Racismo institucional y lucha de clases: la verdad incómoda de la regularización
La irregularidad administrativa no es un accidente ni un fallo burocrático: es una posición de poder elitista. En nuestro país miles de personas migrantes trabajan sin derechos porque así lo necesita el modelo económico, su ley de extranjería no busca “ordenar flujos”, sino producir una clase trabajadora racializada, barata y disciplinada, para las élites económicas el racismo va más allá de ser un prejuicio social, es una política de Estado.
PP y Vox lo expresan sin rodeos: los migrantes son una amenaza para la civilización, hablan de “invasión” pero defienden a las patronales agrícolas, de cuidados o de servicios que se enriquecen gracias a la irregularidad de un sistema que depende de su explotación. Su racismo es un arma electoral, pero a la vez una defensa de las clases explotadoras.
El PSOE, por su parte, ha jugado históricamente a la ambigüedad; por un lado, se presenta como defensor de derechos, pero por otro mantiene intacta una legislación que fabrica ilegalidad y permite redadas, CIE y deportaciones, ha defendido el retraso sistemático de la regularización amparándose en “prudencia institucional”, pero su fin era no incomodar a la derecha ni a los intereses económicos que se benefician del trabajo sin derechos. Puro cálculo político.
Reconocer derechos a quienes sostienen el país no es radical. Lo verdaderamente radical ha sido explotarlos durante décadas con la ley en la mano
La economía española se sostiene sobre esta división racial del trabajo, sin ella muchos sectores agrícolas, de la limpieza, de cuidados, etc., no funcionarían sin personas sometidas al miedo constante a la expulsión. Les acusan de “quitar empleo”, es falso, pero sirven para abaratar salarios y presionar a la baja a toda la clase trabajadora. El racismo cumple aquí una función central: justificar que unas vidas valgan menos que otras.
Frente a este entramado, las personas migrantes han reaccionado a la reducción de derechos construyendo poder colectivo mediante redes de apoyo, cajas de resistencia, viviendas compartidas y sistemas de autoprotección frente a redadas, poniendo en marcha prácticas políticas antirracistas en sentido material: rompen el aislamiento, desafían la lógica individualista y disputan control sobre la propia vida.
El Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes y su marca Top Manta desmontaron el relato criminalizador y señalaron al verdadero responsable: una ley que empuja a la calle y luego castiga por sobrevivir. En Almería, el SOC-SAT expuso el racismo estructural del modelo agroexportador, donde empresarios que votan al PP o a Vox dependen de trabajadores a los que deshumanizan. Las mujeres migrantes, desde el trabajo doméstico, arrancaron derechos como el Convenio 189 de la OIT pese a la oposición conservadora.
La regularización impulsada por Regularización Ya no es caridad ni generosidad institucional, es una conquista arrancada al Estado por la presión social de las organizaciones antirracistas, que ha llevado a grupos como Podemos, ERC y Bildu a que el PSOE ante la amenaza de bloqueo de otras leyes aprobase el Real Decreto urgente de regularización. Es una victoria política de los migrantes, un golpe al discurso del odio y a la economía sumergida. Reconocer derechos a quienes sostienen el país no es radical. Lo verdaderamente radical ha sido explotarlos durante décadas con la ley en la mano.
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J. Luis Carpintero es socio de infoLibre.
