Ceuta: la crisis que no llegó sola

La pregunta útil ya no es cuántas personas cruzaron la frontera de Ceuta durante los días 30 y 31 de julio. La pregunta que importa es cómo pudo producirse una movilización de semejante magnitud sin una respuesta preventiva suficiente, por qué el Estado tardó casi un mes en establecer una dirección única y quiénes están pagando ahora el precio. Contar de nuevo la avalancha solo reproduce el estruendo. Conviene mirar debajo: allí aparecen una desinformación cuidadosamente amplificada, la fragilidad de una frontera externalizada, la opacidad de Marruecos, los fallos del Gobierno español y una oposición más interesada en cobrar la crisis que en resolverla.

Nada de esto parece haber nacido de la nada. Una sentencia del Tribunal Supremo sobre las devoluciones inmediatas de quienes llegan a nado fue deformada en redes sociales hasta convertirla en la falsa promesa de una frontera abierta. Un análisis de más de 1.100 publicaciones en árabe localizó un mismo mensaje engañoso repetido más de doscientas veces el propio 30 de julio. Las organizaciones criminales pudieron aprovechar ese combustible. Pero una chispa digital no explica por sí sola que decenas de miles de personas se concentren y avancen desde un territorio sometido al control de las autoridades marroquíes. Las redes convocan; los Estados vigilan, permiten, impiden o miran hacia otro lado.

No hay pruebas públicas concluyentes de que Rabat ordenara la entrada masiva. Afirmarlo como hecho sería irresponsable. Pero tampoco es serio confundir la falta de una prueba definitiva con la ausencia de responsabilidad. Marruecos controla su lado de la frontera, conoce la capacidad de presión que le concede la migración y mantiene una reivindicación política sobre Ceuta y Melilla. Que después colaborase en los retornos no borra lo ocurrido antes. Ayudar a apagar el incendio no responde a la pregunta de quién dejó acumularse la leña. España lleva años entregando una parte de su seguridad fronteriza a un socio que puede convertir esa dependencia en palanca diplomática. Esa es una causa estructural de la crisis y también una vulnerabilidad que el Gobierno se resiste a reconocer.

Dentro del Estado, la descoordinación quedó expuesta por las versiones incompatibles de Defensa e Interior. Margarita Robles sostuvo que el CNI compartió información los días anteriores y que el 29 de julio trasladó la convocatoria para entrar a nado aprovechando el Día del Trono marroquí. Fernando Grande-Marlaska insistió en que no hubo informe ni aviso capaz de anticipar lo que sucedería. La Delegación del Gobierno negó haber recibido una alerta de esa magnitud, aunque admitió que conocía el aumento diario de entradas por mar. La discusión sobre si existió un «informe» escrito o solo «información» oral parece una cortina semántica. Lo que debe aclararse es quién sabía qué, cuándo lo supo, a quién se lo comunicó y por qué no se reforzó el dispositivo. Sin una investigación transparente y, si es necesario, la desclasificación de documentos, cada ministerio seguirá protegiendo su versión mientras la verdad queda en tierra de nadie.

Pedro Sánchez sí viajó a Ceuta el 31 de julio. Negarlo sería faltar a los hechos. Lo criticable es que aquella visita no se tradujera después en una dirección política sostenida y visible. El presidente ceutí reclamó un mando único el 10 de agosto; el Gobierno no lo creó hasta el día 25, cuando declaró la situación de interés para la seguridad nacional. El plan de choque de 309 millones de euros llegó el 1 de septiembre. Las medidas pueden ser necesarias e incluso ambiciosas, pero su calendario cuenta una historia incómoda: primero se dejó crecer la percepción de abandono y después se intentó apagarla con coordinación y dinero.

Tampoco ayudaron las explicaciones presidenciales sobre sus vacaciones. "He trabajado y he descansado, son mis derechos", respondió Sánchez. Jurídicamente es indiscutible; políticamente, resulta glacial cuando una ciudad sigue desbordada y cientos de menores duermen fuera del sistema de protección. El debate no era el derecho de un presidente a descansar, sino su obligación de transmitir presencia, mando y urgencia. Sugerir que el rey visite Ceuta puede tener valor institucional, pero no sustituye la responsabilidad ejecutiva del Gobierno. La Corona puede representar al Estado; no puede coordinar ministerios, habilitar plazas ni proteger a una niña que duerme bajo una lona.

Exigen que el Estado auxilie a Ceuta, pero rehúyen compartir la carga allí donde gobiernan. El PP aporta la ofensiva institucional; Vox, el vocabulario de la invasión y la deshumanización

Quienes sufren no caben en el relato cómodo de ningún bloque. Los ceutíes han visto alterados sus servicios, su economía y una convivencia que ahora amenaza con quebrarse. Su miedo y su cansancio son legítimos y no deberían regalarse a quienes los convierten en xenofobia. Al mismo tiempo, miles de migrantes han quedado expuestos al hambre, la intemperie y la violencia. La situación de mujeres, niñas y menores no acompañados es especialmente grave: Human Rights Watch documentó familias durmiendo sobre cartones y refugios improvisados por asociaciones vecinales; a finales de agosto, la Fiscalía había registrado 23 agresiones sexuales, cinco de ellas violaciones, y entre las víctimas había menores. Cerca de 300 niñas continuaban todavía fuera de una acogida adecuada casi un mes después. Esto no es una incidencia administrativa. Es un fracaso de protección con rostros concretos.

La derecha y la extrema derecha han encontrado en ese fracaso una pinza perfecta. Una parte de sus críticas a la imprevisión del Ejecutivo es legítima; precisamente por eso resulta más reveladora su negativa a participar en las soluciones. Las comunidades gobernadas por el PP se opusieron a que una conferencia sectorial debatiera la atención a los menores de Ceuta. Los responsables de Infancia de Vox en Castilla y León, Extremadura y Aragón plantaron la reunión y anunciaron recursos contra los traslados. Exigen que el Estado auxilie a Ceuta, pero rehúyen compartir la carga allí donde gobiernan. El PP aporta la ofensiva institucional; Vox, el vocabulario de la invasión y la deshumanización. Ambos convierten la crisis en una máquina de desgaste contra el Gobierno, procurando no pagar el coste político de acoger y proteger a los menores. La pinza no busca una salida: necesita que el problema continúe ardiendo.

Sería ingenuo, sin embargo, leer Ceuta como un episodio exclusivamente doméstico. Las crisis migratorias son terreno fértil para campañas transnacionales de desinformación. El Servicio Europeo de Acción Exterior detectó que redes vinculadas a Rusia intentaron explotar lo ocurrido y aumentar la polarización, aunque la Comisión Europea precisó que no existen pruebas de que Moscú provocara la entrada masiva. Sánchez también señaló redes asociadas a Israel y a una «internacional ultraderechista», relacionando su actividad con la posición española ante las guerras de Ucrania y Gaza; Rusia e Israel lo negaron. La condena española de la ofensiva israelí y su rechazo a determinadas escaladas militares de Estados Unidos han generado fricciones reales con gobiernos y entornos políticos poderosos. Pero, en el caso de Washington, no hay pruebas públicas que lo vinculen con la crisis de Ceuta, y añadirlo como autor material convertiría una hipótesis política en una acusación sin sustento.

Convertir cada error propio en un ataque extranjero es tan cómodo como convertir cada denuncia de desinformación en una coartada inventada

No hace falta imaginar una sala secreta donde todos conspiran alrededor de la misma mesa. Basta comprender cómo funciona un ecosistema de intereses convergentes: propaganda rusa, redes alineadas con el Gobierno israelí, actores de la derecha radical europea y norteamericana y partidos españoles pueden aprovechar el mismo acontecimiento por motivos distintos. Comparten un beneficio —debilitar a un Gobierno progresista y presentar la inmigración como prueba del fracaso democrático— sin necesidad de obedecer a una dirección común. Esa convergencia merece ser investigada. También merece cautela: demostrar que alguien amplificó una crisis no equivale a probar que la causó.

Defender a un Gobierno progresista no obliga a absolverlo. Al contrario: exige pedirle más rigor, más humanidad y menos refugio en las excusas. Dos verdades pueden convivir. Hubo actores externos que explotaron Ceuta, y hubo una mala gestión interna. Marruecos pudo colaborar en los retornos y, al mismo tiempo, fallar gravemente en la prevención. El PP puede formular críticas fundadas y actuar después con cálculo insolidario. Sánchez puede ser objetivo de una campaña de desgaste y haber llegado tarde. Convertir cada error propio en un ataque extranjero es tan cómodo como convertir cada denuncia de desinformación en una coartada inventada.

Ceuta necesita algo más que discursos de soberanía y paquetes económicos tardíos: una investigación clara sobre los avisos previos; un sistema permanente de coordinación; una política europea que no deje sola a la ciudad; mecanismos obligatorios y solidarios para proteger a los menores; recursos específicos para mujeres y niñas; y una relación con Marruecos basada en la cooperación, pero no en la dependencia ni en el silencio. Las responsabilidades deben repartirse donde corresponden: Rabat, por lo que ocurrió en su territorio; el Gobierno español, por la imprevisión y la tardanza; las comunidades que se niegan a acoger, por su insolidaridad; y la Unión Europea, por contemplar su frontera sur como si fuese un paisaje lejano.

Una frontera no es solo una valla: es el espejo de un Estado. En Ceuta, ese espejo ha devuelto una imagen incómoda. Un Gobierno que llegó tarde, una oposición que llegó demasiado deprisa para sacar ventaja, un vecino cuya colaboración nunca es gratuita y miles de personas atrapadas entre todos ellos. Mientras cada poder protege su relato, ceutíes, mujeres y menores siguen viviendo las consecuencias. Son ellos —y no los estrategas, los ministros ni los agitadores digitales— quienes continúan a la intemperie.

Es muy tras de todo esto esté el “tecnofascismo” del que nos habla Jordi Gracia en su panfleto La izquierda ante el tecnofascismo, y Los irresponsables, así definidos en el título del libro de Sarah Wynn-Williams una ex responsable de Facebook (Meta) que denuncia las prácticas poco ortodoxas en este libro (por decirlo suavemente) y que el propio Jordi Gracia cita en su panfleto. 

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Carlos Brage es socio de infoLibre.