Ni "concierto" ni "cupo": el Gobierno quiere aplicar el modelo pactado con Illa al resto de autonomías

Ni concierto ni cupo catalán. El modelo de financiación autonómica que el Gobierno central y la Generalitat de Salvador Illa han pactado este lunes en la comisión bilateral abre la puerta a que Cataluña pase a recaudar, liquidar e inspeccionar la totalidad de los impuestos soportados por la comunidad autónoma. Una posibilidad que también se ofrece al resto de comunidades que así lo deseen. Lo que propone el acuerdo es que el sistema se sustente con los ingresos que las autonomías generarán a partir de la recaudación y gestión de todos los impuestos, en lugar de por las aportaciones periódicas que ahora sufraga el Estado. El acuerdo también incluye el desarrollo de una Hacienda propia —en este caso catalana— para "que trabaje de forma autónoma pero en colaboración" con el Estado. 

Esta reforma fue una de las condiciones que impuso Esquerra Republicana para investir a Salvador Illa el pasado año como president de la Generalitat, pero hará falta algo más que la voluntad del Gobierno de Pedro Sánchez, que prevé aprobarla en el Consejo de Ministros y debatirla tras el verano en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), el principal órgano de coordinación financiera entre el Gobierno y las autonomías, para que se convierta en realidad.

La clave es que requerirá también una reforma legislativa —de la ley de financiación de las comunidades (LOFCA)— que no podrá salir adelante si el Ejecutivo no logra recabar el apoyo de todos los socios de la investidura en el Congreso, al menos 176 de los 350 diputados. Y algunos como Junts ya han anticipado su rechazo. Por ello, Gobierno y Generalitat han evitado definir un calendario fijo para que entre en vigor este nuevo sistema.

Para el conseller de Presidència, Albert Dalmau, y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, encargados de comparecer en el Palau de la Generalitat este lunes, el acuerdo supone un "cambio de paradigma", una "nueva arquitectura" del modelo de financiación pero que, a diferencia de lo que defiende la derecha, no implica "privilegios" para Cataluña. "No es una cuestión de privilegios, sino de las competencias que tiene cada comunidad autónoma", aseguró Dalmau. "El acuerdo sienta las bases para que en la reforma del sistema de financiación autonómica se tengan cuenta las singularidades de Cataluña al igual que [las de] el resto de las comunidades autónomas", completó Torres. Una reforma autonómica que, según el conseller catalán, es "necesaria" ya para todo el país.

El nuevo modelo de financiación, sin embargo, también cumplirá con el "principio de ordinalidad"; esto quiere decir que Cataluña no perderá posiciones al recibir recursos una vez haya aportado a la caja común. Es decir, si es la segunda que más dinero aporta, debe ser también la segunda que más dinero recibe. Principios que deberá compaginar con la cuota de "solidaridad", lo que significa que ni Cataluña ni ninguna otra autonomía pueden dejar de contribuir a los gastos del Estado. ¿Y cuánta cantidad deberá aportar? Eso se definirá en una "cesta de tributos" que fijará la aportación de Cataluña y que se calculará con "criterios objetivos y comprobables", aunque ni el Gobierno ni la Generalitat han especificado más detalles.

Un modelo caducado que no convence a nadie

La financiación de las autonomías es un universo muy complejo porque abarca más ámbitos que los propios fondos que el sistema proporciona a las autonomías, ya que hay que sumar el resto de recursos que tienen a través de los tributos propios, las transferencias de los presupuestos generales del Estado y los fondos europeos, por ejemplo. Las comunidades pueden obtener financiación acudiendo al endeudamiento —la mayoría lo hace a través del Fondo de Liquidez Autonómico— y, hace unos meses, Hacienda anunció que el Estado condonaría parte de esa deuda. Un anuncio que contó con el rechazo frontal de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, ya que la Comunidad de Madrid nunca ha utilizado el mecanismo del FLA para endeudarse, sino que lo ha hecho a través de los bancos.

De hecho, a través de esa norma se articularon varios fondos para esas compensaciones entre autonomías: el fondo de suficiencia global, el fondo de convergencia y el fondo de garantías de servicios públicos fundamentales. Con este último se habilitó la vía para que las autonomías reciban teóricamente los mismos recursos por habitante en términos de población ajustada o unidad de necesidad. Y ahí se establecieron singularidades a ponderar: la población, la superficie, la dispersión, la insularidad, la población mayor de 65 años y la población entre 0 y 16 años. De hecho, el propio líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, fue el que luchó en 2009, cuando era presidente de la Xunta, para que se incluyeran criterios singulares a la hora de calcular la financiación, como la dispersión y el envejecimiento, dos características singulares de la demografía gallega.

Otro de los puntos principales del sistema de financiación que sigue vigente es la aportación de los tributos cedidos, como los de transmisiones, sucesiones, donaciones, juego, hidrocarburos y sobre determinados medios de transportes, que algunas comunidades bonifican —las del PP, en su gran mayoría— y otras no. Más allá de las particularidades, todas las comunidades autónomas asumen que esos criterios ya no funcionan porque el actual sistema se ideó en 2009 bajo el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero. El modelo caducó en 2014, pero Mariano Rajoy, que era quien presidía el Gobierno entonces, fue incapaz de abrir una negociación para su modificación y ni siquiera llegó presentar una propuesta.

El presidente Pedro Sánchez realizó tímidos avances, pero la legislatura pasada tampoco llegó a presentar una propuesta concreta. Ahora, el Ejecutivo sí cree que puede ser el momento de abordarlo y juega también con los intereses contrapuestos de las autonomías del PP, algunas de las cuales, por ejemplo la Comunitat Valenciana, batallan desde hace años para librarse de su infrafinanciación. Se trata de un asunto central para todas las autonomías, pero capital en el caso de los valencianos y los andaluces, que denuncian desde hace años su situación, al igual que Murcia. Las dos primeras calculan que pierden cada año 1.700 millones de euros y creen que es insostenible que esta situación se prolongue indefinidamente, aunque después sus políticas fiscales vayan en otra dirección.

Pero no todas lo ven igual. En buena parte de las comunidades del norte quieren poner el acento en aspectos demográficos como la despoblación, el envejecimiento o la involución de las áreas rurales. Otras, las que más dinero tienen, como Cataluña y Madrid, prefieren fijarse en el citado criterio de ordinalidad, y las últimas, como Extremadura, reclaman con énfasis que el reparto tenga en cuenta el paro estructural, uno de los principales males de esta región.

Rechazo del PP y de Junts por motivos opuestos

El Gobierno quiere que el modelo se extienda a otras regiones. Además de Torres, la nueva secretaria de organización del PSOE, Rebeca Torró, afirmó este lunes que la solidaridad entre los españoles no se va a romper. “Existen debates y acuerdos bilaterales entre el Gobierno y otras comunidades. Vamos a preservar esa solidaridad. No habrá sistema de financiación que no sea aprobado por todas las comunidades autónomas", aseguró.

En el PP, sin embargo, se oponen argumentando que supone “una compra de votos mediante acuerdos de manera bilateral", en palabras de su vicesecretario de Hacienda, Juan Bravo. "Hablan de financiación singular, cuando realmente lo que están hablando es de un concierto en los términos que están en el País Vasco y Navarra, e incluso en peores condiciones", argumentó en RNE, pese a que tanto el Gobierno como la Generalitat han incidido en que se trata de un modelo extrapolable a otras autonomías.

A pesar del revuelo, la financiación singular de Cataluña no es un tema ajeno al Partido Popular. Esta idea ha rondado durante años en círculos populares e incluso el PP catalán lo llegó a proponer en las elecciones de 2012 en su programa. Su entonces presidenta, Alicia Sánchez-Camacho, llevó la idea también a Génova 13, aunque fue rechazada por la entonces secretaria general de Rajoy, María Dolores de Cospedal. Pero Feijóo no desdeñó la propuesta durante una conferencia en 2016 cuando era presidente de la Xunta de Galicia y reconoció que esa vía se podía plantear.

El acuerdo tampoco ha gustado a Junts, pero por motivos opuestos: les parece insuficiente. Este lunes el vicepresidente de la formación, Antoni Castellà, ha tachado de "muy decepcionante" el acuerdo y ya ha advertido de que "todo lo que no se acerque a un concierto económico y no suponga salir de la LOFCA" tendrán que "dejarlo correr": "No tendrá nuestro apoyo", afirmó. Es decir, la formación de Carles Puigdemont amaga con votar en contra de esta reforma cuando llegue a la Cámara Baja, lo que supondría que nunca llegara a ver la luz ante el previsible voto en contra del PP y Vox.