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El Juzgado de lo Penal número 10 de Málaga le ha impuesto una pena de nueve meses de multa, que llega a 2.700 euros
Egea ha afirmado en Twitter que ambos eventos "anteponen la ideología por encima de la salud" como "lo que hizo el Gobierno" al autirzar el 8M.
Ana García, del Sindicato de Estudiantes y el colectivo Libres y Combativas, fue condenada a una multa de 700 euros por, ha explicado, "llevar un vehículo con megafonía" a la manifestación feminista del 8 de marzo de 2019 en Madrid.
En el informe firmado por el teniente fiscal del Tribunal Supremo, Luis Navajas, se descartan los delitos apuntados por los querellantes al ser el de Pérez de los Cobos un cargo discrecional.
El delegado del Gobierno en Madrid manifiesta su respeto por la Guardia Civil, pero incide en que el documento sobre el 8M le ha "decepcionado un poco" al ser "impropio" de lo que es este cuerpo de seguridad.
De aquellos polvos, este lodazal. La derecha reedita la estrategia de la crispación en torno a un marco de difamación y deslegitimación del Gobierno calcado del que utilizó en la Legislatura 2004-2008.
El mayor atentado terrorista en la historia de España originó una cadena de bulos y mentiras con la que 'El Mundo' intentó salvar la responsabilidad de Aznar y el PP en la tragedia.
"Las mujeres organizadas generan incertidumbre y la incertidumbre se combate con culpa, con su señalamiento como irresponsables y sus acciones como ilegítimas", señala la escritora Noelia Adánez.
No es siquiera una disputa de la izquierda contra la derecha. No va de eso, no es tan pequeño. Se trata de defender la democracia frente a quienes desprecian la soberanía popular y conciben la patria como una finca particular en la que ellos siempre ostentan el mando único.
Fernando Berlín analiza la reacción de los medios internacionales ante el archivo del 'caso 8M'.
La jueza archiva la investigación por un presunto delito de prevaricación al permitirse la manifestación del 8M.
La magistrada Carmen Rodríguez-Medel considera que no hay indicios suficientes del delito de prevaricación administrativa por el que se investigaba a José Manuel Franco.
Aseguran que no interpretaron las llamadas como una orden, sino más bien como una "sugerencia" por la crisis sanitaria.
Presenta un recurso ante la Audiencia Provincial en el que insiste en que la forma en que está llevando Carmen Rodríguez-Medel la instrucción de la causa contra el delegado del Gobierno José Manuel Franco genera una "situación de indefensión".
El delegado del Gobierno en Madrid, que declaró como imputado, señala que actuó con arreglo a la ley y siguiendo las recomendaciones de los expertos: "No puedo considerarme responsable".
Reprocha a la abogada del Estado que no es constitucional su pretensión de suspender la investigación mientras contesta a sus recursos.
El documento, repleto de valoraciones personales, sentencia que "el exacto estado en que nos encontrábamos en cada momento era conocido por las autoridades sanitarias nacionales y de la Comunidad de Madrid".
www.infolibre.es ISSN 2445-1592
