Victoria Rosell: "Que el exjuez Alba pudiera ejercer de abogado me afecta a mí, pero también a cualquier cliente"

La exdelegada del Gobierno para la Violencia de Género, Victoria Rosell, ha vuelto a su puesto como magistrada de la sección primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas. Se trata del "lugar del crimen" en el que su excompañero y exjuez prevaricador Santiago Alba urdió, junto al exministro de Industria del PP José Manuel Soria, una treta para acabar con su carrera política que hubiera podido conducirla a la cárcel y a la expulsión de la carrera judicial. Si volver a ese lugar tras su salida del Gobierno fue duro, aún lo ha sido más pensar en que el delincuente podría aparecer en cualquier momento de nuevo por los pasillos del tribunal después de que el Colegio de Abogados de Las Palmas le permitiera colegiarse, algo que el Estatuto de la Abogacía prohíbe a los condenados por delitos que conllevan penas graves. Para evitar cruzarse de nuevo con su victimario, Rosell recurrió su admisión ante ese colegio insular y el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE). Finalmente ha sido el Consejo Canario de Colegios de Abogados quien le ha dado la razón, entre otros motivos porque ejercer la profesión sin cumplir los requisitos legales para hacerlo pudiera haber afectado a la sociedad en su conjunto y a potenciales clientes generando nulidades de resoluciones, acuerdos y otros actos.

infoLibre también charla con Rosell sobre la reciente polémica por los fallos en las pulseras antimaltrato. Dice que, si dieran fallos, el Gobierno debería actuar contra la adjudicataria y considera que todo forma parte de una campaña para minar la confianza de las mujeres en unos aparatos que salvan vidas.

El Estatuto de la Abogacía es muy claro, no puede colegiarse como abogado alguien condenado por delitos que llevan aparejada una pena grave, ¿cómo es posible que el exjuez prevaricador Salvador Alba lo consiguiera en el Colegio de Las Palmas?

Sabíamos que iba a intentarlo, porque tanto en el expediente de indulto como para acceder al tercer grado penitenciario, dijo que iba a tener trabajo como abogado. Entonces, aquí en el mundillo judicial algunos jueces y juezas comentaron que probablemente intentaría actuar a través de algún otro abogado que llevara temas de narcotráfico o corrupción. Se sabe que tanto en la cárcel de Estremera como en la de Salto del Negro, en las que estuvo preso, asesoró a policías y otros cargos públicos que habían cometido delitos. Las Palmas, además, es un lugar pequeño donde te acabas enterando de todo. Al principio pensé, 'bueno, pues estará trabajando así', porque yo no quería que no tuviera medios de vida, pero desde luego, lo que no quería era encontrármelo cara a cara en el tribunal o tener que ver escritos suyos. Yo soy una víctima de ese delincuente y tengo unos padecimientos y unas secuelas por los delitos que cometió contra mí. Y resulta que un día, un compañero magistrado me dice que se ha colegiado como abogado. Yo le dije, 'pero si no puede'. Y él: 'claro que no puede, pero lo ha hecho'.

¿Qué hizo entonces?

Lo primero que tuve que hacer fue pedir al Colegio de Abogados de Las Palmas que me notificara que efectivamente Alba se había colegiado, para confirmarlo y poder recurrir esa resolución. Una vez recibida presenté el recurso porque estaba clarísimo que legalmente no podía ejercer. Mi asociación, Juezas y Jueces para la Democracia, también se dirigió al Consejo Canario de Colegios de Abogados para que se reconsiderara la decisión. Ya no era solo el daño que me pudiera hacer a mí como víctima, sino el hecho de que su actuación como abogado, al no estar permitida, podría haber provocado nulidades en los procesos y sentencias en los que participara. Incluso podría haberme recusado en caso de que me llegara alguno de sus casos. Me lleva persiguiendo más de 10 años y en todo este tiempo ha jugado muy sucio.

Yo soy una víctima de ese delincuente y tengo unos padecimientos y unas secuelas por los delitos que cometió contra mí

Habla de las secuelas que sufrió por ser la víctima de sus delitos, ¿qué sintió al ver que se publicitaba como abogado con supuestos méritos obtenidos mientras estuvo en la judicatura?

Cuando tienes estrés postraumático, este tipo de situaciones te hacen revivir el trauma. Ya fue duro regresar al trabajo en la Audiencia, donde él también había trabajado y que era 'el lugar del crimen'. Por un lado era mi lugar de trabajo, pero por otro aquí se me había hecho un daño terrible. Con la trama que me tendieron Alba y el exministro José Manuel Soria, entre otras personas, lo que se pretendía es que la que acabara en prisión fuera yo y que se terminara mi carrera no solo política, sino también judicial. Hubo muchas personas que reconocieron mi labor, pero otras actuaron como si no hubiera pasado. El que entonces era presidente, cuando condenaron a Alba, dijo que era un día triste para la justicia. ¡Pero cómo va a ser un día triste si se ha hecho justicia y se había impedido que una inocente acabara en la cárcel! Pensar simplemente en la posibilidad de que Alba pudiera aparecer por algún pasillo, firmara un escrito, un recurso o acudiera a un juicio... Él sigue queriéndonos hacer el mayor daño posible, así que la posibilidad de que apareciera me retraumatiza.

Pero, además, tal y como dice el Consejo Canario de Colegios de Abogados en su última resolución, el hecho de que Alba ejerciera la profesión podría causar problemas, no solo a usted, sino también al resto de la ciudadanía...

Es muy lamentable que este señor haya sido abogado durante seis meses, pero el hecho de que el consejo canario de la Abogacía haya cumplido la ley y lo haya anulado, le honra. Su resolución ha sido impecable en forma y fondo. Cuanto más se tardara, más riesgo había de que ese señor celebrara juicios, acuerdos, sentencias... Actos viciados de nulidad al tratarse de una persona que no cumple con los requisitos para ejercer como abogado, como ha resuelto ahora el Consejo Canario de la Abogacía. Además, sería una nulidad radical, como si los actos en los que él hubiera participado no hubieran existido. Como si hubiera un delito de intrusismo: si el señor que te defiende no es abogado, el juicio es nulo, la sentencia es nula. Los efectos dañosos no solo eran para mí sino para el resto de la ciudadanía y para cualquier potencial cliente de este delincuente.

¿Puede presentar Alba un recurso contra la decisión del Consejo Canario de Colegios de Abogados?

Sí. Puede presentar un recurso ante los tribunales de lo contencioso-administrativo. Entiendo que yo ya quedaría fuera, salvo que me llamen como interesada, por tener interés legítimo como víctima de sus delitos. Sería un proceso del exjuez contra el Consejo Canario. Estoy segura que recurrirá. Ahora ya se ha cambiado el título de abogado por el de 'asesor legal'. No sé si puede conllevar cierto fraude de ley o puede ser que sea formalmente legal, pero desde luego, como abogado no puede actuar y no debería publicitarse como asesor legal. En su currículum mantiene méritos que el Consejo General del Poder Judicial ya ha desmentido, como que ha sido formador en la Escuela Judicial, algo totalmente falso. Incluso a raíz de mi recurso para que se le impidiera la inscripción como abogado, él mismo y su socio presentaron dos quejas en el CGPJ contra mí porque dicen que daño su prestigio profesional. Hoy mismo he solicitado al Consejo que las archive y le he pedido una reflexión sobre qué medidas pueden ayudar a que un delincuente no siga causando daño a su víctima a través del mal uso del régimen disciplinario.

Estos últimos días ha estallado una polémica sobre las pulseras antimaltrato. Algunos fallos en estos dispositivos se produjeron con el cambio de contrato de Telefónica a Vodafone y fue el anterior Ministerio de Igualdad el que lo cerró. ¿Hubo problemas en aquel momento? ¿Cómo fue la relación con la empresa saliente?

No es correcto decir que los problemas se produjeran por la nueva contratación. La nueva licitación obedece a problemas que llevaban más de una década produciéndose y a los que la anterior adjudicataria, que era Telefónica, no había puesto ninguna solución. Muchos fallos de alarmas innecesarias, de cobertura, y por supuesto, la manipulación por los agresores. Técnicamente se nos decía que no era posible un brazalete multiagresor, es decir, que permitiera localizar a múltiples agresores, pero hicimos un estudio de mercado que sentó muy mal a la entonces adjudicataria que demostró que, con la tecnología de 2021 sí que era posible. Si una se va a la hemeroteca de 2018, gobernando el PP y siendo ministra de Igualdad Dolors Montserrat, además de infrafinanciarse el servicio, no había ninguna mejora y las quejas eran muy superiores, tanto de pérdida de cobertura como de excesivas alarmas para las usuarias. Hay mucho interés económico y político en este debate.

Igualdad hizo una inversión importante para mejorar los dispositivos, pero las trabajadoras inciden en que las nuevas pulseras de Vodafone se dieron la mayor parte de los fallos ¿Cómo se lo explica?

Hay que distinguir entre lo que Vodafone se comprometió a cumplir y lo que se está cumpliendo efectivamente. Yo no puedo decir si hay incumplimiento porque ya no estoy allí, pero si lo hay, Igualdad debería abrir un expediente de penalidades [sanciones económicas]. Sobre los problemas de cobertura de los que se habla, ojo, que no es la cobertura de Telefónica frente a la de Vodafone, como quiso dar a entender el PP. Lo que se adjudicó por contrato es que todos los dispositivos tendrían tarjeta multi sim de manera que siempre iban a coger la señal de la operadora que más cobertura tuviera. Si esto no fuera así en la actualidad, sería un incumplimiento contractual. Pero no es culpa del pliego de condiciones sino de su ejecución. El pliego fue impecable: participaron técnicas del ministerio, la intervención General del Estado, la Abogacía del Estado, la división TIC (de nuevas tecnologías) del Gobierno. Tanto en la licitación como en la adjudicación se cumplió escrupulosamente la ley.

"Veo muchas ganas de sembrar desconfianza en las pulseras antimaltrato. Es una campaña que busca retraer la confianza de las mujeres en estos aparatos

¿Cree que los problemas con las pulseras se deben a que se trata de un servicio privatizado?

Desde el principio me manifesté a favor de que fuera un servicio público. Lleva siendo un servicio privado desde 2009, año en el que se contrataron las primeras pulseras. Hay tres aspectos: una tecnología que podría ser pública. En su día pregunté y, aunque me dijeron que todavía no estaba desarrollada, en el CSIC me aseguraron que era perfectamente posible desarrollar un dispositivo 5G muy pequeño que incluso podría meterse en una pulsera o un colgante. Lo que más complicado parece es tener el personal suficiente de seguridad que instala y desinstala los dispositivos. Pero también se podría hacer, no con personal de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, pero sí a través de las unidades de violencia de las delegaciones de Gobierno en las comunidades autónomas, duplicando el personal, ya que actualmente están infradotadas. De todas maneras, ninguna mujer ha sido asesinada con el dispositivo activo. La tercera pata es la empresa de telefonía y no hay ninguna pública, porque Telefónica la privatizó el PP de Aznar. Veo muchas ganas de sembrar desconfianza en este sistema como si se pretendiera que no crezca más. Es una campaña que busca retraer la confianza de las mujeres en estos aparatos. Espero que haya una campaña en sentido contrario, con información objetiva para las supervivientes, y siga creciendo el uso de dispositivos que indudablemente ayudan a la seguridad de las víctimas.