Las víctimas de residencias cargan contra la estrategia del odio de Ayuso: "No tiene alma, empatía ni corazón"
Ramona Carvajal fue una de las primeras en sufrir un desprecio institucional convertido en norma. Era 26 de junio de 2020. No habían pasado ni tres meses desde el fallecimiento de su madre Alejina en la Fundación Jiménez Díaz, a la que llegó tras casi un mes enferma en la residencia Vitalia de Griñón, un municipio del sur de Madrid. Y asistía ojiplática al enésimo intento de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de negar la evidencia. El Ejecutivo regional rechazaba, a pesar de su publicación en infoLibre, la existencia de los Protocolos de la Vergüenza. Pero Carvajal tenía una grabación con la doctora que trató a su madre que evidenciaba la existencia y aplicación de los mismos. Un audio que se publicó en los medios. Y que Ayuso despachó a su manera aquel viernes: "[No se pueden sacar conclusiones] de conversaciones, opiniones, 'porque yo quise', 'porque yo creo', 'porque yo dije'...".
Han pasado casi seis años de aquella primera ola de la pandemia, en la que 7.291 usuarios de residencias murieron –solo en los meses de marzo y abril– sin recibir atención hospitalaria. Y la baronesa conservadora y el Ejecutivo regional mantienen la confrontación directa. Es una guerra tremendamente desigual con un objetivo claro: deslegitimar a las víctimas para intentar que su lucha por la verdad y la justicia se vea como una simple maniobra política. Una estrategia del odio que no es nueva. Ya se desplegó con Pilar Manjón y su asociación tras los atentados del 11M. O con Curra Ripollés y la suya tras el accidente del Yak-42.
Algo de esto sabe Maite Rodríguez. Al fin y al cabo, contra ella disparó públicamente Miguel Ángel Rodríguez, el todopoderoso jefe de Gabinete de Díaz Ayuso. Sucedió hace casi un año, cuando apareció en el programa Lo de Évole contando cómo su madre, Petra, había fallecido en la residencia Los Ángeles de Getafe. Era la primera vez que aparecía en los medios. Y se encontró con una mano derecha de la presidenta desatada en redes un domingo noche. "Si estos testimonios nos dan su nombre, comprobaremos si es verdad y cuántas veces al año visitaban a sus familiares", escribió. Y media hora después, añadió: "La primera señora que sale –era Maite– no tenía a su madre en ninguna residencia de la Comunidad de Madrid".
Era mentira. Y tuvo que rectificar a la mañana siguiente. Pero el daño ya estaba hecho. Su bulo, que fue compartido más de siete centenares de veces, tuvo más de un millón de visualizaciones. "A día de hoy, sigue sin borrar esos mensajes", recuerda la mujer. Desde la oposición pidieron su cese. Pero Ayuso le arropó. De nuevo, despreciando a las víctimas. "Siempre están criticándonos con lo mismo. Siempre nos están llevando con las mismas mierdas", lanzó desde su escaño en la Asamblea de Madrid, al tiempo que, siguiendo el guion clásico, acusaba a la izquierda de "retorcer el dolor de las víctimas".
Desde la cúspide política e institucional de la región, con la potencia mediática que eso tiene, ha hablado de "mareas de rebotados" –en referencia al movimiento Marea de Residencias– que han quedado fuera de las listas electorales de la izquierda. O ha sostenido que tras la lucha por la justicia de las víctimas hay un negocio: "Cuatro frustrados que quieren vender libros". Misma estrategia desplegada esta semana. El lunes, dijo que se estaba "implementando un relato para retorcerlo y vivir de él" por parte de "activistas y ex políticos". Y el miércoles, calificó a las víctimas como "plataforma de frustrados de la izquierda".
"Es inhumano. Sientes impotencia, rabia, dolor"
"Me indigna pensar que en algún momento podamos llegar a normalizar que personas con poder en las instituciones se puedan permitir el lujo de destrozar la vida dos veces a las familias", lanza Rodríguez. "Es inhumano. Sientes impotencia, rabia, dolor", coincide Carvajal. Una carga que llevan arrastrando casi seis años. María Amor Gutiérrez habla de "crueldad", "maldad" y "falta de empatía" con unas personas que, en algunos casos, han necesitado apoyo psicológico para seguir mirando hacia delante. Ella perdió a su madre, Eleuteria, en la residencia Sanitas de Carabanchel, donde apenas llevaba mes y medio. Con 94 años, no la derivaron a ningún hospital. "Era muy buena y tuvo que sentir mucha tristeza", dice al otro lado del hilo telefónico.
Más suerte tuvo la madre de Carmen Martín. Ella no murió. Pasó el coronavirus de forma asintomática en la residencia Valdeluz de Leganés. Pero eso no suaviza ni un ápice la indignación que siente su hija cada vez que escucha los exabruptos, insultos o humillaciones de la presidenta madrileña: "No tiene alma, no tiene empatía, no tiene corazón". Una estrategia de odio que, coinciden varias de las víctimas, busca poner a parte de la sociedad en su contra. Y eso, tiene consecuencias. "Es raro el acto en el que no pase una persona que nos insulte", expone Carvajal. "Con un desprecio, con un odio", completa Martín.
Un clima de odio que también conoce Mercedes Huertas, cuyo padre, Juan, falleció en la residencia Adolfo Suárez. "Todos los días recibo insultos o amenazas", señala. Y al que también hace mención Carmen López: "En las redes recibimos insultos constantemente, pero somos conscientes de a lo que nos exponemos". Su madre, Carmen, falleció en un hospital tras estar cuatro días agonizando en la residencia Parque Los Frailes, en Leganés. Ella, en principio, estaba dentro del grupo de residentes a los que se impedía la derivación –estaba en silla de ruedas–, pero un error de la médica de la centro, que pensaba que la mujer caminaba, permitió el traslado.
En la misma rueda de prensa en la que tildaba a los familiares de las residencias de "plataforma de frustrados de la izquierda", Ayuso defendió su misa funeral en la catedral de La Almudena como un acto de "apoyo y respeto" a las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz. El doble rasero ante la tragedia. "En nuestro caso, no se ha hecho ningún homenaje", recuerda Gutiérrez. "¿Por qué somos víctimas de segunda? Fallecieron en condiciones inhumanas", asevera Carvajal. "Ha sido el mayor homicidio de la democracia", remata Huertas.
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Las víctimas con las que ha charlado infoLibre también enmarcan los últimos improperios de la presidenta regional en el actual contexto judicial, con algunos de sus ex altos cargos investigados en diferentes causas por un delito de denegación discriminatoria de la asistencia sanitaria. "Ve que se le empieza a acercar el problema", desliza López. El pasado lunes, Carlos Mur, ex director de Coordinación Sociosanitaria y firmante de los famosos protocolos que impedieron la derivación de residentes a hospitales, confirmó al juez que por encima de él en el organigrama tenían conocimiento de los mismos.
Era la primera vez que Mur declaraba como investigado en un juzgado. En su comparecencia, trató de reducir su participación en los protocolos a una labor de coordinación, revisión, firma y envío. Y dijo que los mismos habían sido redactados por Francisco Javier Martínez Peromingo, quien luego le sucedería en el cargo, y otros 22 geriatras más. El pasado diciembre, este último trató de sacudirse su responsabilidad diciendo que los protocolos eran discriminatorios y que traslado por escrito su oposición a los mismos a Mur.
Uno y otro, eso sí, coincidieron en señalar que las residencias no se medicalizaron. Algo que sabía perfectamente el Gobierno regional. El 20 de marzo de 2020, Mur envió un correo electrónico, desvelado por El País, con copia a dos consejeros –entre ellos el de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero– y a tres altos cargos alertando de que el plan de medicalizar las residencias no estaba funcionando y de que habría que trasladar a los hospitales a más personas de las previstas. Tres días antes, Ayuso había dicho en Telecinco que "en su práctica totalidad" las residencias "están todas medicalizadas". Mintió, una vez más.
