De Blair a Frederiksen: la socialdemocracia endurece su política migratoria sin recuperar votos en Europa

Declaraciones como “nuestro objetivo es cero solicitantes de asilo”, “la prioridad es que sean devueltos”, “no queremos Chinatowns ni Somalitowns” o “tenemos que deportar a gran escala” se han instalado en la política migratoria europea. Lo significativo es que todas ellas proceden de gobiernos o exgobiernos socialdemócratas de los últimos años.

Ese desplazamiento hacia posiciones más restrictivas no se ha quedado únicamente en las palabras. Uno de sus principales hitos llegó en 2024 con la aprobación del Pacto Europeo de Migración y Asilo, respaldado también por los socialistas europeos. La reforma reforzó el control de las fronteras exteriores, introdujo procedimientos acelerados de asilo y devolución en frontera y estableció controles obligatorios de identificación, seguridad y datos biométricos para quienes entren de forma irregular.

Aunque el auge de la ultraderecha ha acelerado esta tendencia, el viraje del centroizquierda viene de más atrás. Uno de sus antecedentes más claros fue Tony Blair, que ya en 2004 denunciaba “abusos reales” del sistema de asilo mientras su Gobierno reforzaba controles y expulsiones. En Suecia, los socialdemócratas endurecieron desde 2016 los permisos de residencia y la reagrupación familiar. En Dinamarca, Mette Frederiksen, en el poder desde 2019, fue todavía más lejos: su Gobierno aprobó en 2021 una ley para tramitar solicitudes de asilo en terceros países y llegó a fijar como objetivo “cero solicitantes de asilo”.

La misma senda siguió Alemania con Olaf Scholz, cuyo Gobierno facilitó las expulsiones y reforzó los controles fronterizos dentro del espacio Schengen. Esta evolución deja a España como una de las pocas excepciones entre los grandes gobiernos socialdemócratas europeos, aunque la crisis de Ceuta ha acercado también al Ejecutivo de Pedro Sánchez a ese marco, con medidas para acelerar las devoluciones y la “repatriación” situada entre sus prioridades. 

El miedo a perder votos y un marco impuesto por la ultraderecha

El endurecimiento de la socialdemocracia tiene un componente electoral evidente. Héctor Sánchez, investigador principal del CIDOB, considera que la extrema derecha ha conseguido “fijar el marco de la discusión” y relacionar sistemáticamente inmigración con delincuencia, economía o acceso a los servicios públicos. Ante la falta de una respuesta propia, sostiene, los partidos socialdemócratas “han adoptado políticas duras con respecto a los migrantes para evitar la fuga de votos”.

Pero el fenómeno va más allá del miedo a Vox, Le Pen o AfD. Anna López, doctora en Ciencia Política y autora de La extrema derecha en Europa, apunta también a la transformación de las bases electorales de la socialdemocracia, ya que ha perdido parte de su apoyo entre sectores populares mientras ganaba peso entre clases medias urbanas, jóvenes y votantes más cosmopolitas. A esa tensión se añade una victoria política de la derecha radical: conseguir que hablar de inmigración signifique hacerlo fundamentalmente de “control, fronteras, seguridad y amenaza cultural”.

Jorge Tamames, investigador del Real Instituto Elcano, enmarca además este desplazamiento en una crisis más profunda del proyecto socialdemócrata. Las fórmulas que durante décadas permitieron combinar crecimiento y redistribución son hoy más difíciles de reproducir y las alternativas posteriores tampoco han ofrecido una respuesta duradera. En ese vacío, el auge de la ultraderecha ha provocado “un corrimiento de posiciones que afecta al conjunto del centro político”, también a una derecha tradicional que durante años defendió la inmigración por su aportación al crecimiento económico.

El problema es que responder dentro del marco de la ultraderecha puede terminar reforzándolo. “Parece que muchos partidos llegan a la conclusión de que la migración es un tema que tiene más tracción en el debate público y que tienen que tomar posición”, explica Tamames. Una estrategia que puede parecer razonable para adaptarse al electorado, pero que, advierte, “refuerza los marcos con los que trabaja la extrema derecha”.

El espejismo danés y el riesgo de ser una copia

El gran ejemplo utilizado durante años para defender esta estrategia ha sido Dinamarca. Los socialdemócratas de Mette Frederiksen combinaron un fuerte endurecimiento migratorio con una agenda económica de izquierdas y regresaron al poder en 2019 mientras se desplomaba el ultraderechista Partido Popular Danés. Para Sánchez, sin embargo, presentar aquello como la prueba de que endurecer la inmigración permite recuperar a los votantes perdidos simplifica lo ocurrido.

“Lo que obtuvo el Partido Socialdemócrata danés cuando fijó este marco quizás no se debe tanto a que fuera lo que demandaban los votantes, sino a problemas internos que tenía el Partido Popular Danés”, explica. Entre ellos señala sus dificultades de liderazgo y para competir electoralmente en cuestiones diferentes a la inmigración. Una investigación sobre las elecciones danesas de 2019 apunta precisamente a que los antiguos votantes de la derecha radical que pasaron a los socialdemócratas estaban especialmente preocupados por la igualdad, la redistribución y el deterioro del Estado del bienestar, mientras aquellos con posiciones más restrictivas sobre inmigración tendieron a permanecer en la derecha radical. 

Las elecciones de marzo de 2026 han añadido aún más dudas sobre la durabilidad de aquel éxito. Los socialdemócratas cayeron de 50 a 38 escaños, su peor resultado en más de un siglo, mientras el Partido Popular Danés pasó de cinco a 16, aunque todavía les separan 22 diputados. El retroceso obligó además a Frederiksen a afrontar más de dos meses de negociaciones hasta formar un Gobierno minoritario de cuatro partidos con 82 de los 179 escaños, ocho por debajo de la mayoría absoluta y, por tanto, necesitado de apoyos externos para sacar adelante sus iniciativas. 

La evidencia comparada cuestiona todavía más la estrategia. El estudio de Werner Krause, Denis Cohen y Tarik Abou-Chadi sobre distintos países de Europa occidental no encuentra que adoptar posiciones antiinmigración permita a los partidos tradicionales reducir de manera general el apoyo a la derecha radical. Al contrario, sus resultados muestran que los votantes tienen, de media, una mayor probabilidad de desplazarse hacia ella cuando los partidos convencionales asumen esas posiciones. Los autores concluyen que esta estrategia puede ser, en el mejor de los casos, inútil y, en el peor, perjudicial.

“Si el votante quiere el original, ¿por qué va a quedarse con la copia?”, resume López. El efecto tampoco se limita a las urnas. Si durante años los partidos compiten por demostrar quién puede ser más duro con la inmigración, explica, esta adquiere todavía mayor centralidad y conceptos antes asociados a la extrema derecha pasan a formar parte del vocabulario político normal. “La extrema derecha puede ganar incluso cuando no gobierna”, sostiene, porque consigue cambiar “la agenda y los términos del debate”.

Tamames añade que la izquierda termina compitiendo en un terreno donde parte con desventaja mientras deja en segundo plano desigualdad, precariedad o redistribución, cuestiones en las que cuenta con un discurso históricamente más reconocible. 

Clase, integración y un discurso propio

La alternativa tampoco pasa por evitar la inmigración. “Eso sería un error”, advierte López, que propone articular una respuesta socialdemócrata alrededor de tres conceptos: “orden, integración y derechos”. Reconocer que los movimientos migratorios necesitan gestión y que la integración puede generar dificultades no obliga, sostiene, a asumir la asociación automática entre inmigración, inseguridad y deterioro de los servicios públicos.

Para Sánchez, esa respuesta debería recuperar una variable prácticamente desaparecida del debate, la clase social. “El problema lo tenemos con los inmigrantes pobres”, resume. Con ello apunta a que buena parte de las tensiones atribuidas únicamente al origen o la cultura aparecen en entornos donde ya existen problemas de vivienda, precariedad o servicios públicos tensionados. “Si en un barrio marginal, tradicionalmente de votantes de izquierdas, pones gente que es distinta, puede generar fricciones. Gestionarlo y entender que esto pueda suceder es el primer paso para tener políticas públicas que den respuesta”, explica. A su juicio, reconocer esas dificultades no implica asumir el marco de la derecha. “Gestionar la diferencia supone un reto, pero cualquier diferencia, no solo la migratoria”, señala. 

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López coincide en que la izquierda no puede “abandonar a las clases trabajadoras” y debe volver a hablar de salarios, vivienda, precariedad, servicios públicos y seguridad económica. Tamames suma una última carencia: la falta de un relato positivo sobre la aportación de la inmigración. Frente a presentarlos únicamente como quienes realizan trabajos que nadie quiere o como sujetos vulnerables que deben ser acogidos, reclama reconocerlos como actores económicos y sociales.

“Son personas con agencia, dinámicas, que muchas veces llegan y montan pequeños negocios”, explica. Pone como ejemplo la España rural, donde la población llegada de otros países mantiene abiertos establecimientos y servicios en municipios afectados por la despoblación. “Hay que hacer una valoración positiva de las cosas que hacen los migrantes en España en un montón de campos donde a veces no les damos ningún reconocimiento”.

El reto para la izquierda pasa así por dejar de reaccionar al discurso ajeno y asumir los desafíos de la integración, explicar también los beneficios de la inmigración y volver a situar las desigualdades materiales en el centro. Una posición propia que, como plantea Tamames, no debería modificarse únicamente en función de lo que parezca electoralmente rentable a corto plazo.