Sector inmobiliario

En Marea lleva al Congreso una ley para multar con hasta el 75% del IBI a dueños de pisos vacíos

En Marea lleva al Congreso una ley para multar con hasta el 75% del IBI a dueños de pisos vacíos

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En Marea, confluencia gallega de Unidos Podemos, quiere modificar la Ley de Haciendas Locales para permitir a los ayuntamientos aplicar recargos de entre el 50% y el 75% del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) a los pisos que estén vacíos de forma continuada.

Para ello, registró en el Congreso una proposición de ley, que recoge Europa Press, con la que buscan definir qué se considera una vivienda vacía y así permitir el recargo en el IBI que ya prevé la citada ley, pero que no puede aplicarse ante la falta de un reglamento posterior.

En este sentido, la formación gallega precisa en su ley que se entenderá que un piso está vacío cuando, teniendo condiciones para ser utilizada, se mantiene desocupado durante un periodo superior a un año o a 22 meses, alternos o continuos, a lo largo de dos años.

La excepción a esta regla general se dará cuando el propietario pueda alegar razones laborales, de conciliación familiar, de salud, de dependencia o de emergencia social. Además, el recargo podrá ser fijo para todos los casos o variable en función del número de años de desocupación, del valor catastral de la vivienda o de cuántos pisos vacíos tenga el mismo contribuyente.

Por otro lado, la proposición también contempla la posibilidad de regular una bonificación de hasta el 90% de la cuota íntegra de este impuesto cuando acrediten "una situación económica desfavorable, de insuficiencia en las rentas familiares", quedando al albedrío municipal la determinación de los criterios y cuantía concreta en los diferentes casos.

Los ayuntamientos han actuado por su cuenta

En su iniciativa, En Marea critica que el "drama social de los desahucios" se siga manteniendo en España a pesar de que el 13,7% de las viviendas del país están vacías, según el censo de 2011, sumando un total de 3,4 millones de pisos.

Esta situación, apostillan, ha llevado a algunos municipios a aprobar ordenanzas donde incluyen esta previsión, aunque con gran inseguridad jurídica al no contar con un marco legal general.

Por otro lado, justifican la posibilidad de bonificar los abonos del impuesto municipal a familias en situación de vulnerabilidad, porque estas familias, critican, sufren el "alza insostenible" que ha experimentado este impuesto por decisión del Ejecutivo central para "paliar en parte la fuerte caída de ingresos" de los municipios.

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