LA POLÉMICA DE LAS SUBVENCIONES PÚBLICAS

Empleo envía a la UDEF y la Inspección de Trabajo la lista provisional de beneficiarios de ayudas para cursos de formación

El empresario José Luis Aneri salió detenido de su casa este miércoles.

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha elaborado ya la lista provisional de beneficiarios de las subvenciones para cursos de formación este año, que incluye a 530 empresas, asociaciones y organismos. En esta convocatoria el SEPE reparte 195 millones de euros, tras denegar o rechazar solicitudes por importe de otros 139,74 millones. La partida presupuestaria era de 250 millones, con lo que 55 millones se quedan sin gastar. El listado definitivo está pendiente de que se resuelvan las alegaciones presentadas para 23 expedientes. Este pasado martes la lista fue entregada por el SEPE a la patronal y los sindicatos, después de que el organismo público se la facilitara también a la Sección de Investigación de la Seguridad Social de la UDEFla Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía– y a la Inspección de Trabajo, para que investiguen posibles irregularidades.

Así lo explicaron los responsables del SEPE a los agentes sociales, según ha podido saber infoLibre de fuentes conocedores de la reunión. Ésta se celebró la víspera de que fueran detenidos José Luis Aneridetenidos José Luis Aneri, presunto organizador del fraude de los cursos de formación en Madrid; el prestamista Antonio Arroyo y el ex director general de Viajes Marsans Iván Losada, quien ya fue condenado por apropiación indebida junto al expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán. La Policía cree que los tres han montado una red para captar ilegalmente subvenciones públicas a la formación. El fraude, aseguran los investigadores, puede superar los 12 millones de euros.

La UDEF incluye en la trama al socio de Iván Losada, Andrés Martínez López, su socio en Fun & Rooms Hotels y copatrono en la Fun Foundation, que ambos crearon el pasado mes de junio junto a Juan Francisco Rallo, entrenador de figuras de la televisión como Pablo Motos o Christian Gálvez. Como ya informó infoLibre, Fun & Rooms había presentado al SEPE tres expedientes para conseguir subvenciones de formación en la convocatoria que está a punto de resolverse. El organismo se las ha denegado. El pasado mes de diciembre, Andrés Martínez López aseguraba a este periódico que Iván Losada era su amigo y su empleado. “Trabaja para mí”, explicaba, “como comercial y coordinando equipos de personal a través de Spanish Business Management”. También decía que estaba aprovechando los “contactos hoteleros de primer orden” que posee Losada, después de sus años de trabajo en el sector.

Andrés Martínez reveló entonces que Hacienda y la UDEF le habían preguntado por su relación con Iván Losada. De hecho, Fun & Rooms Hotels explota el Fun Aragon Hills Hotel & Spa, un establecimiento hotelero situado en Formigal (Huesca), que fue construido por el grupo Basgra, cuyo director general hasta 2008 fue Iván Losada. Ese año Losada pasó a trabajar como número dos de Ángel de Cabo, el liquidador de empresas que adquirió Teconsa –ligada a la trama Gürtel–, Nueva Rumasa y, finalmente, Viajes Marsans.

Siete años después, en 2015, la Audiencia Nacional condenó a Losada a dos años y medio de prisión por alzamiento de bienes, concurso fraudulento, blanqueo de capitales e integración en grupo criminal. Tras firmar un acuerdo de conformidad, confesar los delitos y devolver dos millones de euros desviados a Luxemburgo, consiguió ver reducidos a la mitad los cuatro años y tres meses que le pedía el fiscal por el vaciamiento de Marsans. En febrero de 2016, la Audiencia Nacional le condenó además a un año más de cárcel por apropiación indebida.

Ahora, según la UDEF, se ha unido a José Luis Aneri –a quien conoció en la cárcel, según El País–para desviar ayudas públicas a la formación, mediante testaferros e intermediarios, en su mayoría de nacionalidad extranjera.

Pero la empresa de Iván Losada no es la única vinculada a personas investigadas y condenadas que solicitaron subvenciones a Empleo este último año.

También les han sido denegadas las solicitudes a la Universidad Internacional de La Rioja y a la empresa Formación Lozoya. El nexo entre ambas es Ignacio Velilla Fernández, vicesecretario no consejero y apoderado de la primera, además de administrador de la segunda. Fue condenado por el Tribunal Supremo en 2012 por su responsabilidad contable en el llamado caso Tarrío, precisamente un caso de contratos irregulares en Forcem, la fundación predecesora de la actual Fundae, que gestiona las ayudas a la formación para el empleo.

6,27 millones para las empresas de un cargo del PP

Por el contrario, sí ha recibido subvenciones Método Estudio Consultores, propiedad de Jorge Cuntín Rey, que preside a su vez el patronato de la Fundación Análisis y Formación. En el listado, al que ha tenido acceso infoLibre, figura como beneficiaria de 2,52 millones de euros en subvenciones. El pasado 7 de octubre, el Consejo de Ministros aprobó remitir a la Fiscalía el procedimiento abierto contra ella por la Inspección de Trabajo, que investiga un posible fraude de subvenciones. El fiscal abrió diligencias previas y los responsables de la fundación prestaron declaración. La Inspección le había impuesto una multa de 187.000 euros por una infracción muy grave.

El caso se remonta a 2013, cuando el Ministerio de Empleo preguntó por Análisis y Formación a la Subdirección General del Protectorado de Fundaciones, dependiente del Ministerio de Cultura. La fundación había solicitado al Protectorado autorización para contratar con empresas pertenecientes a los miembros de su patronato, una de ellas la citada Método Estudio Consultores. La ley obliga a pedir permiso porque, en principio, los patronos deben ejercer su cargo de forma gratuita.

El Protectorado denegó la autorización tras detectar un “posible abuso de la personalidad jurídica de la fundación” por parte de sus patronos. Consideraba que las empresas de éstos utilizaban “de forma encubierta” la fundación para obtener subvenciones públicas que de otra forma no podían conseguir. El Protectorado destacaba también que la Fundación Análisis y Formación carecía de otros ingresos que no fueran las subvenciones públicas, por lo que “con dificultad cabe entender que esté realmente satisfaciendo, o pueda hacerlo en el futuro, intereses generales”. “A través de la fundación se están canalizando contratos a entidades mercantiles [como la citada Método Estudio Consultores] que son las que realmente realizan, con evidente finalidad lucrativa, las funciones de formación que la fundación muestra como fines propios, pero que materialmente no parece poder satisfacer por sí misma”. Según indica Alberto Martín, abogado de la fundación, las diligencias abiertas por la Fiscalía de Vigo, han sido finalmente archivadas.

Otro de los patronos de la misma fundación es César Blanco Gómez, secretario de Formación del PP de Ourense, quien administra además Academia Postal Vigo. Esta empresa y otras del mismo grupo, que comparten un “interés comercial para aprovechar sinergias a efectos de posicionamiento de mercado”, han conseguido un total de 6,27 millones de euros en ayudas públicas: Academia Postal Uno recibe 128.296 euros; Postal Escuela de Negocios, 72.717 euros; Educatic Gap, 3,29 millones de euros, y Academia Postal 3 Vigo, 2,77 millones–.

4,78 millones para Consultora San Román

A Consultora San Román le ha otorgado el SEPE 4,78 millones de euros. Pertenece a José Antonio Fernández Ramos, presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Consultoría, Oficinas y Despachos y Servicios (Fenac), la patronal del sector, y presidente de la Comisión de Economía de los Intangibles de CEIM, la patronal madrileña.

El pasado mes de marzo, el Gobierno de Castilla-La Mancha cerró las agencias de colocación de Consultora San Román porque no realizaban ninguna tarea de intermediación laboral. En el mejor de los casos, recogían los currículos que les dejaban los desempleados; en otros, las oficinas estaban cerradas. Las irregularidades, constatadas en un informe de la Inspección de Trabajo de Albacete y denunciadas después por CCOO, no fueron óbice para que la Comunidad de Madrid concediera a Consultora San Román subvenciones para formación por valor de 1,54 millones de euros.

La Asociación para la Formación Integral y el Empleo Forinemas 2009 ha conseguido subvenciones por un importe total de 369.195 euros. La empresa figura en la propuesta de dictamen del PP en la Comisión de Investigación abierta en el Parlamento andaluz para investigar el fraude en los cursos de formación como una de las empresas del entramado creado por el exconsejero de la Junta Ángel Ojeda y su hija Vanessa. La red pudo defraudar hasta 52,6 millones de euros. Forinemas fue creada en 2009 por dos socios de Vanessa Ojeda Romero. Otras dos empresas, Icadepro e Integración de Nuevas Tecnologías y Formación SL, han conseguido 19.871 y 43.291 euros respectivamente. De ambas es apoderado Félix Nenclares, quien a su vez lo fue de Hasa Asistencial y Satia Tecnología y Formación, dos de las empresas de Vanessa Ojeda.

Por su parte, Criteria Recursos Humanos, una de las firmas del Grupo Business Administration, se ha hecho con 111.444 euros en ayudas públicas. El grupo compró y está explotando los materiales de Editrain, una empresa de formación que entró en concurso de acreedores en 2014, con una deuda de 6,47 millones de euros. Su fundador, Jaime Brull Fontseré, está empleado ahora en Business Administration como “asesor y consejero” de su presidente.

Los mayores beneficiarios

De los 195 millones concedidos por el SEPE, el mayor beneficiario ha resultado Adalid Inmark, que se lleva un total de 10,99 millones de euros, repartidos entre las 10 empresas del grupo. Le sigue la suma de las ayudas conseguidas por Método Estudio Consultores y Academia Postal, 8,8 millones. Los agentes sociales también han conseguido su parte en las ayudas del SEPE, pero de forma desigual. Las diferentes patronales provinciales y sectoriales suman subvenciones de 8,75 millones de euros. La mayoría pertenecen a los sectores del metal y la hostelería. UGT, a través de sus federaciones y fundaciones, recibe 7,41 millones, mientras que CCOO, gracias a su fundación, Forem, consigue 546.723 euros.

Otro de los grandes beneficiados en el reparto es Manuel Martín Martín, administrador del grupo Coremsa, que aparece tras las empresas Centro Superior de Formación Europa Sur, Levelcom Servicios y Data Control Formación. El SEPE le ha concedido un total de 7,25 millones de euros en subvenciones para cursos de formación.

El grupo Adams se ha hecho con 5,65 millones de euros en ayudas públicas y Euroformac, con 5,6 millones más. Una de las grandes del sector de formación, Femxa, ha logrado 4,85 millones de euros. La empresa gallega, que resultó implicada en la Operación Zeta, un fraude a la formación en Galicia, fue una de las empresas acusadas de hinchar su red de oficinas para hacerse con los contratos del SEPE para las agencias de colocación privadas. También han recibido subvenciones los múltiples colegios e inspectorías de la orden salesiana –1,71 millones de euros–, así como las confederaciones de colegios privados CECE –1,85 millones– y de colegios católicos CECA –358.536 millones–.

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