La cultura de 2019

El año lento de la política cultural española

El ministro de Cultura en funciones, José Guirao, el pasado septiembre.

"La SGAE, el INAEM, la reventa: los tres desafíos que el Gobierno tiene pendientes". Así titulaba este periódico su resumen sobre la política cultural de 2018, y algo similar podría decirse de 2019. El anuncio de elecciones generales en febrero, los propios comicios en abril, la imposibilidad de investir un nuevo Gobierno y las segundas elecciones han tenido al Ministerio de Cultura paralizado. Su titular, José Guirao, no ha querido o no ha podido avanzar en algunos de los desafíos que él mismo señaló el pasado año: la tutela de la sociedad de intérpretes, la reforma del órgano público encargado de la música y las artes escénicas o un plan estatal para frenar la reventa de entradas. También quedaron pendientes otros asuntos: el IVA reducido para libros digitales y periódicos online, una Ley de Mecenazgo apenas esbozada o continuar con la implantación del Estatuto del Artista.

En 2019, el mundo de la cultura estuvo a la espera. Y 2018 fue agitado, con tres ministros en el espacio de meses —el conservador Íñigo Méndez de Vigo, Màxim huerta, que duró días en el cargo, y Guirao— y el estallido de la crisis de la SGAE, a la espera aún de un final definitivo. Pero quienes esperaban menos ruido y más nueces a principios de año, siguen esperando ahora. Estos han sido los asuntos que han ocupado al sector cultural, a nivel estatal, durante este año lento. 

  SGAE, la pesadilla del Ministerio

Cuando Guirao llegó a la oficina, le pasaron la patata caliente: Méndez de Vigo había vivido los primeros momentos del escándalo de la rueda, a Huerta le dio tiempo a enviar un requerimiento a la entidad, y Guirao ha sido quien se ha ocupado, con más o menos éxito, del drama de la entidad. En este tiempo, la SGAE ha elegido a dos directores: el gaitero José Ángel Hevia, cesado a finales de febrero, y Pilar Jurado, su sucesora. Pero si el requerimiento enviado por Màxim Huerta exigía la modificación de los estatutos, el reparto y el voto electrónico, la entidad de gestión de derechos solo ha resuelto esto último. Por el camino, el Ministerio inició los trámites para la intervención de la entidad, rechazada por la Audiencia Nacional; la Confederación Internacional de Autores sancionó a la entidad con un año de expulsión, y un buen número de creadores célebres pidieron su salida de la organización. 

Y el asunto está estancado. Después de meses de tensiones, En febrero el Ministerio puso las cartas sobre la mesa y pidió a la Audiencia Nacional la intervención de la SGAE para "regularizar el funcionamiento institucional de la entidad" y "clarificar su gestión"; esto hubiera supuesto la sustitución de sus órganos por una comisión nombrada por Cultura. Hubo que esperar hasta junio, cuando el tribunal desestimó la petición "al resultar inadecuado el procedimiento" por no considerarse competente, una decisión que el Ministerio recurrió y que aún no se ha resuelto. Paralelamente, seguía en marcha el procedimiento administrativo de revocación de la autorización de la SGAE, iniciado con los apercibimientos enviados anteriormente por el Gobierno. La vía judicial, por ahora, sigue en suspenso. 

Pero la vida interna de la entidad no ha sido precisamente plácida, y no solo por los cambios en la dirección. Pilar Jurado y su equipo promovieron una reforma de los Estatutos, una de las exigencias de Cultura, pero en la asamblea de junio, los votos a favor de los socios (62,78%) no alcanzaron los dos tercios necesarios (66,7%) para su aprobación. La siguiente Asamblea General debía celebrarse en octubre, pero la Junta Directiva decidió posponerla hasta enero de 2020. ¿El motivo? Para esa fecha, ya se habría formalizado la salida de los cientos de socios disconformes que anunciaron el abandono de la entidad, entre los que se encontraban Julio Iglesias, Joaquín Sabina o Fito Páez. A ellos se sumaron después buena parte de los miembros del audiovisual, como Pedro Almodóvar, Rodrigo Sorogoyen o J. A. Bayona, que se pasarán a DAMA, otra entidad de gestión de derechos dedicada solo a cine y televisión, gran competidora de la SGAE en esta materia. 

No se acaba ahí la lista de males que aquejan a la SGAE. La batalla interna por los beneficios de la rueda, que beneficiaba a las televisiones y algunos músicos, sigue en pie: el Tribunal Supremo anuló el mes pasado el reparto de junio de 2014, que iba a favor de las multinacionales y en contra del entramado televisivo, una decisión que pone en jaque todos los repartos realizados desde entonces. Mientras los sectores más poderosos de la Sociedad de Autores se enfrentan entre sí, la Confederación Internacional de Autores y Compositores (CISAC) sancionó a la entidad en mayo con su expulsión durante un año. La CISAC consideraba "movito de gran preocupación" la "falta de progreso" de la organización española con respecto a recomendaciones señaladas por el organismo internacional, que pedía —como el Ministerio— "desarrollos técnicos" y "cambios reglamentarios". 

INAEM: reformas detenidas y nombramientos polémicos

El Gobierno socialista pareció ganarse a los empleados del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM) cuando paralizó la subrogación del Teatro de la Zarzuela (estatal) al Teatro Real (gestionado por una fundación del sector público). Entonces se fue un paso más allá, y se planteó crear una mesa de trabajo entre sindicatos, las direcciones de los distintos centros y el Ministerio para emprender una renovación que adaptara la gestión del INAEM "a la naturaleza de sus actividades" para "otenciar su labor de difusión nacional e internacional". El horizonte estaba claro: una ley propia, como tienen el Museo del Prado, el Reina Sofía o la Biblioteca Nacional. En diciembre de 2018, Cultura aseguraba que en enero de 2019 comenzaría a trabajar sobre el texto.

Desde entonces, poco más. Pero la semana pasada, convenientemente, cuando se negocia un posible Gobierno socialista y, con ello, la continuación de José Guirao, el Ministerio hacía un anuncio durante el Consejo Estatal de las Artes Escénicas y de la Música, órgano de asesoramiento del INAEM integrado por 95 representantes del sector. "Se está ultimando el borrador para la futura Ley del nuevo INAEM", aseguraba José Guirao, ministro en funciones desde septiembre, "que, en los próximos meses, una vez se active el nuevo Gobierno, podrá presentarse en el Consejo de Ministros para su aprobación y posterior tramitación en el Parlamento". 

Pero ese no ha sido el único motivo por el que la gestión socialista del INAEM ha estado en el punto de mira. En febrero, el Ministerio ponía en marcha los concursos públicos para renovar la dirección de cinco de sus centros y unidades de producción: el Ballet Nacional de España (BNE), la Compañía Nacional de Danza (CND), la Compañía Nacional de Teatro Clásico (CNTC), el Centro Dramático Nacional (CDN) y la Orquesta y Coro Nacionales de España (OCNE). Primer problema: los interesados tenían 14 días naturales, 10 hábiles, para presentar una "propuesta estratégica y de gestión", plazo que varias asociaciones profesionales consideraron insuficiente. La misma convocatoria, ocho años antes, había dado más de dos meses para el mismo procedimiento. 

Y el sector no se calmó con los nombramientos. La primera crítica fue la falta de mujeres entre los seleccionados: Alfredo Sanzol dirigiría el Centro Dramático Nacional, Lluís Homar gestionaría la CNTC (por Helena Pimenta, la única mujer al frente de una unidad de este tamaño hasta ese momento), Rubén Olmo sería el responsable del Ballet Nacional de España, Joaquín de Luz estaría a la cabeza de la Compañía Nacional de Danza y Félix Palomero sería el director técnico de la Orquesta y Coro Nacionales de España (OCNE). Es decir, no solo no mejoraba la presencia de mujeres al frente de estos centros, sino que se daba un paso atrás. Una docena de organizaciones feministas protestaron frente a unas designaciones que "han recaído en varones visibilizando una indiferencia muy grande a la presencia femenina en los altos puestos de dirección". 

Pero las críticas recaían especialmente, y por motivos distintos, en el actor y director de escena Lluís Homar. ¿La razón? En su presentación como director de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, decía: "La mía es una experiencia que no está nada vinculada al teatro clásico español, nunca he interpretado una obra del Siglo de Oro". No habría habido problema alguno, de no ser porque las bases de la convocatoria recogían como requisito acreditar experiencia "artística y/o de gestión en instituciones públicas o privadas dentro del ámbito del teatro clásico, en especial del Siglo de Oro". El sindicato UGT pidió entonces que se hiciera público el proyecto enviado por Homar, la composición del jurado y las actas de deliberación, pero el equipo de Guirao contestó que esos procesos son confidenciales. 

Políticas en pause

Quizás una de las pocas medallas sin —casi— reveses que se ha podido colgar la actual dirección de Cultura han sido los Premios Nacionales de los últimos años. Aunque no dependen del Ministerio, sino de jurados de profesionales, estos galardones son concedidos por el Gobierno, y funcionan por tanto habitualmente como una forma de propaganda. Los de 2018 reconocían por primera vez en la historia a más mujeres que a hombres, con ganadoras como Francisca Aguirre (Premio Nacional de las Letras), Almudena Grandes (Premio Nacional de Narrativa) o Esther García (Premio Nacional de Cinematografía). Los galardones se abrían también a creadoras jóvenes, como Ana Penyas (Cómic) en 2018, o Cristina Morales (Narrativa), en 2019, aunque esta última fuera criticada por el mismo Gobierno por sus declaraciones sobre Cataluña. Estos reconocimientos se extendían también a otras lenguas del Estado, con el Nacional de las Letras al escritor vasco Bernardo Atxaga o el Cervantes —también otorgado por Cultura— al catalán Joan Margarit.  

Otros aspectos, sin embargo, no han avanzado en absoluto. Los primeros Presupuestos del Gobierno socialista proponían un aumento del 9,7% en la partida dedicada a Cultura, pero —es conocido— las cuentas no salieron adelante. Por eso tampoco fue posible reducir al 4% el IVA de libros electrónicos y publicaciones digitales, algo que el Ejecutivo anunció ya en enero. También se ha quedado por el camino una normativa estatal para controlar la reventa de entradas. Fue en octubre de 2018 cuando Cultura presentó un informe que planteaba diferentes vías para evitar el fraude, que iban desde la implantación de requisitos específicos para las empresas de ticketing hasta la prohibición de todo el mercado secundario. Guirao no quiso entonces poner fecha a la implantación de la normativa, ya que hasta ahora el control de este sector está en manos de las Comunidades Autónomas. Y con razón: más de un año más tarde, no hay ningún avance a este respecto. 

 

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