Del 'caso Montoro' a las puertas giratorias: el lento avance para regular los ‘lobbies’ en España
Un lobby o grupo de interés hace referencia a la actividad de un conjunto de personas, de empresas o agrupaciones que tratan de influir en las decisiones políticas o en la gestión pública. El término tiene una connotación negativa porque se asocia a una forma de conseguir cambios para favorecer intereses particulares. En España el último escándalo en el que resuena esta práctica es el del que ha terminado con la imputación del ex ministro del PP Cristóbal Montoro. Varias denuncias señalaban a un bufete fundado por él —junto con antiguos altos cargos de la Administración de José María Aznar—, de operar como un lobby al que las empresas debían acudir para conseguir favores gubernamentales.
En el auto de imputación que se ha conocido recientemente definen la actividad del despacho de abogados Equipo Económico de la siguiente manera: “A cambio de importantes pagos, y con presunto abuso del ejercicio de la función pública, intervienen de forma decisiva en reformas legislativas con el fin de que estas se desarrollen conforme a los intereses de sus clientes”, en este caso, empresas gasistas. Es un ejemplo de uno de los escollos que, de acuerdo con un informe de la Comisión Europea, hace tropezar las medidas anticorrupción en España.
Este mismo viernes, el documento emitido por el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), dependiente del Consejo de Europa, pedía a España “intensificar” sus esfuerzos para implementar medidas anticorrupción más efectivas. Uno de los puntos centrales del documento está, precisamente, en la regulación de los lobbies. Además pide mecanismos de control sobra las llamadas “puertas giratorias”, que sirven de llave, muchas veces, para favorecer ilícitamente a los grupos de interés.
Avances, pero no soluciones
La legislación actual resulta insuficiente para los expertos europeos, aunque sí reconocen que el llamado plan de regeneración democrática que se aprobó el año pasado, ha supuesto pasos adelante. En relación con los grupos de interés, esta norma contempla sanciones para los diputados y senadores que no sean honestos en sus declaraciones de bienes, así como la obligación de hacer públicas sus reuniones con personas físicas o jurídicas que busquen modificaciones legislativas.
Sin embargo, no es sencillo trazar una línea en el tema de los lobby, determinar quiénes son considerados como tal, regular las relaciones informales de los políticos en cenas o encuentros, la publicación de las agendas, establecer sanciones o definir estándares claros de transparencia son puntos que aún se podrían concretar más. De hecho, la plataforma ciudadana +Democracia, pidió en un documento abierto que las normas en España se acercasen más al marco europeo “en materia de transparencia, registro, código de conducta, huella legislativa y transparencia de las agendas de los miembros de la Cortes Generales”, señalan en un texto que contiene otras 40 medidas anticorrupción.
El informe del GRECO insiste en que el control de las relaciones con lobistas solo se cumple “en parte”, pide más atención sobre las “personas con funciones ejecutivas” y constata que en materia de transparencia la práctica es “muy desigual” a nivel nacional. También afea el hecho de las agendas de los políticos aún no se hayan publicado.
De lo público a lo privado y viceversa
Para ejercer influencia es necesario poder acceder a quienes la tienen o moverse en una esfera donde se propicien esos contactos. De ahí que las denominadas como puertas giratorias sean otro de los puntos en los que incide el documento elaborado por los expertos del Consejo. En el caso de la imputación de Montoro y Equipo Económico, los presuntos delitos se habrían cometido en parte gracias a este mecanismo.
Así en 2004 Aznar sale del Gobierno y muchos de sus ministros y altos cargos pasan de la política al sector privado. El camino de Cristóbal Montoro —economista de formación y siempre vinculado a cargos en Economía y Hacienda— pasa por fundar un despacho en el año 2006. En los nombramientos que se van publicando a medida que se consolida el negocio figuran nombres que habían pasado por la Administración y que, presuntamente, facilitarían con su posición que los lobby llegasen a ejercer influencia en la gestión política. Está, entre otros, Salvador Ruiz Gallud, exdirector de la Agencia Tributaria y también Manuel de Vicente Tutor Rodríguez, nombrado en enero de 2008 tras haber ocupado distintos cargos de responsabilidad en la Agencia Tributaria.
Este caso ha sido el último en conocerse, pero hay cientos de ejemplos que contribuyen a enturbiar la imagen de las instituciones y comprometen la percepción de los ciudadanos en materia de corrupción. Además, el informe europeo pide regular la figura de los asesores, que también pueden operar de forma opaca en la gestión pública. De hecho, el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2024, presentado por Transparencia Internacional, muestra que España ha descendido cuatro puestos con respecto a 2023 y ocupa el puesto 46 de 180 países analizados.
Una estrategia anticorrupción para la Policía
El Consejo de Europa también ha puesto el foco en la forma de realizar los nombramientos y en la falta de una estrategia específica anticorrupción en la Policía. De hecho, como explicaba infoLibre, en las fuerzas armadas también se dan puertas giratorias que han aprovechado, por ejemplo, miembros de la Unidad Central Operativa (UCO) para pasarse a grandes empresas privadas.
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El informe del GRECO apunta que los avances en las recomendaciones para mejorar la transparencia en la Policía Nacional y en la Guardia Civil también se había quedado a medias. En un documento previo, publicado seis años atrás, el organismo europeo pedía "mejorar los mecanismos de prevención de corrupción", medidas en materia de igualdad entre hombres y mujeres y una mayor "transparencia" en la concesión de cargos, medallas y otras cuestiones relacionadas con la carrera profesional en dichos cuerpos.
Sin embargo, al valorar los cambios que se han ido introduciendo, insisten de nuevo en que no hay una "estrategia específica contra la corrupción" y tampoco unos estándares de transparencia suficientes. Por ello pide "mejoras estructurales" y protocolos de actuación ética más precisos.
Tras la publicación del informe, la reacción del Partido Popular ha sido exigir la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Además, el secretario general del PP, Miguel Tellado solicitó la comparecencia del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. Del lado del Ejecutivo, remarcan que el Gobierno de coalición ha cumplido parcialmente 16 de las 19 recomendaciones emitidas en el anterior informe de la Comisión y ponen el foco en los avances realizados.
