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Los abusos de la banca

España se mantiene como centro de blanqueo en Europa por su permisividad

Dimite el consejo de administración de Banco de Madrid y toma el control el Banco de España

La lucha contra el lavado de dinero, el contrabando y el narcotráfico avanza. Pero no lo suficiente como para evitar sonrojos periódicos. El caso de Banco Madrid, intervenido, lo demuestraBanco Madrid. España se mantiene como uno de los núcleos fundamentales en las estructuras de lavado de dinero en Europa, según  el informe sobre el control internacional del lavado de dinero y el crimen financiero elaborado por el Departamento de Estado de EEUU, publicado en marzo de este año.

El avance en la lucha contra el blanqueo lo detalló el Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales (SEPBLAC) en su último informe, referido al año 2013. “Los asuntos abiertos por blanqueo de capitales o financiación del terrorismo alcanzaron en 2013 la cifra de 4.025, lo que representó un notable incremento (del 31,6 %) respecto a los asuntos del año 2012” sostenía el organismo.

Pero los avances son muy modestos. Según el departamento de Estado de EE UU, hay enormes coladeros en el sistema español por los que se escapa el dinero ilícito. "El nivel relativamente bajo de las sanciones reales impuestas por delitos de lavado de dinero es una debilidad, como lo es la capacidad limitada para manejar los casos de lavado de activos complejos en el sistema judicial en el momento oportuno", sostiene el documento.

Vigilancia por países

Esas debilidades del sistema español explican que el país se mantenga entre los Estados que EEUU engloba en las denominadas Jurisdictions of Primary Concern, los que merecen mayor vigilancia. El país figura (página 2 del informe) entre los Estados más relevantes por operaciones de lavado. El hecho de que en esa lista figuren también algunas de las mayores economías del planeta (Alemania, Austria, Japón e Italia entre otras) es sólo un magro consuelo.

España figura en el núcleo de los países blanqueadores desde hace años. En 2012, el informe de EEUU ya destacaba que "el acceso en España a las instituciones financieras europeas permite que entren fondos ilícitos en el sistema financiero global con reducida vigilancia". El destino de esos fondos, pese a cinco años de crisis, eran –y siguen siendo–, la vivienda en las zonas costeras del Sur y el Este del país, además de "servicios, comunicaciones, automovilístico, obras de arte y sector financiero".

EEUU reconoce en sus informes el esfuerzo realizado por las autoridades para mejorar la situación. Pero destaca también, según la gaceta digital La Celosía, que el Gobierno ha aprobado con un retraso de cuatro años el reglamento que desarrolla la la ley contra el blanqueo de capitales o la orden que obliga a los bancos a registrar cuentas, número, nombre del titular y del beneficiario real, así como los detalles de su apertura y cancelación.

Retrasos y falta de sintonía

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Los retrasos y la falta de sintonía entre los órganos de regulación y de supervisión bancaria explican en buena medida que España, pese a los avances, sea todavía un agujero negro en el sistema internacional de lavado de capitales.

La intervención de Banco Madrid, de hecho, puso de manifiesto diferencias entre el Banco de España, el órgano de supervisión de la banca y el Ministerio de Economía, el departamento del que depende la unidad de inteligencia financiera SEPBLAC. Aunque las declaraciones oficiales fueron siempre tranqulizadoras, el Banco de España destacó que su única función respecto a Banco Madrid –filial de la Banca Privada de Andorra, BPA– era vigilar su solvencia, lo que en efecto cumplió. La pelota pasaba así a la Secretaría de Estado de Economía, de la que depende el SEPBLAC.

La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales impuso en 2013, último año con datos oficiales, ocho multas a entidades financieras por blanqueo de capitales. Pero el Ministerio de Economía, del que depende la Comisión, no hace públicos los nombres de los bancos infractores. Las sanciones sumaron un importe de 5,25 millones de euros. Son sólo las administrativas. Las multas impuestas por condenas en los tribunales alcanzaron ese año la cifra récord de 655,87 millones de euros.

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