CRISIS FINANCIERA

El vuelco judicial en Bankia rompe el bloqueo a la investigación política del rescate de las cajas

Miguel Ángel Fernández Ordóñez, en una imagen de archivo.

La decisión de la Audiencia Nacional de imputar a los antiguos responsables del Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) por la salida a bolsa de Bankia ha activado de inmediato la investigación de las responsabilidades políticas, paralizada, cuando no paralizada, tanto en el Congreso de los Diputados como en algunos parlamentos autonómicos.

El Pleno del Congreso debatirá el miércoles de la semana que viene la solicitud de Unidos Podemos y Compromís de crear una comisión de investigación sobre la crisis financiera y el rescate de las cajas de ahorros, incluida Bankia. La petición se suma a las iniciativas en la misma dirección presentadas por Ciudadanos –inadmitida el pasado 31 de enero–, ERC, Compromís –el pasado martes– y el PSOE, que acaba de registrar la suya sobre la salida a bolsa de Bankia. Aunque todavía falta por decidir hasta dónde llegará la investigación –sólo Bankia o el rescate financiero al completo–, el PP ya ha anunciado que no se opone a crear la comisión y el resto de los grupos han expresado su pleno apoyo. El Congreso, por tanto, investigará lo ocurrido en las cajas de ahorro desde el estallido de la crisis financiera, su posterior nacionalización y las irregularidades y fraudes descubiertos.

Así se pone fin al bloqueo que han sufrido todas y cada una de las iniciativas que sobre el asunto se presentaron en el Congreso desde 2012. La que presentó Joan Baldoví, de Compromís, para crear una comisión no permanente sobre Bankia ni siquiera fue admitida. Las dos del PSOE para investigar el rescate financiero fueron rechazadas por la mayoría absoluta del PP. Otra de la Izquierda Plural –IU, ICV y CHA– junto a PNV y el Grupo Mixto fue bloqueada por el PP en la Junta de Portavoces y terminó caducando.

En diciembre de 2013 los socialistas volvieron a intentarlo. En la Diputación Permanente –se discutió en enero de 2014, periodo de vacaciones en el Congreso–, consiguieron el apoyo de IU y UPyD, pero ni el PNV ni CiU los secundaron. Entonces prefirieron esperar a que se dilucidaran primero las responsabilidades judiciales. Los populares, por su parte, rechazaron la comisión asegurando que las decisiones en Caja Madrid las habían tomado por unanimidad representantes de los partidos políticos que ahora exigían una investigación.

En octubre de 2014 Izquierda Plural registró una nueva iniciativa junto al Grupo Mixto para investigar los fraudes y casos de corrupción cometidos en las cajas de ahorro. Tampoco pasó de la Junta de Portavoces.

Ni en la Asamblea de Madrid ni en las Cortes manchegas

La fusión de cajas que dio lugar a Bankia, su rescate, las tarjetas black y la salida a bolsa llegaron también a la Asamblea de Madrid. UPyD pidió que se creara una comisión de investigación en mayo de 2012. Contó con el respaldo del PSOE e IU, pero el PP rechazó la solicitud con el argumento de que Bankia es una entidad financiera de ámbito estatal, no madrileño –como si lo era Caja Madrid, su precursora– y, por tanto, la Asamblea carecía de competencias para investigarla.

En parecidos términos fundamentó el entonces presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, su negativa a crear un comisión sobre el rescate a Caja Castilla La Mancha (CCM), que costó 7.300 millones de euros. “Es al Banco de España al que le compete investigar”, aseguró en julio de 2010 en las Cortes manchegas. En este caso fue el PSOE el partido que se negaba a dirimir las responsabilidades políticas de la nefasta gestión de las cajas. Lo hizo “hasta ocho veces”, según repetía María Dolores de Cospedal, entonces en la oposición pero luego presidenta de la comunidad autónoma. Tras prometer una comisión durante la campaña electoral e incluso repetir su “compromiso” nada más llegar al poder, tampoco permitió, sin embargo, que las Cortes investigaran qué había pasado en CCM para terminar siendo intervenida por el Estado. En febrero de 2016, su expresidente, Juan Pedro Hernández Moltó, fue condenado por la Audiencia Nacional a dos años de cárcel por manipular las cuentas de la entidad financiera.

Galicia, Cataluña y Valencia sí investigaron

Por el contrario, el PP sí accedió a crear comisiones de investigación en otras comunidades autónomas. El Parlamento gallego abrió la suya en 2012 sobre la fusión de Caixa Galicia y Caixanova, que dio lugar a Novacaixagalicia, finalmente nacionalizada. Tras vendérsela al venezolano Banesco, que la ha convertido en Abanca, el Estado ha dado por perdidos en su rescate 8.532 millones de euros. La convocatoria anticipada de elecciones en octubre de 2012 cerró la actividad de la comisión en falso. Hasta el pasado mes de enero. El ingreso en prisión de la cúpula de Novacaixagalicia, con Julio Fernández Gayoso al frente, fue la espoleta que resucitó la comisión parlamentaria.

El PP ya ha anunciado que admitirá nueva documentación, pero no nuevas comparecencias, justo lo que le pide el resto de los partidos. El BNG ha solicitado que acuda a dar explicaciones el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, entusiasta defensor de la fusión y de la venta a Banesco. También quiere que se investigue la indemnización de 18 millones de euros que se llevó el histórico exdirector de Caixa Galicia José Luis Méndez. Aunque fue denunciado al igual que el resto de los directivos de las cajas gallegas, se libró de la imputación al jubilarse justo antes de que se fusionaran.

Los populares gallegos, por su parte, quieren “cerrar” la comisión cuanto antes. “De una manera rápida, pero sin ansiedad, hay que hacer el informe que cierre esta cuestión”, ha declarado el conselleiro de Facenda, Valeriano Martínez. A su juicio, “no es bueno andar siempre revisando, la cuestión está suficientemente clara”. Como en otras cajas, también en este caso el Gobierno autonómico implicado responsabiliza al Banco de España de las libertades que la cúpula de Novacaixagalicia se tomaron con sus retribuciones.

Las Cortes valencianas abrieron igualmente una comisión para investigar las irregularidades en sus cajas. En octubre de 2011 aprobaron la petición de Esquerra Unida de poner bajo la lupa la gestión de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), en la que el Estado inyectó 11.064 millones. El PP apoyó la iniciativa, no sin antes achacar la responsabilidad de lo ocurrido al Banco de España. “La CAM es lo peor de lo peor”, declaró Miguel Ángel Fernández Ordóñez en septiembre de 2011.

Un dictamen a la Fiscalía

El Parlamento catalán comenzó a investigar la gestión de las cajas de ahorro en 2013, después de que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) suspendiera la primera subasta de CatalunyaCaixaCatalunyaCaixa, que quedó desierta. El Estado la recapitalizó con 12.676 millones de euros, según el último informe del Tribunal de Cuentas. Casi un centenar de comparecencias, entre ellas las de los expresidentes de CatalunyaCaixa Narcís Serra y Adolf Todó. Ambos están siendo juzgados en la Audiencia de Barcelona por administración desleal: se subieron los sueldos cuando la situación financiera de la caja era crítica y habían despedido a 1.600 trabajadores.

En junio de 2014 el Parlament emitió su dictamen, que trasladó a la Fiscalía General del Estado y a la Agencia Catalana del Consumo –por la responsabilidad de las cajas catalanas en la venta de preferentes y subordinadas– para que incorporaran su documentación y comparecencias a los procesos judiciales abiertos sobre las entidades financieras bajo sospecha.

Finalmente, en Castilla y León Podemos acaba de pedir en las Cortes que se indague en la fusión de Caja España con Caja Duero y su posterior integración en Unicaja, la entidad malagueña.

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