Yolanda González

El Parlament retoma su actividad esta semana con la duda de cómo se da trámite a la ley del referéndum mientras los conservadores demandan a los socialistas que apoyen al Gobierno y aplacen otro tipo de debates para después del 1-O.

La empresa adjudicataria, Grupo Workandlife SL, fue fundada en abril de 2002 por el exsecretario general del CDS José Ramón Caso. Desde octubre de 2003, la administradora solidaria de la sociedad es una hija del político centrista, Claudia Beatriz Caso.

La norma, ahora en trámite en el Senado, introduce mayores garantías para los trabajadores. Los contratos deben asegurar el cumplimiento de los convenios colectivos y la Administración puede rescindirlos si no se respetan los derechos laborales.

PP y C's sellaron un pacto con 150 compromisos. De los puntos que prometían cumplir en los primeros meses de legislatura, cuatro no son todavía una realidad, entre ellos la reforma del Impuesto de Sociedades o la consecución de pactos para la conciliación laboral o por la educación. Además, el PP ha llevado ante el Constitucional uno de los compromisos: el de la comisión de investigación sobre su presunta financiación ilegal.

El servicio de seguridad de los 48 aeropuertos españoles está externalizado por un acuerdo entre Aena y el Ministerio del Interior, un negocio que controlan cinco empresas. Eulen presta servicios en 21 aeropuertos, entre ellos El Prat, donde los trabajadores están en huelga por sus condiciones laborales. 

Ningún miembro de la Mesa ha renunciado al complemento mensual por formar parte de la Comisión de Reglamento, según la información oficial facilitada por el Congreso a infoLibre. Sólo en la legislatura breve de 2016, dos diputados socialistas renunciaron a cobrar.

La Generalitat envía semanalmente al ministerio los datos de gasto, pero no ha trasladado el listado de los interventores demandado por el Gobierno. Moncloa opta por un perfil bajo y evita hablar de posibles sanciones.

Las Asambleas de Madrid y Murcia descartan expresamente las enmiendas cuando una ley se aprueba por lectura única. Pese a ello, el hecho de que el nuevo Reglamento del Parlament no garantice las enmiendas en el procedimiento de lectura única es el argumento clave del recurso presentado por Rajoy ante el Constitucional contra la norma catalana.

La forma en la que ambas Cámaras regulan el trámite de lectura única es prácticamente idéntica. En el Congreso este procedimiento ha permitido aprobar la ley por la que se hizo efectiva la abdicación de Juan Carlos I, la reforma de la Ley del Tribunal Constitucional o la del artículo 135 de la Carta Magna.

Dirigentes del PP insisten en que cada paso del Govern hacia la consulta, "que no se va a producir", tendrá respuesta del Ejecutivo. Ven clave el pleno del Parlament previsto para el 6 de septiembre con el objetivo de aprobar la ley del referéndum.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictó el año pasado 15 sentencias relacionadas con España: 12 condenatorias y tres absolutorias. En total tramitó 626 demandas contra España, de las que 557 fueron inadmitidas o archivadas. El tribunal tiene aún 144 asuntos pendientes de resolver.

El presidente del Gobierno advierte contra el Pleno extraordinario sobre la corrupción del PP que piden PSOE y Podemos: "Lo exagerado acaba por ser irrelevante" y "la ansiedad no conduce a casi nada en ninguna faceta de la vida".

En lo que va de 2017, este órgano parlamentario comunitario ha admitido a trámite 121 peticiones, de las que 18 afectan a España. Las cuestiones a estudio van desde el medio ambiente hasta los abusos de la banca pasando por los derechos laborales.

El Comité Ejecutivo Nacional aprueba "todas las acciones conducentes a la obtención de ingresos para el partido". También nombra al tesorero, a propuesta del presidente del PP. Rajoy lleva 27 años en ese Comité Ejecutivo, desde que fue nombrado por Aznar vicesecretario general.

La dirección nacional del PP considera que la comparecencia de Rajoy no ha aportado "nada" al proceso y critican que las "tres acusaciones socialistas" hayan llevado "la política a la sede judicial". 

El presidente del Gobierno aprovecha un acto sobre el pacto contra la violencia de género para valorar su comparecencia como testigo ante la Audiencia.

Entre las entidades incumplidoras, Transparencia Internacional ubica al Congreso y al Senado. El mayor grado de incumplimiento se produce en los parlamentos autonómicos. Las diputaciones son las instituciones que mejor paradas salen en este ranking.

Maillo afirma que la acusación popular de Adade actúa "al dictado del PSOE" y la compara con Manos Limpias. Además, destaca lo bien "fundamentado" que estaba el voto particular del juez Hurtado, quien se opuso primero a que Rajoy declarase como testigo y luego a que lo hiciese de forma presencial.

Los consistorios de Madrid, Barcelona, A Coruña, Santiago, Ferrol, Zaragoza, Valladolid, Cádiz, Valencia y Huesca exhiben su malestar por las enmiendas registradas por Ciudadanos y el PDeCAT al proyecto de Ley de Contratación Pública.

"Queremos saber que nadie usa el dinero de todos para las pretensiones de unos pocos, como es el referéndum ilegal", anuncia Íñigo Méndez de Vigo. La decisión fue adoptada este viernes por la Comisión Delegada de Asuntos Económicos. 

Dirigentes del PP insisten en que Rajoy ha sido llamado para responder sobre las campañas electorales de municipios madrileños en las que no tenía ningún tipo de responsabilidad porque, en esos casos, la distribución y asignación de los gastos corresponden a la dirección provincial o local. Y consideran que las preguntas deben referirse sólo al sumario en cuestión.

Los conservadores ven "irresponsable" que Pedro Sánchez ponga ahora el foco en una reforma de la Carta Magna por la proximidad a la fecha elegida por la Generalitat para el referéndum.