Ana Moreno

El juez desgaja la investigación sobre la presunta financiación ilegal del partido y abre una nueva pieza separada en la macrocausa, la número 13. Guillermo Ortega, condenado a 40 años de cárcel, asegura que cuando fue gerente de una empresa pública de Madrid se inflaban facturas para desviar dinero al partido.

Anticorrupción considera que cada miembro de la familia ocupaba un papel en la trama, con el hijo mayor del expresident como principal protagonista en la ocultación y afloramiento posterior del dinero. Los fiscales estiman en más de 40 millones de euros la fortuna que llegaron a amasar.

Los TSJ de Canarias, País Vasco y Navarra no avalan la limitación de la movilidad, mientras que esta prohibición sí está vigente en Comunidad Valenciana, Baleares y Galicia, en esta última en casos de municipios con muy alta incidencia. 

Los ponentes, uno conservador y otro progresista, no alcanzan un acuerdo y Lesmes propone designar a dos nuevos vocales para tratar de desbloquear la situación. El presidente planteará este jueves una nueva prórroga de un mes que el Gobierno tendría que aceptar.

Unos tribunales creen que recortar ciertos derechos de forma temporal no es suprimirlos, mientras que otros hacen una interpretación mucho más restrictiva y se niegan a ratificar medidas que restrinjan la movilidad de los ciudadanos. El Gobierno confía en que el Supremo marque el rumbo a los jueces a partir de los recursos que vayan presentando las comunidades.

La diferencia de criterio lleva a que unas comunidades autónomas tengan toque de queda y en otras se haya prohibido, siempre en un escenario cambiante cada semana por la pandemia. La limitación de movilidad a ciertas horas o los cierres perimetrales, las medidas que más dudas generan a los jueces. La vía del Supremo abre un nuevo escenario con el que el Gobierno espera ir unificando las posibles restricciones.

El expresidente de Caixabank atribuye a Repsol el fichaje de la compañía del comisario y el de la petrolera descarga culpas en los responsables de seguridad. 

La Fiscalía pide condenas para todos los hijos del expresidente, pero no para su esposa, a quien se ha archivado la investigación por enfermedad. Organización criminal, blanqueo y fraude, entre los delitos de los que les acusa. El Ministerio Público sostiene que Pujol aprovechó su posición política para tejer una red de clientelismo para enriquecerse ilegalmente.

Anticorrupción responde así a la acusación popular Pro Lege, que pidió citar como investigado al líder de Podemos después de que perdiera el aforamiento. El juez aún está a la espera de recibir un nuevo informe policial sobre los daños en la tarjeta del móvil de Dina Bousselham.

Se trata de que el alto tribunal unifique doctrina y evite decisiones contradictorias de los TSJ. Los magistrados de la Sala Tercera tendrán cinco días para resolver los recursos.

Los denunciantes lamentan que la Fiscalía determine que se cumplieron los protocolos de las residencias, pero no ponga en duda si era el modo de actuar adecuado. Para el Ministerio Público, en los casos analizados no se puede concluir que las muertes se produjeran por una "conducta negligente" de los centros, sino por la "dimensión trágica de la pandemia".

Los casos de corrupción asolan los dieciocho años casi ininterrumpidos de aguirrismo con Púnica, Lezo y el Campus de la Justicia como grandes exponentes. Dos expresidentes, exalcaldes y exconcejales conservadores están bajo el foco de los tribunales, pero estas causas no formado parte de los ejes centrales de la campaña del 4M.

Abre diligencias en plena campaña de las elecciones de Madrid y también llama a declarar como testigos al tesorero y la gerente de Podemos. La directora de Gabinete del ministerio acusa al juez de querer "entrar en campaña" y que no hay "reglas cuando se trata de ir contra Unidas Podemos".

La Asociación de Fiscales, mayoritaria en la Carrera, vota en contra del anteproyecto, que consigue salir adelante por la mínima. En el CGPJ, el dictamen está atascado a la espera de una próxima reunión de los ponentes, uno progresista y otro conservador.

Anticorrupción y el juez están de acuerdo en que no hay base para sustentar la imputación por prevaricación y cohecho en la pieza 9 del caso Púnica. La acusación popular que ejerce Adade sí recurre al estimar que hay "sobrados indicios" y que debe ser el tribunal que juzgue los hechos quien valore toda la prueba. La expresidenta aún está pendiente de saber si el TSJ de Madrid ordena repetir el juicio del caso Máster o si, por el contrario, confirma su absolución.

Sólo los ocho vocales que lo proponían han votado a favor, mientras que los trece restantes se han opuesto. El Pleno también rechaza acudir al Defensor del Pueblo para que presente recurso de inconstitucionalidad.

Fiscales consultados por infoLibre descartan un delito terrorista y subrayan que la Audiencia Nacional sólo sería competente si se considerara que las amenazas han ido dirigidas contra el Gobierno como institución y no contra personas concretas.

La insistencia del partido de ultraderecha permite mantener vivas pesquisas a las que el juez había echado el cierre con el visto bueno de la Fiscalía.

Lesmes convoca a los ponentes, los vocales Álvaro Cuesta y José Antonio Ballestero, a una reunión este lunes para tratar de acercar posturas. De no llegar a un acuerdo, cada vocal presentará su propio borrador al Pleno para que éste los examine.

Considera que la calificación jurídica de este ilícito "no puede depender de si las cifras que aparecen" en la imagen "son o no ciertas" y que hace falta "algo más". Cree que no hay urgencia para retirar esa publicidad electoral, pues "no puede sostenerse que quiere evitarse causar más perjuicios al colectivo al que atañe cuando por un amplio elenco de colectivos se ha dado gran difusión a la existencia y contenido".

Lesmes se muestra en contra de acudir al Constitucional y así lo ha transmitido a todos los vocales. La mayoría de miembros del órgano de gobierno de los jueces tiene serias dudas sobre esta iniciativa o se muestra en contra.

La Fiscalía ha denunciado al partido de ultraderecha y había solicitado la supresión de la publicidad electoral "en el plazo más breve posible". Considera que la cartelería ofrece una "imagen física prejuiciosa" de un colectivo que requiere una "mayor proteccíon". Otro juez seguirá investigando si Vox ha cometido un delito de odio con esta campaña, que ha recibido una decena de denuncias, incluida del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.

El mensaje de la cartelería: "Un MENA, 4.700 euros al mes. Tu abuela, 426 euros de pensión/mes", junto al logo de Vox y su lema de campaña "Protege Madrid".

Fue apoderado de la empresa Bimarkit SL entre 2006 y 2020, cargo que no declaró a las Cortes  Valencianas. Consultado por infoLibre, Cantó asegura que no era "consciente" de haber sido apoderado de la sociedad hasta finales del año pasado.

En 2019, el Constitucional estableció que los presos preventivos sin condena deben obtener una compensación, sin importar las causas de la absolución. Justicia espera un dictamen del Consejo de Estado para asignar las cuantías tras el cambio de doctrina del tribunal de garantías. 

El exalcalde de Alcobendas Ignacio García de Vinuesa dimitió en otoño del cargo de comisionado para Víctimas del Terrorismo en la Comunidad de Madrid. Es uno más de la lista de exdirigentes del PP que se habrían beneficiado de informes para la mejora de su imagen en internet y pagados con fondos públicos. 

La sentencia que avala la exclusión de Cantó y Conde concluye que "los derechos de participación" reconocidos en la Carta Magna han de ejercerse en el marco de la normativa electoral, que es "muy precisa" y no puede "desvirtuarse". Las reglas, añade, establecen unos plazos para evitar "empadronamientos fraudulentos o de conveniencia". Un magistrado discrepante, exdiputado del PP, habla de "sesgo populista" y de un "elitismo fuera de lugar" en la decisión que les apartó de la candidatura de Díaz Ayuso.

Dos de los magistrados finalizaron su mandato el pasado otoño, pero el bloqueo político para renovar órganos constitucionales ha impedido su sustitución.

La Audiencia Provincial de Madrid y la Fiscalía tienen sobre la mesa denuncias en las que se responsabiliza a la Comunidad y la empresa suministradora. Una asociación vecinal reprocha que el juez archivara diligencias basándose sólo en el informe de la compañía, donde ven "inconsistencias gruesas".