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AUTOPIsTAS EN QUIEBRA

Fomento acelera el rescate de autopistas ante las maniobras de las constructoras en Moncloa

La ministra de Fomento, Ana Pastor, espera que las grandes constructoras (Acciona, Ferrovial, ACS, Sacyr y FCC) acepten, esta misma semana, el plan de rescate diseñado para salvar de la quiebra a la decena de autopistas que controlan y que atraviesan serias dificultades, entre ellas las radiales de Madrid (R-2, R-3, R-4 y R-5), todas en concurso de acreedores. El conjunto de la deuda ronda los 4.000 millones de euros.

El proceso se ha acelarado porque las grandes constructoras, según confirman fuentes del sector, han acudido al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro y a la Oficina Económida del Presidente del Gobierno que dirige Álvaro Nadal para intentar suavizar los términos del acuerdo que propone Fomento.

El acuerdo, que se negocia desde hace meses y que cuenta con el apoyo de los bancos acreedores, consiste en traspasar las vías de pago con problemas a una sociedad pública en la que el Estado tendría el 80% y las concesionarias el 20%. El valor estimado de la sociedad rondaría los 608 millones de euros, según los expertos (Ernest and Young) que han trabajado para el Fomento.

Valoración

El problema está en que todas las constructoras no están de acuerdo con esa valoración. Y varias de ellas, que reclamaron en su día hasta un 49% de la nueva sociedad (con apoyo de los estudios de la consultora Deloitte), estarían dispuestas incluso a no participar en el compromiso y en jugar el fin del partido en los tribunales.

El diseño de Fomento para lo que es una nacionalización encubierta, a través de una sociedad pública, contempla un horizonte de 40 años. Las previsiones que la acompañan son muy negativas todavía para los próximos años, con caídas de tráfico incluso hasta 2015 y crecimientos modetos, de en torno al 2%, en años sucesivos.

El asunto es espinoso. Afecta a decenas de entidades, empresas y bancos y, por supuesto, a los contribuyentes. De acuerdo con los datos del Ministerio de Fomento, en las autopistas de peajes con problemas participan 52 entidades financieras, 10 constructoras, 21 socios y miles de expropiados que aún estan pendiente de recibir la compensación por la entrada de sus terrenos.

No es sólo dinero. El secretario de Estado de Infraestructuras, Rafael Catalá destacó en un acto celebrado antes del verano en el Executive Forum que "está en juego el sistema concesional".

Ese sistema consiste en el derecho de una empresa privada a construir, financiar y gestionar una infraestructura a cambio de una compensación por explotarla durante un tiempo determinado.

Siguen las negociaciones

Oficialmente, Fomento asegura que nada ha cambiado respecto a la situación de meses atrás: se sigue negociando y "de ningún modo se han dado ultimatums" (a las empresas) explica la portavoz del departamento.

Pero la patronal de la construcción, SEOPAN, celebra el miércoles la reunión mensual de su junta directiva.SEOPAN, Aunque según la portavoz de la asociación "se trata de una reunión ordinaria, como las que se celebran cada mes", fuentes del sector sostienen que, a su término, las empresas implicadas en las autopistas hundidas estudiarán si aceptan o no las fórmulas de solución que propone Fomento.

En la partida, además de Fomento y la banca (Santander, BBVA, Bankia y CaixaBank son cuatro de las principalesentidades involucradas en el proceso, confirman fuentes al tanto de los contactos), juega Aseta, la asociación que agrupa a las concesionarias y la patronal de las constructoras (accionistas de las concesionarias).

De la decena de autopistas que tienen problemas económicos y financieros, media docena se han declarado en concurso de acreedores. Se trata de las radiales de Madrid R-2, R-3, R-5 y R-4, la Madrid-Toledo, la Ocaña-La Roda y la Cartagena-Vera. Entre las vías en dificultades también figura la autopista al aeropuerto de Barajas, Ciralsa (circunvalación de Alicante) y Ausur (Alicante-Cartagena).

Acuerdo con la banca

El acuerdo base con la banca, prácticamente cerrado desde hace semanas se puede definir (y de hecho así lo hacen fuentes empresariales) como una quita encubierta de parte de la deuda.

Las concesionarias en concurso deben a la banca, nacional e internacional, alrededor de 2.500 millones. Según la negociación, la banca española asumiría su mitad y compraría a la banca extranjera su porción (1.200 millones), con un descuento importante, a un tipo de interés favorable (1,5% incial y 3% de tasa media) y a un plazo de 30 años. Los bancos pondrían, además, 1.200 millones para financiar las expropiaciones.

Los problemas de las concesionarias de las radiales, desarrolladas en la segunda legislatura del Gobierno de José María Aznar han acabado mal  por la mezcla de crisis económica (los niveles de tráfico están en marcas de 1997), financiación con endeudamiento elevado y elevado coste de las expropiaciones de terrenos.

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