Ana Moreno

Acusa a Esperanza Aguirre de aceptar 60.000 euros del propietario de una empresa responsable de la gestión de un hospital madrileño. Asegura que una persona guarda "tres cajas" con documentación sobre la caja B del PP y que las ha puesto a disposición del juez.

Los investigadores han analizado 709 imágenes, 304 vídeos y 69 documentos y confirman que fueron creados "entre marzo y abril" de 2019. También concluyen que un "elevado número" de archivos proceden de dispositivos informáticos cuyo huso horario es "del continente americano".

En pocos días, el Consejo ha pasado de apartarse como gesto a los avances para desbloquear su renovación, a la posibilidad de seguir con su agenda al margen del nuevo clima político. Los vocales tienen un Pleno esta semana que no saben cómo terminará, a la espera de que se concrete un posible acuerdo entre el Gobierno y el PP.

El presidente Lesmes estaba obligado a rectificar al habérselo solicitado por escrito cinco o más miembros del Consejo. Se trata de tres plazas del Supremo, dos de presidencias de TSJ y dos de audiencias provinciales.

Asegura que trabajadores del partido podrán probar que los servicios se prestaron y no fue un contrato simulado. Da al juez billetes de avión y otro material para acreditar que veintiún empleados de la consultora se desplazaron a España para la campaña. Defiende que no existe "nexo alguno" entre la contratación de Neurona y la investigación a Monedero.

Al ser ocho los vocales que lo solicitan, consideran que el presidente está obligado a recuperar el debate de la asignación de estas plazas. Defienden que ha de ser el Consejo en sesión plenaria, y no el presidente, el que debe decidir si es el momento oportuno de votar o no la designación de estos puestos en órganos judiciales. Lesmes no ha agendado los nombramientos por coherencia con las decisiones de enero y julio de 2020, cuando también parecía que habría acuerdo para la renovación.

Denuncia "indefensión" por la instrucción secreta de cinco meses sobre el cofundador del partido. Pide al magistrado que tome "medidas correctivas o disciplinarias” ante las "interesadas filtraciones", de las que señala a “autoridades públicas”.

Este ilícito que recoge el Código Penal desde el año 2000 no prevé una "incitación directa" a la violencia, contraviniendo las recomendaciones y directivas internacionales. 

El tribunal de garantías replica a Bélgica que el Supremo sí era competente para juzgar los hechos ocurridos en Cataluña en otoño de 2017. El Parlamento europeo da el primer paso para retirar la inmunidad a Puigdemont, que hará frente en los tribunales belgas a este nuevo pronunciamiento del Constitucional.

En el órgano de gobierno de los jueces no tienen claro que las plazas se vayan a asignar ante la posibilidad de un acuerdo para la renovación después de los mensajes lanzados desde La Moncloa, donde advierten un cambio en el líder del PP. Carmen Calvo confía en que el desbloqueo sea "inminente", pese a que las condiciones de los conservadores siguen siendo las mismas que el primer día.

La normativa de la UE establece que el enaltecimiento debe llevar aparejada una conducta que implique un "riesgo" de comisión de actos terroristas. En el caso de las injurias al rey, diversas sentencias del TEDH ya han condenado a España por condenar por este delito.

En un escrito, recuerda al presidente del CGPJ que José Luis Concepción que existe un sistema de sanciones previstas en la ley. A su juicio, el magistrado ha rebasado en "numerosas" ocasiones sus competencias y se ha extralimitado en sus deberes como presidente del TSJ.

Una vocal del CGPJ designada a propuesta de IU va a pedir a Lesmes la apertura de un expediente disciplinario por decir que "la democracia se pone en solfa cuando el Partido Comunista está en el Gobierno". El CGPJ ya le exigió "moderación, prudencia y mesura" en 2020.

Los tribunales detectan anomalías en las prácticas de la universidad en la que se matricularon los dos dirigentes del PP y de las que éstos se beneficiaron. La sentencia que absuelve a la expresidenta madrileña habla de cambios de notas por personal no autorizado e "incongruencias incompatibles" con una estudiante de postgrado. El Supremo también sugirió un "comportamiento irregular" de los responsables del máster del presidente del PP.

Los magistrados constatan en la expresidenta “un conjunto de incongruencias relevantes e incompatibles con la actuación de una estudiante”. No encuentran indicios de que ella tuviera alguna "intervención" para inducir a falsificar el acta de su trabajo.

En 2015, se opuso a ser recusado de los juicios de Gürtel defendiendo su imparcialidad y alegando que no tenía "una predisposición personal" y que le era "indiferente" si el PP era condenado o absuelto. Asesor en materia de Justicia del líder conservador y de Díaz Ayuso, también es el encargado de la interlocución con el ministro Campo para la renovación del CGPJ.

Un juez de Madrid investiga desde hace seis años al exvicepresidente por fraude fiscal, blanqueo y corrupción en los negocios. Sospecha que se aprovechó del proceso de privatización de sociedades públicas como Repsol, Endesa o Telefónica para lograr "sustanciosos contratos de publicidad".

Santiago Pedraz aplaza su declaración a petición de la defensa del extesorero pero entretanto le requiere las evidencias de las que disponga. Bárcenas sí declarará el próximo lunes por Kitchen como testigo.

La sentencia a Pablo Hasél choca frontalmente con lo dictaminado por Estrasburgo y la jurisprudencia del Constitucional. Expertos consultados por infoLibre ven oportuna la iniciativa del Gobierno al considerar excesiva la pena de prisión en delitos como el enaltecimiento del terrorismo.

El posible conocimiento de la cúpula del PP de la existencia de la caja b, los sobresueldos que habría cobrado parte de la cúpula del partido y la acusación de destrucción de los documentos que acreditarían esa financiación irregular serían los tres elementos sobre los que giraría el careo con el expresidente Mariano Rajoy que la defensa del extesorero Luis Bárcenas ha adelantado este lunes en el juicio que solicitará a la Audiencia Nacional.

El fiscal se opone a ahondar en las donaciones con la que el PP se habría financiado ilegalmente al ser objeto de una investigación aparte. El abogado del partido conservador utiliza un proyecto de ley del Gobierno de Pedro Sánchez para desacreditar a las acusaciones populares.

El abogado del extesorero prevé que haya contradicciones entre la versión de uno y de otro sobre la financiación opaca. Solicita además la comparecencia de varios periodistas sobre la grabación en la que Lapuerta supuestamente hablaba de la caja B.

La nueva estrategia de defensa de Bárcenas coincide con la de otros clientes de su abogado, los cuales ya han señalado a la expresidenta madrileña en el 'caso Púnica'. Anticorrupción ya ha pedido la citación del exsenador en la causa que investiga la financiación opaca del PP nacional, pero duda de que se vaya a autoinculpar y advierte de que, en todo caso, deberá presentar pruebas.

El órgano de gobierno de los jueces mantiene la composición de la mayoría absoluta de Rajoy al llevar en funciones más de dos años. El borrador de su informe, que no es vinculante, ve innecesaria la definición de consentimiento y cree que unir los delitos de abuso y agresión puede suponer mayor desprotección.

Las donaciones ilegales al PP ascendieron a ocho millones entre 1990 y 2009 en lo que el extesorero define como "un sistema institucionalizado de financiación en B". Villar Mir, con 530.000 euros, o Del Rivero, con 480.000, aparecen en la lista de donantes. La clave estará en determinar cuáles de esas aportaciones fueron finalistas para poder probar un posible delito de cohecho.

La destrucción de los papeles de la que acusa al expresidente implicaría un encubrimiento si éste no hubiese participado en ningún ilícito relacionado con la caja B. Anticorrupción dará traslado del escrito del extesorero a distintos juzgados que tienen causas abiertas que afectan al partido de Pablo Casado.

Revela que la caja B funcionaba desde 1982 y que Rajoy, Cospedal, Trillo, Acebes y Cascos recibieron sobresueldos. Justifica su confesión afirmando que le ha resultado "desalentador" conocer la 'operación Kitchen' y presta su colaboración para otras causas abiertas que afectan al PP.

Juan Pablo González fue el tercer magistrado recusado en la Audiencia Nacional por vínculos con el partido conservador, tras Concepción Espejel y Enrique López. Fue designado vocal del CGPJ en 2001 a propuesta del PP y también participó en varios cursos de FAES.

Tres plazas en el Supremo, otras tres en TSJ y dos en audiencias provinciales podrían ser renovadas a finales de febrero. La reforma de la Ley del Poder Judicial verá previsiblemente la luz en marzo, imposibilitando al órgano de gobierno de los jueces a llevar al Pleno de ese mes más designaciones discrecionales. Los vocales han llevado a cabo 71 nombramientos de este tipo desde que caducó su mandato a finales de 2018.