El Gobierno regulará los centros de datos para limitar su consumo de agua y que utilicen un 80% de energía renovable

El Gobierno prepara una normativa para poner coto a la ola descontrolada de centros de datos que se están instalando en España. Tras las constantes denuncias de falta de transparencia de los vecinos de Aragón, donde tienen puesta una alfombra roja, y las malas experiencias de países que abrazaron estas instalaciones, el Ejecutivo prepara un real decreto para limitar su consumo de agua, garantizar que utilizan energía renovable sin robársela a otros sectores de la economía y para que no puedan ser empleados por terceros países para robar información sensible.

Fuentes del ministerio de Transición Ecológica aseguraron este martes que el Gobierno apoya la llegada de los centros de datos, pero de manera controlada. "Es el momento ideal para anticiparse y evitar estos problemas", dijeron los altos cargos durante una rueda de prensa conjunta entre la Moncloa, Transición Ecológica y el ministerio de Transición Digital. Citaron casos como los de Irlanda, Países Bajos o Estados Unidos, donde el aterrizaje descontrolado ha acabado con casos de apagones locales –por su elevado consumo de energía– o contaminación de aguas subterráneas.

Estas exigencias se aplicarán a todos los centros de datos de más de 1MW de potencia –prácticamente todos– que no estén ya conectados a la red de transporte o distribución, es decir, los que no estén ya operativos, de manera que algunos de los ya anunciados y con los permisos concedidos tendrán que hacer modificaciones de sus planos. Los que no se adapten en un periodo de seis meses desde la entrada en vigor de la nueva normativa perderán su permiso de conexión a la red. En todo caso, este real decreto entrará esta semana en proceso de audiencia pública, de manera que puede ser modificado, y el Ejecutivo espera que entre en vigor este año.

La idea que trasladaron los altos cargos de la Administración es que hay un aluvión de instalaciones, muchas de ellas dudosas y sospechosas de “especulación”, de manera que estos requerimientos forzarán a una parte de los promotores a anular sus proyectos. El Gobierno estimaba que habría en España en 2030 centros de datos equivalentes a entre 3,5 y 4 GW de potencia, pero a estas alturas ya hay proyectos con los permisos concedidos por 12,4 GW, tres veces más, sin contar con otros 6GW de centros más pequeños conectados a la red de distribución. De manera que los nuevos requisitos deberían reducir sustancialmente la cifra. “Solo queremos los mejores centros”, trasladaron los altos cargos.

Obligaciones en energía y agua

La exigencia más destacada será la obligación de emplear al menos un 80% de energía renovable durante cada una de las 24 horas del día, un requisito que encaja con un país como España, donde la eólica y la fotovoltaica abundan, pero que se trata de un parche frente a algunos proyectos ya avanzados que en sus planos recogen un apoyo energético parcial mediante la quema de gas natural y diésel. 

Además, esa energía renovable tendrá unas condiciones exigentes: deberá ser generada con nuevas plantas eólicas o solares construidas explícitamente para ese centro de datos para evitar que simplemente la compren al mercado eléctrico mayorista, tomando el puesto de otros sectores, y no hagan ningún esfuerzo, aunque no será obligatorio levantar estas plantas junto al centro de datos, sino que puede ubicarse en otra comunidad autónoma y ser adquirida mediante un contrato bilateral. De la misma manera, algunos proyectos ya en marcha en España habían declarado que serían 100% verdes simplemente acudiendo al mercado mayorista y tendrán que modificar sus planes.

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De igual manera, los centros de datos estarán obligados a cumplir con condiciones de demanda de agua, el punto más controvertido que denuncian activistas en Aragón. En esta comunidad hay ya aprobados ocho campus pendientes de construcción, cada uno con varios centros de datos en su interior, pero ninguno de ellos recoge en su memoria la cantidad de agua que consumirá el proyecto completo. En el real decreto gubernamental, todos ellos estarán obligados a cumplir con las exigencias europeas de eficiencia de uso de agua, antes de que entren oficialmente en vigor en 2027 en todo el continente.

El cumplimiento de los requerimientos hídricos y de electricidad verde por parte de estas instalaciones será competencia del Ministerio de Transición Ecológica, previa declaración responsable emitida por cada una de las propietarias de los centros de datos. Serán evaluados cada año, según explicaron desde esta cartera, y si incumplen reiteradamente sus compromisos podrían llegar a perder su permiso de conexión, lo que en la práctica equivaldría al cierre de la planta. Un incumplimiento puntual también sería penalizado con un incremento del coste de los peajes de la red para la instalación, lo que encarecería su factura eléctrica. 

En lo que respecta a la ciberseguridad, los centros de datos estarán obligados a cumplir con varios requisitos. Que hagan una trazabilidad de los servicios que les prestan empresas de terceros países, que se haga un seguimiento exhaustivo de sus subcontratas y que si terceros países tratan de acceder a los datos almacenados por la empresa, esta sea capaz de frenar ese intento. Además, si alojan información de administraciones públicas españolas o de seguridad nacional, deben comprometerse a que los datos almacenados no salen de la Unión Europea.