Bares, calles y falangistas mantienen vivo a Franco pese a la ley de memoria: "Falta voluntad política"

Tomarte un café en el bar Una Grande y Libre, darte un paseo por la calle del General Millán Astray o encontrarte una marcha de Falange entonando el Cara al Sol. Lo que parece el día a día de un ciudadano en pleno auge de la dictadura, se puede seguir haciendo en España en 2025. Estas situaciones ocurren 50 años después de la muerte del dictador Francisco Franco y bajo una Ley de Memoria Democrática que, desde 2022, tiene como objetivo acabar con cualquier tipo de enaltecimiento del régimen franquista.

La Falange Española de las JONS convocó una misa el pasado 6 de noviembre en homenaje a sus "caídos" en la Iglesia de Santa María la Real (Sevilla), en pleno centro de la capital andaluza. La convocatoria fue ampliamente denunciada por asociaciones memorialistas como un acto de exaltación franquista y el templo decidió cancelar el acto. Pese al cierre de puertas, unos 80 jóvenes —la mayoría entre los 25 y 30 años— optaron por reunirse en la calle, donde entonaron el himno Cara al Sol y realizaron el saludo falangista con el brazo en alto. Una imagen similar se registró el 12 de octubre en Vitoria-Gasteiz con otra concentración de los falangistas, que acabó con enfrentamientos y lanzamiento de objetos ante la llegada de jóvenes antifascistas vascos.

Esta exaltación no solo corre a cargo de grupos de extrema derecha, sino que también aparece en restaurantes y en el callejero de toda España. Un ejemplo paradigmático es Casa Pepe, en Venta de Cárdenas (Ciudad Real), un local que, desde hace décadas, exhibe calendarios con la imagen de Franco, llaveros de iconografía falangista o banderas franquistas con el águila de San Juan como parte de su decoración permanente. Algo similar ocurre en Casa Olga (A Guarda, Pontevedra), donde se han documentado cenas amenizadas con el Cara al Sol, o en Una Grande y Libre (Madrid), cuyo ventanal exhibe una imagen de Franco combinada con banderas de España y decoración alusiva a la División Azul.

Además de los bares, hay ayuntamientos que han decidido conservar vestigios del franquismo que la ley pretende erradicar. Por ejemplo, el municipio de Llanos del Caudillo (Ciudad Real) mantiene en su nombre oficial la mención al "Caudillo", y en las localidades de Muel (Zaragoza) y El Barraco (Ávila) continúa en el callejero la Calle del General Franco. Son decisiones que, aunque la legislación identifica como contrarias a la memoria democrática, no se han revertido.

Ley de memoria efectiva, pero sin aplicación

La Ley de Memoria Democrática, en vigor desde 2022, establece de manera explícita la obligación de retirar cualquier elemento que exalte la sublevación militar, la dictadura o a sus protagonistas, tanto si están colocados en espacios públicos como si proceden de inmuebles privados con proyección al exterior. El texto también prohíbe los actos públicos de enaltecimiento del franquismo —desde cánticos y símbolos hasta manifestaciones organizadas con ese fin— y prevé sanciones administrativas y económicas para los responsables.

No obstante, para que ese régimen sancionador funcione a pleno rendimiento, el artículo 36 de la norma obliga al Gobierno a elaborar un catálogo estatal de vestigios franquistas, una herramienta clave que permitiría acelerar los expedientes y ordenar retiradas. Tres años después, ese catálogo sigue sin publicarse, aunque el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha anunciado este martes en el Consejo de Ministros la aprobación de un Real Decreto que permitirá su elaboración.

Esa falta de ejecución es precisamente la crítica que repiten los expertos y las asociaciones. El abogado Eduardo Ranz, especializado en memoria, sostiene que "la ley es clara y plenamente aplicable", pero que la Administración "ha optado por una interpretación pasiva que convierte un marco garantista en papel mojado". "Si el Estado quisiera actuar, ya lo habría hecho, pero quien tiene que sancionar no sanciona y es lo que no se entiende", añade.

Queralt Solé, doctora en Historia Contemporánea por la Universidad de Barcelona, también critica "una falta de proactividad". "En el fondo ha sido muy difícil llegar a esta ley, pero tiene tantos decretos que desarrollar para activar sus distintas facetas que no consigue verse su implementación en el día a día", incide.

Falta de sanciones

La norma establece un régimen sancionador con tres niveles de infracciones —leves, graves y muy graves— y multas que oscilan entre 200 y 150.000 euros, según la gravedad del hecho. Entre las infracciones muy graves se incluyen los actos públicos de exaltación o enaltecimiento del golpe de Estado, la dictadura o sus dirigentes, mientras que las graves comprenden aquellas actuaciones realizadas en lugares de acceso público que supongan descrédito o menosprecio a las víctimas o que inciten a la violencia contra ellas. Las leves, por su parte, se aplican al incumplimiento de los requerimientos de la Administración, por ejemplo cuando no se retiran elementos identificados como contrarios a la memoria democrática.

En todos los supuestos, la Secretaría de Estado de Memoria Democrática es el órgano encargado de incoar los expedientes: identificar la infracción, abrir el procedimiento, escuchar alegaciones y dictar resolución. Tres años después de la entrada en vigor de la ley, solo se conoce una sanción. Tras una denuncia presentada por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) en 2022, se sancionó a Falange Española de las JONS con una multa de 10.000 euros por el acto de conmemoración del 20N.

Sin embargo, tanto Silva como Ranz denuncian que no se han conocido más sanciones contra exaltaciones franquistas que ocurren cada pocas semanas. "La ley prevé un régimen sancionador eficaz y operativo. No hay ningún impedimento jurídico para aplicarlo, lo que hay es una falta de voluntad política". Ranz insiste en que la Secretaría de Estado "podría haber actuado de oficio en cientos de ocasiones". Fuentes del Ministerio de Memoria Democrática señalan que todas las manifestaciones se estudian desde la Dirección General de Atención a las Víctimas y que se abre expediente "cuando existen claras manifestaciones que atentan contra la dignidad de las víctimas".

Emilio Silva sostiene que, si las sanciones se aplicaran con rigor, la situación sería completamente distinta. "La gente que promueve estos discursos está viendo que no tiene consecuencias. Si hay una total impunidad, lo que estás facilitando es que se siga expandiendo ese discurso franquista", denuncia.

Responsabilidad en los ayuntamientos

El artículo 35 de la ley establece que los elementos contrarios a la memoria democrática situados en espacios privados con proyección pública —como iglesias, restaurantes o fachadas visibles desde la calle— deben ser retirados por sus propietarios, y faculta a la Administración para actuar en caso de incumplimiento. Ranz recuerda que él mismo llevó un caso para que la Catedral de Ourense retirara un elemento de exaltación que estaba en un espacio de acceso público.

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Sin embargo, locales como Casa Pepe, Casa Olga o Una Grande y Libre continúan exhibiendo simbología falangista o franquista sin que se hayan abierto expedientes visibles. Para Silva, estos establecimientos "viven en un limbo jurídico" y la ley "abre la posibilidad de multarles, pero no de clausurar los locales". Según el presidente de ARMH, las asociaciones se han "cansado de denunciar" este tipo de espacios porque nunca ven resultados y no quieren aumentar su notoriedad.

Solé también incide en que el Ministerio de Memoria Democrática, pese a los avances, "debe realizar una mayor presión para la retirada de vestigios franquistas del callejero". Aunque la norma identifica expresamente como contrarios a la memoria democrática los topónimos, calles y denominaciones que homenajean a la dictadura, el Gobierno mantiene que la responsabilidad de retirar esos vestigios recae en los ayuntamientos. El Ejecutivo se ampara en los artículos 35 y 14 de la norma, que apelan a la competencia municipal y al principio de subsidiariedad entre administraciones, y sostiene que son los consistorios quienes deben aprobar en pleno el cambio de calles o la eliminación de referencias franquistas. Esta interpretación deja, en la práctica, la retirada en manos de gobiernos locales que a menudo se niegan a cumplir la ley. Por ejemplo, Madrid mantiene seis calles con denominaciones franquistas y el conocido Arco de la Victoria en Moncloa.

Para Emilio Silva, esta falta de responsabilidad del Estado perpetúa la impunidad. "Hay una ley de lo contencioso-administrativo con la que el Estado podría perseguir a los ayuntamientos que no aplican la ley y que tienen la obligación de hacerlo", detalla. En su opinión, el problema no es la letra de la ley, sino la falta de voluntad para hacer memoria desde todos los ámbitos.