Las propuestas de vivienda en Aragón: PP quiere bajar impuestos, PSOE topar precios y Vox tira de 'okupas'

Con las elecciones en Aragón a la vuelta de la esquina, los partidos políticos apuran la recta final de la campaña para tratar de llegar a los indecisos. En temas como la sanidad, la educación, la dependencia, la despoblación o la vivienda emerge un mar de propuestas cruzadas. Pero la vivienda es un tema de especial sensibilidad que aparece un mes tras otro, como la principal preocupación de los españoles, según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Conseguir un piso en propiedad, independizarse o adquirir una casa en condiciones dignas para quedarse a vivir en una de las comunidades españolas con más problemas de despoblación, son elementos importantes para los ciudadanos y están también en la ecuación electoral de los partidos. 

En una ronda por los distintos programas electorales hay medidas que coinciden, como la necesidad de movilizar y construir más vivienda o de atender a la rehabilitación en el medio rural. Pero en los documentos aportados por los partidos se reflejan también los mantras que cada uno repite en el marco nacional. El Partido Popular propone bajar impuestos (“apostaremos por reducir la presión fiscal y reducir al máximo el Impuesto de Transmisiones, Actos Jurídicos Documentados o el IBI por la compra de vivienda”), el PSOE quiere intervenir los precios aplicando las etiquetas de “mercado residencial tensionado” y Vox explota el debate de la "okupación" proponiendo una política de “tolerancia cero”, según recoge en su programa.

En el caso de la "okupación", es importante destacar que el porcentaje de ocupaciones en 2024 (último dato disponible) fue un 0,05%, de forma que afectó a unos 15.000 inmuebles sobre un parque de vivienda de 25,6 millones de casas, de acuerdo con los datos de la Policía Nacional.

Así está la vivienda en Aragón

En Aragón los precios de venta de casas han crecido un 7,3% en los últimos 12 meses, tres décimas por encima del conjunto nacional, de acuerdo con el portal estadístico del Notariado, que extrae los datos de las compraventas firmadas en notarías. Casi todas las operaciones, un 92,6%, correspondieron a viviendas de segunda mano con un precio medio por metro cuadrado de 1.251 euros, quedando el importe medio en los 143.664 euros. 

En cuanto a los alquileres, el precio medio se elevó en España un 8,5% y en Aragón un 9,9%, ligeramente por encima de la media nacional, según el portal inmobiliario Idealista. Por otro lado, el depósito de fianzas ante el Gobierno de Aragón se ha incrementado en todas las provincias durante 2025: Zaragoza tiene una renta media de 647 euros y un incremento interanual del 6,2%; Huesca de 512 euros (+3,5%) y Teruel, 481 euros (+6,9%). Lo mismo ha ocurrido en las capitales de provincia con resultados de 686 euros en Zaragoza, 563 euros en Huesca y 574 euros en Teruel.

Si bien esta comunidad no figuraría a priori entre las más tensionadas, sobre todo si se compara con las islas, Madrid o Barcelona, han surgido plataformas que denuncian los altísimos precios en regiones populares como la del Pirineo. Por ejemplo, la localidad de Sallent de Gállego, al norte de la provincia de Huesca, ya ha superado la barrera de los 3.000 euros por metro cuadrado en el tercer trimestre de 2025, anotando una variación interanual del 35,2%. En los lugares más visitados y en aquellos cercanos a las pistas de esquí, el auge de los apartamentos turísticos y de las segundas residencias está desplazando a los trabajadores y a los vecinos locales al impulsar los precios hasta márgenes imposibles. 

Otro punto es la vivienda antigua que por su deterioro no está en condiciones habitables. Un problema que enfrentan muchas comunidades con datos altos de despoblación y que dificulta, por ejemplo, que los funcionarios que se desplazan a trabajar encuentren una casa. Aquí el problema no es tanto el precio, como la escasez de una oferta con condiciones de habitabilidad dignas.

Las propuestas de cada partido

Con estos mimbres los distintos partidos políticos se lanzan a capitalizar el descontento con medidas para todos los gustos. Y, como ocurre a nivel nacional, el color político condiciona el lenguaje de las propuestas, aunque algunas de ellas, como la construcción de más inmuebles, son transversales a todos los programas.

Vox se centra en explotar el comodín de la "okupación" de vivienda y en promover hogares “en especial para familias españolas que tengan o vayan a tener hijos”. Por su parte, el PP tira de rebajas fiscales y de impulsar la construcción de casas en terrenos dotacionales sin uso, mientras que el PSOE insiste en que se debe aplicar la Ley de Vivienda, a la vez que promete aplicar la etiqueta de zonas tensionadas o edificar 20.000 viviendas nuevas. En el bloque de IU y Sumar abogan por medidas que permitan el acceso a las familias vulnerables con rentas más bajas y por el blindaje de la calificación pública de la vivienda, algo que comparte con el PSOE. También destacan la necesidad de poner coto a los pisos turísticos y frenar los desahucios.

Por partidos, los populares concretan sus promesas en una reducción de los impuestos de Transmisiones, Actos Jurídicos Documentados o IBI en la compra de inmuebles en zonas rurales y en la rehabilitación. "La vivienda es un elemento estratégico para la vuelta al mundo rural. Solucionaremos el problema existente para el acceso a ellas mediante políticas de rehabilitación en las que se suprimirán los impuestos para ese fin", recoge el programa. Otra de las cosas que ha prometido el candidato del PP, Jorge Azcón, es un aval del 15% a los jóvenes para la compra de vivienda. Además, en otra comparecencia, explicó que lanzarían un plan para municipios medianos en el que se ejecutarán nuevas casas en suelos municipales. La idea es que la Administración autonómica sea la licitadora de la construcción y la empresa privada asuma la inversión de la construcción y la gestión de los alquileres durante 15 años.

En el lado del PSOE, la candidata, Pilar Alegría, ha centrado su discurso en lograr que la ley estatal de vivienda se aplique en la comunidad. "Aplicar la ley de vivienda significaría reducir el precio de los alquileres", señalaba. En su programa promete una vivienda pública con un precio máximo del alquiler de 500 euros, ayudas específicas para la rehabilitación y ampliar el parque público. En la propuesta socialista también proponen limitar los pisos turísticos y un Fondo de Cohesión Territorial con líneas específicas de apoyo en esta materia.

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Vox, que había sido la tercera fuerza política en los anteriores comicios, propone, además de lo ya mencionado, "liberalizar todo el suelo que no esté protegido" e incrementar la "altura y densidad" de los inmuebles, construir 7.000 viviendas anuales y rebajar "los tributos y cargas involucrados en el proceso edificatorio". En el lado del alquiler proponen "armonizar" los intereses de caseros e inquilinos e incentivos fiscales al alquiler de larga duración.

En cuanto a Izquierda Unida y Sumar, su primer punto va dirigido a la protección de familias vulnerables y a la calificación pública indefinida, algo en lo que vienen insistiendo también a nivel nacional. Pide que se aplique la ley de vivienda en zonas tensionada, elevar el gasto autonómico en esta materia hasta el 1% y que se aplique la ley de segunda oportunidad frente a las deudas como alternativa a los desahucios.

La cuarta fuerza política de la región es Chunta Aragonesista, que aboga por una ley centrada en la propia comunidad autónoma y por crear instituciones públicas como un banco de suelos y viviendas, un observatorio inmobiliario aragonés y una red comarcal de oficinas de asistencia. Además, insiste en una propuesta que es transversal a todos los programas: aumentar el parque de pisos disponible. También proponen establecer un fondo de financiación en esta materia. Casi con la misma representación está Aragón Existe, que en materia de vivienda propone posibilitar rehabilitaciones express y crear un Banco Público Rural que atienda a las regiones menos pobladas. Además, propone crear una agencia que movilice las casas vacías en los pueblos y las gestione desde lo público. El candidato, Tomás Guitarte, también prometía construir "al menos cuatro casas" en cada población pequeña de forma que los profesionales destinados en esas áreas tuviesen más fácil instalarse allí.