Semana negra de Iberdrola: investigados su presidente y la nueva consejera en plena guerra con el Gobierno por la luz

El mes de junio ha sido el mes horribilis para Iberdrola, una de las mayores eléctricas de España y Europa con presencia en el Ibex y con instalaciones en decenas de países de primer orden como EEUU, Australia, Brasil o Reino Unido. Una de las multinacionales que aspira a una tarta de hasta 30.000 millones de euros correspondientes a los fondos europeos NextGenerationEU con una cartera de 175 proyectos ha vivido en las últimas semanas escándalos judiciales, conflictos con el Gobierno y hasta un desplome bursátil como consecuencia de lo anterior. 

El último lío de la compañía cuyo domicilio social está en Bilbao (en la Torre Iberdrola) es la investigación por parte de la Defensora del Pueblo de la Unión Europea (Ombudsman) sobre el posible conflicto de interés al fichar a la que hace era tres meses era vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI). La incorporación de Emma Navarro como consejera independiente a una sociedad que, según el Ombudsman, "había recibido préstamos" del BEI ha suscitado las sospechas de la agencia comunitaria que dirige Emily O'Reilly, que ha anunciado este viernes la apertura de la investigación.

Esta se ha iniciado tras una denuncia de dos diputados de Los Verdes en Europa entre los cuales estaba el español Ernest Urtasun. La Defensoría de la UE también ha pedido explicaciones al BEI, que aprobó la salida de su ya ex vicepresidenta. Iberdrola ha rechazado hacer declaraciones sobre este punto.

Esto fue este viernes. El miércoles 23 trascendió la gran polémica que redondea la semana negra de la energética: el presidente desde 2006, Ignacio Sánchez-Galán, fue imputado en calidad de investigado por el juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso Tándem (también conocido como caso Villarejo). A Sánchez Galán y a otros tres ex directivos de la empresa (Fernando Becker Zuazúa, Francisco Martínez Córcoles y Rafael Orbegozo Guzmán), el magistrado Manuel García Castellón les imputa por tres delitos: "Presunta participación en la comisión de delito continuado de cohecho activo", "delito contra la intimidad" y "delito continuado de falsedad en documento mercantil cometida por particular". En definitiva, por supuestamente contratar al ex comisario jubilado José Manuel Villarejo para actividades presuntamente ilícitas entre 2004 y 2006, según los razonamientos jurídicos del auto. 

Rápidamente la compañía se apresuró en confirmar que Sánchez Galán seguirá al frente de la energética, y que "solo se cuestionará la idoneidad del cargo" si el juez dictamina un auto de procesamiento, que sería el paso previo para enviar al empresario al banquillo de los acusados. 

Al día siguiente, jueves 24 de junio, Iberdrola emitió un comunicado en la que remachaba su negativa a dudar de la continuidad del presidente, agarrándose al código ético y a la supuesta transparencia que la propia firma destaca de sí misma.  Sin embargo, el comunicado corporativo ensalzaba la investigación interna que precisamente el propio magistrado rechaza estimar. "La Comisión Ejecutiva Delegada dejó constancia expresa de que, conforme a las conclusiones de la investigación interna y del informe ‘forensic’ independiente encargado a PwC, no se ha puesto de manifiesto la comisión de ningún tipo de ilegalidad o irregularidad ni de ninguna conducta inapropiada (ni indicio alguno de su posible comisión) por parte de los miembros del Consejo de Administración ni de la Alta Dirección en relación con los hechos del denominado Caso Villarejo".

PwC afirma no haber encontrado una relación contractual entre Iberdrola y la empresa a través de la cual Villarejo prestaba servicios (Cenyt), pero García-Castellón sí: en la declaración de un ex empleado denunciado ante Anticorrupción por Iberdrola y también investigado (y respaldado por documentación y por otros testigos que trabajaron en la compañía en el pasado), y en los registros practicados tanto a Villarejo como a otro investigado vinculado al Grupo Cenyt, Rafael Redondo Rodríguez, en el domicilio de este último. Portavoces oficiales de Iberdrola sostienen que el informe forensic es clave, a pesar de que las pruebas contra los investigados proceden de varias direccionesforensic. 

Así, el desplome en Bolsa del 3,5% al cierre de la semana se asemeja al peor registrado durante la pandemia por parte de Iberdrola. Y especialmente relevante, teniendo en cuenta que Iberdrola es la segunda compañía en cuanto a valor bursátil, llegando a superar por momentos a Inditex en verano del año pasado, en plena pandemia. En julio Iberdrola llegó a valer en Bolsa 71.727,6 millones, frente a los 71.651 millones del grupo textil. La eléctrica ahora ronda por los 70.000 millones de euros (si sigue la tendencia la próxima semana caerá por debajo de ese umbral), mientras que la salida de la recesión y la vacunación masiva han espoleado a Inditex, cuyo valor bursátil en mayo superó los 100.000 millones. 

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Hasta aquí los conflictos judiciales. Porque no se puede decir que la multinacional eléctrica llegase a junio sin otros contratiempos, como los políticos: el mes arrancó con la tramitación por parte del Consejo de Ministros de un anteproyecto de ley por el que se actúa sobre la retribución del CO2 no emitido del mercado eléctrico, es decir, un recorte a las retribuciones, en teoría excesivas, que perciben muy pocas compañías. Esto afecta sobremanera a Endesa, Naturgy o Iberdrola: el Gobierno estima un ahorro de 1.000 millones de euros, que debería permitir abaratar la factura de la luz. Son los llamados beneficios caídos del cielo. 

Pero esos 1.000 millones serían costeados por las grandes empresas de energía, algo que no ha gustado en la dirección de Iberdrola. El pasado 18 de junio, antes del terremoto judicial, Sánchez Galán cargó contra la decisión del Gobierno en plena Junta General de Accionistas: "Confiamos en que el Anteproyecto de Ley recientemente presentado en nuestro país, que introduce cargas injustificadas sobre tecnologías no emisoras, sea reconducido a lo largo de su tramitación", proclamó el presidente.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha avalado estos días el recorte a los beneficios caídos del cielo y tanto su presidenta, Cani Fernández, como el Ejecutivo de coalición atribuyen que se haya disparado estos días la factura de la luz al precio del CO2. Y Unidas Podemos, socio menor del Gobierno, sigue reclamando una empresa pública de energía. Un mal mes para Iberdrola.