Un cepillado ilustrativo y antiilustrado

I.- En un alarde de imaginación político-teórica, el permanente candidato a la presidencia del gobierno Sr. Núñez Feijóo ha desvelado, al fin, los elementos básicos de su programa cuando llegue –si es que llega– a la cabeza del gobierno. Realizar una limpieza, en la acepción de cepillarse la mayoría de las leyes aprobadas a lo largo de las dos últimas legislaturas, según parece unos centenares. No ha desvelado, todavía, cuáles vayan a ser las víctimas de tal razia contrarreformista. Sin embargo, no ha podido evitar la tentación de anunciar, a bombo y platillo, que las primeras que caerán serán obviamente la Ley de Amnistía y la Ley de Memoria Democrática. Obviedad por otra parte harto significativa conociendo a los personajes, pues no deja de ser curioso que sean las dos normas que la ultraderecha de Vox odia con especial inquina. Hasta tal punto es maldecida la memoria democrática, que cuando el partido ultra ha tenido parte en los gobiernos autonómicos, la primera condición que ha puesto ha sido la derogación de la referida ley en la autonomía en cuestión. Empresa francamente complicada si se cae en la cuenta de que se trata de una ley estatal, aprobada por el Parlamento de la nación, sobre la que no tienen competencia las autonomías. A no ser que el Sr. Núñez Feijóo nos esté anunciando que cuando llegue a la Moncloa –si es que llega– devolverá los cadáveres del dictador Franco y de José Antonio Primo de Rivera al “Valle de los Caídos”; o los restos de los desenterrados de las fosas comunes o de las cunetas a los mismos lugares donde fueron encontrados y, por qué no, restituir los antiguos nombres de los “héroes” de la dictadura a las calles y plazas de la sufrida España, volviendo a declarar hijo adoptivo,  predilecto o ciudadano de honor al “invicto” Caudillo en un mogollón de pueblos y ciudades de la piel de toro. Incluso a lo mejor se les ocurre volver a declarar legales y conforme a derecho a las miles de sentencias con las que nos condenaron los tribunales de la dictadura, ya fuesen militares, el Tribunal de Orden Público o el Supremo, en su larga trayectoria de aberraciones jurídicas. Pues todo lo anterior forma parte, entre otros, del contenido de la Ley de Memoria Democrática, que con tanta ansia y rapidez se quiere derogar. 

II.- Sin embargo, lo más preocupante es saber por qué la derecha, incluida la que se considera democrática, manifiesta esa animadversión a una ley que lo único que pretende es recuperar la memoria de la democracia, es decir, lo que significó la dictadura, en todos los órdenes, sus consecuencias y lo que costó acabar con ella. Por ejemplo, en Francia, Italia o Alemania sería inimaginable que la derecha democrática se opusiera a que se conociera lo que supuso la lucha contra el fascismo, o que se honrara a los que lucharon por la libertad. En una ocasión, un expresidente de la derecha francesa, durante su mandato, estableció que en todas las escuelas de Francia, al inicio del curso escolar, se leyera la carta que un joven resistente comunista escribió a su madre antes de ser fusilado. ¿Ustedes se imaginan algo parecido aquí, en los mandatos de Aznar o Rajoy? La única explicación lógica que se me ocurre es que la actual derecha española –cómo ya señalé hace más de 20 años– no se ha sentido nunca identificada con la lucha por la libertad y la democracia. Considero que tal actitud es un error, pues sectores del centro derecha de entonces –democristianos, liberales, etc.– formaron parte de una manera u otra de la oposición a la dictadura, participaron en los organismos de unidad democrática y ya antes sufrieron la represión cuando organizaron lo que el franquismo llamó el Contubernio de Münich. Lo triste del caso es que la actual derecha no es la heredera de la que forjó, junto con las izquierdas, la llamada Transición, sino que son los sucesores de la Alianza Popular que lideraron Fraga Iribarne y los llamados “siete magníficos” ministros de Franco. Y esta mala fortuna es lo que explica muchas cosas que sólo dejo apuntadas, entre otras que no apoyaran la amnistía de 1977 –símbolo de la reconciliación nacional–, ni han tenido el más mínimo interés en que se conociera lo que aconteció durante la dictadura.

Lo más preocupante es saber por qué la derecha, incluida la que se considera democrática, manifiesta esa animadversión a una ley que lo único que pretende es recuperar la memoria de la democracia, es decir, lo que significó la dictadura

III.- En cuanto a la amnistía, a los que participaron del llamado procés, creo que fui una de las primeras personas ajenas al nacionalismo que sostuvo públicamente en TVE que, en mi opinión, era acorde con la Constitución, pues los argumentos que se esgrimían en contra no eran atendibles desde ese punto de vista. Al final, así ha sido, y el Tribunal Constitucional, competente para dilucidar estas cuestiones, ha resuelto que la ley es conforme a la Ley de Leyes. No obstante, el líder de la oposición anuncia que la derogará en cuanto llegue al gobierno –si es que llega–. Imagino que se refiere a una posible mayoría parlamentaria que surja de las próximas elecciones, pues que yo sepa ni el presidente ni el gobierno en pleno tienen facultades para derogar una ley. Lo que viene a decirnos en realidad el presidente del PP –aviso a navegantes– es que sólo concibe gobernar con Vox, ya que barrunto que ningún otro grupo o partido del arco parlamentario estaría dispuesto a derogar una ley que han votado a favor. No se entiende muy bien esa propuesta a no ser la de ser fieles a la tradición de la derecha radical de oponerse a las amnistías –ya lo hicieron en el 77–, con la excepción de las fiscales, de las que parecen ser aficionados. De otra parte, resulta un tanto torpe anunciar tal propósito, cuando sería más inteligente dejar puertas abiertas cara al futuro –acuerdos con Junts, etc.–, salvo que la decisión de atarse a Vox sí o sí ya esté tomada.

IV.- Ahora ha surgido el peregrino argumento recogido por un abogado español de la Comisión Europea, nombrado por el PP, de que la amnistía declarada constitucional es ilegal o no válida porque se trataría de una “autoamnistía”. Hay que ver las cosas que hay que oír y en boca de juristas o políticos de tronío. Porque no sé si han caído en la cuenta de que las amnistías, salvo raras excepciones, son siempre autoamnistías. La mayor autoamnistía de todas fue, en el caso de España, la de 1977, en la que se amnistió a víctimas y victimarios por un Parlamento en el que estaban representadas las víctimas y los victimarios, mientras que en el caso actual, los “autoamnistiados” serían una exigua minoría. Todavía hay quien sostiene que la izquierda no debería descartar el apoyar en el futuro la investidura de la derecha, dando por hecho erróneamente que ganarán las próximas elecciones, con el fin de evitar a los ultras. Como si esto fuera Alemania y no viéramos el resultado, para la izquierda, en el país germánico. En fin, cuantas menos inconveniencias se digan y propongan, mejor.

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Nicolás Sartorius es presidente del Consejo Asesor de la Fundación Alternativas.