valores como la solidaridad intergeneracional y la justicia social frente a un sistema que defiende el “sálvese quien pueda” adornado con algunos gestos que tienen más que ver con la beneficencia que con la solidaridad.

Y no se trata sólo de las pensiones. Seguimos a la espera de conocer cuál es el modelo de país que nos propone, a los mayores y a los jóvenes, a las mujeres y a los hombres de este país, una derecha vieja y nueva que hasta el momento lo que ha demostrado es una habilidad extrema a la hora de trasladar recursos públicos a manos privadas. Y también seguimos a la espera (como se demostró en el debate citado más arriba) de que una izquierda dividida responda a la clamorosa necesidad de unir fuerzas en objetivos concretos, como por ejemplo el conjunto de reformas necesario para lograr un sistema fiscal realmente progresivo que garantice un reparto más justo de las cargas y unos ingresos sólidos para mantener un Estado del bienestar que incluye, además de las pensiones, la educación, la sanidad y la dependencia. Lo cual no es ni sostenible ni insostenible. Se trata de derechos, como lo es el de la igualdad entre mujeres y hombres, y con esa prioridad asoma de nuevo y demuestra su fuerza la sociedad civil. Y la ideología.

Dedicarle el mes de marzo a las mujeres tiene más de paradójico que de progresista. En general, ocurre con las efemérides. Hay días sin humos y otros en los que apagamos la luz para ahorrar energía; hay días que reforestamos bosques y otros en los que cerramos el grifo al lavarnos los dientes; pero, en este caso, estamos tratando de algo que nos concierne de tal modo como el nacer, el comer o el simple existir. Quizás por eso aquí, en esta casa, partimos de la base de que todos los meses son marzo y todos los días debieran ser 8 de marzo. Es la casilla de salida, huelga decirlo.

Hay mil maneras de celebrar la revolución feminista y, la más sensata, desde nuestro punto de vista, es trabajar para que las cosas marchen por igual para hombres y mujeres, y que en esa tentación no caigamos en ningún tipo de demagogia, aunque haya muchos elementos discordantes, incluso entre las propias filas del feminismo. Sin embargo, a continuación de los buenos deseos vienen las estadísticas y las denuncias por acoso, malos tratos o violaciones, la brecha salarial (como se explica en el reportaje El #MeToo laboral de cada día) y las ganas de rebelarse contra el tabú de la maternidad (sobre nuevas formas de crianza escribe la periodista Sara Montero en La hora de las malas madres); y ahí es cuando dan ganas de gritar, un grito valiente, tolerante como el que arranca de nuestra portada y que va dirigido contra esa manada que sigue anclada en los más retrógrados principios del patriarcado. Si a ello añadimos que este 8 de marzo coincide con que el presidente de la nación más poderosa del planeta acaba de taparle la boca, otra paradoja, a una estrella del porno, vamos apañados.Nuestro marzo feminista es una mirada abierta sobre una revolución plural que no cesa de reinventarse y mudar de piel y de color. Ya no hay un morado único ni un #MeToo solamente de Hollywood. Algunos temas del feminismo clásico de los tiempos de Betty Friedan (a quien dedicamos nuestra contraportada) son hoy una reliquia para ese hervidero de activismos que arranca de las redes sociales y tiene intérpretes tan auténticas como la escritora francesa Virginie Despentes, entrevistada para este número de marzo. En esas voces está la diferencia y el verdadero pulso que se libra contra el patriarcado. De las crónicas sobre las condiciones de las obreras en el Nueva York de finales del siglo XIX que nos trae Nellie Bly, de la defensa encarnizada del divorcio por parte de Carmen de Burgos en la mojigata España de las primeras décadas del siglo XX, del “Follar es paz” de Helga Goetze en el Berlín de los setenta, o de la lucha descarnada de Simone Weil en pos de la verdad, los acentos de la mujer que se recogen en este número caminan en una misma dirección: igualdad, tolerancia, respeto.Según las previsiones de la OIT faltan todavía 70 años para que se acabe de reparar la brecha salarial en el mundo. Una agenda similar a la del intento por paliar los estragos del cambio climático. Datos estremecedores que hablan de un futuro incompleto. El Parlamento español acaba de aprobar (con la oposición del PP) una enmienda en favor de empezar a trabajar para subsanar esa herida. Esperemos que este marzo sea el inicio de algo más que buenas palabras. Y que todos los meses tengan al menos un poco de marzo para seguir avanzando.tintaLibre está a la venta a partir del viernes 2 de marzo en quioscos y librerías de toda España.También está disponible a través de su App para su descarga en teléfonos y tabletas de Apple y Android.Si eres socio de infoLibre, ya puedes leer tintaLibre de marzo y todos los números anteriores haciendo clic aquí. #MeToo laboral de cada díaLa hora de las malas madres

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“Tengo la responsabilidad de gobernar y, por tanto, de ajustar los gastos al conjunto de los ingresos. Lo más importante para garantizar el sistema de pensiones y su poder adquisitivo es crear empleo”, proclamó el presidente del Gobierno en el Congreso el pasado miércoles, “todo lo demás son buenas intenciones”. Mariano Rajoy contestaba así al diputado de UPN Íñigo Alli, quien le instó a subir las pensiones según el IPC, en lugar del 0,25% con que vienen revalorizándose desde 2014.

Al día siguiente, miles de pensionistas se manifestaban en toda España para exigir pensiones dignas y protestar por la “miserable” subida que el Gobierno ha aplicado a sus prestaciones desde la reforma de 2013. Todos ellos habían recibido sólo unas semanas atrás la carta en que como cada año la ministra de Empleo, Fátima Báñez, les informaba de que el alza de sus pensiones sería de sólo el 0,25%, “una mejora anual garantizada” que presentaba como “salvaguarda económica para las generaciones futuras”.

Ese mismo día, mientras los pensionistas protestaban en la calle, Báñez negaba en televisión que fueran a perder 350 euros al mes como consecuencia de las reformas de 2011 y 2013. La cifra la había avanzado una semana antes un estudio de Analistas Financieros Internacionales (AFI), encargado por la Asociación Empresarial del Seguro. Precisamente el año próximo será el primero en que se aplique el factor de sostenibilidad, incluido en la reforma de 2013 y que recortará la prestación de quienes se jubilen a partir de 2019 según la esperanza de vida de su generación.

La combinación de ambas medidas, la revalorización del 0,25% y el factor de sostenibilidad, supondrán una reducción progresiva de las nuevas pensiones que comenzará siendo del 8% en 2020 y podrá alcanzar el 35% en 2050podrá alcanzar el 35% en 2050, según los cálculos del catedrático de la Universidad del País Vasco Ignacio Zubiri publicados en los Papeles de Economía Española de Funcas, la fundación de las cajas de ahorro. “A los trabajadores se les ha reducido la pensión inicial, el tiempo durante el cual cobran la pensión y, quizá peor, el valor real de su pensión irá disminuyendo a medida que envejezcan”, resume Zubiri el efecto de las reformas: el factor de sostenibilidad, el aumento de la edad de jubilación y la desvinculación del IPC.

Margen para el gasto, nuevas fuentes de ingresos

En efecto, todas estas medidas, y la filosofía que hay detrás de ellas y en las palabras de Rajoy sobre las “buenas intenciones” de subir las nóminas de los jubilados, están dirigidas a poner freno al gasto público en pensiones. Entretanto, la Comisión del Pacto de Toledo lleva ya un año poniendo en el centro de sus discusiones el otro extremo de la balanza: cómo aumentar los ingresos de la Seguridad Social.

Mientras el Gobierno se preocupa con la sostenibilidad del sistema, buena parte de la oposición, los sindicatos y los pensionistas en la calle claman por la suficiencia de las prestaciones. Según las previsiones del Ejecutivo, el gasto en pensiones se contendrá en el 12,3% del PIB cuando llegue 2050 –sólo medio punto más que en 2015– gracias a las dos reformas aplicadas. Es decir, por debajo del gasto en Italia –14%–, Francia –15,1%– o Alemania –13%–, como por otra parte les gusta recordar a los defensores de priorizar el mantenimiento de pensiones “dignas”. A su juicio, por tanto, hay margen para subir las pensiones. Ignacio Zubiri, por ejemplo, cree que España puede gastar un 30% más de lo que destina ahora a esta forma de protección social. De forma que el gasto público en pensiones llegara al 15% del PIB e “incluso algo más allá sin que esto supusiera un coste inasumible”, sostiene.

Pero para ello hay que encontrar nuevas fuentes de ingresos. Y las posibles fórmulas están claras para expertos y políticos. Los socialistas han propuesto que se paguen las pensiones con nuevos impuestos, uno que grave las transacciones financieras y otro los beneficios de la banca. Calculan que habrían de recaudarse cerca de 2.750 millones de euros al año y que la medida debería prolongarse hasta 2050. Otras posibilidades de financiación sobre la mesa son el destope de las bases máximas de cotización, sobre la que también existe un alto grado de acuerdo.

Lo mismo ocurre con la equiparación de las cotizaciones de los autónomos con las de los asalariados del Régimen General o con la idea de cargar a los Presupuestos del Estado tanto los gastos de gestión y personal de la Seguridad Social como las pensiones de viudedad y orfandad. Eliminar las reducciones de cuotas con que el Gobierno lleva años intentando incentivar los contratos indefinidos es otra medida adicional. El Ejecutivo está de acuerdo en transformarlas en bonificaciones, que son compensadas por el Servicio Público de Empleo y no hacen un agujero en las cuentas de la Seguridad Social.

Por contra, la polémica envuelve la sugerencia del PP de ampliar a toda la vida laboral el periodo de cotización necesario para calcular la cuantía de la pensión, que en 2022 será de 25 años –15 años antes de la reforma de 2011–. Presentada como un medio para subir la prestación de los trabajadores despedidos durante de la crisis, sindicatos y oposición recelan de que uno de sus posibles efectos sea también mermar la pensión de mujeres y jóvenes.

Sí han perdido poder adquisitivo

Todos los grupos de la oposición, menos Ciudadanos, están de acuerdo igualmente en suprimir el mecanismo para revalorizar las pensiones, o por lo menos subirlas por encima del 0,25% actual. Mantener el factor de sostenibilidad sólo lo defienden también el PP y la formación naranja.

El secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, cifró en sólo una décima la pérdida de poder adquisitivo sufrida por los pensionistas desde 2014. La ministra Báñez incluso amplía el dato hasta 2007 para decir que no han perdido nada.

El problema es que para hacer ese cálculo utilizó la inflación media de los últimos cuatro años, no la tasa con la que termina el año, que es la que se empleaba, hasta la reforma de 2013, para actualizar las pensiones. En concreto, se recurría al IPC de noviembre. Pero si para hacer la cuenta se emplea esa tasa final del ejercicio, en 2017 el IPC terminó en el 1,2% y en 2016, en el 1,7%. Es decir, en dos años los precios subieron un 2,9%, mientras que las pensiones lo hicieron sólo un 0,5% acumulado. Es decir, en ese bienio perdieron 2,4 puntos de poder adquisitivo. En 2014 el IPC terminó en negativo (-1%) y en 2015 el índice no se movió, acabó en cero. Pero esta bajada de los precios tampoco compensa las subidas posteriores. En el cuatrienio considerado, el IPC aumentó un 1,9%, mientras que las pensiones sólo lo hicieron un punto. Es decir, perdieron nueve décimas de poder adquisitivo. En euros, por tanto, la pensión media debería haber aumentado 16,43 euros en cuatro años para no devaluarse frente a los precios, pero sólo creció 8,64 euros.

Tomando la inflación en el mes de noviembre de cada año, las cifras son similares: los precios subieron un 1,7%, pero las pensiones se quedaron en un punto. La merma es de siete décimas.

Recortes que aumentarán año tras año

Y si continúa aplicándose la subida mínima del 0,25%, la pérdida de poder adquisitivo de los jubilados se situará entre un 15% y un 17%, según los cálculos realizados por el sindicato CCOO, suponiendo que la inflación permanezca entre el 1,5% y el 2%, el objetivo del BCE. Añadiendo a esa quita por la revalorización limitada al 0,25% el recorte que, a partir de 2019, sufrirán las pensiones cuando se les aplique el factor de sostenibilidad, la pérdida de poder de compra se elevará hasta el 25% en los próximos 10 años, advierte el sindicato.

UGT, en un informe publicado el pasado enero, utiliza datos del Gobierno para cuantificar el recorte en la tasa de reemplazo –la relación entre el último sueldo y la primera pensión– que infligirá en las prestaciones públicas la combinación del alza del 0,25% y el factor de sostenibilidad: pasará del 81% actual al 48% en 2060.

En la misma dirección apunta también el Banco de España. En un estudio sobre las alternativas de reforma del sistema público de pensiones publicado en septiembre del año pasado, asegura que “en ausencia de modificaciones adicionales en los ingresos del sistema”, el índice de revalorización del 0,25% “generará reducciones elevadas de la tasa de sustitución de las pensiones junto con un mayor riesgo de pérdida de poder adquisitivo de la población jubilada ante aumentos inesperados de la inflación”. Los autores del informe no dudan en vaticinar “disminuciones sistemáticas de la renta real de los pensionistas”. El Banco de España también aporta su previsión sobre el efecto del factor de sostenibilidad: recortará la pensión inicial un 7% en 2030 y hasta un 12% en 2040.

Finalmente, el centro de estudios del BBVA calcula que en 2019, el primer año en que se aplicará el coeficiente reductor según la esperanza de vida, quienes se jubilen verán recortada su pensión un 0,72%. Quienes lo hagan en 2030 perderán un 7,92% y nada menos que un 15,62% los que dejen de trabajar en 2045.

Para saber la cifra exacta habrá que esperar. El pasado enero la ministra de Empleo dijo ante la Comisión del Pacto de Toledo que sus técnicos aún no han hecho los cálculos, pues la Seguridad Social no dispone de las estadísticas de defunciones de 2017, necesarias para precisar la esperanza de vida en 2019. Aun así, Báñez recalcó que la pensión inicial ese año “no será menor” porque el factor de sostenibilidad “lo que hace es modular el crecimiento”. La pensión, abundó para negar el recorte que dan por cierto los expertos, “dependerá del crecimiento económico, la carrera laboral, las bases de cotización y los aumentos del poder adquisitivo que se hayan dado todos los años”.

Prestaciones públicas por debajo de Grecia y Portugal

El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, contestó a las protestas multitudinarias de pensionistas del jueves asegurando que el saldo para “este sector de población” es “positivo” si se compara con otros “que han sufrido de una forma más intensa la crisis”. Repetía así la idea esgrimida por la ministra ese mismo día, apoyada, según dijo, en los informes de la OCDE: “Los pensionistas han sido uno de los colectivos que más protegidos han estado durante la crisis”.

UGT se ha ocupado de rebatir esa protección especial de la que hablaba el organismo internacional y de la que presume Fátima Báñez. Según explica el sindicato, basándose en datos de Eurostat, la oficina estadística de la UE, las prestaciones públicas dirigidas a los ciudadanos de mayor edad sólo alcanzan en España el 63,5% de la media comunitaria, “muy lejos del PIB por habitante español, que supone el 85% del promedio de la UE a 15”. Están por debajo de las de Grecia y Portugal. Las de Francia equivalen al 118,6% de la media europea.

También la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), en cuyo patronato participan las principales compañías y bancos españoles, matiza los argumentos de la ministra. Un documento sobre el consumo y el ahorro de las familias durante la crisis y la recuperación revela que los hogares formados por una persona mayor de 65 años, con o sin cónyuge, fueron los únicos cuyas rentas disponibles no se recortaron entre 2007 y 2013. Pero el motivo no fue la revalorización de las pensiones, sino “el aumento de las pensiones medias con las que los nuevos jubilados entraban en el sistema”: tienen sueldos más altos y han cotizado más años que sus predecesores. Aun así, recuerdan sus autores, los hogares formados por un mayor de 65 años se encuentran entre los que poseen una menor renta disponible. La pensión más habitual en España se sitúa entre 600 y 650 euros, la que cobran 1,87 millones de personas, según las estadísticas de la Seguridad Social. Y las prestaciones que cobran 5,4 millones de pensionistas, el 62% de los perceptores existentes a fecha de enero de este año, no llegan a 1.000 euros.

Y, sin embargo, ¿han visto ustedes a los ministros del Sr. Rajoy mostrar la más mínima inquietud? No lo han visto porque ellos saben perfectamente que el fondo de reserva forma parte de una monumental maniobra de distracción para conseguir otros fines.

Los progresistas yerran al obsesionarse con el fondo de reserva. Demuestran haber caído inocentemente en otra de las numerosas trampas que les han tendido los economistas neoclásicos. En estas líneas espero alertar a los progresistas sobre lo profundamente reaccionaria que es la noción misma de un fondo de reserva y hacerles ver lo absurdo e irrelevante que es para la sostenibilidad de un sistema de pensiones.

Ante todo, veamos qué es el fondo de reserva. Consiste en que la Seguridad Social cubra pensiones del futuro con cuotas aportadas por los cotizantes del presente. Para ello se pretende que los excedentes presupuestarios que obtenga la Seguridad Social se destinen prioritariamente a la dotación de tal fondo. Este instrumento fue resultado del Pacto de Toledo, esa comisión creada en el Congreso de los Diputados para asegurar la sostenibilidad de un sistema que se creía amenazado por el envejecimiento demográfico, la consiguiente reducción de la población activa y el aumento de la tasa de dependencia.

El fondo fue establecido en el año 2000 durante la presidencia de Aznar pero alcanzó su máxima dotación (66.000 millones €) durante la época de Zapatero. Los socialistas llevan muy a gala este “logro” y no se cansan de recordárselo a Rajoy. Pero en realidad ese superávit fue consecuencia de la combinación de la tradicional cicatería de las políticas sociales del Estado español con un aumento automático de la recaudación en una época de gran bonanza.

Previsión dirán quizás los defensores del invento. Pero deberían preguntarse los socialistas y otros obsesos de llenar alcancías acerca de la utilidad que tenía un fondo de reserva invertido mayoritariamente en deuda pública española. Dicho de otro modo, ¿cómo cambiaba el saldo financiero neto del Estado el acto de sacar dinero del bolsillo izquierdo del Estado para meterlo en el bolsillo derecho?

Tras el fondo de reserva subyacen nociones erróneas y creencias ultraconservadoras que confunden los presupuestos del Estado con los de un hogar. Parten de la idea de que son los cotizantes los que aportan los fondos para pagar las pensiones. Pero nada de esto ocurre en la realidad. Cuando el Estado paga las pensiones simplemente reconoce un poder de compra a favor del jubilado mediante un mero apunte contable registrado en un ordenador. Cualquier Estado que disfrute de soberanía monetaria puede crear esas pensiones de la nada. Cuando el Estado cobra las cuotas de la Seguridad Social, mayoritariamente aportadas por los trabajadores, simplemente está destruyendo dinero. No hay transferencia desde los trabajadores a los pensionistas.

Tampoco los superávits fiscales del presente se pueden utilizar para pagar las pensiones del futuro. Un superávit público en 2010 o 2017 no va a hacer nada para conseguir que el anciano de 2030 pueda ejercer poder de compra porque el saldo de las cuentas públicas es un mero guarismo que indica la diferencia entre los activos financieros que el Estado ha inyectado en la economía al ejecutar el gasto público y los que ha destruido mediante los impuestos.

El Estado no es como una familia

Ahorrar en épocas de vacas gordas para cuando lleguen las vacas flacas tiene sentido para una familia que no puede crear nuevos activos financieros. Pero el Estado no es como una familia, ni siquiera bajo los disfuncionales mecanismos de la zona euro, porque su deuda tiene el respaldo del Banco Central (y crucemos los dedos para que el BCE no vuelva a cometer el error de no comprar deuda pública de los Estados periféricos como ocurría hasta 2012).

Las pensiones de hoy se pagan con excedentes extraídos de la producción de bienes y servicios producidos hoy. Las pensiones del futuro se pagarán solo con los excedentes obtenidos con la producción de bienes y servicios del porvenir. Ningún ahorro financiero del Estado hogaño conseguirá que la producción del futuro sea mayor. Si queremos asegurar que los jubilados de 2030 obtengan una pensión —recordemos, poder de compra creado ex novo por el Estado a favor de los jubilados— debemos asegurarnos de que puedan gastarla en bienes y servicios disponibles en el mercado. Por tanto, lo único que debe ocurrir es que en 2030 la población activa produzca lo suficiente para cubrir sus necesidades de reproducción y además entregar un excedente suficiente a la población dependiente. Bastará con que haya un número suficiente de personas trabajando y produciendo. De hecho en 2030 es probable que nadie se acuerde de que una generación anterior los políticos pensaron en ellos dotando una hucha que se quedaría vacía pocos años después.

La mejor política para asegurar la sostenibilidad de las pensiones es el aumento de la productividad ya que permite que la tasa de dependencia aumente sin menoscabo del nivel de vida de trabajadores y dependientes. Eso se consigue con inversiones. Las políticas de austeridad, que permiten obtener superávits fiscales son causantes de desempleo y subinversión crónica. Si, por ejemplo, para conseguir ese superávit se recorta en educación, sanidad o infraestructuras menoscabamos la capacidad de producción de las generaciones futuras. Pretender que el Estado, o entidades integradas en él como la Tesorería de la Seguridad Social, obtengan un superávit resta atractivo a la inversión ya que deprime el consumo en el presente.

El superávit es por tanto un obstáculo a la mejora de la productividad. ¿Puede tener ocasionalmente utilidad un superávit público? Sí, si todos los agentes quieren ejercer un poder de compra que excede de la capacidad productiva de la economía. En este caso puede ser conveniente drenar capacidad de compra elevando los impuestos o bajando el gasto público. Convendrán conmigo que hoy España está muy lejos de padecer las circunstancias que aconsejarían políticas de austeridad pública.

Una visión conservadora de las finanzas públicas

Tras el concepto de fondo de reserva subyace una visión conservadora de las finanzas públicas cargada de prejuicios morales. La analogía del Estado como hogar que debe equilibrar sus presupuestos en el largo plazo de forma que un déficit presupuestario hoy deberá expiarse mañana con un superávit de la misma manera que una borrachera se paga con una resaca es falaz. En realidad un Estado casi nunca puede sostener un superávit público sin provocar una recesión. El superávit del Estado solo se puede conseguir mermando los ahorros del sector privado o generando un superávit comercial. Lo primero no suele dar resultados felices y lo segundo depende de la voluntad de consumidores extranjeros.

Por tanto la noción de que la Seguridad Social debe mantener un superávit para financiar un fondo de reserva parte de una mala comprensión del papel de la hacienda pública en la macroeconomía. No se engañen. Pretender el equilibrio de las cuentas públicas solo responde a los intereses de determinadas oligarquías. De esta manera se aseguran de que el nivel de actividad económica quede determinado por decisiones que tomen los empresarios y socavan la capacidad del Estado de gestionar el ciclo económico y garantizar el pleno empleo.

Fíjense en que las propuestas de reforma de la Seguridad Social suelen acompañarse de escenarios fiscales apocalípticos, por cierto bastante alineados con la promoción del negocio de los planes de pensiones privados. A la postre las propuestas de reforma de nuestro sistema de pensiones solo sirven para justificar recortes como el que impuso el aumento de la edad de la jubilación a 67 años.

La pregunta que nos deberíamos hacer los ciudadanos es: ¿Qué hacen los progresistas españoles mostrándose más papistas que el Papa y defendiendo políticas fiscales reaccionarias? La izquierda debería felicitarse de que el conservador Rajoy no haya cumplido con los objetivos de déficit. Su crítica a Rajoy debería ser la opuesta: señalar que el gasto público es claramente insuficiente y que la política fiscal es tan conservadora que genera unos elevadísimos niveles de desempleo. Paradójicamente, al picar en el anzuelo conservador, la izquierda está dando soporte a una amenaza real: que la derecha utilice el agotamiento de la “hucha de las pensiones” para engañosamente advertir de la necesidad de recortarlas si queremos que sean “sostenibles”.

Si quieren proponer una reforma progresista de verdad, ¿por qué no defiende la izquierda la desaparición de ese impuesto creador de desempleo llamado cotizaciones a la Seguridad Social? Ese impuesto fue construido sobre la premisa de que son fundamentalmente los trabajadores los que tienen que ser solidarios con nuestros ancianos. Lo único decente y justo es que sea toda la sociedad la que asuma la obligación de mantener a los ancianos y dependientes y por tanto las pensiones deben pagarse desde la Tesorería General del Estado. _______________Stuart Medina es economista y MBA por la Darden School de la Unversidad de Virginia.

Stuart Medina

Las pensiones, el programa estrella del Estado del bienestar español, suele convertirse en el centro de encendidos debates cada vez que los gobiernos, las empresas o los economistas hablan de tocarlas. Los partidos políticos las utilizan como baza electoral o temen los efectos que cualquier insinuación sobre su reforma, o congelación o recorte tiene en las urnas. Antes de final de año el Ejecutivo ha prometido cambios sustanciales en el sistema español de pensiones. Tanto el PP como los grupos de oposición invocan el sagrado nombre del Pacto de Toledo para justificar la reforma, el primero, y para objetarla, los segundos.