De academia dental a primera universidad privada de Baleares: el impulso del PP y casi un millón en ayudas

Desde 1978, las Islas Baleares han contado con una única universidad pública, la Universitat de les Illes Balears (UIB). Sin embargo, este año ha cambiado todo con la aprobación de la primera universidad privada que va a operar en el archipiélago: La Universitat de Mallorca (UMAC). Aunque la previsión era que abriera sus puertas este curso, todavía está pendiente de que la agencia balear de calidad les apruebe los grados que quiere ofrecer. “Si todo se cumple, abrirá el curso 27/28”, indican desde la institución.

Su llegada abre, en cualquier caso, un nuevo debate sobre el modelo universitario de las islas. Desde la Consejería de Educación, aunque defienden que “nuestra universidad es la pública, la UIB”, aseguran que las universidades privadas pueden resultar beneficiosas al ampliar la oferta y contribuir así a retener a más estudiantes en las islas. Por su parte, sindicatos y asociaciones denuncian la “expansión de las universidades privadas con ánimo de lucro” y alertan de un “cambio de modelo universitario”, al considerar que estas instituciones pueden acabar ocupando el espacio que las universidades públicas no consiguen cubrir.

El origen de esta nueva universidad privada se remonta a hace décadas, cuando Diego González Carrasco y Gabriel González Molinero crearon la Academia Dental de Mallorca (ADEMA) en 1993, donde impartían cursos para obtener determinadas titulaciones de prótesis dental, pero sin poder expedir títulos oficiales. En 1997 se convirtieron oficialmente en un centro de Formación Profesional y en 2002 se constituyó la sociedad mercantil Academia Dental de Mallorca SL, que hasta día de hoy ha estado detrás de este proyecto.

De esta manera, siguieron impartiendo este tipo de titulaciones durante los siguientes cursos. En esa época, de forma paralela, uno de los dueños de la empresa, Diego González Carrasco, fue nombrado en 2007 director general de Consumo de la Conselleria de Salut i Consum por el presidente balear de ese momento, el socialista Francesc Antich.

Su carrera política continuó y en febrero de 2010, Antich lo sacó de la Dirección General de Consumo para nombrarlo delegado de la Presidencia para el Deporte, directamente en el entorno de Presidencia, cargo que ocupó solamente hasta junio de 2011.

En cuanto a ADEMA, el gran salto se vivió en 2015, cuando se solicitó la adscripción a la UIB. Dentro del Consejo de Gobierno de esta universidad existió en ese momento preocupación por el hecho de que se trataba de una academia de FP y porque su adscripción pudiera dificultar que la propia universidad pública impartiera algún día la carrera de Odontología. Pese a estas reticencias, el Govern, con la socialista Francina Armengol como presidenta, acabó autorizando la adscripción el 23 de octubre de 2015.

Con esta nueva situación, ADEMA pudo ampliar progresivamente su oferta de grados y añadió el de Nutrición Humana y Dietética en el curso 2020/2021 y el de Bellas Artes en 2022/2023. A finales de 2023 se produjo el primer punto de ruptura, cuando la UIB rechazó iniciar los trámites para otros cinco grados: Medicina, Ingeniería Biomédica, Biomedicina, Arquitectura y Diseño. La explicación oficial del centro fue que sus órganos y colectivos apostaban a que el crecimiento de nuevas titulaciones se produjera dentro de la educación superior pública y no mediante centros privados adscritos.

Un informe desfavorable del Ministerio de Universidades

Esto marcó un “punto de inflexión”, según explica a infoLibre el propio presidente de la UMAC, Diego González, y tres meses después de esta negativa, en enero de 2024, se dio comienzo al procedimiento para convertir el centro en una universidad privada. Para apoyar esta decisión, en mayo de ese año la empresa Academia Dental de Mallorca SL modificó su objeto social al de “educación superior, investigación y transferencia/intercambio de conocimiento”.

En septiembre de 2025, el proyecto recibió un informe técnico desfavorable del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, que fue ratificado en la Conferencia General de Política Universitaria y en el que los técnicos plantearon dudas sobre la acreditación documental de la solvencia financiera, previsiones ante un posible cierre, oferta inicial de másteres, convenios de prácticas de ciencias de la salud, despachos e infraestructura investigadora.

Al ser un documento no vinculante, el proyecto no se paralizó y, el 1 de octubre, ADEMA complementó su solicitud. En este punto se produjo un cambio en el proceso: el PP de Baleares se convirtió en el principal impulsor de la iniciativa. El 19 de noviembre de 2025, el grupo popular presentó la proposición de ley en el Parlament y solicitó además su tramitación por la vía de urgencia con el argumento de responder a las necesidades formativas de Baleares. Se trata de un proceso legal, pero poco habitual para crear universidades privadas, ya que son los propios centros los que suelen impulsar su creación.

Desde la propia UMAC, González sostiene que la elección de esta vía parlamentaria no partió del PP. Los promotores del proyecto hablaron tanto con el Govern como con los grupos de la oposición sobre las dos posibilidades existentes: un proyecto de ley del Ejecutivo o una proposición parlamentaria. Finalmente, prefirieron la segunda porque consideraron que convertía la creación de la universidad en un proyecto “más institucional”. “En el fondo lo tiene que pedir la fuerza mayoritaria”, señala el presidente de la UMAC, que defiende que esta fórmula permite buscar “el máximo consenso” entre las fuerzas parlamentarias y establecer una mejor relación futura con las instituciones.

Desde Comisiones Obreras (CCOO) su portavoz de educación en Baleares, Mario Devis, denuncia que la iniciativa se acabó aprobando “de forma acelerada y sin tener en cuenta los problemas detectados por los organismos universitarios competentes”. Añade que el caso de ADEMA encaja en un “modelo reiterado de creación de universidades privadas” en la que “centros adscritos a universidades públicas consiguen consolidar su actividad y se transforman en universidades privadas para aprovechar el nicho de mercado de determinadas titulaciones”.

En enero de 2026 dimitieron los dos administradores solidarios de la empresa Academia Dental de Mallorca SL y Diego González quedó como administrador único. El 14 de abril de este año, el Parlament aprobó la Universidad de Mallorca y, en mayo, se constituyó como universidad privada con personalidad jurídica propia y forma de sociedad limitada.

El último cambio en la empresa se produjo el 12 de junio de 2026, cuando su denominación social pasó de Academia Dental de Mallorca SL a Universidad de Mallorca SL.

Casi un millón de euros en subvenciones públicas

En paralelo a este proceso de transformación, el Gobierno de Baleares ha concedido un total de 997.082,58 euros en subvenciones públicas a la empresa entre enero de 2022 y junio de 2026. El 87,5% de esa cantidad, 872.716,82 euros, fueron concedidos desde 2024, el año en que comenzó el procedimiento para convertirse en universidad privada.

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En 2022 recibió un total de 49.662,55 euros y en 2023, 74.703,21 euros, por debajo de las cantidades de los años posteriores: 369.868,93 euros en 2024 y 409.376,82 euros en 2025. La mayoría corresponden a subvenciones del Servicio de Empleo de las Islas Baleares (SOIB), que concede financiación a empresas para cubrir costes específicos relacionados con el empleo.

Sin embargo, a partir del 2024 se incluyen también ayudas vinculadas a investigación e innovación. Ese año recibió 71.284,50 euros para desarrollar una investigación sobre el uso de la IA en el diagnóstico precoz del cáncer oral; en 2025, 93.471,07 euros en una sola ayuda para innovación; y, hasta junio de 2026, sumó otros 93.471,07 euros en otras dos concesiones, ambas también destinadas a innovación.

Preguntado por estas subvenciones, González defiende que ADEMA lleva años concurriendo a convocatorias públicas y que estas ayudas no forman parte de las previsiones económicas de la nueva universidad ya que no necesitan “ninguna aportación económica desde la Administración pública”. Lo que sí han supuesto estas ayudas es un impulso con el que la empresa ha podido cimentar su proyecto de investigación e innovación, una parte imprescindible para poder consolidarse como universidad de pleno derecho y competir con la única universidad pública del archipiélago.