Sólo en el 9% de asesinatos machistas de los últimos cuatro años había activa una orden de alejamiento
La violencia machista ha provocado en los últimos cuatro años más muertes que el 11-M, el atentado más sangriento vivido en suelo español. Desde 2019, un total de 204 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas. Y la inmensa mayoría de ellas, además, estaban desprotegidas en el momento en el que su agresor les arrebató la vida. Según los datos recopilados anualmente por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), sólo en 18 de los más de dos centenares de casos registrados a lo largo de ese periodo –es decir, en un 8,8%– había activas órdenes de alejamiento de la víctima frente al agresor. Unas medidas que, sin embargo, no fueron suficientes como para evitar el asesinato.
El órgano de gobierno de los jueces se comprometió hace dos décadas a trabajar en un informe anual sobre la violencia machista. Con ello se pretendía conocer "las circunstancias que rodeaban estos hechos criminales" y, especialmente, "comprobar la veracidad del hecho –frecuentemente denunciado por los medios de comunicación– de haber procedido las víctimas fallecidas a denunciar, previamente y en reiteradas ocasiones, a sus presuntos agresores sin obtener respuesta adecuada, en tiempo y forma, por parte del Poder Judicial". Desde entonces, ha contabilizado 1.183 mujeres víctimas de una violencia machista que ha dejado, al mismo tiempo, 902 niños huérfanos. Más que en las décadas de terror y sangre de la banda terrorista ETA.
El Observatorio del Consejo General del Poder Judicial hizo público este martes su último balance anual, el correspondiente a 2022. Sólo en esos doce meses fueron asesinadas por sus parejas o exparejas 49 mujeres. Casi una a la semana. No obstante, fue, al igual que la registrada en 2021, la cifra más baja de feminicidios de las últimas dos décadas. Aunque se celebra esa reducción progresiva –lejos quedan ya los más de setenta asesinatos machistas que se registraban a comienzos de siglo–, desde el Observatorio dejan claro que sigue siendo una cifra completamente "intolerable" y que justifica "el pleno mantenimiento y la vocación de perfeccionamiento de las políticas públicas de protección a las víctimas" de la violencia machista. Una cantidad de feminicidios que, no obstante, va a repuntar este 2023.
Los datos recopilados por el Consejo General del Poder Judicial también evidencian el alto grado de desprotección de las víctimas. Sólo en cinco de los 49 casos había activa una orden de alejamiento en el momento de los hechos, una medida que, sin embargo, no evitó los asesinatos machistas de Pozuelo de Alarcón, Cuenca, Escatrón, Dos Hermanas o Madrid. En otros tres casos, además, habían existido también con anterioridad medidas de protección, pero las mismas se encontraban canceladas en el momento de los asesinatos. Una realidad que también se aprecia en los informes de los tres años previos. En 2021, sólo en siete de los 49 casos existía orden de alejamiento en vigor. En 2020, sólo en dos de 50. Y en 2019, en cuatro de 56.
Un número importante de víctimas de violencia machista no pone los hechos en conocimiento de las autoridades. Al fin y al cabo, hay miedo al agresor, a la falta de acompañamiento de las autoridades, a la revictimización o al efecto que ese paso al frente puede tener sobre unos hijos que también se convierten en objetivo de los asesinos machistas. En 2022, un 40,8% de las mujeres asesinadas habían presentado denuncia previa contra sus agresores, frente al 20,4% de 2021. Es la cifra más alta de las últimas dos décadas, donde el promedio se ha situado en el 25,6%. Esas peticiones de auxilio a las autoridades dieron lugar a 32 procedimientos diferentes, pues en siete casos la víctima había presentado más de una denuncia contra su agresor.
De ellos, el Observatorio del Consejo General del Poder Judicial ha podido analizar veinticinco casos. De ese estudio se extrae, por ejemplo, que hubo una evaluación del riesgo mediante el sistema automatizado policial en 17 casos. Sólo en un caso se apreció un riesgo extremo y en 2, alto. En el resto, o no se apreció peligro alguno o el mismo fue considerado bajo –en media decena de casos– o medio –en otra media decena–. O que en solo nueve de los veinticinco casos las víctimas ratificaron en sede judicial la denuncia, frente a 13 ocasiones en las que renunciaron ejercer acciones penales o se acogieron a su derecho a no declarar.
En su última memoria anual, la Fiscalía hizo algunas reflexiones sobre el alcance de los recursos disponibles para la lucha contra la violencia machista. Así, alertó de la implantación y eficacia desigual de las Unidades de Valoración Forense Integral (UVFI), claves a la hora de detectar el riesgo. También puso de manifiesto que se habían detectado problemas en el funcionamiento de las pulseras telemáticas, entre ellos la deficiente cobertura en zonas rurales aisladas o el tiempo que emplean los técnicos en trasladarse a esas áreas. O "lo gravoso que supone para las víctimas las comunicaciones de incidencias reiteradas, que les provoca ansiedad y trastorno en su vida diaria, llegando a comparecer en sede judicial para solicitar la retirada de los dispositivos".
El informe del Observatorio del órgano de gobierno de los jueces también entra a analizar la "violencia doméstica íntima", que incorpora todos los casos de agresiones en el ámbito de la pareja o expareja, exceptuando aquellos de un hombre contra una mujer. Y lejos de lo que pueda sugerir la ultraderecha, los datos de este último ejercicio evidencian que este problema es mucho más residual, si bien el Consejo General del Poder Judicial pide que se le preste atención y se activen también todos los mecanismos de protección "garantizados por nuestro Estado de Derecho". A lo largo de 2022, el Observatorio ha contabilizado tres casos de este tipo, frente a los seis y siete de los dos años anteriores, respectivamente.
