El viaje a México suma otro quebradero de cabeza jurídico a Ayuso más allá del ático

Miércoles, 5 de agosto. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, aprovecha su visita a uno de los pueblos más afectados por los incendios para intentar cerrar la crisis que la ha perseguido durante el verano. Es ahí, en Villa del Prado, cuando anuncia la puesta en venta del lujoso ático adquirido a través de una empresa pública para un supuesto uso imposible. Y es ahí también cuando ofrece unas vagas explicaciones sobre el coste de su viaje oficial a México: "Uno solo puede publicar los gastos que son imputables a la Administración. Todo aquello que no ha sido gasto de la Comunidad de Madrid, en este caso, no se puede publicar porque no es nuestro". Una gira que amenaza con abrir un nuevo frente jurídico a la baronesa conservadora.

El polémico y accidentado periplo de la líder del Ejecutivo regional por tierras mexicanas arrancó el 3 de mayo. Y estaba previsto que se prolongara hasta el día 12. Oficialmente, la visita buscaba "intensificar las relaciones económicas y culturales" entre ambos territorios. Pero se terminó convirtiendo en todo un pulso con el Gobierno de Claudia Sheinbaum, una de las caras visibles de la izquierda latinoamericana. Tras reivindicar la figura del conquistador Hernán Cortés y un posterior ir y venir de reproches, la presidenta madrileña acabó cancelando el viaje cuando aún le quedaban varias jornadas. No hubo gala de los Premios Platino del Cine Iberoamericano. Ni tampoco visita a Monterrey.

La gira mexicana sigue persiguiendo a Ayuso tres meses después. Fundamentalmente, por la oscuridad alrededor de los costes asociados a la misma. La Ley de Transparencia de la Comunidad de Madrid obliga a hacer públicas "las dietas y gastos de viaje derivados del ejercicio de las funciones y actuaciones institucionales". Sin embargo, los desembolsos declarados por los asistentes contrastan enormemente. Mientras que el consejero de Cultura, la directora de Turismo y el director de Teatros del Canal han declarado en conjunto 14.847,78 euros –incluyen transporte, alojamiento y manutención–, en el caso de la presidenta solo se reflejan gastos por el uso de la sala de autoridades del aeropuerto con un valor de 623,28 euros.

Con estos mimbres, el abogado Javier Vaquerizo interpuso a finales de agosto una denuncia ante la Fiscalía del Tribunal Supremo contra la presidenta madrileña por un posible delito de cohecho impropio pasivo. No se trata de un tipo penal que encarcele por la suavidad de la pena de prisión que lleva aparejada. Más bien, suele tener un efecto suspensivo. "La autoridad o funcionario público que, en provecho propio o de un tercero, admitiera, por sí o por persona interpuesta, dádiva o regalo que le fueren ofrecidos en consideración a su cargo o función, incurrirá en la pena de prisión de seis meses a un año y suspensión de empleo y cargo público", recoge el artículo 422 del Código Penal.

La denuncia, a la que ha tenido acceso infoLibre, se apoya, precisamente, en la explicación pública que dio Ayuso desde Villa del Prado. Sus palabras, resalta, reconocen que el viaje "se realizó efectivamente y generó costes inherentes a un desplazamiento intercontinental" y que los mismos "no fueron asumidos por la Administración autonómica". "Como consecuencia lógica necesaria de lo anterior, se sigue que dichos costes fueron asumidos por un tercero, cuya identidad no ha sido revelada", continúa el escrito, que descarta que los mismos pudieran haber sido sufragados por la propia presidenta: "En ningún momento se ha sostenido públicamente esta hipótesis".

La parte final del viaje estaba orientada a los Premios Platino, a los que finalmente Ayuso no asistió. El abogado, sin embargo, resalta que "la existencia de una invitación no equivale a la asunción de los costes de la estancia". Y recuerda que esa "invitación invocada" por el Ejecutivo madrileño "como título justificativo de la estancia" fue "retirada" antes de la celebración del evento, "de modo que no puede explicar por sí sola la totalidad del desplazamiento". "Y muy singularmente no explica los días finales, transcurridos ya sin gala, sin agenda institucional publicada y sin invitación vigente", completa Vaquerizo.

La pelota se encuentra ahora en el tejado del Ministerio Público, que deberá decidir si incoa diligencias de investigación, archiva la denuncia de plano o la remite a otro órgano competente. Si opta por la primera opción, la Fiscalía pondrá en marcha unas pesquisas que, en caso de hallar indicios delictivos, derivarán en la interposición de una querella ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Por el momento, el denunciante ha solicitado más de una veintena de diligencias de investigación. Entre otras, la revisión del expediente del viaje, la recopilación de la liquidación de dietas o que se libren oficios a hoteles y entidad invitante para saber si costeaba el desplazamiento o el alojamiento. Y también la declaración como testigos de los acompañantes de Ayuso en ese viaje.

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El frente jurídico por la gira mexicana se une al que también tiene abierto en estos momentos el Gobierno autonómico por el lujoso ático comprado a través de la empresa pública Planifica Madrid por 6,3 millones de euros. Aquel inmueble, ubicado frente al edificio en el que se encuentra el piso que los padres de Díaz Ayuso donaron a su hija antes de tener que afrontar una deuda con Avalmadrid, fue adquirido en secreto a mediados de abril. Cuando se destapó la operación, desde el Ejecutivo autonómico dijeron que el ático sería utilizado como oficina durante las obras en la Puerta del Sol. El problema es que la normativa, sin embargo, prohíbe dicho uso en un inmueble de esas características.

Todavía hoy quedan muchas preguntas sin responder alrededor de un piso que fue puesto a la venta pocas horas después de conocerse su compra. ¿Por qué se recurrió a una exclusiva inmobiliaria, especializada en viviendas de lujo, si lo que se buscaba era algo que pudiera ser usado como oficina? ¿Por qué el Gobierno solo buscaba inmuebles grandes y con terraza en Chamberí o alrededores? ¿Por qué se decantaron por la opción más cara de las ofrecidas? ¿Quién dio la orden de comprar y quién la ejecutó? Esto último es importante. Actualmente, el Juzgado de Instrucción nº8 de Madrid estudia hasta cinco denuncias relativas a la compra del ático. Sobre la mesa, delitos de prevaricación, malversación, fraude o administración desleal.

Además del penal, hay otro frente contable. Más Madrid ha interpuesto una denuncia ante el Tribunal de Cuentas al considerar que hay indicios de un posible "menoscabo para los fondos y efectos públicos" que cifran en 364.500 euros. "Existen indicios que indican la falta de vinculación de la operación con la actividad administrativa, la posible idoneidad del inmueble, la falta de acreditación de la necesidad pública, la ausencia de utilización del inmueble y la posible pérdida patrimonial derivada de la intención de vender", deslizan en su escrito. Una denuncia ante el órgano fiscalizador que también interpuso a comienzos de agosto el abogado Javier Flores Vaquerizo y que aún sigue a la espera de respuesta.