Usar Uber o Cabify será distinto según el color político: el cliente esperará una hora en València pero nada en Madrid

Pedir un Vehículo de Transporte por Conductor (VTC), más conocidos en España por plataformas digitales como Uber o Cabify, va a ser completamente distinto según la comunidad autónoma en la que se encuentre el cliente de este servicio. Esto es algo que ya se produce en la actualidad, pero que quedará consagrado por ley: en estos momentos se halla en el Senado el trámite para modificar la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres. Y, aunque van a introducirse varios cambios, la modificación de la ley permite fijar a cada región el denominado tiempo mínimo de precontratación. 

Según el texto legislativo en curso, el tiempo mínimo de precontratación se entiende como "el establecimiento de un intervalo de tiempo mínimo entre la contratación o la designación del vehículo y la prestación del servicio", es decir, el tiempo que pasa entre que el cliente selecciona un servicio de VTC y el vehículo llega a recoger al usuario. Y es aquí donde está el embrollo: las autonomías con un color político progresista y más afines al sector del taxi están decretando tiempos mínimos que van de los 15 minutos a la hora, y las que se sitúan más a la derecha no han fijado ningún intervalo de espera, por lo que este sería equivalente a cero segundos. 

Lo anterior tiene excepciones: Galicia, la única comunidad con mayoría absoluta del PP, llegó a un acuerdo con las federaciones de taxistas a comienzos de 2020 para establecer una antelación mínima de 15 minutos al solicitar un servicio VTC. Pero la Comunidad de Madrid o Andalucía, gobernadas por partidos de derechas, no han imitado a Alberto Nuéz-Feijóo. Eso sí, la modificación de la ley que tramita ahora la Cámara Alta sí contempla endurecer las sanciones para los vehículos VTC que incumplan el tiempo mínimo precontratado fijado por los gobiernos regionales. Tres sanciones en dos años pueden suponer la retirada de la licencia. 

No solo actúan las regiones: la ley permite a las autonomías delegar en los municipios donde operan los VTC el tiempo mínimo de precontratación. Esto sucede en la Comunidad Valenciana. 

Para complicar más la cosa, la justicia ha amparado en algunos casos los tiempos de antelación autonómicos pero en otros los ha tumbado. "El servicio de VTC es un transporte de viajeros de menos de nueve plazas que presta servicio de manera diferente al taxi, porque su tarifa no está regulada. Y esto va contra la ley. Por eso exigimos que haya un tiempo mínimo de precontratación con Uber y Cabify, porque no vale que un usuario levante la mano y coja un VTC como si fuera un taxi", defiende Tito Álvarez, portavoz de Élite Taxi. "Dependiendo de cada municipio, los ayuntamientos son los que deberían decidir en función de muchos factores: tamaño de la localidad, facturación, etcétera". El Ministerio de Transportes no ha hecho declaraciones. La división de Uber en España tampoco. 

En las Islas Baleares, el tripartito de izquierdas (PSOE, Podemos, Més) fijó el tiempo de precontratación más alto a nivel autonómico: 30 minutos, intervalo que el Tribunal Superior de Justicia de Baleares respaldó en marzo pasado, tumbando un recurso de una de las mayores empresas de VTC, Ares Capital, que aseguraba que era un tiempo desproporcionado. El director de Movilidad y Transporte Terrestre de Baleares, Jaume Mateu, indica a infoLibre que "la medida alcanzó un elevado grado de consenso entre el sector de Taxi y VTC" de las islas "en aras de mantener el equilibrio que históricamente se ha alcanzado entre ambos sectores, donde los dos modelos, taxi y VTC, atienden a mercados diferenciados". "Las VTC en Baleares funcionan mayoritariamente con contratos previos vía touroperacion", dice Mateu, y por tanto ofrecen "servicios personalizados de transporte que van más allá del que ofrece el sector del taxi. La medida de contratación previa supone, pues, garantizar que esta manera de funcionar se mantiene tras los cambios normativos que han aparecido en los últimos años".

El Gobierno del País Vasco, en cambio, hizo exactamente lo mismo que el balear a finales de 2019 e implantó 30 minutos de espera pero el TSJ de Euskadi tumbó esa condición el pasado 11 de junio: aunque el TSJPV admite recurso ante el Supremo, el tribunal señala, al contrario que en Baleares, que la media hora de antelación "dificulta de forma extraordinaria para los VTC el acceso al mercado". "Tal espacio temporal, en la práctica, para el usuario sólo es posible de cumplir cuando la necesidad de transporte se conoce con anterioridad e, incluso, se puede saber el horario. Sin embargo, el número de servicios de esta clase es muy escaso", razona la sentencia. El presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo que ha echado por tierra la medida es Luis Ángel Garrido, quien en febrero protagonizara una polémica al calificar a los epidemiólogos de médicos "con un cursillo". 

La Comunidad Valenciana, que al igual que en Baleares está gobernada por otro tripartito de izquierdas (PSOE, Compromís, UP), establece un tiempo de precontratación general de 15 minutos en su decreto-ley de marzo de 2019; pero el mismo texto establece que las "entidades locales podrán modificar las condiciones de explotación para mejorar la gestión de la movilidad interior de las personas viajeras o para garantizar el control efectivo de las condiciones de prestación de los servicios".

Esto último es muy relevante: el Ayuntamiento de Elche, en Alicante, fijó una hora el intervalo, lo que suscitó protestas de la patronal de VTC Anauto. Finalmente, el Tribunal Supremo dio en mayo la razón a la ordenanza municipal ilicitana. Y eso está dando pie al Ayuntamiento de Valencia a seguir los pasos de Elche y fijar una hora de tiempo de precontratación. Según declaró el concejal de Movilidad Sostenible Giuseppe Grezzi –responsable de la espectacular red de carriles bici valencianos construida desde la pasada legislatura– el 28 de junio, la nueva ordenanza de VTC pretende "garantizar la competencia más efectiva y el respeto a la legalidad y evitar la competencia desleal".

Cataluña, por último, aprobó el tiempo mínimo de 15 minutos en enero de 2019, intervalo que el Consejo Metropolitano del Área Metropolitana de Barcelona amplió a una hora. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña tumbó la norma en julio de ese año, que se encuentra recurrida. Es una de las regiones donde este conflicto se vive más intensamente, hasta el punto que Uber opera allí con la app del taxi y, tanto esta firma como Cabify, han tenido que abandonar la capital catalana varias veces en los últimos años.